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Costará más de 136 millones de pesos la clínica geriátrica que construirá el ISSSTE

Daniel Velázquez

La clínica geriátrica que se construirá en Acapulco tendrá un costo de 136 millones 655 mil 900 pesos, de acuerdo con el acta de fallo mediante la cual se adjudicó el contrato a la empresa Grupo Cosar S.A. de C.V. publicada en la página ComprasMX.
Funcionarios de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Guerrero informaron a los integrantes de la Comisión Intersindical Asociaciones Civiles y Derechohabientes del ISSSTE que este año se construirá una clínica geriátrica en Acapulco.
El proyecto ya fue licitado por el ISSSTE y tentativamente las obras debieron haber iniciado ayer 26 de mayo para concluir el 21 de diciembre de este año.
La clínica estará ubicada en la calle Andrés de Urdaneta número 7, donde anteriormente estaba la tienda del ISSSTE y donde se construyó una sucursal del Banco del Bienestar.
La empresa ganadora de la licitación, Grupo Cosar S.A. de C.V. será la responsable de realizar el “anteproyecto, proyecto ejecutivo y trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas para la remodelación y obra exterior de la Clínica de Atención Médica Geriátrica”, en Acapulco.
Es un “Proyecto integral modalidad mixta: proyecto a precio unitario y obra, equipamiento y mobiliario a precio alzado”, la cual tiene un costo de 117 millones 806 mil 810 pesos con 54 centavos más IVA de 18 millones 849 mil 089 pesos con 68 centavos, que suman 136 millones 655 mil 900 pesos.
Para el inicio de los trabajos, el ISSSTE entregará a la empresa ganadora el 30 por ciento del valor de la obra, y la constructora deberá presentar una póliza de seguro a favor del ISSSTE por el 10 por ciento del monto correspondiente a los trabajos de obra del contrato.
En el concurso participaron siete empresas: Grupo Cosar S.A. de C.V. fue la que obtuvo la mayor puntuación en la evaluación técnica y económica, las otras licitantes que no lograron el contrato fueron Arquitectura Oroz S.A. de C.V.; Diseño Ingeniería y Manufacturas, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo Frase, S.A. de C.V. y Máster Builder Valum, S.A. de C.V.; Infraestructura y Equipamiento en Salud, S.A. de C.V., en participación conjunta con Constructora Nona, S.A.P.I. de C.V.; Integmev, S.A. de C.V.; Lidgar de México, S.A. de C.V.; OOCS Ourense Organización, Construcción y Servicios, S.A. de C.V.

 

Confirma el ISSSTE que el Hospital de Alta Especialidad subroga las hemodiálisis

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El ISSSTE Guerrero confirmó en su cuenta oficial de Facebook, que el hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) continuaba subrogando servicios de hemodiálisis, pero no obedece a intereses ajenos a la institución, sino la necesidad de garantizar la continuidad ininterrumpida de los tratamientos, a los pacientes renales.
En respuesta a una publicación de El Sur del 21 de febrero, donde trabajadores de manera anónima denunciaron que para el primer trimestre de 2026, el HRAE del ISSSTE en Acapulco volvió a contratar los servicios del hospital Santa Lucía para brindar este servicio, no obstante las destituciones de dos directivos que habrían incurrido en irregularidades para suscribir el convenio de 2025, así como en la contratación de empleados y falta de suministros.
Además de que el hospital cuenta 50 equipos de hemodiálisis y seis de diálisis desde su apertura.
En el escrito fechado el mismo 21 de febrero, en línea, apela al derecho de réplica para responder a la nota en cuestión, donde señala que el instituto se encuentra en proceso de contratación de personal especializado para la operación de los equipos de hemodiálisis.
Sobre la subrogación de servicio, indicó que no responde a intereses ajenos de la institución, sino a la responsabilidad de garantizar la continuidad ininterrumpida de los enfermos renales, que no puede suspenderse en ninguna circunstancia.
Asimismo, dijo que son infundadas las acusaciones contra el personal, que carece de sustento documental y no corresponde a los procesos administrativos que se llevan a cabo, en apego estricto a los criterios legales, respecto a la enlace del director de Administración y Finanzas, Omar Butrón Fosado, Mariana Isabel Álvarez Juárez, que asumió como encargada de la subdirección Administrativa del HRAE, en sustitución de Javier Galeana Maya, y la jefatura de la Delegación Administrativa en la oficina de representación en Guerrero, que dejó Jaime Enrique Gil Manjarrez Giles. De acuerdo con la versión de los denunciantes, sigue protegiendo intereses y estructura de un grupo político en el instituto, vinculado al excandidato a la alcaldía de Acapulco, Yoshio Ávila.
Se advierte que el ISSSTE Guerrero no negó que haya firmado un convenio con el hospital privado Santa Lucía, como dice la nota del sábado 21 de febrero y señalaron las fuentes de manera anónima, lo cual se daba por sentado.
Sin embargo lo desmintió el mismo hospital, y ahora no se sabe qué empresa lleva a cabo las hemodiálisis para el HRAE.

