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Mantienen civiles armados un retén en la carretera y amenaza con irrumpir en Quetzalcoatlán, denuncian

 

Entre el temor a la violencia, la extrema pobreza, la escasez de alimentos y el abandono de las autoridades estatales y municipales, sobreviven 16 de un total de las 43 familias que vivían en Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, antes del 6 de enero de 2016 cuando civiles armados de Tlaltempanapa, irrumpieron en este pueblo y mataron a seis vecinos.
A más de dos años de la tragedia los 62 habitantes que aún viven en Quetzalcoatlán, entre niños adultos y adultos mayores, siguen sufriendo la embestida del grupo criminal, amparado en la impunidad y la complicidad de las autoridades que no han investigado los asesinatos ni detenido a los responsables, se quejaron los vecinos, quienes recibieron ayer la visita de defensores del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
A pesar de las condiciones de riesgo y la miseria en que viven los vecinos decidieron ayer que no van a abandonar su comunidad, como lo proponen las autoridades municipales como una alternativa a la grave situación en que se encuentran, en vez de garantizarles la seguridad, los servicios y una vida digna.
Uno de los vecinos del pueblo, Salomón Lara Tlatempa denunció que las 62 personas que aún viven en Quetzalcoatlán, de un total de 295 que eran antes de la irrupción del grupo de sicarios, todavía no reciben los apoyos que les prometió el gobierno como condición para que regresaran después de su desplazamiento a Zitlala debido a la violencia en enero de 2016.
Las autoridades tampoco han cumplido totalmente las medidas de protección que prometieron. Los pobladores son resguardados sólo por siete policías a bordo de una patrulla y apenas el 24 de marzo recibieron la más reciente amenaza de sus vecinos de Tlaltempanapa, les exigieron que saquen de su pueblo a la Policía Estatal “o vamos a ir a sacarlos a todos ustedes con todo y policías”.
Enviaron la amenaza al comisario a través de su esposa a quien retuvieron junto a 12 señoras que habían ido a la cabecera municipal, en el retén que mantienen los civiles armados en la carretera a la salida de Tlaltempanapa, en donde siguen actuando a pesar de las denuncias en su contra por asesinatos y desapariciones de personas que se han dado al pasar por ese pueblo.
Las familias (la mayoría no hablan ni entienden el español) mediante Salomón Lara Tlatempa a quien a partir del 2016 ya le mataron a dos hermanos, un hijo y a un compadre, demandaron a las autoridades estatales y municipales la ayuda prometida, seguridad y que les amplíen las medidas cautelares.
Los vecinos de este pueblo ubicado a unas 2 horas de Zitlala en vehículo y a 3 de la capital tomando la Autopista del Sol para dar vuelta en la caseta de Paso Morelos y entrar por el municipio de Copalillo, para evitar toparse con el grupo criminal que controla Tlaltempanapa, viven en la zozobra.
El 6 de enero de 2016 civiles armados de Tlaltempanapa que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia, que según organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos están vinculados con el grupo criminal Los Ardillos, irrumpieron en Quetzalcoatlán y mataron a seis vecinos. A partir de entonces todas las familias salieron desplazadas hacia Zitlala, la cabecera municipal.
El 12 de marzo regresaron con la promesa de los gobiernos del estado y municipal de que les arreglarían su sistema de agua entubada y que cada mes les entregarían despensas a cada una de las familias. Sin embargo a dos años sólo una vez acudió el alcalde priista Roberto Zapoteco Castro a distribuirles despensas y no ha regresado, y la red de agua tampoco ha sido reparada. Los vecinos tienen que traerla por sus propios medios mediante mangueras de un manantial que se encuentra a unos 10 kilómetros en la parte alta de la comunidad.
Para Salomón las condiciones de pobreza y carencia de víveres y alimentos sería lo de menos si vivieran en paz, pero no ha sido así. Las agresiones y las amenazas han sido frecuentes.
Después de la irrupción del 6 de enero de 2016, el 12 de julio del 2017 los integrantes del mismo grupo atacaron a Salomón y a su compadre Benigno Marabel Tlatempa, cuando esperaban en Zitlala a los policías estatales que los llevarían de regreso a Quetzalcoatlán. Ese día murió Benigno y Salomón resultó herido de tres balazos.
Ayer contó que quienes les dispararon primero quisieron estar seguros que eran de Quetzalcoatlán, y supone que contaron con la complicidad de los policías estatales que supuestamente los resguardaban.
Dijo que los policías los llevaron a él y a Benigno a un lugar de Zitlala y les dijeron que allí los esperaran, pero antes de que regresaran llegaron dos vecinos de Tlaltempanapa en una camioneta vieja que atravesaron en la calle.
Del vehículo bajó uno de ellos y le preguntó a Benigno que de donde era y éste le contestó que de Quetzalcoatlán, entonces le pidió una identificación, en seguida le preguntó también a Salomón y a otros dos de Zitlala que estaban cerca de ellos.
Cuando los sicarios comprobaron que ellos dos eran de Quetzalcoatlán les dispararon y mataron a Benigno, y a Salomón lo dejaron herido de tres disparos, uno en la frente en donde aún tiene alojada la ojiva y le ha provocado la pérdida de vista del ojo derecho, otro disparo lo recibió en el antebrazo derecho y un rozón en la costilla derecha.
Igual que la masacre del 6 de enero del 2016, el asesinato de Benigno y las heridas causadas a Salomón no han sido investigados y los integrantes del grupo criminal siguen actuando en la impunidad, e impidiéndoles el paso por Tlaltempanapa.
El 24 de marzo pasado un grupo de 12 mujeres fueron citadas a una reunión de Prospera en la cabecera municipal. Su traslado fue en una camioneta manejada por un chofer que les proporcionó el presidente municipal Zapoteco Castro.
Algunas de las mujeres aprovecharon el viaje para llevar a sus hijos a vacunar y otras a vender sus productos.
Contra la voluntad del grupo de mujeres, el chofer tomó la carretera que pasa por Tlaltempanapa, en donde las mujeres fueron retenidas por el grupo de hombres armados. Ellas le habían pedido que le diera por otra ruta.

