Concentrarán las secretarías de Educación y Salud 81.7% del presupuesto estatal de 2024

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, la Secretaría de Educación del gobierno del estado tiene etiquetados 28.6 mil millones de pesos, que corresponden al 63 por ciento de los fondos asignados al poder Ejecutivo aprobado por el Congreso local, por el orden de 45 mil millones de pesos.
Sin embargo, la mayor parte del financiamiento de esta dependencia, 24 mil 412 millones de pesos, corresponde a la nómina Fone, administrada por el gobierno federal, según el anexo 24 de Recursos federales transferidos del documento. No los toca el estado.
La segunda Secretaría con más recursos etiquetados para el poder Ejecutivo en el presupuesto de Guerrero, es la de Salud, con 8 mil 530 millones de pesos, 18.7 por ciento de la bolsa del gobierno del estado.
Todos estos recursos también serán centralizados a nivel federal por el Organismo Público descentralizado IMSS Bienestar, a través un fideicomiso que recibirá todos los recursos transferidos a Guerrero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 6 mil 984 millones, y una aportación solidaria de más de mil millones del estado.
La secretaría de Seguridad Pública, la tercera con más financiamiento de los 25 entes con presupuestos etiquetados en el poder ejecutivo, recibirá 3 mil 567 millones 516 mil pesos en 2024, los cuales corresponde al 7.85 por ciento de la bolsa del gobierno en el sector central, según el decreto aprobado el 23 de diciembre.
Ninguna de las tres secretarías con más personal y presupuesto tiene disminuciones respecto al ejercicio anterior. Al contrario, la SEG tuvo un aumento de 2 mil 559 millones de pesos, de alrededor de 8.9 por ciento; en Salud el incremento es de 145 millones (1.7 por ciento), y en Seguridad Pública subió 183 millones de pesos (5.13 por ciento).

Recortes en Gobierno, Obras, Bienestar y Turismo

La Secretaría General de Gobierno tiene una reducción de 9.6 millones de pesos. De 364.1 millones presupuestados en 2023, bajó a 354.4 millones en 2024, de acuerdo con el documento oficial.
El recorte para la Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Ordenamiento Territorial fue de 7.5 por ciento. En 2023 tuvo 896.2 millones de pesos, y en 2024, 833.6 millones. Una diferencia de 62.5 millones.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar tuvo una reducción de 6.3 por ciento en su siguiente presupuesto. En 2023 se le etiquetaron 689.2 millones de pesos etiquetados, y en 2024 son 648 millones. La diferencia es de 41.2 millones de pesos.
La Secretaría de Turismo tuvo un recorte de 12.9 millones de pesos. En 2023 tenía asignados 179.2 millones de pesos, ahora son 166.2 millones, 7.8 por ciento menos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con 397.6 millones de pesos autorizados en 2024, tuvo una reducción de 2 por ciento respecto al año anterior, de 7.8 millones de pesos. Este año, diferentes actores denunciaron que cerró con un déficit porque no recibió todos los recursos aprobados por menor recaudación.
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental también tuvo un ajuste de 15.1 millones de pesos (13.9 por ciento). Para este 2024 le asignaron 108.5 millones de pesos, pero en 2023 fueron 123.6 millones.
La Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales, la dependencia con menos financiamiento del gabinete, contará con 59.4 millones de pesos autorizados. Se observa una reducción de 3.4 por ciento respecto al 2023, cuando se le etiquetaron 61.3 millones de pesos.
El recorte para la Secretaría de Cultura sólo fue de 710 mil pesos, se queda con un presupuesto de 61 millones 237 mil pesos, casi el mismo que se le asignó este año que termina, de 61 millones 947 mil pesos.

Aumentos en Planeación y Finanzas

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional tuvo el mayor incremento porcentual entre las dependencias estatales, de 38.8 por ciento. En 2023 se le etiquetaron 259.6 millones de pesos, y en 2024, recibirá 414.4 millones de pesos. Tuvo una ampliación de 164.7 millones de pesos.
El presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración aumentó un 22 por ciento respecto al año que termina. En 2023, se le etiquetaron 495.2 millones de pesos, y para el próximo se le asignaron 643 millones. El incremento concreto es de 147.8 millones de pesos.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tuvo un incremento de 3.9 por ciento en la bolsa asignada de 394.8 millones de pesos. El aumento neto es de 15.9 millones.
La Secretaría de la Mujer, con 98.2 millones de pesos de presupuesto, aumentó un millón 194 mil pesos, respecto a 2023.
También la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos con una bolsa de 59.7 millones de pesos, tuvo un incremento de un millón 865 mil pesos.
En tanto, la de Fomento y Desarrollo Económico aumentó 3.6 millones de pesos, con 92 millones de pesos etiquetados. Las del Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y De la Juventud y la Niñez tuvieron incrementos por el orden de los 2 millones de pesos, con 87.6 millones de pesos, 69 millones y 39 millones autorizados, respectivamente.
El financiamiento de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y de la Consejería Jurídica del poder ejecutivo, suman 47.6 millones de pesos: 34.3 y 13 millones, cada una.  millones de pesos. La Oficina de la gobernadora tuvo aumentó de 4 por ciento en la bolsa de recursos.
De manera general, se puede señalar que las secretarías de Educación y Salud concentran  81.7 por ciento de los recursos etiquetados al poder Ejecutivo estatal; cuatro, las de Seguridad Pública, Bienestar, Desarrollo Urbano,Obras Públicas Ordenamiento Territorial, Finanzas y Administración, otro 12 por ciento.
El 5.5 por ciento se divide en los demás en el resto de los 25 entes con financiamiento público del gobierno en el sector central.

