En memoria de Arturo Hernández Cardona:
luchador social que con temple y pundonor
desenmascaró la red criminal que regenteaba el presidente municipal de Iguala Jose Luis Abarca. Fue desaparecido, torturado y ejecutado por el narcopoder que impera en Guerrero.

El acto multitudinario convocado por Morena para arropar a la presidenta de la República Claudia Sheibaum, fue una gran oportunidad para que la clase política guerrerense se luciera. Se disipó bailando La Iguana, chupando paletas y tomándose fotos. En la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac fueron ubicados en primera fila los aspirantes a la gubernatura por Morena: Félix Salgado Macedonio, Beatriz Mojica Morga, Abelina López Rodríguez, Guadalupe Eguiluz Bautista e Iván Hernández Díaz. Estuvieron ausentes Esthela Damián Peralta, Rogelio Ortega Martínez y Rubén Cayetano García. Ante una audiencia cautiva, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aprovechó la ocasión para agradecer a la presidenta de la República todo el apoyo que ha brindado a Guerrero. La algarabía morenista expresaba con porras sus preferencias electorales y su determinación para dar la batalla en estos días decisivos. La cargada de los simpatizantes fue para mostrar músculo e ir ganando más presencia en la opinión pública.
En esa misma mañana la familia del profesor Sergio Nájera García, desaparecido el 28 de mayo, protestaba en las puertas de la Fiscalía General del Estado para exigir a los funcionarios que impulsen la investigación y que la Comisión Estatal de Búsqueda despliegue personal calificado para dar con su paradero. El drama cotidiano de las desapariciones, los asesinatos, los desplazamientos forzados marcan de por vida a decenas de familias mayoritariamente pobres que además de luchar por la sobrevivencia, tienen que enfrentar la indiferencia y el maltrato de las autoridades acostumbradas a actuar con prepotencia, endureciendo su trato con las víctimas, negándose a dialogar con ellas y sin mostrar resultados de sus investigaciones.
El mensaje de la presidenta se centró en mostrar los logros alcanzados en estos dos años de su administración y arremetió contra los gobiernos neoliberales que dejaron crecer a los cárteles de la droga coludiéndose con los grandes capos. La presidenta levantó la voz para decir que México ¡No acepta injerencias! ¡Somos un país libre, independiente y soberano! Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos.
Resaltó los resultados en seguridad: se han reducido en 20 meses, en 49 por ciento los homicidios dolosos y en 20 por ciento los delitos de alto impacto. Argumentó que para disminuir la violencia es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país y considera que es fundamental que el gobierno de Estados Unidos atienda el grave problema del consumo de drogas en su territorio.
Criticó acremente la actitud de una parte de la derecha mexicana: una derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros. Una derecha que llega al extremo de invitar a representantes de la ultraderecha española para rendir homenaje a Hernán Cortés.
Con los triunfos electorales que ha tenido Morena a nivel nacional para la presidenta Claudia Sheinbaum, México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la transformación de México. Esa es una nueva realidad. “¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!”, exclamó.
Esta nueva narrativa de que México ya cambió y de que es un gobierno del pueblo y para el pueblo no reconoce los grandes problemas que aún persisten en nuestro país y que requieren del apoyo de la sociedad, de los colectivos de víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales para revertir los grandes rezagos que hay en el combate a la impunidad y la corrupción.
En nuestro estado los crímenes del pasado siguen vivos, son parte de la realidad dolorosa que no ha sido atendida por los gobiernos de Morena. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos de 1965 a 1990 quedó trunca, porque el gobierno federal ignoró sus recomendaciones y descalificó los resultados de la investigación. Fue un esfuerzo más que deja en estado de indefensión a las familias que por más de cinco décadas han buscado a sus seres queridos desaparecidos.
No solamente no hay avances en el paradero de los desaparecidos, sino que tampoco existen investigaciones que señalen a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad. Se encubre a los altos mandos militares y se mantiene intacto el pacto de impunidad. Este continuum de violencia sigue desangrando a nuestro estado. La transformación que pregona la 4T no ha llegado a las fiscalías porque persisten los mismos vicios de corrupción y la colusión con los grupos de poder es una práctica añeja que deja buenos dividendos. Los cotos de poder ahora se comparten con las elites militares que tienen en sus manos la Fiscalía del estado que camina en sentido contrario de las víctimas.
La cifra imparable de las personas desparecidas en nuestro país pone en entredicho la actuación del gobierno federal que no atiende los planteamientos de los colectivos de familiares que tienen la experiencia y el compromiso para realizar búsquedas y hacer investigaciones en el territorio. Hay un malestar muy grande de las madres buscadoras porque sus planteamientos no encuentran eco entre las autoridades federales, tampoco cuentan con el respaldo y los recursos necesarios para realizar dignamente su trabajo. Luchan a contrapelo de las autoridades sacando siempre la casta y mostrando entereza y pundonor para llegar a los lugares más recónditos y peligrosos donde las autoridades no se atreven a indagar.
