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Las políticas públicas ven a las indígenas como víctimas vulnerables no como personas, señalan

Eufrosina Cruz Mendoza, durante su ponencia en el el XXIII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) 2026, en el centro de Congresos Mundo Imperial de Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

La política indígena ben zaa (zapoteca) Eufrosina Cruz Mendoza, presentó su libro Los sueños de la niña de la montaña. Origen no es destino, ante unas 300 mujeres empresarias en el primer día del 23 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), donde criticó que las políticas públicas se enfocan desde una mirada de víctimas vulnerables a las mujeres indígenas y no como personas.
Este miércoles fue inaugurado el Congreso Nacional en la Expo de Mundo Imperial, con la presencia de la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez; en representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, acudió la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, así como el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco.
Luego del acto, Cruz Mendoza, ben zaa (que significa gente de las nubes) de la montaña de Oaxaca presentó su libro, una biografía de su superación personal, su lucha contra el machismo, los usos y costumbres de su comunidad, la marginación, la falta de oportunidades como mujer indígena.
Durante su ponencia, y también en declaraciones, Cruz Mendoza dijo que ha habido un proceso de empoderamiento lento de las mujeres, porque todas las políticas públicas se han enfocado en capacitar, sobre todo aquellas que son de comunidades indígenas, pero desde una visión de victimización y no como personas con derechos.
“No buscamos que nos capaciten, buscamos que nos den nuestros espacios en donde podamos tomar nuestras propias decisiones de lo bueno, y de lo malo que queremos construir para con nuestra historia”, enfatizó.
Opinó que se tiene que dejar de justificar muchas violencias que suceden en entornos amparados en una cultura, porque muchas veces todo se justifica porque es una costumbre y así sucede cuando se casan a las niñas desde los 12 años, “es que así son en la Montaña; no, es ausencia de un sistema que no ha garantizado que las niñas sean niñas sino esposas. Eso no puede caber en una cultura”.
Dijo que hace falta mucha empatía, además de volver a mirar y aprender a mirar a las mujeres indígenas como personas y no como víctimas vulnerables. Y que no solamente compete al Estado, sino como sociedad, y bajo esta premisa ponderó que el origen no es destino.
“¿Por qué?, porque se nos ha dicho, si tú naciste en una circunstancia de desigualdad, pues ya te fregaste, no, ¿quien lo dictó?, entonces mi origen no define mi destino. Mi origen es mi identidad, pero no fija hacia donde quiero llegar, pero vivo, nací, en un país que te lo dicta y la mente está cañona que cree que sí”.
Respecto a la situación de violencia que se vive en comunidades indígenas, como la zona de la Montaña y recientemente en Chilapa, opinó que “es la ausencia de un sistema de Estado, o sea, la gente no debe de salirse de su entorno. ¿Y quienes tienen que garantizar la seguridad?, el Estado, el sistema, pero no hay capacidad”.
Agregó: “vuelvo y repito, entonces la gente tiene que huir de sus territorios para sentirse seguros y luego te dicen víctimas, luego te dicen vulnerables, luego te dicen la pobre, no, la vulnerabilidad lo genera un sistema, por eso hay que mencionarlo, hay que señalarlo, y hay que cuestionarlo”.

Inauguración del 23 Congreso Nacional

El acto inaugural del Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias inició con honores a la bandera, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante su discurso de bienvenida la presidenta de Amexme Guerrero, Liliana Palomares Bataz, externó que las mujeres no piden privilegios, exigen justicia, no buscan puertas abiertas sino derechos.
Además, dijo que cuando se les niega el apoyo no se detienen a una persona, pero sí se limita el desarrollo de todo el país, y recalcó que el encuentro no sólo era un evento y una declaración de que las mujeres en México están preparadas, sino para incidir en las políticas públicas y también trabajar de la mano con las autoridades, pero siempre señalando lo que haga falta.
La presidenta nacional de Amexme, Ivett Bonifaz Famania, reconoció por su parte, el trabajo y la labor de todas las mujeres empresarias integradas a la asociación en cada uno de sus estados y ciudades, y llamó a seguir trabajando y abriendo espacios para las nuevas generaciones.
La alcaldesa López Rodríguez reconoció la trayectoria de la asociación en la consolidación de una red nacional e internacional de mujeres empresarias y destacó que este encuentro abre espacios para el intercambio de experiencias, la construcción de alianzas y nuevas oportunidades de crecimiento para distintos sectores productivos.
“Estoy convencida de que para transformar a este país se requiere del 51 por ciento de las mujeres que hoy representamos. Se requieren voces críticas de mujeres y estoy convencida de que Amexme es el presente y el futuro de nuestro país. Bienvenidas a Acapulco”, dijo.