Centralización de los servicios de Salud

Este año, se aplicará desde el Presupuesto de egresos del estado, la transferencia de la atención médica del gobierno del estado a la federación.

En el artículo 61 del documento, explica que el gobierno de Guerrero y la federación firmaron un convenio para garantizar servicios gratuitos, integrales a través de un Programa Estratégico de Salud para el Bienestar, financiados de manera “solidaria” para ampliar la operación del IMSS-BIENESTAR, “a través de la Transferencia de Servicios de Salud”.
Dicho convenio establece “la forma de Colaboración en Materia de Personal, Infraestructura, Equipamiento, Medicamentos y demás lnsumos Asociados para la prestación gratuita de Servicios de Salud, para las personas sin seguridad social”.
Señala que el estado, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP), transferirá los montos que le corresponden hasta el 100 por ciento de los recursos a que se refieren los artículos 77 bis 12 y 17 bis 15 de la Ley General de salud (LGS), como es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de salud (FASSA) autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 y subsecuentes.
Asimismo, deben entregar los recursos estatales, incluyendo la aportación solidaria estatal, y que refiere el artículo 77 bis 13, sobre la aportación solidaria de los estados, mil 24 millones 583 mil pesos etiquetados en el rubro de Inversión Estatal
Directa (IED).
El total de estos recursos para la atención médica, “deberán ser transferidos al Fideicomiso público federal sin estructura que se constituya para tal fin”.
En el anexo 15 del presupuesto se detalla que Guerrero deberá enviar la aportación solidaria, en mensualidades de 121 millones 717 mil pesos.

Protestan jubilados de la UAG en el Recinto del Ejecutivo para exigir el bono decembrino

Jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero protestan en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en Chilpancingo, para exigir el pago de un bono decembrino para 596 de ellos Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para exigir el pago de un bono decembrino para 596 ex trabajadores.
Ayer a las 11 de la mañana, cerca de cien jubilados llegaron afuera del Recinto, donde realizaron una manifestación para exigir el pago de 6 mil pesos que, desde la administración de Héctor Astudillo Flores, en 2017, se les otorga.
Los pensionados de la UAG señalaron que el año pasado después de varias protestas que llevaron a cabo, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda les pagó y se comprometieron además a aumentarles mil pesos en el bono que recibirían este 2023.
Una comisión de jubilados universitarios fueron recibidos por autoridades de la Secretaría General de Gobierno con quienes acordaron que les harán el pago antes del 31 de enero.
Además, se analizará la inclusión de 64 jubilados que no han sido integrados al padrón.
Desde hace varios días los jubilados reclamaron al gobierno estatal el cumplimiento al acuerdo en donde se establecía el compromiso de pagar esta prestación, además, de un incremento anual de mil pesos.
Este 2023 los jubilados universitarios esperan recibir 6 mil pesos, con el compromiso de que cada año se incrementarían mil pesos hasta llegar a los 9 mil pesos, que reciben los docentes jubilados y pensionados por el gobierno federal.

 

Son una “minoría” y no viven en Matlalapa los que rechazan el relleno sanitario: Semaren

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Almazán Juárez aseguró que las personas de Matlalapa que se inconformaron con los trabajos del relleno sanitario para Chilpancingo y Tixtla, son una minoría y población flotante de la comunidad.
Sin embargo, adelantó que la próxima semana continuarán los trabajos con todos los sectores, aunque la mayoría ya aceptó la construcción del relleno sanitario en sus tierras, para evitar protestas o bloqueos.
Aclaró que los ayuntamientos son los encargados del establecimiento de los rellenos sanitarios, y Semaren, como intermediario, sólo observa y da seguimiento técnico a los trabajos, para que que haya el menor impacto ambiental, en respuesta a los señalamientos, de que se ha negado a recibir a los inconformes.
Consultado vía telefónica, el funcionario indicó que la mayoría de los habitantes, encabezados por el comisario del lugar, están de acuerdo con los trabajos, “con ellos hemos tenido varias reuniones, hace meses, en el Ayuntamiento de Chilpancingo, en Tixtla, en la Semaren, en la misma comunidad de Matlalapa”.
Añadió que la última reunión fue con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “y todo marchaba bien”, enfatizó.
Dijo que le causó extrañeza la conferencia de prensa de la semana pasada, donde se quejaron de la contaminación de los mantos acuíferos. Pero también dijo que son de oposición en este gobierno y trataron de sorprender a la opinión pública.
“Cualquier obra o acción que se implemente, no les parece, porque son de oposición, muchas no viven en Matlalapa, hasta donde sabemos por el comisario, estas personas son flotantes, viven en Chilpancingo, de tal manera que están  en contra porque dicen que no se les ha tomado en cuenta”.
Aseguró que el comisario ha citado a reuniones de manera general, y los gobiernos tienen copia del acta de asamblea de Matlalapa de realizar el relleno sanitario, firmada por la mayoría de la población.
Además, dijo que el gobierno del estado se comprometió a ampliar la red eléctrica, el Ayuntamiento les facilitó una maquinaria pesada para arreglar sus caminos, “incluso tenemos otras peticiones por parte de la comunidad, y estamos en eso”.
De la reunión anterior en la Secretaría General de Gobierno, indicó que fue para ver las posibilidades de las demandas que solicitan.
Por otro lado, señaló que el alcalde de Tixtla, Moisés Gonzalez Cabañas, recibió a los inconformes, y le dijeron que todo estaba arreglado, por ello, “nos extraña sobremanera que digan que están en desacuerdo”.
Adelantó que habrá una reunión la próxima semana para conciliar este problema, tentativamente en la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal, con los dos ayuntamientos, todos los sectores de la comunidad, para evitar los bloqueos.
“La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nos dio la indicación de buscar acuerdos con las comunidades. Vamos a hacer reuniones tendientes a unificar todo lo que se vierta con los pobladores que están y no están de acuerdo, para que no se llegue a mayores problemas”.
Confirmó que ya comenzaron los trabajos en el área de relleno sanitario, pero si fuera necesario, van a sugerir a los ayuntamientos que se detengan por un rato, hasta solventar la situación.
Aunque, mencionó que la Semaren recién solicitó estudios de impacto ambiental, conforme a la NOM 083 de Semarnat sobre la protección ambiental en el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
“Ahí está un área excavada desde la presidencia anterior, cuando estaba Marco Antonio Leyva, hicieron esa celda, pero no la llegaron a ocupar por los problemas de la comunidad que se opusieron”, precisó.
Ahora, señaló que están retomando el proyecto bajo otra perspectiva, con algunas condicionantes, para evitar problemas de contaminación, y van a mostrar a la comunidad cómo funcionan los rellenos sanitarios.
Ratificó que no es la Semaren, sino los ayuntamientos los que definen el establecimiento de los rellenos sanitarios, entonces, con quién la comunidad tiene que ponerse de acuerdo, es con las autoridades municipales.
“La Semaren sirve de enlace, de intermediario, de asesoramiento de algunas cosas, porque tenemos un área de Residuos Sólidos. Enfatizó que un relleno sanitario no es lo mismo que un basurero a cielo abierto, que no tiene un funcionamiento técnico para minimizar los efectos ambientales”, agregó.