El sábado 30 de mayo colectivos de familiares de periodistas y participantes del premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos instalaron un antimonumento “Aquí Nadie Olvida” para nombrar y recordar, a unos días del mundial de futbol, a los periodistas asesinados y desaparecidos en México. El memorial fue levantado en la avenida Paseo de la Reforma en la conocida esquina de la información, donde se ubicaban los principales diarios impresos del país. Esta estructura servirá como un recordatorio para la población nacional e internacional de la grave situación que enfrenta el periodismo en México, que desde el año 2000 hay más de 150 periodistas asesinados y decenas están desaparecidos. La fecha fue muy representativa porque el 30 de mayo de 1984 asesinaron a Manuel Buendía, uno de los periodistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Otro de los graves problemas que sigue arraigado en México es la violencia contra los periodistas, al grado que nuestro país es catalogado como de los más peligrosos para ejercer ese oficio. En nuestro estado varios periodistas han sido asesinados, otros más se encuentran desplazados y en algunas regiones del estado no hay condiciones para ejercer el periodismo. Hay zonas silenciadas por los grupos de la delincuencia que ejercen un control férreo de lo que circula en las redes sociales y de las noticias que aparecen en los medios locales. El gobierno federal ha demeritado el trabajo periodístico dejando en estado de indefensión al gremio que es la columna vertebral de una sociedad democrática, que requiere de información veraz, independiente y comprometida con la sociedad.
Los defensores de derechos humanos aparecen como actores incómodos para las autoridades que se sienten interpeladas debido a sus malas actuaciones y por el abuso de poder. Además de trivializar su trabajo y desacreditarlo desatienden y obstaculizan cualquier esfuerzo que se orienta a proteger los derechos de las víctimas. Lo más grave que ahora sucede en nuestro entorno es que tanto los gobiernos como los empresarios han utilizado a grupos de la delincuencia organizada para hacer el trabajo sucio. Hay colusión por los negocios que emprenden y que requieren poner en orden a quienes pueden descubrir los intereses económicos que se tejen de manera subrepticia.
En Guerrero la delincuencia se ha transformado en un poder fáctico que tiene el control de ayuntamientos y comunidades, que amenaza y atenta contra la vida de quienes considera sus enemigos o una amenaza a sus intereses mafiosos. Varios luchadores sociales son desaparecidos y asesinados en este contexto de ingobernabilidad donde caciques, políticos regionales o autoridades

municipales utilizan a estos grupos para deshacerse de quienes consideran como un obstáculo en su carrera político delincuencial.
El caso del luchador social Arturo Hernández Cardona es un caso emblemático de cómo el presidente municipal Jose Luis Abarca catalogó como un enemigo a quien tenía que quitarlo del camino. Con el apoyo de un grupo de la delincuencia el 30 de mayo de 2013, Arturo fue desaparecido, torturado y asesinado por órdenes del presidente municipal José Luis Abarca. En nuestro estado hay muchos luchadores y luchadoras sociales que fueron desaparecidos y asesinados pero que lamentablemente las autoridades no han asumido el compromiso de reivindicar su memoria dando con los responsables e imponerles un castigo ejemplar.
La violencia que se enseñorea en la Montaña Baja de Guerrero es otro indicador funesto del grave problema de la inseguridad y de la crisis de ingobernabilidad. Las comunidades indígenas además de padecer los estragos de la pobreza y el abandono del gobierno ahora tienen que padecer el flagelo de la delincuencia que, a decir de ellos, son los que impondrán el orden y aplicarán la ley. Toman el control del territorio y asumen el poder de facto. Irrumpen con armas de alto poder y con drones, detienen, desaparecen y asesinan a quienes consideran que forman parte de otro grupo de la delincuencia.
Hacen la limpia para imponer su poder siniestro. El problema del desplazamiento forzado es una realidad que se ha extendido en donde se libran batallas por el control territorial entre grupos de la delincuencia antagónicos. Las consecuencias son funestas porque son familias enteras las que tienen que salir de manera clandestina, con niños pequeños, con personas mayares y enfermas, con madres embarazadas. Se refugian en lugares inhóspitos o huyen del estado para ponerse a salvo. Lamentablemente estas realidades no aparecen en el informe de la presidenta de la república, están invisibilizadas, nuestro gran temor es que su apuesta sea mostrar cambios en la política social y en su estrategia de seguridad pública, independientemente que a nivel local y regional la situación empeore. De que muchas familias sigan sin experimentar una mejoría en su calidad de vida y que continúe a salto de mata para librarse de las balas y de las incursiones armadas.

En estos 33 años las voces de El Sur han plasmado el mosaico cultural y político de un Estado combativo. Su veracidad e independencia editorial es el mayor capital que reconocen y valoran sus asiduos lectores. Todo nuestro reconocimiento y solidaridad a la ardua y riesgosa labor de las y los periodistas de Guerrero, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Los señalamientos de la justicia estadunidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de proteger al cártel de Los Chapitos, parece ser una historia lejana y extraña para la clase política guerrerense. Se interpreta que sólo es una invención más de la administración de Donald Trump para doblegar al gobierno de la presidenta Claudia Sheimbaun. Han cerrado las filas morenistas para no permitir que los gobiernos extranjeros intervengan en nuestros asuntos internos. Se apela a nuestra soberanía como un principio insoslayable de un país digno que exige ser respetado y que no permite el injerencismo de países poderosos.
Para las elites morenistas de Guerrero este agravio es un asunto que se dirime en el plano nacional. El contexto estatal está imbuido de otra dinámica. Las aguas pre electorales empiezan a cobrar fuerza y a tomar cauce ante la opinión pública. Proliferan los eventos públicos y las ruedas de prensa para posicionar políticamente sus candidaturas. Flota en el ambiente la idea de que es el momento propicio para hacer visible las aspiraciones políticas y mostrar músculo, con el fin de perfilar sus candidaturas ante la nueva dirigencia nacional.
