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Exigen activistas la libertad del defensor de los bosques Huvaldo Santana; está en grave riesgo, advierten

 

Dirigentes del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP) y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México, exigieron la libertad del defensor de los bosques y desplazado por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Huvaldo Santana Alonso.
Demandaron también su inmediato regreso de Coyuca de Catalán a Ayutla pues advirtieron que peligra su vida en la región Tierra Caliente.
Santana Alonso es hermano del defensor de los bosques de Coyuca de Catalán asesinado en 2011 y fue detenido el 23 de julio en un retén de la Policía Ministerial en San Marcos.
En conferencia de prensa el dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos, Hoguer Morales Miranda anunció la visita de la vocera del Consejo Nacional Indígena (CNI), María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, el 12 de agosto, a San José la Hacienda del municipio de Ayutla.
El dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle informó que los pueblos de la zona oriente del valle de México se están reorganizando porque con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ven “condiciones favorables”, pero no se confían ante la posibilidad de que se construya el nuevo aeropuerto e invada sus tierras.
El abogado Héctor Noel González Ríos informó que les preocupa la integridad física de Huvaldo Santana, a quien después de que lo detuvieron se llevaron al penal de Coyuca de Catalán en donde opera el grupo criminal responsable de los ataques que sufrieron en La Laguna, sólo porque se organizaron para defender sus bosques.
Santana Alonso junto a varias familias salieron de la sierra de Coyuca de Catalán a finales de 2012 luego de que el grupo delictivo que los hostigaba asesinó a 27 pobladores, la mayoría familiares de la familia Santana Alonso, tres más están todavía desaparecidos.
El abogado añadió que por esa situación Huvaldo Santana corre un grave riesgo en la cárcel de Coyuca de Catalán, y junto a los dirigentes del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra exigieron a los gobiernos estatal y federal su traslado a Ayutla.
El abogado González Ríos añadió que incluso por la situación de violencia que se vive en la zona es un riesgo hasta para los abogados trasladarse de Ayutla a la región Tierra Caliente. Dijo que también se les dificulta a sus familiares visitarlo porque la mayoría está refugiada en Ayutla.
El dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle exigió a las autoridades que no se viole el debido proceso y que su caso se resuelva conforme a derecho.
Denunció que es común que los defensores de la tierra que se organizan terminen asesinados o presos por delitos fabricados por las autoridades, y denunció que es el caso de Santana Alonso de quien exigió su inmediata libertad.
Hoguer Morales denunció que las autoridades no han informado a los familiares ni a la organización a la que pertenece el detenido, y no descartó que esté detenido por un delito fabricado por las autoridades.
Fuentes policiacas informaron que Santana Alonso fue detenido acusado de secuestro en agravio de Homero Montúfar Pineda ocurrido en 2014. Por la misma causa en marzo de 2015 fue detenido Gildardo Díaz Pérez, tío de Huvaldo Santana y quien se encuentra preso en el penal de Ayutla.
Ignacio del Valle declaró que es común que los gobiernos federal y estatal recurran a la violación de los derechos humanos de quienes defienden la tierra y los bosques y les inventan delitos, para mantenerlos presos, y exigió su inmediata libertad.
En la conferencia Morales Miranda informó que el 12 de agosto estará en San José la Hacienda, municipio de Ayutla, la vocera del Consejo Nacional Indígena (CNI), María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien a las 9 de la mañana encabezará una marcha y después estará en una reunión en la que hablará de lo que sigue después de la campaña en la que participó y las propuestas del CNI para la organización de los pueblos.
Ignacio del Valle informó que los pueblos de la zona oriente del valle de México, se siguen organizando para que no les impongan en esa zona el nuevo aeropuerto.
Informó que actualmente son afectados al menos 15 municipios por los trabajos que comenzaron en el actual gobierno, y que están en espera de la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que acudieron a fin de que emita una recomendación en su apoyo.

