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Emite IEPC convocatoria para consejeros distritales; atiende nueva representación

Lourdes  Chávez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), emitió dos convocatoria para aplicar el derecho de representación de los pueblos indígenas y afromexicanos, tanto en el Consejo General como en 12 de los 28 los consejos distritales para el próximo proceso electoral de ayuntamientos y diputados locales.
En sesión virtual, aprobaron la convocatoria para la designación e integración de representantes de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas, a través de asambleas comunitarias y asambleas municipales, en los Consejos Distritales Electorales 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, así como, en su caso, ante los Consejos Distritales Electorales 13, 19 y 20.
Comenzarán por seleccionar a una mujer y un hombre por localidad.
En este procedimiento, aprobaron también la convocatoria para acreditarse como observadores en el procedimiento de designación de la representación en las etapas de asambleas comunitarias y asambleas municipales.
Las acciones comenzarán con asambleas informativas en los 50 municipios con población indígena, del 15 al 23 de julio.
El consejero Edmar Leon García, precisó que habrá otra convocatoria para una asamblea estatal.
Recordó que el 31 de enero el Consejo General aprobó una acción afirmativa para que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan voz en el proceso.
La comisión de Sistemas Normativos propios del IEPC propuso comenzar este procedimiento para que, en el arranque de los traybajos del proceso electoral, que será la primera semana de septiembre, ya estén los nombramientos, para sean parte de la instalación del Consejo general en septiembre, y de los Consejos Distritales en noviembre.
Llamó a la ciudadanía que hace vida comunitaria a conocer la convocatoria que será difundida interpretada y difundida en lenguas maternas, para que haya postulaciones para nutrir esta actividad.
Los requisitos para las personas interesadas en ser representantes, son  tener ciudadanía mexicana, pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, contar con credencial de elector, gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado mediante sentencia firme por delito doloso que implique privación ilegal de la libertad por tres años o más.
Así como  tener residencia efectiva de cinco años en el estado, no haber sido candidato a elección popular, en el año inmediato anterior a su designación.
Además,  no desempeñar ni haber desempeñado cargo en algún partido político, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos a nivel federal o local, o desempeñar cargo de servidora o servidor público con mando medio o superior federal, estatal o municipal ni de los poderes legislativo y judicial federal o estatal, no ser ministro de culto religioso o ser parte de los consejos del IEPC y del INE, no ser impartidor de justicia estatal o federal, ni funcionario del Tribunal Electoral.
Tampoco pertenecer al servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca y, No ser agente del Ministerio Público federal o local.
Además, tienen que acreditar ser originaria o residente de algún municipio indígena o afromexicano del distrito correspondiente, y la pertenencia a un pueblo originario Náhuatl, Na savi (Mixteco), Me’ phaa (Tlapaneco), Nn’ anncue Ñomndaa (Amuzgo) y/o Afromexicano.
Señala que “preferentemente” que hable  alguna lengua originaria del municipio y distrito que corresponda, y que haya desempeñado con honorabilidad algún cargo o servicios comunitarios en su pueblo o comunidad de origen, que tenga relación con sus prácticas consuetudinarias, con la constancia que lo respalde.
Además, contar con la carta de adscripción, con el aval de la autoridad de la comunidad originaria o afromexicana en donde resida con un escrito bajo protesta en el que manifieste que se conducirá conforme a los principios de  imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.
Para ser observador electoral, podrán registrarse con el formato de la solicitud que acompaña la convocatoria, desde esta fecha al 25 de agosto.

 

Acuerda la UPOEG movilizarse contra el aval de la Corte a consultas del Congreso por Ley 701

