El 10 de mayo la fecha ha adquirido otro significado para las madres que buscan a sus hijas o hijos desaparecidos. Es ante todo una jornada de protesta contra los gobiernos por su insensibilidad e insolencia, porque son parte de este entramado delincuencial y porque solapan los crímenes de desaparición forzada que se multiplican con el tiempo. El 10 de mayo es también una fecha simbólica para rememorar a los hijos e hijas desaparecidas y no para celebrar a las madres vivas. Este día es un grito de dolor y una exigencia de justicia, un imperativo ético de traer a la memoria a quiénes están desaparecidos. Es una fecha que condensa decenas de horas y días de búsqueda. De nunca sucumbir ni ceder al miedo ni al olvido. De mantener la fuerza para resistir, para hacer público un dolor entrañable, para desenmascarar las tropelías de los funcionarios del gobierno que no tienen compromiso ni interés para investigar el paradero de las personas desaparecidas.
Este problema creciente en México y en Guerrero lo han denunciado las mujeres: madres, hermanas, esposas, hijas, tías y abuelas. Son las que han irrumpido en el espacio público para mostrar los rostros de sus seres queridos, para denunciar estas violencias que se generalizan en las ciudades y comunidades rurales. La batalla es contra un sistema de justicia corrupto y contra una burocracia gubernamental que estigmatiza a sus familiares desaparecidos y que no tipifica adecuadamente ni investiga los delitos de desaparición forzada de personas.
Son las madres las que han creado sus propios métodos de búsqueda, las que realizan las investigaciones sobre el posible paradero de sus seres queridos. Las que arriesgan su vida al realizar búsquedas en lugares controlados por el crimen organizado. Han desarrollado en sexto sentido para dar con puntos donde encuentran restos óseos. Luchan no sólo con los grupos de la delincuencia que pueden atentar contra su seguridad y su vida, sino con el mismo gobierno que no destina fondos para las búsquedas, que no contrata a más peritos que acompañen a los colectivos en sus búsquedas, que regatea recursos para que tengan mejores equipos con tecnología de punta para realizar las identificaciones forenses. Tampoco le dan prioridad a la contratación de más agentes del Ministerio Público para que le den seguimiento a sus casos.
Las madres buscadoras son las que están impulsando cambios de fondo en nuestros sistemas de búsqueda e investigaciones de personas desaparecidas. Con su lucha tenaz lograron cambios legislativos para reconocer los derechos de las víctimas y sus familiares. Como mujeres rastreadoras nos han enseñado a desarrollar herramientas efectivas para ubicar fosas clandestinas, para enterrar la varilla e identificar olores y ubicar cuerpos. Han desarrollado métodos y técnicas para identificar montículos de tierra y hacer el rastrilleo del lugar. Su experiencia es insustituible y sus saberes son de gran valía porque está de por medio la búsqueda de personas, de seres amados, que conllevan cargas de afecto y emociones.
Sus hallazgos son una gran contribución al conocimiento tan complejo y diverso de las desapariciones forzadas. Su compromiso de vida es una interpelación constante a las autoridades por sus mezquindades y pésimas actuaciones. De forma recurrente revictimizan a las familias y hacen más cruento su sufrimiento al dejar sus expedientes a la deriva. Las disputas que se han ventilado con el cambio de la fiscal general ha repercutido por la separación de ministerios públicos que bien o mal tenían conocimiento de sus carpetas de investigación.
El grave problema que enfrentan las colectivas de búsqueda es que el mismo presidente de la República no ha mostrado disposición para recibirlas, para escucharlas. Hay un malestar porque las mismas instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco están cerca de ellas. Hay un distanciamiento que cada vez se ensancha más por la falta de respuestas a planteamientos básicos. Han dejado crecer las diferencias en detrimento de los familiares de las víctimas.
A nivel estatal, la gobernadora se ha desmarcado de las organizaciones sociales y de las colectivas de víctimas. Se ha cerrado su círculo de interlocutores y el diálogo con las víctimas está cancelado. La Secretaría de Gobierno tampoco ha mostrado disposición para atender los planteamientos de las familias que buscan a sus desaparecidos. Tiene bajo su control los recursos financieros que están destinados para la CNB y de la CEAV.
En el 2023 la Comisión Nacional de Búsqueda tenía asignados 28 millones para comprar vehículos, herramientas y equipos para las búsquedas, sin embargo, este recurso no se ejerció y se desconoce en qué se utilizó. Lo mismo sucedió con el recurso que se proporcionó a la CEAV. Lo real es que a las familias se les regatean los apoyos. Tienen que mendigar hasta para el otorgamiento de alguna despensa.
Este maltrato a las víctimas es una de las prácticas más comunes que las instituciones gubernamentales reproducen cotidianamente. Desde la Fiscalía que no abre de inmediato las carpetas de investigación por desaparición de personas, no aplican los protocolos de búsqueda, tampoco realizan los actos de investigación para acelerar la ubicación de la persona desparecida. No rastrean el número de celular de la víctima ni investigan si hay cámaras del lugar donde sucedió la desaparición, dejan pasar horas y días claves para dar con el paradero de la persona, cargándole la responsabilidad a la familia. Ya que pasaron varios días es cuando los familiares toman el caso y empiezan a realizar su propia investigación y se coordinan con otras colectivas para emprender las búsquedas. Durante ese tiempo la CEAV no le proporciona apoyo psicológico a la familia. Para las demás instituciones de gobierno la desaparición de personas es un problema que no les incumbe. Dejan a su suerte a las madres buscadoras que poco a poco van construyendo su propio camino para buscar a su familiar desaparecido. Son las demás colectivas las que orientan y apoyan en su drama a quien padece el grave problema de tener un hijo o hija desaparecida.
En el 2023 varias colectivas unieron esfuerzos para emplazar a los diputados y diputadas locales con la intención de que aprobaran la ley estatal de desaparición forzada de personas que incluye la creación del centro de identificación humana. Los representantes populares que en este nuevo proceso electoral quieren repetir en el cargo se han desentendido de las demandas más urgentes de la población, como esta ley. No les interesa a los familiares que son víctimas de la violencia, que se quedan totalmente desamparadas, que no cuentan con un marco legal que las proteja y que no haya autoridades que por ley se les obligue a proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada de personas.
Es sumamente grave que un Congreso sea tan indolente al no atender una demanda central, que pone en riesgo la vida, la tranquilidad, la seguridad y el Estado de derecho, como es la desaparición forzada de personas, que no son investigadas con los más altos estándares que requiere este tipo de delito.
Son las colectivas de mujeres buscadoras de Guerrero las que han dado una batalla desigual con las autoridades encargadas de hacer las investigaciones, las búsquedas y de apoyar a las víctimas. Con el corazón roto por su familiar desaparecido tienen que enfrentar a una burocracia gubernamental insensible. Han aprendido a luchar a contra corriente, a investigar por su cuenta y a presionar a las autoridades para que se realicen brigadas de búsqueda. Sin recursos del Estado han podido tener resultados al encontrar más de 300 personas en el municipio de Chilpancingo. Lo mismo ha pasado con las colectivas de mujeres de Acapulco e Iguala que tienen un gran número de personas que han sido encontradas.
Esta contribución generosa de las madres buscadoras no es valorada por las autoridades, al contrario, ignoran sus esfuerzos y en todo momento les niegan los apoyos económicos que por derecho les pertenecen.
Sus demandas son comunes a nivel nacional: presentación con vida de sus familiares desaparecidos, búsquedas intensas y suficientes de sus familiares desaparecidos, atención integral a las víctimas de desaparición forzada. A nivel estatal la mayoría de colectivas de madres buscadoras demandan la aprobación de la ley estatal de desaparición forzada de personas y la creación del centro de identificación humana. También demandan autonomía en el manejo del presupuesto público de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El acceso a la verdad y el impulso a la justicia son deudas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá cumplir a los miles de familiares en México que buscan con gran empeño y mucho sacrificio a sus desaparecidos. El presidente no pudo contener la ola de violencia que dejó 180 mil asesinatos en lo que va del sexenio y 110 mil 964 personas desaparecidas al mes de marzo de 2024. A pesar de que se comprometió a revertir la espiral de violencia y el clima de inseguridad que permea a amplios sectores de la población, la proliferación de grupos de la delincuencia son una amenaza para la gobernabilidad en el país.
Hay regiones en varios estados de la República donde el crimen está por encima de las autoridades locales y los cuerpos de seguridad. En Guerrero las 8 regiones (incluyendo la Sierra) enfrentan graves amenazas por la amplia presencia de grupos delincuenciales que se disputan a tiros varias franjas del territorio guerrerense y pelean el control de varias cabeceras municipales, sobre todo de las plazas más importantes como Acapulco, Iguala, Taxco, Chilpancingo, Zihuatanejo. En estos lugares los casos de personas desaparecidas y asesinadas forman parte del rosario de violencia que ninguna autoridad puede controlar.
Son las madres buscadoras las que hacen la diferencia, por la dignidad de su lucha, en un estado donde los poderes económicos y políticos han sucumbido ante el poder depredador de la delincuencia organizada.

 

Los pueblos indígenas de México preservan un legado cultural inconmensurable y megadiverso. Es una civilización que nos da identidad y que se expresa no sólo en los museos o pirámides, sino que es un legado que transmitimos de generación en generación, como una realidad cambiante y creativa. Somos el México profundo que nos describió Guillermo Bonfil, el México de nuestras raíces que corre por nuestras venas y que se nutre de la sabiduría de nuestros idiomas, de nuestras formas de ser y estar en el mundo.
Guerrero es un estado pluricultural, sobresale por el colorido de sus fiestas y rituales, por sus culturas prehispánicas, sus códices coloniales, sus rituales agrícolas, su música y sus danzas, su arte y su gastronomía. Es un manantial de saberes y de historias que nos dignifican como un estado aguerrido. Los tigres que danzan en las cimas de los cerros simbolizan el agua y representan el valor de quienes pelean y ofrendan su sangre para que caiga la lluvia. Las danzas prehispánicas forman parte de los rituales propiciatorios y los animales que bailan están relacionados con el agua, como los tigres y las tortugas.