 

Amenazan de muerte a desplazados refugiados en Ayutla tras visita de funcionarios, denuncian

Las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, refugiadas en Tepango y La Unión, municipio de Ayutla, recibieron amenazas de muerte después de que la semana pasada las visitó una comisión de funcionarios del gobierno del estado y de organismos de derechos humanos.
“Ora pues ay luego tu eres hijo de jildardo diaz Verdad, tienes los días contados”, dice textual uno de los mensajes que le llegó a uno de los desplazados, denunció ayer el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), en un boletín de prensa.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández consultado vía telefónica declaró que ante las amenazas volvieron a pedir, mediante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que el gobierno del estado amplíe las medidas de seguridad para las familias que se encuentran refugiadas en La Unión y Tepango.
El jueves 12 de abril las familias que se encuentran en las dos localidades fueron visitadas por una comisión de funcionarios del gobierno del estado encabezados por Juan Carlos Castañón, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, así como el visitador adjunto de la tercera visitaduría de la Codehum, Adelaido Memije Martínez e integrantes del Centro Morelos.
Dos días después, el 14 de abril, según el Centro Morelos las familias fueron amenazadas a través de redes sociales y por mensajes de texto.
Durante esa visita representantes de las familias reclamaron a los funcionarios y a los representantes de los organismos de derechos humanos que el gobierno estatal no ha cumplido lo que se comprometió en minutas de acuerdos, como las tierras para sembrar, la red de agua y la construcción de sus casas.
Durante la visita al grupo de familias refugiadas en La Unión, uno de los desplazados también hizo un reclamo al director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, porque se enteraron que de la Secretaría de Gobierno salió un señalamiento en el sentido de que algunas de esas familias desplazadas se dedican al cultivo de enervantes en la sierra.
Según el Centro Morelos los mensajes que recibieron dos días después de esa visita contenían amenazas de muerte: “Ora pues ay luego tu eres hijo de jildardo diaz Verdad, tienes los días contados”, dice textual uno de ellos.
El Centro Morelos informó que estas amenazas han puesto a los refugiados de la Unión y Tepango “en alerta”.
Manuel Olivares informó que por el contenido y la redacción con faltas de ortografía parece indicar que las amenazas vienen de personas de la sierra, de donde vienen las familias desplazadas. Olivares demandó a las autoridades una investigación del caso.
Informó que el Centro Morelos ya solicitó a la Codehum que se “sensibilice” y actué conforme lo marca su reglamento interno y conforme a la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, y ponga en marcha el refuerzo de las medidas cautelares para estas familias que están en riesgo.
Agregó que estas medidas incluyen derechos a la vida y a la integridad personal de los desplazados, el derecho a la salud y la alimentación, el derecho a la vivienda, al acceso al trabajo, a la educación, a la justicia y a ser tratados con respeto y dignidad.

 

 

