Organizaciones sociales marchan en la avenida Costera de Acapulco por el Día Internacional del Trabajo y exigen justicia en el asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui MuñozFoto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Diversas organizaciones sociales marcharon en la avenida Costera por el Día Internacional del Trabajo donde exigieron justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Los más de mil 500 manifestantes partieron del Asta Bandera al Zócalo, ocupando todo el carril sentido Base-Centro, donde hicieron un mitin. Al frente de la marcha iban campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec con pancartas donde se leía: “Justicia, basta de impunidad. Cecop”, “Marco Antonio vive, la lucha sigue y sigue. Castigo a los asesinos” y “Cecop reclama justicia para Marco”.
Mientras la marcha avanzaba el grito de “justicia, justicia” retumbaba en el contingente, y los oradores exigían al gobierno de Evelyn Salgado Pineda un alto al hostigamiento y asesinato de los líderes sociales.
Exigieron que no se violenten los derechos laborales ya ganados, también demandaron la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la incorporación al Fone de los más de 2 mil 500 trabajadores que faltan y pago del adeudo de horas.
Aumento al presupuesto para las jubilaciones y solución a las demandas de medicamentos y médicos en los centros de salud.
El representante de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, en su intervención pidió un minuto de aplausos para “el compañero que no pudo caminar con nosotros, no pudo estar presente porque balas arteras lo asesinaron el 25 de abril”, en referencia a Marco Antonio Suástegui Muñoz y gritaron: “Gobierno represor mataste a un luchador”.
El dirigente cetegista subrayó que tienen la responsabilidad y el compromiso moral de seguir acompañando a los campesinos del Cecop y seguir exigiendo la justicia que se merece Marco Antonio Suástegui.
También “denunciar este proceso sistemático de persecución y acoso contra la lucha social, contra los luchadores sociales o representantes sindicales de manera general. Decir que no nos vamos a quedar callados y no vamos a bajar la cabeza y que esto no lo vamos a tomar de lectura para rebajarnos al embate del neoliberalismo moderno”.
Llamó a la unidad porque “debemos entender que uno solo no va a poder contra este embate, que necesitamos de la unidad, hacer a un lado mezquindades y compromisos, soberbias y egos para poder enfrentar juntos el embate neoliberal”.
Mientras que el secretario general del Sindicto Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobch), José Antonio Salvador López, dijo que como todos los años salen a la calles para exigir mejores condiciones laborales de los trabajadores del país.
Destacó que estaban en la marcha para exigir a la gobernadora que se reúna con todas las organizaciones para que “nos atienda y dé solución a nuestras demandas porque son justas. No estamos pidiendo más de lo que está en nuestros Contratos Colectivos de Trabajo”.
Exigió un alto a la represión contra los líderes sociales y sindicales, porque todos los días son amenazados, por lo que exigen un alto a la represión y persecución política, así como las amenazas de muerte a los líderes de las organizaciones.
Mientras la secretaria general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Beatriz Angélica Radilla Alarcón, dijo que estaba en esa marcha para unir fuerzas y luchar por las conquistas sindicales ganadas. Hizo un llamado a la gobernadora para atender las demandas del magisterio estatal las cuales ya han sido trabajadas, pero “no nos están haciendo caso, en donde no han sido escuchados y sólo dan largas, lo que no puede seguir así. Ya estamos hartos de que nos digan fechas y no se cumpla”.
Pidió atender de manera urgente las recategorizaciones y salarios igual que a los docentes federales. Llamó a pedir justicia por Marco Antonio Suástegui porque ahora fue él y el día de mañana puede ser otro y no es sorpresa en Acapulco y Guerrero donde asesinan a los ciudadanos.
Los participantes en sus intervenciones pidieron a las autoriades castigo a los responsables del crimen de Marco Antonio Suástegui y un alto a la represión a los luchadores sociales.
En la marcha participan integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), del Sindicato de Trabajadores Administrativos e Intendencia al Servicio de la UAG (STAISUAG).
Otras fueron del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (Sutcobach), de la Sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG), del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma de Guerrero (SITAUAG), del Sindicato Independiente del Sector Salud y trabajadores del Instituto Estatal de Oftamología.
El dirigente guerrerense ñuu savi (mixteco) Alfredo Juárez, detenido el martes cerca de Ferndale, estado de Washington, en Estados Unidos, fue trasladado al Centro de Detenciones de Takoma, en donde organizaciones que reclaman su liberación están convocando a una concentración este sábado.
Alfredo, de 25 años de edad, mejor conocido por sus compañeros como Lelo, originario de Santa Cruz Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, fue detenido con violencia por agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Según agrupaciones sindicales, su aprehensión fue en represalia por su liderazgo en favor de los trabajadores agrícolas de ese estado del noroeste de Estados Unidos.
El dirigente del Sindicato Familias Unidas por la Justicia Social, agrupación que promovió Alfredo Juárez, Edgar Frank, informó ayer por teléfono que están buscando a abogados expertos en migración para que tomen la defensa de su caso.
Informó que el jueves unas 300 personas de varios sindicatos del estado de Washington, realizaron una protesta afuera del Centro de Detenciones en donde hay entre mil 500 y mil 600 migrantes detenidos para exigir su libertad.
Están convocando además otra manifestación afuera del mismo Centro de Detenciones para este sábado “que será otro día de solidaridad organizado por la resistencia”.
DCoenunció que en los últimos días se has intensificado las movilizaciones de agentes de ICE en los alrededores de Ferndale, donde se llevaron primero a Alfredo.
“Hemos visto carros sin marcaciones de los agentes alrededor de la localidad”, aunque reconoció que no se ha visto una detención masiva, “y no sabemos si han arrestado a más personas, pero sí hemos visto más movimiento por parte de ICE”, dijo Edgar Frank.
De acuerdo a organizaciones que dan seguimiento al caso, el Centro de Detenciones donde se encuentra preso Alfredo Juárez es uno de los más grandes que está al oeste del estado de Washington y en los últimos días han sido recluidos ahí entre mil 500 y mil 600 migrantes detenidos.
Se informó que por la intervención del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), ayer Alfredo Juárez sería visitado por personal de la cancillería para conocer su caso.
En tanto que las organizaciones sindicales y comunitarias que reclaman su libertad se manifestarán este sábado a partir de las 10 de la mañana y se dijo que algunos de sus integrantes podrían iniciar una huelga de hambre.
Alfredo Juárez es reconocido como activista en ese estado de Washington por su participación en la formación del Sindicato Familias Unidas por la Justicia Social y por su defensa en favor de los trabajadores migrantes.
Alfredo Juárez, quien llegó de Guerrero a Washington a los 11 años de edad, ya había sido detenido a los 15 años de edad por una multa de tránsito, “y debido al racismo que existe en EEUU la policía lo mandó a las garras de la patrulla fronteriza”, denunció la organización comunitaria Resistencia, mediante un comunicado.
Entonces “lo mandaron al Centro de Detención del Noroeste de Tacoma (NWDC por su sigla en inglés), lugar de detención para adultos a pesar de que él como menor no debió haber sido llevado ahí”.
