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El Congreso local cierra el año sin ninguna ley aprobada propuesta por sus integrantes

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La 64 legislatura del Congreso del Estado cierra el año sin ninguna ley aprobada propuesta por sus integrantes, pues lo que aprobaron en sus tres primeros meses fueron 14 dictámenes de reformas federales del llamado Plan C, propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, un par enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuatro por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Entre los 14 dictámenes del Plan C aprobados por el Congreso local, destacan la reforma judicial, que plantea una elección por voto directo para jueces, magistrados y ministros.
También se aprobó la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos; de bienestar; de poner un mando militar a la Guardia Nacional; el alza salarial por arriba de la inflación; impulso a las vías ferroviarias como medio de transporte; de devolver el carácter público a Pemex y CFE; de protección y cuidado animal y la extinción de siete órganos autónomos.
Tres más, que no son parte del Plan C, fueron enviadas por Sheinbaum Pardo, como la de igualdad sustantiva, la de fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y una más para evitar que mediante recursos legales se reviertan cambios aprobados por el poder Legislativo federal a la Carta Magna.
En el ámbito local, se aprobó la reforma a la Ley de Mejora Regulatoria, que establece el aprovechamiento de la tecnología para que los trámites del gobierno sean más rápidos, claros y eficientes; además de la reforma al Decreto 551 por el que se crea la Universidad Virtual del Estado de Guerrero, para modernizar su estructura; la creación del Sistema Estatal para el Bienestar y por último, aprobaron una reforma para que las instituciones de seguridad pública implementen la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas a través del número de emergencias 911 o de manera presencial, sin necesidad de denuncia formal ante el Ministerio Público.
De entre estas iniciativas, puntos de acuerdo a reformas hechas por algunos de los 46 diputados, ninguna ha salido de las comisiones legislativas.
Al iniciar la Legislatura, en septiembre, hubo un retraso de poco más de un mes para la conformación de las comisiones, lo que en consecuencia atrasó el trabajo legislativo, entre las que destacan las comparecencias, que se realizaron los primeros días de septiembre y las aprobaciones de las leyes de Ingresos y Tablas de Valores de los 85 municipios y el Presupuesto de Egresos 2025, que se terminó de aprobar el pasado viernes.
Está pendiente la homologación de varias reformas constitucionales, como la del Poder Judicial, la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la de desaparición de los órganos autónomos, que para el caso de Guerrero sería el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.

 

Será el impuesto sobre hospedaje tema a debate en el Presupuesto de Ingresos

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En la sesión de este viernes se prevé que se discuta y se apruebe el Paquete Fiscal 2025 del Ejecutivo estatal, que incluye el Presupuestos de Ingresos, Egresos y un par de reformas al Código Fiscal del Estado, enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Entre las reformas que se plantean está el aumentó del 3 al 4 por ciento al impuesto sobre hospedaje, para lo cual el Grupo Parlamentario del PRI adelantó que exigirán que se transparente y se informe el destino de los recursos recabados por dicho aumento.
Entre otras cuestiones, el Proyecto del Presupuesto de Egresos plantea asignarse 47 mil 517 millones 436 mil 536 pesos, repartidos en sus secretarías: al Legislativo se le destinarán 890 millones 112 mil para tres rubros programados, y al Judicial mil 30 millones, en su mayoría destinados a la construcción de edificios.
Dentro del gobierno estatal, las secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública serán las que más presupuesto reciban, con 29 mil 980 millones 640 mil pesos; 9 mil 83 millones 830 mil y 3 mil 736 millones 672 mil, respectivamente.
Otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, recibirá 889 millones 313 mil pesos, dentro de los cuales ya está presupuestada la cantidad de 51 millones de pesos para la conclusión de la Biblioteca del Congreso del Estado.
Algunas prioridades que diputados Morena adelantaron, serán que haya recursos para el campo, salud y pueblos indígenas, por lo que a unas horas de que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se suba al pleno, todavía se analizan los rubros que consideran prioritarios del proyecto presupuestal que presentó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el pasado 15 de octubre.
A pesar del tiempo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Joaquín Badillo Escamilla, continúa reuniéndose con sectores de la población que solicitan más presupuesto, principalmente en el sector educativo.

