El secretario del Bienestar del gobierno del estado, Pablo André Gordillo Olivares, y el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, coincidieron en que los programas federales impactaron en la disminución de la pobreza en el estado, así como que la clasificación de Zona de Atención Prioritaria (ZAP) para los 85 municipios permite que se mantengan los programas.
El pasado viernes, en el Diario Oficial de la Federación se emitió la declaratoria de que en Guerrero los 85 municipios del estado están clasificados como Zonas de Atención Prioritaria, rural y urbana.
La clasificación a los municipios del estado es porque tiene un alto o muy alto grado de marginación, tienen alto o muy alto grado de rezago social y mas del 15 por ciento de su población vive en pobreza extrema.
Consultados por separado, el secretario del Bienestar y el delegado federales destacaron los programas sociales como acciones que ayudan a mitigar las condiciones de rezago y pobreza en los 85 municipios del estado.
La declaratoria, reafirma la urgencia de continuar coberturas: Gordillo
Vía telefónica, Pablo André Gordillo Olivares recordó que en 2025 fueron 78 municipios del estado los que clasificaron como Zonas de Atención Prioritaria y sostuvo que la clasificación de los 85 municipios en esta categoría “no significa un retroceso, sino la aplicación de un criterio técnico previsto en la Ley General de Desarrollo Social”.
Abundó que algunas condiciones para declarar a un municipio como Zona de Atención Prioritaria es que sea con mayor población indígena o afromexicana o ser de nueva creación como los casos de Las Vigas, Ñuu Savi, Santa Cruz del Rincón y San Nicolás.
“Esta medida no implica un retroceso, sino que responde a condiciones estructurales de desigualdad históricamente acumuladas y que hoy se atienden con políticas públicas concretas”.
“Esta declaratoria nacional reafirma la urgencia de continuar ampliando coberturas, optimizando recursos y fortaleciendo las capacidades institucionales. Desde esta Secretaría mantenemos firme el compromiso de que cada peso invertido se traduzca en inclusión, equidad y desarrollo con justicia social”.
El secretario de Bienestar en la entidad indicó que “en 2024 más de 5 mil cien personas accedieron al programa de vivienda digna; se programó una inversión superior a los 232 millones de pesos para nuevas acciones habitacionales; más de mil 500 familias recibieron apoyo emergente, y más de 20 mil mujeres han sido acompañadas con el programa Tarjeta Violeta. Hoy, el bienestar en Guerrero es una política pública con resultados verificables.”
Junto a los programas sociales del estado, el secretario indicó que también se llevan a cabo acciones culturales, sociales y comunitarias para fortalecer el tejido social.
“Desde la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero asumimos con responsabilidad la reciente declaratoria federal que considera a 80 municipios del estado como Zonas de Atención Prioritaria para el presupuesto 2026”; la declaratoria considera los 85 municipios del estado.
Se priorizan la Montaña, Costa Chica y zona Centro: Hernández
El delegado federal Iván Hernández sostuvo que las acciones de la federación “se focalizan” en los municipios clasificados como Zonas de Atención Prioritaria y Guerrero tiene “buena cobertura” en los programas sociales con aproximadamente millón y medio que reciben algún beneficio.
“La cobertura está mas focalizada en regiones como la Montaña, Costa Chica, y la Zona Centro conocida como Montaña Baja y vamos a mantener esa priorización”.
Dijo que el impacto de los programas federales es la disminución de la pobreza en la entidad y de quienes viven en pobreza extrema hubo una reducción del 5 por ciento; “esto, sin duda alguna, se debe en muy buena medida a los programa sociales”.
Consultado de que el impacto de los programas sociales ya dio lo que podía dar y se mantiene el rezago en la entidad, el delegado respondió que no porque hay programas como Sembrando Vida en el que los beneficiarios reciben una transferencia en efectivo del gobierno, pero ya van a empezar a producir porque cuentan con un capital con árboles frutales y maderables que se venderán a precio de mercado y “no solo se van a quedar con los ingresos del programa sino que además ya tienen un capital importante en sus parcelas”.
Agregó que este año empezó la aplicación de un nuevo programa para atender el rezago en municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, quienes podrán decidir en qué se van a ejecutar esos recursos para abatir el rezago en esas comunidades. “Estoy convencido que aún seguirá habiendo una reducción importante de la pobreza porque se están implementando nuevos programas del gobierno de México”.
Otros programas que también incidirán en la disminución del rezago en la entidad son el de Salud Casa por Casa, Pensión Mujeres Bienestar y la universalidad en las becas de nivel básico.
El gobierno del estado emitió un acuerdo mediante el cual declaró “inhabitable por alto riesgo” la unidad habitacional fraccionamiento Pedregal de Cantaluna ubicada en San Isidro Pedregoso, en la zona poniente de Acapulco.
El acuerdo fue aprobado el 27 de junio de este año por el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, y publicado en el Periódico Oficial del Estado este martes 22 de julio.
El documento disponible en la publicación electrónica del Periódico Oficial del Estado se titula Acuerdo por el que se declara inhabitable el Fraccionamiento Pedregal de Cantaluna en Acapulco de Juárez, Guerrero, por alto riesgo.
El acuerdo único es: “El fraccionamiento Pedregal de Cantaluna, ubicada en la colonia San Isidro del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, SE DECLARA INHABITABLE POR ALTO RIESGO, de conformidad al dictamen en materia de seguridad estructural por parte de un DRO (Director Responsable de Obra) para la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, realizado por la empresa MAR-AR Ingenieros S.A. de C.V.”.
“Haciendo de conocimiento lo anterior como medida preventiva e informativa a los habitantes del Fraccionamiento Pedregal de Cantaluna, asimismo a la población en general, para proteger la vida, salud, integridad física de las personas y su patrimonio y el medio ambiente.”