Se refugian en Atoyac 91 desplazados por la violencia en Totolapan; 34 niños

Vecinos de las comunidades La Laguna, San Bartolo y Gimotla del municipio de San Miguel Totolapan huyeron de la violencia del crimen organizado en sus comunidades y se refugiaron ayer en Atoyac, bajo el resguardo de policías estatales y militares.
Según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero que incluye a mandos militares y policiacos, Roberto Álvarez “elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y del Ejército mexicano acudieron en auxilio de habitantes de la comunidad de Laguna de Huayanalco, municipio de San Miguel Totolapan, y las ayudaron a salir de ese pueblo debido al temor de ser víctimas de la violencia que generan grupos delictivos enfrentados entre sí y que operan en esa zona”.
Agregó que a las 9 de la mañana de ayer policías estatales y militares escoltaron una caravana de 11 camionetas en las cuales viajaban 92 desplazados por la violencia.
Según un boletín, el funcionario estatal expresó que la gran mayoría de las personas desplazadas son ancianos, mujeres, adolescentes y niños, que consideraban estaban en riesgo de sufrir ataques de los delincuentes.
En la Ciudad de los Servicios de Atoyac 91 desplazados pasaron la noche, contaron que ayer a las 12 del día salieron de las comunidades en 14 vehículos custodiados por policías estatales y llegaron a las 9:30 de la noche.
Los pobladores, entre los que se encuentran 34 menores de edad pernoctaron en una colonia de la periferia con resguardo de policías estatales y municipales.
Fueron trasladados a la Ciudad de los Servicios donde las autoridades municipales les entregaron enseres, ropa, calzado, colchonetas y alimentos.
Relataron que salieron de sus comunidades porque en los últimos meses han ocurrido asesinatos y desapariciones de personas en esas comunidades, e indicaron que en el transcurso del día algunos pobladores se trasladarán a casas de familiares.
El comisario de La Laguna, Hugo Rincones González de San Miguel Totolapan narró que van personas de Gimotla y San Bartolo. Confirmó que se salieron debido a la inseguridad porque los grupos criminales ya no dejan entrar el comercio y los servicios.
Agregó que la mayoría de los habitantes se dedica a la ganadería y se refugiaron en Atoyac porque es el municipio más cercano, ya que en San Miguel Totolapan operan grupos de civiles armados “y por Tlacotepec está más cerca, a unas 3 horas, pero son los que están encabezando estas organizaciones”.
Informó que hay otros grupos de desplazados que se fueron a otros municipio y fueron acompañados por policías estatales y el Ejército hasta Linda Vista.
Informaron que en esas comunidades se vive tristemente porque en las inmediaciones se encuentran personas armadas, y no se pueden trasladar a ningún lado debido a la falta del servicio de transporte.
Denunciaron sobre la educación que ya no había clases de ningún tipo de escuelas desde primaria, telesecundaria y telebachillerato, que pararon desde el 4 de febrero.
Advirtieron que a la comunidad de Pueblo Viejo también la tienen amenazada y los pobladores quieren salir. Abandonaron todo su patrimonio, casa, ganado y terrenos.
Piden al gobierno federal una investigación sobre si los grupos que operan en la zona en realidad son policías comunitarios o algún grupo criminal. “Sólo dicen que son comunitarios y hay grabaciones –en redes sociales- donde entraron a Rancho Viejo y entraron a la Laguna a matar todo el ganado para atemorizar a la gente, les pedían comida a la fuerza y lo que tiene que hacer el pueblo es darles de comer por temor”, dijo un desplazado.
Denunció que lo han reportando al gobierno desde el 5 de febrero pero no interviene, hablaron a Chilpancingo y se envió una solicitud a la 35 Zona Militar. Se envió otra al gobierno federal y a derechos humanos pero no fueron atendidos.
Denunciaron que para su reelección el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, tiene el apoyo de los comunitarios quienes lo van a imponer y va ser imposible vivir en esas comunidades.
Aseguraron que son pueblos que no cuentan con el servicio de salud.
Denunciaron la desaparición del señor Pedro Solórzano Sotelo de la comunidad de Gimotla, entre otras personas.
En Laguna Seca, Rancho Viejo y Laguna de Guayabal de San Miguel Totolapan, en la parte media de la sierra, hace ocho días hubo una balacera y ya es insoportable vivir en esas condiciones, se quejaron. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Atacan hombres armados en La Laguna, sierra de Zumpango; levantan al comisario, trasciende

Unos 30 hombres armados irrumpieron en la comunidad serrana La Laguna, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), donde dispararon contra cuatro casas y contra la comandancia de la Policía Rural Estatal.
De manera extraoficial se supo que en la irrupción fue levantado el comisario quien además es el presidente de seguridad de la Unión de Comisarios de la Sierra, Erineo Castro.
Fuentes consultadas detallaron que en la irrupción suscitada a las 8:00 de la mañana de este sábado fue sacado de su casa el comisario de La Laguna, pero en el boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado no se menciona este caso.
En la ficha proporcionada por el gobierno del estado se informa únicamente de un ataque a cuatro casas y a la comandancia de la Policía Rural Estatal.
Tras el ataque, las dependencias encargadas de seguridad como la Policía Estatal y el Ejército se movilizaron hacia aquella zona de la sierra, donde además fue utilizado un helicóptero para la búsqueda del grupo armado.
Los hombres armados que irrumpieron en el lugar vestían uniformes y cascos pixelados tipo militar.
En coordinación con el Ejército se inició la búsqueda y localización del grupo armado que huyó rumbo a Carrizalillo y dejó abandonadas dos camionetas Pick-up.
El ataque fue repelido por los policías rurales. Trascendió que hubo un muerto y un herido, pero en el boletín del gobierno se desmiente.
En el peritaje realizado se destacó que en el ataque cuatro casas particulares recibieron impactos de arma de fuego.
En la comandancia de la Policía Rural Estatal se contabilizaron 27 impactos de arma de grueso calibre; dos unidades oficiales de la Policía Rural Estatal con dos impactos de arma de fuego cada una, un vehículo particular que se encontraba estacionado con impactos de arma de fuego en el medallón y parabrisas, mismo que resultó con reporte de robo; así como aproximadamente 850 cartuchos percutidos de diferentes calibres en los lugares desde donde estuvieron disparando los agresores.