La tarde de este jueves Badillo Escamilla se reunió con integrantes del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), a petición de los sindicalizados que solicitan el pago de finiquitos de trabajadores jubilados y pensionados.
Al salir de la reunión, el secretario general del Sutchobach, José Antonio Salvador López, informó que de momento solicitaría una reunión con el director general del Colegio de Bachilleres, Jesús Villanueva Vega, para analizar el tema, sin asegurarles nada sobre el tema presupuestal y los pagos.
El pasado 20 de diciembre, los diputados Pánfilo Sánchez Almazán y Badillo Escamilla presidentes de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, atendieron a directivos de diferentes planteles del Colegio de Bachilleres, quienes solicitan un incremento en el presupuesto del próximo año.
Otro de los sectores que acudieron en los últimos días al Congreso de Estado, fueron docentes y directivos de Preparatorias Populares, quienes buscan el reconocimiento oficial, y un mejor presupuesto para el próximo año.

Protegerse contra mineras y de la violencia, acuerdan comuneros y ejidatarios de la Montaña

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marchan en la Ciudad de México para exigir su presentación con vida a 10 años y dos meses de su desaparición Foto: Juan Luis Altamirano

Carmen González Benicio

Tlapa

En la reunión informativa del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), de la región Montaña, los comuneros y ejidatarios acordaron seguir fortaleciendo su organización comunitaria, ante actores externos que pretenden extraer minerales y por la creciente violencia.
El Craadet realizó su foro informativo 44, por la defensa del territorio en la comunidad Tilapa, municipio de Malinaltepec, donde se analizaron los estatutos agrarios de Colombia de Guadalupe, Tilapa, San José Vista Hermosa y San Miguel del Progreso; así como las recientes reformas sobre derechos de los pueblos indígenas, su utilidad para la integración de municipios autónomos, y el contexto de violencia en la región.
Armando Galeana Méndez, el integrante de Tlachinollan que acompaña al Craadet, detalló que hablaron sobre los avances que hay en la inscripción de los estatutos comunales para la defensa del territorio y los bienes naturales, ante el Registro Agrario Nacional (RAN), los cuales van lentos, como el caso de San Miguel del Progreso, comunidad que lo entregó en idioma me’phaa, sin que se reporten avances favorables.
Mencionó que hablaron sobre la aprobación de la reforma constitucional sobre pueblos indígenas, que dejó el presidente de la República anterior, para analizar su impacto en la vida y sobre todo en el ejercicio de los derechos colectivos que tienen como comunidades, donde coincidieron en que su contenido no tiene propuestas nuevas, que lo plasmado no significaba avances pero sí muchos retrocesos y tampoco le ven la forma en que los pueblos pueden usarlo.
Informó que acordaron seguir fortaleciendo la organización comunitaria para la defensa del territorio, ante actores externos que no han quitado el dedo del renglón para llevarse los minerales.
Contó que hace unos días, los comuneros dijeron ante la asamblea informativa que un individuo se presentó como minero, que estaba interesado en extraer minas de manera artesanal, en un intento de romper los acuerdos entre las comunidades para prohibir, levantando actas de rechazo, a “cualquier proyecto extractivo, no sólo de minería, sino de otros recursos naturales, como la madera y el agua”.
Además, entre los asistentes se abordó el tema del crecimiento de la violencia en la región, porque las autoridades que brindan seguridad no han hecho nada, pero tampoco confían en ellas como parte de su protección.
Agregaron que tienen desconfianza en la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, porque creen que tienen vínculos con los grupos criminales, que se apoderan de los gobiernos en los procesos electorales, mencionando que 56 alcaldías fueron impuestas por grupos criminales, donde los alcaldes andan resguardados por la GuardiaNacional.
También acordaron buscar estrategias para que la delincuencia no entre a las comunidades y dijeron que una forma es informar en las escuelas, que son lugares vulnerables, donde los menores y jóvenes consumen enervantes y donde nace la violencia.
Acordaron fortalecerla policía comunitaria que establece el Craadet, un sistema llamado Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti), porque conoce el territorio.
Continuarán con la redacción de los estatutos comunales de cada núcleo agrario, que sirvan para impedir que las empresas mineras entren el territorio de los pueblos originarios. Se informó que no hay que confiar en los programas del gobierno, pues es una forma disfrazada para poder apoderarse del territorio y desplazar a los habitantes de los pueblos indígenas.
La bienvenida la dio el comisario de Tilapa, municipio de Malinaltepec, Ezequiel Neri Casimiro. En la reunión estuvieron los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, Iliatenco y San Luis Acatlan.
Asistieron el presidente del Craadet, German Cortes Morales; secretario del Craadet, Gelacio Ambrosio Santana; el comisariado de bienes comunales de Colombia de Guadalupe, Federico Salgado Toribio; el comisario ejidal de San José Vista Hermosa, Clodoveo Mateo Fidel; comisariado de bienes comunales de Totomixtlahuaca, Javier García Barragan; comisariado de bienes comunales de San José Vista Hermosa, Prisciliano Enríquez Jimenes; comisariado de bienes comunales de San Miguel del Progreso, Ángel Barrera Santiagués, y comisariado de bienes comunales de Malinaltepec, Florino Vicario Carrasco, y el enlace en Guerrero de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Miguel Ángel Mijangos Leal, y abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Viven los pueblos indígenas del estado una severa crisis de agua, alertan expertos