 

Sigue en plantón el Sinaitsa afuera de Finanzas de la Ssa estatal; no logran acuerdos con el gobierno

Integrantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud, en la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Estatal, que mantienen tomada desde el pasado martes Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa), encabezados por Nereida Brito Carmona, siguen en plantón en las escalinatas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de Salud estatal, en demanda de la destitución de funcionarios que obstaculizan la libre sindicalización y los apoyos a sus agremiados.
En entrevista telefónica, la representante estatal, informó que ayer un enviado de la Secretaría General de Gobierno, de nombre Rafael, fue a dar continuidad a la mesa de negociación, pero no llegaron a ningún acuerdo.  “Quedó de ir por una respuesta, pero (sabemos) funcionarios de la subsecretaría Salud, no quieren destrabar nada”, denunció.
Brito Carmona consideró una tristeza los papeles que juegan los funcionarios de la actual administración estatal, “defienden y se deben al sindicato tradicional”, en referencia a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, que aseguran, que de manera velada, impide el avance de las gestiones de nuevas organizaciones sindicales.
Insistió en que el 14 de agosto, firmaron acuerdos que no se han cumplido, y ahora, en su pliego de demandas, además de la liberación de cuotas sindicales y licencias sindicales de los agremiados al Sinaitsa, exigen la salida inmediata, no negociable, del subsecretario de Administración y Finanzas de Salud estatal, Humberto Soto López; del director de Control Administrativo y Financiero, Marco Antonio Salgado Reynoso; de la jefa del departamento de Relaciones Laborales, Paola Romero Sánchez  y del subdirector de Recursos Humanos, Moisés Arenas Mosso por obstaculizar la libre sindicalización.
Así como la revisión y auditoría del área de relaciones laborales y Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón por los movimientos escalafonarios recientes, participación del nuevo sindicato y transparencia del escalafón, y el pago inmediato cronológica e igualitario para todos los compañeros de salud homologados, regularizados y formalizados en todas las etapas.
Además, el cese a la discriminación, hostigamiento, acoso, persecución y violencia laboral ejercida contra nuestros agremiados, y la inclusión en las participaciones, estímulos y bonos de productividad que los funcionarios mencionados, han obstaculizando.

 

Cumplió el gobierno estatal con medidas de Alertas de Violencia de Género: Yenedith

La directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, en entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A un año de la actualización de las Alertas de Violencia de Género por violencia feminicida y agravio comparado en Guerrero, el gobierno estatal tiene la expectativa de levantar medidas tras la evaluación de sus informes de trabajo, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría general de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Consultada en sus oficinas, la funcionaria recordó que a raíz de la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, la alerta por Agravio comparado decretada el 5 de junio de 2020, se actualizó el 1 de junio de 2022.
Asimismo, la de Violencia feminicida, decretada el 22 de junio 2017 , se actualizó el 10 de junio del año pasado.
De acuerdo con la ley, el siguiente paso fue que el gobierno del estado y los nueve municipios alertados por violencia feminicida, aprobaran sus programas de acciones estratégicas para el cumplimiento de las medidas de las alertas.
Indicó que Guerrero es el primero alertado que incluyó las alertas actualizadas en el Plan estatal de Desarrollo, y en construir los planes integrales de acciones estratégicas, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó oficial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, ambas publicadas en el periódico oficial del estado de Guerrero.
Para el cumplimiento de las medidas de estos mecanismos de emergencia para las mujeres, recordó que los ayuntamientos y el estado tienen la obligación de presentar un informe cada seis meses de sus avances. Del informe del periodo junio-diciembre de 2022, entregado en enero, informó que recibieron un reporte con observaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), coordinado por la Conavim. Pero aún no es un dictamen de  evaluación por indicadores.
El Mecanismo para la Implementación y Seguimiento de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, conformado el 10 de junio de 2022 por funcionarios de los tres poderes y de los nueve ayuntamientos responsables de darle cumplimiento a las medidas, están  integrando el segundo informe de enero-junio de 2023.
Destacó que las reuniones son encabezadas por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el secretario técnico de la gobernadora, Pablo Gordillo, con la participación de  titulares de las secretarías.
“Las reuniones son para conocer los avances, los pendientes y hacer rutas de acción para el cumplimiento, de tal forma que en el informe que se entregue en julio (este mes), tenga un grado de cumplimiento establecido por el GIM”.

