Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El control de los grupos delictivos en las zonas mineras de Guerrero no es nuevo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), ha documentado que desde que comenzó a operar el complejo Los Filos-Bermejal en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en 2007, el territorio fue controlado por Los Rojos, después por los Guerreros Unidos y ahora por Los Tlacos.
En declaraciones por teléfono, dos de los representantes de Rema en Guerrero informaron que la organización documentó que Los Rojos recibían de 100 a 110 millones de pesos anuales, por las cuotas de los ejidatarios y de los trabajadores, así como por las concesiones del transporte y acarreo de material, agua y otros servicios no calificados que la minera les entregaba sin participar en las licitaciones.
Además, por el 15 por ciento del programa federal Ramo 33 que el municipio les paga y otro 15 por ciento por la ejecución de las obras.
El jueves, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, admitió que por “intereses económicos muy fuertes” grupos delictivos quieren controlar las zonas mineras del estado, e informó que en Mezcala, donde desde el domingo estaban desaparecidos cuatro pescadores, (uno de ellos ya fue liberado y siguen sin aparecer tres), “convergen” dos grupos delictivos: Los Tlacos y la Familia Michoacana.
Ayer fueron consultados dos representantes de Rema que han monitoreado y documentado el impacto ambiental, económico y social de las mineras Equinox Gold que trabaja en las minas de Mezcala y Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, así como la Media Luna, filial de Torex Gold, que labora en las minas de Nuevo Balsas y El Limón, municipio de Cocula.
A condición de no citar sus nombres, contaron que el control de los grupos delictivos en las zonas mineras del estado, no es reciente, y que, por ejemplo, desde que se abrió la mina Los Filos-Bermejal de Carrizalillo, el territorio fue controlado por Los Rojos, después éstos fueron desplazados por los Guerreros Unidos y actualmente controlan Los Tlacos.
“Carrizalillo ha sido un punto de disputa permanente por los grupos delictivos porque fue una de las primeras minas que comenzaron a trabajar, después se abrió la de Nuevo Balsas, controlada por un grupo delictivo encabezado por un tal Marcelo de Los Guerreros Unidos y ahora por Los Tlacos que están siendo desplazados por la Familia Michoacana”, aseguró uno de los integrantes de la agrupación.
Rema ha documentado que los proyectos Morelos de Torex Gold en Nuevo Balsas, como el de Los Filos de Equinox en Carrizalillo, nunca han estado exentos de la participación de los grupos delictivos.
“Es una zona que siempre ha estado en disputa por estos grupos que participan como subcontratistas, pero también por las cuotas de los trabajadores y ejidatarios quienes reciben su renta anual por sus tierras”, dijo.
Según la agrupación, actualmente Los Tlacos controlan las minas de Carrizalillo y Media Luna, mientras que la de Capela de Teloloapan está bajo el control de la Familia Michoacana que presiona para llegar a las otras dos.
“Es una zona completamente codiciada por esos grupos porque de cierta manera les permite capitalizar sus actividades y su expansión territorial”, explicó.
Dijo que lo que sucede actualmente en Mezcala con la desaparición de cuatro pescadores (uno de ellos ya apareció) tiene que ver con esa disputa de los dos grupos delictivos; “la Familia Michoacana se viene acercando del lado de Cocula a Nuevo Balsas y a Carrizalillo que le pertenece a Los Tlacos”.
Las cuotas
Los integrantes de Rema reconocieron que no tienen datos precisos de cómo se establece la relación de un cartel con una minera, “porque cada una de ellas tiene sus operadores en cada área y niveles, y es difícil conocer un dato como para decir la minera de Carrizalillo paga tanto y la de Media Luna tanto”.
Sin embargo, los activistas, quienes han participado en las negociaciones cuando hay conflictos entre ejidatarios o trabajadores con las mineras, aseguraron que hay pago de cuotas de los ejidatarios y trabajadores a estos grupos, pero además los presionan para que en las negociaciones obtengan contratos para la prestación de servicios a las mineras.
“Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Media Luna tienen concesiones para el acarreo de material”.
Explicaron que el sindicato de trabajadores de Carrizalillo pertenece al Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia y el de Media Luna es de la CTM, “y al final esto no importa, tienen que pagar cuota seas de la CTM o de Napoleón Gómez Urrutia para poder trabajar o realizar sus actividades”.
Explicaron que la operación básica del crimen organizado siempre se vincula con el sometimiento, y que intervienen cada año que hay cambio de comisarios municipales o cada tres años cundo hay cambio de comisariados agrarios, para que cada autoridad tenga que pagar su cuota”.
Añadieron que igual ocurre en los ayuntamientos cuando hay campaña; imponen a su candidato para que una vez que ganan les devuelvan el apoyo con la cuota, y entre las prerrogativas está la entrega del 15 por ciento del ramo 33 y el 15 por ciento para la ejecución de obras.
Uno de los activistas contó que cuando los ejidatarios cerraron la mina a Equinox Gold por el incumplimiento del Convenio, en octubre del 2020, constataron que líderes de Los Tlacos les mandaban mensajes a los ejidatarios respecto a cómo deberían resolver el conflicto.