 

Sigue impune la ejecución de Juventina Villa, líder de desplazados y de su hijo hace 5 años

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de la defensora del bosque y líder de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
También informaron que el gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.
Mojica Villa fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo  armadoo que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.
Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.
El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.
El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.
Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.
A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.
También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

Piden vecinos de La Laguna, Coyuca de Catalán, que el gobierno reconozca a los desplazados

Una comisión de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, se reunieron este jueves con el subsecretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, David Sotelo Rosas, a quien plantearon sus demandas.
El director del Centro Morelos, informó que también solicitaron al subsecretario que el gobierno del estado, “se pronuncie y reconozca públicamente a las familias desplazadas como víctimas de desplazamiento”.
Explicó que es importante que el gobierno del estado dé ese reconocimiento, porque “hoy parece que existe una postura de mantener invisibilizado el problema de desplazamientos por la violencia que se vive en la entidad”.
Recordó que la Ley 487 reconoce que hay en Guerrero el problema de desplazados, pero que se requiere un pronunciamiento explícito del gobierno, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está tratando de incorporar el problema del desplazamiento para que las familias puedan acceder como víctimas a los apoyos que desde esa comisión se dan.
Asimismo, a nombre de los habitantes de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, Olivares Hernández planteó un pliego petitorio de las 11 familias de esa localidad que tienen que ver con apoyos para su sobrevivencia y garantías de seguridad.
A la reunión de ayer acudirían dos representantes de esa localidad nahua, pero a última hora decidieron no viajar debido a que el gobierno del estado no les proporcionó las medidas cautelares que solicitaron ante el riesgo de ser atacados en el camino por sus vecinos de Tlaltempanapa, que los tienen amenazados y que ya irrumpieron el 6 de enero del año pasado, cuando mataron a seis vecinos.
Entrevistado al final de la reunión en la oficina del funcionario, el director del Centro Morelos, Olivares Hernández informó que plantearon las necesidades que tienen los distintos grupos de desplazados en el estado, “en primer lugar expusimos las necesidades de las familias de Quetzalcoatlán, la alta vulnerabilidad en que se encuentran y el inminente riesgo de que pudieran sufrir algún ataque del grupo que ya los agredió una vez”, dijo.
Explicó que le manifestaron al funcionario, principalmente, la falta de agua y víveres para su sobrevivencia.
En la reunión estuvieron los representantes de las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, una de ellas, Catalina Pérez Duque, quien encabeza a los refugiados en las comunidades de Tepango y La Unión, municipio de Ayutla.
Olivares Hernández informó que las familias reclamaron su derecho a la educación, vivienda, tierras para sembrar, empleos y proyectos, “planteamos de manera muy precisa las necesidades urgentes que tiene cada familia”, dijo.
Sin embargo, se quejó de que no hubo respuestas puntuales y precisas del funcionario, y que sólo se comprometió a gestionar ante las diferentes secretarías del gobierno estatal para que sean las dependencias correspondientes las que respondan en otra reunión interinstitucional que se programará después.
“Cada una de las demandas se van a tratar en las diferentes secretarías y finalmente terminaremos recibiendo respuesta en una reunión interinstitucional, donde estarán presentes cada una de las dependencias”, dijo Olivares.
Aclaró que no se definió una fecha para esta reunión porque todo dependerá de la agilidad con que contacte a los funcionarios la subsecretaría de Asuntos Políticos, “ojalá no pase de unos 15 días, para que podamos reunirnos nuevamente”, declaró.

