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Protestan maestros de Teloloapan en Casa Guerrero; piden salida del director de primarias

 

Maestros del sector 15 de primarias de Teloloapan, agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), se manifestaron en Casa Guerrero, en la capital, para exigir la destitución del director general de ese nivel, Praxedis Mojica Molina, a quien responsabilizaron de autorizar cambios de adscripción de manera arbitraria e irregular.
A las 11:30 de la mañana, los inconformes llegaron a la puerta 3 de Casa Guerrero, ubicada en la avenida Gobernadores, donde instalaron casas de campaña y lonas en las que se leyó: “Teloloapan en pie de lucha” y “señor gobernador responsabilizamos a Praxedis Mojica Molina de la problemática del sector 15 de educación primaria, exigimos respeto a los derechos laborales, no más nombramientos de adscripción indebidos ¡lo denunciamos! ¡Solución ya!”.
El integrante de la Comisión de Gestoría Laboral de la región Norte de la CETEG, Oscar Isaías Salgado Cortés, dijo que la manifestación se llevó a cabo porque Mojica Molina no respetó el acuerdo que hubo entre las autoridades y las organizaciones magisteriales, para revisar los casos de solicitudes de cambios de adscripción.
Dijo que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la CETEG y la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) formaron una comisión que se encargaría de revisar los casos, antes de que se aprobaran los cambios, con base en los derechos de los trabajadores del sector, que indican que las zonas preferenciales deben otorgarse a los maestros con mayor antigüedad. Sin embargo, Mojica Molina autorizó dos cambios en el sector 15 de primarias de Teloloapan, que benefician a docentes con 17 años de antigüedad, por encima de otros con más de 24 años.
Los manifestantes bloquearon cuatro horas la carretera federal Iguala-Altamirano, en la entrada a la cabecera municipal de Teloloapan, para exigir solución a sus demandas, pero a pesar de que el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román; el contralor interno de la SEG, Ramón Apreza Patrón, y el delegado de Gobernación en la región Norte, Felipe de Jesús Adán, se comprometieron a resolver sus demandas, no se cancelaron los cambios de adscripción autorizados por Mojica Molina, por ello decidieron protestar en la capital.
El secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, acudió a la puerta 3 de Casa Guerrero, para dialogar con los manifestantes, a quienes se atendió en una mesa de trabajo en el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), cerca de las 2 de la tarde.
Consultado sobre los resultados de la reunión, Salgado Cortés dijo que las autoridades se comprometieron a cancelar los cambios que autorizó Mojica Molina de manera indebida, y a que se respetará el acuerdo original de que la comisión formada por la dependencia, la CETEG y la sección 14 del SNTE, revisará las solicitudes correspondientes para que se concedan conforme a derecho.

 

Toman padres del internado indígena de Tepecoacuilco la SEG en Chilpancingo

Padres de familia del internado de San Gabrielito, donde se imparte educación primaria indígena, del municipio de Tepecoacuilco, tomaron la Dirección de Educación Indígena, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y bloquearon totalmente la Avenida del Sol frente a la puerta 2 de Casa Guerrero, para exigir la destitución del director del internado, Rafael Patricio Flores.
A las 8 de la mañana, los padres cerraron la dirección, ubicada en la colonia Haciendita, frente a Casa Guerrero, y ante la falta de atención de las autoridades a las 11:40 de la mañana bloquearon la avenida frente al acceso a la residencia oficial del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los padres pidieron la destitución del director porque acusan diversas anomalías, entre ellas que en noviembre de 2017 un niño sufrió abuso sexual de un maestro y no hubo justicia, que a raíz de esto sólo hay clases de 8 a 3 de la tarde y los niños se retiran a sus casas.
Asimismo, señalan que el director se ha quedado con el dinero de las becas de los alumnos, el internado está en malas condiciones y los niños no reciben buena alimentación.
En el lugar, los padres no quisieron dar sus nombres por temor a represalias, pero informaron que han solicitado la renuncia del director y las autoridades educativas no dan solución.
Indicaron que las anomalías iniciaron el año pasado, cuando un maestro llegó ebrio al internado y abuso sexualmente de un niño, y pese a las denuncias no se hizo justicia; además el profesor continúa dando clases.
Uno de los padres de familia informó que a raíz del percance, los padres decidieron llevar a sus hijos a la escuela de 8 de la mañana a 3 de la tarde, donde hay una matrícula de 129 alumnos.
También dijo que otro problema es la comida, porque a los niños sólo les dan frijoles con arroz, no tienen comedor y los baños están deteriorados.
Los padres recriminaron que desde 2017 se hicieron tres auditorías, de las cuales no conocen el resultado de ninguna.
Además, reprocharon que al internado acudió el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román, quien se comprometió solucionar el problema pero no cumplió, y ante la falta de respuesta decidieron protestar.
Al lugar del bloqueo llegó Emiliano Díaz Román, quien solicitó a los manifestantes integrar una comisión para escuchar las demandas. A las 12:20 del día los manifestantes retiraron el bloqueo.
Los padres informaron que las autoridades educativas se comprometieron analizar y resolver sus peticiones.

