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En encuentro en Ometepec, piden afromexicanos que el gobierno los reconozca en la Constitución

En el décimo sséptimo encuentro de pueblos negros que se llevó a cabo en la comunidad de Vista Hermosa, Ometepec, los afrodescendientes llamaron al gobierno mexicano a reconocer en la Constitución a la negritud como la tercera raíz del país, y denunciaron la segregación de las comunidades negras.
La reunión de los pueblos negros, descendientes de los esclavos que llegaron de África a la Nueva España, hoy México, inició al medio día de ayer, con una caminata de danzantes. El contingente, de unas mil personas partió de la comunidad de San Isidro a la comunidad de Vista Hermosa, Ometepec.
Según la encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay un millón 381 mil 853 habitantes que se auto adscriben como afrodescendiente, que representan el 1.2 por ciento de la población nacional, de los que 229 mil 514 viven en Guerrero, el 6.5 por ciento de la población del estado, aunque los propios organizadores del encuentro indicaron que podrían haber más de 10 millones de afromexicanos, y al menos medio millón habitando en las costas de Guerrero.
Al son de la charrasca, el violín, la artesa y la música de viento, bailaron Los Apaches, atrás La Minga, y el Diablo mayor que brincaban al tiempo que el músico golpeaba la quijada de un burro. El toro de petate y su terrón, La Tortuga, y una nutrida algarabía en los alrededores.
En el contingente mujeres afromestizas caminaban vestidas de floreados atuendos y blusas con bordado de chaquira y huipiles amuzgos. También venían danzantes de Veracruz y de Oaxaca.
El encuentro juntó a ediles de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, además de representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos negros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU), y representantes de los gobiernos federal, y de los estado de Oaxaca y Guerrero.
Durante el acto inaugural del encuentro, que culmina hoy, la integrante de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, Rosa María Castro Salinas recordó que en 1997, la organización México Negro, impulsada por el padre Glyn Jemmott Nelson, originario de Trinidad y Tobago, organizó el primer encuentro para visibilizar los pueblos negros.
“La lucha tiene que seguir hasta conseguir el reconocimiento Constitucional de los pueblos negros de México, ya no sólo los de Guerrero o de Oaxaca, sino de México, porque en diversos estados hay población afrodescendiente”.
Además de acabar con la desigualdad, y que los pueblos negros tengan acceso a la educación, salud y “todos los derechos que la Constitución política nos otorga, pero que por muchas cuestiones no podemos acceder a ellas”.
En su participación, el alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos dijo que “los negros no son un espectáculo” y tampoco sólo danza, sino una cultura que puede salir adelante. Reclamó el poco apoyo y valor que el gobierno federal le da a las comunidades afromestizas del país.
Después fue entregado un reconocimiento a sus 25 años de lucha a favor de los derechos de los pueblos afromestizos de México, y principalmente de la costa de Oaxaca, al padre Jemmott Nelson. Los encargados de la entrega fueron los fundadores de la organización México Negro, el padre Fabiano Cisneros y Sergio Peñaloza.
El fundador de México Negro, Sergio Peñaloza, dijo que desde el primer encuentro en 1997, no se ven como una actividad festiva, “somos aquellos que queremos ser reconocidos en la Constitución, si bien hace 20 años era un movimiento de locos, hoy es una realidad”.
Recordó que Guerrero y Oaxaca, en 2013 y 2014, reconocieron en sus constituciones políticas a la comunidades afrodescendientes, pero a nivel federal no se ha adecuado la Constitución. Informó que hay ocho proyectos e iniciativas, y tiene confianza que en 2017 se reconozca a los negros. “Más de 500 años hemos estado excluidos, discriminados, olvidados… No descansaremos hasta lograr el propósito de movimiento afromexicano”.
La directora de Organizaciones no Gubernamentales Internacional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Helen Patricia Peñaloza Martínez manifestó que la decisión del organismo desde el 2015 es de apoyar la lucha de México Negro para que constitucionalmente las comunidades afromexicanas sean reconocidas.