En esa ocasión, informó la organización, salió libre al siguiente día, “un domingo por la noche cuando no hay liberaciones”.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, académicos y especialistas alertaron de la severa crisis de agua que viven los pueblos de Guerrero y la falta de una legislatura para garantizarles el derecho a tener acceso.
La escritora Rosalba Díaz informó que el 80 por ciento de los ríos del estado están contaminados, mientras que el ambientalista Octavio Klimek dijo que, en la práctica, se deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos al agua. Así como no sólo pregonar un discurso de reconocimiento de sus derechos un día al año, el 9 de agosto.
“Hoy es más fácil conseguir bebidas de empresas comercializadoras, que tomar agua natural de un manantial”, lamentó Klimek.
Mientras que el Ayuntamiento dedicó una jornada completa de folclor para celebrar la fecha. Ahí, el estudiante universitario Juventino Vargas recitó un poema crudo acerca de la violencia en la capital del estado.
La mañana de este viernes fue presentado el libro Agua en Tiempos de Sed, cosmovisión y vida cotidiana entre nahuas de la montaña baja del estado de Guerrero, en el Museo Regional Guerrero, en el centro de Chilpancingo.
Estuvo la autora y profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosalba Díaz Vázquez. Lo comentaron el historiador tu´un savi, Jaime García Leyva, y el especialista en cambio climático y articulista de El Sur, Octavio Klimek. Moderó Gerardo Guerrero, jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares.
El libro editado por la Secretaría de Cultura federal y es un estudio en las poblaciones Zitlala, Acatlán, BuenaVista y Mezcaltepec, estos dos últimos anexos de Atzacoaloya, acerca de la escasez y la reducción de mantos acuíferos, así como su cuidado y aprovechamiento.
“Está enfocado en revisar el pensamiento nahua en torno al agua, el aporte y la gestión, así como la construcción de un modelo para una posible reconcepción del agua basado en el patrimonio y no en la mercancía”.
La escasez del agua, dijo la escritora en entrevista, es ya un asunto crítico por el cambio climático, el mal uso y manejo del recurso.
“En general, el planeta está padeciendo la falta de agua dulce para consumo humano”.
Aseguró que en los pueblos originarios de Guerrero hay niveles de contaminación muy severos.
“El 80 por ciento de los ríos del estado de Guerrero están contaminados, hay una importante cantidad de salitre en el agua. Hay muchos manantiales que están en estrés hídrico, que es el término para indicar que han empezado a reducir sus niveles de agua”, alertó.
Expresó que, aunque en esta temporada se ve agua abundante de la lluvia, esta no está siendo utilizada porque no existen sistemas de captación de agua, por lo que el líquido se pierde.
“Por un lado, hay una escasez severa y por otro se desperdicia el agua de la lluvia. En términos generales hay una crisis del agua en el estado”.
Recomendó dar seguimiento al tema de las legislaciones acerca de los derechos del agua.
“Que el agua no sea vista como mercancía, sino reconocer los derechos de los pueblos ancestrales que son los receptores del agua, los bosques, la tierra y del paisaje”.
Reconocer a los pueblos originarios como dueños de su tierra, respetar las decisiones que toman. “Es un paso muy importante porque eso implica reconocer la autogestión de los bienes naturales comunes, entre ellos el agua”, agregó.
El investigador en conservación de la naturaleza, cambio climático y ecología de la UAG, Octavio Klimek, consideró que el Día de los Pueblos Indígenas debe ser un reconocimiento a los derechos ancestrales de las comunidades.
“Muchas comunidades fueron atropelladas, explotadas en sus elementos naturales. Está el caso paradigmático de las explotaciones mineras, por la madera. Pasamos por encima de los derechos ancestrales de las comunidades, como el derecho al agua, que es un derecho universal”.
“Lo que debemos de hacer en la práctica es reconocer esos derechos, no sólo pregonarlos los días 9 de agosto”.
“Significa comprender que el desarrollo económico tiene que pasar por la vida y el bienestar de las comunidades y pueblos indígenas, con el pleno respeto a su cosmovisión, sobre todo ante la erosión del conocimiento tradicional que está sufriendo por el embate mismo de la globalización”.
“Muchas cosas se están perdiendo, es más fácil conseguir bebidas de empresas comercializadoras que tomar agua natural de un manantial”.
Para tratar de revertir la crisis, recomendó, primero se debe de establecer en la legislación federal.
“No puedes estar dando concesiones por ejemplo en territorios y comunidades sin que haya conocimiento previo, informado, el derecho a ser consultado sobre eso”.
“Eso tiene que ser ya y debe ser fundamento para cualquier toma de decisiones, no puedes llegar y decir va la instalación de una industria minera o transformación de un bien, pero te vamos a usufructuar el agua donde viven”.
El Congreso federal, recordó, desde 2013 debió expedir la Ley General de Aguas.
En la participación del público se expuso la sequía del río en Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y la instalación de una presa que rompió el flujo del agua.
Además, la apropiación de los manantiales de agua por parte de particulares en la localidad de Atliaca, municipio de Tixtla.
“Ahora imaginemos la situación en los pueblos donde están instaladas las minas y donde ya están intoxicados los mantos acuíferos”, dijo un participante.
En tanto, el Ayuntamiento de Chilpancingo, que preside Norma Otilia Hernández y el Grupo Cultural de Escritores en Lenguas Originarias del Estado de Guerrero, que coordina Yolanda Matías García, dedicaron una jornada completa para el festejo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
A las 10:30 se realizó la conferencia La realidad sociopolítica y cultural de los pueblos indígenas, por parte del doctor Javier López Sánchez.
En el auditorio José Inocente Lugo se develó un cartel y presentó el libro Destellos del Anáhuac, una compilación de poemas de diversos escritores.
El momento de folclor lo rompió Juventino Vargas, poeta ñom da’a o amuzgo, y estudiante de Filosofía y Letras de la UAG.
Con el poema Miedo regresó a la realidad que viven a diario los guerrerenses.
“Quiero dedicarle este poema a un maestro que ha dicho que los jóvenes de ahora escriben pura basura, de desamor y amor, los jóvenes también escribimos cosas que pasan a nuestro alrededor, pero no lo escribimos para publicarlo por miedo”.
“Va dirigido a él, para demostrarle que tenemos miedo de hablar lo que pensamos porque la inseguridad y la delincuencia está cada vez más avanzada”.
Una parte del poema versa: “Tengo miedo porque por tus calles corre más sangre que agua, tengo miedo de ladridos de perros buscando y exigiendo protección, tengo miedo de tus calles llenas de anuncios de ‘Se busca’”.
“Tengo miedo porque he visto, he oído, cómo desaparecen a los míos”.
La organización Fondo Semillas lanzó la convocatoria Mujeres Reconstruyendo Guerrero para financiar a grupos de mujeres que tengan proyectos de reconstrucción, reactivación económica y sanación después del huracán Otis con el fin de avanzar en los derechos de las mujeres en un contexto de emergencia y tener nuevos sueños “comunitarios”.
Fondo Semillas fue fundada hace 33 años y “apoya financieramente a grupos liderados por mujeres en todo el país” y los asiste por igual “con fortalecimiento en áreas como organización, movilización de recursos y también las articulamos entre ellas”, expuso la coordinadora de análisis, fortalecimiento y respuesta, Diana Medina.