La amenaza

Ayer la esposa del comisario municipal declaró a condición de que no se publicara su nombre que ese día no tuvieron problemas cuando de Quetzalcoatlán se dirigían a Zitlala, pero que de regreso el grupo de civiles armados las retuvo a la salida de Tlaltempanapa en donde mantienen el retén.
Con la ayuda de una traductora del Centro Morelos la indígena nahua contó que uno de los hombres armados les preguntó que quien iba al frente del grupo, y que algunas de las mujeres le contestaron que iba la esposa del comisario, quien al ser identificada fue obligada a bajar de la camioneta y la separaron del grupo.
Denunció que mientras algunos le apuntaron con sus armas uno le dijo: “No vuelvan a pasar por este camino. Tú sabes que quien no respeta esta orden le puede pasar lo que sucedió hace dos años”.
Después en tono conciliador le pidió que llevara un recado al pueblo de Quetzalcoatlán, que les dijera que corrieran a los policías que resguardan el pueblo, porque para ellos es “incómodo” que los policías estén pasando constantemente cuando tienen que hacer sus relevos, y que cuando la gente de Tlaltempanapa tiene que ir a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, seguido están encontrando a los policías que resguardan Quetzalcoatlán de las Palmas.
Enseguida le advirtieron que si no los corrían los van a ir a sacar con todo y policías, “van a tener que salir todos parejo”, amenazaron.
En cambio le aseguraron que si los sacaban “las cosas van a volver ser como antes, todo lo que ya pasó va a quedar en el olvido, vamos a empezar a convivir otra vez como antes”.
Dijo que incluso le dijeron que gestionarían proyectos para beneficio de ambos pueblos.
Al llegar a su pueblo la mujer dio el “recado” a su esposo, el comisario municipal y a su tío, Salomón Lara Tlatempa.
Ambos convocaron a una reunión a los pocos vecinos que quedan en el pueblo (16 familias) y a pesar de las amenaza decidieron quedarse y no pedir el retiro de la Policía Estatal que se encuentra allí desde el 12 de marzo de 2016, cuando regresaron a su comunidad tras haber estado refugiados tres meses en la cabecera municipal por la masacre del 6 de enero de ese año.
Lara Tlatempa declaró que no existen garantías de que si se va la policía ya no van a ser agredidos por el grupo armado de Tlaltempanapa.
A partir de entonces pidieron a través de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) que se amplíen las medidas cautelares, que se incremente el número de elementos policiacos y que se obligue al chofer que los traslada a Zitlala cuando tienen que ir a hacer sus gestiones para que tome otra ruta; que bien puede ser por la ruta de la comunidad de La Esperanza o por Copalillo para que ya no pasen por Tlaltempanapa en donde se encuentra el grupo armado.
Sin embargo dijo que solamente aumentaron de 4 a 7 policías estatales y que el chofer les ha dicho que no puede darle por otra ruta porque él es “pariente y compadre” de algunos del grupo de Tlaltempanapa y que eso es garantía de que no les harán nada.
Lara Tlatempa, informó que el presidente municipal Roberto Zapoteco les ha propuesto que abandonen el pueblo y que va a reubicarlos, pero que decidieron quedarse en su pueblo porque no saben trabajar en otra cosa, explicó que aquí teje la palma y en la temporada de lluvia siembran maíz, frijol y calabazas.
“Nosotros no sabemos trabajar de chofer, de albañil, de peón, no sabemos hacer otra cosa, y tampoco tenemos a donde ir, aquí nos vamos a quedar”, dijo resuelto Salomón a quien en la irrupción del 6 de enero del 2016 le mataron a dos hermanos y a su hijo. El 12 de julio le mataron en Zitlala a su compadre, Benigno Marabel Tlatempa.
Mientras tanto el ambiente en Quetzalcoatlan es de desolación, la mayoría de las casas están abandonadas y ruinosas, las pocas familias que se quedaron en la comunidad se concentraron en las casas del centro del pueblo y son vigiladas por siete policías estatales a bordo de una patrulla, pero a pesar de su presencia es evidente el temor de nuevos ataques de parte del grupo armado que controla Tlaltempanapa.
Además los pobladores sufren la escasez de alimentos debido a que no se pueden trasladar con frecuencia a Zitlala o a Copalillo para surtirse de víveres por temor a ser atacados en el camino.
Salomón explicó que aprovechan cuando los policías vienen a la cabecera municipal o a la capital para encargarles chiles, cebollas y jitomates, “lo que no nos falta aquí es la tortilla, gracias a Dios siempre tenemos maicito”, dijo.

