Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, reclamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, la falta de resultados en la búsqueda de sus seres queridos. En respuesta, en reunión privada en Casa Guerrero, el Ejecutivo pidió respeto a su cargo en la interlocución y que no lo responsabilicen en cada ocasión.
Al salir de la reunión, los activistas hablaron del ríspido momento, y con un fragmento de grabación demostraron el llamado del Ejecutivo a respetar su investidura.
La activista Julia Alonso, de la asociación Ciencia Forense, dijo que el mandatario no se comprometió a dar presupuesto a la búsqueda e identificación de los cuerpos que están en los contenedores del Servicio Médico Forense (Semefo) y en las fosas comunes, pero se dijo ofendido ante los reclamos de una madre que alzó la voz.
Opinó que un servidor público, aun siendo el gobernador, no debe sentirse ofendido ante estas demandas ciudadanas. Consideró que el mayor insulto “es no saber qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, ese sí es un agravio”.
Reconoció que el gobierno del estado aceptó que Ciencia Forense tenga acceso a las morgues, y a la revisión de los análisis de genética. Añadió que quiere saber cómo están trabajando en los laboratorios del estado, porque sin dinero no importa que les dé ordenes de trabajo, no podrán hacer nada.
Insistió en que lo que necesita Guerrero es inversión en la Fiscalía General del Estado (FGE), para hacer la identificación de cuerpos depositados en el Semefo y en fosas comunes.
Dijo que en la entidad hay miles de personas desaparecidas y la Fiscalía sólo cuenta con dos peritos para hacer la identificación, “eso no es un compromiso con las víctimas”, recriminó.
Los desaparecidos no son tema prioritario para el gobierno
Del colectivo de familias de Acapulco, el señor Ciro Fuentes ratificó que el gobernador no garantizó que las búsquedas se van a hacer de manera efectiva. Aclaró que no salieron satisfechos, porque no asignó presupuesto a las acciones y confirmó que “los desaparecidos no son un tema prioritario para su gobierno”.
Denunció que sólo hay un cuadro básico de identificación de uno 751 registros de cuerpos de 2015 a la fecha, cuando el gobernador entró en funciones, pero no dicen qué pasa con los desparecidos de años anteriores. Estimó que hay alrededor de mil cuerpos depositados en la fosa común del panteón de Acapulco, sin protección ni protocolo para su preservación.
Mostró fotografías de las tumbas con bolsas de plástico rotas, y restos dispersos, que manipulan los sepultureros. Aclaró que no se ha hecho trabajo de identificación porque no hay dinero.
Aunque han tomado cientos de muestras genéticas a los familiares, no hay con qué contrastarlas, porque no hay cuadros genéticos de la mayoría de los cuerpos en las instalaciones del Semefo y en las fosas comunes.
Acudieron a la reunión el representante de Siempre Vivos de Chilapa, del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas, familiares de desaparecidos de Iguala y del colectivo de Acapulco.
Antes de la reunión con el gobernador y funcionarios del estado, los familiares indicaron que también tuvieron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, con quien hablaron sobre el nombramiento del director ejecutivo que se encargará de la aplicación de la Ley de desaparecidos, Roberto Cabrera.
En un segundo momento, estuvieron el gobernador, el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe; la fiscal especial en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloina Sánchez Zamora; el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, y el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas.
Familiares expresaron su indignación y coraje: Centro Morelos
El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández destacó que los familiares tuvieron la oportunidad de expresar su indignación y coraje ante la falta de resultados, que finalmente los funcionarios aceptaron.
Con el estado se programaron mesas de trabajo para que mañana se revisen las necesidades de despensas y becas para las familias que las necesitan, y en ocho días se reunirán con el secretario de Gobierno para programar la siguiente reunión con el gobernador.
Recordó que este año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) recibió 19 millones de pesos, “y es indignante que hasta ese momento no se brinden los apoyos necesarios, que son parte de un derecho que las víctimas tienen”.
No obstante, aclararon que la demanda prioritaria es conocer dónde están sus familiares, que digan a quienes pertenecen los cuerpos depositados en las morgues y fosas comunes, y que la CEAV apoye con abogados a las familias para el seguimiento de sus procesos judiciales de investigación.
Más tarde, en un boletín de la FGE sobre “los acuerdos y compromisos” con los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas, la autoridad reconoce que tiene un registro de 751 cuerpos en los sistemas de refrigeración del Semefo, a los que les hacen estudios periciales con fines de identificación.
La enorme cantidad de restos humanos genera que “el proceso de conformación de archivos básicos con fines de identificación de cada cuerpo sea lento y gradual”, justifica.