Están alejadas de la realidad que nos apabulla, circulan en la órbita electorera y sus intereses políticos solo giran alrededor del circuito morenista. Los grupos políticos distan mucho del sentir ciudadano, aunque discursivamente se reivindican como representantes del pueblo. Los cargos públicos que algunos ostentan les da la oportunidad para promocionar su imagen y capitalizar políticamente la marca de Morena. La disputa por las clientelas políticas reedita las prácticas vetustas del otrora partido hegemónico. En estos tiempos pre electorales prevalece la opacidad en el manejo de los recursos económicos. Hay muchas artimañas entre los equipos para evadir las leyes electorales y ocultar el origen de los fondos, con el fin de posicionar mediáticamente a quienes aspiran a los cargos públicos.
Desde esta etapa pre electoral ya se vislumbran manejos turbios de los fondos que cada precandidato o precandidata ejercen, debido a que no existen leyes ni mecanismos eficaces que obliguen a los partidos políticos y sus precandidatos a transparentar los recursos. A propósito de estos rejuegos políticos es importante tener como referencia la denuncia que existe en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se señala que “Rocha Moya, un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, con el apoyo de Los Chapitos. Para respaldar su elección los líderes de esta organización ordenaron a sus miembros que robaran las papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición. A cambio el candidato prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel. Según lo prometido el gobernador permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.”
De acuerdo con la Fiscalía General de la República se trata de una denuncia donde no existen evidencias para la detención del gobernador de Sinaloa y 9 personas más, solicitadas por el gobierno de Estados Unidos. “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia, que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”.
Es clara la posición del gobierno federal, de que se requieren pruebas fehacientes que acrediten estos señalamientos, mientras tanto, no procederán a la detención del gobernador con licencia. Lo grave del caso es que estamos ante un estado sumido por la violencia y enfrascados en la disputa a muerte entre Los Chapitos y La Mayisa. Durante estos 5 años los habitantes de Sinaloa han quedado a merced de los sicarios que han cobrado muchas vidas y se han apoderado de amplias franjas del territorio. La disputa se libra en las ciudades y en las zonas rurales. La desaparición de personas es un problema irresoluble, debido a la desatención y al maltrato de los familiares de personas asesinadas y desaparecidas, por parte del mismo gobernador. La presencia del Ejército y la Guardia Nacional ha sido insuficiente para contener la avalancha delincuencial. El desbordamiento de la violencia arrastra a la población a una vorágine irrefrenable.
Es claro el grado de penetración que tuvieron Los Chapitos en las estructuras estatales y la disputa a muerte que ahora libran contra el grupo de Los Mayos, como producto de las traiciones y rupturas de pactos siniestros que les permitió trasladar la droga a Estados Unidos y a varios países de Europa. Es grave que la disputa se haya profundizado en las urnas, en la lucha por los cargos públicos, en el control político del estado. Fue sumamente desastroso que la jornada para elegir al gobernador haya estado custodiada con armas de asalto, que los electores opositores estuvieran en la lista de los delincuentes para ser amenazados o secuestrados y que al final de la contienda ganaran los candidatos promovidos por Los Chapitos.
Este escenario que se plasma en la denuncia contra Rocha Moya es aterrador porque nos habla de cómo los grupos de la delincuencia se inmiscuyen en el proceso electoral y cómo apoyan a determinados candidatos. No es una elucubración hecha al aire, es una amenaza real que las instituciones del estado no están en condiciones de controlar y de frenar. La realidad es que muchos actores políticos en nuestro país han cometido delitos electorales, sin embargo, ha sido imposible probarlo, mucho menos de aplicar sanciones.
Hay múltiples maneras de encubrir acciones ilegales, de actuar subrepticiamente y de contar con pruebas para acreditar las denuncias interpuestas. Hay muchas personas expertas para cometer estas triquiñuelas, son prácticas añejas que resultan efectivas, como la compra del voto, que requiere una estructura bien posicionada territorialmente para asegurar una operación efectiva que llegue directo con el elector que está decidido a canjear su voto por dinero. El asunto de fondo está en quién proporciona el dinero en efectivo, quienes están dispuestos a entregar amplias sumas de dinero sin tener una garantía de que su dinero se multiplicará con los fondos públicos.
En nuestro estado la situación es parecida a la de Sinaloa y otras entidades más. Existe una institucionalidad endeble y porosa, un sistema de partidos controlado por caciques, grupos familiares y grupos de la delincuencia. La corrupción se desparrama en todas las dependencias de gobierno. Los vicios de antaño, de lucrar con el dinero público no se han desterrado, por el contrario, se han arraigado y perfeccionado. El perfil de los políticos responde más a los intereses de los grandes empresarios y de las cupulas partidistas. También responden a intereses mafiosos por la penetración que se ha dado de personajes de la delincuencia en varias instancias del gobierno.
Los políticos guerrerenses se pintan solos: son ególatras e inaccesibles, dilapidan los recursos públicos, viven en la opacidad y la opulencia, no transparentan los fondos que reciben; buscan colocar a sus familiares que no tienen el perfil profesional ni ético. Son apáticos y no atienden a la población que enfrenta situaciones límite. Solo salen de sus oficinas para congraciarse con la gobernadora en sus giras. Se mantienen al margen de los graves problemas que enfrenta el estado, dejan crecer los problemas apostándole al desgaste de la gente que protesta. Sobrellevan los conflictos y dan soluciones a medias para administrar la alta conflictividad que padecemos en el estado.
El problema de la violencia y la inseguridad es el mayor flagelo que padecemos los guerrerenses. Han pasado décadas y se han implementado operativos federales sin resultados tangibles. Los grupos delincuenciales se han multiplicado en las 8 regiones del estado y lo que es peor, se han enquistado en las estructuras del estado. Su poder se ha robustecido ante una Fiscalía que a nadie rinde cuentas y que tiene un gran rezago en las carpetas de investigación. Sus resultados son nimios con las escasas órdenes de aprehensión que ejecuta. Su ineficacia favorece a los grupos que delinquen, que continúan con sus tropelías y que saben cuál es el precio de la justicia.