 

Pospone Oftalmología la operación de un consejero de la CRAC por falta de pago

Ramón Gracida Gómez

Agustín Victoriano Castro es consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y casi pierde la vista porque ayer el Instituto Estatal de Oftalmología no quiso operarlo hasta que pague 52 mil pesos, pese al amparo que un juzgado le otorgó para garantizar la cirugía gratuita.
Vía telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, relató a El Sur la “negligencia” médica que el campesino, oriundo de la comunidad indígena La Cortina, del municipio ñuu savi, ha enfrentado para ser operado de los dos ojos.
En 2024, Victoriano Castro acudió al Instituto Estatal de Oftalmología, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento, después de acudir al hospital de Ayutla por la pérdida de la vista en sus dos ojos, pero le pidieron 52 mil pesos para operarlo.
Ante la falta de recursos económicos, Victoriano Castro solicitó asesoría jurídica de Tlachinollan y este Centro de Derechos Humanos presentó el año en curso el amparo 639 en el Juzgado Tercero de Distrito en Acapulco, argumentando el derecho a la salud y el origen indígena del agraviado, “un grupo vulnerable, de escasos recursos económicos”, condiciones comprobadas con constancias de estudios socioeconómicos y de pobreza.
El juzgado otorgó hace dos meses la suspensión “en el sentido de que se debe garantizar el acceso a la salud de manera gratuita”, es decir, el estado tiene los recursos suficientes para hacer la cirugía, entonces la institución de salud tiene que llevarla a cabo.
“Se le llama suspensión porque todavía no hay una sentencia”, puntualizó el abogado Téliz García.
La directora del Instituto Estatal de Oftalmología, Alejandra León Hernández, contestó que no podía hacer cirugías gratuitas porque los usuarios tienen que pagar de acuerdo con sus políticas.
Tlachinollan insistió y el juzgado “sigue persistiendo en que sí”, entonces el Instituto Estatal de Oftalmología programó la operación para este martes 30 de septiembre a las 8 de la mañana.
Victoriano Castro llegó a Acapulco dos días antes para hacerse estudios que le solicitaban, pero al acudir al Instituto Estatal de Oftalmología, el médico que lo atendió le dijo que no lo operaría hasta que pagara los 52 mil pesos, además lo acusó de “escandaloso” por promover el amparo y lo citó para al 15 de octubre.
“El gobierno del estado tiene que garantizar el derecho a la salud, más en estos casos de gente de escasos recursos económico, no está garantizando el derecho a la salud y sí corre peligro para este compañero, que no sea atendido y pierda totalmente la vista”, señaló Téliz García e hizo responsable al Instituto Estatal de Oftalmología del deterioro de la salud de Victoriano Castro.
El Juzgado de Distrito ya está enterado de la no realización de la cirugía y “lo que va a hacer, le va a poner una multa”.
Agustín Victoriano Castro es consejero de la comunidad de La Cortina, que pertenece a la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC.

 

