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Exhorta Artículo 19 a autoridades a otorgar medidas de protección a periodistas en Iguala

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Artículo 19 exhortó al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a otorgar medidas de atención por amenazas a periodistas en Iguala.
Mediante un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Londres señaló que periodistas de Iguala recibieron amenazas de muertes de perfiles relacionados con grupos delictivos.
“Periodistas de la zona de Iguala, recibieron amenazas de muerte de parte de dos perfiles de la red social de Facebook Guerrero Libre CDS tlacos y Empresas Unidas de Guerrero, que públicamente se han ensañado en utilizar este tipo de publicaciones para generar incertidumbre y gozar de impunidad total”.
Debido a dichas amenazas, la organización exigió a la FGR una coordinación para las investigaciones correspondientes, mientras que al Mecanismo se le pidió contactar a los periodistas para hacer una evaluación de riesgos, mientras que al gobierno estatal se le pide que cumpla con su responsabilidad legal.
“Al gobierno del estado de Guerrero, que también realice las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
Señalaron que en Guerrero las autoridades locales han quedado exhibidas ante su posible colaboración con grupos de la delincuencia organizada, destacando que Iguala es un soporte para estos colectivos criminales.
“Las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la Independencia, ocupa un arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno, por lo que gran parte de la sociedad de ese estado, se encuentran en el desamparo” indicaron.
Respecto a las amenazas en cuestión, precisaron que se publicaron en Facebook el 12 de junio pasado, después de que los periodistas difundieran información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales como obras y actividades públicas.
“La última amenaza data del día nueve de agosto de 2023, en donde de nueva cuenta enlista a varios periodistas de Iguala, lo inaudito y crudo es que las amenazas van adjuntas algunas fotografías, captura de pantallas y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocar supuestamente su ubicación”.
Recordaron el asesinato del locutor Pablo Salgado en Iguala en junio, así como el homicidio del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, en Acapulco durante julio, asegurando que las autoridades se han visto “inoperantes” ante estos casos.
“El grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico n el estado de Guerrero, provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción”, manifestaron.
Destacaron que debido a la falta de transparencia en los gastos de aspirantes a cargos públicos que demandan los intereses de un sector en el estado, lo que complica el ejercicio de labores periodísticas.
“La grave situación de inseguridad y derroche de la publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatos y sus seguidores, dejando un amplo margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor”.
En tanto que afirmaron que el Mecanismo de Protección actuó con “opacidad” indicando que periodistas han recibido invitaciones para la revisión de las medidas, pero que han sido cambiadas sin explicación alguna.
“Señalamos que corresponde a los tres niveles de gobierno, el cumplir con el abanico de obligaciones que las leyes nacionales y tratados internacionales les embiste y generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo” determinaron.
Agregaron que en los últimos tres años, se han documentado 104 hechos de agresión a periodistas, en los que no se han dado a conocer mayores datos, además de existir cien por ciento de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos, señalando que es una constante.

Protestan periodistas en la Casa Guerrero de Cdmx por el asesinato de Nelson Matus

Colegas colocan fotografías de Nelson Matus en la Oficina de Representación del estado de Guerrero en la colonia Polanco de la capital del país Foto:?Juan Luis Altamirano