Dijo vía Zoom que la misión de la organización es avanzar en los derechos de las mujeres y en particular en un contexto de emergencia porque, de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “las mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre de emergencia a nivel global que los hombres”.
Ahondó: las mujeres “solemos estar más expuestas a distintos tipos de violencia; este dinero va a las poblaciones más vulneradas, pero lo que hemos visto es que el trabajo con mujeres no significa que vayas a reconstruir para tener lo mismo que tenías antes, sino para tener nuevos sueños y sueños más comunitarios”.
“Sueños que impliquen más cómo pueden acceder a ciertos recursos niños o personas mayores o personas con discapacidad; las mujeres están sensibilizadas también por todos esos derechos, entonces me parece muy importante apostar por las ideas de las mujeres”, dijo Diana Medina.
Después de su incidencia en territorio tras el terremoto de septiembre de 2017, Fondo Semillas lleva a cabo un proyecto de respuesta a emergencias, el cual también fue aplicado durante la pandemia de Covid-19 y ahora por el huracán Otis.
Detalló que la convocatoria Mujeres Reconstruyendo Guerrero está dirigida a grupos “que pueden ser mixtos, pero que tienen que tener en su liderazgo a mujeres o bien, completamente conformado por mujeres”.
Fondo Semillas participa en una mesa de trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) “en la que va informando quiénes están actuando dentro de Guerrero con la intención justo de articularnos” y Diana Medina comentó que ahí se expuso que el 80 por ciento de los sembradíos en el estado se perdieron por el huracán Otis.
En la misma mesa se dijo que “buena parte del dinero de reconstrucción se está enfocando en Acapulco con una mirada de que tenga una derrama económica, de ahí que nosotros estamos pensando de forma descentralizada”, es decir, la convocatoria está abierta a grupos de cualquier municipio afectado por Otis, destacó la coordinadora Diana Medina.
Agregó que los ejes de los proyectos que pueden ser presentados son la reconstrucción, la reactivación económica o “·el cuidado y la sanación a partir de lo que ha sucedido”.
Dijo que un proyecto de reconstrucción pudiera ser como el que financiaron en Oaxaca, donde un grupo de mujeres se capacitaron en construir ellas mismas sus casas; un ejemplo de un proyecto de reactivación económica es la capacitación para mantener animales de traspatio y tener huertos en casa, o la limpieza de una laguna para volver a pescar.
Los proyectos de sanación pueden tener un sentido comunitario porque, a pesar del avance de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, señaló que “aún el cuidado suele estar en manos de las mujeres, eso significa que las mujeres saben cómo cuidar más a la comunidad; buscamos realzar esas voces que normalmente son invisibilizadas por cualquier otro donante o actor que esté trabajando en territorio”.
Informó que la convocatoria está abierta hasta el 29 de febrero en su página de Internet semillas.org.mx, lamentó que pocos grupos han aplicado a ésta, lo cual pudiera ser explicado, arguyó, a las fallas de Internet que persisten tras el huracán.
La entrega de recursos económicos a los proyectos seleccionados empezará el 1 de mayo, se extiende por 18 meses “y pueden rondar entre los 400 mil y el millón 200 mil pesos; el monto se va a decidir de acuerdo a la capacidad administrativa que tengan los grupos” que aplican.
Informó que el 80 por ciento de los recursos provienen de donantes internacionales y el resto de una campaña de recaudación que efectuó Fondo Semillas después del meteoro del 25 octubre, con el fin de alcanzar 20 millones de pesos, que van a financiar 20 grupos. Una persona de la organización va a acompañar en los procesos de los proyectos y los grupos beneficiarios harán un informe a la mitad y al final del donativo.
Diana Medina indicó que los recursos son flexibles, es decir, “ellas van a poder ir moviendo ese recurso de acuerdo a las propias necesidades que se van presentando”, y los grupos que busquen aplicar no necesariamente tienen que estar registradas como donatarias porque algunos pueden ser de reciente creación a partir de la “emergencia” de Otis.
Antes, Fondo Semillas entregó por medio de la organización Mexfam a mujeres damnificadas de Otis productos de higiene y preservativos a comunidades, y coordinó la entrega de donaciones en especie junto con otra organización.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Guerrero (FTG), Rodolfo Escobar Ávila, afirmó que no hay despidos de trabajadores ni cierres definitivo de hoteles, y que el sindicato ha cuidado que se respeten los derechos laborales de los empleados.
En declaraciones luego de acudir a la velación del cuerpo del político y empresario Ricardo Taja Ramírez, el dirigente de la filial estatal de la CTM negó que haya despidos de las hospederías, en cambio dijo que hay una conciliación entre el patrón y trabajador para el fin de las relaciones laborales, pero con el acompañamiento del sindicato.
“En la base trabajadora de los hoteles chiquitos no hay ningún despido, en los grandes hay acuerdos, la gente está trabajando dentro, están como albañiles, sacando el escombro”.
Pero aceptó que otros se han ido de Acapulco a buscar trabajo, pero conciliando su liquidación, y bajo la promesa de volver a ser recontratados una vez que las hospederías hayan terminado los trabajos de reconstrucción de los edificios. “se llevan un documento donde se respetan sus derechos labores”.
Comentó que en algunos casos hubo trabajadores que se fueron a otros hoteles de las mismas cadenas y se les dio el vuelo, vivienda por tres meses y un bono económico para su familia, y afirmó que para abril muchos regresarán porque para entonces los hoteles abrirán.
“Las empresas que se han ido como Elcano, que liquidó, van a regresar”, al igual que los trabajadores que aunque fueron despedidos volverán a ser contratados en la misma hospedería.
E insistió “despidos no hay, porque la ley no lo permite tampoco, ni la CTM lo está permitiendo”, y dijo que no van a cerrar las sucursales de la cadena de tiendas Sanborns en Acapulco, aunque señaló que el que está en el hotel Calinda cambiará de nombre, pero es de la misma cadena. En esa empresa dijo que se ha estado llegando a acuerdos para que los trabajadores que hayan cumplido la edad y los años de servicio se jubilen.
Explicó que en el caso del hotel Romano, y Amarea es la misma situación, hubo trabajadores que llegaron a una conciliación con los patrones y fueron liquidados, pero se les volverá a contratar, y que son alrededor de 100 en total por ambas hospederías.
En el caso de los despidos del grupo Mundo Imperial como el personal que comunicación y relaciones públicas, dijo que no se ha despedido a ningún trabajador, además de que la sección 12 encabeza y tiene el contrato colectivo en el complejo del Mundo Imperial y sus tres hoteles, “no hay despidos, yo sé que no hay liquidaciones”.
