Integrantes del Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero denunciaron en conferencia de prensa que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) sólo aprobó seis proyectos productivos, de 32 que presentaron.
Asimismo, denunciaron que las obras de la Cdi en municipios de la región de la Montaña han presentado constantes irregularidades en su ejecución y en los materiales que utilizan.
La mañana de este jueves, en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el líder indígena, Abundio González García explicó que hace un par de meses, cada una de las 32 organizaciones aglutinadas en el Foro entregó a la dependencia federal un proyecto productivo para su comunidad, pero sólo se aprobaron seis.
Informaron que, tras al rechazo de 26 proyectos productivos para zonas vulnerables, la semana pasada interpusieron una denuncia contra la Cdi en la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que califican el hecho como una irregularidad.
González García señaló que la dependencia federal rechazó los 26 proyectos basándose en pretextos, para retener los recursos, pesé a que fueron respaldados por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
El líder señaló que la Cdi evita entregar el dinero para los proyectos porque se están preparando para las próximas elecciones, y están ahorrando para generar una “gran bolsa”.
Hizo un llamado a la directora de la Cdi, Nuvia Mayorga Delgado, para que “ponga sus ojos en Guerrero”, ya que la población indígena necesita del recurso para el desarrollo de sus comunidades y beneficiarlos de manera certera.
Asimismo, Abundio González García critic la designación del nuevo delegado en Guerrero de la Cdi, Lenin Carbajal Cabrera, ya que aseguró que éste no cuenta con el conocimiento necesario para ayudar a las comunidades originarias. “Sólo hace vida política en la capital del estado, aquí sólo ha tenido cargos en el Ayuntamiento”, agregó.
Denunciaron que la Cdi está construyendo obras para algunos municipios de la región de La Montaña con materiales de mala calidad, y pidió que durante la ejecución, se cuide de aspectos, “que deben ser bien analizadas, con más ingeniería”.
Uno de los integrantes de la comisión, Jorge Romero Aguilar, se quejó, “en mi comunidad, Cahuatache, somos mixtecos, tenemos muchas carencias, no hay drenaje, agua potable y carreteras sin pavimentación, es preocupante, yo como joven me siento afectado y preocupado por mi comunidad”.
Romero Aguilar criticó que los funcionarios estatales siguen trabajando bajo las mismas usanzas, ya que sólo van a las comunidades cuando necesitan el voto de la población, y el resto de la administración son olvidados los pueblo.
Etiqueta: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi)
Responde la Cdi con un “ya veremos” a indígenas de la Montaña que exigen foros sobre la Ley 701
Integrantes del Movimiento Indígena por el Derecho a la Consulta informaron que, tras la toma de las instalaciones del centro coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), sólo les dijeron “que les aprobarán proyectos cuando abra ventanilla”, y de los foros de consulta sobre la ley 701 sólo un “ya veremos”.
Los integrantes del Movimiento pertenecen a los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas.
El integrante Sergio Anacleto Aguilar dijo que el lunes, mientras estaban en el centro coordinador de la Cdi con el director Francisco Patrón Patrón para que atendiera su pliego petitorio, les dijeron que podrían reunirse con el delegado estatal, Lenin Carbajal Cabrera el miércoles en Chilpancingo, a lo que respondieron que se quedarían ahí a esperar.
Luego de horas de espera, les dijeron que los podrían recibir a las 7 de la noche, por lo que los manifestantes dialogaron y aceptaron enviar una comisión a Chilpancingo, a entrevistarse con Carbajal Cabrera para recordarle cuáles son sus peticiones, y el resto se quedó en espera de los acuerdos.
Anacleto Aguilar dijo que en la mesa de trabajo, Carbajal Cabrera les informó que la obra de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de San Rafael había sido aprobada, y en breve se iniciaría.