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, académicos y especialistas alertaron de la severa crisis de agua que viven los pueblos de Guerrero y la falta de una legislatura para garantizarles el derecho a tener acceso.
La escritora Rosalba Díaz informó que el 80 por ciento de los ríos del estado están contaminados, mientras que el ambientalista Octavio Klimek dijo que, en la práctica, se deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos al agua. Así como no sólo pregonar un discurso de reconocimiento de sus derechos un día al año, el 9 de agosto.
“Hoy es más fácil conseguir bebidas de empresas comercializadoras, que tomar agua natural de un manantial”, lamentó Klimek.
Mientras que el Ayuntamiento dedicó una jornada completa de folclor para celebrar la fecha. Ahí, el estudiante universitario Juventino Vargas recitó un poema crudo acerca de la violencia en la capital del estado.
La mañana de este viernes fue presentado el libro Agua en Tiempos de Sed, cosmovisión y vida cotidiana entre nahuas de la montaña baja del estado de Guerrero, en el Museo Regional Guerrero, en el centro de Chilpancingo.
Estuvo la autora y profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosalba Díaz Vázquez. Lo comentaron el historiador tu´un savi, Jaime García Leyva, y el especialista en cambio climático y articulista de El Sur, Octavio Klimek. Moderó Gerardo Guerrero, jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares.
El libro editado por la Secretaría de Cultura federal y es un estudio en las poblaciones Zitlala, Acatlán, BuenaVista y Mezcaltepec, estos dos últimos anexos de Atzacoaloya, acerca de la escasez y la reducción de mantos acuíferos, así como su cuidado y aprovechamiento.
“Está enfocado en revisar el pensamiento nahua en torno al agua, el aporte y la gestión, así como la construcción de un modelo para una posible reconcepción del agua basado en el patrimonio y no en la mercancía”.
La escasez del agua, dijo la escritora en entrevista, es ya un asunto crítico por el cambio climático, el mal uso y manejo del recurso.
“En general, el planeta está padeciendo la falta de agua dulce para consumo humano”.
Aseguró que en los pueblos originarios de Guerrero hay niveles de contaminación muy severos.
“El 80 por ciento de los ríos del estado de Guerrero están contaminados, hay una importante cantidad de salitre en el agua. Hay muchos manantiales que están en estrés hídrico, que es el término para indicar que han empezado a reducir sus niveles de agua”, alertó.
Expresó que, aunque en esta temporada se ve agua abundante de la lluvia, esta no está siendo utilizada porque no existen sistemas de captación de agua, por lo que el líquido se pierde.
“Por un lado, hay una escasez severa y por otro se desperdicia el agua de la lluvia. En términos generales hay una crisis del agua en el estado”.
Recomendó dar seguimiento al tema de las legislaciones acerca de los derechos del agua.
“Que el agua no sea vista como mercancía, sino reconocer los derechos de los pueblos ancestrales que son los receptores del agua, los bosques, la tierra y del paisaje”.
Reconocer a los pueblos originarios como dueños de su tierra, respetar las decisiones que toman. “Es un paso muy importante porque eso implica reconocer la autogestión de los bienes naturales comunes, entre ellos el agua”, agregó.