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó movilizarse en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la consulta indígena y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas realizadas por el Congreso local el año pasado.
El dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que se reunieron 60 pueblos de Ayutla y Tecoanapa, en Atocutla, y con ello iniciaron las asambleas comunitarias para determinar las acciones en contra de la consulta que supuestamente realizó el Congreso local para las reformas en materia indígena.
En su fallo emitido el 5 de junio, la SCJN avaló la consulta realizada en mayo del año pasado y la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, en la que se suprimen derechos de los pueblos indígenas, como las policías comunitarias y el sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas.
El 12 de junio en conferencia de prensa la dirigencia estatal de la UPOEG anunció que realizaría asambleas en los pueblos indígenas donde tiene presencia para determinar las acciones a seguir en contra del fallo de la Suprema Corte.
Plácido Valerio informó que ayer se realizó la primera de estas asambleas en la que participaron autoridades comunitarias de 60 pueblos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa y acordaron acciones jurídicas y políticas para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).
Refirió que no se cumplió con la consulta a los pueblos indígenas para la aprobación de las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que aprobó el Congreso local y validó la Suprema Corte.
En cuanto a las acciones políticas, los pueblos van a nombrar en cada una de las comunidades un comité en defensa de la consulta y el desarrollo de las comunidades.
Informó que a partir de ayer comenzarían a nombrar los comités en los pueblos y sus integrantes van a trabajar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verdusco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, quien asistió a la asamblea y se hará cargo de atender la ruta jurídica, anunció que van a recurrir a los organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por violación al Convenio 169 de la OIT, para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas.
Explicó que en este convenio se establecen los derechos culturales de los pueblos indígenas y que en la realización de la consulta se debieron haber atendido los usos y costumbres, así como la lengua de las comunidades indígenas a las que va dirigida dicha ley, aspecto que no se atendió en la consulta ni en la ley que fue aprobada, dijo.
El abogado declaró que el Congreso local no cumplió con la formalidad que establece dicho Convenio, y sin embargo fue avalado por la SCJN, “y eso es lo vamos a combatir ante la CIDH, porque hubo muchas omisiones”.
“Nosotros vamos a apoyar en todo lo que se refiere al aspecto jurídico y vamos a recurrir a las instancias que correspondan bajo el esquema que nosotros vamos a definir”.
Informó que van a hacer valer el derecho que corresponde a los pueblos originarios porque “a todas luces, así como han expuesto la situación, son actos violatorios a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades indígenas que hace alusión el Convenio 169.
“El principal argumento será la violación a la norma 169 en el que se prevé que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, “y si no la hicieron de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando su lengua, con una información precisa y de buena fe, se violó la norma y aun así fue avalada por la misma SCJN”, insistió.
Dijo que el convenio 169 es una protección importante para las comunidades indígenas y si la autoridad no la acata, es violatorio de los derechos humanos, “y en este caso, si el organismo internacional resuelve que se atienda este asunto, tendría que reponerse el procedimiento y realizar la consulta como corresponde, y como lo establece el convenio 169”.

 

“No les vamos a pedir permiso” para ejercer la justicia comunitaria, responde la CRAC

El abogado y ex diputado federal de Morena, Rubén Cayetano; los coordinadores de la Casa da Justicia de Las Juntas Caxitepec, en el municipio de Malinaltepec, Jesús Cesáreo; de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús; y de Espino Blanco, Martín Rosales; el abogado Vidulfo Rosales y los asesores Uriel Leal y Fernando Xochihua en la conferencia de prensa para fijar posición de la CRAC ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta sobre derechos indígenas que hizo el Congreso Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.

La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo

El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.

 

Valida la Corte consulta a pueblos indígenas y afros que realizó el Congreso local en 2022