En los considerandos se explica que el acuerdo emitido por el gobierno del estado es resultado de una reunión que se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2024 entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado e instituciones crediticias “se llegó al acuerdo de publicar la inhabitabilidad del Fraccionamiento Pedregal de Cantaluna, con la finalidad de que el ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas) pueda continuar con los trámites pertinentes en relación a los inmuebles afectados en dicho Fraccionamiento”.
Pedregal de Cantaluna es un desarrollo de viviendas populares edificado por Casas Paquimé, el DRO de ese desarrollo fue Javier Morales Bougart.
El sismo de la noche del 7 de septiembre del 2021, puso de manifiesto las deficiencias en la construcción de las casas y departamentos, relativamente nuevos, las paredes se fisuraron, los vecinos podían ver a través de los huecos que causó el sismo.
El 28 de agosto de 2023, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), presentó ante las Fiscalía General del Estado de Guerrero una demanda penal para que “se investigue, se establezcan responsabilidades y se ejerza acción legal por la inadmisible construcción del conjunto habitacional Pedregal de Cantaluna”. Del proceso, ni las autoridades federales ni estatales han informado en qué etapa se encuentra.
En abril de 2024, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, informó que el instituto ya tenía el aseguramiento legal del desarrollo habitacional para evitar que pudiera ser vendido o reutilizado como vivienda, pues recordó que Protección Civil dictaminó que el lugar no es apto para vivienda y corresponde a las autoridades municipales y estatales el
aseguramiento físico del desarrollo.
El presidente del CEE de Morena, Jacinto González Varona, opinó que la entrega de las cámaras del C4 de Acapulco a las fuerzas federales debió ser antes, mientras que el líder estatal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, opinó que espera que la toma de control de las videocámaras del C4 por parte de la Guardia Nacional sea para bien y que se pueda controlar los niveles de inseguridad.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, llamó a los alcaldes que se sienten rebasado por la inseguridad, sea por falta de patrullas o policías certificados, que emitan una declaratoria para que el estado y la federación asuman esta función.
Señaló que pueden hacerlo de manera institucional vía el Cabildo, a propósito del anuncio en Acapulco sobre el control operativo que asumió la Guardia Nacional del Centro de Comando Comunicación y Cómputo (C4) operado por el municipio.
En consulta telefónica, opinó que la entrega de las cámaras del C4 de Acapulco a las fuerzas federales debió ser antes. Sin embargo, agregó que tal vez el cambio se retrasó por cuestiones administrativas.
Explicó que cuando participó en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz en Acapulco, como subdelegado de programas de Bienestar en Acapulco (tras el fallecimiento de Núñez Ramos, en 2020, la Marina tenía a cargo la operación del C4.
Lo cual consideró lógico, al ser Acapulco un puerto, donde confluyen las fuerzas federales, estatales y municipales, al servicio de la seguridad pública.
“Recuerden que la Marina puede tener incidencia 20 kilómetros a la redonda litoral”. Aclaró que desconoce desde cuándo la Marina dejó de operar el C4 que ahora asumirá la Guardia Nacional. Hoy conoce los procedimientos por medio de la prensa, precisó.
El jueves, militares y la alcaldesa de Acapulco de Morena, Abelina López Rodríguez, anunciaron que la GN tomará el control del C4 de Acapulco, para manejar las videocámaras del mecanismo de forma permanente. También se dijo que la GN tomará el control de los C4 en Chilpancingo, Zihuatanejo e Iguala.
González Varona opinó que el control de C4 de Zihuatanejo debería estar a cargo de la Marina, por su ubicación en las costas.
En Chilpancingo, indicó que el Cabildo debería solicitar manifestar mediante una declaratoria la petición de que la federación y el estado asuman las funciones de seguridad que competen al Ayuntamiento si se siente rebasado.
Destacó el caso de Iguala, donde por recientes hechos de violencia, el estado y la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron el control de la seguridad pública municipal.
Comentó esta posibilidad de que el Cabildo o el alcalde de los ayuntamientos que consideren necesario la intervención estatal o federal, se manifiesten por las vías institucionales.
“Ahí tendrían que hacer su declaratoria vía Cabildo y que entregue la seguridad pública municipal al estado y a la federación”.
Con relación al caso de Chilpancingo, que declaró con un boletín de prensa que debido a problemas de inseguridad dejaría de hacer labores de desazolve en barrancas. González Varona insistió en que las declaraciones sean institucionales, no en los medios de comunicación.
De los ayuntamientos de Morena, dijo que Taxco, Iguala y Ometepec coordinan bien las acciones con el gobierno estatal y federal.
La postura del PRD
Por su parte el líder estatal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, opinó que espera que la toma de control de las videocámaras del C4 por parte de la Guardia Nacional sea para bien y que se pueda controlar los niveles de inseguridad.
En declaraciones telefónicas recordó que ya en el pasado la Gendarmería había tenido el control del C4 en Acapulco y otros municipios. Se buscó a los líderes de los otros partidos, pero no contestaron las llamadas. El perredista dijo que son momentos extraordinarios y “ojalá que haya la suficiente coordinación y responsabilidad institucional de los tres órdenes de gobierno para asumir la estrategia de seguridad todos de manera organizada”.
Indicó que si implica que la GN tome el control de parte del C4 “creo que es correcto, habría que revisar por supuesto qué implica y ojalá que se haga público. Que se vuelva un tema para que se vigilen las calles, se vigilen los centros de población, haya más inversión en la vigilancia y es un tema que debe pasar estrictamente por la organización de los tres órdenes de gobierno”.