En 2026 aún no tienen contrato, aclara Santa Lucía

Por separado, el administrador adjunto del hospital Santa Lucía desmintió que haya algún contrato firmado con el ISSSTE para el primer trimestre de 2026, como indica la nota de El Sur.
Vía telefónica explicó que en la nota mencionan un contrato del ISSSTE con Santa Lucía que ni siquiera se ha firmado.
No descartó que se vaya a dar una ampliación a los servicios que prestaron en 2025, pero a esta fecha no existe contrato para el periodo del primer trimestre del año.
Advirtió que en diferentes momentos se han publicado notas sobre la contratación de servicio de hemodiálisis al hospital privado, que implican actos de corrupción, que negó rotundamente.
Indicó que las licitaciones y contrataciones del ISSSTE se llevan a nivel central y son decisiones ajenas al prestador de servicios.
“El hospital Santa Lucía lleva 25 años trabajando en Acapulco, siempre se le ha apoyado tanto al ISSSTE como al IMSS en los eventos catastróficos que ha sufrido Acapulco. Han tenido las puertas abiertas cuando han tenido que cerrar sus hospitales. Entonces, las publicaciones que han sacado, no corresponden a la realidad”.
Del total de los servicios subrogados en 2025, sólo mencionó que han sido variable, porque los contratos se otorgan con un techo que a veces no se alcanza, justamente porque el número de pacientes varía. Explicó que algunos no siguen tomando los tratamientos por fallecimiento o cualquier otra circunstancia, como cambio de domicilio, y se agregan otros pacientes en el transcurso del tiempo de los contratos y justamente por eso se otorga un techo presupuestal.
Conforme avanza el contrato, mes a mes se presentan las facturas, y se hace la suma correspondiente.

Paran patrullas de la SSP en plena contingencia; venció el contrato con la empresa arrendadora

