Bloquean la carretera Zihuatanejo- Acapulco en Atoyac; denuncian abusos de la Policía Estatal en la sierra

Habitantes de comunidades de las zonas serranas de Pie de la Cuesta y El Paraíso, del municipio de Atoyac, bloquearon intermitentemente la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en el entronque de La Y griega para exigir que se vaya la Policía Estatal a la que señalan de cometer abusos.
Los manifestantes bloquearon con piedras la vía, y con pancartas pidieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que retire a la Policía Estatal de los caminos a la sierra.
Los inconformes señalaron a los agentes de cometer abusos en los retenes, como revisar “de manera impropia” a las mujeres, y maltratar e insultar a los hombres cuando no llevan identificación.
Asimismo, se quejan de que los policías estatales están encapuchados, “como si fueran delincuentes”, y piden que regresen a sus cuarteles para que los capaciten.
Los quejosos agregaron que los policías afectan también a los transportistas, y que ante la manera abusiva como se conducen violenta derechos humanos como el libre tránsito.
“Ya que a cualquier hora están con sus pañoletas tapándose la cara, y no sabemos si de verdad son policías; no tienen por qué tratar así a la población, en particular a las mujeres, deben ser respetuosos”, insistieron.
En días pasados, enviaron un documento a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) para quejarse de esta situación, que se ha agudizado desde hace cuatro meses.
El bloqueo comenzó a las 9:30 de la mañana, y cada 15 minutos los pobladores permitían el paso de los automovilistas.
Después de tres horas terminó el bloqueo, luego de que el delegado de Gobierno en la Costa Grande, Juan Méndez Nogueda, se comprometió a que serán atendidos el próximo martes en una mesa de diálogo en la Protur, en Acapulco, para revisar su pliego petitorio de nueve puntos.

 

Pasó Campos Herrera 4 años en prisión por una interpretación desviada de la ley: abogados

El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y  policías comunitarios de Ayutla.
Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Fiscalía modificó sus declaraciones, afirman cuatro presuntas víctimas de la CRAC en un careo


Seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, acusados de privación ilegal de la libertad se carearon con cuatro de sus acusadores, quienes dijeron que no los conocían, que era la primera vez que los veían y que ellos no los privaron de su libertad.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz informó que los seis policías comunitarios: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, Eleuterio García Carmen y Abad Ambrosio Francisco que enfrentan su proceso en libertad bajo fianza, están en la misma causa penal que Arturo Campos, la 196/2013, pero ellos sólo están señalados de privación ilegal de la libertad y Campos de secuestro.
Dijo que fue una audiencia de careo procesal, la primera fecha para desahogar el caso donde estuvieron cuatro de las 43 personas que los señalan por lo que están pendientes 39, pero se consideraría la viabilidad de los desahogos porque varios no los señalaban.
Mencionó que los cuatro que acudieron no los señalaron por lo que se demostraba su inocencia.
Agregó que no ratificaron en su totalidad su declaración ministerial porque ellos no manifestaron algunas cosas que fueron puestas por la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que el 21 de agosto de 2013 cuando fueron liberados por la Marina declararon que fueron secuestrados y les pidieron dinero, pero ahora en su declaración dicen que el contenido total no lo manifestaron ya que en ese tiempo dijeron por qué estaban detenidos y en su declaración nunca mencionaron que les habían pedido dinero, afirmaron que todo eso lo hizo la Fiscalía para poder integrar el expediente.
“Niegan el delito, por lo que quedó debidamente  demostrado, con pruebas, la inocencia de los compañeros y que si estaban retenidos fue por algunas infracciones que cometieron en sus comunidades, pero nunca estuvieron secuestrados ni privados de su libertad por ellos”, dijo.
Mencionó que con Arturo Campos queda un mes para cerrar pruebas, ya que fueron agotados los careos en la misma causa penal, y los seis policías comunitarios están libres al ampararse y reclasificarse el delito de secuestro al de privación de la libertad personal en la causa penal 196/2014-I por el juzgado penal de Tlapa.
Mencionó que fueron liberados el 12 de mayo de 2016 del penal de Ayutla por la orden de libertad del juez Mixto de Ayutla de los Libres, y la jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa al no existir elementos que acreditaran el delito de secuestro del que fueron injustamente acusados.
Resultado de una resolución de amparo de noviembre de 2015 en la que el juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso, en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC.