El investigador en conservación de la naturaleza, cambio climático y ecología de la UAG, Octavio Klimek, consideró que el Día de los Pueblos Indígenas debe ser un reconocimiento a los derechos ancestrales de las comunidades.
“Muchas comunidades fueron atropelladas, explotadas en sus elementos naturales. Está el caso paradigmático de las explotaciones mineras, por la madera. Pasamos por encima de los derechos ancestrales de las comunidades, como el derecho al agua, que es un derecho universal”.
“Lo que debemos de hacer en la práctica es reconocer esos derechos, no sólo pregonarlos los días 9 de agosto”.
“Significa comprender que el desarrollo económico tiene que pasar por la vida y el bienestar de las comunidades y pueblos indígenas, con el pleno respeto a su cosmovisión, sobre todo ante la erosión del conocimiento tradicional que está sufriendo por el embate mismo de la globalización”.
“Muchas cosas se están perdiendo, es más fácil conseguir bebidas de empresas comercializadoras que tomar agua natural de un manantial”.
Para tratar de revertir la crisis, recomendó, primero se debe de establecer en la legislación federal.
“No puedes estar dando concesiones por ejemplo en territorios y comunidades sin que haya conocimiento previo, informado, el derecho a ser consultado sobre eso”.
“Eso tiene que ser ya y debe ser fundamento para cualquier toma de decisiones, no puedes llegar y decir va la instalación de una industria minera o transformación de un bien, pero te vamos a usufructuar el agua donde viven”.
El Congreso federal, recordó, desde 2013 debió expedir la Ley General de Aguas.
En la participación del público se expuso la sequía del río en Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y la instalación de una presa que rompió el flujo del agua.
Además, la apropiación de los manantiales de agua por parte de particulares en la localidad de Atliaca, municipio de Tixtla.
“Ahora imaginemos la situación en los pueblos donde están instaladas las minas y donde ya están intoxicados los mantos acuíferos”, dijo un participante.
En tanto, el Ayuntamiento de Chilpancingo, que preside Norma Otilia Hernández y el Grupo Cultural de Escritores en Lenguas Originarias del Estado de Guerrero, que coordina Yolanda Matías García, dedicaron una jornada completa para el festejo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
A las 10:30 se realizó la conferencia La realidad sociopolítica y cultural de los pueblos indígenas, por parte del doctor Javier López Sánchez.
En el auditorio José Inocente Lugo se develó un cartel y presentó el libro Destellos del Anáhuac, una compilación de poemas de diversos escritores.
El momento de folclor lo rompió Juventino Vargas, poeta ñom da’a o amuzgo, y estudiante de Filosofía y Letras de la UAG.
Con el poema Miedo regresó a la realidad que viven a diario los guerrerenses.
“Quiero dedicarle este poema a un maestro que ha dicho que los jóvenes de ahora escriben pura basura, de desamor y amor, los jóvenes también escribimos cosas que pasan a nuestro alrededor, pero no lo escribimos para publicarlo por miedo”.
“Va dirigido a él, para demostrarle que tenemos miedo de hablar lo que pensamos porque la inseguridad y la delincuencia está cada vez más avanzada”.
Una parte del poema versa: “Tengo miedo porque por tus calles corre más sangre que agua, tengo miedo de ladridos de perros buscando y exigiendo protección, tengo miedo de tus calles llenas de anuncios de ‘Se busca’”.
“Tengo miedo porque he visto, he oído, cómo desaparecen a los míos”.