En las siete regiones del estado perviven estas tradiciones, sobre todo su sentido festivo y comunitario. Cada comunidad y municipio se viste de gala con las celebraciones de sus santos patronos, que se erigen como símbolos sagrados que les dan identidad a cada pueblo. Como guerrerenses heredamos ese legado cultural que le imprime carácter y tonalidad a nuestra forma de celebrar y de luchar.
En las culturas indígenas de Guerrero persiste un gran reservorio civilizatorio que forma parte de la belleza natural y cultural de nuestro estado. La naturaleza es un patrimonio sagrado que está íntimamente ligada con la cultura, que es la expresión tangible de la obra humana, que se codifica en cosmogonías, creencias, formas de organización, normas, ritualidades y multiplicidad de expresiones más. Entre los pueblos de la Montaña hay dos elementos de la naturaleza que son de vital importancia para la vida de las comunidades: el agua y el fuego.
Para el pueblo me’phaa el 24 de abril, en la víspera de la fiesta católica de San Marcos, es la fecha de inicio del ritual de petición de lluvias. Algunas comunidades suben a rezar en la cima de la montaña y otras acuden a los manantiales o ciénegas. Simbólicamente en lo alto de la montaña, donde bajan las nubes, habita el rayo Bégoo y en las ciénegas vive la serpiente bicéfala Ábu Chíji.
Los sabios o Xiñá, son los que se preparan espiritualmente para iniciar el largo ritual de petición de lluvias. El rezo y la ofrenda de los sabios ayudarán a fusionar la fuerza del rayo con la fuerza de la serpiente para que atraigan la lluvia y bañe toda la naturaleza. En la Montaña no sólo se esconde el rayo entre las nubes, también en el subsuelo hay corrientes de agua que le dan vida a los manantiales y a los ríos.
Para cuidar esta reserva acuífera es muy importante realizar el ritual con el sabio mayor, que es el especialista que habla con las deidades y que sabe presentar la ofrenda y las cuentas de flores como es la costumbre. Se da cuenta cuando la ofrenda es bien recibida por las deidades y escudriña en las señales del cielo cómo estará la temporada de lluvias. Este diálogo sagrado es durante todo el día y toda la noche. Es una gran prueba para el sabio mayor porque representa a la comunidad y de su capacidad de comunicación con las deidades depende que haya lluvia, alimentos, fiesta y tranquilidad entre los habitantes.
Gracias a estos sabios de la Montaña y a las comunidades que participan en la preparación y organización del ritual de petición de lluvias es que aún se conservan las reservas de agua que hay en las montañas. Las normas rituales que practican tienen sustento en su cosmovisión sagrada, en el respeto a la naturaleza, en el cuidado de los bosques y en la protección de los manantiales y ciénegas. Los pueblos con sus autoridades agrarias han luchado contra los madereros voraces, que entran al bosque con triquiñuelas, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Abusan de las carencias económicas que padecen las comunidades al ofrecerles dinero para que liberen la entrada al bosque; compran materiales para la construcción de sus iglesias; apoyan con cartones de cerveza para la fiesta del santo patrón y con la maquinaria del trocero medio arreglan sus caminos de terracería.
La multiplicación de los incendios forestales son la gran amenaza para la reserva boscosa que aún se conserva en la Montaña, pero que se encuentra asediada por madereros que ya conocen todas las artimañas para continuar depredando los bienes naturales que protegen los pueblos. La situación se ha complicado porque tuvimos un invierno extremadamente caliente que adelantó la temporada de incendios.
Hemos constatado que en nuestro país existe una quema ilícita y provocada de bosques, sobre todo en los lugares donde hay un gran potencial forestal. La quema la generan operadores de madereros, que proliferan en las regiones boscosas de nuestro estado. Esta quema resulta favorable para los madereros porque la ley forestal les favorece con la argucia del saneamiento de bosques. En los hechos la quema de un bosque resulta redituable para los madereros porque las autoridades ordenan la realización de un estudio sobre el saneamiento del bosque. La recomendación será que se corte el bosque quemado. Es una práctica añeja que se aplica en todo el país y nunca ha sido atendida por la Semarnat ni por Conafort. Lo más grave es que al interior de las mismas instituciones como la Conafort, opera una vieja mafia verde que tiene un nexo muy cercano con los técnicos que hacen los estudios de manejo, para sanear los bosques quemados y para hacer corte de bosques sanos.
También hay tala ilegal que se justifica con incendios provocados. Esta práctica nociva es reproducida por personajes siniestros que recurren a la quema para evitar los trámites burocráticos de los permisos. De esta forma ganan dinero los que cortan la madera al ofrecerla a los madereros que están al acecho de estos negocios ilícitos. En estos negocios están involucrados caciques, autoridades del estado y funcionarios públicos que piden su porcentaje para avalar la venta clandestina de la madera.
Las quemas tradicionales de las pequeñas parcelas se han transformado desde hace tiempo, en otro problema porque son quemas que no están bien vigiladas por las autoridades y las comunidades. Se les va la lumbre y el fuego es incontrolable causando daños incuantificables a su propio hábitat. Son quemas que no deberían de suceder, porque supuestamente los pueblos platican en asamblea para que tengan cuidado con las quemas. Aconsejan hacer franjas corta fuego o hacer las quemas con vigilancia, en la noche y sin viento. La realidad es que estos acuerdos ya no se respetan y cada comunero o ejidatario prende fuego sin vigilar que se salga de control.
Actualmente los grupos del crimen organizado se han apoderado de los bosques, sobre todo en la parte alta de la sierra. El control que ejercen del territorio les permite talar a sus anchas y hacer negocio con el corte y la venta la madera. Estos grupos han incursionado en este giro de la economía al grado que ya cuentan con expendios en las principales ciudades del estado. Se trata de empresas que ahora disputan el negocio con quienes son su competencia.
Lo inaudito es que Conafort no tiene presupuesto para capacitar, equipar y atacar los incendios, mucho menos para hacer planes para el manejo de los incendios. Esta sería una alternativa viable si se aplicara con las comunidades, pero sin ideas claras de cómo enfrentar el desafío y sin suficiente presupuesto, es imposible revertir los incendios en el estado. Las llamas destruyen en un momento lo que en siglos la naturaleza nos regaló.
Son contados los grupos que trabajan con las comunidades indígenas en el manejo integral del fuego. Son trabajos que requieren una buena capacitación, equipamiento adecuado, formación de brigadas, plan de contención del fuego, programas preventivos de líneas de cortafuego e incendios controlados. Es importante que las comunidades cuenten con reglamentos comunales porque generan mayor conciencia y corresponsabilidad entre la población, que se asume como sujeto para prevenir y revertir esta hoguera que amenaza con acabar con el patrimonio de todos.
Lo catastrófico para Guerrero es que si el calentamiento de la tierra sigue avanzando, cada año habrá más incendios, menos agua, más tormentas incontrolables, más nevadas, granizadas inesperadas con granizos gigantes, como ya está pasando en otras regiones del país. El huracán Otis fue una muestra de lo que puede repetirse en nuestro estado.
Estas catástrofes no son culpa del clima, ni de la naturaleza.
La devastación es por la acción depredadora de quienes nos sentimos dueños del bosque, del agua, de los manglares y de los territorios sagrados. El modelo económico extractivista amenaza con quitarnos todo nuestro entorno, es una espiral de la destrucción del género humano. Tenemos que aprender de la sabiduría de los pueblos de la Montaña, que nos enseñan a cuidar y respetar a la madre naturaleza. No destruyen, cuidan, construyen y crean. No depredan, preservan, protegen, resguardan las plantas nativas y dan la pelea contra las empresas extractivistas.
El diálogo con las deidades, la correspondencia y el agradecimiento con las fuerzas cósmicas son un gran ejemplo de cómo se busca el equilibrio y se cuidan las reservas naturales para las futuras generaciones.

Mientras las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marchaban del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribía en su Facebook “desde la tarde hasta el anochecer visitamos el parque del Jaguar en la majestuosa zona arqueológica de Tulum. Se han restaurado muchos sitios, como este templo de cresterías a la orilla del mar Caribe”. En el primer plano aparece sentado en una de las escalinatas del templo restaurado. Distante del grito estruendoso de los normalistas y de las organizaciones que los acompañaban, el presidente centró su comentario en la majestuosidad de Tulum, sobre la riqueza arqueológica de la cultura maya.
Ante el silencio del presidente, los papás y mamás decidieron quedarse en la capital del país para esperar la respuesta formal del Ejecutivo sobre la fecha de la reunión. Hay mucho enojo y desesperación en las mamás y papás porque nada saben de las investigaciones y mucho menos de los hallazgos en las búsquedas en campo. El fiscal especial se ha erigido en un enemigo de las mamás y papás, porque actúa a contrapelo de ellas y de ellos. Actúa como simple empleado del presidente y está muy lejos de atender las líneas de investigación que plantearon los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que han reiterado las mamás y los papás. Existe mucha arrogancia y desprecio contra los familiares. No han tolerado sus reclamos y protestas ante tanta indolencia. Ahora los funcionarios son los ofendidos, los enojados y por eso actúan con desdén. Han dejado de lado las razones que mueven a las madres y padres para protestar ante la falta de respuesta claras y contundentes sobre el paradero de sus 43 hijos.
Se respira un aire contaminado por la insidia. Proliferan los descalificativos por parte del presidente contra las organizaciones civiles que acompañamos a las mamás y papás. Ha suplantado al fiscal general y al fiscal especial y se ha erigido como el juez del caso, haciendo tabula rasa de todo lo que investigó el GIEI. Ha desviado la atención del caso sobre la participación del Ejército en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre y ha centrado sus baterías contra los que llama “pseudo defensores” que no hablamos con la verdad y que actuamos de manera tramposa. Sostiene que defendimos a los mismos acusados. Su enojo lo ha llevado a plantear un diálogo con las madres y padres, pero sin la presencia de los representantes legales.