La ausencia de las autoridades la han cubierto los grupos de la delincuencia al grado que ejercen el control territorial, se han apoderado de los principales giros comerciales en las 8 regiones del estado y han asumido el mando en varios gobiernos municipales que han sucumbido ante el poder delincuencial que por la fuerza y la violencia somete a la población. La presencia de estos grupos ha desplazado a los ministerios públicos, las corporaciones policiacas, los jueces, la Guardia Nacional para aplicar su propia ley apropiarse del erario público para erigirse en los proveedores de las instituciones de gobierno.
Esta crisis de gobernabilidad deja en total indefensión a los ciudadanos, pierde su misma naturaleza porque ya no salvaguarda los derechos de la población ni es garante de la ley ni del Estado de derecho. Deja de servir a la ciudadanía para convertirse en representante de intereses mafiosos y protector de delincuentes. El espejo de Sinaloa nos deja ver nuestra realidad que nos lacera. Tiene muchos rasgos de la criminalidad que azota a los dos estados. Hay un gran riesgo en nuestro estado de que algunos políticos quieran pactar con el crimen para satisfacer sus ansías de triunfo a costa de un narcogobierno.
Evaden responder a cuestionamientos de fondo relacionados con la grave crisis de inseguridad que venimos arrastrando por la inoperancia de sus estrategias que mantienen intocada las estructuras delincuenciales, por la permeabilidad de las instituciones de seguridad y justicia del estado y por la colusión que existe con los grupos del crimen organizado.

El pasado 9 de marzo dos equipos interdisciplinarios de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) iniciaron los trabajos de búsqueda en la funeraria Rueda cuyos terrenos colindan con las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. Cinco meses antes, en octubre de 2025 detuvieron a Rodolfo Rueda Sebastián y Rodolfo Rueda Mazón propietarios de las funerarias Rueda y El Ángel acusados por delincuencia organizada.
Con estas detenciones junto con la del nutriólogo Irvin Arroyo Aranda en el mes de noviembre y la del director de Tránsito y Vialidad Mauro Antonio Mosso, en marzo pasado, el fiscal Mauricio Pazarán, ignorando las líneas de investigación en las que reiteradamente han insistido las madres y padres, como la entrega de los 856 folios que están en manos de la Sedena y la relacionada con el paradero de 17 estudiantes que fueron retenidos en barandilla municipal, el funcionario federal ha focalizado todos los esfuerzos institucionales en las funerarias de Iguala.
Las madres y padres se sorprendieron de la invitación que hizo extensiva el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina, para que conocieran los hallazgos que el equipo de búsqueda en campo había tenido en una funeraria de Iguala. A las 9 de la mañana del 20 marzo acudieron a la cita con el subsecretario que llegó en helicóptero.
Les informaron de las detenciones realizadas y que habían asegurado la funeraria porque encontraron muchas irregularidades. No solo había cámaras frías con cuerpos de 2022, 2023 y 2024, los registros de los cuerpos en lugar de que estuvieran bajo custodia del Semefo, eran los dueños de la funeraria los que tienen el control. Les informaron que habían ubicado un crematorio clandestino y que cuando hicieron el cateo también encontraron una bolsa con restos de 2014. Los funcionarios no supieron explicar cómo llegó ahí. Uno de los padres cuestionó con dureza “hemos estado buscando a nuestros hijos por más de 11 años y ahora resulta que encontraron una bolsa con restos de aquel año. ¿Cómo les vamos a creer? Si antes en este lugar no estaba la funeraria. Antes aquí no había nada, los mismos mapas señalan que era un terreno baldío, ¿cómo nos van a decir que esa bolsa es auténtica? Antes necesitamos que la revisen nuestros expertos, las compañeras del equipo argentino, para saber de qué se trata”.
Algunos padres recordaron que en este lugar no había ninguna funeraria. Un hermano del joven Jhosivan Guerrero de a Cruz, uno de los tres normalistas identificados, relató los recorridos que realizó en varias colonias de Iguala y testificó cómo fue que caminó en varias ocasiones por estos parajes. “Antes no había nada en este lugar, por eso no confiamos en lo que nos dicen, porque ahora ya hablan de una bolsa con restos, sin que nos digan cómo los obtuvieron y quiénes fueron los que identificaron”.
Se sabe que la funeraria Ángel, cuya propietaria es la misma familia Rueda, tenía sus instalaciones cerca de una escuela, sin embargo, desde hace varios años tuvieron que cambiarla porque llegaba el olor a las niñas y niños. Por eso ahora la reubicaron como funeraria Rueda donde actualmente está el Semefo, a unos metros de la gasolinera.
La reunión se realizó en un espacio que sirve de estacionamiento de la funeraria. Las fachadas estaban remodeladas y en partes en obra negra. Las carrozas, rotuladas con “SEMEFO” permanecían en desuso, seguramente porque desde octubre de 2025 el inmueble fue asegurado. Los padres y madres escucharon con extrañeza la información que tanto el fiscal Pasarán como el subsecretario Arturo Medina les relataban. Los rostros de incredulidad eran muy evidentes, porque el relato no tenía lógica y tampoco se sostenía. Fueron pasajes que ya se abordaron en los informes del GIEI y que los familiares recorrieron en varias ocasiones por estos lugares y otros más.
