El alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro dijo que aún no hay información del paradero de los seis integrantes de la familia García Feliciano, desaparecidos desde el 18 de octubre en la carretera cerca de Tlaltempanapa.
Consultado al término de la firma del convenio de presidentes municipales para la asignación de recursos del Ramo 23 en Casa Guerrero, Zapoteco Castro comentó que continúa la búsqueda del colectivo Siempre Vivos, la Policía Estatal, la Ministerial y el Ejército.
Luego de que vecinos de la comunidad de Tlaltempanapa negaron por segunda ocasión el acceso a este pueblo al presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro y a un familiar de los seis desaparecidos, el priista dijo que desconocía este hecho, “pero están entrando los agentes estatales, municipales, militares y la organización Siempre Vivos para realizar la búsqueda, pero por el momento no hay resultados”.
Informó que las comunidades donde ha visto la operación son Quetzalcoatlán, Tlapehualapa y Tlatempanapa, sin embargo no han indicios de lo que le pasó a los seis integrantes de la familia, “pero las autoridades correspondientes determinarán lo que pasó en este caso para así encontrarlos”.
El 18 de octubre desaparecieron Marino García Capistrán de 58 años, su esposa María Feliciano Diego de 48, sus hijos Félix de 25 Santa de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18, y la madre de Marino, Florencia García Capistrán de 80 años cuando transitaban por la carretera de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Zitlala.
El 31 de octubre el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, policías estatales, ministeriales y militares los buscaron en la comunidad de Tlaltempanapa, donde los pobladores le negaron la entrada al poblado al presidente de Siempre Vivos. El martes otra vez le negaron el acceso.
En dos años 160 personas han sido desplazadas por la violencia de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, y otras 17 han sido asesinadas o se encuentran desaparecidas, según los registros del presidente del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien denunció que los gobiernos estatal y federal no han dimensionado el problema de violencia que se vive en esta zona.
Ayer en Zitlala en donde se mantuvo replegado porque las autoridades de Tlaltempanapa le negaron el acceso para participar en la búsqueda de la familia García Feliciano y proponer los sitios donde la Policía Ministerial debería buscarlos, se quejó de que la violencia que afecta a esta zona no sea del interés de los tres órdenes de gobierno.
Denunció que el gobierno pretende pasar por alto que hay en ese pueblo 160 desplazados por la violencia, 17 homicidios y desaparecidos sólo en los últimos dos años. Aclaró que la mayoría de los desplazados, homicidios y desapariciones han ocurrido en el último año.
Declaró que en este pueblo funciona de manera irregular el grupo civil armado que se hace llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia, “yo he pedido a las autoridades estatales y federales que me den el registro de los que están como policías y ya me dijeron que desconocen cuántos hay y quiénes son. Nadie los controla, que quede claro es un grupo armado irregular que comete actos delincuenciales”.
Destacó que por eso las estadísticas de la violencia no las tiene el gobierno del estado, ni ninguna institución que se encarga de la seguridad de los ciudadanos.
“Pero son datos muy alarmantes y por eso vamos a seguir insistiendo en que se atienda el problema, no sólo de Tlatempanapa, sino de Zitlala, de Chilapa y Tixtla.
Citó como ejemplo de la indolencia de las autoridades ante la violencia que se vive en esta zona el caso de la de la familia García Feliciano, desaparecida el 18 de octubre pasado, pues dijo que si no hubiera sido por el interés del colectivo Siempre Vivos, “hubieran sido seis desaparecidos más y no hubiera pasado nada. Es lamentable que no les indigne una situación como ésta, como nos indigna a nosotros, a los familiares de las víctimas”.
Acusó que no hay atención ni interés de las autoridades, “no hay nada que nos garantice a nosotros, en primer lugar, que vamos a encontrar a nuestros familiares, y en segundo, que a otras familias no les va a pasar esta situación. Lamentablemente seguimos en lo mismo, sin tener una respuesta efectiva”.