Sobre si se podría pensar que no hay confianza en los gobiernos municipales, porque se habla de tomar el control de otros municipios, dijo que primero se tiene que revisar la estrategia que se está planteando y lo suficientemente creíble, responsable y objetiva la estrategia donde el estado y los municipios tienen que participar y si “eso implica que ayude en ese aspecto la autoridad federal creo que es para bien, ojalá sea para bien. Yo hago votos que sea para bien y que no sea para que se quede sólo como un elefante blanco como en algunos momentos ha pasado”.
Recordó que en otros momentos la vigilancia ha sido manejada por otras instancias federales y luego se regresan a los municipios, por lo que “ojalá no pase lo mismo”. Se le preguntó que si no puede pensarse que se está militarizando, a lo que respondió que en el caso de Acapulco ya ha estado la vigilancia del C4 a cargo del Ejército o la entonces Gendarmería en una situación similar.
“Tiene que hacerse un trabajo institucional, coordinado con los tres órdenes de gobierno haciendo la parte que les corresponde. Habría que entender que es un momento delicado, la violencia y la inseguridad han rebasado todos los ámbitos y el tejido social cada vez se rompe más”, dijo.
Añadió: “Creo que podría decir que no estamos a favor de la militarización, pero nos toca dar un voto de confianza a la presidenta de la República para que la estrategia funcione y no haya pretextos de que las oposiciones no apoyaron esta posibilidad; al final de cuenta ya está, es un hecho y hay que buscar la forma que funcione. Hay que hacer la exigencia responsablemente y con toda la exigencia para que funcionen las estrategias de seguridad”.
Por su parte
La iniciativa que profesionistas han presentado ante autoridades para que se declare por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el centro histórico de Acapulco, es importante para que se preserve la cultura y el paisajismo del lugar.
Ayer por la tarde noche luego del Seminario Permanente sobre la Puesta en Valor del Patrimonio Cultural y Natural de Acapulco, que se efectuó en el auditorio del Fuerte de San Diego, el restaurador Fracisco Muñoz Espejo dijo que esto da pie a que el trabajo de difusión que se haga se le dé el valor cultural.
“Lo poco o mucho que se tenga patrimonialmente, esté inventariado, luego catalogado, registrado y finalmente decretado como monumento o sitio de valor, es una gran parte del proceso de conservación para poder acceder a poder restaurar”, dijo.
Abundó que tal vez lo primero que se tenga que hacer es definir un polígono, es decir una zona, donde se encuentran los espacios donde estuvo la aduana, donde está el fuerte, “porque ante la pérdida del patrimonio está la traza y esa se encuentra por fortuna. Habrá una diferencia entre monumentos históricos y sitios de memoria”.
Sostuvo que estas acciones son un modo de hacer que en un futuro no pasen cosas como afectar la vista a los inmuebles de esa zona y por el contrario sean una aportación a la imagen; y es que precisó que el “entorno paisajístico que tiene Acapulco, hay muchos oleos de esto… para que tenga una vocación cultural y recupere la memoria histórica”.
“Es importante insistir que con estos eventos el valor cultural, histórico, de Acapulco tiene un valor excepcional”, declaró Muñoz Espejo.
En tanto el arquitecto Luis Enrique Ramos Duarte dijo: “lo que estamos evitando es que se pierda la memoria colectiva, hay muchas cosas que no conocemos de Acapulco, el hecho de que hubo dos fuertes, uno que lo destruyó un sismo y este nuevo, es poner en valor todo lo que pasó en Acapulco y catalogarlo, difundirlo, clasificarlo y declararlo”.
Recordó que en este proyecto se lleva trabajando más de 15 años, han participado escuelas, algunos colegios, “lo que estamos haciendo es dar un último jalón ahorita que está muy visibilizado Acapulco con el tema de la reconstrucción, es un llamado a los tres niveles de gobierno para que nos den la oportunidad de presentarlo”.
“No nos ha escuchado Fonatur, no nos ha escuchado Sectur, queremos que esto lo conozcan y no hemos tenido el eco, por eso el llamado a Fonatur y Sectur para que escuchen esta propuesta de la declaratoria del centro histórico de Acapulco”, dijo.
Recordó que el seminario se hizo para visibilizar dos cosas, la primera es la necesidad de la declaratoria ante la UNESCO del itinerio cultural del Galeón de Manila, “que duró más de 250 años y Acapulco perteneció a esa ruta, que logremos conslidar la declaratoria de ese itinerario cultural” y la otra una declaratoria tierra adentro, donde llega a la Ciudad de México.
“Ya logramos el apoyo a nivel federal, estatal y nos falta, estamos trabajando ya con el nivel municipal, para hacer una declatoria del centro histórico a nivel municipal, después al estado con Cultura y de ahí a nivel federal y de ahí generar un expediente para llevarla a la Unesco”, puntualizó el arquitecto.
El vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui le entrega la hoja de peticiones y demandas de las necesidades de comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante la presencia del subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, al término del acto de entrega de viviendas del programa Reconstruyendo Bienestar Foto: Jesús Trigo
Ramón Gracida Gómez
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se declaró aliada del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) luego de los reclamos de esta organización que fue excluida de programa Construyendo Bienestar que la mandataria fue a entregar ayer a la comunidad de Cacahuatepec.
“Se les tiene que hacer justicia social a todos los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por eso yo siempre les digo que hay que seguir luchando, que yo soy su amiga, yo soy su aliada”, les dijo la gobernadora a integrantes del Cecop que se acercaron a ella para entregarle una lista de peticiones entre ellas la introducción de agua en sus viviendas, la inclusión en los programas sociales y la construcción de un puente que Salgado Pineda afirmó que va a gestionar con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
En un acto al que no se convocó a medios, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó viviendas del programa Construyendo Bienestar en la cancha techada de Cacahuatepec,
Ante unas 450 personas de distintas comunidades y colonias de Acapulco, indicó que es un derecho el tener una vivienda y “se les está dando a quienes realmente lo necesitan y es el derecho que tienen todas y todos ustedes de tener una vivienda digna”.