El asesinato en Ayutla del desplazado de La Laguna podría ser una represalia, advierten ONG y piden justicia

 

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) condenaron el asesinato del desplazado por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Constantino Díaz Pérez y exigieron una investigación y castigo a los culpables.
Además demandaron la atención de los desplazados de acuerdo con los estándares internacionales.
El domingo hombres armados a bordo de un Tsuru blanco asesinaron a Constantino Díaz Pérez en Ayutla afuera de la tienda Neto. Era uno de los desplazados por la violencia en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y refugiado en ese municipio desde hace tres años.
“El hecho acontecido aproximadamente a las 10 de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados”, se advierte en el comunicado.
Refiere que Díaz Pérez de 36 años se dedicaba a hacer trabajos de electricidad que fue lo que lo llevó a esa ciudad el domingo, pues fue a comprar piezas. Según testigos estaba comprando refacciones para arreglar una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida.
Entonces un Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, de ahí descendió un hombre encapuchado con un arma AK-47 y le disparó en varias ocasiones, su cuerpo fue impactado por seis balazos que lo mataron, además quedó herido otro hombre. El vehículo de inmediato se retiró rumbo a la salida a Tecoanapa, se relata en el documento.
Agrega que su esposa y sus tres hijos quedaron en estado de vulnerabilidad, porque las condiciones en las que han vivido desde hace tres años son precarias.
“Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente el día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10 el señor Hermelindo Díaz Pérez… vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el que estaba parado se dio la vuelta, Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le disparó en ráfaga, se narra en la misiva.
Ese día logró escapar y sus hermanos salieron en su defensa con un rifle calibre .22 que se utiliza para cazar animales en el campo, con el que repelieron la agresión. Ese día acudió la Policía Ciudadana de La Unión quienes siguieron a los sicarios, ese día resultaron muertos dos de los agresores y otro fue detenido.
“No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia, ya que el viernes 9 de diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de Primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Mina”, indica.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos puntualizan que el gobierno del estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados, pues según sus testimonios las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 han disminuido poco a poco, hasta quedar sólo un Policía Estatal de guardia.
Subrayan que es importante que el gobierno del estado no deje el asesinato de Díaz Pérez como un hecho aislado y se investigue y se castigue a los responsables.

Matan en Ayutla a un desplazado por la violencia de La Laguna, sierra de Coyuca de Catalán

 

La mañana de ayer un integrante de las familias de desplazados por la violencia de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, fue asesinado en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres.
El hermano del desplazado Gildardo Díaz Pérez, quien está preso en la cárcel de Ayutla, Constantino Díaz Pérez de 34 años fue asesinado alrededor de las 11:30 de la mañana.
Según información oficial, el señor recibió al menos seis balazos en el pecho. En los primeros reportes se informó que fue asesinado con disparos de fusiles AK-47, conocido como cuerno de chivo, después se precisó que los calibres utilizados fueron de .45 y .9 milímetros.
El hecho ocurrió en la calzada 1 de Marzo y el crucero de Plan de Ayutla, a unas tres cuadras del Zócalo y el Ayuntamiento. El cuerpo del señor quedó tirado boca abajo.
Al lugar llegaron policías estatales, municipales y ministeriales y peritos que hicieron el levantamiento del cuerpo.