De entrada, señaló que en Guerrero ya no existe el agravio comparado desde el levantamiento de la medida principal de la segunda declaratoria de AVG, con la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en el estado hasta las 12 semanas. . Además que la Secretaría de Salud del estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) siguen atendiendo 13 medidas pendientes para garantizar el acceso a atención integral de la salud y la reparación del daño.
Estimó que sí existen condiciones para empezar a hacer levantamiento de medidas muy avanzadas con los próximos informes que evaluará el GIM, tanto de agravio comparado como de violencia feminicida.
Antes de noviembre, que se cumple el plazo de un año para la atención a la alerta de agravio comparado, dijo que enviarán el informe final, con el cual el GIM va a determinar el levantamiento parcial o total de la AVG.
De las denuncias que siguen presentado activistas que acompañan a usuarias cuando solicitan interrupción del embarazo voluntario o legal en el sector salud, aclaró que el secretario general de gobierno advirtió que esas responsabilidades serán asumidas por el titular,  con el personal que estuviera en las áreas.
El último caso fue de una niña de 13 años en Atoyac, donde la feminista Marina Reyna Aguilar denunció dilación en la atención de la menor de edad para que la madre de la víctima desistiera del procedimiento por el riesgo de la vida de su hija. Luego la SSA negó la denuncia, al señalar que la niña-mamá, rechazó la interrupción.
La directora de las alertas, indicó que en las mesas de trabajo se habló de “tienen que hacer una relación de personal, tanto objetor de conciencia como quienes sí puedan garantizar los servicios, Pero hay algo superior que es darle cumplimiento a una ley, y que es en la etapa que debe estar (la secretaría de) Salud, en poder capacitar y fomentar el cumplimiento de la ley”.
Añadió que el  planteamiento de Reynoso Núñez a las secretarías y dependencia estatales, es no ver a las declaratorias de las Alertas como agravio o amenazas, sino como una oportunidad de poder demostrar el compromiso de garantizar el acceso a la justicia, y a una vida libre de violencia de las mujeres, con acciones que perduren más allá de la actual administración.
Violencia feminicida

De la atención de las 21 medidas de la AVGM por violencia feminicida, mucho más amplia que la de Agravio comparado, aclaró que no hay un plazo de cumplimiento establecido por el GIM, coordinado por Conavim, pero sí tienen tiempos  fijados por los responsables de las acciones de cumplimiento.
“La intención de esta declaratoria es que puedan ser acciones que se conviertan en ordinarias, que no sólo sean acatadas por una declaratoria, que queden establecidas de manera permanente, aún levantando la medida”.
Mencionó por ejemplo la creación de un módulo de atención multidisciplinaria a mujeres en situación de violencia en los nueve municipios alertados, no sólo por la atención de la alerta, que van están quedando fijo con un espacio físico, personal capacitado y presupuesto, mediante decretos o vía actas de cabildo.
Además del fortalecimiento de las policías municipales con unidades policiales de género, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Reconoció que sólo está siendo complicado en Ayutla de los Libres, que se rige por sistema de usos y costumbres, y la seguridad pública está a cargo de la policía comunitaria.
Destacó la recuperación de espacios públicos como una de las estrategias para garantizar espacios seguros de zonas que pueden producir riesgos.

Transporte Violeta

De los programas estatales, señaló el Transporte Violeta monitoreado con videocámaras y geolocalización, y  personal capacitado, para atender una medida de la Alerta, implementada en Chilpancingo, Acapulco y con avances en Zihuatanejo.
Aclaró que se siguen revisando las condiciones de aplicación del Transporte en Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla, Ometepec, Tlapa y Chilapa.
Asimismo, la Alerta Violeta como mecanismo de búsqueda inmediata para niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, el territorio violeta, de recuperación de espacios públicos, y la aplicación de telefonía celular  para solicitar ayuda.
Del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, indicó que están próximos de presentar en sesion el Programa Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres que marca la líena del trabajo de esta administración.
Aseguró que las ocho comisiones que integran el sistema, una de Alertas de Violencia de Género, han sesionado de manera ordinaria.
Por otro lado, está el mecanismo de seguimiento institucional de las alertas, que camina con su propio objetivo, que es dar cumplimiento a las medidas, y evaluar si se está realizando el trabajo adecuado.