El presidente quiere justificar el incumplimiento de su palabra empeñada y la verdad porque al día de hoy no ha podido esclarecer el caso Ayotzinapa. En el 2021 se tenía una serie de líneas de investigación sólidas que nos llevaban a la responsabilidad del Ejército en varios niveles. Hay datos de prueba que establecen que el Ejército estuvo vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos. El comandante, tenientes, coroneles del 27 Batallón de infantería recibían dinero de ese grupo criminal, tenían reuniones, facilitaba el Ejército el trasiego de droga de la sierra de Guerrero por Iguala y hasta la zona norte al Estado de México.
Tenían convivencias y comidas, lo que está documentado, y por eso están en la cárcel 16 militares por esa colusión con Guerreros Unidos y que operaban para ellos en Iguala. Ellos son los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, pero también responsables de la desaparición de cientos de personas en Iguala. Era un grupo delictivo que mataba, desaparecía, asesinaba y el glorioso 27 Batallón del Ejército facilitaba ese trabajo, le facilitaba sus negocios criminales, eran parte de este negocio.
Ese es el Ejército que defiende este gobierno, al que llama comprometido con la patria, pero que está inmiscuido en negocios criminales como en Iguala. Además de este contubernio hay un testigo que declaró en el Ministerio Público y dos veces con el juez. Afirmó que el 26 de septiembre 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería donde fueron torturados, varios de ellos no resistieron los tormentos, perdieron la vida dentro del Batallón. Los 25 fueron llevados a una colonia en Iguala y ahí fueron asesinados todos, desmembrados, metidos en bolsas negras y llevados a un horno crematorio. Eso relató el testigo y esa línea de investigación no se ha seguido. Es un dato de prueba que ahí está, es un indicio que las autoridades tienen la obligación de investigar. Este gobierno no puede terminar dejando pendiente esta indagatoria. Las madres y padres no pueden quedarse con la duda de si 25 de sus hijos en verdad fueron asesinados dentro del 27 Batallón de Infantería. Este gobierno tiene que entender que este caso no es un problema político, no es un tema electoral, es un caso que requiere investigación. Lo que exigimos es eso, que se esclarezca este hecho ¿Es verdad o no que 25 compañeros fueron asesinados en el 27 Batallón de Infantería del Ejército?
Por otro lado, surgieron más datos de investigación, que el 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo hacía labores de contrainteligencia. Inscribió a dos soldados en la Normal Rural de Ayotzinapa para hacer tareas de contrainteligencia. No sabemos si los ejércitos de Latinoamérica todavía hacen eso o si en Europa los ejércitos harán eso. La Normal Rural de Ayotzinapa es el enemigo de los gobiernos. Ese es el Ejército que hoy en día tenemos en México, ese es el Ejército que defiende este gobierno, un Ejército que inscribe a sus soldados en un centro educativo, un Ejército acostumbrado, como en el viejo régimen, a mirar comunistas por todos lados. Hoy de igual forma no ha cambiado nada, es el mismo Ejército que ve en los estudiantes a guerrilleros y que ve en los pobres a los insurrectos, a los que tienen que vigilar porque cuestionan al gobierno. Esas labores de contrainteligencia que hizo el Ejército en Ayotzinapa permiten inferir que tuvo información previa de los hechos del 26 de septiembre. Supo todo lo que estaba pasando antes, durante ese día y también tuvo información de cuando los normalistas llegaron a Iguala, porque había dos soldados que siguieron los autobuses y hubo dos soldados que estuvieron en el C4 monitoreando en tiempo real el movimiento de los estudiantes. Esta información la tiene la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), pero no le dan seguimiento a esta línea de investigación y el mismo presidente se incomoda cuando le preguntan sobre estos hechos.
Cuando estaban desapareciendo a los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, el Ejército mexicano estuvo escuchando todo lo que estaban hablando los policías con el grupo delictivo Guerreros Unidos, qué hacían con los estudiantes y a dónde los llevaban. Esa información la tienen. Y hoy día sabemos eso, porque surgió el dato cuando se estaban revisando los archivos y salió esa información. Ahí se encontró el documento de una comunicación transcrita de una intervención telefónica a un jefe policiaco y a un jefe del grupo delictivo. Están diciendo que a 17 jóvenes se los llevaron de la barandilla municipal a Loma de Coyotes, un lugar afuera de iguala
Por si fuera poco, en la información que entregó el Ejército mexicano de cerca de 70 mil documentos, hacen falta 866 folios que no se han entregado. Por eso estamos exigiendo la entrega de los 866 folios, porque ahí puede estar información relevante que dar respuesta a la pregunta de si asesinaron a 25 estudiantes en el 27 Batallón de Infanteria. No es que ahí esté necesariamente la información, pero sí es importante revisar los 866 folios para verificar qué contienen. ¿Cuál otra duda se puede dilucidar? Saber a dónde se llevaron a los 17 estudiantes que fueron sacados de barandillas. Probablemente no haya nada en los 866 folios, pero necesitamos saberlo. Necesitamos que el ejército ponga a disposición esa documentación en la mesa de la Covaj, para que pueda ser revisada y verificada, y probablemente ahí se dilucide dónde están los 17 compañeros de los que habla esa comunicación.
Nuestra única intención es que el presidente nos reciba. Por eso nos hemos instalado en Palacio Nacional a un lado de estas rejas que nos ofenden. Solo queremos una reunión pero que sea antes de las elecciones. El presidente siempre había dicho que las puertas estarían abiertas para el pueblo porque a él lo puso el pueblo, pero miramos que esto no es cierto. Podemos ver aquí que el Palacio está forrado de acero para que nosotros no podamos entrar. Nosotros no tenemos armas, nuestra única arma que traemos son las fotografías de nuestros hijos. Seguiremos luchando, seguiremos alzando la voz porque no vamos a permitir que otra familia sufra lo mismo que nosotros hemos sufrido. Nuestra lucha es para que en México no haya más desaparecidos, para que se acabe la impunidad y para que ya no se siga encubriendo al Ejército. Seguramente el diálogo que buscamos con el presidente será el último, por eso queremos escuchar su palabra, saber qué avances hay en la investigación. Esperamos que el Ejército le haya entregado los 866 folios. Solo así podemos entender que el presidente tuvo voluntad para llegar al fondo de las investigaciones, de lo contrario terminará su mandato con una gran deuda. Para AMLO el tiempo se agota y la verdad apremia.

Este viernes 19 se dieron cita en Acapulco el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los banqueros de México, las dos candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, quienes estuvieron resguardados por la Guardia Nacional, en un puerto controlado por el crimen organizado.
La Asociación de Bancos de México decidió realizar su 87 convención bancaria para devolverle a Acapulco el brillo que perdió por la devastación que sufrió con el huracán Otis, en octubre de 2023. Las secuelas siguen vivas. Entre la población mayoritariamente pobre hay mucho enojo porque los programas y el apoyo que brindó el gobierno federal fueron insuficientes y mal distribuidos. Los graves problemas de la reconstrucción de sus viviendas se complicaron con el alza de precios de los materiales industrializados. Es imposible para las familias subempleadas levantar sus viviendas con techos de cemento. No hay dinero que alcance, ni autoridades que atiendan las múltiples demandas de las familias damnificadas. No hay empleo seguro y las organizaciones criminales se encargan de hacer más cruenta la vida de los acapulqueños al generalizar la cuota en las playas, en los comercios y los mercados. Los asesinatos siguen multiplicándose a pesar de los patrullajes de la Guardia Nacional, cuyos elementos enfrentan situaciones adversas y se encuentran en condiciones insalubres.
Fue el foro Mundo Imperial el marco donde el presidente llegó a clausurar los trabajos de la convención. Presentó un informe en gráficas de las bonanzas de su gobierno. Mostró en una lámina las altas utilidades que la banca tuvo el año pasado: 276 mil millones de pesos con un porcentaje que se elevó a 274 por ciento.
Presumió la fortaleza del peso, el aumento histórico al salario mínimo, el control de la inflación, la disminución del desempleo, el aumento de la inversión extranjera y el incremento de las remesas. Resaltó que hubo una disminución en el precio de la gasolina, la luz y el gas, aunque reconoció que no fue la esperada. Lo que mostró con orgullo son los 5 millones de personas que salieron de la pobreza.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, aclaró que “la banca es respetuosa del proceso electoral y trabajará con total empeño y dedicación, con quien resulte favorecido, de la voluntad popular”. Reconoció la labor del presidente en favor de sus intereses: “Señor presidente, como hemos visto, la certidumbre y la confianza que nos brindó con su palabra, generaron un ambiente propicio de negocios e inversión, donde todos ganamos. Es crucial que cuidemos este ambiente y reforcemos las acciones que han dado resultados positivos”.
A las candidatas y candidato presidencial les pidieron que mantengan la certidumbre y fomenten la confianza. Que fortalezcan el Estado de derecho que es el terreno fértil para el crecimiento económico y mejorar la vida de los mexicanos.
Por la mañana la candidata de la coalición fuerza y corazón por México Xóchitl Gálvez planteó ocho líneas de acción muy generales haciendo un llamado a los banqueros a sacudirse el temor y atreverse a lograr un cambio de gobierno. Fue la que más aplausos recibió. El segundo en participar como candidato presidencial por el Movimiento Ciudadano fue Jorge Álvarez Máynez. Se reivindicó como el candidato de las y los jóvenes y defendió su popularidad en las redes sociales. Pidió a los banqueros del país su voto. Comentó que la propuesta de su gobierno se centra en tres ejes: México con justicia, México con prosperidad y México con igualdad social. Criticó que el presidente López Obrador le cediera a la Sedena el control de las empresas paraestatales como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Resaltó que es una herencia maldita, hoy supuestamente es un beneficio pero mañana van a ser pasivos permanentes, van a generar problemas financieros a la Secretaría. La tercera en el turno fue la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum quien resaltó su optimismo al afirmar que tanto a bancos como empresarios les ha ido bien en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de dos ejes de lo que sería su gobierno: la prosperidad compartida y la república segura y con justicia. Se trata de atender las causas de la inseguridad y de disminuir la impunidad. A pesar de hacer un llamado a los banqueros de que mantendrá buenas relaciones y de augurar que les va a ir bien en los próximos 6 años, la candidata no logró entusiasmar a los dueños del dinero.