Dijo que a los Bienes Comunales de Cacahuatepec le tiene mucho respeto porque “es una región combativa, es una región de lucha, porque así como son de alegres, así también cuando algo no está correcto, son los primeros que levantan la voz”.
Informó que el programa Construyendo Bienestar tiene el propósito de atender “a las familias de vulnerabilidad por falta de acceso a una vivienda digna, por eso para este 2024, tenemos mil 405 acciones que benefician al mismo número de personas, creciendo en un 45 por ciento el número de beneficiarios”.
Esto representa un total de 133 millones de pesos “que van a ser distribuidos en las ocho regiones”, agregó la mandataria estatal y puntualizó que en Acapulco aumentó la inversión de 24 millones de pesos en 2023 con 115 beneficiarios a más de 32 millones de pesos para este año.
“Triplicando el número de familias apoyadas este año, principalmente aquí en Cacahuatepec, aquí pues obviamente han sido prioridad, se están atendiendo con todos los programas de Bienestar”, afirmó y aseguró que habrá brigadas médicas.
El secretario del Bienestar del estado, Pablo Gordillo Oliveros, dijo que el programa Construyendo Bienestar atiende los índices que miden distintas dimensiones de la pobreza, “garantizando a través de los censos, casa por casa, que el apoyo llegue a los más vulnerables”.
Puntualizó que el acto consistió en la entrega de apoyos a 115 familias “y arrancamos los trabajos para beneficiar a 343 familias más de este bello puerto, triplicando el número de beneficiarios para este año y presentando una especial atención, como usted lo ha indicado, señora gobernadora, a las comunidades de esta región histórica de Acapulco”; este año se van a beneficiar a mil 405 familias de los 18 municipios.
Salgado Pineda entregó llaves simbólicas a beneficiarias del programa y que viven en las comunidades de Aguacaliente, Arroyo Seco, La Venta y La Sabana, pero ninguna a algún habitante de Cacahuatepec; el secretario del Bienestar comentó que apenas se hizo el censo y después se construirán nuevas viviendas en esta comunidad.
En el presídium estuvieron el diputado local Joaquín Badillo Escamilla; la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda; el jefe de Oficina del Ayuntamiento de Acapulco, Daniel Castillo de la Rosa; el comisario de Cacahuatepec, Federico Valeriano Hernández, quien pidió la reconstrucción de la barda perimetral de la preparatoria popular de la comunidad, y una beneficiaria del programa estatal.
Entrega Cecop peticiones a la gobernadora
Después de la presentación del programa estatal Construyendo Bienestar del que señalaron que fueron excluidos, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, le entregó a la gobernadora una hoja con las demandas que incluyen la excarcelación de tres presos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la expulsión de las gravilleras, el apoyo a la cooperativa que van a conformar, su postura en contra de la presa La Parota, y respeto y apoyo a la Policía Comunitaria.
Le enumeró las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que acudieron al acto, que son Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo, Apanhuac, Huamuchitos, Barrio Nuevo, El Campanario, Apalani, Cabeza de Tigre y Cruces de Cacahuatepec.
Asimismo, El Carrizo, Las Parotas, Rancho las Marías, Los Hilamos, Parotillas, La Concepción, Aguacaliente, Salsipuedes, Tasajeras, Oaxaquillas, Amatillo, Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, 6 de Agosto y El Rincón.
Suástegui Muñoz le dijo a la gobernadora que tienen un “problema grave en Cacahuatepec, empezando por el agua, el tema del agua es increíble que aquí estando el río Papagayo tan cerca, no tengamos agua las comunidades de aquí arriba, no tenemos agua para beber, menos para regar la producción agrícola es muy importante en estos momentos”.
Le pidió su postura respecto a la presa La Parota, “nosotros decimos que la tierra no se vende, se ama y se defiende”, frase coreada por las decenas de comuneros presentes, la mayoría mujeres; la gobernadora replicó: “el pueblo manda”.
Afuera de la cancha en el que se efectuó el acto oficial, Suástegui Muñoz le expuso el problema de la encarcelación de los tres presos políticos del Cecop desde hace seis años: Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, además de que hay hombres y mujeres con órdenes de aprehensión.
Suástegui Muñoz también pidió la cancelación de los permisos que tienen las gravilleras del río Papagayo “porque nos están haciendo mucho daño”; además demandó respeto y apoyo para la Policía Comunitaria, y ayuda para la cooperativa que van a conformar para la producción agrícola y de materiales, y para una mesa de trabajo con las dependencias del estado de salud, agricultura y educación.
Le recordó que desde hace varios años apoyan a su padre y ahora senador reelecto Félix Salgado Pineda y también a ella, y durante la firma del pliego petitorio, las mujeres del Cecop le pidieron que regrese a su gobierno Jorge Peto Calderón, ex titular de la Sagadegro que les dio apoyos.
La gobernadora Salgado Pineda se comprometió “a dar continuidad a todas las peticiones que ustedes tienen, que ya como lo dice el compañero Marco, son a mano, pero son con todo el corazón; vienen aquí el sentir de todos ustedes, no son privilegios, son derechos que ustedes deben de tener, no de ahorita, sino de mucho tiempo”.
“Se les tiene que hacer justicia social a todos los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por eso yo siempre les digo que hay que seguir luchando, que yo soy su amiga, yo soy su aliada”.
Suástegui Muñoz le reiteró que el puente debe ser construido en Cacahuatepec, a diferencia de la decisión de la alcaldesa Abelina López Rodíguez de hacerlo en El Carrizo, y Salgado Pineda afirmó que habrá un estudio y apoyo de la presidenta electa Sheinbaum Pardo, “para que no haya dos, ni tres Acapulcos, que haya un solo Acapulco y la zona rural de Acapulco sea la más beneficiada, por el bien de todos, primeros los pobres”.