Fue una reunión muy tensa, no solo porque el lugar no era el adecuado, sino porque la información era muy endeble. Aún así las autoridades invitaron a las madres y padres a recorrer el lugar para que vieran el estado en que se encuentran los crematorios, para que vieran las bolsas con cuerpos dentro de las cámaras frías y para que conocieran el crematorio clandestino que no aparece registrado en el mismo Semefo que maneja la familia Rueda.
En el recorrido las autoridades informaron los cambios que tuvieron las instalaciones de la funeraria desde 2014 hasta 2025. Lo más grave es que encontraron muchas irregularidades vinculadas con el Semefo. Con estas calamidades es increíble constatar el trato que les dan a las personas fallecidas. Son instituciones para delinquir, negocios redondos que florecen al amparo del poder. Funcionan como franquicias que establecen alianzas con grupos de la delincuencia para hacer que funcione la maquinaria de la muerte. ¿Qué garantías puede tener un familiar que quiere cremar a un ser querido con este tipo funerarias, que tiene crematorio clandestino y que tiene en sus cámaras a varios cuerpos abandonados?
Hasta después de 11 años se han dado cuenta las autoridades federales (porque las locales lo consentían) cómo funcionaban estas funerarias y en manos de quién estaba el Semefo. Cuántos crímenes se cometieron en este lugar, máxime que la gente del lugar comenta que había un camino de terracería donde entraban camionetas a tirar lo cuerpos en la barranca que colinda con la funeraria.
En este recorrido los familiares encontraron ropa, cuerpos que llevan años sin que se puedan entregar a sus familiares. Lo insólito fueron los crematorios en un estado sumamente desquiciante y un Semefo dado al traste como pasa con la mayoría de ellos en el estado. Funcionando de manera irregular, prestándose a negocios truculentos, trabajando para la delincuencia y haciendo más cruento el dolor de las personas que son víctimas de la violencia.
Los familiares nuevamente manifestaron su enojo porque los llamaron para darles noticias sin sustento. Esto mismo pasó hace varios meses cuando la Covaj los invitó a Iguala para que se les informara de las búsquedas que estaban haciendo en el rancho de el Gil. Al final no hubo algún hallazgo, más bien, se sintieron maltratados y ofendidos porque juegan con su dolor y su pena. Esta visita no solo los obligó a dar la vuelta desde sus comunidades, sino que además les siembran más dudas y desconcierto. Porque están regresando las autoridades a la línea de Peña Nieto, de que los 43 normalistas fue un asunto de la delincuencia local con la participación de policías y autoridades municipales. Una madre con mucha razón decía: “Tenemos experiencia de los engaños del gobierno”, y por eso las autoridades tienen la obligación de explicarnos cómo es que permaneció la bolsa de restos durante más de 11 años y cómo fue que la encontraron. Si no lo aclaran quiere decir que también están diciendo mentiras.
Con la reunión, aparte del coraje la situación se enreda más con las autoridades porque los padres y madres ven que no priorizan las líneas de investigación que las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideran claves.
Reclamaron que a pesar de que un juez ordenó que el Ejército entregue los 856 folios, no se ha atendido esa orden. Han dejado las líneas de investigación que las madres han insistido. Es necesario jalar todos los hilos, pero el hilo más grueso que es el Ejército, no lo han tocado.
“¿Cuándo van a hacer lo del GIEI? ¿Cuándo van a empezar con los folios? En 11 años que pasaron ya, ¿no creen que alguien en su momento haya limpiado?”, reclamó don Mario, padre de César Manuel González Hernández. El hermano de Joshivani reiteró “lo buscábamos en vida”, pero en el peor de los escenarios no vamos aceptar pequeños restos, sino “el cuerpo completo”. Ese es mi reclamo.
Las madres y padres con el deseo de tener más indicios sobre el paradero de sus hijos aceptaron hacer el recorrido de la funeraria y del Semefo. “Todo huele a muerto”, decían. Los cuerpos apilados, ropa ensangrentada. Espacios marcados con cinta amarilla. Bajaron unas escaleras donde la tierra tenía rastros de que habían quemado un colchón. En ese lugar las autoridades, los peritos y investigadores encontraron una prótesis y otros objetos.
Vieron un pozo bajo sospecha con varios puntos. En un filo pequeño permanecía el horno clandestino con el piso supuestamente con “grasa” propia de cuerpos humanos. A unos metros los peritos escarbaban la tierra y con cribadora meticulosamente revisaban si había algún indicio. A pesar del ambiente lúgubre no se puede decir o asegurar que haya algo objetivamente que lleve al paradero de los normalistas desaparecidos.
Las madres y padres se fueron desilusionados y enojados, porque notan que a las autoridades no les interesa su dolor y sufrimiento. Lo que quieren es quedar bien con la Presidenta, de presentarle resultados, de hacerle creer que se va avanzando en la investigación. Las autoridades están muy lejos de que se solidaricen y sientan en lo más hondo de su corazón lo que las madres y padres sufren. No hay empatía, más bien prevalece una relación ríspida dominada por un clima de desconfianza.
Lo más duro para las madres y padres es que con estos intentos que hace la Fiscalía, es una mala señal, porque quieren encontrar algún resto en la funeraria. Ya les enseñaron una bolsa con restos del 2014. Aunque nadie sabe quién la llevó, falta saber de quién son. La experiencia del basurero de Cocula les ha enseñado que ya no pueden confiar en el gobierno, que solo depositarán su confianza en personas expertas, para no repetir más el relato falaz de la verdad histórica

El jueves 2 de abril el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, en vista de que ha recibido indicios fundados de que en México se ha cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Tomando como referencia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED fundó su petición manifestando que ha recibido información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio del Estado Mexicano, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, determinó llevar la cuestión, con carta de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario general.