Entran soldados y policías a pueblos de Ayutla por la emboscada en Ahuacuotzingo, informa la CRAC

La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que efectivos de la Marina y del Ejército en ocho patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incursionaron el viernes pasado en cuatro comunidades en busca de delincuentes.
Según las autoridades comunitarias, el viernes los marinos encabezados por policías del estado, llegaron a las comunidades na’ savi de Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Ocote Marillo y El Charco, buscando a quienes el 25 de julio en un asalto a trabajadores del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que iban a pagar dinero del programa federal Prospera, en Ahuacuotzingo, mataron a cinco policías municipales y a dos custodios de esa empresa bancaria.
En una llamada a esta redacción el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García, informó que luego de una reunión el lunes con los comisarios de las cuatro comunidades, solicitaron al gobierno del estado y federal dejar de hostigar a las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
“Quieren seguir intimidando a los pueblos, pero la CRAC está muy organizada y ha sido muy respetuosa, como representantes hemos respetado a los tres niveles de gobierno, no nos metemos con ellos, pero sí nos quejamos cuando ellos se meten con nosotros”, expuso.
Indicó que los comisarios dejaron claro que no quieren ver a los soldados en su territorio, y tampoco a los marinos en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC.
Indicó que la presencia de los agentes causa miedo y temor entre las mujeres y los niños, “lo que llegue a pasar vamos a responsabilizar al gobierno del estado”.
El coordinador también llamó a las autoridades del estado a verificar la falta de obras en las comunidades de la zona mixteca de Ayutla, donde la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha hecho obra social.

Envían a un albergue a 11 niños desnutridos que vivían en condiciones insalubres en El Paraíso, Atoyac

 

La presidenta del DIF de Atoyac, Rosita Pérez Vargas y el alcalde municipal, Dámaso Pérez Organes atendieron la denuncia de una doctora de la comunidad de El Paraíso, de que 11 menores de edad estaban desnutridos y vivían en situaciones insalubres en la ranchería La Quebradora, en la periferia de la comunidad de El Paraíso en este municipio.
Los menores fueron enviados a un albergue del DIF estatal junto con su tía-madrastra que está embarazada y será enviada también a un refugio para evitar que sigan viviendo en condiciones de extrema pobreza.
El comisario de la localidad, Miguel Ángel Castillo Zepeda precisó que los menores de la familia Sánchez Hernández son huérfanos de madre y viven en una situación crítica en una vivienda de 10 por 3 metros cuadrados, duermen amontonados en petates en el piso de tierra, la cocina es un espacio improvisado con telas y cartón donde sólo hay un fogón en el suelo a pesar de que en el lugar viven en su mayoría menores de edad.
La familia vive en un aparente abandono en un cuartito en un potrero que cuida el padre de los menores, Luis Sánchez Estrada de 46 años. Los afectados sólo toman café por las noches y por las mañanas y comen una vez al día frijoles de la olla.
Se dio a conocer que el padre recibe dinero del programa de jefas de familias, que consiste en un apoyo a los niños que han quedado huérfanos.
Trascendió que el padre de los menores ha recibido en menos de un año más de cien mil pesos por los 11 menores huérfanos y esto no se refleja en su estado de salud y menos en su desempeño académico.
En la visita se observó que el rango de edad de los menores es de un año hasta los 16 años el más grande, los niños no tenían ropa ni calzado y no iban regularmente a estudiar a la primaria de la localidad y cuando asistían iban mal aseados y con falta de materiales para sus estudios y sólo con cinco pesos para su recreo.
Se observó un alto grado de desnutrición y parásitos en los niños por lo que fueron enviados a un chequeo general al centro de salud.
La coordinadora del programa de jefas de familias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad, Zaida Álvarez Cabañas señaló que en coordinación con el Ayuntamiento hicieron la supervisión a la familia para corroborar que el dinero del programa se utilice en beneficio de los menores.
A los niños les harán estudios de sangre y se les comprará ropa y calzado.
El padre de los menores no estuvo durante la supervisión porque aparentemente trabaja fuera de la comunidad y los niños son atendidos por su tercera esposa quien tiene también un hijo de un año y está embarazada de seis meses.