La gobernadora sólo se redujo a dar las gracias a los banqueros por escoger Acapulco como sede de su 87 convención nacional anual, “el aplauso es para ustedes por este apoyo, por esta solidaridad, que les agradecemos enormemente. Gracias por seguir manteniendo a Acapulco en el tiempo”.
Por la tarde fue la euforia de las campañas electorales. Claudia mostró su fuerza al convocar en el zócalo a miles de simpatizantes. Ante la plaza llena levantó la voz para animar a la población acapulqueña que padece los estragos del huracán “¡Acapulco está de pie! y es gracias a un presidente humanista, que nunca dejó solo a Acapulco, que acompañó a cada familia y sigue acompañando…que ha acompañado a un pueblo que lleva el nombre de este estado, un pueblo guerrero que nunca se rinde. Un pueblo que siempre sale adelante”.
Por su parte Xóchitl Gálvez realizó su mitin en la colonia Emiliano Zapata, en la periferia del puerto. Sin rodeos señaló “aquí en Guerrero no hay autoridad, en Guerrero no existe la gobernadora” y cuestionó la candidatura de Félix Salgado, su papá. Comentó que lo principal es asegurar la seguridad de la gente. Va a garantizar un sueldo de 20 mil pesos a los policías municipales. Aseguró que el dinero público se va a invertir en las personas para que tengan mejor salud, educación y seguridad pública en sus municipios.
El candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez tuvo un encuentro con estudiantes en la Universidad Hipócrates de Acapulco. Manifestó que en México hay un grave abandono de la seguridad, de la salud pública. Recriminó que en Guerrero sólo uno de cada 5 jóvenes de 18 a 22 años esté en la universidad. No debemos acostumbrarnos al horror, a la tragedia. No puede ser que la hayamos normalizado. Mencionó que la violencia, la inseguridad y la impunidad empezó con el presidente Felipe Calderón, con la militarización del país que ha llevado a que México esté dentro de los 10 países más violentos del mundo. La estrategia tiene que cambiar con valor con convicción, “sin tener ninguna relación de subordinación con el crimen”. Es una vergüenza ver cómo están los policías de abandonados en el país. Resaltó que los guerrerenses “han vivido por décadas en un paraíso que ha generado mucha riqueza para unos cuantos. Esto es por culpa del gobierno que ha estado subordinado a los intereses de los empresarios hoteleros y de desarrollo inmobiliario.
Guerrero es el paraíso para los empresarios y los gobernantes que se han encargado de despojar a los ejidatarios de sus mejores tierras. Han devastado los humedales para transformarlos en negocios inmobiliarios. No sólo arrebataron el patrimonio, sino que los reprimieron, desaparecieron y asesinaron a quienes opusieron resistencia. Los sacaron de sus espacios sagrados para reubicarlos en los terregales de las colonias periféricas, abandonados a su suerte. Las familias trabajadoras sobreviven en casuchas soportando las inclemencias del tiempo y el flagelo del crimen organizado. Las colonias y las calles son escenarios de la violencia, espacios controlados por el crimen. Los jóvenes hacen carrera portando armas, vendiendo droga o teniendo en su haber varios asesinatos. La cerveza y la droga tiene mayor consumo que la leche o la carne. La deserción escolar es muy alta, porque es onerosa. Es una carga económica para las madres de familia subempleadas, que se interesan de que sus hijos vayan a la escuela. Con gran sacrificio terminan la primera. En la secundaria los amigos se encargan de enrolarlos por los senderos del alcohol y las drogas. Es muy difícil de vencer estas tentaciones ante la falta de opciones para desarrollar sus conocimientos y habilidades de forma profesional.
Para los políticos, Guerrero es un territorio estratégico para los grandes negocios, para explotar toda la riqueza marítima, acuática, mineral y boscosa. Es también un corredor importante para el trasiego de la droga a nivel continental. Hay rutas por aire, tierra y mar que los mismos gobernantes, militares y policías han trazado e incursionado para florecer los grandes negocios de la droga que redunda en millones de dólares. La venta de armas es otro gran negocio de la economía criminal que se ha arraigado en nuestra entidad por la gran demanda que existe entre los grupos delincuenciales.
Guerrero tiene una gran riqueza cultural, histórica y gastronómica. Su población es ejemplar por sus luchas emblemáticas, por su gallardía y decisión para defender el propio terruño y la patria misma. Han escrito pasajes irremplazables de nuestra historia nacional. Sus hombres y mujeres ilustres han contribuido en el florecimiento de las ciencias y las bellas artes. Héroes y heroínas que forjaron la independencia de México, que fueron grandes estrategas para la guerra. Caudillos y generalísimos que defendieron las causas del pobre y enaltecieron su dignidad y su valor. Es una prueba de fuego para las candidatas y el candidato presidenciales pisar estas tierras marcadas por la rebeldía, la lucha pacífica y la lucha armada que emergió desde lo más hondo de la rabia de un pueblo, para acabar con tanta desigualdad, para tumbar a los caciques y a malos gobernantes.
La gente está harta de tantas promesas incumplidas, de tanto abuso de su buena fe y confianza, cansada de tanto saqueo, indolencia y complicidad de los gobernantes con el crimen organizado. Hay señales de hartazgo y de enojo, por eso, todos los candidatos y candidatas de Guerrero, deben de entender que si conti-núan con sus discursos huecos y posturas ruines pagarán muy caro su felonía.

La violencia sofoca a la población que camina a la deriva y que no encuentra un lugar seguro para guarecerse. Las amenazas de extorsión llegan en cartulinas que son colocadas en las rendijas de las puertas y ventanas de cualquier colonia. El pago de piso es una práctica que se va extendiendo en todas las ciudades, cabeceras municipales y comunidades rurales. Los negocios están cambiando de dueño y quedando en manos de personajes siniestros del crimen organizado. Los giros comerciales más redituables son acaparados por los jefes de las bandas que ejercen violencia para someter a los grupos económicos que se encumbraron por sus pactos siniestros con los caciques y gobernadores que mal gobernaron nuestro estado.
La economía criminal en Guerrero se ha asentado en las siete regiones del estado. No sólo porque hay trasiego de droga, venta de armas y tráfico de personas con diferentes fines, que antes se manejaba de manera soterrada y clandestina. Ahora enfrentamos el grave problema de una sociedad narcotizada, de una economía formal infestada por la criminalidad, controlada por empresarios mafiosos que salieron de los escondrijos para aparecer como prósperos hombres de negocios. Su poder se basa no sólo en lo económico, sino en el control que tiene de amplios sectores de la sociedad que trabajan para su causa. Son trabajadores que diversifican sus actividades en el ámbito público y que rinden cuentas a sus jefes. Su base destructora la conforman jóvenes que están entrenados para causar terror entre la población.
La disputa territorial en el estado no tiene normas ni límites. Cada lugar representa un espacio estratégico para avanzar y posicionarse mejor dentro de la escabrosa orografía. En sus incursiones armadas toman como rehenes a los pobladores, para incorporarlos a sus filas y apropiarse de sus bienes naturales y de su patrimonio comunitario. En esta confrontación los cuerpos de seguridad del Estado están ausentes y cuando están presentes son actores pasivos que no contienen ni repliegan a las huestes de cada organización criminal. Las familias son las que pagan con su vida los saldos de las refriegas violentas. Los jefes de familia son sometidos y obligados a enrolarse a sus filas. Los jóvenes no tienen otra alternativa que entrenarse para matar. Las madres y abuelas huyen del poblado con sus pequeños hijos en busca de un techo donde guarecerse.
El desplazamiento forzado interno es parte de la catástrofe que padecemos en nuestro estado. Las víctimas de la violencia se cuentan por centenas de personas mayores que no tienen qué comer y que padecen múltiples enfermedades físicas y mentales. Los jóvenes en su mayoría buscan un trabajo fuera del estado y se las ingenian para cruzar la frontera. Las niñas y los niños crecen sin un hogar seguro, no asisten a la escuela y viven con temor por las balaceras que escuchan. Ninguna autoridad las atiende, es la solidaridad de las familias pobres la que los reconforta y calma sus angustias. El drama de las familias desplazadas se multiplica en las comunidades rurales, donde la población está abandonada e indefensa. Los asesinatos son tragedias colectivas, no hay una familia que no tenga a un hijo, hermano, padre o madre que no haya sido asesinado. Hay muchos niños y niñas huérfanas. Mujeres mayores sin que nadie las atienda. Hombres enfermos tirados en los pisos de tierra esperando que una medicina les dé fuerza para valerse por sí mismos.
El panorama es sombrío porque las fuerzas del crimen se han enseñoreado en todos los lugares. No hay localidad que no esté sometida por un grupo de la delincuencia. La población sabe cómo operan y cómo establecen pactos con las fuerzas del Éstado. Las corporaciones policiales sucumben ante los jefes de las plazas porque saben que el dinero que les otorgan nunca lo van a obtener trabajando dentro del gobierno. Cada vez es más evidente que los agentes del Estado sólo están en algunos lugares, como simples espectadores de la violencia. Tanto en las comunidades rurales como en el mismo puerto de Acapulco escuchan balaceras, ubican camionetas con gente armada, identifican a los grupos que están en disputa y saben en qué puntos se dan los enfrentamientos. En contadas ocasiones intervienen, seguramente hasta que reciben una orden superior. Lo normal es que dejan actuar con libertad a quienes delinquen. Por eso están en todas partes.
En pleno proceso electoral la violencia cobra vidas a cada momento. La preocupación de las autoridades electorales se centra en garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos, en que no vaya a haber obstáculos para que los electores voten. Ubican focos rojos en varias regiones, por todos los estragos que están causando los grupos delictivos en varios lugares, sin embargo, eso no importa, lo prioritario es que los rijosos dejen instalar las casillas y permitan que la gente vote. Con eso salvan la elección y hay posibilidades de presentar cuentas alegres. En esta democracia electorera lo más importante es el voto, porque al ciudadano que padece la violencia les tiene sin cuidado.