El documento presentado por el CED fue rechazado y calificado de tendencioso y falto de rigor jurídico por parte de las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Subrayan que no toma en cuenta los avances que se han alcanzado desde 2018 y además el CED excede su mandato al ampliar indebidamente el alcance de la desaparición forzada. “El Gobierno Mexicano no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. El marco utilizado por el Comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. A este diferendo se sumó la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario de Piedra que arremetió contra las organizaciones civiles por manejar información tendenciosa y manipulada. Su postura está lejos de representar a las víctimas al erigirse en vocera de la 4T. Para la presidenta las desapariciones “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”.
Por su parte, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González, destacó que le decisión del CED es una oportunidad porque “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado… y romper con los círculos de colusión, impunidad y desprotección”. Este domingo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una postura contraria de la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, descalificó el documento del CED y manifestó su respaldo firme a la postura de la Presidenta Claudia Sheibaum que rechazó y descalificó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Lo consideró como un uso político para atacar al gobierno de México.
En su informe el Comité contra la Desaparición Forzada reconoce y acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Mexicano al grado que ha remitido el marco jurídico e institucional mexicano como ejemplo positivo para otros Estados. No obstante, el Comité también ha tenido que subrayar que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces, y que no han permitido contrarrestar las tendencias continuas, como el aumento constante del número de personas desaparecidas; la falta de avances efectivos en la búsqueda y la investigación de la mayoría de los casos denunciados; el ocultamiento de la información; la impunidad casi absoluta de los perpetradores; la alarmante crisis forense y la falta de apoyo a los familiares que luchan a diario para buscar a sus seres queridos.
La impunidad que rodea a la desaparición forzada es avasalladora. En su informe, el Comité hace notar que, hasta 2021, solo entre el 2 % y el 6 % de los casos de desaparición han sido judicializados, mientras que solo se habían dictado 36 sentencias por desaparición forzada de personas. Esto trae a la mente el caso de Arnulfo Cerón, en donde se obtuvo una sentencia de primera instancia. Aunque la pena ha sido controversial, es indudable que representa un caso que puede ofrecer una guía para el combate contra la impunidad.
El CED ha reafirmado que el Estado es responsable por la desaparición forzada de personas incluso cuando esta sea cometida por grupos delincuenciales o empresas privadas. Esto es importante dada la situación de macrocriminalidad que existe en Guerrero, en donde la lucha entre facciones de los cárteles y el contubernio entre el crimen organizado, las empresas y los gobiernos suelen difuminar las responsabilidades que tienen cada uno de estos actores. Más allá de delimitar el grado preciso de participación de cada uno de ellos, lo cierto es que el Estado debe no solo abstenerse de que sus agentes desaparezcan personas, sino también evitar que agentes privados lo hagan. Es por esto que la defensa gubernamental de que la desaparición forzada es una especie de fenómeno entre particulares —generalmente entre grupos criminales— y que por eso no hay responsabilidad estatal no es satisfactoria bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
De igual manera, el CED ha reconocido que en muchas ocasiones el impulso de la investigación recae sobre la familia de la persona desaparecida, lo que quiere decir que el Estado está incumpliendo con su obligación de buscar a las personas desaparecidas. Además, existe una seria falta de capacidad financiera y de personal para realizar las investigaciones y diligencias necesarias para localizar a las víctimas.
El CED concluyó que actores no estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad incluso cuando lo hagan sin la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Esto abre la puerta a considerar que, en Guerrero —así como en casi todo el país—, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, más allá de si el Estado participa, apoya o tolera las desapariciones forzadas. Más aún, sabemos que en Guerrero participan —de alguna forma u otra— elementos del Estado en la desaparición de personas, por lo que esta conclusión solo se ve reforzada.
El CED reconoce que existieron desapariciones forzadas durante la segunda mitad del siglo XX —es decir, durante la Guerra Sucia— como un medio de represión política, aunque es enfático en señalar que la crisis —por lo menos en términos numéricos— se da a partir del 2006 con el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón. Para ello, hace notar que, a 2021, el 98 % de las desapariciones se dieron durante el periodo de 2006-2021.
Aunque el CED concede que no hay indicios para suponer que existe una política federal que promueva las desapariciones forzadas, sí señala que hay indicios fundados de que estas se han dado en el marco de ataques a lo largo del tiempo y del territorio nacional, de conformidad con una política estatal ejecutada por “organizaciones” —es decir, grupos delincuenciales— actuando de forma autónoma o, por lo menos, con la aquiescencia de servidores públicos de todos los niveles.
El Comité encuentra que el fenómeno es generalizado por la tendencia al alza de las desapariciones y el descubrimiento de fosas clandestinas y sistemático porque se realiza con base en patrones de conducta bien establecidos. Para el Comité las desapariciones forzadas son un fenómeno sistemático y generalizado en México, y que esto solo es posible con cierto grado de participación del Estado.
El informe del CED tendrá un peso muy importante durante los próximos meses y años. Esto, ya que el comité es una institución con legitimidad a nivel internacional dada su independencia y especialización técnica. Además, muchos de los Estados y órganos de la ONU serán deferentes hacia el criterio del CED debido a que este comité ha tenido, durante años, un acceso privilegiado y balanceado al contexto mexicano. Ha escuchado al Estado, a las organizaciones no gubernamentales, víctimas y colectivos, por lo que existe confianza en que su decisión se da en un marco de equilibrio entre los distintos actores que han aportado información y argumentos
Es importante aclarar que el procedimiento previsto por el artículo 34 no es condenatorio. Esto, porque pareciera que la reacción del Estado mexicano surge de la —errónea— creencia de que el CED está buscando señalar culpables, cuando esto no es así. El procedimiento al que se ha dado paso implica reconocer que la situación de las desapariciones forzadas se ha salido de las manos del Estado examinado y que resulta conveniente —para el Estado, las víctimas, la población y la comunidad internacional— buscar una forma de dar a conocer el asunto a nivel internacional.
