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Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

No se opone el PRI a la Ley de Austeridad, pero se está revisando, dice Héctor Apreza

El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.

Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179

También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.

La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH

Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.

Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género

También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.

 

Se cumple un año sin sanción a alteración a la Ley 179 aprobada por el Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A un año de la alteración a un artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, aprobada por el pleno del Congreso local, aún no se sabe quiénes son los responsables, y el dictamen que presentó la Comisión Especial creada para investigar lo ocurrido se mantiene congelado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a pesar de que de manera reiterada diputados de todas las fracciones han afirmado que no quedará impune la falta.
La noche del 12 de abril el pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la nueva Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la cual fue publicada el 14 de abril en una edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero se le realizó una alteración al segundo artículo transitorio.
De esta modificación, el gobierno estatal se deslindó tras hacerse público el hecho. Incluso mostraron el documento de recibido por parte del Poder Legislativo, el cual fue publicado íntegro. Mientras que en el Congreso se generó un fuerte debate y señalamientos que sugerían que el entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, fue el responsable de esa modificación. Diputados de todas las fracciones, en tribuna, demandaron que se esclareciera el tema.
La salida que le dieron en ese momento fue la creación de una Comisión Especial para investigar lo ocurrido. Sin embargo, además de los 45 días que el pleno le dio para realizar la investigación y presentar un dictamen, ese colegiado presidido por la perredista Elzy Camacho Peñaloza solicitó 15 días más.
Tras este tiempo, el dictamen no se entregó, incluso el dictamen estuvo presuntamente “retenido” por más de dos meses por una asesora de Alfredo Sánchez Esquivel, y finalmente el primero de septiembre pasado este documento fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez.
El dictamen no se enlistó en ningún orden del día de las sesiones del pleno en estos últimos cuatro meses de 2022, y fue hasta el 12 de enero cuando hubo apenas un intento de sesión “secreta” para discutir y votarlo, pero no se concretó supuestamente por “falta de quórum”.
Pero esta falta de quórum se dio por la oposición de un grupo de diputados, principalmente del PRI y PRD, pero también de Morena, quienes estaban en contra de votar el dictamen en el que no se señalaba a los responsables de la alteración y mucho menos había sanciones.
A un año de esta alteración, el Congreso de Guerrero sigue sin aclarar quién realizó y ordenó que se modificara un artículo transitorio a una ley que había aprobado el pleno del Poder Legislativo.

 

Retuvo Morena dictamen sobre la alteración de la Ley 179, reconoce Sánchez Esquivel

El ya ex coordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, responde a preguntas de los reporteros antes de la sesión de ayer del Congreso local Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El ahora ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, reconoció que no se devolvió el dictamen de la Comisión Especial para investigar la alteración al artículo segundo transitorio de la Ley 179 porque se “está trabajando”. Adelantó que el tema debe tener un trato “muy particular” y que será presentado en una sesión secreta del pleno.
La Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el periódico oficial del gobierno del estado el 14. Sin embargo, en este último tramo sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, cambio del que la entonces presidenta de la Mesa Directiva Flor Añorve Ocampo se deslindó y lo mismo hizo el Ejecutivo estatal.
En trascendidos en la Cámara, diputados implican en la alteración del documento original al propio Sánchez Esquivel.
En declaraciones antes de la sesión en la que dejó de ser presidente de la Jucopo, se le preguntó por el dictamen que de acuerdo con lo dicho por la presidenta de la Comisión Especial Elzy, Camacho Pineda, fue retenido por el grupo parlamentario de Morena, después de que se le entregó a la asesora María Eugenia Salgado Guzmán, cercana a Sánchez Esquivel.
Al respecto, el ahora ex presidente de la Jucopo, dijo que “el tema, lo quiero decir así, es un tema que se está trabajando” y reconoció la labor “profesional de la diputada Elzy Camacho y los demás integrantes. Pero es un asunto que tiene un trato muy particular porque la ley así lo determina, y que inclusive, en su momento tendrá que ser en una sesión secreta donde se haga del conocimiento” al pleno e insistió en que así lo marca la ley.
Sin embargo, se le recordó el que esta sesión sea secreta o no, es algo que no determina la ley, esa es una decisión que se toma a criterio de los diputados, y que en el acuerdo parlamentario por el que se creó la Comisión Especial señala un plazo en el que deberían entregar los resultados y que estos deberían ser informados al pleno en sesión, y que no se apuntó que esta sería secreta.
“Yo eso no lo discutiré… es un tema que tiene que ver la Jucopo, pero bueno nosotros somos respetuosos de los resultados… pero creemos que hay rutas interesantes que al final de cuentas lo que tienen que buscar es que no vuelva a ocurrir un error de este tipo”, e insistió en que ese sería el procedimiento.
Se le preguntó entonces, si lo que se buscaba con esta medida era proteger al Poder Legislativo, a alguno de sus integrantes por la responsabilidad que pudieran tener en este delito que es la alteración de un documento aprobado por el pleno, y respondió con un “no”.
Después negó conocer el dictamen, a pesar de que la primera pregunta en ese tema fue el porque mantenían retenido el documento, y que él respondiera que “es un tema que se está trabajando” y que habrían de darle “un trato muy particular”. Intentó concluir sus declaraciones, “no voy a caer en contradicciones”, e insistió en que será la Jucopo la que determine la ruta en ese tema.
Un reportero preguntó por qué el retraso para presentar el tema ante el pleno, y Sánchez Esquivel únicamente dijo que “soy respetuoso de las decisiones que toma la Comisión”.

Esquiva el tema de la auscultación a aspirantes a la ASE

A Sánchez Esquivel también se le preguntó sobre la reunión del grupo parlamentario que tuvieron en el salón Cuicalli donde los diputados de Morena auscultaron a los aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y se le preguntó si es legal realizar este tipo de encuentros fuera de lo establecido en la convocatoria.
“Decirte que… no hago comentarios del tema, tuvimos alguna reunión el grupo parlamentario, varios diputados y temas variados”. Se le comentó que, de acuerdo con algunos asistentes, fue precisamente él como coordinador quien convocó a los aspirantes. “Yo convoqué a la reunión de los diputados y tratamos varios temas”, respondió.
Se le insistió sobre la legalidad de una reunión fuera de la sede legislativa por donde desfilan aspirantes a titular de la ASE. Contestó: “si es legal o no es ilegal es reconocer que ocurrió un evento… nos reunimos nosotros con varios actores y hasta ahí lo dejaríamos, que nos reunimos con ellos, con varios actores de diferentes tipos para hablar de diferentes temas”.