Argenis Salmerón

La mayoría de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal del programa Fuerza Acapulco, fueron concentradas, porque venció el contrato de la arrendadora y solamente funcionan siete en cada una de las tres direcciones de 100 en total.
Patrullas de la Policía Preventiva, Vial, Turística y tres ambulancias del Centro de Urgencias Médicas de Acapulco (CUMA) se encontraban estacionadas en calles aledañas a la Secretaría de Seguridad Pública, en la colonia Progreso.
Las direcciones de la corporación policiaca son: la Policía Preventiva, Policía Vial, Policía Turística, y las cuatro ambulancias del Centro de Urgencias Médicas de Acapulco.
En declaraciones a reporteros, afuera de la Secretaría Seguridad Pública, policías dijeron que solamente trabajan siete patrullas para cada dirección.
Aseguraron que las patrullas a más de un año se dañaron de marchas, alternadores y suspensión, incluso hasta llantas ponchadas y la empresa tardaba más de un mes para reponerlas.
Precisaron que hay siete patrullas por cada dirección en las policías Preventiva, Vial y Turística y una ambulancia del CUMA.
Manifestaron que las pocas patrullas están trabajando para ayudar en la contingencia del huracán John.
Afirmaron que los directores actuales de cada dirección les comentaron que posiblemente en esta administración se devuelvan las patrullas.
El 19 de abril del año pasado, la alcaldesa Abelina López Rodríguez y el entonces canciller y ahora senador, Marcelo Ebrad Casaubón, dieron el banderazo de las 100 patrullas y cuatro ambulancias como parte de la estrategia de seguridad pública Fuerza Acapulco.
El pasado 25 de abril del 2023, el ex secretario General del Ayuntamiento, Juan José Ayala Villaseñor, informó que el Ayuntamiento paga a la empresa arrendadora casi 2.5 millones al mes, o sea 24 mil pesos por patrulla, y que se contrataron 104 vehículos.
Añadió que las patrullas se rentaron para recorridos de seguridad y operatividad de cada área de la SSP municipal.
Indicó que la empresa que rentó las patrullas de la corporación policiaca se llama Casanova Vallejo, originaria de la Ciudad de México,
En septiembre hubo 60 muertos en Acapulco, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un recuento de El Sur.

Faltan dos maestros en escuela primaria de La Unión y la SEG no los atiende, se quejan padres

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Padres de familia de la primaria Hermenegildo Galeana, ubicada en la comunidad El Rincón de Cucharatepec, en La Unión, denunciaron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), no ha enviado a los dos maestros que hacen falta, pues a los actuales no les renovaron su contrato y ya no les están dando clases a sus hijos.
Este martes, vía telefónica, una de las madres de familia de ese plantel, ubicado en la zona rural poniente del municipio de La Unión, a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal, lamentó que las autoridades educativas han hecho caso omiso a su demanda de que les envíen a los maestros o en su defecto, que les renueven el contrato a los que ya estaban desde el ciclo escolar pasado, “pero ni una cosa ni la otra”.
Dijo que al inicio del ciclo escolar, los profesores de tercero y sexto grado mostraron su disposición de continuar trabajando con los alumnos, pese a que la SEG no les renovó el contrato, “nosotros, como padres de familia, hicimos el compromiso de que al menos los íbamos a apoyar con los alimentos, pero por más que ellos tengan la disposición, tienen familia a la cual mantener. Por eso ya no dan clases toda la semana, nomás dos días y el resto, los padres les mandamos las tareas de manera virtual por internet”.
Agregó que, “había un maestro que estaba de incapacidad médica desde el año escolar pasado, pero él ya regresó, pero sigue enfermo, está muy malo de su garganta. Apenas puede hablar y la verdad es que sí necesitamos que las autoridades lo cubran, porque su estado de salud no es bueno”.
“A nombre de los padres de familia y de los alumnos de la primaria Galeana seguimos haciendo un llamado pacífico a las autoridades de la SEG, para que resuelvan la situación de estos tres maestros, porque queremos clases presenciales para nuestros hijos. Hasta ahorita hemos sido respetuosos y pacientes, pero si no tenemos respuesta en esta semana, no nos van a dejar de otra que ir a La Unión a tomar (las oficinas de) Finanzas como lo hicimos hace dos años”, apuntó.

 