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Periodistas locales, nacionales e internacionales, se manifestaron este martes en las instalaciones de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en Ciudad de México, para exigir justicia por el homicidio de Nelson Matus Peña.
Cerca de 50 periodistas se dieron cita en el inmueble del gobierno del estado de Guerrero, ubicado en la colonia Polanco, donde se realizó una clausura simbólica de la oficina, se colocaron fotografías de Matus Peña y se entregó una carta.
En un comunicado compartido por la organización defensora de la libertad de prensa Artículo 19, se destaca que el país resulta uno de los más peligrosos para desarrollar el oficio periodístico.
“Con el asesinato de Nelson Matus, en el actual gobierno ya suman 49 crímenes contra nuestros colegas. Esto en un clima de inseguridad y violencia crecientes, sin que estos delitos hayan sido investigados y sin que, como hemos exigido en múltiples ocasiones, haya un plan de prevención frente a esta violencia específica contra periodistas en nuestro país”, señalaron.
En este comunicado, firmado por 172 periodistas y organizaciones, se exige el esclarecimiento y justicia por el homicidio del director de Lo Real de Guerrero, así como de todos los crímenes en contra de la libertad de expresión.
Por su parte, el periodista desplazado Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación, señaló que se exige justicia por el homicidio de Matus Peña, destacando que prevalece una situación de inseguridad y violencia, tanto en Guerrero como en el país.
“Venir y exigir justicia por un compañero más que ha sido asesinado en nuestro estado de Guerrero, condiciones que prevalecen en la República Mexicana y por lo que hoy venimos a exigir, una vez más, porque lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. Venimos a exigir garantías de seguridad para todos los compañeros periodistas”, dijo Jonathan Cuevas.
Puntualizó que concretamente en Guerrero no se puede realizar labor periodística en la sierra, Chilapa y Tierra Caliente, exhortando al gobierno federal a que ponga énfasis particular en estas zonas, pues no se puede permitir que sigan asesinando periodistas.
Recordó que ya antes, Nelson Matus ya había recibido amenazas y en 2019 fue víctima de un atentado, además de ser hostigado y perseguido, sin contar con protección por parte del gobierno federal.
“Siempre fue conocido que él, todo el tiempo, sufrió amenazas. Ya había sufrido un atentado en 2019, siempre estuvo siendo hostigado, fue amenazado, perseguido y no es posible que el gobierno federal no haya garantizado su seguridad”, declaró el periodista desplazado.
Aseguró que varios grupos delictivos que se dedican al narcotráfico trabajan en colusión con autoridades de todos los niveles y criticó que se hayan creado portales digitales de noticias, que se hacen pasar por medios de información formales, pero que en la realidad operan directamente para el crimen organizado.
Reiteró la petición generalizada de justicia en el caso de homicidio del periodista Matus Peña, señalando que se busca que el asesinato no quede impune y no se tenga un castigo para los responsables.
“Queremos que este caso, del compañero Matus, no se quede como un asesinato más, sin que haya justicia. Exigimos justicia para Nelson Matus”, externó Jonathan Cuevas.
Por su parte, Julio César Zubiliaga, director del Diario de la Tarde y que también es periodista desplazado, indicó que el número de víctimas va en aumento pero no se castiga a los responsables.
“Cada vez es mayor el número de víctimas y ni uno, ni un presunto responsable pagando una condena por estos hechos”, mencionó.
Añadió que existe tristeza e indignación por el homicidio de Matus Peña, destacando que actualmente, las acciones que realizan los grupos del crimen organizado se quedan en la impunidad.
“Nos sentimos profundamente consternados, tristes e indignados por la forma en la que ha sido privado de la vida el compañero, creemos que es demasiada la impunidad con la que hoy actúan los grupos del crimen organizado”, externó Zubiliaga.
Indicó que la vida de quienes se dedican al ejercicio periodístico están depende de la decisión que tomen los distintos grupos del crimen organizado que proliferan en todas las regiones del estado.
“Hoy en día todos, todos estamos expuestos a perder la vida en el momento que esos grupos lo decidan, sin que tengamos la más mínima protección para poder cumplir con nuestra responsabilidad, que es en beneficio del pueblo”, comentó.
Luego de los discursos, se realizó un pase de lista de aquellos periodistas que recientemente han sido asesinados. La protesta inició a la 1 de la tarde de este martes y estaban presentes representantes de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, además de periodistas de distintos medios y trabajadores independientes.

 

Piden periodistas de la zona Norte y Tierra Caliente seguridad para su labor

Reporteros de diversos municipios de Tierra Caliente se manifestaron afuera de la Fiscalía Regional en Coyuca de Catalán para exigir mayores garantías en su labor Foto: El Sur