 

Regresan a controlar Tlaltempanapa los civiles armados de Paz y Justicia, denuncia Díaz Navarro

A un mes del enfrentamiento de militares y policías estatales con el autodenominado grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, los civiles armados retomaron el sábado el control de esa comunidad nahua, aseguró el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
El vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, había informado que tras el enfrentamiento el 14 de julio, hubo el acuerdo que los militares y policías estatales se harían cargo de la seguridad en ese pueblo.
Díaz Navarro informó que el sábado regresaron los líderes de los civiles armados y que realizaron una reunión para reanudar los retenes en las entradas del pueblo.
Advirtió que es posible que se reanuden los asesinatos y desapariciones en la zona.
“El grupo delincuencial que opera en Tlaltempanana y que se autonombra Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia regresó el día de ayer (el sábado) por la mañana y en la tarde se reunieron con la población en la cancha de la comunidad, por lo que se prevé que nuevamente se susciten nuevos casos de desaparecidos, asesinatos, secuestrados y levantados en esa zona donde opera esta célula de Los Ardillos”, denunció vía telefónica el presidente del colectivo Siempre Vivos.
Dijo que el grupo de civiles armados es encabezado por Hermelindo Cuchillo Axel alias, El Hermes, “quien recibe órdenes directas de los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez”.
Paz y Justicia se había retirado de esa comunidad a raíz del enfrentamiento a pedradas y a palazos de habitantes con militares y policías estatales el 14 de julio con resultado de 20 personas heridas entre pobladores y militares y policías estatales.
Luego de ese enfrentamiento autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron acuerdos con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia. Se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Talatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que murió un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los vecinos de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en el primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación de militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a dos indígenas, y decomisaron 20 motocicletas y cinco vehículos; al día siguiente unas 80 personas mujeres, niños y ancianos armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A un mes del primer enfrentamiento, la tensión vuelve a ese pueblo luego de que según Díaz Navarro los dirigentes de los civiles armados ya regresaron el sábado, debido a que, denunció, el Ejército y la Policía nunca asumieron en los hechos la seguridad y el control.
Apenas la semana pasada, durante el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, por la presentación la justicia y la verdad de las personas desaparecidas, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Díaz Navarro responsabilizó al grupo Paz y Justicia de más de 155 asesinatos en Chilapa y de más de 100 desaparecidos.
Díaz Navarro hizo la acusación ante Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Díaz Navarro entregó un documento en el que pide su intervención para que los gobiernos federal y estatal desarmen a ese grupo que se hace llamar Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia que ha venido provocando la violencia sobre todo en el municipio de Chilapa.
Dijo que esta agrupación tiene sede en el municipio de Quechultenango y que la encabeza Celso Ortega Jiménez, hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega; “ellos son los que se han adueñado de nuestras vidas no sólo en Chilapa, sino en Zitlala, en Ahuacuotzingo, en José Joaquín de Herrera, en Mártir de Cuilapan y hasta en Tixtla”, acusó.

El grupo criminal Los Ardillos sigue con el control de Tlaltempanapa, Zitlala, afirma Siempre Vivos

A dos semanas de que mandos del Ejército mexicano, el gobierno del estado y el municipal de Zitlala firmaron un acuerdo con vecinos de Tlaltempanapa para que militares y policías estatales se hicieran cargo de la seguridad en ese pueblo, mantienen el control de esa comunidad los civiles armados del grupo Paz y Justicia.
“Todo sigue igual, es el grupo de Los Ardillos el que mantiene el control del pueblo”, declaró vía telefónica el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Luego de los enfrentamientos con piedras y palos ocurridos el 12 y el 14 de julio de militares y policías estatales contra pobladores, en los que hubo una veintena de lesionados de ambos lados, el 15 de julio las autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron un acuerdo con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia.
En el acuerdo se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Palatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que fue asesinado un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los habitantes de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en un primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a los dos indígenas, también decomisaron unas 20 motocicletas y cinto vehículos, pero al día siguiente un grupo de unas 80 personas entre mujeres, niños y adultos mayores armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A dos semanas del primer enfrentamiento la tensión en ese pueblo sigue latente y el Ejército y la Policía siguen sin asumir la seguridad, mientras que el control del pueblo sigue bajo el grupo armado vinculado con Los Ardillos, aseguró el presidente de Siempre Vivos.
Agregó que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió una brigada de servicio social, a la que había invitado a representantes de los medios de comunicación el jueves de la semana pasada.
Dijo que de último momento se canceló la visita de los periodistas y al día siguiente se informó que la visita se había hecho, pero que no existe la certeza porque el Ejército sigue sin tener acceso al pueblo.

 

Celebra Siempre Vivos la entrada del Ejército a Zitlala que llegó “después de tantos asesinatos”

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, Siempre Vivos, José Díaz Navarro reprochó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que a pesar de dos quejas para que se investigue por qué las autoridades no han investigado los 140 asesinatos cometidos en lo que va del año y más de 110 desaparecidos en esos dos municipios, no haya intervenido.
Por otra parte celebró que el Ejército y la Policía Estatal hayan tomado el control de la seguridad en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en donde opera el grupo armado Paz y Justicia, aunque se tardaron más de dos años y cuestionó que hayan llegado “después de tantos asesinatos y desapariciones”.
Díaz Navarro urgió a las fuerzas federales y estatales a que también tomen el control de la seguridad en la ruta del sur de Chilapa desde Atzacoaloya hasta los municipios de Quechultenango y Mochitlán en donde opera, dijo, el grupo Paz y Justicia con el grupo criminal Los Ardillos.
Vía telefónica informó que la organización Siempre Vivos presentó una queja en contra de la autonombrada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia desde la desaparición de 30 personas, durante su irrupción del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal de Chilapa.
Dijo que después, (sin precisar la fecha) presentó una queja más concretamente en contra de este mismo grupo que tiene el control en Tlaltempanapa, pero que el organismo no ha hecho ningún pronunciamiento, en general, en contra de toda la violencia que se vive en Chilapa y Zitlala que ha dejado 140 asesinatos de enero a lo que va de julio, según sus registros.
“Que curioso que la CNDH se convirtió en agencia de investigación criminal para investigar las muertes del socavón en Cuernavaca, de los 28 muertos del penal de Acapulco, del espionaje de Pegasus, pero de los 140 homicidios en Chilapa en los últimos seis meses, no se han enterado”, reprochó Díaz Navarro.
Denunció que en Chilapa y Zitlala han asesinado a niños, a mujeres embarazadas, a mujeres madres de familia, a mujeres de la tercera edad a jóvenes estudiantes, a indígenas, a minusválidos y a padres de familia, “¿y la CNDH dónde ha estado todo este tiempo?, ¿por qué no investiga?”, cuestionó.