Proponen al etnohistoriador Baltazar Brito para la presea Sentimientos de la Nación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos organizaciones sociales propusieron al promotor cultural Baltazar Brito Guadarrama, originario de Zacapoxtepec, municipio de Apaxtla de Castrejón, como recipiendario de la presea Sentimientos de la Nación que cada 13 de septiembre entrega el Congreso local.
Las agrupaciones Organización Guerrerense del Municipio de Apaxtla. Radicados en la Ciudad México, interior del país, y en el extranjero, así como Tlapa-Tlappan-Tlachinollan, Arte y Cultura Comunitaria, enviaron oficios por separado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local Yoloczin Domínguez Serna en los que piden que considere la propuesta del “gran promotor de la cultura dentro y fuera de este estado”, expuso la primera organización.
En el oficio de fecha 22 de agosto, firmado por los representantes de la organización, José Servando Lagunas y el general brigadier, médico cirujano, Ralph José Rodríguez Villalobos se argumenta que Baltazar “es una voluntad perseverante que, en relativamente poco tiempo, ha conseguido lo que a otros les ha costado una vida”.
Refiere que es licenciado en etnohistoria, maestro y doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM, y actualmente director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Añade que ha procurado rescatar y difundir la memoria indígena de nuestro país, “consciente de que en ella reside una buena parte de la diversidad cultural que caracteriza a los mexicanos”.
Resalta en su trayectoria que es “apasionado” de los testimonios pictográficos mesoamericanos, y que ha estudiado y publicado los códices Humboldt fragmento I, Azoyú I y Azoyú II, los tres elaborados bajo la tradición escrituraria que, en tiempos prehispánicos y coloniales, era utilizada por los antiguos pobladores de Tlapa-Tlachinollan.
De acuerdo a la agrupación Brito Guadarrama ha reconstruido parte de la historia política y económica de este lugar enclavado en la lejanía de la montaña guerrerense.
“Además de difundir este legado entre nuestros connacionales mediante libros, artículos e incluso exposiciones y entrevistas a distintos medios de comunicación, ha procurado que sea reconocido en el extranjero como parte del bagaje cultural de la humanidad”.
Refiere que otros de los códices “que han captado su interés y que también ha difundido no solo en nuestro país sino alrededor del mundo”, son los pertenecientes a la región poblana de Huejotzingo, así como los nombrados Boturini, Badiano, Tonalámatl de Aubin, Lienzo de Tlaxcala, Maya de México y Dresde.
Asegura que el conocimiento de nuestros ancestros ha sido llevado por Brito Guadarrama a estados como Tlaxcala “y lugares tan lejanos” como Irán, Polonia, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Panamá o Nueva York.
Añade que, en tanto, en México ha sido el artífice de las dos exposiciones de códices originales más importantes que se hayan realizado hasta el momento; la primera en 2014 en el Museo Nacional de Antropología y la segunda en el Museo Internacional del Barroco, en Puebla.
Subraya la agrupación que ha promovido la cultura dimanada de los pueblos indígenas y ha realizado un esfuerzo por garantizar el derecho a la cultura de un buen número de estas comunidades.
“En ese sentido, Baltazar Brito ha dotado de material bibliográfico a distintas poblaciones, entre ellas, Nochtepec, los 16 pueblos de Apaxtla de Castrejón, Acamixtla e incluso al Cereso de Chilpancingo, “uno de los espacios donde, generalmente el derecho a la educación suele ser marginado”.
Asegura que también ha llevado material para fundar o engrosar una biblioteca son Zacatepec, Amatlán, Oaxaca, Quiahuiztlan y varios pueblos más de Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
“Brito también ha centrado sus esfuerzos en recuperar y preservar el patrimonio documental y cultural de la nación. En ese sentido, contribuyó a repatriar los manuscritos de Luis de Carvajal, El Mozo, personaje virreinal que fue sentenciado a muerte por mantener un credo distinto al que predominaba en el siglo XVI, los cuales fueron robados del Archivo General de la Nación en la década de los treinta del siglo pasado y pretendían ser vendidos en 2017 por una conocida casa de subastas en Nueva York.
Por todo ello consideran que “es un digno merecedor de la presea Sentimientos de la Nación, pues con su labor contribuye sobremanera a la construcción de una sociedad igualitaria y democrática, donde el acceso y la difusión de nuestra memoria histórica contribuye a dotar de identidad y paz a todos los mexicanos”.
En el segundo oficio de Tlapa-Tlappan-Tlachinolan, Arte y Cultura Comunitaria, propone a Baltazar Brito Guadarrama, “en virtud de que se trata de un investigador y promotor cultural guerrerense, que ha destacado a nivel nacional e internacional por sus investigaciones y publicaciones sobre documentos pictográficos mesoamericanos y su labor de difusión de la cultura de los pueblos de México al rededor del mundo”.
El escrito que firma el presidente del colectivo, Alejandro Morales Ibarra, refiere que actualmente como Director de la Biblioteca Nacional del INAH Brito Guadarrama ha beneficiado a los pueblos para el rescate, protección y conservación de su patrimonio cultural tangible.