 

Protestan maestros de la Normal de Teloloapan en Casa Guerrero; piden elecciones de director

Maestros de la Escuela Normal Vicente Guerrero, del municipio de Telolopan, protestaron dos horas y media en la puerta 3 de Casa Guerrero, para exigir la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que sea ocupado el puesto de director.
A las 12:20 de la tarde, más de 15 maestros llegaron en una camioneta a la residencia oficial, donde desplegaron una lona en la que se leía, “Exige su pronta intervención para dar solución al conflicto relacionado con la elección democrática interna del nuevo cuerpo directivo debido a que la autoridad educativa competente ha hecho caso omiso”.
Los maestros portaban cartulinas en las que pedían la elección democrática del director, y no una imposición de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
La maestra Marbella Cortés Arabia detalló que, desde julio del año pasado el director en funciones había terminado su periodo, por lo que se requería de un nuevo director en el plantel educativo.
Ante la falta de candidatos y de un proceso de elección, se decidió prorrogar el servicio al director en funciones, que se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2017.
Cortés Arabia recordó que, entonces, la promesa del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, fue que para enero de este año habría nuevo director, aunque no detalló cómo se designaría.
“Queremos que el director sea electo a través de la base trabajadora, a través de un proceso democrático justo y en el que sea elegido por la mayoría de los catedráticos y de los administrativos, no queremos que se imponga solamente, queremos un proceso democrático”, dijo.
Agrego que ante la falta de un proceso transparente para la selección de nuevo director, se decidió iniciar movilizaciones como medida de presión para que se resuelva el problema.
Detalló que dentro de la escuela hay unidad, por lo que inició la construcción de un plan de trabajo y un equipo que podría hacerse cargo de la dirección.
Indicó que esto no significa que sea impuesto por los maestros el nuevo director, sino que se dé certeza de que el nuevo director no tenga “responsabilidades políticas” con la dependencia.
“De hecho, la mayoría hizo un plan de trabajo, algunas acciones que se tienen pensado realizar con el un nuevo equipo directivo, pero si alguien más quiere participar, puede hacerlo, siempre y cuando cumpla con el respaldo de la base docente, no impuesto”, agregó.
Precisó que en la Escuela Normal laboran 44 maestros y administrativos, pero aseguró que aún no existe un candidato por parte de ellos.
Durante la protesta salió el subsecretario Salgado Urióstegui, quien les prometió una mesa de trabajo para atender las demandas.

 

Llama Astudillo a Ayuntamientos deudores del ISSSPEG a que cubran sus pagos pendientes