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022.
Se trata de las reformas que diputados locales realizaron el 24 de mayo del año pasado en materia de seguridad indígena y afromexicana, con las que se eliminó de la Ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la SCJN, la consulta que el Congreso realizó en dos meses -a pesar de que la Corte había dado todo un año para su desarrollo- sí cumplió con “las fases mínimas que debe tener”, por lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los ministros y “decidido en definitiva”.
El diputado de Morena Masedonio Mendoza Basurto, y organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron los principales opositores de estas reformas.
Incluso, después de que el pleno aprobó las reformas a la ley 701, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda decidió no publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y envió al Poder Legislativo una “observación total” al decreto 183, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados, quienes ratificaron las modificaciones que finalmente ayer validó la Corte.
Ayer en sesión, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH); la ponencia estuvo a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
La ponente propuso al pleno que se declarase “procedente pero infundada” la acción de inconstitucionalidad; y que se reconociera la validez del decreto 183 por el que se reforma la ley 701.
En el estudio de fondo, la ponente Ana Margarita Ríos habló de un apartado que denominaron vulneración a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su exposición la ministra explicó por qué se declaraba infundada la solicitud de invalidez de este decreto.
Comentó que ésta es la primera consulta indígena que se validaría por parte de la Corte, porque consideraron que el Poder Legislativo de Guerrero sí cumplió con realizar la consulta de acuerdo con las fases y características que han sido establecidas por este tribunal.
La ministra ponente señala que en la fase preconsultiva se desarrolló de manera correcta identificando las comunidades a consultar, y que posteriormente el Congreso emitió lineamientos que establecieron los principios por los que “se regiría la consulta”, esto a pesar de que en este proceso no participaron pueblos indígenas ni afromexicanos.
En este caso, la ministra argumentó que estos lineamientos podrían modificarse “de acuerdo a sus necesidades, sistemas normativos, y costumbres de cada comunidad”.
De la fase informativa, la ministra se refirió a la distribución de información y la difusión sobre la realización de la consulta por diferentes vías, y que se realizaron asambleas en las cuatro lenguas indígenas “lo que permitió un entendimiento y diálogo intercultural”.
Y en la fase de deliberación interna, la ministra Ana Margarita Ríos, validó que se realizaron asambleas y reuniones al interior de las comunidades “sin la intervención del Poder Legislativo” en las que se discutieron la propuesta de ley para aprobar o presentar propuestas de modificación.
Después, en la fase de diálogo, la ministra dijo que se realizaron 424 asambleas consultivas de un total del mismo número de comunidades de 54 municipios que “quisieron participar”.
Mientras que en la fase de decisión “el Congreso incorporó el mayor número de propuestas con base en el principio de mayor consenso posible”, y afirmó que las opciones que “no fueron integradas expresamente ya formaban parte de la redacción de la redacción de artículos puestos a consideración o bien, tenían incidencia en el ámbito competencial de otros poderes”.
En la sesión no se dieron detalles de lo anterior, y solo se apunta que “estuvo debidamente fundado y motivado por el Congreso local en la exposición de motivos”.
La propuesta llevada al pleno de la SCJN planteó que el Congreso de Guerrero sí cumplió con las fases mínimas que debe tener una consulta previa, y que esta cumplió con las características establecidas por la Corte.
Se consideró que fue una consulta libre porque no hay pruebas “de que actos de coerción, intimidación o manipulación por parte de las autoridades”; la ministra también precisó que “la finalidad de llegar a acuerdos no puede interpretarse en el extremo de exigir que todas las propuestas y comentarios en lo individual deban reflejarse en el proyecto final de la ley pues es de carácter general a todos los pueblos”.
En el segundo apartado de vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, la ministra ponente propuso declarar infundado el concepto de invalidez que pidió la CNDH.
Con lo aprobado, se determinó que “sí está reconocida la personalidad jurídica y los derechos de dichas comunidades” y que de esta manera “queda superada la confusión que surge de la interpretación aislada de los artículos impugnados”.

 

Consultarán a pueblos indígenas y afros para reforma a Ley de educación indígena

La diputada federal Araceli Ocampo Manzanares, y el ex diputado local de Morena Luis Enrique Ríos Saucedo, durante la conferencia para anunciar la realización en Chilpancingo de un foro de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de educación Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La diputada federal por Morena, Araceli Ocampo Manzanares, anunció que se realizará en Chilpancingo un foro de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de educativa, a partir de las cuales se realizarán reformas en la materia en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa en Chilpancingo explicó que con este foro se pretende recoger las opiniones de comisarios, comisarías ejidales, asociaciones civiles y líderes de comunidades indígenas y afromexicanas, para reformar la Ley General de Educación en Materia de Educación Indígena.
El foro será estatal, y así como en Chilpancingo, se realizará también en todos los estados de la República.
Araceli Ocampo informó que este foro de consulta se realizará el 24 de marzo, y precisó que este es convocado por la Cámara de Diputados.
La morenista estuvo acompañada por el ex diputado local Luis Enrique Ríos Saucedo. En la conferencia Araceli Manzanares apuntó que el foro de consulta será en el salón Finca Santa María, en la colonia India Bonita.
En el foro estarán presentes relatores y traductores de las cuatro lenguas indígenas que se hablan en Guerrero, tlapaneco, amuzgo, náhuatl y mixteco, “vamos a contar con todo el equipo que se requiere para una consulta de buena fe, informada y culturalmente adecuada”.
Los puntos que se tratarán en esta consulta son el “rezago educativo, la garantía de las lenguas indígenas, del desarrollo y protección oral y escrita, habilidades y conocimientos del perfil docente, una educación digna, acceso permanente y aprendizaje, educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
Comentó también que esperan la asistencia de autoridades del gobierno del estado, de la federación, así como de representantes del Congreso de la Unión, específicamente de las Comisiones de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