 

Acuerda la CRAC de Ayutla detener al comandante de Chacalapa y libera a un detenido por la UPOEG

En una asamblea microregional los representantes de las comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron detener al comandante de la policía comunitaria de Chacalapa, por el asesinato de un policía en noviembre, caso por el que ya hay un detenido.
También, se liberó a un joven que fue detenido el mes pasado con 50 plantas de mariguana, y se reabrió la investigación de un detenido que lleva un año y cinco meses en reeducación (que es el castigo de prisión y servicio comunitario que se le da a los presuntos delincuentes en el sistema de justicia comunitario), debido a que cambió su declaración hace unos meses y confesó que fue torturado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para admitir el homicidio del que se le acusó.
A la asamblea acudieron integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán quienes informaron de los temas que se hablaron en la reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, así como que se tiene que trabajar en la armonización de la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que no está vigente en la Constitución del estado. Los invitaron a participar en la reunión programada para hoy en San Luis Acatlán en la que se tratará esa ley.
En la asamblea con unos 100 asistentes, en la que se habló en tu’ un savi (mixteco), los coordinadores presentaron el caso del homicidio del policía comunitario Leonardo Feliciano, quien fue herido en una pierna y murió ante la falta de atención médica en noviembre.
Se expuso en la asamblea que el disparo que recibió el policía comunitario fue por un jaloneo que se dio entre el comandante del grupo y quien fue detenido por el homicidio, quien se encuentra en proceso de reeducación. Debido a que no se había tenido dicho antecedente, ayer acordaron en la asamblea detener al comandante, que se ampliará la investigación y se someterá también a reeducación.
Otro de los casos que se expusieron en la asamblea es el de un detenido en la comunidad de Coapinola, Ayutla. Fue detenido el 12 de febrero Israel Basilio con 50 “matitas” de mariguana. En la asamblea acudió la madre del joven a abogar por él y después de escuchar diferentes posturas la asamblea votó a favor de liberarlo, porque había sido suficiente un mes en reeducación.
Después se expuso el caso de Juan Manuel Encarnación de Jesús, quien lleva un año cinco meses detenido. Se explicó que fue entregado por la UPOEG, con una supuesta declaración en la que aceptaba que había cometido un homicidio, sin embargo luego de un año de estar en reeducación Juan Manuel entregó a su familia una carta en la que se retractó de haber cometido el delito.
En la nueva declaración indica que fue torturado no sólo por los policías de la UPOEG sino también por los ministeriales, y al reabrir la investigación los policías comunitarios interrogaron a uno de los supuestos testigos, quien también dijo que fue torturado por los policías ciudadanos para señalar a Juan Manuel como responsable del homicidio.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso pidieron a la asamblea que se interrogara a dos personas más que el detenido menciona en su declaración, y el resultado de la investigación se expondrá en asamblea para que sean todos los integrantes los que decidan si es liberado o reeducado.
La familia del detenido acudió al lugar con la esperanza de que fuera liberado y después de exponer que llevan más de un año dando vueltas buscando una respuesta al caso, aceptaron la decisión del colectivo.
La asamblea fue presidida por los coordinadores Juan Antonio García Fidencio, Francisco Neri Victoriano y Néstor Chávez García.

Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

 

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.

Ha logrado la paz en 15 comunidades de Chilapa y Hueycantengo, informa un consejero

 