Alejandro Guerrero e Israel Flores

Iguala/ Ciudad Altamirano

En el acto conmemorativo por el Día de la Libertad de Expresión, reporteros de Iguala y Tierra Caliente exigieron a los tres órdenes de gobierno garantías de seguridad para ejercer el periodismo, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que reactive la oficina del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas para que atienda las necesidades del gremio.
En Iguala, las 9 de la mañana colocaron una ofrenda de flores y realizaron un mitin en el monumento a los Héroes ubicado en el crucero del Periférico Oriente y la lateral de la carretera federal México-Acapulco, acto en el que hubo resguardo de efectivos de la Policía Estatal, a solicitud de la delegación 30 del Sindicato Nacional de Redactoras de la Prensa (SNRP), luego del reciente homicidio del locutor de radio y cronista de jaripeos, Pablo Salgado y por amenazas que antes ya han recibido algunos reporteros de este municipio.
La secretaria general de la delegación 30 del SNRP, Hilda Avilés Camarena exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantías para ejercer un libre periodismo en el país, “porque nuestro único delito es mantener informada a toda la ciudadanía”.
En tanto que a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le solicitó “enérgicamente” la reactivación de la oficina regional del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas con sede en esta ciudad, ya que actualmente no cuenta con los servicios básicos para atender a los compañeros que los requieren.
Indicó que los gobiernos están obligados a proteger el derecho de la libertad de expresión, así como el de buscar, recibir y difundir información de todo tipo.
Lamentó que en nuestro país se siguen dando agresiones y asesinatos contra periodistas, tarea que los tres órdenes de gobierno deben de poner especial atención. “México debe seguir siendo un país de libertades, en el que la crítica, los cuestionamientos y la investigación que conllevan al ejercicio de la libre expresión, sigan siendo necesarios, como uno de los pilares de la democracia”.
Demandó que no haya más atentados contra periodistas, y dijo que en lo que va del año han ocurrido más de cinco asesinatos en contra de periodistas de diferentes medios de comunicación, “sin que las autoridades encargadas de justicia hayan dado a conocer el avance de las investigaciones por estos hechos”.
Pidió un minuto de aplausos para los periodistas que han fallecido o que han sido asesinados en el cumplimiento de su labor.
En su intervención, la periodista Virginia Barrios se sumó a la exigencia de garantías de seguridad para todos los periodistas y la población en general por los momentos tan difíciles de violencia que se viven en el país, el estado y el municipio, “los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los mexicanos”, sentenció.

En Tierra Caliente, recuerdan a Cecilio Pineda

Unos 20 reporteros de municipios de Tierra Caliente, pertenecientes a la sección 33 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), se manifestaron con pancartas afuera de la Fiscalía Regional con sede en Coyuca de Catalán para exigir garantías para su labor, en el Día de la Libertad de Expresión.
El líder de la sección 33, Jesús Benítez Jiménez, dijo que en Guerrero ha sido complicado ejercer el periodismo. “En Tierra Caliente también vivimos condiciones de riesgo para el ejercicio periodístico, recientemente tuvimos un caso con la visita de la gobernadora, donde su personal de seguridad agredió a los reporteros, por eso queremos hacer un llamado a la gobernadora para que atienda estos casos y se respete el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”.
Dijo que “Tierra Caliente necesita más garantías para ejercer el periodismo, más respeto de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
El grupo no ingresó a la Fiscalía, sin embargo, el edificio ya era resguardado por seis policías ministeriales con armas largas en la entrada donde se encuentran las oficinas de los ministerios públicos.
La manifestación comenzó a las 10 de la mañana y se mantuvo el plantón por una hora en la entrada de la Fiscalía, sin obstruir las actividades. Mientras se realizaba la manifestación arribaron dos patrullas de la policía estatal. También hizo recorrido el Ejército, además de los elementos de la Fiscalía que ya se mantenían en la entrada del edificio, donde están las oficinas.
El dirigente regional del SNRP, dijo que se hará entrega de un pronunciamiento ante la oficina de defensa de los derechos humanos y expresó el sentir de los reporteros en Tierra Caliente.
Se recordó también a Cecilio Pineda, el periodista asesinado en el 2017, caso del cual a la fecha no se ha tenido algún informe de resultados.
En el grupo también participó el reportero Jesús Pintor Alegre, quien fue levantado en diciembre del 2022 y apareció con golpes semanas después.

 