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un llamado a los Ayuntamientos morosos para que paguen lo que le deben al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Pensionados del Gobierno del Estado de Guerrero (ISSSPEG) ya que tienen a la institución en números rojos.
“No es correcto que solamente unos paguemos y otros no, tenemos que pagar todos y tenemos que encontrar el mecanismo para que paguemos todos, para que el instituto funcione mejor”, declaró el gobernador.
Este miércoles por la mañana el gobernador recibió de manera privada en la Sala de la República de Casa Guerrero a 72 representantes seccionales y el comité central del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) encabezado por David Martínez Mastache.
El breve encuentro entre la fuerza burócrata y el poder Ejecutivo fue para entregar el pliego petitorio del 2018 en el que se pide el aumento salarial de 8 por ciento, así como recategorizaciones y certeza para el magisterio de maestros idóneos.
Durante la intervención del gobernador se enfatizó que es de suma importancia para su administración darles a los burócratas un “instituto de seguridad” adecuado ya que de manera recurrente en este periodo se ha buscado ir de “menos a más”, por lo que recordó que cuando llegaron el ISSSPEG lo encentraron “quebrado e inoperante”.
“Porque entonces al no estar cumpliendo con las obligaciones también nos raspamos todos, se raspa el líder o la líder que le dicen ‘oye es que yo voy y no me prestan o no me pagan porque la sección en la que estamos no aporta’ tenemos que encontrar un mecanismo fraterno, inteligente, legal de fondo que permita que el instituto este con dignidad y que cumpla con su responsabilidades”, expresó el gobernador.
Recordó que apenas hace 15 días se le entregó al ISSSPEG 48 millones de pesos para su rescate, dinero que aseguró no les correspondía cubrir pero tenían que hacerlo para evitar que se cayera en una crisis financiera nuevamente.
Astudillo Flores pidió la ayuda de los burócratas para que por medio de sus “acciones” se pueda lograr que todos aporten, especialmente en los municipios y los órganos paraestatales que están en deuda.
Indicó que debe de existir mucha claridad entre todos los que aportan al ISSSPEG, ya que se debe de cumplir con la obligación de entregar las cuotas al instituto para que se pueda atender y resolver la demanda de los pensionados y jubilados.
Señaló que existe una gran amistad con el actual líder sindical a quien le reconoció llegar al cargo de manera democrática y con el apoyo de la mayoría de la base trabajadora.
Dijo que analizará cada una de las peticiones planteadas en el pliego petitorio y que en los próximos días les dará una respuesta sobre las peticiones conforme se puedan resolver.
Por su parte el líder sindical, Martínez Mastache informó que espera que se atienda el tema de carrera administrativa así como se le de cumplimiento al sector magisterial ya que hay docentes que fueron evaluados y resultaron idóneos pero no están siendo incluidos.
En un breve discurso reconoció el apoyo del gobernador Astudillo Flores al recibirlos en la Casa Oficial, por lo que espera que las peticiones sean consideradas de manera positiva.

 

Atacan a balazos a jóvenes atrás de Casa Guerrero en la capital; muere uno y hieren a otro

 

 

Un joven murió mientras recibía atención médica y otro resultó herido de bala luego que la noche del sábado civiles armados atacaron a unos jóvenes que se encontraban  tomando bebidas alcohólicas en una tienda de autoservicio en la avenida Gobernadores, atrás de Casa Guerrero en Chilpancingo.
Con este caso en lo que va del año suman 96 asesinatos en Chilpancingo en los que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 11:44 de la noche del sábado recibieron un reporte que había disparos de arma de fuego en un expendido de cerveza en La Curva, atrás de Casa Guerrero.
Según testigos, unos jóvenes estaban tomando bebidas alcohólicas en una tienda de autoservicio y después llegaron otros hombres quienes los atacaron a balazos.
La Policía Estatal informó que dos jóvenes resultaron heridos y con sus propios medios fueron trasladados a la clínica del ISSSTE para recibir atención médica.
Después de 20 minutos una de las víctimas perdió la vida cuando recibía atención médica en el ISSSTE. A la tienda de servicar llegaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las investigaciones correspondientes.
El cuerpo del joven sin identificar fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.

 

 

Protestan defraudados por una constructora en la capital; piden que intervenga el gobernador

Unos 30 vecinos del fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce protestaron en Casa Guerrero y en Palacio de Gobierno, para exigir que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores intervenga ante el fraude a 200 familias que compraron ahí sus casas en 2010.
Los vecinos, en su mayoría mujeres, se reunieron con pancartas en la puerta 2 de Casa Guerrero para exigir una audiencia con el gobernados en la que plantearían el problema que enfrentan desde 2010.
Ante la llegada de los manifestantes, que permanecieron afuera de Casa Guerrero 30 minutos, policías antimotines se plantaron en la entrada principal de la residencia.
En el lugar, una de las vecinas defraudadas, Gabriela Benítez Rodríguez explicó que los contratos establecían que les entregarían las casas 18 meses después de la firma, pero al llegar la fecha, la empresa Bode Constructora no había construido todas las casas y abandonó la obra.
En octubre de 2012, los vecinos ocuparon las pocas viviendas que estaban construidas, mientras que otros se apoderaron de los terrenos, y demandaron por la vía civil a la empresa Bode Constructora. Por su parte, la empresa también demandó a seis vecinos, para ponerlos como “incumplidos”, denunciaron. “Ahora, para que resulte más grave esta situación nos esta demandando por despojo a quienes estamos en posesión de nuestras casas”, agregó.
Indicó que los vecinos que están ocupando sus casas pagaron puntualmente sus mensualidades como las estableció la empresa, e incluso algunos que pagaron de contado su casa.
“Parece que la Fiscalía (General del Estado) se está prestando al juego de la empresa, aun cuando se trata de una situación civil; a grandes rasgos, esto es por lo que pedimos la intervención del gobernador”, explicó.
La propuesta de los vecinos es que la empresa se desista del ataque directo y que cumpla la construcción completa de las casas para las 200 familias afectadas.
El fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce se ubica en la parte sur de la ciudad, en un predio detrás del Palacio de Gobierno, y en el viven médicos, abogados, maestros, enfermeras y burócratas, entre otros sectores de profesionistas.
Tras protestar en Casa Guerrero, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, luego de que los policías antimotines les indicaron que ahí no serían atendidos.
En Palacio de Gobierno iniciaron su protesta a las 5:30 de la tarde, que duró más de 25 minutos, ya que los recibió en la puerta principal el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, con quien se estableció una mesa de diálogo para darle seguimiento al caso.