“Entonces vimos la operación constante del entonces fiscal del estado Jorge Zuriel de Los Santos tratando de mediar pero siempre a favor de la empresa, e incluso llegaba siempre con representantes de la empresa al plantón”.
Argumentó con ello que las autoridades sabían, como saben ahora, de la intervención de los grupos delictivos en las zonas mineras.
“Por ejemplo, cómo se explica que en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (en Carrizalillo) cada que llegaba el operativo de búsqueda tenían que hablarle al comisariado, y a veces lo hizo directamente (Alejandro) Encinas (el subsecretario de Gobernación) para que hablara con el grupo que estaba controlando el pueblo, en este caso Los Tlacos, para que los días u horas que durara la búsqueda no se presentaran o se dejaran ver armados para evitar una confrontación”.
Y cuestionó: “Es decir, en lugar de hacer una actuación en materia de procuración de justicia o aplicación de la ley para terminar con la impunidad, solicitaban permiso para no generar una confrontación, así se define, en los hechos, la política de abrazos y no abrazos”, dijo.
Aseguró que reiteradamente vieron operativos federales, estatales y del municipio “en los que claramente se veía el sometimiento o contubernio, mientras el pueblo estaba sometido por esos actores”.
El mismo activista explicó que también constataron el nivel de violencia: “para nosotros, los Guerreros Unidos eran mucho más agresivos que Los Rojos, eso siempre fue como una característica”.
Recordaron que cuando Los Rojos comenzaron a operar en la zona “siempre establecían procesos previos con los que tenían que extorsionar. En cambio, Los Guerreros Unidos que hoy están más relacionados con la Familia Michoacana, no establecen acuerdos previos, llegan y les dicen así va a ser y si no obedecen te matan o matan a varios para que el sometimiento a través de la violencia sea más fuerte”.
Pero ambos miembros del Rema admitieron que en el caso de la mina de Carrizalillo no tienen datos desde que estaba la Gold Corp y luego la Lea Gold y ahora Equinox Gold que indique si la empresa paga alguna cuota directa o indirecta a los grupos que estaban operando.
“Supimos de la cuota por la renta anual que pagaba el Ejido, también la que pagan cada que hay elecciones y la que paga cada trabajador y cada concesionario transportista de la minera.
Los miembros de Rema contaron que a su vez en Media Luna, el sindicato de la CTM hizo acuerdos con la empresa miera para que le entregaran al grupo delictivo concesiones sin licitar para el acarreo de material, así como para los “procesos de seguridad” de la propia mina “y otras actividades que no estaban vinculadas con la extracción del mineral y para las que no se necesitan equipos especializados”.
Una anécdota
Uno de los activista recordó que cuando estaban las negociaciones por el cierre de la minera por parte de los ejidatarios de Carrizalillo, “habló el encargado de Los Tlacos diciéndole al comisariado que ya había durado mucho tiempo el plantón y que era necesario que ya trabajaran porque él ya necesitaba su dinero, y que aprovechaba para pedirle que le dijera a la autoridad que en el convenio metiera tres contratos para operadores del gobierno; uno para un hermano del gobernador, otro para el secretario de gobierno y otro no se supo para quien”.
Abundó: “Eran tres contratos sin convocatoria para proveer cemento, acarreo de material y transporte de personal”.
Añadió que en tanto en Media Luna, le pidieron a los de Guerreros Unidos, cuando eran los encargados de la zona, que se dieran de alta para participar en los contratos para el acarreo de material, “estamos hablando de la participación de por lo menos 300 camiones de volteo”.
Añadió que también les dieron el contrato para que se hicieran cargo de la seguridad de la minera; “tú veías pasar a los elementos de seguridad pero eran gente del grupo armado que cuidaban las entradas y salidas de la mina, y eran los que tenían controlado todo”.
Los integrantes de Rema informaron que documentaron en Carrizalillo cuando en su momento controlaron Los Rojos que recibían entre 100 y 110 millones de pesos anuales, por las concesiones que tenían, la cuota de los ejidatarios y trabajadores, el 15 por ciento del Ramo 33 y el 15 por ciento por la ejecución de obras.
Con respecto a esto último explicaron: “El crimen organizado contrata a la gente y hace la obra pero se queda con casi toda la ganancia, porque mucha gente la tiene explotada, y a veces se roba el material para hacer las obras, y hay una serie de manejos adicionales que les generan ganancias.
Destacaron que recientemente hicieron una “actualización” y que Los Tlacos estarán recibiendo entre 160 o 170 millones de pesos anuales.
“En Carrizalillo ya hasta hacen actos de procuración de justicia; por ejemplo, si una mujer denuncia a su marido que en la noche llegó borracho y le pegó, van y te aplican el mismo castigo”.
Los integrantes de Rema informaron que han documentado que en las zonas donde operan las cinco minas que se están trabajando en Guerrero: Mezcala, Carrizalillo, Nuevo Balsas, Capela y Campo Morado, pobladores de 215 comunidades han sido desplazadas, porque eran víctimas de secuestros, desapariciones, extorsiones y la imposición de autoridades, “que es el patrón de conducta de todos los cárteles del país”.