Exigen justicia por el asesinato del reportero Gerardo Torres Rentería

Argenis Salmerón

El sábado pasado el cuerpo del ex corresponsal de Telemundo en Acapulco, Gerardo Torres Rentería, acribillado a balazos el jueves pasado en su casa en la colonia Icacos, fue sepultado en el Panteón del Palmar, ubicado en la zona rural de Acapulco.
Mientras que el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) delegación Acapulco exigió justicia por el asesinato del reportero.
Los familiares se quejaron que el cuerpo fue entregado después de 20 horas del hecho y que la Fiscalía General del Estado (FGE) no autorizó la entrega por supuesta investigación.
El sábado en la tarde, el cuerpo de Torres Rentería salió de la funeraria Cipress, ubicada en la avenida Michoacán, al panteón de El Palmar, cerca del poblado de Paso Texca.
Desde hace un año, Torres Rentería dejó de colaborar para la empresa Telemundo, pero siguió subiendo información a su portal de noticias Red Noticias, dijeron sus familiares.
Agregaron que Gerardo Torres, de 59 años, dejó el campo de trabajo por cuestiones de salud y recordaron que trabajó en Tv Azteca Guerrero, Reuters y Telemundo como corresponsal los dos últimos.
El SNRP en Acapulco exigió justicia ante los “hechos arteros que terminaron la vida del ex reportero Gerardo Torres Rentería”.
En un comunicado la SNRP, recordó que
hace menos de 10 días, en un foro organizado por esta delegación, se exigían garantías para los comunicadores y para la ciudadanía en general.
Ilusamente pensamos que las autoridades tomarían cartas en el asunto y aminoraría los índices delictivos de ataques a reporteros y periodistas”, señala el documento.
A la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, le exigieron “justicia de inmediato. No queremos que quede impune y en el olvido, como muchos otros que están sólo en carpetas de investigación”.
Expuso que la inseguridad ha sobrepasado en todo, el control de las autoridades locales, estatales y federales; “es urgente que este y todos los casos de agresiones contra periodistas y reporteros sean resueltos sin chivos expiatorios”.
Solicitó una investigación a fondo porque en la casa de Torres Rentería no terminaban las diligencias de ley, “y el compañero ya había sido criminalizado e inmiscuido con grupos delincuenciales”.
“No más crímenes que atentan y terminan con la vida de quienes dan y han dado la vida por este noble oficio”, concluye el documento.

 

Protestan mujeres periodistas ante la sede del Cobach por acoso a reportera de El Sur

Reporteras durante el acto de protesta afuera de la Dirección del Colegio de Bachilleres (Cobach) Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con una manifestación contra el acoso ante las oficinas del Colegio de Bachilleres, mujeres periodistas llamaron a otras mujeres a evidenciar en los medios de comunicación el acoso u hostigamiento, luego que un trabajador de esa institución hostigó a la reportera de El Sur, María Avilez Rodríguez, este miércoles durante su jornada de trabajo.
En la protesta, Avilez Rodríguez advirtió de los riegos de los infantes y adolescentes en las escuelas ante los acosadores que actúan de manera velada y oculta, más vulnerables que mujeres adultas frente a estas conductas en la calle, donde ella pudo encarar al agresor.
Después de la acción política y su difusión en diferentes medios digitales, además de la carta de la periodista publicada ayer en estas páginas del relato de los hechos, la Contraloría Interna de Cobach informó que inició un procedimiento en contra del señalado, identificado el mismo día de la agresión como trabajador del plantel 1 con sede Chilpancingo, a través de las redes sociales.
De acuerdo con los comentarios en la red social de Facebook, esa forma de conducirse ha sido recurrente en él.
Sobre los hechos, María Avilés explicó que se encontraba cubriendo una protesta en las inmediaciones del Museo La Avispa, el martes, cuando descubrió que el hombre que luego fue identificado como trabajador administrativo del Plantel 1 del Colegio de Bachilleres, le tomaba fotografías con su teléfono celular.
Al encararlo, él justificó el hecho a que ella “está bonita”, y sólo por eso consideró que podía fotografiarla, y con dos compañeros periodistas le exigió que borrara el contenido de ella en el celular, porque tampoco había policías en los alrededores. Esta situación es preocupante porque María Avilez ha sido hostigada en varias ocasiones por actores políticos y sociales, en el ejercicio de su trabajo.
En este caso, el agresor es miembro de una comunidad escolar, y su comportamiento indica un riesgo para las jóvenes estudiantes de la institución donde labora.
Con el escrito dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, y al director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega, se denunció que el acoso sexual en espacios en un problema social gravísimo, normalizado por el patriarcado que justifica al agresor y responsabiliza a la agraviada de la conducta de otro.
Asimismo, que las autoridades imponen a la víctima la responsabilidad de presentar pruebas en caso de denuncia, por hechos generalmente cometidos de manera velada u oculta.
En la denuncia que María Avilez hizo también en redes sociales, hubo reacciones misóginas, donde se le responsabiliza por exponerse a estas conductas en su trabajo como periodista y por cómo se viste.
Se condeó el hecho y que se culpe a las víctimas y se justifique a los agresores.