Pero eso no es todo, ya que el CED recomendó explícitamente que el asunto sea tratado por la Asamblea General para buscar formas de que los Estados cooperen —técnica y financieramente— con México para atender la crisis. Se busca desvirtuar este informe porque las autoridades mexicanas consideran que es una forma de obstruir y opacar todos los esfuerzos que se han logrado, que en su mayoría se debe a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, es más bien una gran oportunidad para que la comunidad internacional asista a nuestro país en la atención de problemas que no hemos podido resolver, como las capacidades de investigación penal, de búsqueda de personas y la misma crisis forense.
El Comité pone a consideración de la Asamblea General de la ONU la necesidad de brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. También, de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar la asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan. Estaremos en espera de lo que determine la Asamblea General de la ONU.

A más de 11 meses del asesinato de Marco Antonio Suástegui
exigimos la detención inmediata del autor material.
Demandamos investigación pronta y castigo ejemplar
a los autores materiales e intelectuales
del asesinato de Bartolo Casarrubias de los Santos
regidor de Xalpatláhuac

Con este título presentamos el pasado martes 24 nuestro 31 informe de actividades correspondiente al 2025. En esta entrega retomamos los interesantes comentarios que planteó la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Hass, sobre cómo se expresa con toda su crudeza la desigualdad social en la Montaña de Guerrero.
Se vive un momento de cambio sistémico sin precedente. La riqueza se transfiere masivamente a pocas manos, el autoritarismo crece, la violencia se normaliza y la crisis climática avanza, golpeando desproporcionadamente a quienes menos tienen. Las instituciones multilaterales atraviesan una crisis de recursos tan seria que su labor se ve amenazada, mientras observamos múltiples ataques a la paz y la seguridad internacionales.
Hay una crisis de gobernanza global, México es un ejemplo muy concreto. Según el informe de Oxfam México Oligarquía o Democracia, 22 personas concentran una fortuna equivalente al PIB de Jalisco y Guanajuato combinados, mientras que el 50% más pobre de la población aporta proporcionalmente más en impuestos que el 1% más rico.
En un escenario de bajo crecimiento económico, mala recaudación y una economía dependiente de un vecino que amenaza con desmantelar el tratado del que dependemos, hay que prestar atención a qué políticas se están planteando: El camino de perpetuar las desigualdades, mantener el extractivismo laboral y natural como estrategia de atracción de inversión, asumiendo que más inversión equivale automáticamente a más bienestar sin cuestionar su calidad y sus efectos a largo plazo, o el camino de repensar la política económica poniendo en el centro a las poblaciones más pobre.
La desigualdad no es un accidente, la desigualdad es por diseño. Guerrero es el segundo estado con mayor pobreza multidimensional del país, con el 58.1% de su población en esa condición, y el segundo con mayor pobreza extrema. El 21.3% de sus habitantes vive en esa situación, una cifra que cuadruplica el promedio nacional de 5.3%. Junto con Chiapas, Veracruz y Oaxaca, Guerrero concentra el 54% de todas las personas en pobreza extrema en el país. En los municipios de la Montaña, esas cifras superan el 80%. Hablamos de comunidades donde la pobreza extrema no es la excepción, es la norma heredada de generación tras generación.
Pero los números más estremecedores no están en la pobreza de ingresos, sino en el acceso a los derechos. Guerrero tiene la segunda tasa de informalidad laboral más alta del país. Casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna. La carencia por acceso a seguridad social afecta a la gran mayoría de la población ocupada del Estado. Y los hogares guerrerenses destinan el 43.3% de su gasto en alimentación, la segunda proporción más alta del país.
Cuando no hay Estado que garantice derechos, el gasto de bolsillo llena el vacío que debería ocupar la política pública. Las y los jornaleros agrícolas de la Montaña lo ilustran con dolorosa claridad. El 79% de los jornaleros agrícolas en Guerrero viven en situación de pobreza. El 94% no tiene contrato laboral. El 88% carece de acceso a la seguridad social. Y el 43% gana por debajo del salario mínimo. De septiembre del 2023 a agosto del 2024, la Casa del Jornalero en Tlapa registró a 3 mil 879 niñas y niños de entre 3 y 15 años que salieron hacia los campos agrícolas del norte, muchos de ellos sin poder estudiar.
Son las personas que ponen los alimentos en la mesa, de todas las y los mexicanos, y el Estado las trata como si no existieran, eso no es informalidad laboral, eso es extractivismo laboral por diseño. Y esta es precisamente la contradicción política que no podemos ignorar. Un gobierno que se precie de atender prioritariamente a la gente que menos tiene no puede eludir la exigencia de una política robusta y sostenida de combate a la pobreza extrema. Esto no debe ser un eslogan, esto requiere de mandato operativo con recursos, presencia territorial y rendición de cuentas. Los datos de Guerrero son la prueba más contundente de que esa política todavía está pendiente. Nombrar la desigualdad por diseño es el primer paso para desmantelarlo.
Lo segundo es la complejidad o la contradicción que encontramos entre el fortalecimiento del Estado como garante de derechos y la percepción y la realidad de que el Estado es el perpetrador de muchas de las violaciones a los derechos.
