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Claman familiares de los cuatro desaparecidos de Chilpancingo a sus captores que los liberen

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La madre de Elizabeth Catalán Olalde de 39 años y abuela de Diego Gael Peralta Catalán de 17, ambos desaparecidos la madrugada del sábado en el trayecto de Palo Blanco a Chilpancingo, Guadalupe Olalde envió ayer un mensaje a quienes los tienen, les pidió: “de todo corazón les pido que se apiaden de nuestro dolor y nos regresen a nuestros hijos. No queremos nada contra nadie, sólo que nos los entreguen”.
Elizabeth y su hijo Diego Gael están desparecidos desde hace cinco días junto con Eloy Peralta de 38 años, esposo de Elizabeth y padre de Diego Gael, así como Brithany Castro Santiago de 16 años, novia de Diego Gael.
Ayer los familiares de los desaparecidos recorrieron los pueblos de Quechultenango y Colotlipa en donde entregaron volantes, repartieron sus fotos y pidieron a los vecinos que aporten información si los han visto o tienen datos de dónde podrían ser localizados.
Por su parte, Ciri Santiago, Madre de Brithany Castro Santiago, la estudiante de segundo grado de la escuela Preparatoria Número Uno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pidió a la población que le ayuden a encontrar a su hija.
“Estoy desesperada por tener a mi hija en mis brazos. Le pido de todo corazón a la gente que la tiene que la entreguen, yo no quiero nada contra nadie, sólo que me entreguen a mi hija, es lo único que yo pido”, dijo en declaraciones por teléfono.
A cinco días de la desaparición de las cuatro personas, ayer, los familiares recorrieron acompañados por militares, agentes de la Guardia Nacional y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) los pueblos de Quechultenango y Colotlipa para repartir volantes y fotografías de los desaparecidos, como parte de las jornadas de búsqueda.
Ciri Santiago explicó que cuando desaparecieron regresaban de Palo Blanco a Chilpancingo, “y como en Petaquillas hay una entrada para estos lugares pensamos que posiblemente por acá pudieran estar”, dijo.
Reiteró que Brithany salió el viernes aproximadamente a las 10 de la noche a la casa de su pareja Diego Gael, “y como vivimos cerca me dormí confiada que todo estaría bien”.
Por su parte, el papá de la adolescente, Miguel Alberto Castro Juárez aseguró que su hija no había tenido algún conflicto con alguien o alguna amenaza, “nada que mi hija me haya contado, por eso andaban paseando sin precaución en la calle, y no me explico qué haya pasado, qué esté pasando o por qué pasaron las cosas”.
Explicó que la relación de su hija con su novio iba bien, “y yo estaba a gusto con su relación”, contó Miguel Alberto, quien se dedica a la construcción.
Guadalupe Olalde, madre de Elizabeth Catalán y abuela de Diego Gael, dijo que ya van cinco días y no saben absolutamente nada, y volvió a pedir a las autoridades que los apoyen con la búsqueda.
“Sólo esperamos que nuestros hijos estén bien, que regresen sanos y salvos, no queremos nada contra nadie, simplemente queremos a nuestros hijos de vuelta”.
Hasta ayer no se había localizado ni la camioneta en la que regresaban los cuatro de Palo Blanco: Eloy Peralta, su esposa Elizabeth Catalán, su hijo Diego Gael y la novia de éste, Brithany.
Ayer se supo que los cuatro fueron a dejar a Palo Blanco a una persona a quien los adolescentes le dicen “padrino”, porque en diciembre pasado fue a “pedir la mano” de Brithany y sólo esperaban tener la mayoría de edad para que se casaran.
La Madre de Elizabeth explicó que, incluso, los adolescentes ya viven juntos en la casa de la mamá de Brithany y que llevan una relación normal.
Informó que le hablaron a la persona que fueron a dejar a Palo Blanco y les aseguró que conforme lo dejaron en su casa se regresaron a Chilpancingo.
Ciri Santiago contó que la última comunicación que tuvieron con ellos sería aproximadamente a las 2:50 de la madrugada del sábado, cuando su nieto Diego Gael se comunicó por teléfono con su hermana y le dijo: “estamos bien, ya vamos para allá”, pero no le precisó en qué punto iban.
A partir de entonces perdieron contacto con ellos, “no volvimos a saber nada porque se apagaron los celulares y ya no supimos absolutamente nada hasta la fecha”.
Ciri Santiago supone que les quisieron robar la camioneta, una Toyota Hilux blanca de doble cabina, modelo 2015 sin rotulación y con placas de Guerrero, propiedad de la empresa para la que trabaja su yerno, quien está muy apegado a la familia de su esposa Elizabeth, debido a que desde pequeño quedó huérfano y le dieron el respaldo.
La madre de Elizabeth contó que esa noche Eloy Peralta llevaba en la caja de la camioneta dos tambos con Diesel porque muy temprano se iba a ir a su trabajo, “pero ya no volvieron”.
Aseguró: “nunca había tenido algún problema, mi hija tampoco, trabaja en Coopel y Liverpool, por eso yo pido que se apiaden de esta madre que está sufriendo mucho”.
Bernardo Ignacio Catalán Olalde, hermano de Elizabeth y tío de Diego Gael, llamó a quienes se los llevaron a que los entreguen y prometió que no van a proceder en su contra, incluso ni por la camioneta, “lo que nos interesa es que nuestros familiares regresen con bien”.
Insistió: “el mensaje es que únicamente queremos a las personas, no nos interesa lo material, queremos a nuestros familiares”.
Aseguró que ninguna de las victimas había recibido alguna amenaza o que haya tenido algún problema con alguien, “simplemente dejamos de tener contacto con ellos desde la madrugada del sábado, no hemos sabido nada, simplemente desaparecieron”.
La ruta donde desaparecieron, Palo Blanco-Chilpancingo, así como los lugares que recorrieron ayer, es una zona controlada por el grupo delictivo Los Ardillos, sin embargo, los familiares no han señalado o responsabilizado a alguien o a algún grupo por la desaparición.
Las dos familias convocaron ayer a organizaciones sociales, a organismos de derechos humanos y a familias que tengan desaparecidos a una marcha que partirá a las 8 de la mañana del parque Margarita Maza de Juárez, ubicado al norte de Chilpancingo.