Los Rojos fueron desplazados y Los Jefes son Los Ardillos, asegura

Explicó que tampoco se ha hecho nada por los desaparecidos de los que hubo muchos cuando operaba en Chilapa y Zitlala el grupo criminal Los Rojos, porque afirmó que ahora Los Rojos fueron desplazados “casi en su totalidad”, y el grupo criminal que opera es el de Los Jefes y según Díaz Navarro son los mismos que Los Ardillos. Dijo que con ellos ha disminuido en la zona el número de desapariciones pero que aumentaron los asesinatos.
Contó: “una autoridad municipal que no voy a decir quién es, les dice a los familiares que si su familiar está desaparecido que se esperen a más tardar ocho días porque va a aparecer su cuerpo, que aunque sea desmembrado pero que va a aparecer”.
El presidente del colectivo agregó que el razonamiento de esa autoridad municipal, “suena grotesco, pero es la verdad, así les dice”.
Se quejó que para encontrar a los desaparecidos son los familiares los que los buscan, aunque la mayoría de las veces los encuentran vivos, “y cuando la gente aparece muerta los familiares ya no le mueven, ya no piden justicia, ya no piden nada, se conforman que por lo menos tuvieron la oportunidad de darle sepultura al cuerpo y aunque se lo hayan entregado en pedazos”.
Explicó que por esta situación no tiene un número exacto de desaparecidos, y contó que él se quedó en 110 en lo que va del año, “pero yo mismo ya no di avance en el registro de los desaparecidos porque es muy difícil de llevarlo, como sí podría hacerlo la autoridad”.
Mencionó que él ya no vive en Chilapa, de donde salió desplazado por la violencia, pero que también muchas familias ya no denuncian a sus familiares desaparecidos.

La situación de violencia en Zitlala es similar a la de Chilapa

De la operación militar y policiaca que asumió el control en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, después de dos enfrentamientos que tuvieron a golpes, a pedradas y a palazos el miércoles y el viernes con habitantes del grupo Paz y Justicia, Díaz Navarro declaró que “se tardaron más de 2 años” en ir a tomar el control de la seguridad, y que fue “después de tanta gente desaparecida y asesinada en Zitlala, en donde se vive una situación similar a la de Chilapa”.
El colectivo Siempre Vivos, ha venido denunciando a la auto llamada policía comunitaria de Paz y Justicia que mantiene el control en ese pueblo ubicado a 15 minutos al norte de Zitlala, de ser la responsable de los asesinatos y desapariciones en la zona. También ha denunciado que pertenece al grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo reconoció que la presencia del Ejército y la Policía Estatal es “excelente”, pero que en general, el Ejército y las policías ya deben de tomar la rectoría de la seguridad en todas las zonas en donde está a cargo de grupos ilegales y anticonstitucionales.
Concretamente pidió que el Ejército tome el control en las comunidades del lado sur de Chilapa, desde Atzacoaloya, El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Ayahualulco, donde opera el grupo Paz y Justicia, y hasta Quechultenango y Mochitlán en donde dijo que operan Los Ardillos.
También pidió el control de la seguridad en las comunidades de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa y Tepoztlán, municipio de Ahuacuotzingo, en donde informó que opera un grupo criminal encabezada por un delincuente apodado La Culebra o El Talibán, “que está generando mucha violencia y el desplazamiento de familias”.
Los militares y policías “están para resguardar la integridad de los ciudadanos y salvaguardar nuestras vidas. No puede ser que un grupo de borrachos, drogadictos y delincuentes se hagan cargo de la seguridad sin que nadie los controle, nadie los regule, nadie sepa quiénes son ni cuántos son, y que hayan generado tantísima violencia a partir de que empezaron a operar”.
Anunció que cuando haya garantías y la seguridad de que el Ejército y la Policía Estatal retomaron la seguridad en la zona, el colectivo va a reiniciar con los familiares la búsqueda de los desaparecidos.
“Más adelante vamos a programar una búsqueda en Tlaltempanapa, en donde tenemos información de que hay muchos cuerpos tirados o sepultados clandestinamente. Es un dato curioso, cuántos desaparecidos y homicidios ha habido en ese pueblo y ni si quiera tienen un panteón”, dijo en referencia a que los habitantes de ese lugar tienen que ir a sepultar sus muertos a Zitlala, la cabecera municipal.

 

Los dos baleados en Zitlala tenían medidas cautelares y son desplazados de Quetzalcoatlán

 