Sobre los proyectos que presentaron para la Montaña, les dijo que ya todos habían sido dictaminados y nada se podía hacer, por lo que quedaron fuera; entre estos proyectos está el que presentó el na savi Artemio Solano Díaz sobre la defensa jurídica legal para la comunidad de San Rafael, municipio de Cochoapa el Grande.
Les planteó que mejor se le diera continuidad en su segunda etapa a los proyectos productivos del año pasado, como el del planchado de sombrero en la comunidad de Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec.
Dijo que aceptaron los planteamientos, pero eso no resuelve la inequidad en la distribución de los recursos que generalmente se quedan en la región Centro o con organizaciones afines al gobierno, por lo que exigieron igualdad.
Sobre la petición que hicieron mediante un oficio fechado el 24 de noviembre, de un programa especial en materia indígena para que facilitara foros de consulta en los municipios para la Ley 701, les respondió que se verá cómo trabajar con las comunidades, pero no abundó más, lo que lamentaron ante la cercanía de la pérdida de la vigencia de la legislación.
De la consulta a las comunidades sobre su vida interna y sobre las instituciones que tienen que ver con los pueblos indígenas, “le mencionamos que no estábamos de acuerdo en cómo llegó (él) a la delegación, porque no se tomó en cuenta a los indígenas de la Montaña, por lo que no lo considerábamos legítimo, pero no respondió”.
Le pidieron que tome en cuenta el antecedente de la exigencia de los indígenas de que en Guerrero, según un acuerdo previo derivado de la Convención Indígena, los delegados deberán ser respaldados por los pueblos, ser indígenas, tener trabajo social y administrativo para acceder a los cargos en la Cdi y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), especialmente de la primera, y advirtieron que seguirán impulsando que se les reconozca este derecho.
Dijo que sus demandas fueron atendidas en un porcentaje mínimo, y asentadas en una minuta de papel que esperan se cumpla cuando lleguen los tiempos, o de lo contrario volverán a manifestarse.
Es lenta y sólo de maíz y sal la entrega de granos en La Montaña, señala el Consejo de Damnificados
Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificados de La Montaña señalaron que la entrega de granos a las comunidades damnificadas por la tormente Manuel en 2013 es lenta y sólo es de maíz y sal, porque las autoridades no han consolidado la compra del arroz y frijol, según les argumentaron.
De acuerdo con la integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana, quien acompaña en la gestión al Consejo, la entrega ya se hizo en las sedes de Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec, así como en los municipios de Acatepec y Atlixtac, pero queda pendiente una parte de Malinaltepec.
Las comunidades de los municipios faltantes son de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Atlamajalcingo y Tlapa.
Es la tercera entrega convenida con las autoridades federales; la segunda concluyó el 20 de noviembre de 2016.
El argumento del atraso en el resto de las comunidades es que, según Diconsa, no se ha hecho el convenio de compra con las empresas del norte del país que los abastecen.
El próximo sábado harán una reunión de evaluación para la cuarta, quinta y sexta entrega de los granos básicos, que ahora son sólo maíz y sal, anunciaron.
Dijo que de la primera a la tercera etapa fueron subsidiadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y para las restantes lo hará el gobierno estatal priista de Héctor Astudillo Flores, por lo que deben ponerse de acuerdo para que no haya retrasos que los obliguen a movilizarse.
Agregó que en las comunidades entregan las listas de las familias beneficiadas, acorde a lo que les solicitan las dependencias.
Bloquea el Frente Popular de Tlapa el Congreso; pide obras en escuelas de pueblos de la Montaña
Integrantes del Frente Popular de Tlapa (FPT) protestaron y bloquearon tres horas los acceso al Congreso local, porque los diputados no atendieron su solicitud de intervenir para el cumplimiento de varias obras programadas en escuelas del nivel básico de esa cabecera y sus comunidades.