Acompañada del diputado local Joaquín Badillo, el secretario del Bienestar, Pablo Gordillo Olivares y el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, la gobernadora se comprometió a tener una mesa de trabajo “con todas las secretarías” y para que censen a todas las mujeres y tengan su Tarjeta Violeta para mujeres, además de mandar tres camiones de basura para recoger los desechos que junten los integrantes del Cecop en su próxima asamblea en el embarcadero de El Fraile.
En declaraciones a reporteros en la tarde en la explanada de acceso al parque Papagayo, Salgado Pineda, que cruzó el río Papagayo en las pangas que cobran 10 pesos, dijo que una de las demandas más sentidas de la zona rural de Acapulco es la construcción de un puente, “creo que ellos no deben de pedirlo como un privilegio, sino que es un derecho para todos los que viven en la zona rural, entonces sí lo voy a impulsar, vamos impulsar el puente”.
“Ya tenemos proyectos y nos vamos a reunir en una mesa de trabajo yo creo que los tres gobiernos, el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal para ver cuál es el proyecto más viable para la construcción del puente, pero es algo correcto, se tiene que buscar la manera de que se comuniquen las comunidades y los pueblos para que no estén alejados de Acapulco”, afirmó.
Reclamos del Cecop a representantes del gobierno estatal
Antes del acto, unos 100 integrantes del Cecop se reunieron en la casa del comunero Guadalupe durante una hora con el secretario del Bienestar y el subsecretario de Gobierno, a quienes les reclamaron, a gritos por momentos, la exclusión del programa Construyendo Bienestar, pese a que sus casas quedaron destruidas después del paso del huracán Otis, y la falta histórica de servicios de agua y salud.
“El gobierno del estado no nos ayudó pa’ ni madres”, les espetó Suástegui Muñoz y dijo que lo acaban de sentenciar ocho años y su hermano Vicente Suástegui sigue desaparecido.
Gordillo Oliveros justificó que los apoyos del programa son del 2023, los recursos son limitados y de los beneficiarios de 2024 propuso hacer un censo casa por casa y que los vecinos señalen a los que no los necesitaban, “en esta secretaría se hacen de forma transparente”.
Suástegui Muñoz mostró los cintillos que les dio la Sagadegro para cobrar 7 mil 500 pesos y comprar maíz que nunca recibieron, “se robaron el dinero”, y reclamó que apoyaran más organizaciones como Oxfam que las organizaciones, con láminas, maíz y filtros de agua.
Rodríguez Cisneros ofreció una mesa de trabajo para el próximo martes y revisar los temas de los presos políticos y el agua; a las 11:30 de la mañana, todos juntos acudieron al acto. (Con información de Aurora Harrison).
Trabajadores de contrato del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Acapulco demandaron la basificación en el programa IMSS-Bienestar porque cumplen con todos los requisitos, pero la transición no ha ocurrido porque el centro fue declarado como unidad no transferible.
Denunciaron que a principios del año pasado les prometieron que iban a ser transferidos al nuevo sistema federal, pero no pudieron iniciar el proceso porque la federación argumentó que el gobierno del estado no incluyó a Capasits en la lista de unidades transferibles, e indicaron que sus compañeros de otras unidades como Capasits de Chilpancingo, Banco de sangre, Servicio Médico Forense (Semefo), Jurisdicción Sanitaria y Laboratorio estatal, viven la misma situación.
Les quitaron el contrato federal y pasaron a uno estatal, esto representó una reducción de 50 por ciento de su salario, y nunca han tenido prestaciones laborales pese a que su trabajo representa un riesgo al tener contacto con pacientes con infecciones transmisibles; y no tienen ni papel de baño ni cubrebocas.
Bajo condición de anonimato por temor a represalias, trabajadores de Capasits de Acapulco contaron ayer a El Sur que en enero de 2023 les dijeron que iniciaría el proceso de basificación en el IMSS-Bienestar, el cual implica hacer exámenes médicos, sicológicos y sicométricos.
Son ocho trabajadores de contrato que buscan ser transferidos al Órgano Público Descentralizdo (OPD) creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el propósito de mejorar el sistema de salud del país, y en el que destaca la basificación de trabajadores de salud de los estados que han firmado el convenio con la federación.
Entre los perfiles laborales de Capasits de Acapulco se encuentran médicos, sicólogos, odontólogos, enfermeras y administrativos; el personal médico iba a ser el primero en entrar al proceso de basificación, luego el paramédico y por último el personal administrativo.
Tres trabajadores iniciaron el proceso de basificación, pero no culminó, esperaron y fue en septiembre pasado que en la federación les dijeron que el Capasits está considerado como una unidad no transferible dentro de la lista que el gobierno del estado le entregó al gobierno federal para las unidades de salud que serían transferidas al IMSS-Bienestar.
A su vez, el gobierno del estado les dijo que fue la federación la que no entregó el presupuesto suficiente para cubrir las plazas necesarias para basificar a los trabajadores de salud de Guerrero dentro del programa del IMSS-Bienestar.
Luego les argumentaron que no cumplían los requisitos para obtener las nuevas plazas federales como la antigüedad mínima que era de dos años, pero el trabajador más reciente del Capasits tiene casi tres años formando parte de la plantilla de esta unidad de salud y la más antigua suma 14 años; y cuentan con cédula profesional, otro de los requisitos.
Otro es que laboren en una unidad de atención, pero el Capasits es considerado como tal porque los trabajadores reciben a personas con distintas enfermedades de transmisión sexual, como son el VIH y otros padecimientos como tuberculosis.
Un “pero” más fue que el Capasits contara Clave Única de Establecimientos de Salud (Clues), que sí es el caso; finalmente les argumentaron que sólo podrá ser basificado el trabajador de la rama médica o paramédica, pero también cumplen con ello.