Agregó que al perderse ayer un día más de búsqueda de la familia García Feliciano se reducen más las posibilidades de encontrarlos con vida, sobre todo a la mujer de 80 años que informó tiene problemas de salud “y difícilmente estará siendo atendida con medicamentos”.
El activista criticó que las autoridades e instituciones que deberían de realizar esta búsqueda “nos están dejando toda la carga a las familias de las víctimas y eso es muy lamentable”.
Añadió que ante esta indiferencia de las autoridades el colectivo que representa va a seguir exigiendo que se apoye a la familia García Feliciano, sin dejar de dar seguimiento a los 130 casos rezagados “que sabemos que no se están investigando”.
Insistió en que debe de haber más interés del gobernador Héctor Astudillo Flores, “él no acepta que tenemos un problema grave, que tenemos una crisis humanitaria, y si no acepta esta situación difícilmente se le pone interés en los otros niveles de gobierno”.
Dijo que hay una deficiencia “tremenda” en cuanto a la atención a las víctimas de desapariciones, “yo creo que lo que tiene que pasar es que desaparezcan a un familiar del gobernador o a la familia del fiscal para que se pongan en la misma situación de preocupación en la que estamos nosotros”.
Familiares de los seis desaparecidos el 18 de octubre cerca de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, informaron que continuarán la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
Este miércoles se cumplieron 15 días de que los seis integrantes de la familia García Feliciano desaparecieron cuando regresaban de la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a su pueblo, Ixcatla, municipio de Zitlala, sin que haya indicios de su paradero.
El lunes la Policía Ministerial del estado comenzó las investigaciones del caso y los agentes han recorrido las comunidades donde pasaron los seis integrantes de esa familia a bordo de una camioneta Pick Up Nissan roja, pero ni el vehículo ha sido localizado.
Los agentes ministeriales que investigan son acompañados por un amplio convoy de militares y policías estatales.
El vocero único en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que 125 elementos de las fuerzas armadas, federales y estatales están en la operación de búsqueda y localización de los seis miembros de esa familia que desapareció desde el 18 de octubre, en esa zona de la Montaña de la entidad.
Dijo que en los últimos tres días un grupo integrado por 80 soldados del Ejército, 20 agentes de la Policía Federal, 15 de la Policía Estatal y 10 de la Policía Ministerial, visitaron las comunidades de Tlalcozotitlán, Tlaltempanapa y Quetzalcoatlán, donde hicieron recorridos y se entrevistaron con vecinos y familiares para tratar de obtener información.
“También revisaron el fondo del río de Tlaltempanapa donde fueron encontradas partes automotrices, al parecer la carrocería de un vehículo”, informó en referencia a otro vehículo que no era en el que se transportaba la familia desaparecida.
Álvarez Heredia informó que la Fiscalía General del Estado mediante el agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Álvarez, inició la carpeta de investigación 12040190200160211016 por la desaparición de Félix “N”, Florencia “N”, Marco Antonio “N”, María “N”, Marino “N” y Santa “N”.
Agregó que la operación continuará hasta lograr la localización de las seis personas desaparecidas.
A esta búsqueda no se integraron los representantes del colectivo Siempre Vivos ni los familiares de los desaparecidos, cuando menos durante el 31 de octubre cuando los cuerpos policiacos entraron a la comunidad de Tlaltempanapa, de donde hay sospechas de que desaparecieron los seis miembros de la familia García Feliciano.
Los habitantes de la localidad pusieron como condición para que entraran las fuerzas del Estado, que no estuviera el representante de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, tampoco participaron en el recorrido los familiares de los desaparecidos.
Consultados por teléfono ayer los familiares y el presidente de Siempre Vivos informaron que van a continuar la búsqueda este jueves en los lugares en donde creen que pudieran estar los seis desaparecidos.