A las 9 de la mañana de ayer, unos 30 maestros, directivos escolares y padres de familia integrantes del FPT llegaron a la sede del Poder Legislativo para solicitar una audiencia con los diputados, a quienes pedirían su apoyo para instalar una mesa de trabajo con las dependencias del gobierno estatal que se comprometieron este año a construir obras en al menos nueves escuelas de Tlapa que no se han cumplido.
Sin embargo, luego de una hora de espera y ante la negativa de los guardias de seguridad para que una comisión ingresara al edificio, los inconformes se plantaron en los dos accesos principales e impidieron la entrada al Congreso, como protesta ante la desatención de los diputados.
En declaraciones a reporteros, Ubaldo Segura Pantoja, integrante de la Comisión Política del FPT, dio a conocer que en el transcurso del año, diferentes dependencias del gobierno se comprometieron a construir obras que se han gestionado, incluso en administraciones anteriores.
Aunque no precisó cuántas obras son, dijo que las autoridades asumieron el compromiso con el FPT de construirlas antes de que concluyera el año, lo que no ocurrió.
Explicó que asistieron al Congreso para pedir la intervención de los diputados, a quienes solicitarían su respaldo para que en el presupuesto de egresos 2017 se consideren más obras de escuelas de Tlapa y sus comunidades.
“La Montaña es una de las regiones más rezagadas, por el olvido en el que ha estado, y por eso venimos a recordarles a los diputados que existe la Montaña, y que ellos sólo se acuerdan de ella cuando quieren votos, pero después se les olvida”, reprochó Segura Pantoja.
Advirtió que, si el año se acaba y no hay solución a sus demandas bajarán habitantes de varios pueblos a movilizarse en Chilpancingo para presionar a las autoridades.
Entre los planteles del nivel básico que requieren de obras para ampliarse o rehabilitarse, están la Telesecundaria Julián Blanco Jiménez; las primarias bilingües Tenoch, Juan Francisco Escutia, Acamapichtli, Vicente Guerrero, Aztlán y Ve’eno Sakua a Na Ovi Tu’un; la primaria Caritino Maldonado Pérez, y la secundaria Nicolás Bravo.
Luego de tres horas de protesta, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por representantes de la Secretaría General de Gobierno.
Consultado por teléfono, el coordinador del FPT, Alberto Ríos Cano dijo que luego de plantear sus demandas, se reunieron con autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), y la Secretaría de Obras Públicas.
Ríos Cano comentó que las autoridades se comprometieron a analizar sus planteamientos, pero no hubo ningún acuerdo concreto referente a iniciar las obras que demanda el FPT.
Adelantó que este miércoles continuarán las reuniones, e intentarán nuevamente reunirse con diputados locales.
Protestan vecinos de cuatro municipios en la CICAEG para que termine de construir sus carreteras
Pobladores de los municipios de Quechultenango, Acatepec, Chilapa y Atlixtac protestaron en las oficinas de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), porque no han concluido la construcción de dos carreteras que iniciaron desde el año pasado, y que comunicarán a los cuatro municipios.
A las 10:30 de la mañana, unos 80 pobladores de los cuatro municipios llegaron a las oficinas de la CICAEG, ubicadas frente las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la avenida Ruffo Figueroa, en la capital.
El presidente de gestoría del núcleo de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón comentó que la CICAEG y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) destinó un presupuesto para la construcción de la carretera que pasa por la comunidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango, y El Epazote, en Chilapa, en la que sólo han pavimentado 13 kilómetros de 60.
En el caso de la carretera Acatepec-San Lucas Teocuitlapa, en Atlixtac, son 5 kilómetros de los que aún no han iniciado los trabajos, “las obras carreteras están financiadas por la CICAEG y la Cdi, pero no han atendido nuestras demandas”, declaró.
Matías Marrón señaló que las obras deberían haber iniciado en mayo del año pasado; sin embargo, apenas en noviembre de ese año comenzaron los trabajos, pero a consecuencia de la temporada de lluvias se suspendieron las labores que a la fecha no han reanudado las dos empresas constructoras.