El indígena nahua muerto y el otro hombre que resultó herido tras un ataque la tarde del miércoles en la salida de Zitlala son originarios de Quetzalcoatlán de las Palmas y contaban con medidas cautelares, a raíz de la masacre del 6 de enero del 2016 contra vecinos de esa localidad en donde asesinaron a seis.
El señor Benigno Marabel Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa (quien sobrevivió al ataque) fueron obligados por el gobierno a que junto con 25 familias de desplazados se regresaran de la cabecera municipal a Quetzalcoatlán con el argumento de que ya había garantías de seguridad por la presencia de dos grupos de la Policía Estatal, que después se redujo a uno con sólo seis agentes.
Benigno y Salomón fueron atacados a balazos por hombres armados aproximadamente a las 4 de la tarde a la salida rumbo a La Esperanza, por donde darían vuelta para evitar pasar por Tlaltempanapa que está bajo el control del grupo armado Paz y Justicia que ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal de Los Ardillos y a quienes los de Quetzalcoatlán responsabilizan del ataque del 6 de enero del 2016.
Los dos indígenas habían ido a la cabecera municipal a vender sus cintas de palma y a comprar víveres debido a que los gobiernos estatales y municipales incumplieron con la dotación mensual de despensas para evitar que salieran de su comunidad ante el riesgo de ser atacados.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández responsabilizó este jueves al Ayuntamiento de Zitlala que preside el priista, Roberto Zapoteco Castro y al estatal que encabeza el gobernador, Héctor Astudillo Flores, del ataque a los dos indígenas que dejó a uno muerto y al otro herido. Contó que el herido está grave ya que tiene una bala alojada en la cabeza.
Denunció que los hombres fueron obligados por las autoridades estatales y municipales a regresar a su comunidad asegurándoles que ya no había riesgo.
Recordó que “algunos (de los desplazados) estuvieron sólo tres meses y otros pasaron de los tres meses en un albergue de Zitlala y cuando regresaron a su comunidad lo hicieron en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo”, en conferencia de prensa acompañado de los desplazados de la zona.
Informó que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) solicitó medidas cautelares y el gobierno del estado les mandó resguardo policiaco a su comunidad.
Reprochó que las autoridades estatales “con una prepotencia que es característica de esta administración, nunca les dio la atención debida, nunca atendió su derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, mucho menos al empleo, motivo por el cual varias de las familias tuvieron que salirse como jornaleros a Sinaloa y sólo 11 se quedaron allí”.
Agregó que las familias fueron obligadas a salir a comprar a la cabecera municipal ya que el gobierno incumplió con darles los productos necesarios para subsistir, además tenían que ir al campo a buscar leña o a cortar palma para tejer sus cintas, con el riesgo que esto implica.
Dijo que las garantías de seguridad para estas familias son elementales por la elevada violencia en la zona. “Todos sabemos que en Chilapa y Zitlala ha habido más de 140 asesinados en lo que va del año”.
Demandó que el gobierno del estado cubra los gastos funerarios del indígena asesinado como su ataúd, el traslado de Zitlala a Quetzalcoatlán, el pago de impuestos o permisos para sepultarlo en el panteón que la familia decida, ya que dijo que las familias de ambos indígenas son de pobreza extrema.
Los indígenas de Quetzalcoatlán para viajar hacia Zitlala, Chilapa o Chilpancingo tienen que pasar por Tlaltempanapa donde los integrantes del grupo armado Paz y Justicia instalan retenes y son a quienes señalan de haber ido a atacarlos en 2016 y los han amenazado.

Piden vecinos de La Laguna, Coyuca de Catalán, que el gobierno reconozca a los desplazados

Una comisión de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, se reunieron este jueves con el subsecretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, David Sotelo Rosas, a quien plantearon sus demandas.
El director del Centro Morelos, informó que también solicitaron al subsecretario que el gobierno del estado, “se pronuncie y reconozca públicamente a las familias desplazadas como víctimas de desplazamiento”.
Explicó que es importante que el gobierno del estado dé ese reconocimiento, porque “hoy parece que existe una postura de mantener invisibilizado el problema de desplazamientos por la violencia que se vive en la entidad”.
Recordó que la Ley 487 reconoce que hay en Guerrero el problema de desplazados, pero que se requiere un pronunciamiento explícito del gobierno, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está tratando de incorporar el problema del desplazamiento para que las familias puedan acceder como víctimas a los apoyos que desde esa comisión se dan.
Asimismo, a nombre de los habitantes de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, Olivares Hernández planteó un pliego petitorio de las 11 familias de esa localidad que tienen que ver con apoyos para su sobrevivencia y garantías de seguridad.
A la reunión de ayer acudirían dos representantes de esa localidad nahua, pero a última hora decidieron no viajar debido a que el gobierno del estado no les proporcionó las medidas cautelares que solicitaron ante el riesgo de ser atacados en el camino por sus vecinos de Tlaltempanapa, que los tienen amenazados y que ya irrumpieron el 6 de enero del año pasado, cuando mataron a seis vecinos.
Entrevistado al final de la reunión en la oficina del funcionario, el director del Centro Morelos, Olivares Hernández informó que plantearon las necesidades que tienen los distintos grupos de desplazados en el estado, “en primer lugar expusimos las necesidades de las familias de Quetzalcoatlán, la alta vulnerabilidad en que se encuentran y el inminente riesgo de que pudieran sufrir algún ataque del grupo que ya los agredió una vez”, dijo.
Explicó que le manifestaron al funcionario, principalmente, la falta de agua y víveres para su sobrevivencia.
En la reunión estuvieron los representantes de las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, una de ellas, Catalina Pérez Duque, quien encabeza a los refugiados en las comunidades de Tepango y La Unión, municipio de Ayutla.
Olivares Hernández informó que las familias reclamaron su derecho a la educación, vivienda, tierras para sembrar, empleos y proyectos, “planteamos de manera muy precisa las necesidades urgentes que tiene cada familia”, dijo.
Sin embargo, se quejó de que no hubo respuestas puntuales y precisas del funcionario, y que sólo se comprometió a gestionar ante las diferentes secretarías del gobierno estatal para que sean las dependencias correspondientes las que respondan en otra reunión interinstitucional que se programará después.
“Cada una de las demandas se van a tratar en las diferentes secretarías y finalmente terminaremos recibiendo respuesta en una reunión interinstitucional, donde estarán presentes cada una de las dependencias”, dijo Olivares.
Aclaró que no se definió una fecha para esta reunión porque todo dependerá de la agilidad con que contacte a los funcionarios la subsecretaría de Asuntos Políticos, “ojalá no pase de unos 15 días, para que podamos reunirnos nuevamente”, declaró.