 

Ofrece la CFE para Petacalco alcantarillado, planta tratadora y proteger especies marinas

El gobierno estatal informa que se instaló una Comisión de Regulación y Seguimiento que encabeza el titular de la Propaeg, Carlos Toledo Manzur, para vigilar la ejecución de acciones del Plan Integral diseñado para esa comunidad cuyos habitantes han exigido un alto a la contaminación de la termoeléctrica
Luego que el Comité de Participación Ciudadana de Petacalco denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se negó a gestionar una reunión interinstitucional para atender la contaminación que genera la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, el gobierno del estado informó que ayer la paraestatal propuso construir un sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y la colocación de mallas para la protección de especies marinas en los alrededores.
Con un boletín de prensa, indicó que ayer se realizó una reunión de trabajo con distintos funcionarios, y de la CFE el gerente de Desarrollo Social, Francisco Princigell expresó que la dependencia tiene voluntad de buscar alternativas para el bienestar de la población, y al mismo tiempo, garantizar la operación de la central termoeléctrica.
Ahí presentó un proyecto de alcantarillado y de instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para las localidades del Naranjito y Zacatula, que aún está siendo validado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó.
Asimismo, planteó la instalación “de mallas protectoras en las inmediaciones de la termoeléctrica para proteger a las especies marinas y evitar que se desplacen fuera de las zonas de pesca”.
El gobierno estatal añadió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se comprometió a realizar estudios y análisis de suelos, agua y aire para descartar la presencia de agentes contaminantes.
Y se instaló una Comisión de Regulación y Seguimiento, que encabeza el titular de la Procuraduría de Protección Ambiental Guerrero (Propaeg), Carlos Toledo Manzur, para vigilar la concretación de los dictámenes y la ejecución de acciones que integra el Plan Integral de Petacalco.
Entre las acciones de esta Comisión de Regulación anunció el gobierno estatal que habrá una visita a las comunidades afectadas el próximo 22 de mayo, para inspeccionar la calidad del agua y crear censos que ayuden el aseguramiento a la preservación del hábitat de peces y tortugas que habitan en el lago.
Los habitantes de Petacalco se han quejado durante años por diferentes afectaciones al medio ambiente causados por la termoeléctrica, y en enero pasado denunciaron que estaba expulsando cenizas de manera constante y ésta quemaba hojas, flores y frutos, de plantas y cultivos. Ahora también se advierte de daños a las especies marinas.
En representación de la Secretaría General de Gobierno, el coordinador del Centro de Atención a los Problemas Políticos y Sociales de gobierno del estado, Ernesto Fidel Payán Cortinas, señaló el interés de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, de privilegiar el diálogo y la coordinación de autoridades para resolver los conflictos sociales, “pues son la base para lograr el bienestar de la comunidad afectada por la contaminación ambiental”.
Entre otros funcionarios, detalló el gobierno en su comunicado que también estuvieron en la reunión institucional, la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro; representantes y autoridades de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro); de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg). (Redacción / Chilpancingo).

 

Siguen protestas de la Montaña en la capital; no hubo acuerdos con Gobernación estatal, se quejan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Indígenas del Frente Popular de la Montaña ((FPM) continuaron ayer con sus protestas en diferentes dependencias pidiendo respuestas a sus peticiones y el dirigente de la agrupación, Pablo Abad Díaz dijo que desconocieron como interlocutor al director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros por la actitud prepotente que tuvo con ellos en la reunión del lunes.
Indicó Abad Díaz que ante la postura del funcionario decidieron gestionar directamente en las instituciones sus solicitudes para la construcción de redes de agua potable, drenaje, pavimentación de carreteras, escuelas, centros de salud así como la asignación de maestros y médicos.
El contingente de autoridades comunitarias, delegados y representantes de los pueblos me’phaa y tun’savi de la Montaña llegaron en caravana a Chilpancingo el lunes pasado y pretendían instalarse en plantón en las escalinatas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado pero policías antimotines impidieron su protesta.
Ayer el dirigente del FPM, Pablo Abad Díaz informó que el lunes retiraron el bloqueo a los dos carriles del bulevar río Huacapa frente al Recinto del Ejecutivo después de que fueron recibidos en una mesa de diálogo en la Secretaría General de Gobierno, pero denunció que no hubo acuerdos y que este martes decidieron continuar con su movilización.
“Nos reunimos a las 6 de la tarde (del lunes) con el director de Gobernación, (Francisco Rodríguez Cisneros) y la verdad lamentamos la actitud arrogante, de prepotencia del funcionario; nos regañó como a sus hijos, nos dijo que estábamos mal en nuestra lucha que hacíamos, que no era la correcta porque siempre utilizábamos la presión y que por eso la condición de él era: No bloqueos y no marchas a condición de que se apresuraran las mesas de diálogo”, declaró Abad Díaz.
Aseguró que Rodríguez Cisneros les advirtió que si mantenían sus protestas el gobierno estatal actuaría “para quitarnos de donde nos instaláramos”.
Abad Díaz destacó que ante esa postura del funcionario ayer decidieron desconocerlo como interlocutor así como al enlace que nombró con el FPM.
Informó que la noche del lunes decidieron pernoctar en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Chilpancingo (Crea) y a partir de las 8 de la mañana de ayer volvieron a protestar y contó que primero lo hicieron afuera de las instalaciones de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) en donde exigieron la construcción de las carreteras en varios municipios de la Montaña.
También se manifestaron en el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) en donde pidieron la construcción de escuelas y aulas que les hacen falta en esa región.
Abad Díaz denunció que un representante de Rodríguez Cisneros llegó a una reunión que tenían en la Secretaría del Bienestar y trató de romper la mesa de diálogo, pero dijo que las autoridades comunitarias le aclararon que no tenía facultad para intervenir en ese encuentro debido a que tras la reunión del lunes en la tarde en el Recito del Ejecutivo los desconocieron como interlocutores.
Dijo que el enviado de Rodríguez Cisneros también intentó intervenir en las reuniones con funcionarios de la CICAEG y del IGIFE, pero que los comisarios rechazaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno.
Explicó que prefieren iniciar “de cero”, a tener que volver a pedir la intervención y mediación de la Secretaría porque hasta el lunes “sólo había servido para boicotear sus gestiones para la solución de sus demandas”.

