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Entrega Sutcobach su pliego petitorio 2025 y emplaza a huelga; pide 10% de aumento salarial

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) emplazó al inicio de una huelga a la dirección general, por violaciones a sus derechos laborales y para exigir un incremento salarial del 10 por ciento.
De acuerdo con el secretario general de la organización, José Antonio Salvador López, cada año se convoca a una movilización para entregar el emplazamiento a huelga, misma que iniciará “el primer minuto del 1 de febrero de 2025”, en caso de que no se llegue a acuerdos con los directivos.
Indicó que las demandas del sindicato son el 10 por ciento de incremento salarial y solución a distintas violaciones al contrato colectivo de trabajo, “sobre todo son académicas, como la convocatoria de basificación, recategorización, algunos estímulos que se le dan a los docentes y a los administrativos. También el finiquito de los trabajadores jubilados”, quienes no han recibido el pago correspondiente a seis años de haberse retirado del servicio.
Este viernes, unos mil 500 agremiados del Sutcobach marcharon desde la alameda central Francisco Granados Maldonado hasta el Tribunal Laboral ubicado en la Ciudad Judicial, al sur de la capital.
Durante el recorrido hacia la Ciudad Judicial, los líderes sindicales entregaron su pliego petitorio en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y la Dirección General del Colegio de Bachilleres, ambas ubicadas sobre la avenida Benito Juárez.
Luego hicieron una parada en el Congreso del Estado, donde los líderes sindicales fueron recibidos por los diputados locales de Morena, Joaquín Jacko Badillo Escamilla, Héctor Suárez Basurto y Guadalupe García Villalva. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Piden trabajadores de contrato del Capasits su basificación en el IMSS-Bienestar

Ramón Gracida Gómez

Trabajadores de contrato del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Acapulco demandaron la basificación en el programa IMSS-Bienestar porque cumplen con todos los requisitos, pero la transición no ha ocurrido porque el centro fue declarado como unidad no transferible.
Denunciaron que a principios del año pasado les prometieron que iban a ser transferidos al nuevo sistema federal, pero no pudieron iniciar el proceso porque la federación argumentó que el gobierno del estado no incluyó a Capasits en la lista de unidades transferibles, e indicaron que sus compañeros de otras unidades como Capasits de Chilpancingo, Banco de sangre, Servicio Médico Forense (Semefo), Jurisdicción Sanitaria y Laboratorio estatal, viven la misma situación.
Les quitaron el contrato federal y pasaron a uno estatal, esto representó una reducción de 50 por ciento de su salario, y nunca han tenido prestaciones laborales pese a que su trabajo representa un riesgo al tener contacto con pacientes con infecciones transmisibles; y no tienen ni papel de baño ni cubrebocas.
Bajo condición de anonimato por temor a represalias, trabajadores de Capasits de Acapulco contaron ayer a El Sur que en enero de 2023 les dijeron que iniciaría el proceso de basificación en el IMSS-Bienestar, el cual implica hacer exámenes médicos, sicológicos y sicométricos.
Son ocho trabajadores de contrato que buscan ser transferidos al Órgano Público Descentralizdo (OPD) creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el propósito de mejorar el sistema de salud del país, y en el que destaca la basificación de trabajadores de salud de los estados que han firmado el convenio con la federación.
Entre los perfiles laborales de Capasits de Acapulco se encuentran médicos, sicólogos, odontólogos, enfermeras y administrativos; el personal médico iba a ser el primero en entrar al proceso de basificación, luego el paramédico y por último el personal administrativo.
Tres trabajadores iniciaron el proceso de basificación, pero no culminó, esperaron y fue en septiembre pasado que en la federación les dijeron que el Capasits está considerado como una unidad no transferible dentro de la lista que el gobierno del estado le entregó al gobierno federal para las unidades de salud que serían transferidas al IMSS-Bienestar.