 

Excluyeron a líderes indígenas de la visita de la relatora de la ONU, se queja Carlos de Jesús

Representantes de pueblos indígenas de varios estados de la República, incluido Guerrero, denunciaron que fueron excluidos de la agenda oficial de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en su visita oficial programada del 8 al 17 de noviembre en México, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.
Vía telefónica el ex diputado indígena por el PRD, Carlos de Jesús Alejandro dijo que el gobierno federal quiere controlar la agenda, para evitar la interlocución directa de la relatora con los pueblos, “usando como filtro a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”.
Confió en que este jueves en la noche la relatora reciba a los representantes de la red que promueve, en un encuentro privado que están gestionando desde el 7 de noviembre.
De la conferencia detalló que se pronunciaron contra la reducción en 12 por ciento del presupuesto federal del anexo 10 de erogaciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, y de 51 por ciento al presupuesto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo dictamen podría ser llevado hoy al pleno.
Adelantó que la Red elaboró una propuesta de reasignación de recursos que entregó a la Junta de Coordinación Política, al presidente de la Comisión de la Cuenta Pública y de la comisión de Asuntos Indígenas.
Añadió que unas 200 personas de Oaxaca y de Guerrero estuvieron en plantón afuera de la Cámara para pedir “se evite recorte brutal y discriminatorio”, y en la tarde marcharon del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos.
De la visita oficial de la relatora especial aseguró que muchos integrantes de la Red insistieron desde 2014 en esta gira ante el mecanismo de expertos de pueblos indígenas en Ginebra, y mediante la cancillería, sin embargo, “el gobierno federal quiere controlar su agenda, evitando la interlocución directa con los pueblos y comunidades indígenas, y diversas ONG están prestándose y siendo un filtro para representar y suplantar la voz de los pueblos indígenas sólo con ellas”.
Destacó que mediante gestiones se abrió la posibilidad de que la relatora los reciba la noche de hoy.
De Guerrero indicó que participan la representación de los pueblos de Ayutla de los Libres que promovieron la elección por usos y costumbres, promotores para la creación de nuevos municipios, de pueblos nahuas de la parte baja de la Montaña, Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) activados en la lucha social contra la inseguridad, y él, de los pueblos del Alto Balsas que tienen amenazas de las mineras.
Mencionó la reforma constitucional de Guerrero en materia indígena y la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Dijo que pedirá un pronunciamiento de la relatora para el respeto a la libre determinación de los pueblos en la elección por sistemas normativos propios, en Ayutla de los Libres, y contra los lineamientos discutidos ayer en el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección 2018, porque no garantiza la representación de los pueblos indígenas en los espacios de gobierno.
Aseguró que de 28 distritos electorales federales clasificados como indígenas por el INE, (dos en Guerrero: el 5 de Tlapa y 6 de Chilapa), sólo en 12 los partidos políticos están obligados a presentar un candidato indígena.
Denunció que los 28 distritos indígenas no representan ni el 10 por ciento de la población del país, y de acuerdo con el conteo del Inegi 2015, hay 25 millones de indígenas en México, lo que representa más del 21 por ciento de habitantes.
Insistió en que hay una doble discriminación en el proceso electoral.

En 20 años se ha agravado drásticamente la situación de los indígenas: Centro Morelos

 

A 20 años de su fundación, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), destacó que la situación en que viven los pueblos indígenas con los que trabaja se ha agravado de manera drástica, debido a que además de la pobreza y la miseria que padecían en ese tiempo, ahora, además viven inmersos en un contexto de violencia y de violación a los derechos humanos.
En un comunicado, el Centro Morelos reconoce que, a pesar de su trabajo, el contexto se ha agravado de manera “drástica”, ahora las comunidades viven no sólo en un ambiente de inseguridad alimentaria, sino de inseguridad social, y denuncia que se les sigue negando los más elementales derechos.
“Hoy las comunidades enfrentan otros retos que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles”, denuncia el Centro Morelos, en el documento.
Menciona que en ese contexto, 20 años después, dos temas son los que ocupan su agenda, el desplazamiento forzado de las familias víctimas de la violencia y la desaparición forzada de personas por esa misma causa.
El Centro Morelos comenzó sus actividades en 1997, después de varios meses de pláticas informales con vecinos de diferentes comunidades, con quienes los promotores comenzaron a hablar del quehacer de cada uno en la lucha social en el contexto nacional y regional, “de las inquietudes que despertaban las injusticias, la pobreza y marginación que se vivía en los pueblos indígenas”, detalla el organismo en su documento.