Acuerdan FUSDEG y UPOEG con el gobierno extender su tregua hasta el 15 de enero y arreglar el conflicto

En la segunda reunión con el gobierno del estado, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) acordaron extender su tregua hasta el 15 de enero, la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.
La mañana de este lunes hubo una reunión de 7 horas en Casa Guerrero encabezada por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la que se abordaron tres temas y se acordó una segunda reunión para el próximo viernes en la que se fijaran las bases para determinar qué grupo de seguridad operará en el municipio de Juan R. Escudero, cuya cabecera es Tierra Colorada.
En un boletín de prensa el gobierno del Estado dice que como parte de la tregua se advirtió a las dos organizaciones que si sus militantes son sorprendidos portando armas, la Policía Estatal los desarmará.
El jueves pasado los dos grupos se enfrentaron a balazos en la comunidad de Plan de Lima, Tierra Colorada, ante la intención de la UPOEG de entrar a la cabecera municipal.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamientos armados, como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos.
El FUSDEG ya fue desplazado de Petaquillas y El Ocotito pero tiene presencia en Tierra Colorada, a donde el jueves intentó entrar la UPOEG con armas de grueso calibre.
El sábado el FUSDEG se declaró en alerta máxima ante la amenaza de la irrupción de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Ayer en la reunión también participaron el alcalde perredista de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Ramón Navarrete Magdaleno, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
A las 10:35 de la mañana ingresó el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio a quien le notificó media hora antes el cambio de la sede de la reunión, por lo que se traslado del Auditorio Sentimientos de la Nación a Casa Guerrero.
Media hora después ingresaron por la puerta tres de la residencia oficial 20 delegados y el comisario del municipio de Tierra Colorada.
Para las 11:50 de la mañana llegó a la misma puerta el integrante del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán a quien le impidieron el paso 20 minutos, lo que provocó su enojo y advirtió que se retiraría del lugar provocando que se rompiera el diálogo.
Tras varias llamadas salió el subsecretario de Asuntos Políticos, quien reconoció a los integrantes del FUSDEG y autorizó el ingreso.
Tras 5 horas de reunión salió el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia quien informó sobre la minuta de acuerdos entre los dos grupos.
Dijo que uno de los acuerdos es que la tregua entre los dos grupos se extiende hasta el 15 de enero debido a las fiestas decembrinas, así como la integración de la comisión para estudiar la inseguridad en la zona y evitar la confrontación.
Se habló de la desaparición de Inocencio Sánchez Ramírez de 60 años originario de Tlayolapa, quien no oye y no ve bien, y del policía comunitario Jesús Eloíso Contreras quien resultó herido de bala en el enfrentamiento armado el jueves, y se encuentra desaparecido.
Después de 7 horas el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio dijo que no habrá ningún roce porque tiene “una disciplina del respeto” y que espera que el FUSDEG cumpla.
Insistió en que su organización no tiene intenciones de desplazar al FUSDEG, y subrayó que hay un conflicto en el que se perdió la esencia comunitaria, y que se cometieron abusos.
“Hay que revisar de ambos lados y el principio comunitario tiene que ver con asambleas municipales, por eso uno de los puntos de hoy es que se tiene que ir con el consenso de asamblea comunitaria de cada una de las comunidades, para que las policías tengan legitimidad y el consenso de los pueblos, no es un pleito al que nos aferremos, hay gente desde hace dos años en Tierra Colorada que quieren ingresar a sus comunidades y no se les permite”, describió.
Mencionó que se le ha señalado como jefe del grupo criminal Cártel del Sur, pidió que se le investigue y que se reconozca que desde hace años el gobierno federal generó esos conflictos, por lo que hoy hay comunidades que están pagando las consecuencias.
“En su momento tendrán que comparecer para aclarar esa situación, son muchos los desplazados qué hay de San Juan el Reparo, Chacalapa, esa parte. Como promotores de este proyecto comunitario desde hace veinte años tenemos bien claro el objetivo que es trabajar mediante asambleas con las comunidades, lógico que al caminar se encuentra uno con muchos intereses tanto políticos como de delincuentes, entonces empezamos a afectar y se nos empieza a señalar”, dijo.
Agregó que él no puede decir si es bueno o malo, ya que eso le corresponde a las autoridades investigar, ya que es “fácil acusarnos de estar metidos en la maña”, pero tiene derecho a ser investigado.
“He recibido bastantes amenazas, pero lo que buscamos es que si tenemos vínculos con la delincuencia que nos investiguen y no permitamos que llegue otra delincuencia, estoy abierto a que se me investigue”, insistió.
Por su parte la integrante del FUSDEG, Ruth Delgado Bahena explicó que se integró una comisión de cinco personas por cada grupo, las cuales estarán encargadas de establecer las bases para una consulta que defina qué método de seguridad se aplicará en Juan R. Escudero, se planteó que la reunión se celebrará el próximo viernes.
“Que se someta a escrutinio a nuestra organización para ver si tenemos el respaldo de la población”, pidió.
Indicó que la comisión definirá si se hace una consulta o no, ya que enfatizó que se trata de saber qué sistema de seguridad es el adecuado para el municipio, para salvaguardar la integridad de la población.
Comentó que el punto que abrió la mesa de diálogo fue la solicitud con vida de sus dos compañeros desaparecidos, así que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Codehum le darán seguimiento al tema.
“Ellos lo niegan rotundamente, dicen que no los tienen y además la Fiscalía dice que no tiene ningún dato, que han hecho investigaciones y que no tienen ningún dato de la desaparición”, relató.
Insistió en que a pesar de establecer una tregua la organización no se siente segura, ya que el conflicto no se acaba hasta que se concluya la mesa de diálogo.
“Tenemos que platicar, resolver nuestras diferencias y tengamos claro que la prioridad es el bienestar de la comunidad, no de una u otra organización”, detalló.
Agregó que en esta segunda reunión los integrantes de la UPOEG se mostraron más mesurados, aunque la realidad demuestra que esa organización tiene rodeado al municipio.
Detalló que en la reunión se hablo también sobre la incursión de un grupo de la UPOEG durante el sábado por la tarde lo que provocó la alerta por parte de los pobladores del FUSDEG, “negaron que ellos hayan querido incursionar en Tierra Colorada”.
En un boletín de prensa el gobierno del estado confirmó los acuerdos revelados por los integrantes de las dos organizaciones, además de la permanencia de los filtros de la Policía Estatal en el crucero de Tierra Colorada, Los Arcos, el crucero de Michapa y Plan de los Vela en la localidad de La Palma.