Piden trabajadores de contrato del Capasits su basificación en el IMSS-Bienestar

Ramón Gracida Gómez

Trabajadores de contrato del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Acapulco demandaron la basificación en el programa IMSS-Bienestar porque cumplen con todos los requisitos, pero la transición no ha ocurrido porque el centro fue declarado como unidad no transferible.
Denunciaron que a principios del año pasado les prometieron que iban a ser transferidos al nuevo sistema federal, pero no pudieron iniciar el proceso porque la federación argumentó que el gobierno del estado no incluyó a Capasits en la lista de unidades transferibles, e indicaron que sus compañeros de otras unidades como Capasits de Chilpancingo, Banco de sangre, Servicio Médico Forense (Semefo), Jurisdicción Sanitaria y Laboratorio estatal, viven la misma situación.
Les quitaron el contrato federal y pasaron a uno estatal, esto representó una reducción de 50 por ciento de su salario, y nunca han tenido prestaciones laborales pese a que su trabajo representa un riesgo al tener contacto con pacientes con infecciones transmisibles; y no tienen ni papel de baño ni cubrebocas.
Bajo condición de anonimato por temor a represalias, trabajadores de Capasits de Acapulco contaron ayer a El Sur que en enero de 2023 les dijeron que iniciaría el proceso de basificación en el IMSS-Bienestar, el cual implica hacer exámenes médicos, sicológicos y sicométricos.
Son ocho trabajadores de contrato que buscan ser transferidos al Órgano Público Descentralizdo (OPD) creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el propósito de mejorar el sistema de salud del país, y en el que destaca la basificación de trabajadores de salud de los estados que han firmado el convenio con la federación.
Entre los perfiles laborales de Capasits de Acapulco se encuentran médicos, sicólogos, odontólogos, enfermeras y administrativos; el personal médico iba a ser el primero en entrar al proceso de basificación, luego el paramédico y por último el personal administrativo.
Tres trabajadores iniciaron el proceso de basificación, pero no culminó, esperaron y fue en septiembre pasado que en la federación les dijeron que el Capasits está considerado como una unidad no transferible dentro de la lista que el gobierno del estado le entregó al gobierno federal para las unidades de salud que serían transferidas al IMSS-Bienestar.
A su vez, el gobierno del estado les dijo que fue la federación la que no entregó el presupuesto suficiente para cubrir las plazas necesarias para basificar a los trabajadores de salud de Guerrero dentro del programa del IMSS-Bienestar.
Luego les argumentaron que no cumplían los requisitos para obtener las nuevas plazas federales como la antigüedad mínima que era de dos años, pero el trabajador más reciente del Capasits tiene casi tres años formando parte de la plantilla de esta unidad de salud y la más antigua suma 14 años; y cuentan con cédula profesional, otro de los requisitos.
Otro es que laboren en una unidad de atención, pero el Capasits es considerado como tal porque los trabajadores reciben a personas con distintas enfermedades de transmisión sexual, como son el VIH y otros padecimientos como tuberculosis.
Un “pero” más fue que el Capasits contara Clave Única de Establecimientos de Salud (Clues), que sí es el caso; finalmente les argumentaron que sólo podrá ser basificado el trabajador de la rama médica o paramédica, pero también cumplen con ello.
Mientras transcurría el posible proceso de adscripción al IMSS-Bienestar el año pasado, los trabajadores de contrato de esta unidad de salud pasaron de tener un contrato federal a uno del gobierno del estado, lo cual consideran un “engaño”, porque les dijeron que sólo duraría tres meses, mientras conseguían la basificación.
El cambio de contrato causó que el 50 por ciento de su salario fuera reducido, lo cual mermó aún más sus condiciones laborales; en ninguno de los dos sistemas en los que han estado, federal y estatal, han disfrutado de prestaciones laborales, como atención médica, vacaciones y aguinaldo.
Los trabajadores del Capasits enfatizaron que son personal de “alto riesgo”, es decir, que su trabajo expone su salud personal porque tienen contacto cercano con personas con infecciones transmisibles, y es que realizan, entre otros servicios, pruebas de sangre.
Uno de los ocho trabajadores de contrato comentó que se tuvo que operar “por fuera” porque no cuentan con seguridad social, y por lo mismo tienen que comprar medicamento externamente.
Su inestable condición laboral también se origina por lo mismo de que son trabajadores de contrato; cuando eran de contrato federal, éste duraba cuatro, cinco o hasta seis meses nada más y cuando se acababa, tardaban otros tres o cuatro meses para ser nuevamente contratados.
Afirmaron que no son los únicos trabajadores de salud de Guerrero que viven la misma incertidumbre laboral de no ser basificados por el IMSS-Bienestar, así están en el Capasits de Chilpancingo, donde contabilizaron al menos siete compañeros con este problema, y también en otras unidades como Banco de Sangre, Semefo, Jurisdicción Sanitaria y Laboratorio estatal.
Además, la transición al nuevo sistema de salud federal ha ocasionado que la cantidad de los medicamentos sea más limitada, por lo que sólo pueden dar recetas y los pacientes tienen que gastar al menos 500 pesos por sus medicinas; y a veces no tienen ni papel de baño ni cubrebocas.
Capasits, creada el 10 de agosto de 2007 atrás del Instituto Estatal de Oftalmología, en Ciudad Renacimiento, y con una plantilla de 14 trabajadores, atiende diariamente a 50 personas en promedio, normalmente no derechohabientes de una institución; ricos, pobres, reos del Cereso y hasta personas en situación de calle.
En la entrada de la avenida Juan R. Escudero se encuentra una manta colocada después del paso del huracán Otis –que los dejó sin agua y luz hasta principios de diciembre– que dice: “El Personal eventual Operativo del Capasits Acapulco estamos trabajando bajo protesta de inconformidad al ser excluidos en el proceso de basificación IMSS-Bienestar.
La secretaria de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez, denunció el martes que el IMSS-Bienestar se llevó todo el presupuesto asignado a los hospitales, por lo que no hay material y equipo para atender a los pacientes; además hacen falta más de 3 mil trabajadores de contrato en ser basificados en el programa federal.