En un territorio que se disputan los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, 15 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) han logrado vivir en paz desde hace dos años, tras la organización que logró la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de los Pueblos Fundadores, que se ha declarado independiente de los sistemas comunitarios existentes.
“Aquí se cometían asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, pero después de que nos organizamos cesó todo. Ahorita todo está bien, ya no se quejan las comunidades, por eso aunque nos estamos cooperando para dar seguridad, las comunidades están de acuerdo porque están en paz”, dijo el consejero regional de la agrupación comunitaria, Bernardino Sánchez Luna.
La organización que aglutina a 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera y en la que participan 300 policías comunitarios que se encargan de la seguridad, se deslindó ayer de los otros sistemas comunitarios como la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán y de las casas de El Paraíso y de Tixtla, y han trabajado por su cuenta en estos pueblos en donde también funciona la Policía autodenominada por la Paz y la Justicia.
–¿No han tenido aquí conflictos con grupos del crimen organizado?, –se le preguntó al consejero, a sabiendas de la pugna que hay entre Los Rojos y Los Ardillos.
–Hasta ahora no, está todo tranquilo.
–¿Tienen coordinación con la Policía Estatal, con la Federal y con el Ejército?, –se le preguntó al consejero.
–Nosotros solamente exigimos respeto al gobierno. No nos coordinamos con ellos. Ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra.
–¿En la chamba de ustedes no ha habido amenazas, hostigamiento y obstáculos de las fuerzas estatales y federales?
–Cuando iniciamos (en 2015), sí había intimidaciones, pero ahorita se va calmando todo; de hecho, hay trabajadores aquí en Xicotlán, y el presidente municipal de Chilapa nos pidió que los fuéramos a recoger a la orilla de Chilapa, porque tenía miedo de venir a trabajar aquí por la violencia.
“Con eso, el presidente municipal está reconociendo nuestro trabajo, aunque no nos apoya económicamente, pero nos reconoce el trabajo que hacemos, simplemente se niega a soltarnos el recurso”, dijo.
Este grupo de policías comunitarios se fundó el 27 de agosto de 2014, bajo los auspicios del ex consejero de la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán, Cirino Plácido Valerio. Sin embargo, a raíz del conflicto que este grupo de comunitarios tuvo con los ciudadanos de San Jerónimo Palantla, se deslindaron de Cirino y formaron un grupo separado que aglutina a las 15 comunidades de municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
–¿Ustedes son independientes de otros grupos de la Policía Comunitaria que formó la CRAC?, –se le pidió que precisara.
–Somos independientes, o sea que trabajamos con los pueblos. No nos coordinamos con nadie (de los otros grupos del CRAC) ahorita.
–Cuando ocurre un hecho delictivo, ¿Qué pasa con los detenidos, a dónde se los llevan?
–Los sometemos a reeducación y quienes deciden son los comisarios y los consejeros cuánto tiempo se les va a dar. De hecho, no ha habido detenidos porque hablamos con las comunidades para que se respetara la ley.
“Les pedimos que se evite llegar a la violencia, antes que llegar al sistema de reeducación, por eso ahorita está todo tranquilo”, explicó.
–Desde que se formó este grupo de la Policía Comunitaria, ¿cuántas personas han sido detenidas?
–Cuando iniciamos fueron como 30, porque no entendía la gente y seguía cometiendo delitos. No había grandes delitos, pero se amenazaban, se quitaban sus derechos, pues.
Sin embargo, agregó que posteriormente se firmaron actas en los pueblos en las que los habitantes y las familias se comprometieron a vigilar la actuación de los habitantes, “y ahora ya no tenemos detenidos, ya está todo tranquilo”, reiteró.
–¿Desde que se formó esta Policía Comunitaria, cuáles son los obstáculos que han tenido?
–El problema que tuvimos fue con San Jerónimo Palantla, porque entre ellos mismos tienen pleitos, es un problema interno, quisimos entrar y entonces tuvimos problemas con ellos, por eso ahora nos deslindamos de ellos.
“El problema de San Jerónimo, aunque aprobó la mayoría nuestra presencia, los demás no estuvieron de acuerdo, por eso nos retiramos. Hasta ahorita, no sabemos si hay un grupo delictivo detrás de ellos, pero lo que sabemos es que tienen problemas de terrenos, de agua, de escuelas, y están divididos, el comisario municipal por un lado y el comisariado de bienes comunales por otro”, explicó.
–¿Ustedes ya no tienen injerencia en ese pueblo?, –se le preguntó al consejero.
–Ya no, si se llegaran a integrar tendrán que entregar otra acta en donde aceptan incorporarse a la CRAC, pero no ha llegado ningún documento.
El consejero explicó que con la decisión de retirarse de esa comunidad están respetando los acuerdos que firmaron con el gobierno estatal el 11 y 25 de marzo de 2016, cuando se estableció que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla liberaría a cuatro detenidos de San Jerónimo Palantla, y éstos se desistirían de las ordenes de aprehensión de más de 60 policías comunitarios.
Pero denunció que la gente de San Jerónimo Palantla no cumplió porque en vez de retirar las órdenes de aprehensión en contra de los comunitarios, presentaron más demandas, apoyados por el Frente de Defensa Popular (FDP).

