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Absuelven a seis policías comunitarios que estuvieron tres años en prisión y dos en libertad bajo fianza

 

Seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso del municipio de Ayutla recibieron ayer su boleta de libertad con sentencia absolutoria en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa, luego de ser acusados del delito de secuestro, hace cinco años.
Los seis policías comunitarios: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo fueron encarcelados tres años, desde el 2013, por el supuesto delito de secuestro en agravio de 43 personas y dos años en libertad bajo fianza al reclasificarse el delito a privación ilegal de la libertad, tras obtener un amparo en diciembre de 2015, que hoy los dejó libres.
Los seis policías na savi que mostraron sus boletas de libertad con sentencia absolutoria dijeron que están felices porque se acaba el sufrimiento que les tocó vivir desde el 2013 cuando fueron detenidos mientras cuidaban a los reeducados de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Ángel García dijo “fue un sufrimiento y represión por parte del gobierno hacia la Policía Comunitaria, al considerarnos delincuentes cuando no los somos, eso nos deja manchada nuestra reputación y también del sistema comunitario, al que quieren desaparecer porque surge del pueblo y no pudieron, porque somos inocentes, ahora tenemos nuestra boleta de libertad en la mano”, dijo.
Mencionó que ahora no tienen ningún cargo en la CRAC-PC, pero siguen apoyándola.
Florentino García comentó que están contentos de ya no volver a venir a firmar cada mes porque tenían que viajar desde su pueblo por lo que exigirán la reparación del daño al no comprobarles nada, al no cometer ningún delito y el gobierno del estado los sometió a un desgaste físico y económico por sus visitas mensuales al juzgado de Tlapa y con un recorrido de seis horas desde sus comunidad.
Bernardino García agradeció a los abogados de Tlachinollan que representaron a los seis comunitarios, a los medios de comunicación que le dieron seguimiento a su caso y a todos los que los respaldaron, en el penal estuvieron los abogados Isidoro Vicario Aguilar y Rubén Darío Silva Morales, quienes realizaron las gestiones administrativas.
Por esta misma causa penal 196-2013 fueron absueltos también Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrera al no acreditarse las acusaciones y cuando se hicieron los careos con los supuestas víctimas éstas declararon no conocerlos, que no fueron ellos quienes los retuvieron ni que les pidieran dinero.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala que en momentos de campañas políticas en las cuales se desacredita y se descalifica el actuar de la Policía Comunitaria, se dictó sentencia absolutoria a seis integrantes de CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, detenidos en 2013 en un excesivo operativo en el que participaron elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial.
En lo que demostraron la criminalización de la que es objeto la CRAC-PC al aplicar sus sistemas normativos.
El juez Aurelio Gutiérrez Cruz absolvió a los seis policías comunitarios quienes durante cinco años llevaron un proceso lleno de acusaciones falsas y ahora están libres de toda responsabilidad penal al demostrar que no cometieron delito alguno.
Menciona que la sentencia reconoce los derechos de los pueblos y personas indígenas a la libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus propias autoridades y aplicar sus propios sistemas normativos.
Y concluye que los sentenciados son personas indígenas e integrantes de la CRAC-PC bajo el amparo de la Constitución mexicana, la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que su actuar no fue ilegal sino que fueron actos de autoridades comunitarias.
Tlachinollan exige al Estado mexicano: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal como lo hizo el Poder Judicial Federal en sus fallos de casos de otros policías comunitarios y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

 

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.