A su vez, el gobierno del estado les dijo que fue la federación la que no entregó el presupuesto suficiente para cubrir las plazas necesarias para basificar a los trabajadores de salud de Guerrero dentro del programa del IMSS-Bienestar.
Luego les argumentaron que no cumplían los requisitos para obtener las nuevas plazas federales como la antigüedad mínima que era de dos años, pero el trabajador más reciente del Capasits tiene casi tres años formando parte de la plantilla de esta unidad de salud y la más antigua suma 14 años; y cuentan con cédula profesional, otro de los requisitos.
Otro es que laboren en una unidad de atención, pero el Capasits es considerado como tal porque los trabajadores reciben a personas con distintas enfermedades de transmisión sexual, como son el VIH y otros padecimientos como tuberculosis.
Un “pero” más fue que el Capasits contara Clave Única de Establecimientos de Salud (Clues), que sí es el caso; finalmente les argumentaron que sólo podrá ser basificado el trabajador de la rama médica o paramédica, pero también cumplen con ello.
Mientras transcurría el posible proceso de adscripción al IMSS-Bienestar el año pasado, los trabajadores de contrato de esta unidad de salud pasaron de tener un contrato federal a uno del gobierno del estado, lo cual consideran un “engaño”, porque les dijeron que sólo duraría tres meses, mientras conseguían la basificación.
El cambio de contrato causó que el 50 por ciento de su salario fuera reducido, lo cual mermó aún más sus condiciones laborales; en ninguno de los dos sistemas en los que han estado, federal y estatal, han disfrutado de prestaciones laborales, como atención médica, vacaciones y aguinaldo.
Los trabajadores del Capasits enfatizaron que son personal de “alto riesgo”, es decir, que su trabajo expone su salud personal porque tienen contacto cercano con personas con infecciones transmisibles, y es que realizan, entre otros servicios, pruebas de sangre.
Uno de los ocho trabajadores de contrato comentó que se tuvo que operar “por fuera” porque no cuentan con seguridad social, y por lo mismo tienen que comprar medicamento externamente.
Su inestable condición laboral también se origina por lo mismo de que son trabajadores de contrato; cuando eran de contrato federal, éste duraba cuatro, cinco o hasta seis meses nada más y cuando se acababa, tardaban otros tres o cuatro meses para ser nuevamente contratados.
Afirmaron que no son los únicos trabajadores de salud de Guerrero que viven la misma incertidumbre laboral de no ser basificados por el IMSS-Bienestar, así están en el Capasits de Chilpancingo, donde contabilizaron al menos siete compañeros con este problema, y también en otras unidades como Banco de Sangre, Semefo, Jurisdicción Sanitaria y Laboratorio estatal.
Además, la transición al nuevo sistema de salud federal ha ocasionado que la cantidad de los medicamentos sea más limitada, por lo que sólo pueden dar recetas y los pacientes tienen que gastar al menos 500 pesos por sus medicinas; y a veces no tienen ni papel de baño ni cubrebocas.
Capasits, creada el 10 de agosto de 2007 atrás del Instituto Estatal de Oftalmología, en Ciudad Renacimiento, y con una plantilla de 14 trabajadores, atiende diariamente a 50 personas en promedio, normalmente no derechohabientes de una institución; ricos, pobres, reos del Cereso y hasta personas en situación de calle.
En la entrada de la avenida Juan R. Escudero se encuentra una manta colocada después del paso del huracán Otis –que los dejó sin agua y luz hasta principios de diciembre– que dice: “El Personal eventual Operativo del Capasits Acapulco estamos trabajando bajo protesta de inconformidad al ser excluidos en el proceso de basificación IMSS-Bienestar.
La secretaria de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez, denunció el martes que el IMSS-Bienestar se llevó todo el presupuesto asignado a los hospitales, por lo que no hay material y equipo para atender a los pacientes; además hacen falta más de 3 mil trabajadores de contrato en ser basificados en el programa federal.