Mientras transcurría el posible proceso de adscripción al IMSS-Bienestar el año pasado, los trabajadores de contrato de esta unidad de salud pasaron de tener un contrato federal a uno del gobierno del estado, lo cual consideran un “engaño”, porque les dijeron que sólo duraría tres meses, mientras conseguían la basificación.
El cambio de contrato causó que el 50 por ciento de su salario fuera reducido, lo cual mermó aún más sus condiciones laborales; en ninguno de los dos sistemas en los que han estado, federal y estatal, han disfrutado de prestaciones laborales, como atención médica, vacaciones y aguinaldo.
Los trabajadores del Capasits enfatizaron que son personal de “alto riesgo”, es decir, que su trabajo expone su salud personal porque tienen contacto cercano con personas con infecciones transmisibles, y es que realizan, entre otros servicios, pruebas de sangre.
Uno de los ocho trabajadores de contrato comentó que se tuvo que operar “por fuera” porque no cuentan con seguridad social, y por lo mismo tienen que comprar medicamento externamente.
Su inestable condición laboral también se origina por lo mismo de que son trabajadores de contrato; cuando eran de contrato federal, éste duraba cuatro, cinco o hasta seis meses nada más y cuando se acababa, tardaban otros tres o cuatro meses para ser nuevamente contratados.
Afirmaron que no son los únicos trabajadores de salud de Guerrero que viven la misma incertidumbre laboral de no ser basificados por el IMSS-Bienestar, así están en el Capasits de Chilpancingo, donde contabilizaron al menos siete compañeros con este problema, y también en otras unidades como Banco de Sangre, Semefo, Jurisdicción Sanitaria y Laboratorio estatal.
Además, la transición al nuevo sistema de salud federal ha ocasionado que la cantidad de los medicamentos sea más limitada, por lo que sólo pueden dar recetas y los pacientes tienen que gastar al menos 500 pesos por sus medicinas; y a veces no tienen ni papel de baño ni cubrebocas.
Capasits, creada el 10 de agosto de 2007 atrás del Instituto Estatal de Oftalmología, en Ciudad Renacimiento, y con una plantilla de 14 trabajadores, atiende diariamente a 50 personas en promedio, normalmente no derechohabientes de una institución; ricos, pobres, reos del Cereso y hasta personas en situación de calle.
En la entrada de la avenida Juan R. Escudero se encuentra una manta colocada después del paso del huracán Otis –que los dejó sin agua y luz hasta principios de diciembre– que dice: “El Personal eventual Operativo del Capasits Acapulco estamos trabajando bajo protesta de inconformidad al ser excluidos en el proceso de basificación IMSS-Bienestar.
La secretaria de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez, denunció el martes que el IMSS-Bienestar se llevó todo el presupuesto asignado a los hospitales, por lo que no hay material y equipo para atender a los pacientes; además hacen falta más de 3 mil trabajadores de contrato en ser basificados en el programa federal.
La alcaldesa, Abelina López Rodríguez, declaró que no es necesario declarar emergencia sanitaria por los casos de dengue, porque ya se han iniciado diversas acciones preventivas, así lo dijo durante otra jornada de fumigación, abatización y descacharrización que se efectuó en la colonia Centro.
Acompañada de la regidora Ricarda Robles Urioste y el director de Salud, Aniceto Leguizamo Dimas, la presidenta recorrió algunas casas del andador Ignacio Rayón, en la colonia, donde entregó abate a las familias y les pidió que contribuyan con el gobierno con la limpieza en sus patios para evitar el criadero de moscos.
De acuerdo con datos de la Dirección de Salud Municipal, un 40 por ciento de las viviendas que se visitan o no están las personas en su casa o no los dejan entrar, y que hay 500 casos positivos en lo que va de este mes y que las colonias consideradas como punto rojo son: Ciudad Renacimiento, La Venta, zona Centro con altos números de casos.
“No estamos a ese nivel, lo que sí me parece que la política de gobierno debe ser preventiva y lo que estamos haciendo es no llegar a esos niveles”, respondió la alcaldesa cuando se le preguntó si es necesario declarar emergencia sanitaria por el dengue.
La jornada de fumigación será permanente en varias partes de la ciudad, arrancó en la calle Independencia, atrás del Ayuntamiento del Centro, ahí la alcaldesa reconoció el aumento de casos positivos y fallecimientos por dengue, por ello exhortó a la población la limpieza de cacharros en sus hogares para prevenir criaderos de moscos.
Informó que se van a instalar 10 módulos, divididos cinco por la mañana y los otros en la tarde, en las zonas de Caleta, Zócalo, La Diana, La Base y Mercado Central y Garita para entregar abate, “porque solos no podemos, esto no es un tema de ya fumigué, rocié, se necesita juntos si no poco podemos disminuir el tema del dengue”.
Para estas jornadas de fumigación y abatización participan 50 trabajadores de salud, más otras 50 de otras dependencias para recorrer las colonias.
En una primera casa que visitó la alcaldesa la vecina tenía dos tinacos y una alberca, que tenía un charco de agua de color verde, y en el patio había mucha hierba seca, la alcaldesa les pidió que hicieran la limpieza en su hogar y que si requerían de un camión para sacar los cacharros que les ayudaba, pero que coadyuvaran. En respuesta uno de los vecinos dijo que se había enfermado y no le había dado tiempo de limpiar, pero se comprometió a poner de su parte.
Después al caminar por el andador, la alcaldesa se encontró con un grupo de señoras que se quejaron de la falta de agua, de la recolección de basura y de que los vecinos no ayudan para que se mantenga limpio.
En respuesta la alcaldesa dijo que su gobierno tiene pensado comprar otros 50 camiones para atender el problema de la basura, y que están por llegar 10 camionetas, “pero no dejen la basura en la calle, se requiere el apoyo de ustedes”.