La esposa de un tripulante del yate Bacchus dijo que es errónea la información que dio el secretario de Marina y pidió que las búsquedas se hagan a mayor profundidad fuera de la bahía. En tanto, el Grupo ACA?señaló que la gobernadora no tiene facultades para emitir lineamientos de construcción y pidió al gobierno de Acapulco que convoque a la sociedad civil y a expertos para elaborar los nuevos ordenamientos tras el huracán Otis. Ayer también estudiantes de la Universidad Americana bloquearon la avenida Costera tras conocer el anuncio de su cierre por tiempo indefinido y en las playas de la bahía se vio a pocos visitantes en la víspera de la Navidad Foto: Ramón Gracida Gómez
Faltan por localizar a 21 marineros, no a siete, dice la esposa de desaparecido del yate Bacchus
Es “errónea” la información que dio el secretario de Marina ante AMLO, señala Zulema Radilla. Pide que las búsquedas se hagan a mayor profundidad fuera de la bahía
Ramón Gracida Gómez
Zulema Radilla Maganda, esposa del marinero desaparecido del yate Bacchus, Gustavo Hurtado Carranza, declaró que es “errónea” la información que se dio a conocer en la conferencia matutina del miércoles de que ya fueron recuperadas las embarcaciones porque de este yate, del que también está desaparecido su capitán Andrés Cortés Salazar, sólo se han encontrado una funda de chalecos y un chaleco salvavidas.
Vía telefónica, consideró que la federación quiere cerrar el caso a pesar de que aún no han sido localizadas 21 personas en el mar, y no las siete que reportó la Secretaría de Marina (Semar) que faltan de encontrar, por lo que pidió que las búsquedas se hagan a mayor profundidad fuera de la bahía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia matutina en la Base Naval y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó: “personas desaparecidas en la mar, tenemos un reporte de 24, de las cuales hemos recuperado 17 cuerpos”.
“De estas embarcaciones con personas que estaban a bordo, tenemos 15 embarcaciones, de las cuales han sido localizadas 11” y mostró un mapa de la bahía que tuvo por título: Embarcaciones recuperadas en la Bahía de Acapulco y Puerto Marqués, Gro., en conjunto con la comunidad marítima.
Ahí se pudieron leer los nombres de Litos, Rose Mary Christine, Tourbillon, Acarey, La Vagancia, San Ignacio, Sea Lady, Pelágico, Vida, Sereno y Bacchus, cuyo dibujo del barco en el mapa de la Semar se encuentra detrás de la isla de La Roqueta.
Zulema Radilla indicó ayer que del yate Bacchus sólo se ha encontrado una funda de chalecos y un chaleco salvavidas, entonces “para mí es una sorpresa que estén dando información errónea, cosa que no es verdad, no se ha encontrado el yate, solamente esas dos pertenencias del yate, ¿y con eso ya dicen que encontraron el yate?
Señaló que “no es justo que estén diciendo eso cuando nada más han encontrado dos cositas del yate, ni siquiera las máquinas, ni siquiera algo más, nada. Supieron la ubicación supuestamente de donde se encontró el yate y no, ésa es la ubicación de donde encontraron esas pertenencias”.
Contó que cada martes, los familiares de los marineros desaparecidos tienen una reunión a la 1 de la tarde con miembros de la Semar, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo)
En cuanto a la última reunión, es decir, un día antes de la conferencia matutina en Acapulco, Zulema Radilla consideró que las autoridades no entregaron mucha información, “mostraron el plan de trabajo de la semana y lo que hicieron y lo que encontraron”. Esa vez sólo les hablaron de un chaleco entrado.
Sin embargo, expuso, “nunca nos dijeron que encontraron los yates, nunca nos han dicho que encontraron los yates, hasta la fecha no nos han dicho que encontraron yates. Ellos mismos dicen, hallazgos de pertenencias”.
La FGE informó de la reunión del martes pasado mediante un comunicado en el que señala que el motivo fue dar a conocer a los familiares “los avances de los operativos y las acciones de búsqueda que se han realizado en la última semana en la isla La Roqueta, Las Palmitas y Punta Bruja por vía terrestre y marina”.
Asistieron el fiscal Especializado en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan Daniel Cerrillo Huerta; en representación del estado, José Morales; de Semefo, el coordinador Carlos Estrada, el encargado de Área, Cesar Emanuel Espinosa, y Marisela Pineda García; y de la Semar, Gustavo Berra Medrano y el capitán de corbeta, José Alberto Demoner Silva.
–¿Usted por qué considera que el miércoles dieron esa información de yates recuperados?
–Porque a lo mejor ya quieren cerrar el caso, cuando todavía faltan más de 20 personas por localizar.
Con base en la exposición del secretario de Marina en la conferencia matutina, se dio a entender que sólo quedaban siete cuerpos por recuperar y es “por eso nuestro enojo”, dijo Zulema Radilla.
Posterior a la conferencia, compartió la esposa del marinero del yate Bacchus, se comunicó con el capitán de Búsqueda y Rescate de la Marina, de quien no sabe su nombre, y Zulema Radilla le recriminó que dijeran que son 24 desaparecidos en el mar, de los cuales 17 ya fueron localizados, y “eso es mentira, todavía faltan más de 20 que encuentren, están mal esas cifras”.
El capitán le contestó que los familiares estaban “malinterpretando las cosas, es lo único, con eso salen, que estamos malinterpretando y que las cifras son las indicadas. Y le digo, ajá, pero si nos ponemos a sacar cuentas para ustedes son siete”.
“No salen del no, que esa información no es verídica y que no sé qué y que no es confiable”, expuso Zulema Radilla a El Sur e indicó que, con base en el propio recuento de los familiares, faltan por localizar a 20 o 21 marineros.
Con voz entrecortada, dijo que “es frustrante todo esto que están haciendo, que no hablen con la verdad, que quieran zafarse, que quieran ya cerrar el caso cuando todavía siguen faltando más de 20 personas y que no es justo. Ellos ya se quieren librar de eso cuando ni siquiera se han encontrado a las personas”.
Zulema Radilla ha participado como familiar en las búsquedas que llevan a cabo la Marina y la FGE, pero cuestionó: “yo no he visto acción, yo no he visto accionar, así como nos proyectan en los videos yo no he visto accionar a esos buzos ni nada por el estilo”.
Señaló que las búsquedas del yate Bacchus han sido detrás de la isla de La Roqueta, pero “nada más les indican dos puntos, se sumergen, salen, 11 minutos y ya pa’ fuera, o sea, no es mucho”.
Pidió a las autoridades “que accionaran, que voltearan a ver a todas esas personas, esos familiares, que nos proporcionen más ayuda, que podamos entrar más millas, que se busque más a profundidad, que no nada más ahí en la simple bahía, sino que se apoye con más equipo para entrar a más fondo, más mar adentro, no nada más ahí”.
El capitán del yate Bacchus, Andrés Cortés Salazar y su marinero, Gustavo Hurtado Carranza, de 36 años, salieron de la Marina Acapulco hacia la Base Naval a resguardarse. Ambos no han sido localizados.
Ven marineros y vendedores de boletos
del Malecón con incertidumbre su futuro
Jacob Morales Antonio
Los marineros, capitanes y los vendedores de boletos de los recorridos de las embarcaciones hundidas por el huracán Otis, se reúnen todos los días en el malecón por costumbre, donde han trabajado casi toda una vida, pero muchos de sus compañeros están muertos o desaparecidos.
Joel López Roque lleva 33 de sus 51 años trabajando en el malecón, es integrante de la cooperativa El Dorado y propietario de la embarcación Yosmar, en la que estaba la madrugada del 25 de octubre cuando impactó el huracán Otis y que se hundió.
El malecón antes de Otis era una de las áreas con mayor afluencia de visitantes, y a lo largo de unos 500 metros se podía caminar y ver la fila de pequeñas y grandes embarcaciones, como el Acarey, o yates de pesca y recreo.