Agregó que en el municipio de Quechultenago está parada la obra en la comunidad de Tezintla, que se dirige a la cabecera municipal.
Dijo que, hace dos meses se reunieron con funcionarios de la CICAEG y la Cdi para reanudar la construcción de carreteras, “sólo una semana trabajaron y después ya no laboraron, nos dijeron que ya habían financiado las obras; sin embargo, las dos empresas, una de ellas Dimarca SA de CV, que no realizan los trabajo”.
“Todos los pueblos de la Montaña, para mejorar sus condiciones la única alternativa es haciendo presión, tomar oficinas públicas cerrando carreteras, el gobierno ha sido difícil que voltee a ver a nuestros pueblos”, declaró.
Recordó que estas carreteras fueron programadas en las administraciones de Zeferino Torreblenca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores, y el año pasado iniciaron los trabajos de construcción.
Matías Marrón informó que fueron atendidos por el director general de la CICAEG, Ricardo Taja Ramírez, en la que acordaron que la dependencia destinará 10 millones de pesos a las carreteros y la obra concluirá el próximo año, en el ejercicio fiscal 2017.
A las 11:30 de la mañana los pobladores de los cuatro municipios se retiraron de las oficinas de la CICAEG.
En encuentro en Ometepec, piden afromexicanos que el gobierno los reconozca en la Constitución
En el décimo sséptimo encuentro de pueblos negros que se llevó a cabo en la comunidad de Vista Hermosa, Ometepec, los afrodescendientes llamaron al gobierno mexicano a reconocer en la Constitución a la negritud como la tercera raíz del país, y denunciaron la segregación de las comunidades negras.
La reunión de los pueblos negros, descendientes de los esclavos que llegaron de África a la Nueva España, hoy México, inició al medio día de ayer, con una caminata de danzantes. El contingente, de unas mil personas partió de la comunidad de San Isidro a la comunidad de Vista Hermosa, Ometepec.
Según la encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay un millón 381 mil 853 habitantes que se auto adscriben como afrodescendiente, que representan el 1.2 por ciento de la población nacional, de los que 229 mil 514 viven en Guerrero, el 6.5 por ciento de la población del estado, aunque los propios organizadores del encuentro indicaron que podrían haber más de 10 millones de afromexicanos, y al menos medio millón habitando en las costas de Guerrero.
Al son de la charrasca, el violín, la artesa y la música de viento, bailaron Los Apaches, atrás La Minga, y el Diablo mayor que brincaban al tiempo que el músico golpeaba la quijada de un burro. El toro de petate y su terrón, La Tortuga, y una nutrida algarabía en los alrededores.
En el contingente mujeres afromestizas caminaban vestidas de floreados atuendos y blusas con bordado de chaquira y huipiles amuzgos. También venían danzantes de Veracruz y de Oaxaca.
El encuentro juntó a ediles de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, además de representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos negros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU), y representantes de los gobiernos federal, y de los estado de Oaxaca y Guerrero.
Durante el acto inaugural del encuentro, que culmina hoy, la integrante de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, Rosa María Castro Salinas recordó que en 1997, la organización México Negro, impulsada por el padre Glyn Jemmott Nelson, originario de Trinidad y Tobago, organizó el primer encuentro para visibilizar los pueblos negros.
“La lucha tiene que seguir hasta conseguir el reconocimiento Constitucional de los pueblos negros de México, ya no sólo los de Guerrero o de Oaxaca, sino de México, porque en diversos estados hay población afrodescendiente”.
Además de acabar con la desigualdad, y que los pueblos negros tengan acceso a la educación, salud y “todos los derechos que la Constitución política nos otorga, pero que por muchas cuestiones no podemos acceder a ellas”.
En su participación, el alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos dijo que “los negros no son un espectáculo” y tampoco sólo danza, sino una cultura que puede salir adelante. Reclamó el poco apoyo y valor que el gobierno federal le da a las comunidades afromestizas del país.