 

Diputado: falta ajustar el sistema del Registro Civil para matrimonios igualitarios

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado local por Morena, Jacinto González Varona, informó que se necesita ajustar el sistema electrónico del Registro Civil y revisar de manera cuidadosa la ley secundaria, antes de poder hacer efectivos los matrimonios igualitarios en Guerrero, legales a partir de la reforma Código Civil publicada en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2022.
En consulta telefónica, informó que la semana anterior se realizó una reunión con autoridades de la Secretaría General de Gobierno, del Registro Civil, integrantes colectivos de comunidades LGTB, y en su representación, la secretaria técnica de su equipo de trabajo, para revisar precisamente lo que se tiene que ajustar, para que se puedan llegar a cabo los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Adelantó que pronto se tendrá lista la iniciativa de reforma a la ley de Registro Civil, y esperan que sea aprobada antes del plazo de 180 días hábiles, que se estableció para garantizar la viabilidad de las reformas al Código Civil sobre matrimonios y concubinatos igualitarios.
Con dicha reforma, se eliminó el concepto de hombre y mujer como pareja, para maximizar los derechos humanos de todas las personas. Se señala que el matrimonio y el concubinato son figuras jurídicas que ofrecen un principio de organización y cooperación entre dos personas que deciden vivir en pareja.
González Varona indicó que la armonización tiene que ser cuidadosa, porque implica el acceso a los beneficios establecidos en los códigos civiles del país para las parejas.
Incluso, dijo que esperaba que la legislación estuviera lista para el 14 de febrero. No lo dijo, pero se sabe que el DIF estatal prepara una boda masiva para esa fecha, y el Registro Civil no podrían incluir a personas de la diversidad sexual.
El diputado local reconoció que el tiempo es insuficiente para legislar, porque la iniciativa entrará a comisión y debe ser aprobada pleno, pero ahora el Congreso local se encuentra ahora en periodo de receso legislativo. Es decir, sólo hay una comisión de diputados.
Asimismo, indicó que el Sistema Estatal del Registro Civil debe ajustar la manera en que se elaboran y archivan las actas de uniones civiles y de nacimientos, según la nueva legislación, para evitar fallas que impidan el acceso a derechos y obligaciones del matrimonio.
Al reclamo de colectivos, de que no han podido acceder a este derecho, sólo pidió “que nos aguanten tantito, estamos trabajando y no podemos permitir errores. Es un tema de derechos sociales y tratamos de evitar que tengan problemas que hacerlos efectivos”.

 

Termina el primer plazo de Guerrero para informar sobre alerta de violencia feminicida

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con el año, termina el primer plazo de seis meses que recibió el gobierno estatal para elaborar sus primeros informes de las dos alertas de violencia feminicida en nueve municipios, y de agravio comparado contra las mujeres de Guerrero, declaradas en 2017 y 2020, que serán enviados el 15 de enero de 2023, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia hacia las mujeres de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Aunque la Comisión nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres (Conavim) actualizó las alertas a principios de junio de este año, y los seis meses terminan a principios de diciembre, explicó que el gobierno estatal recibió 45 días para enviar sus programas de trabajo.
A partir de la aprobación de los programas, debe presentar informes cada seis meses de la AVG por violencia feminicida y atender en un año las medidas de la Alerta por Agravio Comparado. Aunque precisó que el programa de la segunda alerta fue aprobado una vez que acordaron los indicadores de cumplimiento con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de trabajo.
Consultada en la sede del poder Ejecutivo, aclaró que sólo después de su evaluación por los grupos Interinstitucional y Multidiscipli-nario de cada alerta, habrá información clara de los avances; sin embargo, el poder Ejecutivo espera levantar algunas medidas que deben atender los tres poderes de la entidad y la Fiscalía General del Estado.
Por ejemplo, señaló la elaboración de un diagnóstico de los tipos y modalidades de violencias en el estado, la primera de 21 medidas de la alerta de violencia feminicida, que la administración anterior encargó a la Universidad Nacional Autónoma de México y no obtuvieron, por incumplimiento de pago.
A través de la Secretaría de la Mujer, informó que se retomó ese acuerdo, se cubrió el saldo y la institución educativa actualizó el documento, que el Ejecutivo envió el mes pasado a la Conavim.
El documento no será público mientras no haya sido aprobado por el grupo de trabajo de la primer alerta, precisó.
En lo que toca a la Secretaría General de Gobierno, señaló que el Protocolo Violenta en el transporte público, para garantizar espacios seguros para mujeres con operadores capacitados y certificados, ya se lanzó en dos de los ocho municipios alertados por violencia feminicida: Acapulco y Chilpancingo.
En enero se ampliará a Zihuatanejo e Iguala, y en el transcurso del año, a los demás alertados: Ayutla, Ometepec, Tlapa, Chilpan-cingo, Chilapa, y Coyuca de Catalán, aseguró.
“Pero estamos dando un paso extra, en enero estaremos haciendo pública la coordinación interinstitucional con los municipios y con las dependencias que son las responsables, aquí son Seguridad Pública, la oficina de la gobernadora, la SSG y la Semujer, así como el Sistema Estatal de Seguridad Pública, para evaluar la estrategia”.
Por otro lado, indicó que la FGE debe atender las órdenes de protección para las víctimas de violencias. En este primer informe, confió en que la Fiscalía haya creado la nueva unidad de contexto que está en ejecución, con financiamiento de un proyecto federal.
Asimismo, indicó que de manera coordinada con la Iniciativa Spotlight, para prevenir y erradicar la violencia a mujeres y niñas, que apoya ONU Mujeres y la Unión Europea, la FGE emitió una convocatoria para contratar una consultoría, que elaboró un protocolo de órdenes de protección.
“De ahí se realizaron reuniones con los nueve municipios, de manera que cada uno pueda aportar datos sobre lo que hace falta, ¿qué más que los municipios que puede emitir órdenes de protección?”, enfatizó.
El diagnóstico de violencias y el protocolo de protección son dos medidas que podrían levantar, si la FGE concreta los recorridos en los ayuntamientos alertados, precisó.
Además, indicó que en esta medida la FGE debe hacer una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres, de 8 años atrás, que esperan poder incluir en el informe que reportarán el 15 de enero.
Asimismo, el Congreso local debe conformar una área para revisar la legislación, a fin de armonizar leyes y elaborar iniciativas en favor de las mujeres. En este sentido, recordó que en septiembre pasado, en el contexto de la iniciativa Spotlight, los diputados firmaron un memorando con agencias de Naciones Unidas para fortalecer el marco legal para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Destacó tres medidas para los ayuntamientos: crear los módulos de atención a las víctimas de violencia, unidades de Policía de Género y recuperar espacios públicos, aunque no precisó los avances.
Añadió que la segunda medida que debe atender la FGE en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la reparación del daño por muertes dolosas de mujeres.
En cuanto a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, explicó que tiene un plazo de un año para la atención de 13 medidas a partir de la aprobación del programa de trabajo, que se presentó en el acto conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El 29 del mismo mes se publicaron los dos programas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Aclaró que el GIM elaboró los indicadores y el estado alineó sus acciones para atenderlos y recordó que la medida principal de esta alerta era la despenalización del aborto en el estado, que no estaban garantizando los servicios estatales de salud y se aprobó en el pasado.
Aunque activistas esperaban que esta medida permitiera el levantamiento de la segunda alerta, la funcionaria reconoció que es “un trabajo grande poder dar cumplimiento, porque ahora se trata de garantizar el derecho a decidir”. En esta labor, deben actuar la Secretaría de Salud del estado, FGE y Tribunal Superior de Justicia.
Reconoció que persisten las resistencias en hospitales por objetores de conciencia, “pero la parte institucional, que es la que nos corresponde, tenemos que acatar el mandato. La Secretaría de Salud tiene un trabajo inmenso”.