La temporada decembrina es la más esperada por los prestadores de servicios turísticos, pero este año, un mes antes de los días del gran movimiento en el malecón Otis destruyó todo. “Nosotros desde noviembre estamos pensando tener una buena derrama con el show de los aviones, ya teníamos reservaciones para Navidad y Año Nuevo”, dice Joel.
A dos días de cumplirse los dos meses del impacto del huracán, el hombre recuerda que en su embarcación hacía hasta dos viajes al mar, por la mañana a pescar y por la tarde un recorrido de alrededor de cinco horas por la bahía, ver el atardecer y los clavados de La Quebrada. Cada viaje costaba entre 8 y hasta 20 mil pesos, según la embarcación, y de ahí podía ganar entre mil 500 a 2 mil pesos por día.
Luego del impacto del huracán Otis, y el hundimiento de las embarcaciones “no hay nada, y ahorita está ayudando lo del censo de Bienestar, pero como cooperativa no tenemos ninguna ayuda, nada de nada”.
Joel lamentó que la Capitanía de Puerto dependiente de la Secretaría de Marina les informó que ellos tienen que hacerse responsables de sacar a flote sus embarcaciones hundidas. De su embarcación no tiene la más mínima idea donde está.
La preocupación que tiene junto a sus compañeros y compañeras vendedoras del malecón, es cómo obtener dinero, porque después de la Navidad y el Año Nuevo, Acapulco no tendrá visitantes, de enero hasta marzo son considerados los peores meses del año.
Otra preocupación son los pagos de los permisos y las concesiones “estábamos al corriente de todo, estamos solicitando la condonación de los pagos del 2024 porque no hay embarcaciones para trabajar”.
Joel dice que la Navidad la va a pasar en familia, “a darle gracias a Dios que no nos llevó Otis. Yo naufragué 12 horas”, luego de quedarse en su embarcación por decisión propia, misma que estaba a unos 200 metros dentro del mar en el malecón.
Recuerda que esa noche y madrugada del impacto del huracán, su embarcación fue volteada por las fuertes olas. Él no recuerda cómo se puso a flote, pero sí dónde salió una vez que el mar se había calmado, en la Marina Acapulco, en donde se han hallado algunos cuerpos de sus compañeros marineros y capitanes.
La última cifra actualizada de la Fiscalía General del Estado indica que hay 32 personas desaparecidas, 31 en el mar, y una en tierra, además de 52 personas localizadas fallecidas luego del impacto del huracán.
No hay despidos, sino fin de relaciones
laborales, sostiene el líder de la CTM
Los sindicatos acompañan las negociaciones y hoteles han reubicado a trabajadores en otras ciudades o se comprometen a recontratar a los liquidados, dice Rodolfo Escobar
Jacob Morales Antonio
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Guerrero (FTG), Rodolfo Escobar Ávila, afirmó que no hay despidos de trabajadores ni cierres definitivo de hoteles, y que el sindicato ha cuidado que se respeten los derechos laborales de los empleados.
En declaraciones luego de acudir a la velación del cuerpo del político y empresario Ricardo Taja Ramírez, el dirigente de la filial estatal de la CTM negó que haya despidos de las hospederías, en cambio dijo que hay una conciliación entre el patrón y trabajador para el fin de las relaciones laborales, pero con el acompañamiento del sindicato.
“En la base trabajadora de los hoteles chiquitos no hay ningún despido, en los grandes hay acuerdos, la gente está trabajando dentro, están como albañiles, sacando el escombro”.
Pero aceptó que otros se han ido de Acapulco a buscar trabajo, pero conciliando su liquidación, y bajo la promesa de volver a ser recontratados una vez que las hospederías hayan terminado los trabajos de reconstrucción de los edificios. “se llevan un documento donde se respetan sus derechos labores”.
Comentó que en algunos casos hubo trabajadores que se fueron a otros hoteles de las mismas cadenas y se les dio el vuelo, vivienda por tres meses y un bono económico para su familia, y afirmó que para abril muchos regresarán porque para entonces los hoteles abrirán.
“Las empresas que se han ido como Elcano, que liquidó, van a regresar”, al igual que los trabajadores que aunque fueron despedidos volverán a ser contratados en la misma hospedería.
E insistió “despidos no hay, porque la ley no lo permite tampoco, ni la CTM lo está permitiendo”, y dijo que no van a cerrar las sucursales de la cadena de tiendas Sanborns en Acapulco, aunque señaló que el que está en el hotel Calinda cambiará de nombre, pero es de la misma cadena. En esa empresa dijo que se ha estado llegando a acuerdos para que los trabajadores que hayan cumplido la edad y los años de servicio se jubilen.
Explicó que en el caso del hotel Romano, y Amarea es la misma situación, hubo trabajadores que llegaron a una conciliación con los patrones y fueron liquidados, pero se les volverá a contratar, y que son alrededor de 100 en total por ambas hospederías.
En el caso de los despidos del grupo Mundo Imperial como el personal que comunicación y relaciones públicas, dijo que no se ha despedido a ningún trabajador, además de que la sección 12 encabeza y tiene el contrato colectivo en el complejo del Mundo Imperial y sus tres hoteles, “no hay despidos, yo sé que no hay liquidaciones”.
Espera secretario que el asesinato de Taja no afecte todavía más la llegada de turistas
Anuncia Santos Ramírez que el gobierno del estado no usará para parques el predio que le cedió el gobierno federal en el Centro de Convenciones
Jacob Morales Antonio
El secretario de Turismo del estado, Santos Ramírez Cuevas, dijo que espera que el asesinato de un poliico “mediático” como lo era el ex diputado federal y empresario Ricardo Taja Ramírez no afecte todavía más la llegada de visitantes a Acapulco.
Informó asimismo que el gobierno del estado no dará continuidad al proyecto original de tener tres parques en la mitad del predio cedido al gobierno del estado del Centro de Convenciones, y estará temporalmente ocupado por la Guardia Nacional.
En declaraciones luego de acudir a la entrega de apoyos de la Secretaría de Bienestar a personas de la comunidad LGBTIQ en el estacionamiento del parque Papagayo, el secretario lamentó el homicidio del político que buscaba la alcaldía de Acapulco “por la fama de la persona, lo mediático que era Ricardo Taja, esto tiene un eco en medios que hace voltear a ver una situación”.
Dijo que va a esperar las investigaciones de la fiscalía del estado. Respecto al impacto que pueda tener la noticia expresó “en algún otro momento con todas las habitaciones y con el inventario completo, pero en este momento la demanda es más grande que la oferta que tenemos” y que no hay repercusión pese a la matización de la noticia.
Ramírez Cuevas dijo que la demanda de consumidores es mayor que la oferta de hoteles con habitación en Acapulco, de las 19 mil 600 habitaciones que había antes del huracán apenas se va a alcanzar el 20 por ciento con los 4 mil 500 habitaciones proyectadas para el 28 de diciembre.
El secretario expresó que no está de acuerdo en que se permita acampar en las playas a los visitantes porque hay hospederías de dos y tres estrellas para que puedan ocupar y ayudar a la reactivación de la economía. Además dijo que desde el gobierno del estado nadie ha solicitado a las autoridades federales un permitir que la gente pueda acampar.