“La disposición y el trato, siempre atento a las necesidades de las solicitudes de los pueblos en la orientación, gestión, vinculación y apoyo directo, en relación a la defensa del cuidado y reconocimiento de la identidad comunitaria, hace que consideremos que el Dr. Baltazar Brito Guadarrama es justamente merecedor de recibir esta importante presea”.

 

Está abandonado el centro para mujeres indígenas que ordenó la Coidh en Ayutla, señala Tlachinollan

 

A casi 8 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la violación sexual de militares a la indígena Inés Fernández Ortega, en la que ordenó la instalación del Centro de Atención para la Mujer Indígena, la Infraestructura construida en Ayutla se encuentra abandonada y deteriorándose desde 2015, debido a que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió darle un uso distinto al ordenado por la Corte, pero la beneficiaria de la sentencia se opuso.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, (organismo que brindó acompañamiento al caso de la indígena), consultado vía telefónica declaró que el Estado mexicano incumplió la sentencia o cuando menos ha sido omiso y moroso para atender la medida de reparación ordenada por la Corte en el caso de Fernández Ortega.
La Coidh emitió la sentencia por el caso Fernández Ortega el 30 de agosto de 2010, por la violación sexual ocurrida el 22 de marzo de 2002 en la comunidad me’ phaa de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla.
En dicha sentencia la Corte estableció que el Estado mexicano facilitará los recursos necesarios para que la comunidad indígena de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, “de conformidad con lo establecido en el párrafo 267 de la presente sentencia”.
El 6 de marzo de 2012 el entonces secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, Alejandro Poiré Romero acudió a Ayutla a expresar una disculpa pública a Fernández Ortega en acatamiento a la sentencia, y entonces los gobiernos federal y estatal asumieron el compromiso con la víctima y con la dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), de poner en marcha el Centro Comunitario de Atención a las Mujeres como parte de la sentencia de la Corte.
El secretario Poiré Romero regresó a Ayutla el 11 de septiembre de ese año y colocó la primera piedra del Centro Comunitario que debió ser entregado y puesto en operación en 2015.
“La obra se terminó a principios del 2015, pero quedó abandonada, sin servicios de energía eléctrica y de agua y sin mobiliario, “todavía no alcanza a ser un centro comunitario con todos sus componentes y le hace falta mobiliario para la atención a las mujeres indígenas”, informó ayer Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos denunció que desde entonces ya no se le dio ningún seguimiento de los gobiernos federal y estatal. El gobierno estatal intentó en algún momento ponerlo en funcionamiento sin que tuviera las condiciones adecuadas y dignas.
“No se ha concluido como debe de ser, la infraestructura quedó inconclusa, quedó abandonada y se ha ido deteriorando el edificio, hay goteras, hay filtraciones de agua y no hay un seguimiento o mantenimiento. El inmueble se mantiene cerrado”, denunció.
Informó que hace dos años el gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación propuso que se trasformara en un Centro de Atención a las Mujeres Indígenas (CAMI) de los que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
La propuesta del gobierno federal fue desechada por la beneficiaria Inés Fernández quien acordó con las autoridades que haría llegar una propuesta para el funcionamiento del Centro a fin de que no se incumpliera lo que estableció en su sentencia la Coidh.
Barrera Hernández informó que la propuesta de la indígena la entregaron hace 8 meses a la Secretaría de Gobernación, y que se elaboró con base a experiencias de organizaciones que están empoderando a las mujeres pero que todavía no han tenido respuesta.
Dijo que Inés les hizo ver a las autoridades que el Centro Comunitario forma parte de una sentencia con el que se busca garantizar la atención digna a las mujeres indígenas, con componentes que impliquen una atención integral a las mujeres y que no es un proyecto que responda a otro tipo de necesidades, como sería el CAMI.
Barrera informó que el Centro incluye un albergue para niñas indígenas y que por lo mismo tiene otra finalidad.
“En la misma sentencia de la Corte establece que el Centro tiene que ver con una reparación comunitaria para las mujeres indígenas, lideradas por Inés Fernández que fue la víctima”, mencionó.
Pero dijo que como esto implica recursos financieros y se requiere de un modelo de financiamiento a nivel federal, mismo que tendría que ser a manera de fideicomiso para que se garantice el subsidio a este Centro, ha quedado estancada la negociación, y que el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en su propuesta de que se convierta en CAMI, “lo que implicaría que funcionarios de otras dependencias presten un servicio al Centro de Atención Comunitario”.
Para Barrera Hernández el gobierno federal está incumpliendo la sentencia de la Corte y quiere darle una cobertura al Centro, similar a la que hizo con Ciudad Mujer en Tlapa “que fue un proyecto grande y pionero de la Secretaría de Desarrollo Social, inaugurado por el presidente de la República pero que no funciona, está abandonado”, dijo.
Agregó que también el CAMI es un modelo obsoleto, sin compromiso con las mujeres indígenas y burocrático, “sólo para crear una imagen y generar estadísticas pero nada tiene que ver con una institución que las mujeres sientan y que realmente las apoye y se les proteja”, que es lo que se estableció en la sentencia de la Corte en el caso de Inés Fernández.
Insistió en que lo que quiere hacer el gobierno federal es que los funcionarios trabajen a “destajo” en las instalaciones del Centro y que solamente hagan presencia, pero que no den seguimiento a los casos. Advirtió que un modelo así no cumple las directrices que marcó la Corte Interamericana.
El defensor de derechos humanos expresó que el Centro no fue propuesto con esa finalidad, pero que el gobierno no quiere entender el espíritu que estableció la Corte Interamericana en su sentencia.
“Es una actitud de indiferencia, no quieren atender la esencia de la sentencia en la medida reparatoria, y no quieren apostarle a proyectos exclusivamente para las mujeres indígenas, lo que implica escuchar sus propuestas e invertir recursos para un funcionamiento adecuado”, advirtió.
Se quejó de que, mientras, el proyecto original está estancado y las instalaciones están abandonadas y deteriorándose por el incumplimiento de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal está supeditado a lo que ofrece el gobierno federal y éste le pide al estatal que lo resuelva, “y, como siempre, responde que no tiene recursos, por eso la solución que quieren darle es asignar el modelo de la CAMI y eso es inviable porque no está resolviendo la sentencia de la Corte”.
Denunció que las instalaciones están abandonadas desde hace más de dos años. Dijo que la obra quedó con acabados y pintura, “pero es sólo el cascarón, sin el mobiliario para funcionar”.
Mencionó que la obra debió haberse entregado en 2015 y que ese año debió funcionar.