 

Cablera no da servicio desde Otis y cobra hasta 2 mil pesos por cancelar el contrato, señalan

Karina Contreras

Usuarios del servicio de cable Izzi denunciaron que desde el huracán Otis no se ha restablecido la señal y dicha empresa para cancelar los contratos les quiere cobrar 2 mil pesos, mientras que la empresa telefónica Telmex sigue sin retirar los cables en varias partes de la ciudad que cayeron ante el paso del huracán Otis.
También en la ciudad siguen los problemas de la recolección de basura y la falta de agua, así como los constantes apagones del servicio eléctrico en colonias como la Emiliano Zapata. La señora Paola informó que en la colonia Cuauhtémoc desde el huracán Otis no tienen señal de cable ni Internet mientras que el agua le llega tandeada.
Por su parte la señora Maribel de la etapa 9 de la unidad habitacional El Coloso tienen problemas con el agua y explicó que en su etapa le tiene que llegar martes, jueves y sábado, pero hasta esta semana ya son tres tandeos que no les llega. Otra vecina de Puerto Marqués informó que se cambió a la empresa Telmex porque Izzi, con quien tuvo el servicio varios años, no le resolvió la falta de Internet y ya empezó a cobrarles la factura de noviembre y diciembre lo que no se le hizo justo porque desde el huracán Otis no tenía el servicio. En el área del Centro tampoco ha regresado la señal de esa empresa de cable.
Por su parte el señor Erminio Olea manifestó en su casa en la colonia Ciudad Renacimiento, en el andador Juxtlahuaca, no tiene la señal Izzi y “los miserables de Izzi me obligan a seguir con ellos o les pague 2 mil pesos para terminar el contrato” y señaló que la mayoría de sus vecinos tienen Telmex y ya tienen cable e Internet. Otra queja manifestó es el abuso de los taxis colectivos que están cobrando 30 pesos, pero nada más hasta la tienda departamental Sears no al Cine Río.
Otra queja contra Izzi es en la zona de Las Anclas donde tampoco hay servicio de Internet.
La recolección de basura es otro problema porque los vecinos se quejaron que desde hace dos semanas el camión no pasa por la calle Soto la Marina de la colonia Progreso y en el contenedor de la colonia Pancho Villa no dejan tirar basura, antes el pretexto de que era escombro, pero ahora no dejan tirar nada. Mientras en la calle Fortín del Centro tampoco llega la recolección de la basura y los vecinos tienen que pagar a los pechugueros para que se lleven los desechos.
Mientras en varias calles se ven cables tirados de empresas como Telmex y que están ahí desde el impacto del Otis el 25 de octubre del año pasado. En la calle Ometepec de la colonia Bocamar no tienen agua desde hace varias semanas.