El funcionario informó que luego del decreto publicado en el diario federal donde se entrega la mitad del predio que conformaba el centro de convenciones al gobierno del estado no se le dará continuidad al proyecto original donde consideraba la construcción de tres parques y la remodelación del teatro Juan Ruiz de Alarcon, teatro al libre y las salas del edificio.
Dijo que debido a que el decreto establece que el uso del inmueble debe de ser para centro de convenciones o para fines turísticos “por la cual no se puede realizar alguna otra situación”, y en seis meses el área de jardín continuará siendo ocupado para atender la emergencia que provocó el impacto del huracán Otis.
Además que las salas del edificio estarán siendo ocupadas por los elementos de la Guardia Nacional con un cuartel que estará de forma temporal en el lugar. “Pero por otro lado estamos buscando algunas dependencias federales que sus edificios sufrieron algunos daños puedan tener algo temporal en el jardín poniente”.
El secretario de Turismo dijo que para julio se podría comenzar a iniciar los trabajos de remodelación del Centro de Convenciones en el ala que da a la calle María Bonita. “Es un proyecto totalmente distinto, desde el plan sectorial y los objetivos de la secretaría de del gobierno del estado, y seguramente del municipio, tendrá que cambiar y readaptarnos a la nueva realidad. Anteriormente era aumentar la pernocta, hoy estamos buscando aumentar el número de habitaciones y llegar por lo menos a la base teníamos”.
Bloquean la Costera estudiantes contra el cierre de la Universidad Americana de Acapulco
Exigen al rector, Mario Mendoza Castañeda una solución para que puedan concluir sus estudios, principalmente de licenciatura, pues ninguna universidad les valida las materias que ya cursaron. Reanudará labores cuando las instalaciones estén en condiciones óptimas, dice la institución en un comunicado
Aurora Harrison
Unos 50 estudiantes de la Universidad Americana de Acapulco bloquearon la avenida Costera, en el sentido al Zócalo, para exigir al rector Mario Mendoza Castañeda una solución para que puedan terminar sus estudios, principalmente de quienes cursan alguna licenciatura, esto luego de que la escuela anunciara su cierre.
A las 2:30 de la tarde los jóvenes cerraron la vía y durante la protesta portaron cartulinas en las que se leía: “no queremos perder el derecho a estudiar”, “vendieron la escuela con todo y alumnos” y “Grupo Nacer queremos solución”.
Por separado, la Universidad Americana Acapulco ayer emitió un comunicado oficial en donde dio a conocer el cierre del edificio que alberga la preparatoria, licenciatura y posgrado “hasta que sus instalaciones no se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento”.
Los jóvenes que se manifestaron por más de una hora son alumnos de las licenciaturas en Nutrición, Derecho, Arquitectura, Comunicación, Administración y Psicología
Dijeron que unos están por concluir la carrera y otros son de primer año, pero a todos les han dado como solución la propuesta de que busquen otra escuela en donde les hagan valido el tiempo estudiado.
Antes de la protesta, los estudiantes pasaron de madera individual al área Control Escolar para ver su caso y preguntar qué pasaría con sus estudios, pero al no tener una respuesta clara y debido a que, dijeron, el rector se mostró evasivo, acordaron salir a bloquear la Costera, en el sentido hacia el Zócalo, dejando el carril de alta velocidad para que los carros pudieran pasar.
Los estudiantes que están molestos con los directivos, señalaron que días antes de que se anunciara el cierre de la escuela algunos padres acudieron a realizar el pago de la colegiatura, y por ello, ahora, piden el reembolso al rector Mario Castañeada.
El presidente interino del Comité Estudiantil, Alfredo Jiménez Zapata declaró: “venimos a pedirle al rector que se nos de una solución para nuestra educación, porque nos cerró las puertas de la Universidad, ceso nuestra educación y no nos dan solución para que nosotros podamos concluir nuestros estudios en mi caso particular la carrera de derecho”.
Agregó que hay otros que van a mitad de carrera o empezando y “es muy difícil que les revaliden sus materias en otros lados, porque su curricula no es la misma, no corresponde al mismo plan de estudios, entonces aquí el rector nos trae dando vueltas”.
“Ya se le dijo a él (Mario Castañeada) que hay un edificio capacitado que es la preparatoria de la Universidad Americana que está por avenida Universidad y justamente ahí se pueden tomar las clases, se estuvo tomando este semestre para que pudiera de manera satisfactoria concluir, también está el edificio de atrás donde se puede impartir clases” puntualizó el alumno.
Agregó que antes del huracán a las instalaciones de la universidad no les daban mantenimiento, los sanitarios estaban en mal estado, y “no eran las instalaciones dignas para los alumnos como ellos lo quieren vender a los medios de comunicación”.
“Nos dijeron que la escuela ya se va a cerrar, no hay universidad hasta 2027, personas como yo que nos falta un año de carrera e incluso los que se van a titular este año, no nos dan solución viable, el rector dice que en enero nos da los papeles y ustedes busquen una universidad, en ninguna universidad se revalida” declaró Daniela Reyes de la licenciatura en Nutrición.
Abundó que ella acudió a varias universidades fuera de Acapulco, citó el caso de la Universidad del Valle de México (UVM) en las sedes que tiene en la Ciudad de México, Pachuca, Cuernavaca y en “ninguna me revalidan las materias, sé que no se puede en todas pero mínimo los dos años que llevo de carrera, me falta un año para titularme y no es justo lo que hacen, no pido que me regresen colegiaturas que ya pague, quiero que me resuelvan lo de mi titulación porque no es justo”.
“No es justo esta universidad ha tenido trabas y trabas, llevo dos años sufriendo, los techos de la universidad se estaban cayendo a pedazos y no teníamos aires acondicionados, los maestros faltaban y no es justo que no nos den una solución para esto” dijo la estudiante.
Agregó que a los alumnos de las licenciaturas del área de salud les daban clases en las aulas de la Preparatoria o en línea, pero luego no había Internet.
Abundó que son “más de 100 estudiantes, porque no nada más son del sector salud, también son Derecho, Administración, Contaduría, Arquitectura, cuántas carreras no tiene la Universidad para que nos den clases en dos edificios”. Además, dijo “no nos dieron clases en noviembre, pero si nos iban a cobrar la colegiatura, en diciembre nos cobraron con recargo”.
Las reparaciones son de largo plazo y a un alto costo: rector
La Universidad Americana Acapulco este día emitió un comunicado oficial en donde daba a conocer el cierre del edificio que alberga a la preparatoria, licenciatura y posgrado “hasta que sus instalaciones no se encuentren en condiciones optimas de funcionamiento”.
En el comunicado oficial se informa que debido al impacto del huracán Otis categoría 5 las instalaciones de la escuela “sufrieron graves daños en la infraestructura, edificios, y áreas externas dejándolas inoperantes”, y dijo que, con el decreto del gobierno del estado sobre los nuevos Lineamientos de Construcción y Reconstrucción Integral de la franja Costera, impone características de construcción que no dispone la universidad y que demorarían la rehabilitación y el costo.