 

Clausuran funcionarios la obra federal de la clínica en Tlamacazapa, Taxco

 

Pobladores de la comunidad indígena Tlamacazapa, Taxco, denunciaron que funcionarios de la Dirección Desarrollo Urbano y Planeación Urbana colocaron sellos de suspensión a la obra de la remodelación y ampliación de la clínica de salud de esa localidad.
Pese a que la remodelación se hace con recursos federales, existe el aparente cobro de impuestos por parte del gobierno saliente del alcalde Mario Figueroa Mundo.
Antes del mediodía del jueves llegó una comisión de funcionarios municipales, encabezados por el director de Desarrollo Urbano y Planeación Urbana de Taxco, José Manuel Juárez Mondragón; el inspector del área, Francisco Velázquez, y acompañados por el presidente de la Unión de Pueblos Indígenas del Sur, Armando Encarnación Villalba, que apoyó la campaña de Figueroa Mundo en busca de su reelección.
Estos funcionarios presentaron a los pobladores y trabajadores del centro de salud un acta de “suspensión” de la obra de remodelación y ampliación, de la clínica de salud de primer nivel, que fue construida en el anterior gobierno, del priista Omar Jalil Flores Majul.
La suspensión de esta obra, donde se colocaron sellos en la reja de entrada, con lo que se inhabilitó su uso, así como en puertas y paredes al interior, fue por no respetar el Reglamento de Construcción de la Ley Orgánica del Municipio. Esto, de acuerdo con el oficio, que fue entregado a los pobladores y que no fue firmado de recibido por el encargado de la obra ni por los trabajadores de la clínica.
De acuerdo con el acta única entregada durante esta diligencia, se señala que las faltas son por la construcción que se realiza, la pinta de las instalaciones y un área que ya fue construida. En este acto, y ante las supuestas faltas por el pago de impuestos de la obra, que se realiza en la clínica de salud de la comunidad, procedieron a suspender los trabajos de construcción y colocar los sellos.
Pobladores informaron que durante la diligencia hubo insultos entre los pobladores y trabajadores de la clínica, que fueron desalojados junto con los encargados de la obra, por los funcionarios enviados por el gobierno local de Figueroa Mundo, que en menos de dos meses finaliza. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Alerta Alto Comisionado de la ONU contra la militarización de la lucha antidrogas

