Representantes de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos dan su respaldo jurídico a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que ha logrado, en 14 meses, el hallazgo y recuperación de 123 cuerpos.
En la asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, representantes de las organizaciones Red de Enlaces Nacionales y la asociación Familias en Búsqueda María Herrera, se reunieron con unos 100 familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
“Ustedes son los expertos en las búsquedas, no la PGR”, les dijo a Los Otros Desaparecidos el representante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera en referencia a los 123 cuerpos que han hallado y recuperado de fosas clandestinas en 14 meses desde su integración.
En la asamblea, las organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y de defensores de derechos humanos Red de Enlaces Nacionales, la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, Idheas, Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron su respaldo a Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Trujillo Herrera dijo que el comité de Iguala tiene lo que ningún otro comité de víctimas en el país tiene, que es la fuerza y el respaldo jurídico de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos, “que ustedes les pueden sacar una muy buena ruta jurídica en base a sus principales necesidades que tengan”.
Informó que la reunión del jueves en la ciudad de México, que se realizará cada dos meses, incluyó a organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos con funcionarios del gobierno de Guerrero encabezados por su secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Dijo que con el “arropamiento” de las cinco organizaciones de defensa de derechos humanos se buscará que sean autorizados como asesores jurídicos externos de Los Otros Desaparecidos, para que los puedan representar y obligar al gobierno mexicano a que hagan una ruta jurídica de investigación en vida de los desaparecidos, y se les sigan generando las condiciones para continuar su búsqueda de fosas clandestinas.
Dio a conocer que, “la PGR, en voz de Joaquín (Torrez Osorno), reconoció que los expertos son ustedes, ante todas las instituciones, en las búsquedas de fosas, por esa desobediencia marcada, y que ellos están muy atrás de la realidad de buscar y encontrar”.
Informó que, a partir de este lunes la ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna se integró a la asociación Familiares en Búsqueda, “para seguir dando la batalla”.
Ayer, en el patio de la parroquia de San Gerardo, las organizaciones entregaron una camioneta pick up a los familiares de Los Otros Desaparecidos, que se adquirió con recursos donados en la parroquia de Cuajimalpa, estado de México, y que servirá a los familiares para continuar su búsqueda de fosas clandestinas; también se anunció la entrega de una segunda camioneta, adicional a la que la PGR dará en comodato cada domingo, con chofer y gasolina, para su búsqueda de fosas.
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Se reúnen comisarios de la sierra de dos municipios con el subsecretario de Gobierno para hablar de seguridad
Integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, para hablar de seguridad, proyectos productivos y de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores a los pueblos de la sierra de Zumpango y Chichihualco.
Consultado al salir de la reunión en Palacio de Gobierno, el comisario municipal de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), Jaime Bello Carreto exigió al gobierno del estado la colocación de un puesto de control militar y de la Policía Estatal para reformar la seguridad por los hechos de violencia en su comunidad.
Recordó que la noche del domingo, hombres armados irrumpieron en la localidad, asesinaron a tres hombres e hirieron a dos, “prevalece la inseguridad en nuestro pueblo, por eso pedimos vigilancia, para vivir tranquilos”.
Bello Carreto comentó que la violencia ha afectado la educación y salud en Xochipala, “los maestros tiene el temor se ir a la comunidad para dar clases, al igual que los médicos”.
Reiteró que desconoce el motivo por el que han ocurrido los hechos de violencia en su comunidad, y agregó que entre los acuerdo que la próxima semana les informarán de la petición de reforzar la seguridad en Xochipala.
Por su parte, el presidente de la organización, Ismael Cástulo Guzmán reiteró que la reunión con Maldonado del Moral fue para coordinarse para trabajar la seguridad en la sierra, adquirir proyectos productivos y la visita del gobernador.
Reconoció que luego de los hechos de violencia en las comunidades de la sierra, hay vigilancia de la Policía Estatal que ha evitado alguna balacera o enfrentamiento entre civiles armados.
Cástulo Guzmán señaló que buscará una reunión con el gobierno federal para atender el problema de la inseguridad en las comunidades de la sierra.
“El motivo de la reunión es la seguridad, es lamentable lo que han ocurrido en la sierra, la unión de comisarios no quiere que la sierra esté pintada de rojo por la sangre, sino que se vea de una forma más tranquila, sin muertes”, declaró.
A las 12 del mediodía, los comisarios de las comunidades de El Naranjo, Campo de Aviación, Filo de Caballos, Carrizal de Bravos, Los Morros, Corralitos, Tepozonalco e Iyotla, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco); y de La Laguna, El Miraval, Tres Cruces y Xochipala, de Eduardo Neri (Zumpango), acudieron a Palacio de Gobierno para participar en la reunión que duró más de dos horas.
Los hechos de violencia
en la sierra de Chichihualco
La noche del pasado domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos y dos más resultaron heridos, luego de que hombres armados irrumpieron en la comunidad de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y portaban lanzagranadas y fusiles Barret, AK-47 y AR-15 en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo.
Después del enfrentamiento, llegaron soldados del Ejército que desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaron como desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto y otro continúa desaparecido. El lugar es una cañada a orillas del río El Naranjo, a unos 4 kilómetros de la localidad, donde también fueron abandonadas 12 camionetas de los policías ciudadanos, cuatro de ellas quemadas, con múltiples impactos de bala, pero no se encontró ningún cuerpo.
La medianoche del domingo 15 de noviembre, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos, una mujer, a su hija y a dos de sus hijos, incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja de la mujer.