Los partidos políticos y los candidatos viven una realidad ajena, tienen una visión banal y utilitarista de la gente. Llegan con promesas vacuas, centrando su arenga en la exaltación de su ego, colocándose como los salvadores del pueblo. No parte de las trágicas realidades que padece la población, tampoco tienen disposición y tiempo para escucharlos y atender sus planteamientos. La dádiva es el antídoto para ganarse la voluntad de la gente y asegurar el voto en la urna. La compra del voto es la práctica generalizada de los candidatos. Han aprendido que su candidatura es una inversión. Tienen que gastar dinero y dilapidarlo para que puedan cosechar con creces si aseguran el triunfo. Esta prueba del voto es un pase seguro para cobrarse al ciento por uno todo lo que gastaron en campaña, con el dinero público.
Los candidatos y candidatas que se han registrado en los institutos electorales tienen historias poco trasparentes. Accedieron a las candidaturas por palancas, padrinazgos, amarres políticos, compromisos truculentos, pago de favores, pago de campañas, compra de candidaturas. Son pocas las formas enunciadas de cómo cada candidato o candidata logrará aparecer en la boleta electoral. Estas disputas al interior de los partidos políticos y sus dirigentes estuvieron muy lejos de apegarse a los principios y normas electorales y las que rigen a cada instituto político. Abundaron los acuerdos debajo de la mesa, los golpes bajos, las traiciones, las componendas y los amagues.
Los ciudadanos y ciudadanas han testificado estos vicios que se multiplican en los partidos políticos para el otorgamiento de las candidaturas. No hay confianza en este proceso plagado de irregularidades. Tampoco hay candidatos y candidatas que tengan legitimidad, trayectoria y méritos. Son personajes que no tienen un compromiso serio con la población, carece de una visión clara sobre la compleja problemática que se vive en el estado, en las regiones y los municipios, mucho menos tienen un proyecto político cimentado en el sentir de la población. Los candidatos y candidatas le apuestan a la compra del voto que tiene diferentes formas y a crear una imagen ficticia explotando el potencial mediático de las redes sociales.
Hay un hartazgo de la población que ya no quiere candidatos improvisados y demagogos, farsantes e ignorantes. Hay candidatos reciclados que nada han hecho en favor de la gente; candidatos que se van a reelegir porque ya encontraron la hebra de la corrupción y porque ya tienen el amarre asegurado con el jefe de la plaza; también hay candidatos con mucho poder económico que subsidian campañas además de la suya. Existen también candidatos que no son producto de negociaciones al interior del partido, sino que son los elegidos por los poderes fácticos, que también tienen sus cuotas dentro del escenario político del estado.
Mientras tanto la hoguera de la violencia se expande por todos lados: en Acapulco y Chilpancingo con la quema de Urban, taxis y los asesinatos que no cesan. En Chichihualco las balaceras que iniciaron la semana pasada demuestran que los grupos en disputa no permitirán que la plaza quede en manos de un jefe. En Iguala, Taxco y Chilapa el clima de violencia está imparable, no sólo se debe a esta coyuntura política, sino porque las disputas por los territorios y los controles de los giros económicos son parte del botín que no están dispuestos a ceder. Se trata de regiones importantes porque hay asentamientos de empresas mineras, zonas boscosas y de potencial acuífero. Además, son lugares estratégicos para el control de otros municipios y regiones. Son enclaves que aseguran muchos dividendos económicos y hasta políticos.
Los asesinatos de precandidatos, candidatos y funcionarios públicos en lo que va del año es una muestra que la disputa política no estará exenta de acciones violentas. Este escenario adverso es un mal augurio para la contienda que viene. Las autoridades federales y estatales tienen la gran responsabilidad de atender y prevenir esta amenaza delincuencial.
La zona Centro, la Costa Chica, Montaña, zona Norte, Acapulco, Costa Grande y Tierra Caliente nos dejan entrever que el crimen organizado no se quedará al margen de la contienda electoral. En este año la hoguera no está para bollos.

A sólo 26 días de que el joven normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta cumpliera 24 años, tres policías del estado cortaron de tajo su vida al accionar sus armas contra tres estudiantes que viajaban en una camioneta, rumbo a la terminal de autobuses de Chilpancingo. Yanqui manejaba el vehículo y a la altura de la colonia Anáhuac, frente al motel Petatlán, le pidió al compañero Arenita, quien iba en el asiento de atrás, que bajara a comprar unos cigarros. En ese instante llegaron dos motocicletas de la Policía Estatal. Arenita vio que uno se paró casi enfrente de la camioneta y la otra motocicleta se puso en la parte de atrás. Bajaron los policías con sus armas y apuntaron a los estudiantes gritando “bájense hijos de su puta madre”. Empezaron a golpear los vidrios de las puertas de la camioneta. Ante los gritos de los policías, Kothan volanteó para dar la vuelta y regresar a Tixtla. Arenita corrió para subirse a la camioneta que estaba en marcha. No alcanzó a cerrar la puerta cuando escuchó los disparos de la policía. La camioneta apenas pudo dar la vuelta en u. Arenita vio cómo Kothan quedó inmóvil, como recargado en el asiento con el cuello caído. De inmediato la sangre cubrió su rostro y su cuerpo. Había recibido un disparo en el cráneo. Para Arenita, Yanqui murió al instante. Alcanzó a ver a Osiel, que iba de copiloto, que estaba hecho bola con la cabeza clavada en las rodillas. Arenita optó por bajarse del vehículo ante el temor de que lo fueran a matar. Corrió hacia abajo por una callecita que desemboca en un barranco. Al emprender la huida un policía le gritó “quédate ahí cabrón”. No se detuvo y sólo escuchó varios disparos. Escondido en el barranco, llamó a un compañero para que fueran por ellos. No le dijo lo que había pasado, sólo le pidió que fueran porque había sucedido algo grave.
Arenita esperó con mucho temor la llegada de sus compañeros. Al ubicar el lugar donde se encontraba escondido, vieron que había muchas patrullas. En la carretera no había paso. Los policías y militares aseguraron el lugar y detuvieron la circulación de los vehículos. Interrogaban a los vecinos, cómo si ellos fueran culpables de lo que había pasado. Al avanzar por la callecita un militar increpó a Arenita: “¿Tú eres el del problema verdad?” Arenita negó que él fuera. Comentó “yo vengo del centro, de la calle andador Zapata. Fui a ver a mi novia.” No le creyeron y más bien lo cuestionaron “entonces ¿por qué estás sucio y estás sudando?” El militar cacheteó a Arenita y lo entregó a la policía estatal junto con su compañero.
Los policías estatales los subieron en la batea de la patrulla. Los esposaron y les cubrieron sus rostros con sus playeras para que no los identificaran. No les dijeron el motivo de su detención ni a qué lugar los llevarían. Después de una hora los bajaron de la batea y los metieron a la cabina, en los asientos de atrás. Continuaron esposados y con los rostros cubiertos. Les preguntaban dónde guardaban las armas. Después de tenerlos un largo rato en las patrullas finalmente los dejaron libres. Los policías les dijeron, los vamos a dejar porque no hay pruebas para culparlos, pero eso sí queremos que no vaya a ver represalias contra nosotros. Después los llevaron a un lugar oscuro, donde pararon la patrulla y los bajaron. Les descubrieron el rostro y les quitaron las esposas. Empezaron a grabar para que vean que los estamos dejando en libertad y que no están golpeados. Después de la grabación les preguntaron ¿los golpeó alguno de nuestros compañeros? Arenita y su compañero contestaron que no. Les regresan sus pertenencias y les ordenaron “avancen, se van derecho”. Después la patrulla arrancó y se fue.
Los estudiantes caminaron hasta encontrar un taxi, pidieron que los llevara al libramiento. Ahí permanecieron un rato hasta que consiguieron un aventón que los dejó en la entrada de la normal. La celebración de los 98 años de la normal quedó marcada por la tragedia, con la ejecución de su compañero Yanqui Kothan a manos de la policía del estado, como sucedió el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, cuando policías federales y estatales, ejecutaron a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. La impunidad que impera en el estado alienta la violencia de los cuerpos de seguridad, que se ostentan como pistoleros de las autoridades, que nada hacen para hacer valer el Estado de derecho y proteger el derecho a la vida y la integridad física de los guerrerenses,
La familia de Yanqui no sólo es víctima de la violencia perpetrada por policías que se sienten con permiso para matar, sino que las mismas autoridades del estado se encargan de denigrar la honorabilidad de Yanqui. La Secretaria de Seguridad Pública, para justificar esta acción deleznable y encubrir a sus policías asesinos, difundieron una versión falsa. Señalaron que al pasar por el arco de registro público vehicular, detectaron que la unidad tenía reporte de robo. Por esa razón les marcaron el alto, sin embargo, en lugar de atender la orden aceleraron para emprender la huida. Por esta causa los policías dispararon. De forma burda e irresponsable el gobierno de Evelyn Salgado justificó la ejecución arbitraria de un estudiante. En lugar de fijar una postura firme y clara de investigar a los policías que habían privado de la vida al estudiante Yanqui, de inmediato arman una versión inverosímil para criminalizar a los estudiantes, sembrando además evidencias.
Ante una violación grave de derechos humanos lo mínimo que debe hacer un gobierno que se dice democrático es garantizar una investigación objetiva, imparcial, procediendo a proteger la escena del crimen y a poner a disposición de la autoridad competente a los policías. Hicieron lo contrario, dejaron que los policías armaran su propia versión de los hechos y que sus superiores avalaran sus acciones delincuenciales.
Este caso muestra la impericia de las autoridades y la aversión que tienen contra los estudiantes. Con su versión falaz alientan el linchamiento mediático contra los normalistas. Incitan a la violencia y a posiciones duras. Focalizan su ataque contra los normalistas ubicándolos como los causantes del caos y la violencia, cuando los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos son agentes del Estado, que utilizan sus armas para disparar contra estudiantes que por no detener la marcha de un vehículo les tiran a matar. Esa barbarie policiaca se tolera y se encubre.