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos a estudiar la despenalización del consumo y a enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, indica que en algunos países se utilizan cuerpos militares como respuesta a la problemática.
“Los enfoques punitivos sobre la fiscalización de las drogas, que en algunos países incluyen la militarización de las respuestas de las fuerzas del orden para luchar contra el problema, han dado lugar a una rápida escalada del uso de la fuerza letal y siguen facilitando la comisión de múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, desde el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza hasta las ejecuciones extrajudiciales, con la correspondiente impunidad”, explica.
Y menciona que existen ejemplos en los cuales el uso de personal militar para la guerra contra las drogas, ha confundido diversas acciones como la rendición de cuentas por maltrato.
“En algunos casos, la militarización de las fuerzas del orden en en el contexto de la guerra contra las drogas, entre otras formas mediante el despliegue de personal militar, ha desdibujado la rendición de cuentas por maltrato y vulneraciones y repercutido negativamente en ella”.
De igual forma, el informe señala que el combate al narcotráfico se ha utilizado como una medida en contra del terrorismo, buscando afrontar los problemas de seguridad nacional que pueda tener un país.
“En otros casos, la militarización de la guerra contra las drogas se ha planteado como medida contra el terrorismo a fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional planteadas por la delincuencia organizada implicada en el tráfico de drogas”, externa el documento.
El Alto Comisionado señala que las estrategias de castigo usadas en la guerra contra las drogas, han sido infructuosas para contener la producción y el consumo de diversas sustancias.
“Las estrategias punitivas sobre la guerra contra las drogas utilizadas en décadas no habían conseguido evitar la producción y el consumo de sustancias cada vez más diversas y numerosa”.
Agregan que el combate contra las drogas resulta en detrimento de la salud pública y resalta que las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres, son los grupos más afectados de manera social.
“El enfoque de la guerra contra las drogas era perjudicial para la salud pública y perpetuaba las pautas existentes de discriminación, en particular contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres”, señalan.
Además indican que los afrodescendientes y los pueblos indígenas junto a los migrantes, son “objeto de discriminación” en todas las etapas que incluye el proceso de justicia penal, debido a que llegan a tener “penas severas”.
La ONU emite 22 recomendaciones para que los “Estados y los interesados pertinentes”, desarrollen políticas eficaces basadas en los derechos humanos, entre las que destacan tomar alternativas distintas a penalizar las drogas y en caso de que se mantenga su prohibición, definir de manera clara los delitos en la ley.
De igual forma sugieren abolir universalmente la pena de muerte no solo para delitos relacionados con drogas, sino en cualquier tipo de infracción. Sugieren que el uso de la fuerza militar no debe ser permanente y deberá ser utilizada solo cuando sea necesario.
“Recurrir al uso de la fuerza militar solo de manera extraordinaria, temporal y cuando sea estrictamente necesario en circunstancias específicas. En tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas armadas debe subordinarse y ser complementaria a la de las fuerzas civiles, estar regulada y supervisada por autoridades civiles, y estar sujera a las mismas normas y procedimientos establecidos para el personal civil encargado de hacer cumplir la ley”, recomienda.

 

Representarán una nahua y una me’phaa a indígenas de la Montaña en el IEPC

El presídium de la asamblea estatal realizada el domingo en las instalaciones del INPI en Tlapa para la designación de una representación indígena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Foto: Antonia Ramírez Marcelino

Carmen González Benicio

Tlapa

En la Asamblea Estatal de los Pueblos y Comunidades Originarias Indígenas, los nahuas, na savi, me’phaa y mñomnda eligieron a dos mujeres para ser representantes ante el consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), como propietaria a Rossibel Bello Mateo y suplente a Claudia Moran Villar.
La asamblea se realizó en la explanada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con sede en Tlapa, con la representación de 91 personas provenientes de 17 municipios con población originaria, siendo 49 mujeres y 42 hombres.
Rossibel Bello Mateo, del pueblo nahua en el municipio de José Joaquín de Herrera, y la me’phaa Claudia Moran Villar, del municipio de Malinaltepec.
El consejo general del IEPC durante el proceso electoral se integrará con siete consejerías, la Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, quince representaciones de partidos políticos, una representación del pueblo afromexicano y una de los pueblos y comunidades originarias.
En la asamblea estuvo la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama; los consejeros Edmar León García, Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Azucena Cayetano Solano.
Durante el desarrollo del encuentro, los asambleistas se organizaron por grupos indígenas, para definir a la mujer y al hombre que serían sus representantes ante la asamblea, en un primer momento, para luego elegir entre ellos a quien los representaría ante el IEPC.
En el bloque me’phaa coincidieron en que quien los representara tuviera participación comunitaria, en cualquier ámbito, por lo que se presentaron en su lengua destacando sus trabajos.
En el grupo de los na savi dijeron que era importante que quien los representara tuviera preparación académica, porque sufren discriminación y debían afrontarla, como quien mencionó que era delegada de una colonia y aun así no le hacen caso por ser indígena, aunque era una mujer con preparación.
Entre los nahuas se pidió que la persona que los representara hablara y escribiera náhuatl, por lo que uno de los asistentes se dijo en desventaja, porque no lo dominaba por completo, que mejor se presentaran y de ahí se votaran, porque de todas maneras no se conocían y ahí podían decir cosas bonitas, pero ya en funciones podrían desconocerlos.
Luego del tiempo que les dieron, presentaron sus dos propuestas por pueblo indígena: nahua, me’phaa, na savi y mñomda, por lo que fueron cuatro hombres y cuatro mujeres, de acuerdo con el formato establecido.
Los asambleístas, que fueron designados en reuniones municipales hace unos meses, emitieron su voto luego de que los ocho se presentaron, destacando su trabajo comunitario, de qué pueblo iban y su intención de representarlos, para darle voz a los pueblos indígenas olvidados, saliendo electas las dos mujeres, una como propietaria y la otra como suplente.
La asamblea duró cinco horas, en que se abrió la participación, destacando algunos comentarios, como que no estaban de acuerdo con la forma de designar a la persona que los sujetaba al sistema de partidos y no a la comunidad, que parecía que había intenciones de incidir en quién debía quedar.
Cargos honoríficos: IEPC