El 19 de diciembre, hombres armados irrumpieron en Yextla y se enfrentaron a balazos con vecinos de la localidad dejando a dos personas heridas, y en la comunidad vecina de Izotepec, pistoleros atacaron a la población.
Niega el gobierno del estado medidas cautelares para defensoras de Iguala; no hay dinero, dice
El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo Flores, no tiene dinero para proveer de medidas cautelares a las defensoras de derechos humanos de Iguala Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito, quienes dejaron sus hogares tras ser amenazadas de muerte.
“No hay esperanza de volver pronto, no hay esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, no hay esperanza de seguir luchando por los derechos humanos”, enfatizó Bahena García.
La mañana de este miércoles, las dos luchadoras sociales se reunieron en la Secretaría General de Gobierno con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas, quien no les dio una respuesta sobre las atenciones a las medidas cautelares dictadas en su caso.
“Uno de los puntos para poder regresar es que el gobierno ayude a mejorar la calidad de vida”, agregó Bahena García.
La reunión tuvo lugar en el despacho del subsecretario, quien únicamente recibió las propuestas de las activistas para atender su caso, sin darles una solución o fecha para darles una respuesta.
Al concluir la reunión, Bahena García explicó que el gobierno del estado únicamente recibió sus propuestas, y justificó que no puede darles ayuda porque no hay dinero.
“Nos dijo tajantemente que no hay recursos, que ellos no manejan dinero, que este gobierno entró sin dinero y que el otro gobierno los dejó endeudados”, señaló.
La activista cuestionó que el gobierno del estado siempre tenga apoyo para gestores que lucran y se aprovechan de otra gente, pero no abonan ni trabajan para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos.
Bahena García detalló que la propuesta entregada al gobierno del estado para poder regresar a Iguala es que mejore sus condiciones de vida, ya que la casa en la que vive una de ellas es de cartón y no cuenta con los servicios básicos.
Agregó que se solicitó alumbrado público para su colonia, aunque reconoce que no es suficiente garantía de seguridad, “por lo menos para correr y salvar la vida”.
Recordó que el beneficio no es sólo para ellas sino para las familias que viven en la colonia Tlachinollan, de Iguala, así como la ayuda a la regularización de los predios.
Las activistas Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito huyeron de la ciudad porque recibieron amenazas de muerte.
Evelia y Diana han recibido agresiones, amenazas, hostigamiento y difamación por su trabajo en ese asentamiento, que se incrementaron a mediados de 2015.
El 30 de julio 2015, Evelia Bahena recibió una llamada telefónica a las 7:16 de la tarde: “¡Ah!, contigo quería hablar, tu eres la que se siente líder chingona y que todos te la pelan, te aviso que te tienes que largar de aquí, tú, el licenciado Félix Rodríguez y Diana Carolina, porque se los va a cargar la verga”, señaló.
Luego de la llamada, la defensora recibió un mensaje de texto del mismo celular que reiteraban la amenaza de muerte.
Las amenazas obligaron a ambas defensoras y sus familias a desplazarse de Iguala, y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Se plantan damnificados de Petaquillas en Palacio de Gobierno y se reúnen con el alcalde
Damnificados de la tormenta Manuel en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, que fueron reubicados en el fraccionamiento Zolimaitic, denunciaron que desde hace tres meses no cuentan con servicio de agua potable, alumbrado público ni vigilancia, y exigieron una audiencia con el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, para plantearle sus problemas.
A las 11 de la mañana, unos 50 inconformes arribaron a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, dentro del Ayuntamiento capitalino, para exigir una audiencia con el alcalde Leyva Mena; ahí denunciaron que desde hace tres meses, 40 familias no cuentan con el suministro de agua potable en sus hogares.
El presidente del Comité de afectados de Petaquillas, Mario Beltrán Peña informó que acudieron al Ayuntamiento porque en reiteradas ocasiones han solicitado una audiencia con el presidente municipal para exigirle, además del suministro de agua potable, alumbrado público en el fraccionamiento y mayor vigilancia.
Explicó que al menos 30 vecinos cuentan con un contrato para recibir el suministro, “sin embargo no ha llegado el servicio y la gente está preocupada; las fiestas decembrinas la pasamos sin agua potable”, lamentó.
Dijo que mensualmente pagan 100 pesos, pese a no recibir agua, y también que dos viviendas no han sido entregadas aunque ya están construidas en su totalidad.
Beltrán Peña expresó que la actitud que toma el presidente municipal de no atender a los ciudadanos le preocupa, porque son varios problemas en el fraccionamiento que son urgentes que se resuelvan, además de la falta de agua.
Recalcó que también carecen de alumbrado público y vigilancia en la colonia, donde los vecinos incluso hacen recorridos de 20 minutos hasta la entrada del fraccionamiento en total oscuridad, y sin presencia policiaca.
Luego de dos horas de permanecer afuera de las oficinas de la Secretaría General, el alcalde los recibió en una audiencia, dónde los inconformes expresaron las irregularidades del fraccionamiento.
Al término de la reunión que duró una hora, el Dirigente del Comité de afectados refirió que el alcalde firmó una minuta donde se comprometió a brindar los servicios que requiere el asentamiento, además de que visitará este jueves el fraccionamiento Zolimaitic para conocer las carencias que padecen los pobladores.
En la minuta explicó que, además del servicio de agua potable, alumbrado público y vigilancia, Leyva Mena se compromete a ampliar la ruta de los camiones recolectores de basura hacia el fraccionamiento, y la pavimentación de algunas calles y avenidas.