Contraloría interna investiga al señalado

La Contraloría interna del Colegio de Bachilleres informó que inició un procedimiento administrativo, derivado de las denuncias en redes sociales por actos de acoso sexual en la vía pública en contra de la reportera de El Sur, en las que señala a un trabajador administrativo de la institución educativa.
Independiente de la vía por la que la agraviada opte en el caso, indicó que el Cobach realizará una investigación de los hechos, en los términos establecidos en la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas, así como las aplicables al tema y, bajo una perspectiva de género.
El director general, Jesús Villanueva Vega, rechazó todo acto de violencia hacia las mujeres dentro y fuera de las instalaciones de este organismo.,
En un breve acercamiento a María Avilez, tras la breve manifestación en las oficinas centrales, informó que van a implementar un protocolo de denuncias.

 

 

Advierte Artículo 19 de “graves implicaciones” en derecho internacional ante el espionaje al GIEI

 

La organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19 afirmó que la confirmación de Citizen Lab de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado mediante el spyware Pegasus podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional.
Además el organismo en un comunicado dice que se refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria sobre el espionaje, como lo han señalado los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
“La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica” señala Artículo 19 en su comunicado.
El caso del GIEI confirmado por Citizen Lab, abunda, es “especialmente grave” dado que fue el Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la CIDH.
Consideró que el espionaje contra el GIEI podría tener “graves implicaciones” en términos de derecho internacional.
La gravedad de la revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que han lanzado: Primero generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por todas las dependencias que pudieron haber adquirido el spyware de la empresa NSO o similares, vendedoras de servicios de espionaje.
“Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación, sin embargo sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas”, subraya Artículo 19.
Este lunes el diario The New York Times hizo público un informe de Citizen Lab en el que se confirma que el GIEI fue objeto del uso del spyware Pegasus.
El análisis confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía Pegasus.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.

 

Piden que acabe el ambiente hostil y haya respeto a los trabajadores de los medios

 