Estamos ante un momento sumamente crítico porque las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos que han pedido el diálogo con el presidente de la República, se vieron obligados a plantarse en la explanada del Palacio Nacional para esperar una respuesta.
La cerrazón política ha propiciado un ambiente de confrontación, de tensión porque no hay canales de interlocución que encauce este malestar de las madres y padres que llevan 114 meses buscando a sus hijos. La desesperación de las mamás y papás es mayor porque sus planteamientos no son atendidos y porque han constatado que el presidente André Manuel López Obrador ha señalado en todo momento que son los abogados los que han actuado con doblez en las investigaciones y que no hablan con la verdad a las madres y padres. Sin embargo, no atiende el planteamiento concreto de que pida al Ejército que entregue los 800 folios que hacen falta y que el GIEI en la revisión de sus archivos, detectó que hacen falta.
En el caso de la ejecución del estudiante Yanqui Kothan, la policía y el gobierno del estado manipularon los hechos diciendo que los estudiantes iban armados y dispararon. Sembraron drogas y armas en la camioneta para inculparlos. Todas las horas de detención ilegal de los estudiantes sirvió para obtener prueba ilícita.
Pese a los intentos de inculpar a los estudiantes no hay duda de que los policías hicieron uso excesivo de la fuerza y de armas letales privando de la vida al estudiante Yanqui Kothan, deteniendo ilegalmente y torturando al resto de los jóvenes.
Al momento no hay prueba contundente de que los estudiantes iban armados y hubiesen disparado. A pesar de que la prueba de rodizonato de sodio dio positiva para Kothan y Osciel, aquella no es confiable ni concluyente. El rodizonato de sodio es altamente volátil y falible dado que las personas que se encuentran en el área donde se efectuaron disparos o que tienen contacto con aquellos pueden dar positivo, lo que no quiere decir que hayan disparado un arma. En este caso los estudiantes estaban dentro de una camioneta donde se efectuaron disparos a un metro de distancia de acuerdo al peritaje de balística, y los policías que dispararon tuvieron contacto con ellos. Eso explica por qué dieron positivo sin que ello implique que hayan disparado.
A mayor abundamiento el dictamen de balística de efectos concluye que todos los impactos a la camioneta donde iban los jóvenes fueron de afuera hacia dentro, lo que corrobora que los policías dispararon.
En la escena del crimen no se encontró ningún casquillo percutido por el arma que supuestamente encontraron en el carro, ni existe prueba de que la misma haya sido disparada. La segunda arma larga que supuestamente llevaba el estudiante Arenita nunca se puso a disposición porque no existió, aunque la policía dice que se la llevó el estudiante al huir. Esta versión es insostenible porque metros abajo fue detenido el estudiante sin que se le quitara la referida arma.
Los videos del C4 que pudiesen arrojar mayores luces de lo ocurrido no fueron entregados a tiempo por la Secretaría de Seguridad Pública, demorando dos días para ello, existiendo el temor fundado de que hayan sido editados o manipulados.
Por lo anterior, exigimos, una investigación pronta e imparcial para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato y de las detenciones arbitrarias de los estudiantes. Demandamos que se investigue a los funcionarios estatales que avalaron la versión de la policía y permitieron la detención ilegal y tortura de los estudiantes que sobrevivieron al ataque policial. De igual forma deberá impulsarse la línea de investigación relacionada con la participación de Yanqui Kothan Gómez Peralta en la protesta del Palacio Nacional un día antes, ya que existe prueba de que se encontraba en primera línea de dicha protesta.

La algarabía y el cúmulo de promesas de las candidatas a la Presidencia de la República contrastó con el silencio y la cerrazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no atiende la solicitud de diálogo de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tampoco les dio un espacio a los familiares y sobrevivientes de la violencia de estado implantada por el Ejército con sus planes de contrainsurgencia que aplicó en Atoyac de Álvarez, en la visita que realizó el pasado 17 de febrero.
Todo giró en torno a los Programas del Bienestar. La gobernadora Evelyn Salgado remarcó que Atoyac tiene un gran potencial productivo. Celebró que el programa de Sembrando Vida beneficie a muchos campesinos. Anunció que en la Costa Grande se invertirán en este año 247 millones 800 mil pesos. Concluyó diciendo: “Eso es tener amor al pueblo. Continuar con la transformación hasta que la justicia llegue y que la paz sea una constante”. En la intervención del director del Banco del Bienestar, el doctor Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, expresó que en Guerrero se construyeron 118 sucursales del Bienestar. En Atoyac cuenta con dos nuevas sucursales en San Juan de las Flores y en la cabecera municipal. Para la consecución de este logro expresó sin tapujos: “siempre me da gusto referirme a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los ingenieros militares que han hecho posible la construcción de 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar. Muchas gracias a los ingenieros militares”. Esta alocución no agradó a la mayoría de asistentes que tienen algún familiar desaparecido o asesinado por parte del Ejército, cuando irrumpieron en las comunidades y domicilios para detener, torturar, desaparecer y ejecutar a las personas que catalogaban como miembros de la guerrilla.
En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a la lucha histórica que se dio en este municipio: “Aquí en Atoyac desde hace mucho tiempo se lucha por la justicia. Hubo un movimiento importante en favor de la gente humilde que encabezó Lucio Cabañas. En aquel entonces tuvieron que tomar las armas porque no había atención al pueblo. Si últimamente estamos hablando que tampoco había atención al pueblo, en ese entonces mucho menos se atendía a la gente. Era más el autoritarismo. Se cerraron todos los caminos y por eso muchos tuvieron que tomar las armas para alcanzar la justicia.
Con esta referencia histórica habló de las tres transformaciones que se lograron con las armas. Recordó que Hidalgo es el padre de la Patria, el cura que abolió la esclavitud y luchó por la justicia. “Ahora se está logrando la cuarta transformación sin violencia. Eso es muy importante. Hay un cambio de mentalidad y una revolución de las conciencias. Si se sigue politizando al pueblo se pueden lograr grandes cambios, para que el pueblo sea feliz. Estar bien consigo mismo y con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. Aquí en Atoyac siempre se ha luchado para que en el país haya justicia y democracia”.
A pesar del reconocimiento al movimiento armado del comandante Lucio Cabañas, no hubo una referencia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército. Tampoco hubo alguna mención a las comunidades que fueron agredidas, a las familias que sufrieron desplazamientos forzosos. Son centenas de hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema, con casas semiderruidas, padeciendo muchas enfermedades, como consecuencia del terror implantado a sangre y fuego por los militares. A estas personas mayores no ha llegado la cuarta transformación. Siguen esperando la indemnización que también por derecho les corresponde, sin embargo, los funcionarios y funcionarias encargadas de esta responsabilidad no aparecen en las giras presidenciales.
Como parte del compromiso que asumimos como comisionados y comisionada del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990, organizamos el 28 de febrero un foro sobre los Diálogos por la Verdad con familiares y sobrevivientes de estos hechos atroces, en Atoyac de Álvarez. Asistieron 174 personas que llegaron de varias comunidades de la sierra. Varias de ellas por primera vez se animaron a dar su testimonio en público. Hubo otras que prefirieron hacerlo en privado. Escuchamos 29 testimonios, la mayoría fueron de hijas o hermanas de personas que fueron sacadas de sus casas y que nunca más volvieron a ver.
La mayoría de casos se registraron en 1974. Hace 50 años que no han dejado de buscar a sus padres, esposos o hermanos. Perdieron lo poquito que tenían para dedicarse a indagar el paradero de sus seres queridos. En todos los casos participó el Ejército, que instalaba retenes para detener a quienes consideraba sospechosos. También interceptaba a la gente en los caminos, cuando se dirigía a su parcela o a su huerta. Muchas detenciones fueron en sus domicilios. Entraban a las casas para llevarse a los esposos, causando graves daños a las esposas y a los hijos. Varios testigos que eran niños, recuerdan cómo los militares se llevaron a su papá. Con todo y estos agravios exigían a las esposas que les dieran de comer.
Sus vidas quedaron desechas y truncas porque tenían a los malhechores dentro de sus comunidades, patrullando los caminos, causando terror a toda la población, matando y desapareciendo impunemente. Era el gobierno que atacaba de manera cobarde a la gente del pueblo, a mujeres, niñas, niños y gente de la tercera edad. Les impedían comprar alimentos y estaba prohibido llevar su itacate al campo. Fueron cercados sus caminos y nadie podía salir al campo, mucho menos a otra comunidad. Los mismos militares llegaban a decir a los familiares que iban a los cuarteles a buscar a sus hijos o esposos, que no dieran más vueltas porque ya los habían matado y tirado al mar. Por eso, todos exigen que el gobierno les diga dónde están sus familiares desaparecidos, vivos o muertos. Que investiguen al Ejército porque los militares se los llevaron y saben dónde los dejaron. No pueden continuar con este sufrimiento que se ha prolongado por 5 décadas y todo sigue como cuando empezaron la lucha: ninguna autoridad los atiende, no los buscan, nadie vela por sus derechos.
Han esperado muchos años para ser indemnizados, pero están viendo que el gobierno de López Obrador tampoco va a cumplir. Han constatado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) los ignora y engaña. Cuando han protestado en la Ciudad de México les interponen denuncias, como si pedir justicia fuera un delito. Las familias reclaman lo básico: despensas y medicamentos. A la mayoría sólo le entregaron una o dos veces despensa y en contadas ocasiones reciben paracetamol cuando se enferman. La cuarta transformación no ha llegado a las víctimas porque no hay verdad, tampoco justicia y sistemáticamente han postergado la reparación que tanto necesitan las familias, para enfrentar las deplorables condiciones económicas que padecen. A las víctimas las han dejado en el olvido y como varias de ellas y ellos comentaron “ya estamos viejos y nos vamos a morir sin tener justicia”.