Regresa torturado uno de los dos comerciantes levantados el lunes en Chilapa
Mientras tanto Andrés Bautista García, uno de los dos comerciantes que fueron levantados el lunes en Chilapa, apareció la mañana de este miércoles con visibles huellas de tortura, pero sus familiares se negaron a dar detalles del caso por temor a represalias.
Andrés de 42 años y Mauro Villanueva Carvajal de 28 fueron levantados a las 9:20 de la mañana del 31 de octubre cuando llegaban a su negocio que se encuentra a una cuadra del Palacio Municipal.
Hombres armados los sometieron violentamente y se los llevaron por la fuerza en una camioneta verde de doble cabina.
Fuentes de esa cabecera municipal informaron que Bautista García regresó con visibles huellas de tortura, y que quienes lo tenían lo liberaron cerca del crucero de la Universidad Tecnológica de Chilapa, a la salida de esa ciudad, pero sigue desaparecido Mauro Villanueva Carvajal.
Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.
Un hombre con un balazo en la cabeza y con huellas de tortura fue hallado el lunes en la orilla de la carretera de la comunidad Tlaltempanapa, Zitlala.
Según fuentes ministeriales, a las 9 de la noche del lunes recibieron un reporte que había un cuerpo de un hombre tendido a la orilla del camino hacia la comunidad de Tlaltempanapa.
La víctima de unos 35 años tenía un impacto de bala en la cabeza, vestía una playera roja, pantalón de mezclilla negro y botas de piel negras.
Al lugar acudieron policías estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo, para la necropsia de ley.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) aún busca una estrategia para que las escuelas de nivel básico de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, reanuden labores después de que fueron suspendidas por la inseguridad, informaron autoridades.
El delegado regional de Servicios Educativos de la SEG en la Montaña baja, Jerónimo Maurilio Morales, informó que le está dando seguimiento puntual al caso y que no podía revelar más información por seguridad de los maestros.
“En eso se está trabajando, se está buscando una estrategia, la forma de cómo reactivar el servicio (educativo) en esa comunidad”.
“Estaríamos buscando una estrategia, valorar la cuestión de las calificaciones de los alumnos”, dijo el funcionario.
En tanto, autoridades educativas del gobierno municipal de Zitlala no quisieron expresar una postura sobre el tema.
Como se informó en estas páginas, autoridades educativas confirmaron que las labores en las dos escuelas primarias y la telesecundaria de esa comunidad, ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal Zitlala, fueron suspendidas las primeras semanas de octubre pasado por la inseguridad.
El 23 de noviembre se aplazó la reanudación de labores que habían acordado autoridades regionales de la SEG, el Ayuntamiento de Zitlala, maestros, padres de familia y autoridades comunitarias.
La SEG confirmó que el Ayuntamiento de Zitlala, encabezado por el priista Roberto Zapoteco Castro, informó que no había condiciones de seguridad para la reapertura de las tres instituciones educativas.
Lo anterior, después de que el 20 de noviembre vecinos de Tlaltempanapa y soldados del Ejército armaron una trifulca cuando los militares desarmaron a los pobladores que se asumieron como Policía Comunitaria.
Las escuelas que no han reanudado labores son las primarias bilingües Ignacio Allende y Benito Juárez, así como la telesecundaria José Vasconcelos, entre las tres suman una matrícula de 391 alumnos, según información de la Delegación de Servicios Educativos en la Montaña baja.
Desde hace una semana, el secretario de Seguridad Pública de Chilapa, Juan Suástegui Epifanio fue destituido de su puesto por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores, y el gobierno municipal encabezado por el alcalde priista Jesús Parra García ha mantenido esa información en sigilo.
Fuentes oficiales dieron a conocer a El Sur que desde el lunes 21 de diciembre no hay secretario de Seguridad Pública municipal. La decisión tampoco fue informada a los integrantes del Cabildo.