Ante el incremento de las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas en las últimas semanas, reporteros de la entidad emplazaron este domingo a los tres poderes del estado para que frenen el ambiente hostil y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
En un recuento que abarca del 13 de mayo al 27 de junio, se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en las que 21 periodistas se vieron agraviados.
Las cifras se dieron a conocer en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en donde comunicadores de distintas regiones del estado contaron sus testimonios del ambiente de violencia en el que realizan su trabajo.
Mientras tanto, representantes de organismos civiles de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales, expresaron su respaldo a los comunicadores.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, propuso elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para que sea enviado al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo que “es importante que los organismos internacionales de derechos humanos volteen su mirada al trabajo periodístico” de Guerrero.
Los periodistas convocaron a representantes de organismos civiles de derechos humanos y a dirigentes de organizaciones sociales, a su asamblea extraordinaria, que se realizó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo, en donde demandaron que estén observantes y el respaldo ante el clima hostil que se está generando hacia su labor.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el pronunciamiento final de los comunicadores.
“En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos”, citan en el texto al periodista Tomás Eloy Martínez.
Y agrega: “El encuentro de hoy con ustedes (los representantes de organismos civiles y organizaciones sociales), es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas”.
Subrayan que en un recuento del 13 de mayo al 27 de junio pasado se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 reporteros se vieron agraviados.
Destacan los casos de Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, quienes el 13 de mayo fueron privados de su libertad cerca de Acapetlahuaya por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban.
Otro de los casos que citan es el de Marcela de Jesús Natalia, quien fue atacada a balazos en Ometepec el 3 de junio, cuando salía de su turno laboral y que sigue restableciéndose.
Mencionan, además, los casos de Ruth Tamayo, Noé Aguirre, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, quienes el 19 de mayo sufrieron hostigamiento verbal por el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García. Además, presentaron el caso del corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores quien el 11 de junio, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
Dos casos más que denunciaron fueron los de las reporteras de El Sur, Brenda Escobar, quien sufrió hostigamiento y amenazas por familiares del presunto responsable del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo, y el de María Avilez, quien sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, “quien fue complaciente con su subalterna”.
Otro de los casos fue el del reportero Héctor Briseño, a quien el 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE le impidieron realizar su labor “y después, justificaron su acción con el aspecto sudoroso del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra”. A la lista de agravios sumaron los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”, anotaron los reporteros en su pronunciamiento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y el castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”, dice el escrito.
Los reporteros emplazaron al gobernador Héctor Astudillo, “responsable de lo que pasa en Guerrero”, y a los poderes legislativo y judicial, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores, para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad”, dice el escrito.
Durante las intervenciones, el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Israel Flores, quien había confirmado su asistencia a la reunión, vía telefónica explicó que no pudo asistir “por lo complicado para salir de la región” y que “nos sentimos amenazados”.
Reconoció que, en esa zona, por la violencia se han perdido ya todas las garantías, incluida la de libertad de expresión, porque los reporteros recurren a la autocensura como mecanismo de protección.
En cambio, Luís Daniel Nava, corresponsal en Chilapa, otra de las zonas violentas, dijo que a pesar del ambiente hostil en que trabajan los reporteros no cuentan con protocolos de seguridad, “nos cuidamos por instinto”, y luego agregó:
“Ésta es nuestra labor y vamos a continuar, no permitiremos que gane la corrupción, la impunidad ni la barbarie”.
La reportera de Zihuatanejo, Hercilia Castro, denunció que en esa región los periodistas se ven amenazados lo mismo que por sicarios, que por funcionarios públicos o por burócratas. Expuso la necesidad de que se instale una casa refugio de seguridad para los periodistas que se sientan en riesgo, además de la elaboración de un plan emergente y estrategias de seguridad más eficaces por parte de las autoridades.
Carmen González, corresponsal de El Sur en Tlapa, explicó que en La Montaña el riesgo no es por la violencia del crimen organizado, sino porque las organizaciones sociales aún no saben diferenciar lo que es un periodista que igual puede ser linchado por una confusión o simplemente porque alguien lo pida en una manifestación de inconformes.
A su vez Antonia Ramírez, también corresponsal de este periódico en Tlapa, agregó que ser reportera es un doble riesgo; por ser periodista y por ser mujer, porque dijo que en una zona machista es más difícil que las mujeres ob-tengan información de sus fuentes.
Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación (API), reconoció que en la zona Norte, por el temor, los reporteros han caído en la autocensura por el riesgo que implica escribir algo que incomode a los grupos de poder o al crimen organizado, sobre todo después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al encuentro asistieron representantes de organismos civiles de derechos humanos, como el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz. Así como dirigentes de organizaciones sociales como Nicolás Chávez, de la Asamblea Popular de los Pueblos Guerrero (APPG), el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán.
Los representantes de organismos civiles ofrecieron su respaldo a los periodistas. Barrera Hernández consideró que se debe elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la CIDH.
Olivares Hernández dijo por su parte que “es necesario que defensores y periodistas unan fuerzas para enfrentar la embestida del Gobierno del Estado”. En tanto, el director del CCTI, Díaz Taboada, dijo que se pretende con este ambiente de agresiones a la prensa miedo para que se recurra a la censura y Chávez Adame pidió que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se unan para defender la libertad de expresión.
Presidieron la asamblea los reporteros de La Jornada Sergio Ocampo y Margena de la O, y el corresponsal de El Universal, Arturo de Dios Palma y asistieron entre otros Jesús Guerrero, Beatriz García, Jonathan Cuevas, Kau Sirenio, Hercilia Castro, Yener de los Santos, Ulises Domínguez, Vania Pigeonutt y Marlen Castro.

 

No hay nada que festejar, manifiestan periodistas en lo que antes era el Día de la Libertad de Prensa

Periodistas de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo y Tierra Caliente se manifestaron y expusieron que este miércoles, cuando en los tiempos de la hegemonía del PRI se celebraba el Día de la Libertad de Prensa, no hay nada que festejar porque no hay garantías para ejercer la labor periodística en Guerrero.
Además, coincidieron en que los tres órdenes de gobierno deben de garantizar el ejercicio libre del periodismo y exigieron al gobierno del estado que informen sobre las investigaciones de los asesinatos de compañeros y que sean sancionados los agresores de reporteros.
Recalcaron que desarrollan su labor en un ambiente de violencia e inseguridad, que afecta a toda la población.