Después fue entregado un reconocimiento a sus 25 años de lucha a favor de los derechos de los pueblos afromestizos de México, y principalmente de la costa de Oaxaca, al padre Jemmott Nelson. Los encargados de la entrega fueron los fundadores de la organización México Negro, el padre Fabiano Cisneros y Sergio Peñaloza.
El fundador de México Negro, Sergio Peñaloza, dijo que desde el primer encuentro en 1997, no se ven como una actividad festiva, “somos aquellos que queremos ser reconocidos en la Constitución, si bien hace 20 años era un movimiento de locos, hoy es una realidad”.
Recordó que Guerrero y Oaxaca, en 2013 y 2014, reconocieron en sus constituciones políticas a la comunidades afrodescendientes, pero a nivel federal no se ha adecuado la Constitución. Informó que hay ocho proyectos e iniciativas, y tiene confianza que en 2017 se reconozca a los negros. “Más de 500 años hemos estado excluidos, discriminados, olvidados… No descansaremos hasta lograr el propósito de movimiento afromexicano”.
La directora de Organizaciones no Gubernamentales Internacional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Helen Patricia Peñaloza Martínez manifestó que la decisión del organismo desde el 2015 es de apoyar la lucha de México Negro para que constitucionalmente las comunidades afromexicanas sean reconocidas.
No instalan el drenaje en Xiloxuchicán, Chilapa, pese a que hay presupuesto etiquetado, señalan
Habitantes de la localidad de Xiloxuchicán, Chilapa, denunciaron que el gobierno del estado no inició la obra de la red de drenaje para su comunidad, pese a que el dinero ya está etiquetado.
Ayer, dos vecinos nahuas de esa comunidad acudieron a la Secretaría General de Gobierno para dejar una solicitud de respuesta ante el retraso de la obra.
El presidente del comité de gestión de la obra, Isidro Ramos Chino explicó que el 1 de octubre debieron iniciar la construcción, pero hasta este 24 de octubre no se ha presentado nadie.
“El gobernador fue de gira a Chilapa (el 10 de julio) y anunció las obras que se iban a hacer, pero hasta ahora no han arrancado con la nuestra y nadie nos dice nada”, contó.
Ramírez Chino detalló que, ante la falta de actividad en el proyecto, han recurrido a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), pero ninguno les ha dado el respaldo o respuesta sobre la obra.
Recordó que Xiloxuchicán nunca ha tenido drenaje, y desde la administración del perredista Ángel Aguirre Rivero también hicieron la solicitud de su construcción, pero fueron ignorados.
Protestan por separado en Atoyac caficultores, maestros y colonos en la visita del gobernador
Sin llegar hasta la tribuna donde el gobernador, Héctor Astudillo Flores, entregó incentivos al sector agropecuario en la ciudad de Atoyac, cafeticultores, maestros y colonos manifestaron sus demandas aprovechando la presencia del mandatario estatal en esta cabecera municipal.
En los terrenos de la Feria del Café donde tuvo lugar la actividad, estuvieron también el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga Delgado.
Los primeros en manifestarse, sin estar físicamente en el lugar, fueron productores de café que tomaron de manera simbólica las oficinas del Consejo Estatal del Café (Cecafé) mientras se desarrollaba la actividad oficial en los terrenos de la Feria del Café de esta ciudad de Atoyac.
Los productores y autoridades ejidales colocaron pancartas exigiendo la salida del coordinador, Erasto Cano, nombrado por el anterior gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, quien, dijeron, ya cumplió su periodo.
Acusan en un documento firmado por comisariados ejidales y organizaciones productivas que entregaron al gobernador, que Erasto Cano es difícil de hallar en la ciudad de Atoyac, pese a que es la sede del Cecafé.
Señalan que no ha apoyado a la cafeticultora, además de que toma decisiones unilaterales sin considerar a los vocales, que también piden su renuncia.