Agregó que “la reparación de los daños sufridos en las instalaciones de la Americana Acapulco, son de largo plazo y a un alto costo; por lo que no se podrán utilizar en un periodo no menor a un año” y por ello implantó un programa emergente para que los educandos de todos los niveles no perdieran el presente ciclo escolar, llevando un programa especial de recuperación de clases de manera temporal.
Añade que en solidaridad no cobró la colegiatura de noviembre, dando prioridad para que los estudiantes rescataran el ciclo escolar. Además de que “se cuenta con un dictamen de seguridad estructural y reporte de daños en donde derivan los cuantiosos dañados que provocó el huracán, requiriéndose de su necesaria reparación para que no signifique un riesgo para la comunidad”.
Regresan pocos turistas a Acapulco y ven asombrados los daños que causó Otis
En vísperas de la Navidad, decenas de turistas de la Ciudad de México y el Estado de México disfrutaron de la playa Papagayo, mientras otros observaban anonadados los daños en los hoteles y condominios de esta zona de Acapulco.
Cervezas, música y comida que ofrecieron los vendedores ambulantes, acompañaron a los visitantes, que a simple vista llegaron en mucho menor número a lo que se ha registrado en las mismas fechas de los años anteriores, pero que han venido por ser un lugar “accesible”.
O por lo menos así lo percibió un mexiquense, que caminaba sobre la arena rumbo al Asta Bandera, donde estaban sus cuñados y su hijo, en total son cinco integrantes de la familia que llegaron desde el martes pasado al puerto.
“Yo ni sabía, sólo me dijeron”, contestó a la pregunta de por qué decidió visitar Acapulco a pesar de la devastación que causó el huracán Otis durante su paso el 25 de octubre y cuyas consecuencias le han dado la vuelta al mundo.
Agregó que desde hace un par de años ha visitado el municipio turístico en estas mismas fechas del año, entonces no resistió la tentación de mantener su tradición, además de que ya visitó otras playas de Veracruz.
Además es “accesible” por los precios, comentó con los pies hundidos bajo la arena después de una ola rompió a unos metros y el agua subió en la pendiente de arena, que parece más pronunciada después del huracán categoría cinco.
Dijo que la presencia de turistas también ayuda a Acapulco porque los trabajadores que viven de esta actividad económica y resultaron damnificados, necesitan dinero para poder subsistir durante la emergencia ocasionada por el huracán Otis.
Supuso que otros turistas vendrán por el “morbo” de constatar cómo quedó la ciudad, de la cual han circulado cientos de imágenes que han retratado el desastre en distintos puntos, particularmente en la zona turística, desde el primer día, el 25 de octubre.
El movimiento de personal y comensales en el restaurante Bocana Beach, ubicado a un costado del Asta Bandera, constató lo dicho por el turista del Estado de México. Los jóvenes meseros esperaban ansiosos a potenciales clientes que descendían en la rampa y decidían si rentar una sombrilla o pasar al restaurante.
Frente al restaurante, una moto acuática y el típico inflable de paseos marítimos Banana, quedaron estacionados en la arena en la espera que los prestadores servicios que las administran consiguieran clientes para dar un paseo en la bahía de Santa Lucía.
Varios vendedores ambulantes transitaron por esta playa en tan sólo unos minutos, uno ofrecía mango con chile, otras dos mujeres inflables para los niños, un señor cargaba la ropa que ofrecía y otro transportaba en su cubeta los ostiones para vendérselos a los turistas.
Algunas mesas sobresalían por la música que emanaba de la bocina portátil con un volumen alto, alrededor de ésta varios jóvenes departían con sus cervezas ayer, dos días antes de la Navidad.
Pareciera cualquier fin de semana típico de Acapulco si no fuera porque una pareja de turistas de la Ciudad de México observaban el hotel Kristal, cuya área de playa está intocable desde el paso del huracán Otis: todas las enramadas están caídas y no hay ningún servicio, algunos trabajadores limpiaban por dentro del edificio, uno de los más dañados de la avenida Costera.
La misma pareja vio otros edificios que se encuentran a un costado del hotel Kristal, entre ellos uno que está abandonado desde hace años y que después del huracán pareciera que también fue dañado por los fuertes vientos que rompieron los vidrios de las edificaciones cercanas.
Los camastros ocupados por turistas que se bronceaban fuera del hotel Ritz, uno de los que ya volvieron abrir, resaltaron en el panorama de los edificios abandonados y aún más dañados por el Otis. (Ramón Gracida Gómez).
El coordinador de Derechos del INPI Hugo Aguilar, la coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Rubí Martínez Villa, el abogado de Tlalchinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el delegado del INPI Manuel Vázquez Quintero y el secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La armonización de la ley en materia indígena es una asignatura pendiente, tanto en el país como en Guerrero, coincidieron tres ponentes en el encuentro Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se realizó con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebró el 9 de agosto pasado.
El encuentro se realizó en la sala del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y estuvieron como ponentes el coordinador de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz; el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y la dirigente indígena de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, Rubí Martínez Villa.
Estuvieron en el presídium, también, el titular de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán, y el delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero.
Los dos primeros ponentes coincidieron en que no puede haber transformación si no se reconocen los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
En tanto, el abogado Rosales Sierra dijo que hay reticencias en la reforma, en temas como defensa del territorio, seguridad y justicia; autogobierno, autodeterminación y la consulta en los pueblos indígenas.
Aguilar Ortiz dijo que los estudiosos han planteado la necesidad de una reforma constitucional en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, en su opinión, sí es necesaria.
También dijo que es necesaria porque debe haber un principio de igualdad con los pueblos indígenas y que esa igualdad implica que todos tenemos que ser iguales ante la ley, “y eso, hasta en las escuelas de primaria se nos indica. Pero en los hechos no es así, la igualdad se distingue entre igualdad formal e igualdad real”.
El funcionario federal reconoció que solamente mediante la reforma a la ley se podrá garantizar esa igualdad y se podrán superar las condiciones de los indígenas.
Sostuvo que si de verdad se quiere cambiar este país, la Constitución y las instituciones deben de establecer una relación distinta con los pueblos y comunidades indígenas.
Otra razón por la que se deben reformar las normas legales en materia indígena, es porque se debe apostar a la institucionalidad, por la paz y por la inclusión plena.
Sin embargo, dijo que en las reformas que ha habido, como la de 2001, sólo se reconoció la cultura de los pueblos, “es decir sus elementos de identidad, pero no se reconocieron los elementos territoriales, derechos económicos y políticos”.
Agregó que no se entiende una transformación en el país si no se termina por reconocer a las comunidades indígenas, “lo que implicaría que la autoridad de un pueblo o de una comunidad es tan autoridad como la gobernadora o como el presidente de la República”.
“No habrá transformación plena si no estamos reconocidos las comunidades y los pueblos”, insistió el funcionario del INPI.
En tanto que el abogado Rosales Sierra deploró el hecho de que no estuvieran los diputados locales, “para que escucharan la importancia del por qué tiene que haber una reforma en materia indígena”, y coincidió con Hugo Aguilar, respecto a que “no sería válida una transformación si no están plasmados en la Constitución los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
Precisó que hay resistencia entre la clase política para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a su territorio, a decidir con respecto a su seguridad y justicia, así como el derecho al autogobierno y la autodeterminación.