En Chilpancingo exigen que haya paz y tranquilidad para todos

En la capital los periodistas realizaron un mitin en la Plaza de la Libertad de la Expresión, en el centro de la ciudad, donde se congregaron miembros de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG).
Portaron pancartas en las que se leyó: “#NosEstánMatando prensa” y “Sin libertad de expresión no hay democracia”.
En el mitin, el reportero Jesús Saavedra manifestó que hay una situación de alerta en el estado, por las agresiones que han sufrdo compañeros periodistas y asesinatos que no han sido aclarados, que por tal motivo se decidió hacer la protesta.
En su intervención, el director del semanario Trinchera, Ulises Domínguez Mariano, a nombre de la APEG agradeció al SNRP por la invitación a manifestarse juntos, lo cual dijo que demuestra la unidad por la cual han estado trabajando.
“Le agradecemos al sindicato porque generalmente nosotros no conmemoramos esta fecha, por dos razones: una por su origen. Esta fecha tiene un origen oficialista, creo que todos saben que se instituyó en el periodo de Miguel Alemán en 1951, y fue iniciativa de José García Valseca, que era dueño de una cadena de medios grandísima ligada al poder, y lo hicieron con una forma de rendir pleitesía al poder”, abundó.
Criticó el nombramiento de una fiscal especiali para delitos contra el gremio, pues dijo que se ha visto que estas fiscalias no sirven, ninguna ha entregado avances de los casos que se le encomiendan.
Además recalcó que no se manifiestan para que el gobernador los convoque a reuniones y les pongan mecanismos especiales, ni policías para estarlos cuidando, porque dijo que el trabajo debería de hacerse en un clima de tranquilidad y paz.
Subrayó que no sólo los periodistas quieren garantías de seguridad, sino toda la población, y por eso demandan al gobierno que trabaje para lograr la paz y la tranquilidad de todo el estado.
El secretario general del SNRP, Erick Chavelas, resaltó que conmemorar este día bajo fuego es una labor que los reporteros ejercen en el estado y en el país, y mandó un saludo a los compañeros de las distintas regiones y les manifestó que no están solos.
También recordó que fue el gobierno federal quien instauró esta fecha, y dijo que la agrupación que dirige exige al gobierno del estado resultados de las investigaciones de los asesinatos de los compañeros periodistas.
Agregó que el gobierno debe garantizar el trabajo de los periodistass, pues las libertades de expresiòn y de prensa están consagradad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Implementar un mecanismo de protección de derechos humanos de periodistas, que a nivel nacional no ha dado resultados, es una clara política de no hacer nada por garantizar el trabajo de informar, sólo quiere atender agresiones que este mismo gobierno ha hecho, siendo el principal agresor”, reprochó.
También demandó la reparación del daño a los siete reporteros asaltados que fueron asaltados por miembros de un grupo delictivo en un retén en la carretera Arcelia-Teloloapan frente a Acapetlahuaya.

En Zihuatanejo subrayan que los crímenes siguen impunes

En Zihuatanejo, unos 30 periodistas, de las dos agrupaciones que hay en este municipio, participaron en una manifestación frente a las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir justicia por los colegas asesinados en el país y en la entidad.
La manifestación duró aproximadamente 45 minutos y como ocurre cada vez que los reporteros han acudido a manifestarse en la PGR, los guardias de seguridad privada cierran de inmediato las puertas y nadie sale a escuchar las quejas.
Al grito de “justicia” y “ni uno más”, los periodistas de Zihuatanejo hicieron un llamado al gobierno federal y al gobernador Héctor Astudillo para que garanticen la seguridad al gremio periodístico para hacer su trabajo.
Durante sus intervenciones al micrófono, los dirigentes de la Fra-ternidad de Periodistas de Zihua-tanejo y la Asociación de Periodistas de Zihuatanejo, Fernando Arriaga Ramírez y David Obscura Talavera, respectivamente, coincidieron en que cada día es más riesgoso ejercer la actividad periodística, principalmente si no se tienen las garantías para ejercer la labor.
Por su parte, el periodista Ranferi Rosas López hizo un recuento de todos los periodistas que han sido asesinados en el país y en Guerrero en los últimos cinco años. Subrayó que todos los crímenes de los periodistas en México tienen una característica en común: la impunidad en la que permanecen.