La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes, en entrevista precisó que la representación afromexicana e indígena ante el consejo general será con derecho a voz.
Agregó que el cargo es honorífico, pero que buscarán apoyarlos con los gastos de traslado a las sesiones ya que esto será en Chilpancingo y no se cuenta con presupuesto, por ahora, al ser el primer consejo que tendrá estas representaciones en el país.
Recordó que esta acción es en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del tribunal electoral y luego se realizó una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de 43 municipios, donde aprobaron el acuerdo 043/SE/20-07-2023, en el que se emitieron los lineamientos para la designación e integración de la representación de estos pueblos.
Además que su papel será vigilar que se cumplan los lineamientos para el registro de candidaturas indígenas y den seguimiento al proceso que inicia el 8 de septiembre.
Mencionó que quienes fueron electas, si en algún momento quieren ser o son postuladas a un cargo de elección popular, lo pueden hacer, pero tendrán que dejar el espacio.
Estuvieron el titular de la oficina del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero; el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado de Guerrero, Pánfilo Sánchez Almazán; el coordinador primero con funciones de presidente municipal del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Ysabel de los Santos Morales; el gobernador pluricultural indígena en el estado de Guerrero, Doroteo Gutiérrez Castro; el director de Asuntos Indígenas de Tlapa, Alfredo de Jesús Anzurez; el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 5 del INE, Alexander Arguayo García y Raul de Jesús Cabrera, coordinador de la CRAC-PC, además de ciudadanos y organizaciones civiles.

Ingresa Iguala seis comunidades al catálogo de pueblos indígenas y afros del IEPC

El municipio de Iguala ingresó a seis localidades como comunidades indígenas al Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, durante la sexta asamblea municipal con integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El evento se llevó a cabo en un edificio propiedad del alcalde de Iguala, David Gama Pérez, y que fue utilizado como sede alterna del Ayuntamiento para sesiones de Cabildo y reuniones, en la que se designó a quienes serán los representantes indígenas de Iguala ante el IEPC.
Durante la sexta asamblea municipal con el IEPC, el municipio de Iguala ingresó a seis localidades dentro del rango de comunidades indígenas, en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
De la comunidad Coacoyula, el indígena nahua Jaime López Nazario, y del poblado El Tomatal, la afromexicana Patricia Carbajal Bailon, serán quienes darán seguimiento a las propuestas y acuerdos de igualdad de género en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
También se anunció que estos representantes asistirán a la Primera Asamblea de Consejeros, que se llevará el próximo 3 de septiembre, en el municipio de Tlapa, quienes harán valer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. (Redacción / Iguala).

Falta reformar leyes para dar certeza a los derechos de los pueblos indígenas: INPI