El abogado dijo que en seguridad, los pueblos indígenas han demostrado la eficacia de su forma de organización para enfrentar el problema de la violencia y la aplicación de la justicia comunitaria. Puso como ejemplo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), pues dijo que donde opera hay tranquilidad, a diferencia del resto del territorio guerrerense.
Sin embargo, reprochó que no se le quiere reconocer ese derecho y su forma de organización.
“Ellos (la CRAC) iniciaron esta lucha desde 1995 y creo que son ejemplo que hoy en día tenemos en Guerrero de la jurisdicción indígena. Tienen sus jueces, sus coordinadores y cinco casas de justicia”.
Rosales Sierra añadió que tampoco se quiere reformar la jurisdicción indígena y que derivado de ello, la CRAC tiene “graves problemas, y no se diga las comunidades”.
Con respecto al autogobierno, la participación y representación política, puso como ejemplo al gobierno municipal de Ayutla,
También dijo que comúnmente se violenta el derecho a la consulta de los pueblos, por ejemplo, informó que en la región Montaña hay 32 concesiones mineras de empresas canadienses e inglesas, que hay unas 800 mil hectáreas ya concesionadas y todas se dieron sin que se hayan consultado los pueblos y comunidades.
El abogado expresó que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser y ejercer el gobierno, “tenemos derecho a gobernarnos, a decidir la política y nuestro destino, y hacia donde q<zueremos caminar a través de las acciones de gobierno”, dijo.
Asistieron autoridades comunitarias e indígenas, y del pueblo afromexicano, queabarrotaron la sala del TEE. El diálogo fue coordinado por el titular del área de Asuntos Internacionales del INPI, Marcos Matías Alonso, y la presentación estuvo a cargo del abogado Hegel Mariano Ramírez.
La ex secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga saluda al ex gobernador Héctor Astudillo durante una reunión-desayuno con mujeres en un salón del hotel Holiday Inn Costera en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
La secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, criticó que existe un proceso electoral rumbo a la presidencia “muy adelantado”, pues se anticiparon las campañas políticas y que el INE “está quedando a deber”.
La ex presidenta nacional del PRD (2002-2003), sostuvo un encuentro con unas 80 mujeres en un salón del hotel Holiday Inn en la zona dorada de Acapulco, donde fue acompañada por su hija Mariana Moguel Robles, por el ex gobernador Héctor Astudillo, por el ex dirigente perredista Ramón Sosamontes, las diputada locales del PRI, Julieta Fernández Márquez y Gabriela Bernal Reséndiz, así como el regidor René Juárez Albarrán.
En delaraciones, dijo que se está gastando mucho dinero con las pintas y espectaculares de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial por Morena: “Cuerpo de mujer no garantiza visión de poder. No cualquier mujer, una mujer que sea capaz de defender los derechos de las mujeres, que no tengamos silencio cómplice, y que no dependa de un hombre para gobernar, no nos fortalece en la lucha de tantos años”, expresó, en alusión a que ésta es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al preguntarle si Xóchilt Gálvez, quien se perfila como la candidata de oposición, garantiza esa defensa de las mujeres, dijo que aun falta mucho para el proceso electoral y que en 11 meses pueden pasar muchas cosas: “Lo que yo sí veo, hoy en Guerrero, es que me parece ilegal, agresivo, abusivo en un estado donde aparecen muertos, donde el crimen organizado hace de la suyas, esta campaña completamente ilegal que vemos en las calles, en espectaculares, que vemos en las bardas y creo que México no está para eso”.
El actual gobierno no resolvió la violencia
Respecto a la violencia, dijo que no es nueva, pero en la actualidad se ha incrementado: “hoy tenemos más muertos que en los sexenios anteriores, y que se nos hizo una promesa que en seis meses se iba a tener resuelta la violencia y que la estrategia, abrazos y no balazos nos iba a dar grandes resultado”.
“El problema es que los balazos son para los ciudadanos, son los que aparecen muertos, y el argumento ya de que son ajuste entre los criminales, ese argumento ya no nos debe de dejar satisfecho”, señaló.
La ex presidenta del PRD, dijo que la situación de ese partido es “complicada”, pues “se ha perdido este contacto con las causas de la gente”, pero corrigió: “Afortunadamente hoy el PRD ha tenido la altura de miras de sumarse y formar parte de una gran alianza opositora, de hacer a un lado sus diferencias, sobre todo con el PRI”.
Ante la pérdida de registro del PRD en algunos estados, dijo que la tiene complicada, porque hay una crisis del sistema de partidos y en el caso de Morena “lo maneja un hombre”, y partidos como el PT, y PVEM, tienen dueños, “y si hablamos de los partidos de oposición también”.
Señaló que después de las elecciones de 2024 se tiene que ir a una reforma político electoral, y celebró que la Suprema Corte haya rechazado el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que significaba acotar las funciones del INE.
Robles Berlanga agregó que se debe de permitir la creación de nuevos partidos con requisitos flexibles, además de incorporar verdaderos mecanismos de verdadera participación ciudadana, así como las segundas vueltas, y las elecciones primarias en los partidos.
“No me doblaron”
En su exposición en el encuentro con mujeres, afirmó que no la doblegaron ni salió por la puerta de atrás, luego de la “venganza” que emprendió el actual gobierno en su contra al acusarla y mantenerla presa durante tres años por la llamada “Estafa Maestra”.
Durante su participación, en el contexto de una gira agradecimiento a quienes la respaldaron en este periodo de encarcelamiento, narró lo que vivió en la cárcel. Llamó a las mujeres a la unidad, porque es tiempo de las mujeres, pero no de las que un hombre les levante el brazo o esté detrás de ellas, sino de mujeres capaces de salir adelante por sí mismas y construir una historia de éxito, y acompañar las causas como aquellas que buscan a sus hijos desaparecidos.
En declaraciones a reporteros, Robles Berlanga expresó que “no me doblaron. Siempre dije, ‘no voy a salir por la puerta de atrás, voy a salir por la puerta de adelante, no importa el tiempo que tarde’”, de lo que calificó como una “venganza al más alto nivel”.
Señaló que sufrió una campaña mediática porque no había nada sólido en la investigación y se agarraron de una querella de Mexicanos Contra la Corrupción, organización que tanto critica López Obrador.
Dijo que nunca huyó, y que a pesar de que el supuesto delito que cometió no era grave se le impuso prisión preventiva porque según el juez se podía dar a la fuga.
Afirmó que no se le encontró nada y fue inhabilitada por una cuenta de 2007, por 2 mil pesos, antes de ser funcionaria federal, que no tenía que ver nada con el gobierno. Dijo que no pasa lo mismo con el director de la CFE, Manuel Bartlett o la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quienes no reportaron casas y predios. O lo que ha ocurrido en Segalmex.
“Hubo mucha saña pero aprendí que había que resistir. No había nada con lo que me pudieran doblar” y “no se puede entender la orquestación de este proceso llevada por todas las instancias del Estado sin una participación del presidente de la República. No puedo concebir que no lo supiera y que no lo avalara”.
Robles señaló que ser mujeres no implica “necesariamente (que) estamos comprometidas con las mujeres, y lo hemos visto con un gabinete que ha callado ante la desaparición de políticas públicas” para el sector.
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.
El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.
La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo
El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.