 

Lo contrataron para ser guardia en la convención minera y no sabe si cobrará, denuncia

Gaspar Parra fue contratado para trabajar como guardia de seguridad privado durante la Convención Minera, tres días: martes, miércoles y jueves. Sólo trabajó un día, el martes, el día del huracán y no sabe si le van a pagar el día que trabajó o por solidaridad, los tres días que lo habían contratado.
En la colonia La Máquina, donde vive, dijo que en su contrato le dijeron que le pagarían el viernes por los tres días trabajados. Contó que el viernes 27 de octubre, en la mañana, acudió al Forum pero encontró todo cerrado y las taquillas destrozadas, y no había ningún aviso de pago a los trabajadores provisionales.
Con esperanza, dijo que seguramente a su teléfono le avisaron donde le pagarían el día trabajado, pero como es de Movistar y no hay señal, pues no hay forma de localizarlo.
Se quejó de que las personas mayores de 40 años ya no encuentran trabajo en Acapulco, que son discriminados y sólo logran trabajos provisionales, y en temporada de vacaciones. Lamentó que este diciembre no habrá trabajo en Acapulco, porque todo está cerrado a consecuencia de los saqueos. (Daniel Velázquez).

 

Se rescindiría el contrato de los paristas en los laboratorios de Acapulco, informa la UAG

Karina Contreras

El coordinador de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Felipe de Jesús González Moso, informó que se ha iniciado un proceso para rescindir el contrato de los trabajadores de los Laboratorios de Análisis Clínicos.
González Moso señaló que diez veces han sido atenidos por funcionarios de la administración central, para buscar acuerdos, a los que no se ha podido llegar.
Añadió que también el lunes pasado iban a ser recibidos por el rector Javier Saldaña Almazán y los trabajadores no llegaron, cuando es algo que han estado pidiendo. Indicó el responsable jurídico que se “procedió a iniciar un juicio, dado que el paro no fue autorizado por el Centro Federal de Conciliación ni el STAUAG, por lo que el paro como tal es ilegal. Entonces, se procedió de manera legal y, obviamente, va hacia la rescisión del contrato de esos compañeros”.
En declaraciones telefónicas, se le preguntó al funcionario sobre qué va pasar con los trabajadores si se desaparece ese centro de trabajo, y respondió que debe haber un compromiso mayor, que a los trabajadores no se les va afectar en sus derechos laborales ni humanos. Indicó que va pasar como lo que pasó con los laboratorios de Ometepec y Taxco, donde los trabajadores se tendrán que reubicar.
Al abogado se le dijo que entonces cuál es el fondo de los paros de labores que hay en la UAG, como en los laboratorios y ahora en el comedor universitario, y dijo que tiene que ver con la presión a la administración, para la designación de los encargados.
Indicó que en el caso de los laboratorios, los que tienen el paro de labores han dirigido el área desde 2006, cuando llegó el rector Arturo Contreras, y siguieron con Ascencio Villegas y con Javier Saldaña, “hoy, casualmente se dan cuenta que les hace falta cosas, cuando en realidad se quitó lo del certificado médico como requisito a los estudiantes, por el pésimo servicio que le daban a los estudiantes”.
El funcionario del área jurídica dijo que otras presiones sobre la mesa, es que el rector Javier Saldaña les dé la coordinación de la Zona Sur a sus líderes, aunque el abogado no quiso especificar exactamente a qué grupo pertenecen los de los laboratorios, y que ese es el fondo del asunto y por eso tomaron las oficinas.
Sobre el apoyo de la delegación de la Preparatoria 17, que encabeza Guadalupe Saligán, el abogado dijo que es quien anda “alentando el paro” y tiene un juicio, iniciado por un joven de la diversidad sexual desde hace 10 años, en el Consejo Universitario y el “cual se va a revisar”. Recordó el funcionario que el joven había denunciado discriminación por su condición sexual, aunque no quería decir que fue por ello, el joven se suicidó.
El responsable jurídico dijo que la instrucción del rector Javier Saldaña es atender las demandas de los trabajadores, pero los “puestos en la administración no están a negociación a condición de los paros. Los puestos se ganan en campaña y con base en perfiles y compromisos”.
Dijo que en el caso de los laboratorios se va proceder en lo que determine la ley, pues se llevará a las instancias legales y que ya la coordinación de Asuntos Jurídicos está trabajando en ello, “se va proceder con lo que establece la ley”.
Indicó que, para que no desaparezca ese centro de trabajo, debe haber un compromiso real, pues el rector Javier Saldaña ha dicho que debe ser un área sostenible, como los laboratorios de Chilpancingo, que con sus propios recursos que le ingresen, con los precios más bajos, pueda ser sostenible y reiteró que ha habido muchas quejas de los estudiantes por el pésimo servicio que dan.
Sobre el paro de labores en el Comedor Universitario, el coordinador de Asuntos Jurídicos de la UAG, Felipe de Jesús González, dijo que la administración central no se va a dejar presionar y que se debe a que ellos quieren decidir quién sea el jefe y “ahí tampoco está en negociación”.