 

 

Resolverá un juzgado civil la violación de soldados a Valentina, informa Tlachinollan

A 16 años de la violación de la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú y a ocho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano, el juzgado Séptimo de Distrito del estado resolverá el primer caso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos anunció que en los próximos días la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales emitirá una sentencia de primera instancia sobre la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú.
Antes del fallo de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, en noviembre de 2009, los casos en donde estaban involucrados militares los resolvía el Consejo de Justicia Militar (CJM), el Ejército juzgaba a sus elementos y las resoluciones no se hacían públicas o no se sabía si se cumplían.
El ataque a Valentina Rosendo Cantú ocurrió el 16 de febrero de 2002 en la localidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec en la Montaña alta de Guerrero y la Coidh dictó la sentencia del caso el 21 de agosto de 2010.
Tlachinollan mencionó que por la omisión de los tribunales nacionales la Corte fue la primera en dictar sentencia en el caso, así como en el de Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes lugares y circunstancias fueron torturadas sexualmente por militares el mismo año.
Subrayó que dado que la agresiones ocurrieron en un contexto de pobreza y discriminación, la Corte Interamericana creó la denominación “violencia institucional castrense.”
Destacó los casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional porque sentaron precedentes para el desarrollo del término “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual.
Asimismo indicó que tribunales de otros países toman como referente el caso de Valentina para exigir garantía a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a la protección judicial para todas las mujeres.
En el escrito Tlachinollan confió en que la sentencia del la jueza federal permita materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, que ha enfrentado bajo amenazas, hostigamiento y agresiones que impactaron su vida personal, familiar y comunitaria.
Destacó la oportunidad histórica del caso, porque se está a punto de resolver en el fuero civil el primer proceso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, y de aplicar los estándares emitidos por la propia Coidh sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente nacional.
Consideró que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo, “llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”.
Mencionó que la Ley de Seguridad Interior es cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y contradice el sentido de la sentencia de la Corte que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.
Como representante legal de Valentina Rosendo Cantú, Tlachinollan aclaró que hasta que no cuenten con sentencias firmes, con reparación en materia de justicia, la sentencia de la Corte no se considerará cumplida.