Marcha la CETEG oficial en Cruz Grande a 16 meses del caso Ayotzinapa y contra la reforma educativa

A 16 meses de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) oficial marcharon en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, y 48 Batallón de Infantería, donde exigieron abrir los cuarteles militares del país para que los padres de los normalistas busquen a sus hijos.
La marcha, en la que participaron unos 500 maestros de las regiones Costa Chica, Montaña, Centro y Acapulco, también fue en contra de la reforma educativa y la evaluación docente que aplica la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A las 10:40 de la mañana, los maestros salieron de las oficinas de la delegación de Servicios Regionales de la Costa Chica, y caminaron en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional hasta llegar frente al 48 Batallón de Infantería, donde realizaron un mitin.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Peña, escucha, los maestros estamos en lucha!”, fueron las consignas que se repetían una y otra vez entre los maestros que portaron gorras y sombreros para protegerse de los fuertes rallos del sol.
En cuatro lonas que cargaron los inconformes y que fueron colocadas en uno de los dos accesos al batallón, se leía “Contaminación, pobreza, corrupción, existen cuando una Ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”, “Libertad a los presos políticos” y “Exigimos justicia y castigo para los responsables de la desaparición forzada de los normalistas y caídos del 26 y 27 de septiembre”.
Los maestros, a su llegada al Batallón escribieron en las paredes de acceso al inmueble que era vigilado por militares, “Asesinos”, “#43”, y el nombre de uno de los 43 normalistas desaparecido “Luis Ángel Abarca Carrillo te seguimos buscando”. En la puerta donde se desarrolló el mitin estuvieron unos seis militares que sólo se dedicaron a fotografiar a los maestros y a grabar la protesta.
Desde ahí, los maestros se dirigieron al Palacio municipal, donde tuvieron otro mitin, reiterando la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalista y en contra de la reforma educativa. A la 1 de la tarde, los maestros se retiraron del lugar.
Ahí, n promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) manifestó que la organización busca la unidad de las fuerzas sociales para lograr una impedir el avance de la “amenaza” que sufre el país con las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. “Sólo con la unidad el gobierno está haciendo caso” expresó.
El representante de la CETEG de la región Centro, Carlos Botello Guerrero manifestó que lo único que hacen los militares “es perseguirnos”, y que el acto era una muestra de repudio a las acciones de los militares que sirven a los políticos.
El maestro expresó, “estas instalaciones militares son prisiones de aquellos compañeros luchadores sociales. Ahí está la inteligencia militar que está coludida con el gobierno nefasto de Peña Nieto”.
Exigió a los militares que abran sus cuarteles para que los padres de los 43 estudiantes puedan buscar a sus vástagos. Recriminó la postura del gobierno federal al inventar la “verdad histórica” para que el caso de los normalistas quedara en el olvido. “No se puede superar un crimen y desaparición forzada”, concluyó.
El representante de la Montaña, René Fuentes dijo que los militares que estaban la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala fueron cambiados a distintos destacamentos, como el 48 Batallón, “los que desaparecieron a los normalistas son bestias, y no tienen nombre”. “Ni Peña Nieto ni Osorio Chong han hecho nada para buscar y presentar a los normalistas”, en cambio sí están saqueando a la nación con la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló.
En su participación, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero señaló que la protesta no era por gusto, sino porque aún no hay respuesta a la exigencia de presentación de los estudiantes, y tampoco justicia para los caídos.
Recordó que los padres no han descansado en la búsqueda de sus hijos, “con esa rabia que tienen en el corazón”. El dirigente también recriminó el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que no ha tenido una postura enérgica en el caso.
Reyes Ramos pidió a los maestros su comprensión y firme decisión para enfrentar la embestida del gobierno, que a costa de todo quiere que participen en las evaluaciones punitivas, “les pedimos su comprensión y decisión, no pasa nada de esta amenaza de despido a quienes no se presentaron al examen de valuación”, dijo.
Informó que, el 29 de enero la representación legal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidirá cuál será la vía legal que tomarán para enfrentar al gobierno, además de que el 5 de febrero habrá una marcha nacional en la Ciudad de México, y para el 19 de ese mes habrá una de carácter estatal.

Denuncian grupos de La Montaña despidos en la radio el desmantelamiento de la Cdi