 

Protestan maestros y padres para pedir que se dé plaza de base a una conserje

Padres de familia y maestros de la telesecundaria Centenario de la Revolución Mexicana, ubicada en el poblado Xaltianguis, en Acapulco, protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para exigir la basificación de una conserje.
Unos 15 manifestantes llegaron a la capital minutos después de las 11 de la mañana, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que basifique a la conserje Luz María Herrera Hernández.
El docente de la telesecundaria, Javier Godoy, precisó que desde hace 12 años la trabajadora labora por medio de contrato, por lo que le pagan mil 800 quincenales, que no tiene certeza laboral, servicio médico, ni prestaciones laborales, “pedimos que tenga un salario digno”.
El maestro manifestó que las autoridades sólo los han traído dando vueltas, desde hace varios años, y no solucionan la petición. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Protestan empleados eventuales de Salud en el Recinto contra la asignación de 646 contratos

Enfermeras de contrato del sector salud estatal se concentraron en el ex Palacio de Gobierno para protestar contra la entrega de 646 plazas del Insabi Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Personal de contratos precarios y de honorarios de la Secretaría de Salud estatal, que participan en el Movimiento de Trabajadores de los Servicios de Salud Pública, Basificación (Motrasesaba) Guerrero, se concentraron afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado en un acto de protesta contra la entrega de 646 contratos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a trabajadores sin antigüedad ni documentos oficiales, que se dio este lunes.
La coordinadora de Motrasesaba Guerrero, Kimberly Muñiz Mayo, indicó que alrededor de 70 por ciento de la lista de los nuevos contratos del Insabi, con los que tendrán acceso a un mejor salario, no tiene antigüedad ni perfil.
En la revisión del listado este lunes en la subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Salud con representantes de las organizaciones que representan a trabajadores sin base, después de la de funcionarios con representantes de la  Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), indicó que se enteraron que había otra relación “con observaciones” de poco más de 100 trabajadores que podrían acceder a este beneficio.
Es decir, que debían entregar sus documentos que les hacían falta para solventar las observaciones. Sin embargo, de no haberlo descubierto en ese momento, los habrían descartado.
Con un pronunciamiento público, decidieron exponer la situación a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud estatal, de diferentes tipos de financiamiento, subsidio federal II, cuota de y cubre incidencia, del área de Vectores, vacunadores, odontólogos, trabajadores sociales, traductores, camilleros y afanadores con salarios precarios.
Recordó que la Secretaría de Salud les requirió sus documentos para mejorar sus salarios, y los enviaron al Departamento de Recursos Humanos del Insabi.
Primero conocieron la lista de 646 personas que debían presentarse a firmar contrato el lunes 24 de julio, de manera extraoficial, y en redes sociales. También fueron citados los representantes de Motrasesaba Guerrero y otra organización del personal de contrato para revisar la lista.
La Sección 36, que no debía ser parte del proceso, se reunió incluso antes con el subsecretario de Administración y Finanzas Humberto Fernando Soto López, el director de Control Administrativo y Financiero de la Secretaría de Salud estatal, Marco Antonio Salgado Reyno, y el subdirector de recursos humanos, Moisés Arenas Mosso.
Aclaró que en su turno, las organizaciones de trabajadores precarios señalaron las irregularidades de la lista de beneficiarios, “no se tomó en cuenta la antigüedad laboral de los trabajadores, ya que aparecen algunos de meses, dos y tres años, dejando fuera a quienes tienen 12, 11 y 10 años, respectivamente, sirviendo a esta Secretaría de Salud y lo reprobable de todo es que algunos no tienen ni título ni cédula profesional”. Denunciaron además posibles actos de corrupción.
Llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que intervengan para que se transparenten los procesos de selección, de la lista ya aprobada y de las siguientes acciones de regularización del personal, a fin de lograr la justicia laboral.
Finalmente, informó que Motrasesaba Guerrero irá el próximo 1 de agosto a la Ciudad de México para replicar esta demanda en el Palacio Nacional.

 

Inician un paro los trabajadores del CIPES de la UAG; piden la destitución del director

Trabajadores administrativos del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pararon labores para exigir la destitución de su director, Jorge Alberto Sánchez Ortega.
Los manifestantes, adheridos al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), colocaron pancartas y una bandera rojinegra en las oficinas, ubicadas en el barrio de San Mateo, minutos antes de las 8 de la mañana.
Indicaron que piden la destitución del director porque ha permitido que los becarios que llegan al CIPES obtengan una basificación y que a los administrativos los “relegan” de sus funciones.
La secretaria general de la delegación, Hipatia González Julio, informó que son ocho trabajadores administrativos de base, quienes han solicitado la contratación de dos plazas, pero la UAG se ha negado a darlas.
Detalló que no están de acuerdo con que continúen los becarios en el CIPES, porque después, por el tiempo que permanecen, logran basificarse, por lo que desde noviembre del año pasado han solicitado al director que intervenga, sin embargo, no ha cumplido.
Hipatia González manifestó que “por 40 años hemos estado las ocho personas y no se ha incrementado, por ello pedimos que se nos den dos plazas administrativas y respeto al contrato colectivo de trabajo”.
Los trabajadores hicieron un llamado al rector José Alfredo Romero Olea, para que intervenga en el problema del CIPES. Aseguraron que no permitirán que ingresen más becarios. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

No les pagan y les niegan sus bases, dicen trabajadores del Conjunto de Cuerdas de la UAG

Trabajadores del Conjunto de Cuerdas, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), denunciaron la falta del pago de su salario y que se les niega la basificación a sus becarios.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, dos trabajadores, Rebeca Susana Martínez Moran y Emilio Sosa Ayala, dijeron que no hay compromiso por parte de la UAG para apoyarlos.
Martínez Moran indicó que hay trabajadores que desde hace cinco años laboran sin que les paguen salario, además, los que son becarios han pedido a la UAG un contrato o basificación, pero no han tenido respuesta de los rectores a quienes se lo han solicitado.
Explicó que a los trabajadores sin salario les dicen que deben “hacer sus pininos”, porque deben esperar un año, pero ya pasaron cinco y no reciben su paga.
Informó que este año se unieron todos los afectados para exigirle a la Rectoría una respuesta. Detalló que de los cuatro becarios, algunos tienen hasta 17 años pidiendo una base, pero se las han negado, pese a que “sabemos que hay espacios en la universidad”.
Asimismo, hay tres trabajadores que desde hace cinco años laboran y no les han pagado su salario devengado, quienes incluso deben poner sus propios instrumentos, porque la UAG no se los proporciona.
Los trabajadores pidieron al rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea, que intervenga y que solucione la falta de pago y la entrega de bases, porque en reiteradas ocasiones lo han solicitado. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Cierran maestros de telebachillerato el Recinto Estatal; piden bases y prestaciones