La militarización ante el surgimiento del EZLN y del EPR motivaron el interés en crear el organismo, recuerdan

Antes, en 1994 había salido a la luz pública el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en 1996 en Guerrero surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los dos hechos motivaron el incremento de la militarización y la violación a los derechos humanos que se traducían en torturas, extorsiones y detenciones extrajudiciales, y fue lo que motivó el interés de crear un organismo de esta naturaleza.
Cuando los promotores lograron consolidar un grupo con un interés común, donde participaban sacerdotes, docentes, trabajadores de la salud, campesinos y estudiantes, pasaron a la siguiente etapa, en la que el párroco de La Villa de Chilapa, Bernardo Sánchez Cruz tuvo un papel fundamental. “Él, con el conocimiento de las injusticias que sufrían en las comunidades, abrazó la propuesta con mucho optimismo y así, después de varios meses de reuniones, decidimos constituirnos en un organismo de promoción y defensa de los derechos humanos, haciendo su presentación pública el 25 de enero de 1997, y posteriormente hicimos los trámites legales”, recuerdan en el comunicado.
El organismo destaca que, a 20 años, el Centro Morelos “es un organismo de la sociedad civil que llegó para quedarse”.
En los primeros casos que atendió comprobó que no había equivocación en el análisis de la violencia que los militares ejercían hacia la población que sitiaba comunidades indígenas, deteniendo, torturando, desapareciendo temporalmente a varios campesinos y violando a mujeres indígenas.
“Entonces, nos dimos cuenta de que no bastaban los buenos deseos ni las buenas intenciones, sino que, para poder cumplir con nuestra misión, teníamos que buscar incorporar licenciados en derecho con vocación, mística, convicción y, desde luego, buscar recursos económicos para cubrir los gastos”.
Las actividades del organismo durante los primeros 12 años giraron en torno a la promoción de los derechos humanos, organizando alrededor de 20 talleres, reuniones y recorridos permanentes en comunidades de los municipios de Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zitlala y Chilapa.
En 2001, el Centro Morelos comenzó a acompañar a víctimas de desaparición forzada, como Faustino Jiménez Álvarez, caso que llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2007 realizó una campaña para promover la formación de la Policía Comunitaria en la región, organizando reuniones en varias comunidades, “pero no se tuvo eco porque la gente lo primero que preguntaba: ¿Cuánto van a pagar? y ¿las armas las va a dar el gobierno?”. El Centro Morelos menciona que por eso extraña que en la actualidad surjan tantos supuestos policías comunitarios.
Para 2010, el organismo publicó el diagnóstico, La situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas y la violencia contra ellas en la región de la Montaña baja del estado de Guerrero, en el que se habla de la doble violencia ejercida sobre las mujeres indígenas.
Actualmente las comunidades enfrentan otros retos, “que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles, sufriendo una mayor vulnerabilidad cientos de jóvenes que, impulsados por la miseria, se involucran en los grupos delincuenciales”.
En estas condiciones, menciona que dos temas ocupan su agenda, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas.
Desde 2011, el Centro Morelos acompañó a 32 familias de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, víctimas de desplazamiento forzado ante la delincuencia organizada.
En enero del 2016, comenzó a dar acompañamiento a 34 familias desplazadas de la comunidad indígena de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, víctimas de hombres armados que irrumpieron en sus casas, dejando a seis vecinos muertos.
También ha acompañado a las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Asimismo, después de la irrupción de civiles armados en Chilapa, en mayo del 2015, que dejó por lo menos 16 desaparecidos, “hemos caminado de la mano con el colectivo Siempre Vivos, conformado hasta ahora por familiares de más de 100 personas desaparecidos en el que se encuentran personas de comunidades de Chilapa y Zitlala”.
“Ppese a este panorama” el organismo se encuentra consolidado, “con una mayor experiencia” y se ha convertido en un “referente” en los temas de desplazamiento y desaparición, menciona.

 

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Exige la CRAC de Chautla justicia por el asesinato de uno de sus miembros y la libertad de 14 detenidos

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.

Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC

Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.

Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato

Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.