El funcionario dijo que el fondo de ese paro de labores es que el delegado sindical, Osman Torres, quieren que le contraten a uno de sus hermanos y recordó que el lunes el rector los iba a recibir y no quisieron.
Añadió que como área jurídica ellos van atender el tema, porque con ese cierre del comedor están afectando a los estudiantes y es un asunto muy delicado, que atenta contra los derechos humanos y universitarios de los jóvenes de la UAG, que acuden al comedor y no por la “ambición del delegado se va afectar a la comunidad universitaria”.

Paga el gobierno estatal 5 millones 450 mil por 15 minutos de pirotecnia en el Grito

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno estatal pagó a la empresa Lunatrón S de RL de CV, 5 millones 450 mil pesos por cinco minutos de detonación de pirotécnica la noche del 15 de septiembre, con motivo del 213 aniversario de la Independencia de México.
El dato se obtuvo del contrato de adquisición, del que El Sur tiene una copia, y que firmaron funcionarios del gobierno estatal con el representante de la empresa, de la que no se tienen antecedentes pero que, en el mismo documento, se anota que se constituyó el 9 de septiembre del 2021, un mes y días antes de la toma de posesión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el 15 de octubre.
El gasto rebasa con mucho a lo que erogó el Ayuntamiento de Chilpancingo, que por 15 minutos de pirotécnica pagó 65 mil pesos, según informaron funcionarios municipales; sin embargo, en este caso no se tiene el documento.
El contrato, firmado por el subsecretario de Finanzas y Administración, Ricardo Salinas Méndez; por el director de Servicios Generales de la misma dependencia, Mario Alberto Francisco Estrada, así como por un representante de la empresa Lunatrón, cuyo nombre viene tachado en el documento, se establece que “para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se encuentra debidamente autorizada la partida 3821 (gastos de orden social y cultural), de conformidad con el decreto 424 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2023”.
En una de las cláusulas, el gobierno establece que “es su voluntad celebrar este contrato con el proveedor para la adquisición de juegos artificiales, para la conmemoración del 213 aniversario de la Independencia de México”.
El contrato se firmó por la cantidad de 4 millones 698 mil 275 pesos, más 751 mil 24 pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que la cantidad pagada asciende a 5 millones 450 mil pesos.
En el documento, el proveedor se obliga a entregar los fuegos artificiales a la Dirección de Servicios Generales de Finanzas, así como a realizar las actividades de montaje y operación de los mismos para la ceremonia de la Conmemoración del 213 aniversario de la Independencia de México, la noche del 15 de septiembre pasado.
El contrato establece que el gobierno estatal se obliga a pagar el 50 por ciento del monto total antes de la ceremonia y la empresa se compromete a prestar los servicios de pirotecnia, “con una duración de 4 a 5 minutos”.
Se buscó más información de la empresa y de sus propietarios por internet, sin embargo, no existen antecedentes.
En el mismo contrato se asienta, en una de las cláusulas, que la empresa se constituyó el 9 de septiembre de 2021, es decir, un mes y seis días antes de la toma de posesión de la gobernadora Salgado Pineda.
De la constitución de la empresa, según se asienta en el contrato, dio fe Gregorio Alejandro Gómez Maldonado, Notario Público Número 1 del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Novena Demarcación Notarial del estado de Morelos.