La familia Díaz Pérez huyó al ser amenazada al oponerse a la tala de árboles

La familia Díaz Pérez salió de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente del estado, luego de oponerse a la tala clandestina y recibir amenazas de integrantes de la delincuencia organizada, entre 2005 y 2012 30 de sus integrantes fueron asesinados según datos del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
El 21 de abril de 2011 llegaron a buscar refugio en la comunidad de Puerto Las Ollas, pero volvieron el 15 de noviembre de ese mismo año. La dirigente de los habitantes, Juventina Villa Mojica fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynado Santana de 17 años cuando trataban de salir junto con otras 45 familias del poblado.
Entre noviembre y diciembre de 2012 luego de los asesinatos y ataques las familias se desplazaron a las comunidades de Tepango y La Unión, en Ayutla de los Libres. Ahí el 22 de junio del 2013 las familias fueron emboscadas por sujetos armados. Los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) repelieron la agresión de los sicarios que llegaron al lugar; dos fueron asesinados.
Por esos asesinatos y el secuestro de Homero Montúfar, Gildardo Pérez fue acusado y encarcelado en marzo de 2015. Además hay otras 26 órdenes de aprehensión de acuerdo a las familias desplazadas que evitan salir de las comunidades donde viven por temor de ser detenidos.
El 5 de abril El Sur visitó a las familias desplazadas quienes reclamaron y demandaron al gobierno del estado cumplir la Ley 487, para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.

Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna

Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.

Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos

También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.

Se reúnen comisarios de la sierra de dos municipios con el subsecretario de Gobierno para hablar de seguridad

Integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, para hablar de seguridad, proyectos productivos y de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores a los pueblos de la sierra de Zumpango y Chichihualco.
Consultado al salir de la reunión en Palacio de Gobierno, el comisario municipal de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), Jaime Bello Carreto exigió al gobierno del estado la colocación de un puesto de control militar y de la Policía Estatal para reformar la seguridad por los hechos de violencia en su comunidad.
Recordó que la noche del domingo, hombres armados irrumpieron en la localidad, asesinaron a tres hombres e hirieron a dos, “prevalece la inseguridad en nuestro pueblo, por eso pedimos vigilancia, para vivir tranquilos”.
Bello Carreto comentó que la violencia ha afectado la educación y salud en Xochipala, “los maestros tiene el temor se ir a la comunidad para dar clases, al igual que los médicos”.
Reiteró que desconoce el motivo por el que han ocurrido los hechos de violencia en su comunidad, y agregó que entre los acuerdo que la próxima semana les informarán de la petición de reforzar la seguridad en Xochipala.
Por su parte, el presidente de la organización, Ismael Cástulo Guzmán reiteró que la reunión con Maldonado del Moral fue para coordinarse para trabajar la seguridad en la sierra, adquirir proyectos productivos y la visita del gobernador.
Reconoció que luego de los hechos de violencia en las comunidades de la sierra, hay vigilancia de la Policía Estatal que ha evitado alguna balacera o enfrentamiento entre civiles armados.
Cástulo Guzmán señaló que buscará una reunión con el gobierno federal para atender el problema de la inseguridad en las comunidades de la sierra.
“El motivo de la reunión es la seguridad, es lamentable lo que han ocurrido en la sierra, la unión de comisarios no quiere que la sierra esté pintada de rojo por la sangre, sino que se vea de una forma más tranquila, sin muertes”, declaró.
A las 12 del mediodía, los comisarios de las comunidades de El Naranjo, Campo de Aviación, Filo de Caballos, Carrizal de Bravos, Los Morros, Corralitos, Tepozonalco e Iyotla, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco); y de La Laguna, El Miraval, Tres Cruces y Xochipala, de Eduardo Neri (Zumpango), acudieron a Palacio de Gobierno para participar en la reunión que duró más de dos horas.

Los hechos de violencia
en la sierra de Chichihualco

La noche del pasado domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos y dos más resultaron heridos, luego de que hombres armados irrumpieron en la comunidad de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y portaban lanzagranadas y fusiles Barret, AK-47 y AR-15 en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo.
Después del enfrentamiento, llegaron soldados del Ejército que desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaron como desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto y otro continúa desaparecido. El lugar es una cañada a orillas del río El Naranjo, a unos 4 kilómetros de la localidad, donde también fueron abandonadas 12 camionetas de los policías ciudadanos, cuatro de ellas quemadas, con múltiples impactos de bala, pero no se encontró ningún cuerpo.
La medianoche del domingo 15 de noviembre, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos, una mujer, a su hija y a dos de sus hijos, incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja de la mujer.
El 19 de diciembre, hombres armados irrumpieron en Yextla y se enfrentaron a balazos con vecinos de la localidad dejando a dos personas heridas, y en la comunidad vecina de Izotepec, pistoleros atacaron a la población.