 

Ofrecen la permanencia de un grupo del Ejército a vecinos de El Durazno tras la masacre

Arriba los ataúdes de las víctmas de la masacre del sábado en El Durazno, en una galera de esa localidad. Abajo, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros platica con vecinos en ese pueblo de Coyuca de Catalán, acompañado de efectivos de la Marina Fotos: El Sur

Brenda Escobar / Lourdes Chávez

Zihuatanejo / Chipancingo

Este lunes el director general de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros estuvo en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, y ofreció a los pobladores que se quedará un grupo de militares para darles seguridad tras la masacre de siete vecinos.
El sábado en la tarde siete campesinos fueron asesinados en la escuela primaria de esa comunidad ubicada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán por sicarios que según testigos estaban encabezados por el jefe del grupo delincuencial La Familia Michoacana, Johnny Hurtado.
Vecinos consultados vía telefónica dijeron que Francisco Rodríguez visitó la galera en la que velaban a los siete campesinos, entre ellos a un adolescente de 15 años, ahí le comentaron cómo fue que ocurrieron los hechos y les señalaron que sólo seis se acercaron ese sábado que los hombres armados llegaron, “y ahí los mataron, los dejaron desfigurados de la cara, eran como unos 50 hombres armados”.
El funcionario, a nombre del gobierno del estado ofreció que en esa comunidad se quedará un grupo de militares para resguardarlos, mantener la paz y garantizarles la seguridad, pero los habitantes le exigieron que ahí en El Durazno se establezca una base o un cuartel permanente del Ejército, para que no vuelva a ocurrir un hecho similar.
Los habitantes de El Durazno coinciden en que no tiene caso que los militares estén un par de semanas en la localidad mientras se pasa “la conmoción” por lo ocurrido y luego se retiren, porque de ser así, aseguraron que no tardará en empezar a observarse el desplazamiento de familias hacia lugares más seguros o menos violentos, “van a empezar a abandonar sus viviendas para evitar perder la vida a manos de ese grupo delincuencial”.