El presidente de la Comisión de Salud en Cabildo, el priista Manuel Añorve Aguayo, solicitó a los gobiernos federal y estatal declarar emergencia sanitaria ante el aumento de casos de dengue y reforzar las acciones de fumigación en las colonias consideradas como focos rojos.
Ayer en declaraciones a reporteros, el regidor consideró que las cifras de casos positivos pueden ser más, “si contamos los casos que llegan a instituciones privadas, que llegan a médicos particulares o que se atienden en casa la cifra es mucho mayor a la que podamos tener”.
Por ello solicitó a la “federación y al gobierno del estado de manera urgente se pueda declarar un estado de emergencia en Acapulco, no podemos seguir estando ajenos a esta emergencia sanitaria que es el riesgo del dengue”.
“Creo que todos los acapulqueños no debemos irnos muy lejos, debemos preguntar a los familiares, a los vecinos y todos hemos tenido un caso de dengue, todos hemos tenido un caso cercano y no podemos seguir basándonos en nuestras cifras con una infraestructura dañada por el Otis, cuando los datos reales tal vez no sean los más precisos”, indicó.
Explicó que ayer a las 8 de la mañana acompañó al director de Salud Municipal, Antonio Leguizamo, a una brigada de fumigación en la colonia Francisco Villa y se va a continuar en otras colonias de “puntos rojos que marca la Jurisdicción 07, donde se encuentren mayores casos de contagio”.
Sostuvo que se requiere una mejor medición de los casos y que se recupere las “trampas de mosquitos para que justamente tengamos el verdadero cerco sanitario de las colonias donde se presenten estos moscos, porque no podemos nada más hacer un cerco sanitario con los casos confirmados, sino donde el mosco se encuentre presente”.
“Creo que se han hecho los esfuerzos, hasta el día 26 de diciembre se tenía una mesa conjunta de los tres niveles de gobierno donde se dio el seguimiento, yo siento que debemos reforzar y ahora lo que solicito es que demos un paso más para determinar como riesgo sanitario Acapulco en materia de dengue, para destinar recursos extraordinarios para hacerle frente”, dijo el regidor que insistió que “las cifras reales (difundidas por las autoridades de Salud) son insuficientes por lo que acabo de comentar”.
El regidor dijo que el Ayuntamiento destinó un presupuesto para fumigación que se aprobó el viernes en el presupuesto de Egresos y que fue enviado al Congreso, “se requiere más, pero también no dejemos la carga presupuestal de salud solamente al municipio, porque el responsable de salud es el estado, y la federación”.
Del presupuesto de Egresos del 2024 que se aprobó el viernes en sesión de Cabildo privada, por el orden de 4 mil 612 millones de pesos, es “responsable tomando en cuenta las nuevas necesidades de Acapulco después del Otis”.
El delegado federal, Iván Hernández, declaró que el municipio de San Marcos no está dentro de la declaratoria de emergencia por el huracán Otis, por lo que es “técnicamente imposible poder brindar una atención” a los vecinos que tomaron los pozos la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de Lomas de Chapultepec.
Sin embargo, acotó en declaraciones a reporteros afuera de la Base Naval, después de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede existir algún otro mecanismo de atención.
Iván Hernández fue abordado por medios de comunicación después de que el funcionario federal atendió el bloqueo en la avenida Costera de los vecinos de distintas colonias de Acapulco que fueron censados, pero no han recibido el apoyo económico.
Entre otras cuestiones relacionadas al huracán Otis, se le preguntó sobre los pobladores de San Marcos que tomaron el sistema de Lomas de Chapultepec desde la mañana de este lunes porque insisten en ser incluidos en el censo porque fueron damnificados por el meteoro del 25 de octubre.
El delegado federal dijo que “el caso particular del municipio de San Marcos no está dentro de la declaratoria de emergencia, para nosotros es técnicamente imposible poder brindar una atención”.
“El presidente dijo que sí hoy, que se van a atender”, le comentó un reportero.
“A lo mejor algún otro mecanismo, pero para nosotros, en este mecanismo con el que estamos trabajando, técnicamente es imposible atender un municipio que esté fuera de la declaratoria de emergencia”, expuso Iván Hernández.
También se le preguntó por las personas que no fueron censadas y el delegado federal contestó que “dentro del universo que no se censó, hay quienes levantaron un formato de registro de solicitud, hay quienes se registraron en los módulos en una lista, hay quienes hicieron su llamada telefónica, ya tenemos la información de estas personas”.
“Obviamente vamos a procesar esta información para evitar que ahí haya personas que ya fueron incluso hasta pagados, atendidos. Una vez que podamos depurar todas estas solicitudes, vamos a definir un mecanismo de atención”, mencionó.
Se le preguntó sobre la disputa entre los propietarios de casas y quienes las rentan por el apoyo económico, y el delegado federal respondió: “lo que nosotros hemos hecho un censo a partir de, primero de la buena fe, en el momento que fuimos”.
Además, no había condiciones para ponernos a pedir contratos, requisitos, etcétera; el momento del pago es otro y en estos casos nosotros hemos estado haciendo un llamado a que tienen que ponerse de acuerdo ambas partes”, agregó.
Iván Hernández puntualizó a los reporteros presentes a las 10 de la mañana de este miércoles: “no somos una instancia ni que juzga ni que dirime conflictos, el llamado lo hacemos a las partes a que ellos puedan establecer un acuerdo”.
Se le mencionó que las reglas de operación señalan que el dinero es para la reconstrucción de las viviendas e Iván Hernández lo secundó, “hay una parte que es para limpieza y la parte que tiene que ver con reconstrucción, efectivamente; por eso ahora en esta segunda etapa lo que les pedimos es que nos demuestre que el recurso se está aplicando ya en el proceso de reconstrucción”.