De acuerdo con el documento, la empresa tiene su domicilio “para todos los efectos legales derivados de este instrumento, ubicado en el bulevar Cuauhtémoc, número exterior 103, número interior torre B 204, colonia Lomas de Cortés, Cuernavaca, Morelos”.
La gobernadora Evelyn Salgado vivió muchos años en esta ciudad con sus hermanas y su mamá María de Jesús Pineda Echeverría. En Cuernavaca Evelyn Salgado estudió en la Universidad Lasalle, y se sabe que a funcionarios de su staff los conoció en la capital de Morelos.
El contrato fue solicitado por un particular a la Unidad de Transparencia de la Sefina, mediante oficio 120206323000323, de la Plataforma Nacional de Transparencia.
De acuerdo con funcionarios del Ayuntamiento de Chilpancingo, el servicio de pirotecnia que la comuna contrató para la misma noche del 15 de septiembre, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, tuvo un costo de 65 mil pesos y una duración de 15 minutos, es decir lo triple, comparado con lo contratado por el gobierno estatal.
Lo que el gobierno estatal quemó en cinco minutos de pirotécnica, rebasa el presupuesto de este año del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es de 3 millones 975 mil pesos, según el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2023.
El gasto también supera el presupuesto destinado al Consejo Estatal del Café, que ejerce este año 5 millones 258 mil pesos, e igualmente fue mayor al presupuesto asignado a la Escuela de Parteras Profesionales de Guerrero, a la que le aprobaron 4 millones 597 mil pesos.
Los 5 millones 450 mil pesos gastados en pirotecnia por el gobierno estatal, también son mucho más que el presupuesto del Fondo de Apoyo a la Micro Empresa de Guerrero, a la que le asignaron este año 3 millones 347 mil pesos; también rebasa el presupuesto destinado a la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, a la que le aprobaron 5 millones 66 mil pesos.

Toman cetegistas las oficinas de Finanzas de la SEG; exigen la recontratación de maestros

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la Subsecretaría de Finanzas y Administración, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir recontrataciones de maestros.
Minutos antes de las 8 de la mañana, unos 30 cetegistas bloquearon la calle Capitán Julio Calva, donde están las oficinas. Ahí instalaron casas de campaña y colocaron pancartas con sus peticiones.
Los cetegistas, que encabeza Héctor Torres Solano, dijeron que a 120 maestros no se les ha renovado su contrato, por lo que unas 30 escuelas están cerradas, principalmente en la región Montaña.
El integrante de la comisión de enlace de la CETEG, Jaime Gálvez, informó que acordaron movilizarse para que la Subsecretaría de Finanzas de la SEG, que encabeza Alejandro Moreno Lira.
Manifestó que a los docentes que no les renovaron sus contratos, “son los que más han sufrido, porque laboran en las comunidades más alejadas del estado, llevan hasta siete años cubriendo”.
Jaime Gálvez dijo que el problema se centra en educación indígena, porque debido al proceso de cambios, la SEG no repuso a los docentes, “por lo que miles de alumnos se quedaron sin clases”.
Los inconformes colgaron una lona, en la que también exigieron la incorporación al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la construcción del hospital del ISSSTE y aumento salarial. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).