Maestros y el doctor tienen miedo

La ex comisaria municipal de El Durazno, Mariflor Chávez Tello informó vía telefónica que ayer lunes los habitantes de la comunidad andaban ocupados para ir a sepultar a cuatro de los campesinos acribillados, “porque ya van a tener 48 horas de muertos y empiezan a oler”.
Agregó que tres de ellos serían llevados a otras ciudades del estado y del país para sepultarlos porque así fue decisión de sus familias, y que serían escoltados por militares para bajar a la costa.
Luego dijo que seguían sin tener noticias del campesino Cecilio Chávez, de quien desconocen su paradero desde el sábado que salió a trabajar a su rancho, el cual queda en el camino que tomaron los agresores para entrar y salir de El Durazno, “ahorita estamos algo ocupados en llevar a sepultar a los muertos porque ya empiezan a estar en estado de descomposición, entonces creo que al regresar de sepultarlos vamos a ver cómo le hacemos para ir a buscarlo, a ver si lo encuentran y en qué condiciones lo encuentran”.
Chávez Tello expuso que debido a lo que pasó en la escuela las clases quedaron indefinidas pues los maestros, por temor, se retiraron, “y tampoco tenemos doctor, así como tampoco hay maestro en la telesecundaria después de lo que ocurrió en septiembre pasado, cuando mataron al profesor en una discusión de personas que estaban ingiriendo alcohol”.
Dijo que desde entonces el nuevo maestro que iban a enviar fue retenido en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, pues fue el alcalde Eusebio Echeverría Tabares quien le mal informó a las autoridades educativas del gobierno del estado que “en El Durazno estaba muy peligroso, que no subieran, eso fue lo que le dijo un subsecretario de Educación a la comisaria municipal, que por eso no mandaban al nuevo maestro y desde entonces no ha habido clases”.
Agregó que con lo que pasó el sábado, los maestros de la primaria tienen miedo y por eso las clases se van a quedar suspendidas y desconocen hasta cuándo quieran regresar, y sí había doctor pero también se fue”.
Comentó que a través de las redes sociales se siguen enterando de más amenazas de los agresores, “de perfiles falsos en Facebook”.
Luego manifestó que “si no hay seguridad vamos a seguir así, y lo único que va a pasar es que todos los pueblos así como el nuestro se van a quedar solos, así como ha habido mucho desplazamiento de personas a causa de la nula seguridad y la falta de una fuente de ingresos que no sea relacionada con enervantes, porque no hay dónde trabajar, la gente de la sierra se va a seguir desplazando a las ciudades por falta de oportunidades”.

Ya no hay paz, que es requisito para la cabecera del nuevo municipio, dice la presidenta del comité gestor

Mariflor Chávez, quien es la presidenta del comité gestor para la creación de un nuevo municipio que estaría conformado por 113 comunidades de la parte serrana de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán y que tendría la cabecera municipal en El Durazno, dijo que al menos este lunes lo más importante era sepultar a los difuntos, y que sería a partir de este martes cuando ya podrían tener más despejado el pensamiento para analizar qué van a hacer.
Comentó, “de hecho ahorita estamos como suspendidos, no sabemos, ahorita primero necesitamos enterrar a nuestros muertos y yo creo que a partir de mañana (hoy) martes, veremos si las autoridades nos van a decir si el proceso sigue o si nos van a decir que ya no por el problema”.
“Desafortunadamente las personas que no quieren que se haga el nuevo municipio en nuestra comunidad pues lograron su cometido de que no se hiciera, o de que se detuviera o que nos dijeran que no es el lugar idóneo porque hay inseguridad, ese era uno de los requisitos, que hubiera paz, y pues a los que no les convenía que esto siguiera adelante con todo lo que se había avanzado, pues ya lograron echar abajo una parte, cortaron el camino que ya se había caminado”.
Expuso que lo que pasó el sábado, “no fue por nosotros, nosotros no provocamos, claro que no, fue como siempre y como en otras ocasiones y como el principio de toda esta guerra que se ha hecho de ciertos grupos contra nuestras localidades, ha sido sólo provocación y nosotros nos hemos mantenido al margen, y pues ya hemos visto anteriormente en años anteriores todo lo que ha sucedido con las mismas personas de aquí”.
Instalan una BOM

El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros informó de la instalación ayer de una Base de Operaciones Mixtas alrededor de El Durazno en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán, donde hombres armados presuntos miembros de la Familia Michoacána asesinaron a siete pobladores la tarde del sábado.
De regreso de la localidad, el funcionario estatal se conectó vía remota a la difusión del informe semanal en línea de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, para informar que la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron una operación en la zona, para generar condiciones de estabilidad y paz social.
Indicó que ayer dialogó con autoridades comunitarias, agrarias y con los pobladores para comenzar una serie de actuaciones de la Fiscalía Géneral del Estado, de investigación, y de la Policía Estatal en seguridad pública.
Confirmó que la población “está inquieta”, dados los hechos violentos del sábado y las amenazas que continuaron el domingo, sin embargo, este lunes hubo “un reconocimiento a la actuación del gobierno del estado y de la Sedena en coordinación con la FGE, que ha dado tranquilidad a las autoridades locales”.
Mediante esta dirección general de Gobernación, dijo que se brindó atención médica, psicológica y social que demandan los ciudadanos.
Pese a que la comunidad demandó la presencia permanente de las autoridades, Rodríguez Cisneros dijo quehabrá presencia institucional, “los próximos días para atender la problemática social que se vive en la zona”.
Con un boletín de prensa, el gobierno del estado también informó de la visita que encabezó el director de Gobernación a El Durazno, “para proteger a las familias de las siete personas que perdieron la vida en los hechos de violencia ocurridos en días pasados”.
Destacaron la coordinación con la comisaria municipal, Azucena Rosas García y el presidente del Comisariado Ejidal, Ignacio Chávez para agilizar el traslado de tres de los cuerpos hasta el puerto de Zihuatanejo, mientras que los cuatro restantes serán sepultados en la localidad.
Aseguraron que se autorizó la petición de la población de permanencia de las fuerzas del orden en la zona. Adelantó que enviarán atención alimentaria y apoyo psicológico.

También acudió la fiscal

En un boletín, la Fiscalía General del Estado informó que la fiscal “brinda atención a familiares de víctimas de la comunidad” El Durazno, en Coyuca de Catalán.
Sandra Luz Valdovinos Salmerón se encuentra en la comunidad “con la finalidad de brindar atención directa y escuchar a los familiares de las víctimas, en seguimiento a los hechos ocurridos este 10 de diciembre del presente año en dicha población”, dice el boletín.
“Este acercamiento responde al propósito de brindar la atención oportuna y darles a conocer los avances de las investigaciones, así como continuar con el diálogo permanente”, agrega.