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En las conferencias estatales En Defensa de Nuestra Tierra, organizadas por Morena como parte de los trabajos para elaborar el Proyecto de Nación 2023-2024, el titular de la oficina de Representación, del Ins-tituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, reconoció los avances en la materia pero recordó que hacen falta reformas constitucionales.
Vázquez agregó que se necesitan leyes que den certeza y reconocimiento pleno a la libre determinación y autonomía de los pueblos.
El sábado se realizaron en esta ciudad las conferencias estatales, en un salón de fiestas, donde Vázquez Quintero festejó que se les tome en cuenta para la construcción del proyecto de Nación 2024-2030.
Habló de “la política de transformación” que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado, aunque reconoció que hay “un poquito de resistencia” por parte de estas poblaciones, porque fueron muchos años de marginación y abandono.
“Era un régimen neoliberal que hostigaba a los pueblos indígenas y no atendía las demandas colectivas que ellos les mandaban, que eran lo básico, como agua potable y luz eléctrica”, comentó Vázquez, y recordó que el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena y Popular empoderó la organización indígena lo que dio paso a la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Habló de la lucha de los pueblos por el reconocimiento de sus derechos y libre determinación, reconoció también la labor del director general del INPI, Adelfo Regino Montes, y destacó que en Guerrero hay 11 pueblos indígenas que ejercen también la libre determinación económica, los cuales ya tienen su propio RFC, con lo que pueden administrar de manera autónoma sus recursos económicos, sin la intervención de los gobiernos estatal y municipales.
Dijo que a través del INPI trabajan para identificar cuáles son las necesidades prioritarias de las poblaciones indígenas.
Vázquez Quintero recordó que impulsa las reformas constitucionales, “espero no incomodar, porque nuestros mayores todo el tiempo nos enseñaron a hablar de frente, para que no haya esos malos entendidos”. Se refirió a que el INPI en conjunto con los gobiernos municipales y el estatal “impulsaron una reforma constitucional más integral, que se sometió a un proceso de consulta. Muchas autoridades votaron, como querían ser tomados en cuenta en este periodo de transformación que encabeza nuestro presidente”.
Aclaró que en el caso de los pueblos indígenas de Guerrero, entre otras, cosas pidieron una reforma constitucional que garantice su derecho a elegir sus autoridades municipales, como ocurre en el Ayutla, por lo que esperan que estas modificaciones sean consideradas y aprobadas.
El representante del INPI en Guerrero comentó que todavía hay indígenas militantes de diferentes partidos políticos, que “se molestan” cuando hablan de la libre determinación, “pero no es otra cosa que ser tomados en cuenta en la política pública”.
Estas reformas, dijo, plantean el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos “como sujetos de derechos colectivos, la consolidación de los derechos de la libre determinación y autonomía”.
El representante del INPI pidió a los diputados federales y senadores que representan al estado en el Congreso de la Unión por Morena, a que “que defiendan estos derechos, que tienen las comunidades indígenas y afromexicanas, eso no se ha podido legislar en su totalidad”.
Otra de las principales demandas que dijo aún no se han logrado y que para estos pueblos es “muy importante”, es “la protección de la tierra, territorio, recursos naturales, el reconocimiento y protección del patrimonio cultural, lengua, conocimiento, saberes, tradicionales y la protección intelectual colectiva. La participación y representación política en las diversas instancias del Estado mexicano”.
Manuel Vázquez recordó que la reforma que realizó el Congreso local recientemente, no incluyó “en su mayoría, el sentir de las comunidades”, pero insistió en que Morena debe hacer suyas estas propuestas e impulsar las reformas constitucionales en la materia, “para saldar parte de la deuda histórica que tenemos pendiente con las comunidades indígenas y afromexicanas”.
En el tema de Medio Ambiente, uno de los ponentes fue Felipe de Jesús Sosa Garza, quien habló del programa federal Sembrando Vida, que se implementa en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Montaña y Centro, la generación de empleos y capacitación a campesinos, que en Guerrero ha representado una inversión de 5 mil millones de pesos.
Comentó que en el estado hay 34 facilitadores, que son los que dan el seguimiento, la revisión y orientación a cada uno de los 182 técnicos productivos.
Felipe de Jesús Sosa comentó que el programa ha evolucionado y se ha flexibilizado a partir de las solicitudes de los campesinos, para modificar principalmente las reglas de operación.
También destacó que el programa se ha “blindado” para evitar que sea utilizado con fines electorales.
Ahí, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Jacinto González, destacó que Morena es el único partido que consulta a los ciudadanos sobre cuáles son los proyectos que, de ganar, se aplicarán en el próximo gobierno federal.