No obstante, el mismo día 21 el Cabildo fue convocado para presentarle al encargado de despacho, Isidro Casarrubias Tlacotempa, quien fungía como director de Seguridad Pública municipal; la designación la habrían hecho el alcalde y los dos síndicos.
El pasado miércoles 16 de diciembre en esta cabecera, en una reunión con familiares de personas desaparecidas, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores prácticamente ordenó al alcalde Jesús Parra la remoción del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Suástegui Epifanio.
“Le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Que (el alcalde) vea la manera de relevarlo, que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente. Ante un señalamiento de que no estuvo a la altura de las circunstancias se tiene que relevar. Te lo pido como gobernador”, dijo el mandatario estatal.
El gobernador se refería a la petición pública que el 6 de octubre hicieron familiares de los desaparecidos en Chilapa, para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigara la actuación de Suástegui Epifanio durante la irrupción de civiles armados a la ciudad, del 9 al 15 de mayo.
El oficial de la Policía Estatal, Juan Suástegui Epifanio fue designado el 10 de mayo, en la administración del priista Francisco Javier García González, como secretario de Seguridad Pública municipal por el gobierno del estado, encabezado entonces por Rogelio Ortega Martínez.
Lo anterior, tras la renuncia de Job Encarnación Cuenca ante las exigencias de los civiles armados de las comunidades del sur del municipio que sitiaron la ciudad del 9 al 14 de mayo.
Suástegui Epifanio fue ratificado por el gobierno municipal entrante de Jesús Parra García, quien, en un comunicado filtrado a periodistas afines, lo defendió de las acusaciones de presuntos nexos criminales que hicieron vecinos de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, el 30 de septiembre.
Autoridades educativas confirmaron que las dos escuelas primarias y la telesecundaria de Tlaltempanapa, en el municipio de Zitlala, cumplieron seis semanas cerradas por la inseguridad.
El Ayuntamiento de Zitlala, autoridades educativas, comunitarias y padres de familia acordaron que este lunes reiniciarían clases las tres escuelas, que cerraron por los hechos de violencia en la comunidad y sus alrededores, y ante la falta de garantías de seguridad.
Para la reapertura, acudirían a Tlaltempanapa, comunidad ubicada a 15 minutos de su cabecera municipal, el delegado de Servicios Educativos de la Montaña baja, Félix de Jesús Jiménez, los supervisores de las zonas escolares 4 y 58, y el supervisor de preescolar bilingüe para acompañar a los maestros a sus escuelas.
Los maestros y las autoridades serían escoltados por las fuerzas policiacas, pero el reinicio de clases se aplazó de manera indefinida, luego de que el Ayuntamiento valoró la falta de seguridad.
Autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) confirmaron que el Ayuntamiento de Zitlala, encabezado por el priista Roberto Zapoteco Castro, les informó que no había condiciones de seguridad para la reapertura de las tres instituciones educativas.
Autoridades de la SEG dijeron que el argumento fue que el pasado viernes hubo una trifulca en Zitlala, entre vecinos de Tlaltempanapa y soldados del Ejército, cuando estos últimos desarmaron al grupo de autodefensa.
El pasado viernes, un grupo de 100 beneficiarios acudieron a Zitlala para recibir televisiones digitales del gobierno federal ante el apagón analógico, los vecinos fueron resguardados por unos 30 pobladores armados.
La comunidad de Tlaltempanapa tiene aproximadamente mil 500 habitantes; las escuelas que no tienen clases son la Primaria Bilingüe Ignacio Allende y Benito Juárez, y la Telesecundaria José Vasconcelos, que son atendidas por unos 20 trabajadores, entre personal docente, administrativo y de apoyo. Las tres escuelas tienen una matrícula de 391 alumnos.
Asimismo, el servicio de transporte público se encuentra suspendido desde septiembre por la inseguridad. Y el centro de salud está abandonado desde hace un año, según información del Ayuntamiento.