En Zitlala, ejecutan a dos jóvenes en Topiltepec; en Tlaltempanapa se enfrentan vecinos a Paz y Justicia

Dos jóvenes fueron ejecutados a balazos y otro más resultó herido en un ataque armado cometido por hombres a bordo de una motoneta en la comunidad de Topiltepec, municipio de Zitlala.
En el mismo municipio, en Tlaltempanapa se dio un enfrentamiento entre vecinos de la comunidad y el grupo Paz y Justicia (autodenominado policía comunitaria, presuntamente vinculado al cártel de Los Ardillos), que dio lugar a la intervención de efectivos del Ejército que detuvieron a dos hombres de esa agrupación.
Sobre los dos ejecutados, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 7:40 de la noche recibieron un reporte al número de emergencia 911, en el que se informó que atrás de la iglesia del barrio del Dulce había tres jóvenes heridos de bala.
Las fuentes dijeron que al llegar efectivos de la Policía Estatal hallaron los cuerpos de dos jóvenes asesinados a balazos frente a la casa del joven que resultó herido, y que con sus propios medios se trasladó al hospital general de Chilapa.
Testigos informaron que los dos jóvenes esperaban afuera de su casa a su compañero para salir a trabajar al campo, y dos hombres a bordo de una motoneta los atacaron a balazos.
A la comunidad de Topiltepec llegaron policías estatales y ministeriales que acordonaron la zona, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron entregados a sus familiares.
Civiles armados intentan rescatar a los detenidos pero les impiden el paso en un retén militar

Un enfrentamiento entre vecinos de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, con policías del grupo Paz y Justicia de esa misma comunidad motivó la intervención del Ejército que detuvo a dos hombres de esa agrupación.
Las fuentes confirmaron el enfrentamiento pero no precisaron si hubo muertos o heridos en este episodio violento, que ocurrió después de las 6 de la tarde de este lunes.
La detención de los dos civiles del grupo Paz y Justicia por el Ejército movilizó a unos 70 u 80 miembros de ese grupo civil armado de las comunidades El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Tlanicuilulco, quienes a bordo de 10 camionetas intentaron llegar a Zitlala para rescatar a sus compañeros.
Los civiles armados fueron retenidos en el punto conocido como Los Ajos, a unos 10 minutos de Chilapa, por soldados del Ejército que mantienen allí un retén permanente. Los civiles armados seguían allí hasta las 11 de la noche.
El grupo Paz y Justicia ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal Los Ardillos que tiene su base en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
El jueves de la semana pasada, vecinos de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, acusaron a los miembros de Paz y Justicia de ser los responsables del ataque que sufrieron el 6 de enero de 2016 cuando mataron a seis habitantes, cuatro de ellos a balazos con arma AK-47, AR-15 y 9 milímetros y dos fueron degollados.
A las 11 de la noche de ayer había tensión entre Chilapa y Zitlala ante el riesgo de que los llamados comunitarios de Paz y Justicia, quisieran entrar a rescatar a sus compañeros que, se informó, los mantenía el Ejército en Zitlala.
A esa hora el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia confirmó en un reporte que desde las 9 de la noche estaban en Los Ajos unas 80 personas armadas con escopetas y rifles calibre 22, “de la policía comunitaria, mismos que se encuentran de manera pacífica”.
En esta zona en la mañana un hombre fue asesinado y otro herido de bala en la comunidad de Topiltepec, que se encuentra en un lugar intermedio entre Chilapa y Zitlala.
Estos hechos de violencia ocurrieron en la víspera de la pelea ritual denominada Los Xochimilcas que se celebra cada martes de carnaval en Zitlala, la cabecera municipal cuando llegan visitantes de varias partes del estado e incluso del país a presenciar la tradicional pelea entre los habitantes de este municipio nahua.

Sin agua, alimentos ni salud y con la amenaza de sicarios sobreviven los vecinos de Quetzalcoatlán

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Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.
Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.
Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.
Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.
Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.
Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.
Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.
El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.
Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.
También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.
Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.
Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escases de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.
El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.
Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.

La temporada pasada no pudieron sembrar

El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.
Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.
Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.
Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.
Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.
Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.
Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.
Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.
Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.

En menos de cuatro años han ocurrido 80 desapariciones y 120 asesinatos entre Zitlala y Chilapa: Centro Morelos