No cumple la garantía de una motoneta la tienda Elektra de Atoyac, denuncia un vecino

El vecino de la comunidad serrana de El Paraíso, Isaías López denunció que la tienda Elektra de la ciudad de Atoyac se niega a hacerle valida la garantía de una motoneta Italika modelo XS 125 que compró de contado el pasado 28 de diciembre.
El afectado dijo que acudió a la tienda ubicada en la avenida Juan Álvarez de la ciudad de Atoyac a adquirir una motoneta, misma que no ha usado porque salió con un desperfecto desde la misma tienda.
En el taller les explicaron que estaba mal el carburador de la motoneta, al cual hicieron cambios, “pero sigue igual, tiene cuatro días en el taller, he pedido el cambio, y no nos quieren hacer valida la garantía ni el cambio”.
Contó que la motoneta le costó 19 mil 956 pesos, y que desde que la adquirió permanece en el taller que le asignó la misma compañía, y dijo que tiene documentos que comprueban que sólo ellos han abierto el equipo.
Dijo que ha pedido que le hagan valida la garantía o la cancelación de la compra, pero lo traen dando vueltas, y perdiendo tiempo y dinero.
Denunció que el encargado de la tienda sólo le ha dicho que le darán solución dentro de seis meses.
“Ya no queremos la moto, porque ya fue abierta y todos estos días ha estado en el taller, no la hemos usado y voy a proceder a poner una denuncia ante el Ministerio Público por fraude, y ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) para que atienda estas irregularidades”, indicó.
Se quejó de que los mismos trabajadores se jactan de que Elektra no lo va atender, porque se dice una empresa grande y no le van a hacer caso.
Detalló que hizo un esfuerzo para reunir ese dinero, para ahorrar en sus traslados al trabajo, ya que ante el alza de la gasolina le conviene este tipo de transporte, “pero ha salido más caro, con las vueltas y gastando en pasaje y en comida”.

 

Se desvanecieron dos procesos penales por secuestro contra Arturo Campos, informa Tlachinollan

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra declaró que ve la posibilidad de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, salga libre pronto.
Explicó que después del careo que Campos Herrera sostuvo el miércoles con quienes lo acusan de secuestro se desvanecieron los dos procesos penales que tenía por ese delito, y que solamente quedaron dos por portación de arma de fuego y uno por robo.
Rosales Sierra acusó que es evidente que el promotor de la CRAC, quien fue detenido el 1 de diciembre del 2013, sigue preso por consigna política y no porque los jueces hayan encontrado elementos para procesarlo.
Consultado por teléfono explicó que la causa penal 196/2013-III por secuestro era la más difícil, pero que durante el careo con cinco de las presuntas víctimas el miércoles, reconocieron que nunca lo vieron en la Casa de Justicia de El Paraíso donde estuvieron detenidos y que tampoco les pidió dinero, por lo que no se configura el delito.
Dijo que quienes acusaban al promotor de la CRAC explicaron que estuvieron detenidos en El Paraíso por acusaciones que les hicieron en sus comunidades, y deslindaron a Campos Herrera.
La causa penal 196/2013-III es la misma que enfrentó por secuestro Nestora Salgado García, quien fue liberada en marzo pasado. También es la misma que enfrenta el promotor de la CRAC de Tixtla Gonzalo Molina González y por la que fueron juzgados y liberados los cinco policías comunitarios de El Paraíso y su coordinador Bernardino García Francisco.
Rosales Sierra mencionó que esta causa penal fue resuelta por los jueces federales, quienes no encontraron elementos para que se configurara el delito de secuestro y absolvieron a los acusados, pero que son los jueces locales los que no han querido pronunciarse en el mismo sentido, “por eso vemos que en el caso de Arturo Campos y Gonzalo Molina siguen presos por consigna política”.
Agregó que ahora que se echó abajo la acusación por la declaración de las supuestas víctimas que exculparon al detenido, la jueza de la causa tendrá que pronunciarse por la libertad de su defendido.
Informó que las otras dos causa penales por los delitos de portación de arma y otra de robo son fáciles de impugnar, y que Molina González tendrá que ser puesto en libertad.