La acumulación de basura orgánica e inorgánica, lodo, aguas negras y animales muertos, que siguen en las calles y colonias de Acapulco desde que azotó el huracán Otis, implica graves riesgos para la salud, aseguró el ex secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.
El gastroenterólogo opinó, en entrevista por teléfono, que no debería haber mayor dilación de la Secretaría de Salud para aceptar el exhorto del Congreso local y declarar una emergencia sanitaria.
El Congreso del estado aprobó este miércoles, a 21 días del huracán Otis, que dejó, de acuerdo al titular de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, 400 mil toneladas de basura, un exhortó a la Secretaría de Salud estatal, a fin de que emita una declaratoria de emergencia sanitaria en Acapulco, para evitar el incremento de enfermedades y posibles efectos de salud mental, luego del impacto del huracán.
De la Peña Pintos dijo que la acumulación de basura de distinta índole, desechos orgánicos e inorgánicos, lodo, aguas negras y animales muertos, implica graves riesgos para la salud de acapulqueños y visitantes.
Recordó que, por ello, la administración estatal anterior, cuando hubo la acumulación de basura durante las alcaldías de Evodio Velázquez y Adela Román, estableció una alerta sanitaria para evitar la presencia de enfermedades derivadas de la contaminación.
El médico explicó que la acumulación de basura por varios días, que ya suman 23 desde que azotó el huracán Otis, favorece el desarrollo de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, o por la proliferación de la fauna nociva, como ratas, ratones, cucarachas y moscas que pululan en sitios donde hay desechos en descomposición o excremento.
Agregó que también existen riesgos para la salud de la gente por estar en contacto permanente con agua contaminada.
“La transmisión de enfermedades puede originarse, además, por entrar en contacto con alimentos contaminados, con desechos de los animales, a través de la orina de ratas y perros, que favorecen mucho la contaminación”, declaró el galeno.
Entre algunas de las enfermedades mencionó las diarréicas, gastroenteritis y otras más graves, como la leptospirosis, el dengue y la hepatitis A, que se transmiten a través del excremento y por la contaminación del agua.
Además de tétanos, enfermedades respiratorias agudas y conjuntivitis por el exceso de polvo; la dermatosis a consecuencia de la poca higiene y los hongos por la humedad.
“Al faltar agua, también hay deficiencias en la higiene de las manos, en los utensilios, y todo esto va condicionando toda una cadena de problemas, que si bien se están atendiendo, hay todavía mucho por atender. Es cosa nada más de recorrer colonias y ve uno quá hace falta”.
El secretario de Salud en la anterior administración, del priista Héctor Astudillo Flores, celebró que el Congreso local haya aprobado un exhorto a la Secretaría de Salud para una emergencia sanitaria.
Recordó que cuando el huracán Paulina azotó Acapulco, a él le tocó establecer, en coordinación con la federación, desde el primer día, el 9 de octubre de 1997, una emergencia sanitaria que prácticamente duró un mes, pues terminó el 7 de noviembre.
Indicó que la emergencia sanitaria implica una serie de acciones, como levantar toda la basura y asegurar el agua y la energía eléctrica, así como instalar módulos itinerantes de atención médica.
Agregó que en 1997 también suspendieron los rastros y mercados, además de que se prohibió la venta de alimentos en la vía pública.
Declaró que todo eso se tiene que hacer y más ahora que, a diferencia con el Paulina, “todo quedó destrozado y hay más riesgos para la salud. Por ello se tiene que atender oportuna y constantemente, a través de las brigadas itinerantes”.
Sin embargo, dijo que ha visto que ahora sólo se instalaron módulos de atención fijos, “éstos deben ser itinerantes, de acuerdo con un mapeo de riesgos, que también se tiene que hacer. Esto lo saben muy bien los epidemiólogos”.
Explicó que las brigadas deben integrarse por epidemiólogos, médicos generales, enfermeras, trabajadoras sociales, personal de vectores y de vacunación.
“No nada más es vacunar contra la influenza, también hay que vacunar contra la hepatitis A y contra el tétanos”.
Insistió: “Se tiene que hacer toda esa cobertura, porque también hay riesgos de enfermedades del cólera, son varias enfermedades, desde las gastrointestinales, las infecciosas, respiratorias agudas, la conjuntivitis por el exceso de polvo, la dermatosis a consecuencia de la poca higiene y hongos por la humedad. Es mucho lo que hay que hacer e intervenir”.
Insistió en que si ya el Congreso local aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud para establecer una emergencia sanitaria, no debería haber más dilación, “no sé por qué se resisten, no sé por qué hay resistencia. Ojalá que las secretarias federal y estatal y el propio gobierno estatal atiendan ese exhorto, porque no es para alarmar, sino para prevenir y para atender los problemas”.
Además, añadió que una emergencia sanitaria significa más recursos, porque “se necesita dinero para mover por todos lados a la gente. Esto es muy necesario”.
Reiteró: “No debería haber mayor dilación. Si ya exhortaron a la Secretaría de Salud, pues órale, aunque se debió haber establecido desde el primer día, cuando nos dimos cuenta que había basura y problemas en el sistema hidrosanitario del puerto, y que lo sigue habiendo, este es un problema serio”.
El médico informó que sabe del reporte sobre un incremento en padecimientos de gastroenteritis en Acapulco, e hizo otra observación: “Es importante el registro, hay que llevar un registro, aunque sea manual, dado que no hay equipos de cómputo o el sistema de internet es deficiente por la emergencia”.
Recomendó que se vaya levantando un registro de las brigadas, “no solamente por los puestos médicos fijos, sino por las brigadas itinerantes que no he visto. A lo mejor sí están trabajando, pero no las he visto. Yo he estado recorriendo Acapulco y no he visto las brigadas itinerantes”.