La zona donde fueron encontradas las fosas con 12 cuerpos en Zitlala es tierra que se disputa la banda criminal de Los Ardillos con Los Rojos, esa zona además ha sido tiradero de cadáveres desde 2014.
En los últimos dos años, según cifras del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados Siempre Vivos de Chilapa, han desaparecido o asesinado a más de 17 personas y han desplazado a unas 20, como consecuencia de la violencia provocada por los dos grupos criminales.
Independientemente de las cifras que tiene el colectivo Siempre Vivos, hay denuncias de otras agrupaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos (Centro Morelos) que revela que en menos de cuatro años en esa zona han ocurrido al menos 80 desapariciones y 120 asesinatos como consecuencia de la pugna entre los dos grupos criminales.
Versiones de vecinos informaron que las cuatro cabezas encontradas en una hielera en Zitlala son de los nueve cuerpos decapitados hallados el pasado martes en la carretera de Tixtla que va a Chilapa. Según las versiones, los cuerpos pertenecen a sicarios de la banda criminal de Los Ardillos los cuales fueron levantados en pueblos de Zitlala y Chilapa por Los Rojos, los cadáveres fueron arrojados en ese lugar para evidenciar “la barbarie” que comete ese grupo de la delincuencia en la zona, en referencia a las fosas clandestinas con cuerpos humanos.
Ayer, en el segundo día de trabajos de excavación de fosas clandestinas en el cerro Tenanchitla en la comunidad de Pochahuixco, municipio de Zitlala, peritos forenses de la Fiscalía General Estado (FGE) encontraron cinco cuerpos más los siete que fueron hallados el martes pasado.
El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Roberto Álvarez Heredia informó que los trabajos para localizar más cuerpos en fosas van a continuar este jueves porque en el lugar hay más sitios que van a excavar.
El lunes, soldados del Ejército mexicano que hacían una búsqueda de personas desaparecidas en esa zona del municipio de Zitlala fueron alertados por un informante que les dijo que en las cercanías de Pochahuixco había un campamento con hombres armados que tenían a gente secuestrada, los militares fueron al lugar y encontraron a una persona que les dijo que estaba secuestrada y fue liberada.
Los militares además localizaron 16 fosas clandestinas, una hielera con cuatro cabezas humanas, una moto Italika, una camioneta Suburban negra y un Nissan Tsuru blanco.
El martes, peritos forenses hicieron las primeras excavaciones y encontraron siete cuerpos. El miércoles hallaron cinco cuerpos más. Se presume que en este lugar hay más restos humanos de víctimas que presuntamente fueron secuestradas por un grupo de la delincuencia organizada.
Los peritos forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) son acompañados por militares del Ejército, agentes de la Policía Estatal y ministerial, además de agentes del Ministerio Público (MP) del fuero común.
Desde el 2014, las autoridades han localizado decenas de fosas clandestinas con cadáveres en diversas zonas del municipio de Zitlala y en las colindancias con los municipios de Mártir de Cuilapan (Apango) y Chilapa.
En noviembre del 2014, en un cerro cercano a la comunidad de Ocotlán fue localizada una fosa clandestina con 10 cadáveres, uno de ellos fue identificado como el sacerdote ugandés Jhon Ssenyondo.
El 29 de abril del 2014 el cura había sido levantado por integrantes del grupo delictivo de Los Rojos cuando salía de oficiar una misa en la iglesia de la comunidad de Santa Cruz, del municipio de Chilapa.
El clérigo, quien en sus misas le decía a la gente que denunciara el acoso que sufrían por parte de la delincuencia organizada, se negó a hacer un sacramento bautismal al hijo de un líder de este grupo delictivo, contaron después sus feligreses.
Esto motivó que el jefe de la banda criminal ordenara el secuestro y la privación de la libertad del religioso.
Estas nuevas fosas clandestinas que se descubrieron en Zitlala se dan en el contexto de la desaparición de seis integrantes de una familia en esa zona desde el pasado 18 de octubre, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.
La familia está integrada por Mario García Capistrán de 58 años, su esposa María Feliciano Diego de 48, sus hijos Félix de 25 años, Santa de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18, y la madre de Mario, Florencia García Capistrán de 80 años. La familia desapareció en la carretera cerca de Tlaltempanapa, Zitlala.
En este municipio y en Chilapa Los Rojos y Los Ardillos se disputan el territorio para la siembra, trasiego y venta de la droga.
En las excavaciones de ayer no hubo representantes del gobierno del estado o del gobierno federal o representantes de organismos civiles que buscan a las familias de desaparecidos en la zona.
El 27 de enero, los gobiernos federal y estatal implementaron una operación con 5 mil militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF). Ese día se informó que iban en busca de los principales capos del grupo criminal de Los Rojos.
En ese tiempo ese grupo criminal mantenía una férrea confrontación con el grupo adversario Los Ardillos el cual a la fecha tiene presencia en los municipios de Quechultanango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y pretende llegar a Zitlala y a Mártir de Cuilapan, en donde se han incrementado las ejecuciones y desapariciones en los últimos días.
El 22 de noviembre pasado, militares, policías ministeriales y estatales entraron a Tlaltempanapa, una comunidad que está cercana a donde fueron encontradas las fosas clandestinas el lunes. Los policías y militares iban en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, e iban a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios. Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes que está a unos 20 minutos al norte de Zitlala. La cabecera municipal se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autoproclamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 en Chilapa, donde según el colectivo de Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal. A los civiles armados los relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
En noviembre del 2016, cerca de este mismo lugar fueron privadas de su libertad 21 personas, entre ellas dos mujeres y fueron asesinadas cuando menos seis, denunció entonces José Díaz Navarro, vocero de la organización Siempre Vivos.
La misma organización reportó a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), el 7 de noviembre pasado que las autoridades no investigan 81 casos de desapariciones que tienen documentados en esta región. Adelantaron que buscarán un consenso con otras organizaciones y autoridades para buscar que los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla sean considerados como “zona de emergencia humanitaria”, ante las graves violaciones a los derechos humanos que ahí ocurren.
Debido a la violencia en la zona, militares del Ejército y policías federales y estatales retomaron el control de la seguridad, después de que los ciudadanos literalmente corrieron a los policías de la Gendarmería Nacional, pues los acusaron de estar aliados con grupos de la delincuencia organizada y de no intervenir cuando levantaron al menos a 30 ciudadanos del 9 al 14 de mayo del año pasado en Chilapa.
En esta zona, Los Ardillos venían operando en las comunidades desde hace casi 5 años, en la siembra y trasiego de la droga, pero nunca en enfrentamientos por el control del lugar, como sucede ahora.
Incluso, antes de que la cabecera municipal de Chilapa se convirtiera en el centro de la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos, la violencia se había apoderado de comunidades indígenas como Ayahualulco, Atzacoaloya, San Ángel, Xiloxuchican y El Paraíso, presuntamente bajo la influencia de Los Ardillos.
Después, la violencia llegó a Tlaltempanapa, pueblo de Zitlala y cercano a Chilapa, y La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan, controlado por Los Rojos, en donde empezó la guerra por dominar la zona y el trasiego de la droga, y comenzaron las ejecuciones, los levantones, cobros de piso y extorsiones.
El pleito entre Los Ardillos y Los Rojos comenzó supuestamente cuando los últimos se metieron a Ayahualulco, pueblo de artesanos donde empezaron a ejecutar gente y a cobrar piso. Otra versión dice que en una ocasión un joven se encontraba por Quechultenango, zona de influencia de Los Ardillos, y ya pasado de copas empezó a hacer desmanes. El intruso, dicen, ya no regresó a Chilapa.
El grupo criminal de Los Rojos que controlaba la zona desde hace dos años comenzó la embestida en contra de Los Ardillos al cual pretendió desplazar de las comunidades productoras del enervante, lo que provocó la pugna que a la fecha ha ensangrentado a la zona.