En la explanada del Palacio Nacional se encuentran plantados los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Llevan 114 meses en pie de lucha, enfrentando mentiras, vituperios, golpes bajos, acciones turbias para dividirlos, ataques a sus representantes legales, negativas para acceder a los 800 folios que oculta el Ejército, respaldo total del Ejecutivo al Ejército para dar la espalda a las madres y padres.
Cargando con su dolor, con sus precariedades económicas, sus enfermedades crónicas y desgastes emocionales se mantienen incólumes para exigir la presentación de sus hijos. Desde el lunes 26 iniciaron su jornada de lucha “Contra el muro de la impunidad” para exigir diálogo con el presidente, como reza la manta que cuelga en los ventanales del Palacio Nacional. Llevan 7 días en una espera paciente, ardua y combativa. Los estudiantes de Ayotzinapa apoyan su movimiento y están prestos para visibilizar su protesta ante las autoridades federales que han sido omisas para investigar y castigar a los responsables. Los jóvenes también están pendientes para atender las necesidades básicas de las madres y padres, que están acostumbrados a dormir sobre los pisos de tierra, a vivir sobre techos de cartón y en viviendas de adobe y carrizo. Acostumbradas a cocinar con leña y a comer en el piso. Son autosuficientes para preparar sus alimentos y para resistir en medio de las adversidades.
El amor por sus hijos ha trascendido las fronteras del país y la solidaridad se esparce por todos los continentes. La bandera de su lucha es más grande que la que izan los militares cada mañana en el Zócalo capitalino. Abrazan su causa miles de ciudadanos y ciudadanas libres que han comprendido la esencia de su lucha, que está más allá de posturas partidistas y de cálculos políticos. Su causa no tiene precio ni se circunscribe a negociaciones políticas. Su lucha es para dar con el paradero de sus hijos, su meta es conocer la verdad y alcanzar la justicia. Esta exigencia implica resquebrajar el muro de la impunidad, de desenmascarar la trama de la macrocriminalidad y desmadejar la red de complicidades que urdieron las autoridades civiles, militares y el crimen organizado. Por eso es importante conocer los 800 folios que están en manos del Ejército y dialogar con el presidente.

Don Jesús y doña Reyna trabajan en su parcela desde hace 40 años. No saben leer ni escribir, con dificultades se comunican en castellano. Los dos han luchado para que sus hijos fueran a la escuela. Tuvieron siete hijos: cinco mujeres y dos varones. La sexta hija fue Griselda que nació el 16 de marzo de 1994 en la comunidad nahua de Tlacuiloya, municipio de Tlapa. Doña María, la partera del pueblo, sobó a su mamá para que se acomodara bien el cuerpecito de su hija y no tuviera complicaciones en el parto. Griselda fue de las hermanas que pudo concluir la primaria en el pueblo. Caminaba más de una hora para asistir a la secundaria en Ahuatepec Pueblo. Fue persistente y muy sacrificada, porque hubo ocasiones en que probaba alimento cuando regresaba de la escuela. Gracias a unos familiares que viven en Alpoyeca, tuvo la oportunidad de estudiar el bachillerato.
Don Jesús y doña Reyna se ilusionaron mucho cuando Griselda terminó los estudios de nivel medio superior. Era la primera hija que había salido del pueblo para estudiar. Sus hermanos optaron por trabajar en los campos agrícolas en Sinaloa. Con las amistades que hizo se animó para estudiar en el Tecnológico de la Montaña, en Tlapa. Lo caro de la vida en esta ciudad y los múltiples gastos de la carrera en sistemas la obligaron a truncar sus estudios. No tuvo otra alternativa que trabajar como empleada doméstica para ahorrar un poco de dinero y continuar sus estudios en una escuela privada.
Logró culminar su carrera y empezó a subir la dura cuesta para conseguir un empleo. Pudo abrirse paso y con sus amigas empezó a participar en reuniones para hacer gestiones ante la Secretaría de Educación para conseguir una plaza. Fueron varias vueltas a Chilpancingo y al final logró su primer contrato en 2019. Tuvo la suerte de que se lo renovaran, aunque le pagaran al año. Griselda fue de las jóvenes que lograron superar muchos obstáculos, sobre todo la precariedad económica, la discriminación por ser hablante del náhuatl y el desprecio de una sociedad machista y racista. Sus hermanas que no pudieron estudiar y que ya son madres de familia se sentían orgullosas, porque sabía computación e inglés y porque tenía un trabajo como maestra. Don Jesús y doña Reyna, con la sencillez que les caracteriza, le daban gracias a Dios por lo que había logrado su hija Griselda.
Griselda era una joven con una gran sensibilidad, cuando podía apoyaba a las niñas que llegaban a la escuela sin almorzar. También buscaba recolectar víveres para ayudar a las familias más pobres. Apoyaba a estudiantes que tenían interés en aprender inglés y los incentivaba para que no dejaran de hablar su idioma materno. Nunca imaginó que con la bondad que trataba a la gente, experimentaría maltratos y golpes de quien decía que la quería. Soportó en silencio la violencia de su pareja. Confió en que la situación cambiaría y que encontraría la felicidad que anhelaba. El jueves 22 de febrero Griselda fue apuñalada cobardemente por su pareja en el cuarto donde vivían. Todo se derrumbó para don Jesús, doña Reyna y sus 6 hermanos. La tragedia se tornó más cruenta por las pésimas actuaciones de las autoridades que no aseguraron el lugar y expusieron a la víctima en las redes sociales. Es muy común que los agentes del Ministerio Público no apliquen el protocolo de actuación en casos de feminicidio y muertes violentas con perspectiva de género. Tampoco se llevan a proceso a los feminicidas. A la fecha la unidad de investigación especializada en el delito de feminicidio que se instaló en febrero de 2018 en Tlapa, desde el año de 2021 no cuenta con personal para dar continuidad a las investigaciones en los casos de feminicidios. Lo que hacen los ministerios públicos del fuero común desde el 2022, las carpetas que inician por el delito de feminicidio las remiten a la Fiscalía especializada en la ciudad de Chilpancingo y son ellos los que supuestamente le dan continuidad. En la práctica este traslado retarda más el proceso de investigación y regularmente los familiares se ven obligados a ir a Chilpancingo para que se judicialicen los casos. Una realidad poco probable.
Estos casos que son graves no son atendidos con celeridad y exhaustividad para una integración robusta de la carpeta de investigación. Desde la manera de clasificar el delito como homicidio calificado ya hay un sesgo en la línea de investigación para mantener a la baja las estadísticas oficiales relacionadas con los casos de feminicidios. Importa más cuidar la buena imagen de las autoridades y las instituciones, que realizar investigaciones a fondo que pongan en evidencia el patrón de criminalidad que persiste en estos crímenes de odio. Estas falencias de las investigaciones alientan la violencia feminicida y mandan un funesto mensaje a las familias de las víctimas de que no habrá castigo para los responsables.
El calvario que padeció don José no sólo se dio con la investigación sino con el traslado del cuerpo de su hija Griselda al Semefo de Chilpancingo. Además de no explicarle en su propio idioma el procedimiento que se sigue, para realizar la necropsia de ley, se aprovechan de su dolor y estado de indefensión. Ya es una práctica recurrente y consentida por las autoridades de la Fiscalía, que los familiares tengan que costear todos los gastos de traslado del cuerpo de la víctima. Tienen que dar vueltas y hacer varios gastos para sacar copias, pagar pasajes y comidas. El regreso del cuerpo lo tienen que solventar los familiares.
Don José se fue con 400 pesos a Chilpancingo. De nada le sirvieron por todos los gastos que hizo. Habló con su hijo que está trabajando como jornalero para que le mandara mil 500 pesos. Con ese dinero apenas pudo cubrir los gastos de los trámites. El chofer del vehículo del Semefo que se llevó el cuerpo de su hija le explicó que para regresar a Griselda y llevarla en una caja a Tlapa, el servicio le costaría 22 mil 40 pesos. Don José no asimilaba lo que le decían. Aparte del dolor por el feminicidio de su hija, ahora tenía que pagar esa cantidad para llevársela. No tuvo de otra que aceptar con la promesa de pagar la cantidad en Tlapa. Fueron varias llamadas que realizó con sus hijas, hijos y compadres para juntar el dinero.
La Ceav se desentendió del caso, y como siempre sucede, deja a las víctimas a su suerte. Son los familiares y no los funcionarios de la institución los que tienen que buscar el apoyo para cubrir los onerosos gastos. No hay ese compromiso ni sensibilidad para acompañar a las víctimas, por el contrario, se les culpa por no acudir con ellas. Se les ignora y maltrata por ser indígenas y pobres. Don José tuvo que lidiar no sólo con el Ministerio Público, sino con el mismo encargado de llevar el cuerpo de su hija, que hace negocio con el dolor de la gente desamparada.
El caso de Griselda nos muestra las graves deficiencias de las instituciones encargadas de hacer las investigaciones, de atender a las víctimas y de brindar el acompañamiento necesario. A ninguna autoridad le interesa estar al lado de las víctimas, de asumir su causa, de solidarizarse con su situación y de hacer frente a los problemas que enfrentan. No sólo es padecer la violencia de los feminicidas sino ser también víctima de la violencia institucionalizada.
Actualmente en la Montaña de Guerrero hay un registro de 10 feminicidios en lo que va de enero de 2023 a febrero de 2024. Los municipios donde se han consumado estos arteros crímenes son: Tlapa con cuatro feminicidios, Copanatoyac dos, Huamuxtitlán, Cualac, Zapotitlán Tablas y Alpoyeca, uno en cada municipio. Las edades de las víctimas son de 21 a 45 años, ocho de ellas eran indígenas y dos mestizas.
Este Centro de Derechos Humanos acompaña con asesores jurídicos a víctimas indirectas de 26 feminicidios cometidos desde el año 2014, incluido un caso de una niña de 16 años ocurrido en 2006. Estos hechos que agravian a la sociedad ocurrieron en los municipios más pobres de la Montaña y Costa Chica, como Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa.
De los 26 casos de mujeres y niñas víctimas de feminicidio, contamos únicamente con tres condenas. Las instituciones de procuración de justicia, tienen una deuda pendiente con las familias indígenas de Guerrero, que a la fecha lloran la muerte de sus madres, hijas, nietas, abuelas, primas, tías, sobrinas y amigas. Desde el 2014 a la fecha no hay resultados tangibles que garanticen a las familias una justicia pronta y expedida.