Esto puede generar resistencia, especialmente entre quienes han vivido el abandono y el maltrato del Estado en carne propia. Oxfam, en su agenda de justicia fiscal, pide más y mejor recaudación, un Estado con mayor capacidad redistributiva, a veces es difícil de comprender porque cómo podemos pedirle a alguien que nunca ha experimentado un Estado que la proteja, que confíe en fortalecer a ese mismo Estado.
En la Montaña hay un Estado que funciona al revés, que fortalece a los fuertes y abandona a quienes viven violaciones a sus derechos. La excusa del crimen organizado, ha profundizado la militarización que las comunidades no viven como mayor seguridad, sino como otra capa de control. La pregunta entonces es si debe haber un Estado fuerte, ¿fuerte para quién y para qué? Y, sobre todo, qué contrapesos y espacios de participación garantizan que la soberanía recaiga en el pueblo y no en instituciones que actualmente no funcionan para la gente. Lo que pedimos, lo que exigen las comunidades de la Montaña, es un Estado garante de derechos, uno que nunca hemos tenido, pero que es la única respuesta posible. Porque sin Estado no hay quien redistribuya, no hay quien ponga las reglas del juego, no hay quien proteja a las personas más vulnerables frente al poder del crimen o del capital. La alternativa al Estado que no funciona no es la ausencia de Estado. Es un Estado diferente, construido desde abajo, con participación real y rendición de cuentas efectiva.

Más de 2.5 millones de personas cosechan frutas y verduras que consumimos en México y que se exportan al mundo. Estas personas son en su abrumadora mayoría mujeres y familias indígenas provenientes de Guerrero y otros estados del sur. La jornada excede las ocho horas, el salario cuando se paga en su totalidad apenas alcanza para sobrevivir, y la modalidad de trabajo a destajo permite al patrón desligarse de toda responsabilidad laboral. Lo que permite este sistema no es la ausencia de regulación, es la impunidad estructural frente a las empresas que se benefician de él.
En los campos agrícolas de exportación del norte del país, contratan a jornaleros a través de enganchadores precisamente para evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales. La inspección laboral en el campo no es un mecanismo de cumplimiento. Entre 2006 y 2017, la Secretaría del Trabajo realizó más de 2 mil visitas de inspección y encontró 55 mil irregularidades, sin embargo, el 97.5% de las multas impuestas fueron revocadas, anuladas por tribunales o simplemente no cobradas. Las empresas agrícolas, muchas de ellas exportadoras certificadas con destino a cadenas de supermercados en Estados Unidos y en Europa, contratan a través de enganchadores y no se hacen cargo de la vivienda, de la alimentación y mucho menos de las prestaciones laborales de quienes viajan desde lejos para hacer producir los campos. Se calcula que uno de cada tres tomates cortados en Sinaloa es producto de esta subcontratación irregular. La cadena de valor que llega a las góndolas de los supermercados descansa sobre esa arquitectura de evasión. Las empresas conocen perfectamente las condiciones en que se cosecha lo que venden, eligen no cambiarlas porque les resulta rentable.
Para las mujeres esta precariedad tiene capas adicionales. El 91% de las trabajadoras agrícolas no cuenta con ninguna prestación laboral. El trabajo de cuidados, alimentar, bañar, acompañar a los hijos al surco porque no hay guardería ni escuela en el campo, se suma a la jornada sin reconocimiento ni pago. Las mujeres guerrerenses han compartido públicamente testimonios que lo dicen todo: hincarse en el lodo con nueve meses de embarazo para no perder el jornal, cargar a un bebé recién nacido mientras se cosecha porque no hay alternativa.
No son casos excepcionales, son la norma documentada por Tlachi, por las redes jornaleras y jornaleros, por la propia Alianza Campo Justo que nos une. Y cuando llegan a los hospitales, como el de la Madre y el Niño en Tlapa, enfrentan violencia obstétrica. Las presionan para ligarse las trompas o aceptar implantes anticonceptivos sin que nadie les explique en su lengua de qué se trata, sin consentimiento. Si denuncian el acceso a la justicia es un laberinto. El sistema no está roto, el sistema está diseñado para excluirlas. Una de estas mujeres, en un evento que tuvimos en la Alianza Campo Justo, dijo sin rodeos: dice la presidenta que es tiempo de mujeres. ¿Tiempo de qué? Dice que hay programas para mujeres, pero hasta los 60 años. Si me morí pronto y no llegué a los 60, ¿qué hay para mí? Esa pregunta no tiene respuesta en las políticas actuales y debería tenerla.
La exigencia entonces no puede dirigirse únicamente al Estado. Tiene que llegar con igual fuerza a las empresas que exportan tomates, pepinos y fresas al mercado norteamericano con sellos de certificación y discursos de responsabilidad social, mientras sus proveedores violan la ley de forma sistemática.
Exigimos que las empresas que se benefician del trabajo de las jornaleras de la Montaña de Guerrero garanticen contratos, seguridad social, vivienda digna y cero tolerancia a la violencia de género en sus cadenas de producción. Que lo que vende el supermercado no lleve trabajo forzado invisible a este precio.
Si miramos la economía como una política que debe crear riqueza para distribuirla correctamente, que no debe agotar los recursos ni contribuir al desplazamiento ni a la fractura del tejido social, podemos imaginar algo diferente. Una economía afincada en la proximidad, en la participación social y en la inversión pública donde más se necesita. Una economía social y solidaria como mecanismo de desarrollo comunitario culturalmente pertinente para pueblos y comunidades rurales, en lugar de seguir apostando únicamente a los capitales extranjeros.