 

 

No hay rastros de la familia que desapareció hace un mes en Zitlala, informa Siempre Vivos de Chilapa

Este viernes 18 de noviembre se cumplió un mes de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano originaria de Ixcatla, municipio de Zitlala, sin que haya rastros o indicios de su paradero.
Los desaparecidos son Mario García Capistrán, su esposa María Feliciano Diego, la madre del Marino García, Florencia Capistrán Tecolapa y los hijos de la pareja, Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano.
El presidente del colectivo de familiares desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó este viernes vía telefónica que a un mes de la desaparición, ni el gobierno del estado ni la Policía Ministerial han informado si hay avances en la investigación de los seis desaparecidos.
La Familia García Feliciano salió a las 6 de la mañana del 18 de octubre de Ixcatla. Media hora después pasó a Chilapa en donde dejó una muda de ropa a uno de los 9 hermanos de apellido García Feliciano que trabaja en esa cabecera municipal como chofer del servicio público.
Después, los García Feliciano fueron hacia Zitlala, de donde partieron hacia Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo. A ese lugar acudieron a visitar a San Lucas, santo patrón del pueblo y en donde cada año se hace una feria en su honor.
A Tlalcozotiltlán habrían llegado entre 10 y 10 y media de la mañana. Allí los vieron vecinos del lugar y de la misma comunidad de Ixcatla. Algunos comentan que los vieron en la iglesia orando y otros ya cuando después del medio día comían en la casa de Maurilio Alvarado Agustín, quien resultó electo mayordomo para el próximo año.
Según el comisario de Tlalcozotitlán, Ismael Sánchez Agustín, existen versiones que los integrantes de la familia García Feliciano salieron de regreso a su pueblo Ixcatla a las 3 de la tarde.
La pareja, la mujer de la tercera edad y los tres hijos del matrimonio viajaron a Tlalcozotitlán a bordo de una camioneta picop Nissan roja con placas de circulación HD 91183, de Guerrero, la camioneta tampoco ha sido localizada.
En el trayecto de Zitlala a Tlalcozotitlán solamente hay dos pueblos por los que se pasa, Tlaltempanapa y Tlatehualapa y entre Zitlala y Tlaltempanapa existe un retén del Ejército.
El presidente del colectivo Siempre Vivos Díaz Navarro informó que en ese retén los soldados tienen el registro de que la picop Nissan roja pasó a las 6 de la mañana, pero ya no tienen el registro de su regreso.
Díaz Navarro informó que existen testimonios que confirman que la familia García Feliciano desapareció en el tramo de Tlatehualapa a Tlaltempanapa, en donde desde el 24 de octubre se centró la búsqueda de los agentes de la Policía Ministerial a cargo de la investigación, y, por separado, del colectivo de  Siempre Vivos, sin embargo no han encontrado indicios.
El pueblo de Tlaltempanapa está controlado por hombres armados del grupo Paz y Justicia, que se integró después de que comisarios de los pueblos de la parte sur de Chilapa irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 para exigir la presentación de varios desaparecidos, asimismo, demandaron entonces, seguridad para sus comunidades y la detención de los cabecillas de la banda criminal de Los Rojos.
A principios de este año los habitantes de Tlaltempanapa se integraron al grupo de comunidades que pertenecen a Paz y Justicia y desde entonces mantienen retenes en la entrada de su pueblo. La gente armada mantiene bloqueos con piedras y un reten con hombres armados a la salida rumbo a Tlalcozotitlán, pero en este pueblo no han proporcionado datos sobre si la familia pasó por ese lugar.
Díaz Navarro ha denunciado que los hombres armados que controlan este pueblo pertenecen al grupo criminal Los Ardillos y los ha señalado de ser responsables de la desaparición de la familia García Feliciano.
La gente del pueblo ha impedido en tres ocasiones que el presidente del colectivo Siempre Vivos entre a la localidad a hacer la búsqueda de los seis integrantes de la familia desaparecida.
En cambio los agentes ministeriales que participan en la investigación han hecho recorridos en dos ocasiones al interior del pueblo y en comunidades vecinas en busca de la familia pero no han encontrado indicios de que los desaparecidos se encuentren por el lugar.
Los ministeriales han sido acompañados por militares del Ejército por el temor a la agresividad de los hombres armados del pueblo. Al menos en una ocasión los mismos civiles armados que se hacen llamar “Comunitarios por la Paz y la Justicia”, han acompañado a los agentes ministeriales y al Ejército en la búsqueda.
Díaz Navarro contó ayer que es lamentable que los gobiernos federal y estatal no hayan dado el apoyo más decidido a la familia de los desaparecidos para poder encontrarlos y que se someta a un grupo delincuencial para no provocarlo por su presunta agresividad.