 

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

El estado pide el desarme de la Tecampanera para llevar policías a Teloloapan, dice el alcalde

El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.

Sigue la búsqueda de la familia de Zitlala desaparecida pero sin resultados, informa el alcalde

El alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro dijo que aún no hay información del paradero de los seis integrantes de la familia García Feliciano, desaparecidos desde el 18 de octubre en la carretera cerca de Tlaltempanapa.
Consultado al término de la firma del convenio de presidentes municipales para la asignación de recursos del Ramo 23 en Casa Guerrero, Zapoteco Castro comentó que continúa la búsqueda del colectivo Siempre Vivos, la Policía Estatal, la Ministerial y el Ejército.
Luego de que vecinos de la comunidad de Tlaltempanapa negaron por segunda ocasión el acceso a este pueblo al presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro y a un familiar de los seis desaparecidos, el priista dijo que desconocía este hecho, “pero están entrando los agentes estatales, municipales, militares y la organización Siempre Vivos para realizar la búsqueda, pero por el momento no hay resultados”.
Informó que las comunidades donde ha visto la operación son Quetzalcoatlán, Tlapehualapa y Tlatempanapa, sin embargo no han indicios de lo que le pasó a los seis integrantes de la familia, “pero las autoridades correspondientes determinarán lo que pasó en este caso para así encontrarlos”.
El 18 de octubre desaparecieron Marino García Capistrán de 58 años, su esposa María Feliciano Diego de 48, sus hijos Félix de 25 Santa de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18, y la madre de Marino, Florencia García Capistrán de 80 años cuando transitaban por la carretera de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Zitlala.
El 31 de octubre el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, policías estatales, ministeriales y militares los buscaron en la comunidad de Tlaltempanapa, donde los pobladores le negaron la entrada al poblado al presidente de Siempre Vivos. El martes otra vez le negaron el acceso.