Organizaciones sociales de la Montaña se declararon contra lo que llamaron la política de desmantelamiento, regresiva, asistencialista y clientelar de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
El planteamiento está dirigido al presidente de la República, a la titular de la Cdi, a los diputados federales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y al Consejo nacional para Prevenir la Discriminación.
Las organizaciones Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas de Guerrero (Remjina), la Red Macuilxóchitl de La Montaña, que forma parte del Consejo Asesor Consultivo de ONU-Mujeres México, Mujeres de Tlapa y la Mujer y la Esperanza, entre otras organizaciones que son parte de redes regionales y nacionales, mostraron preocupación por el papel que la Cdi ha tomado hacia los pueblos indígenas y, en particular, hacia las mujeres indígenas.
Denunciaron que hay desinterés y falta de compromiso para impulsar el desarrollo, y que la dependencia federal sigue limitada presupuestal y programáticamente, reproduciendo el trato discriminador, excluyente y racista, porque no hay políticas ni presupuestos destinados estratégicamente al empoderamiento de las mujeres indígenas para que dejen de ser víctimas de violencia y discriminación.
Les preocupa que con el plan de austeridad del gobierno federal se reduzca el presupuesto destinado a indígenas, que afecta a las mujeres, así como los avances en materia de género, limitando con ello el ejercicio de los derechos políticos, económicos sociales y culturales.
Demandaron un alto al desmantelamiento de los medios indígenas, comunitarios y los que forman parte del Sistema Nacional de Radiodifusoras Indigenistas, de los que en los últimos días hay despido injustificado a trabajadores eventuales y de confianza de la Cdi, con el argumento de que son instrucciones de las oficinas centrales, y a quienes presionaron para firmar su renuncia con la amenaza de devolver sus liquidaciones a la Secretaría de Hacienda.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Denuncian en la Fiscalía familiares del joven atacado en Iguala a los policías federales que le dispararon

Policías federales fueron denunciados por lesiones, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras balear el 9 de diciembre a un joven al que persiguieron en calles de la colonia Juan Álvarez, al norte de Iguala.
Fuentes ministeriales confinaron que la denuncia fue presentada y ratificada ante la FGE, con sede en esta ciudad, contra los policías federales por el joven que resultó herido de cuatro balazos en la espalda, que ya fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.
La familia del joven, dedicada a la joyería, exige a la corporación la reparación del daño, en el que se incluyen gastos médicos y los daños al coche Honda Civic que recibió el menos siete impactos de bala, y la sanción correspondiente a los agentes federales de la patrulla 17220, y los tres que iban encubiertos en un carro color arena, que participaron en la persecución y agresión a balazos.
El 9 de diciembre, alrededor de las 8:30 de la noche, Marco Andrey León Meléndez de 22 años, salió a comprar una tarjeta telefónica a una tienda Oxxo, ubicada frente a las instalaciones de Pemex, en el Periférico Norte, en la colonia Juan Álvarez.
Según la declaración del joven, desde su carro, un Honda Civic blanco modelo 2012 con placas PYL-12-48, estaba enviando mensajes cuando, adelante de él se estacionó un carro compacto color arena, del que bajaron tres hombres jóvenes con apariencia de “chilangos” armados con pistolas, de los que después se dijo que eran policías federales encubiertos.
Narro que los tres se acercaron a él del lado del copiloto, y uno, con voz fuerte le gritó “bájate”, por lo que el joven se asustó y arrancó el carro, los tres civiles le empezaron a disparar.
Unos metros adelante de la calle Juárez, en la misma colonia Juan Álvarez, pidió apoyo a otros policías federales que estaban en una patrulla y que se habían dado cuenta de los disparos, pero en respuesta, estos también lo persiguieron y le empezaron a disparar.
“Al ir sobre la calle Karina, los policías federales de la patrulla 17220 iban disparando al carro, hacia la altura de la cajuela, y fue ahí donde sentí varios impactos a la altura de mi espalda alta, empecé a sangrar, aún así seguí manejando porque quería llegar a mi casa. Ellos dispararon sus armas aun cuando vieron que había gente en la calle, algunos vecinos se dieron cuenta”, describe el joven.
Narra que llegó a su casa y tocó fuerte la puerta, su mamá le abrió y rápidamente se metió.
Dijo que su mamá lo subió a su camioneta para llevarlo a una clínica, y que pidió apoyo a los policías federales que le habían disparado a su hijo porque no sabía lo que había pasado, pero estos no los escoltaron a la clínica.
Herido de cuatro balazos en la espalda, el joven fue estabilizado en una clínica particular de esta ciudad, y al día siguiente fue trasladado a una clínica del estado de Morelos, donde lo intervinieron quirúrgicamente y lo dieron de alta.
La familia presentó formal denuncia en contra de los policías federales de la patrulla 17220 y de los que iban encubiertos, y la misma denuncia fue ratificada ante la Fiscalía.
También se presentó la queja ante la CNDH contra los policías federales, para quienes piden una sanción y la reparación del daño.