Maestros de telebachilleratos comunitarios cierran los accesos del Recinto del Poder Ejecutivo del Estado para exigir atención a sus demandas Foto: Jessica Torres Barrera

Luis Blancas

Chilpancingo

Maestros de telebachilleratos comunitarios cerraron los accesos del Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, la basificación de 946 maestros, así como recibir las prestaciones de ley y seguridad social.
A las 11:20 de la mañana, unos 100 manifestantes cerraron los accesos del Recinto Estatal, donde impidieron la salida de los trabajadores y los invitados que asistieron a la Entrega Estatal del Fertilizante, evento que encabezaron la gobernadora Evelyn Salgado y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Víctor Manuel Villalobos.
En el acceso ubicado al lado de la tienda Soriana había policías estatales con equipo antimotines y los manifestantes reabrieron esta puerta a las 11:50 de la mañana.
El maestro del telebachillerato, de la comunidad Tepoxtepec, en Apaxtla de Castrejón, Neftalí Román Román, dijo que tendrían una reunión programada con Rodríguez Saldaña, pero que no fueron atendidos por el evento de la gobernadora.
Comentó que ante la falta de compromiso de las autoridades, cerraron los acceso del Recinto Estatal para que los atendieran.
Detalló que desde hace dos años han solicitado la basificación de unos 946 docentes, así como que las prestaciones de ley, como seguro médico, de vida y gastos funerarios.
Pidió que les cancelen el cobro de un impuesto, de mil 500 pesos de su salario quincenal, como parte de un seguro médico, lo cual debe ser pagado entre el patrón y los trabajadores.
Indicó que cuando muere uno de sus compañero, las autoridades sólo envían una esquela pero sus familiares no reciben un seguro de vida y ni pagos de marcha, “encontramos un gobierno de puertas cerradas, negligente”.
Consultado por teléfono, el maestro Neftalí Román informó que fueron atendidos por el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, con quien acordaron que tendrán una agenda de reuniones en las regiones del estado, para atender peticiones como la basificación y prestaciones para 946 maestros.

 

Protestan universitarios de Enfermería en Chilpancingo; piden la basificación de cinco docentes

Maestros y trabajadores de la Escuela Superior de Enfermería 1, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se manifestaron en la Rectoría para exigir la basificación de cinco docentes.
Cerca de las 12 del día, una comisión llegó a la sede de la Administración Central de la UAG, donde sería atendida por la Comisión Mixta Paritaria de Administración y Promoción; sin embargo, las autoridades no se presentaron a la hora acordada.
Los inconformes colocaron lonas en las que se leyó: “Exigimos cumplimiento a la minuta de acuerdos del 18 de enero de 2018, respeto al contrato colectivo de trabajo, alto a la presión y acoso laboral de la directora a los trabajadores de la Escuela Superior de Enfermería 1” y “no a la imposición de la Comisión Mixta de Juan Alberto Gómez Santos, viola los derechos laborales de docentes de mayor antigüedad en la Escuela Superior de Enfermería 1”.
El maestro Apolinar Ramos García recordó que en enero los opositores a la directora María del Pilar Pastor Durán, tomaron las instalaciones para exigir basificaciones para los trabajadores con mayor antigüedad y aunque las autoridades atendieron sus demandas, no han cumplido los acuerdos.
Señaló que ahora las autoridades pretenden imponer a Gómez Santos, quien es cuñado de Pastor Durán, como maestro con 20 horas de base en Enfermería 1, a pesar de que no cuenta con el perfil adecuado pues pertenecía a la Facultad de Economía.
Expresó que las autoridades han mostrado disposición para resolver las demandas de los universitarios “sólo en el proceso de negociación”, pero no cumplieron con la entrega de los dictámenes correspondientes.
Los manifestantes se quejaron de que la Administración Central permite que Pastor Durán viole los derechos de los trabajadores y contrata a personal que no hace falta, ni cuenta con el perfil para impartir clases en la escuela, que “se supone” está dentro de las certificadas como de calidad y por lo tanto, no se deberían permitir este tipo de arbitrariedades.
Por la tarde se instaló la mesa de diálogo con las autoridades, en la que representantes de la Rectoría se comprometieron a emitir los dictámenes correspondientes a la basificiación de los trabajadores con mayor antigüedad; sin embargo, los opositores a Pastor Durán advirtieron que volverán a protestar si no se cumple con el acuerdo.