 

Después de 13 años donan terreno a la escuela indígena Emperador Cuauhtémoc en la capital

La primaria bilingüe Tláloc, ubicada en la colonia indígena y popular Emperador Cuauhtémoc, al sur de Chilpancingo, después de 13 años de estar en un terreno prestado, éste les fue donado por la activista Martha Sánchez Néstor, como responsable legal del Consejo Guerrerense, lo que permitirá que ya no dependan de las claves de otras escuelas y gestionar apoyos para la construcción del plantel ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Desde las 9 de la mañana del lunes, los alumnos de la primaria, junto con profesores y pobladores, se concentraron en el patio de la escuela, pues además se les festejaría el Día del Niño.
Antes del festejo y el evento cívico, en consulta, el integrante de la Comisión Colectiva de la escuela, Hugo Juárez Ocampo, expuso que “para la comunidad es muy importante, porque luego de 13 años de estar habitando el espacio, por fin se hace la donación del lugar para la escuela. La compañera Martha Sánchez Néstor, ex dirigente del Consejo Guerrerense, tuvo la sensibilidad de ver la importancia de ceder el espacio, y hoy se va a realizar en este contexto del Día del Niño, como un regalo”.
La escuela tiene 62 alumnos, en la modalidad de multigrado, pues cuenta con tres maestros y cada uno atiende dos grados.
La escuela ha dependido de las claves de tres escuelas, ubicadas una en Ayutla, otra en Acapulco y recientemente en Chilapa.
“Nosotros lo vemos como el inicio de la gestión para conseguir la clave de la institución y posteriorAmente los beneficios que otorga la SEP, como los edificios”, indicó Juárez Ocampo.
Recordó que han intentado tener una clave propia, para poder gestionar recursos, pero las autoridades educativas argumentan que necesitan el acta de donación, y este acto permitiría empezar con la gestión.
Por su parte, Sánchez Néstor indicó que el terreno que donaría a la SEG, de 3 mil 400 metros cuadrados, es un lugar que se ganó con la lucha de los pueblos del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, del cual era titular.
Expuso que ahora que habitaba la colonia, conoce de las carencias y necesidades que hay.
Abundó que sabe que es necesaria la donación del terreno para que la SEG pueda invertir en el plantel, como en el caso de la clave.
Dijo que después pasarán al proceso legal ante el notario, porque se requiere que la escuela se desarrolle.
Antes del acto cívico, los maestros cantaron Las Mañanitas a los alumnos, luego se repartió mole y pozole para festejar el Día del Niño.
Después se procedió al acto de entrega del acta de donación, junto con el croquis y medidas del terreno.

 

Termina la protesta en una primaria rural de Zihuatanejo; manda SEG al maestro faltante

Este martes, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió a la primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla, en la comunidad Buena Vista, municipio de Zihuatanejo, al maestro que hacía falta para atender al grupo de cuarto grado, por lo que los padres de familia aceptaron abrir el plantel y mañana miércoles toda la comunidad escolar regresará a clases.
Poco después de las 10 de la mañana de este martes, representantes de la delegación de los Servicios Educativos en Costa Grande, de las escuelas primarias rurales, llegaron a la escuela y presentaron al maestro Rigo Alberto Organiz López, como el docente que atenderá a los alumnos del cuarto grado.
Organiz López llega a esa escuela con un contrato que concluye en julio; sin embargo, todavía no lo ha firmado, por lo que los padres solicitaron a los funcionarios ahí presentes que le hagan llegar al profesor este documento, para que lo firme en la escuela y no tenga que trasladarse hasta las oficinas de esa dependencia, en Tecpan, ya que eso representaría que deje sin clases a los alumnos mientras acude a hacer el trámite.
Los padres agradecieron a las autoridades que hayan atendido su demanda, pero hicieron la observación de que en este ciclo escolar se va a jubilar una maestra y se volverán a quedar sin su reemplazo.