Por su parte, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) llegaron hasta la zona del presídium, donde extendieron una lona en la que escribieron mensajes de rechazo la evaluación docente y a la reforma educativa.
Los maestros exigieron gratuidad en la educación y la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos.
Minutos después, llegaron colonos del predio irregular Emiliano Zapata, respaldados por el Frente de Defensa Popular (FDP), que preside en la región Clemencia Guevara Tejedor, para exigir la regularización de su colonia y la instalación de servicios públicos.
La dirigente social dijo que fueron atendidos por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Juan José Castro Justo, quien les dijo que serán recibidos el lunes en Chilpancingo.
Los manifestantes llegaron con banderines rojos de la organización y se apostaron en la camioneta en la que el gobernador saldría de los terrenos de la Feria.
La camioneta fue llevada por los escoltas del gobernador al frente de la carpa, donde, antes de abordarla, Héctor Astudillo Flores dijo que ya es costumbre este tipo de actos de la CETEG, “yo no me espanto que se manifiesten aquí, especialmente en la tierra de la dignidad y la insurgencia, por supuesto que no nos espantamos, todo por supuesto haciéndose correctamente respetando a los demás”.
Sobre los cafeticultores, el gobernador dijo que atenderá con el diálogo y que no sabía que las oficinas estaban tomadas.
Exige la CRAC de Chautla justicia por el asesinato de uno de sus miembros y la libertad de 14 detenidos
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.
Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC
Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.
Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato
Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.
Posponen la reunión de damnificados de Chilapa con autoridades; hablarían de su reubicación
Representantes de las comunidades de San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca, del municipio de Chilapa, que serán reubicados al predio Loma de los Pinos, en la comunidad de Xicaixtlahuac, informaron que se pospuso la reunión programada con autoridades de los gobiernos estatal y federal, debido a la indisposición del secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “por cuestiones de salud”.
El 7 de junio, unos 100 vecinos de las comunidades damnificadas de Chilapa protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en la capital, para exigir la conclusión de las 217 casas que se construyen en el predio Loma de los Pinos, donde serán reubicados.
En ese momento, el gestor de la comunidad, Carlos de Jesús Alejandro, y una comisión de damnificados se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, para darle a conocer las irregularidades.
Acordaron entonces reunirse ayer con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y los delegados de las dependencias involucradas en la construcción de las viviendas, para facilitar los trabajos de planeación y construcción de las casas.
Ayer a las 10 de la mañana acudió a Casa Guerrero una comisión de siete pobladores, para darle seguimiento a la mesa de trabajo programada junto con las autoridades una semana antes; pero luego de una hora y 20 minutos de espera, al lugar acudió la secretaria particular de Florencio Salazar Adame, quien, de acuerdo con el gestor de la comunidad, les informó “que reconsideráramos la cita para el próximo jueves, porque había indisposición por parte del secretario, que por cuestiones de salud se había tenido que atender”.
Según el gestor de la comunidad, la secretaria expresó que el secretario General informó desde temprano de “un problema de salud que se le complicó”; y tras un intercambio de opiniones con el secretario particular de gobierno, César Armenta Adame, creyeron prudente posponer la reunión para el siguiente jueves.
En su momento, los pobladores reconocieron el malestar generado ante la espera de otros dos días para reunirse con los funcionarios, sin embargo, consideraron prioritaria la presencia de Salazar Adame para dar seguimiento a la mesas de trabajo con cada una de las dependencias, además de para retomar una minuta de acuerdos que en su momento suscribió el ex secretario general de Gobierno, David Salgado Cienfuegos. Los pobladores aceptaron y confiaron en que se lleve a cabo la reunión.
“Así quedó agendado y acordado, no se pospone para otra fecha más, y eso fue el acuerdo que llegaremos a informar a las comunidades, y si no se lleva a cabo ese día tomaremos otras medidas o alternativas”, advirtió el representante de Majada del Toro, Pedro Reynoso.