En los feminicidios en Guerrero, además de que son invisibilizados en las cifras oficiales, los mismos agentes del Ministerio Público se transforman en cómplices de los perpetradores al no realizar una investigación profunda de los casos ni hacer una tipificación adecuada del delito. La impunidad galopa dentro de las mismas instituciones del Estado y le endilgan toda la carga de la investigación a las familias y se encargan de hacer más onerosa la justicia que debe de ser gratuita y expedita.

 

Para el compañero de lucha Abraham Ramírez, defensor de los derechos del pueblo de Huamuxtitlán.

La ausencia de las autoridades en los momentos críticos que enfrenta la población guerrerense es atroz. Están agazapadas y no quieren arriesgar su seguridad. No hay quien dé la cara para enfrentar los problemas que padece la gente de a pie.
El desbordamiento de la violencia no tiene diques, es una avalancha que nos arrastra al despeñadero. Es un mal que destruye el tejido comunitario y deja a la deriva a la gente que se levanta temprano para luchar por su sobrevivencia. Ni en casa la familia se siente segura. Por todos lados hay presencia de grupos que causan estragos a la población. Los cuerpos de seguridad son ajenos al drama cotidiano de la violencia. Hasta en las colonias más pobres el crimen está presente, ya sea para cobrar piso o vender cristal. No hay calle sin dueño, ni colonias sin halcones.
Las carreteras y las avenidas son las vías más inseguras para transitar, debido a las férreas disputas que libran las organizaciones criminales para controlar las rutas del transporte público y los negocios de la economía criminal. Además de fijar cuotas altas, las vidas de los choferes penden de un hilo si no acatan órdenes. Ante la inacción de las corporaciones policiacas y militares, la violencia se recrudece en las calles con los asesinatos y la quema de vehículos.
El cobro de piso prolifera en todos los giros comerciales. Ya no hay excepciones, todos tienen que caerse con la cuota diaria o semanal. La delincuencia tiene ahora muchos empleados que trabajan para su causa.
Las ciudades turísticas son las plazas más redituables para las organizaciones criminales. Si antes los gobiernos corruptos despojaban a los ejidatarios de los lugares paradisíacos y privatizaban las playas, ahora los grupos delincuenciales, siguiendo su ejemplo, tomaron el control de estos sitios de gran afluencia turística para cobrar cuota a todos los vendedores de las playas. Nadie escapa de sus garras ni de sus listas. Semanalmente tienen que entregar el pago sin falta. Los que no cumplen corren el riesgo de perder la vida, por eso nadie se atreve a protestar ni a desafiar al cobrador de la empresa criminal, que llega acompañado con gente armada. Los puntos de venta de la droga son negocio exclusivo de los jefes y nadie se atreve a competir con ellos. Este embrollo delincuencial se complejiza más con la presencia de la Guardia Nacional y de la Marina, que se confabulan con estos negocios y son parte de la criminalidad galopante.
En Taxco hasta los encruzados fueron emplazados a pagar cuota y comprar las ortigas a los proveedores del dueño de la plaza. Para acceder al templo de Santa Prisca, el grupo delincuencial disfrazaba la limosna como cuota. Las alcancías eran vaciadas para la causa del crimen. El encanto de la ciudad mágica se truncó de tajo cuando el plomo suplantó el negocio de la plata. Las calles empedradas se mancharon de sangre y las balaceras desolaron el centro y obligaron a cerrar los comercios. Las escuelas optaron por suspender clases ante las amenazas del crimen contra los transportistas. La autoridad municipal no sólo se mostró indiferente ante el drama de la gente, sino que el presidente prefirió viajar a España en lugar de enfrentar con aplomo las amenazas del crimen organizado. Quedó evidenciado que la delincuencia no tiene contrapesos que la obliguen a replegarse, más bien, se erige como un poder fáctico que es capaz de desmovilizar a la población e imponer su ley de fuego. Las fuerzas del orden no proporcionaron el auxilio que requería la población y se limitaron a patrullar las calles para hacer visible su presencia. La tranquilidad es un bien intangible que les fue arrebatado a los taxqueños.
La capital del estado es el ojo del huracán del crimen organizado. A lo largo de los años se fueron incubando negocios truculentos entre la clase gobernante y los líderes de transportistas. La Dirección General de Transporte se transformó en la caja chica del gobernador en turno. Las concesiones fueron las prebendas con que se aseguraban las lealtades políticas y se conformaban clientelas partidistas. Muchos funcionarios públicos atracaron a la misma dependencia que dirigían al agenciarse concesiones sin límite alguno. Muchos políticos que siguen peleando cargos públicos cuentan con permisos en las principales ciudades del estado. Se sirvieron con la cuchara grande e hicieron jugosos negocios con grupos económicos y líderes transportistas que velaron por sus intereses. En estos pactos delincuenciales fueron forjando una mafia en el sector de los transportistas. Con el tiempo se incubaron intereses políticos, económicos, delincuenciales, y clientelares. Todo creció al amparo del poder público, con el apoyo de los gobernadores y de su grupo político. Era la gallina de los huevos de oro donde incubaron negocios ilícitos al interior de las instituciones gubernamentales.
Las rutas se fueron diversificando y en esta ramificación de sitios, el trasiego de la droga desplazó la transportación de los productos básicos. Los líderes fueron relegados por los jefes de las plazas y el control de las rutas pasó a manos de los grupos de la delincuencia. El transporte público y privado se erigió en la minita de oro, por eso las organizaciones criminales pelean las rutas en los territorios donde tienen presencia. No están dispuestos a permitir que otros grupos controlen las rutas de transporte cuando se han apoderado de la plaza. En esta confrontación abierta los grupos delincuenciales se han apertrechado en los sitios estratégicos de la capital del estado para imponer su hegemonía. No hay autoridad que los repliegue ni los descarrile en su empeño por enquistarse dentro del sistema de transporte público. Más bien se han encaramado en las estructuras del poder público y cuentan con aliados que trabajan para su causa. Saben que las autoridades tienen precio y que pueden negociar al costo que sea. Nadie los detiene y no temen a los cuerpos de seguridad porque saben que por años han sabido domesticar. Se confabulan y se vuelven cómplices de los jugosos negocios de la droga y las armas.
La sociedad está hastiada de tanta corrupción y contubernio de los gobernantes con los grupos delincuenciales que han tomado el control de las ciudades y las comunidades rurales, que han impuesto la cuota a la mayoría de comerciantes e instalado el miedo en la vida pública.
El gobierno de Evelyn Salgado se ha plegado a las directrices de los mandos del Ejército que no han dado resultados con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, ni con el incremento de efectivos de la Guardia Nacional. Su estrategia de seguridad está diseñada por un grupo de militares que siguen considerando a la sociedad que se organiza para reclamar sus derechos como una amenaza para la estabilidad política del estado. Focalizan su atención contra las organizaciones y líderes sociales, los catalogan como transgresores de la ley y como conspiradores. Están lejos de comprender que la estrategia de seguridad debe estar centrada en el ciudadano y por lo mismo debe salvaguardar los derechos humanos de la población. La opinión y perspectiva de la gente que sufre el flagelo de la violencia es crucial para implementar acciones efectivas que protejan la vida y la seguridad de la población.
Lo paradójico y sumamente preocupante es que con la llegada de la Guardia Nacional, así como el proyecto que tiene el presidente de la República, de construir 12 cuarteles de la Guardia en Acapulco y otros más en las 8 regiones del estado, los guerrerenses no ven que el despliegue militar los haga sentirse más tranquilos. Por el contrario, la experiencia de los años, con el terrorismo de Estado, le dejó lecciones trágicas. La presencia del Ejército en las ciudades y comunidades es para causar temor, para desmovilizar a la población, para arremeter contra el ciudadano que ejerce su derecho a la protesta, para reprimir a quienes increpan al poder y lo emplazan a rendir cuentas. En este despliegue militar se incrementan las graves violaciones a los derechos humanos y se robustece la impunidad para proteger a los perpetradores.
En los pocos años de creada la Guardia Nacional, sus actuaciones no están del lado de la población que es víctima de la violencia, sino de las autoridades, de los funcionarios públicos, que viven en una burbuja para no poner en riesgo su seguridad. Llegaron para proteger a los gobernantes y a las instituciones públicas. Se han colocado para arremeter contra la población que se atreve a tomar las vías de comunicación. Su presencia no ha servido para contener la avalancha delincuencial, para desactivar ni desmantelar las estructuras criminales. Más bien, los han dejado crecer y les han permitido ejercer libremente sus acciones delincuenciales. En algunos lugares, como Acapulco, se coluden con ellos para el cobro de piso y hasta les dan cobertura a los cobradores y expendedores de los negocios ilícitos.
El presupuesto millonario destinado para el Ejército y la Guardia Nacional no ha redundado ni redundará en beneficio de la gente que paga cuota diariamente a los grupos de la delincuencia. Tampoco tendrán el apoyo las familias desplazadas de manera forzada por la violencia que ejercen estos grupos en sus comunidades y ejidos. Los colectivos de víctimas arriesgan su vida al adentrarse a lugares peligrosos en busca de sus hijos desaparecidos. Para la Guardia Nacional estos acompañamientos a las madres buscadoras no forman parte de sus prioridades institucionales.
En Guerrero la violencia ha cimbrado las estructuras de un poder decrépito que incubó en la delincuencia institucionalizada la delincuencia criminal, que sembró la corrupción y los negocios ilícitos al interior de las instituciones para robustecer la enredadera del crimen organizado. Los crímenes más atroces los cometieron poli-cías, militares y marinos. Fueron la hierba mala que hizo florecer el negocio de la droga en Guerrero y los maestros de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, los vuelos de la muerte, la irrupción en comunidades, los desplazamientos forzados, las violaciones sexuales, la tierra arrasada. En fin, la violencia del Estado que incubó al crimen organizado.