Hay un brote de fiebre tifoidea en el internado indígena de Tepecoacuilco, denuncian padres

 

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia del internado de San Gabrielito, en el municipio de Tepecoacuilco, denunciaron un brote de fiebre tifoidea, por el que a unos 30 niños los tienen aislados en cuarentena, a causa de las malas condiciones de la alimentación y el agua contaminada que les dan de beber.
En declaraciones vía telefónica por la tarde, una de las madres de familia informó además que les notificaron de la destitución del director Rafael Patricio Flores, señalado de diversas irregularidades.
Al consultar a la madre de familia, informó que iba saliendo del internado y con una voz de angustia que se le escuchaba, narró que hay una epidemia adentro del internado, a causa de las condiciones insalubres, “ahorita tenemos una epidemia, todos los niños están enfermos del estómago, con diarrea, manchas rojas y con temperatura”.
La madre de familia dijo que alcanzó a ver al menos a 30 niños que tenían en cuidados, “están tirados en la enfermería, ahí están todos los niños tirados. Los tienen encerraditos, porque están en cuarentena, casi todos los niños (129) están enfermos y tienen los mismos síntomas”, narró.
A pregunta hecha, dio a conocer que les informaron que para este día, irá una comisión de médicos y enfermeras del centro de salud de Tepecoacuilco, para tomar las muestras de sangre a los menores y hacer la revisión de los casos de los niños, para saber qué es lo que tienen.
La madre de familia pidió que envíen a médicos de la jurisdicción sanitaria ante la gravedad del asunto. Señaló que el brote de enfermedades, que creen es fiebre tifoidea, es a causa de la falta de higiene en la cocina y por el agua que se les da a los niños de un manantial, el cual creen que está contaminado, pues en las lluvias pasadas una barranca que arrastra aguas residuales se desbordó y llegó hasta ese manantial cercano al internado.
La madre informó que el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román, les notificó que se había dado de baja al director del internado, Rafael Patricio, y que en dos semanas estarían enviando al nuevo director efectivo.
De la auditoría al internado y la gestión de Patricio Flores al frente de la dirección de la escuela, del que estuvo al frente por tres años, la madre de familia dio a conocer que se les informó que la investigación seguirá su cauce, para conocer de las irregularidades que hicieron públicas y de muchas cosas que el director no ha informado de los recursos económicos y materiales que fueron enviados a la escuela.
Mencionó que solicitaron, además, la intervención del subsecretario Díaz Román, para que ayude en la gestión de recursos para la reconstrucción del internado que ha sido abandonado por muchos años.
La madre de familia, de la que se omite su nombre por el miedo que tiene a represalias del director, dijo que hace aproximadamente un año se autorizó un recurso importante para la rehabilitación del internado, pero que cuando los padres de familia pidieron cunetas al director, éste justificó que había gastado 100 mil pesos en “sobornos” y comidas para altos funcionarios, para que le entregaran el recurso; sin embargo, no les dio cuentas ni hizo la rehabilitación.
Indicó que hasta este jueves a pocos padres están mandando a sus hijos a la escuela, por la situación que prevalece, y solo están yendo cinco o seis niños por grupo.

 