En Iguala exigen acceso a las se-siones de Cabildo

Convocados por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) , un grupo de 10 reporteros de diferentes medios de comunicación se congregaron a las 10 de la mañana en el hemiciclo a Juárez del zócalo de la ciudad.
El coordinador de delegados del SNRP en el estado y secretario general de la sección 30 de esta ciudad, Alejandro Aparicio Tetoto, dijo que “no hay nada que celebrar y sí mucho que exigir en este día”.
Repudió la agresión que sufrieron reporteros en Zihuatanejo, Leonardo Martínez Peralta y Eleazar Arzate Morales, quienes el lunes en el desempeño de su labor fueron encañonados por policías, “por lo que se pide a las autoridades que frenen estos agravios y se haga justicia para los compañeros”.
Después el grupo se trasladó a la sede del Ayuntamiento, donde se buscó una audiencia con el alcalde priista Herón Delgado Castañeda o con el secretario de Gobierno, Sergio Lugo Catalán, pero al no estar ninguno, se reunieron con la primera síndica, Leticia Márquez Ocampo, a quien se le pidió por escrito que las sesiones de cabildo o las mesas de trabajo del cabildo sean abiertas y que se permita el acceso a comunicadores, para el mejor desempeño de su actividad y difundir los acuerdos que allí se tomen.

Reporteros de Tierra Caliente se manifiestan mediante un video

Periodistas de Tierra Caliente se manifestaron mediante un video en el que señalaron que en los últimos 10 años el ejercicio periodístico en el país y la libertad de expresión ha sido sinónimo de muerte.
Exigieron a las autoridades no más simulación.
En el video, que dura un minuto 38 segundos, los periodistas expusieron con frases la situación de violencia que viven en la zona, y manifestaron que les han callado su voz, pero que la pobreza, desigualdad y la injusticia están a la vista de la sociedad.
“Por eso hoy levantamos nuestra voz para decir que no se está cumpliendo con el derecho constitucional de la libertad de expresión”, expresaron.
Hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares para que cumplan la Constitución y respeten la libertad de expresión.
Dijeron que no quieren más represión, ni simulación de una libertad amordazada. “Señores políticos, matando periodistas no se asesina la verdad”, recalcaron.

En Chilapa ya no cubren información sobre la violencia

En la parte baja de la Montaña, los reporteros han dejado de cubrir la nota roja y han evitado salir a zonas de alto riesgo por los altos índices de violencia, además de que han adoptado medidas de auto protección, ante la desconfianza en las autoridades civiles y en las corporaciones de seguridad pública.
Félix Hernández Abarca, emblemático reportero de la nota roja en la zona desde 1994, reveló que se vio orillado a dejar de cubrir la fuente a raíz del incremento de la inseguridad, aunque aclaró que no ha sufrido amenazas o ataques.
Para Hernández Abarca en 2017 se llega en condiciones desfavorables para los reporteros de todas las fuentes.
“Llegamos en unas condiciones muy desagradables y desfavorables, ya no nos sentimos seguros de ejercer el oficio, de ir a cubrir, a tomar nota; ya no vamos a la nota roja o cualquier otro tipo, de política, con todo lo que se está viendo hay incertidumbre”.
“Mi respeto para los compañeros de la sección policiaca, los admiro y felicito porque estar jugándose la vida no es fácil; con el riesgo que existe debemos tomar las medidas de precaución, porque ya no hay confianza ni en las autoridades. En este momento en quién vas a confiar, más que en nosotros mismos, cuidarnos nosotros”.
En tanto, el camarógrafo Jesús Rojas Mendoza, quien ha colaborado en medios estatales y nacionales, como Televisa y Milenio, confirmó que no hay garantías de seguridad en la región por lo que se ha visto orillado a evitar zonas de alto riesgo en la ciudad y en la zona rural. Además de que ha empleado medidas de auto protección.
Ambos reporteros exigieron al Estado, por medio de sus representantes en el gobierno municipal, Jesús Parra García; estatal, Héctor Astudillo Flores, y federal, Enrique Peña Nieto, los tres de extracción priista, medidas de seguridad para todos los ciudadanos y poder generar condiciones para realizar su trabajo periodístico.
Al gobierno de Héctor Astudillo y al gobierno federal les demandaron el esclarecimiento de los casos de los periodistas asesinados en el estado, en 2016 y 2017, Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Birto.

Presenta Astudillo ante periodistas a la fiscal especializada para delitos contra el gremio

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.