Toman padres del internado indígena de Tepecoacuilco la SEG en Chilpancingo

Padres de familia del internado de San Gabrielito, donde se imparte educación primaria indígena, del municipio de Tepecoacuilco, tomaron la Dirección de Educación Indígena, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y bloquearon totalmente la Avenida del Sol frente a la puerta 2 de Casa Guerrero, para exigir la destitución del director del internado, Rafael Patricio Flores.
A las 8 de la mañana, los padres cerraron la dirección, ubicada en la colonia Haciendita, frente a Casa Guerrero, y ante la falta de atención de las autoridades a las 11:40 de la mañana bloquearon la avenida frente al acceso a la residencia oficial del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los padres pidieron la destitución del director porque acusan diversas anomalías, entre ellas que en noviembre de 2017 un niño sufrió abuso sexual de un maestro y no hubo justicia, que a raíz de esto sólo hay clases de 8 a 3 de la tarde y los niños se retiran a sus casas.
Asimismo, señalan que el director se ha quedado con el dinero de las becas de los alumnos, el internado está en malas condiciones y los niños no reciben buena alimentación.
En el lugar, los padres no quisieron dar sus nombres por temor a represalias, pero informaron que han solicitado la renuncia del director y las autoridades educativas no dan solución.
Indicaron que las anomalías iniciaron el año pasado, cuando un maestro llegó ebrio al internado y abuso sexualmente de un niño, y pese a las denuncias no se hizo justicia; además el profesor continúa dando clases.
Uno de los padres de familia informó que a raíz del percance, los padres decidieron llevar a sus hijos a la escuela de 8 de la mañana a 3 de la tarde, donde hay una matrícula de 129 alumnos.
También dijo que otro problema es la comida, porque a los niños sólo les dan frijoles con arroz, no tienen comedor y los baños están deteriorados.
Los padres recriminaron que desde 2017 se hicieron tres auditorías, de las cuales no conocen el resultado de ninguna.
Además, reprocharon que al internado acudió el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román, quien se comprometió solucionar el problema pero no cumplió, y ante la falta de respuesta decidieron protestar.
Al lugar del bloqueo llegó Emiliano Díaz Román, quien solicitó a los manifestantes integrar una comisión para escuchar las demandas. A las 12:20 del día los manifestantes retiraron el bloqueo.
Los padres informaron que las autoridades educativas se comprometieron analizar y resolver sus peticiones.

 

Muere mujer indígena con diabetes por falta de insulina en una casa de salud de Apango

Una mujer indígena identificada como Emilia Barrios falleció el pasado 13 de febrero luego de que en la casa de salud de la comunidad Tlamamacan del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango) no había insulina y sus familiares no encontraron ni al médico que la atiende, denunció en nombre de la familia de la víctima, Yoes Allende Montiel.
La tarde de ese martes la indígena nahua se sintió mal por su padecimiento de diabetes y sus familiares la llevaron a la casa de salud y ahí les dijeron que no tenían insulina ni algún otro medicamento para estabilizarla, minutos más tarde la mujer falleció.
Sus familiares aseguraron que los síntomas del “azúcar alto”  se los detectaron a tiempo y la trasladaron a la clínica para que le salvaran la vida pero además tampoco encontraron al médico y sólo la enfermera de guardia les informó que carecía del medicamento para atenderla.
Allende Montiel dijo que con una dosis de insulina se le bajarían los niveles de glucosa de la mujer. Agregó que Tlamamacan es uno de los pueblos más pobres de Mártir de Cuilapan y que según el INEGI el 33.23 por ciento de la población es analfabeta, el grado de escolaridad es del 1 primer año de primaria, además recriminó que las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) abandonen a la población a su suerte, al grado de que fallezcan por falta de medicamentos en las clínicas.
Por su parte la regidora de Salud, Edelmira del Moral Miranda argumentó que la presidenta municipal del Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez tiene responsabilidad en el desabasto de medicamentos porque no la ha respaldado en sus gestiones ante la Ssa para que se surta el medicamento y tampoco para el centro de salud de la cabecera municipal.
Informó que en Tlamamacan junto con el comisario municipal hicieron gestiones ante la Ssa para que la clínica de la localidad tuviera el servicio médico y les respondieron que les proporcionaban al médico además de medicinas pero que la presidenta municipal pagaría el salario del médico.
Denunció que la alcaldesa nunca les recibió los oficios y que tampoco hizo la gestión ante la Ssa para que la comunidad tuviera el servicio médico.
Recordó que la presidenta en su campaña política le prometió a la población de Tlamamacan un médico y una ambulancia, pero no les cumplió.
Consideró que “es vergonzoso e indignante” que la presidenta Felicitas Muñiz “se ande paseando en diversos lugares en camioneta del año y de lujo propiedad del Ayuntamiento mientras que en las comunidades la gente se muere por falta de medicinas”.
Señaló que como regidora de Salud no puede hacer nada porque no prosperan sus gestiones ante la presidenta, además aseguró que en lo que va de la administración sólo han tenido tres sesiones de Cabildo y que además ningún regidor maneja recursos, “Felicitas Muñiz Gómez toma, compra y dispone del dinero del Ayuntamiento como se le da la gana, sin respetar la ley y no hay autoridad que la obligue a cumplirla”.