Se retira la base del Ejército del crucero de El Jagüey en Chilapa, denuncia el Cipog-EZ

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la tarde del domingo se retiró la base del Ejército del crucero de El Jagüey, en el municipio de Chilapa, una zona importante porque separa a sus “comunidades de los territorios controlados por el grupo paramilitar Los Ardillos”.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo aseguró que también se retiraron los agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, dijo que ya informó a funcionarios del gobierno del estado y advirtió que si el Ejército no regresa a dar seguridad bajarán como sistema comunitario a tomar la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana de ayer en un comunicado el Cipog-EZ informó que el domingo militares se retiraron de una base que había instalado en el crucero de El Jagüey tras los enfrentamientos armados en contra de Los Ardillos, el crucero se ubica a unos cuatro minutos en vehículo pasando la localidad de Atzacoaloya, en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
“Es claro que durante todos estos años somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres del Cipog-EZ quienes hemos resistido los embates de los grupos delincuenciales”, manifestó.
Afirmó que a pesar de que el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal circulan por la carretera Chilapa-Hueycantenango, “cuando han asesinado a nuestros hermanos las fuerzas del Estado no están por ningún lado”, y mencionó los asesinatos de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Morales, quienes fueron hallados asesinados el 5 de noviembre en Xochimilco a las afueras de Chilapa, “donde hay un cuartel militar”.
El Cipog-EZ resaltó que es preocupante que el Ejército se retire, “porque es una zona importante que separa a sus comunidades de los territorios controlados por Los Ardillos, de tal forma que quedamos frente a frente nuevamente con los grupos delincuenciales”.
Llama a las autoridades y ciudadanos a “estar atentos de lo que pueda suceder en estos días, es evidente que el Estado sabe que habrá ataques y muerte, pero eso no le interesa”.
Contactado vía telefónica, Plácido Galindo detalló que fue a las 4 de la tarde del domingo cuando los militares se retiraron del crucero de El Jagüey ubicado adelante de la comunidad de Atzacoaloya, donde “se posicionaron Los Ardillos”.
–¿Les informaron los militares que se retirarían?
–No nos informaron, se retiraron sin avisarnos, sabemos que en esa trinchera del crucero de El Jagüey siempre han estado integrantes de Los Ardillos, y cuando los desplazamos quedamos de acuerdo con el gobierno del estado que ahí estaría el Ejército, pero al no tener una buena coordinación entre ellos (las autoridades) tomaron posesión Los Ardillos.
–¿Ya se comunicaron con algún funcionario del gobierno del estado, con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, o con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez?
–Se le informó a Francisco Cisneros que Los Ardillos se están posicionando y nos preocupa porque cada vez que ellos toman posición atacan a nuestras comunidades sin importar si hay mujeres o niñas, tampoco trabajan los transportistas de las comunidades para bajar al municipio de Chilapa, porque comienzan a levantarlos y a desaparecerlos.
Aseguró que también le avisaron a Reynoso Núñez pero se niega a aceptar que el Ejército se retiró de la base, “hoy hemos recorrido las zonas donde estaban y no están”.
Afirmó que otro cuartel cercano a la comunidad de Tula también está vacío, no hay nadie del Ejército, ni Guardia Nacional ni Policía Estatal.
–¿Suspendieron sus viajes para ir a abastecerse a la cabecera municipal de Chilapa?
–De hecho la gente evitó bajar a Chilapa por lo mismo de que los quieran levantar y desaparecer, ahorita toda la región del Cipog-EZ está alerta. Estamos en todas las trincheras de nuestros cerros por cualquier incursión de Los Ardillos, ya está lista la población para defenderse.
Plácido Galindo cuestionó que a pesar de que el Ejército llegó a Chilapa no se ha detenido a ningún integrante del “grupo narco paramilitar Los Ardillos”.
Destacó que el 5 de noviembre pasado fueron asesinados tres de sus compañeros promotores del Cipog-EZ, y “hasta ahorita no ha se ha detenido a ningún responsable por el crimen”.
Expuso que sabe cómo se mueve el grupo del crimen organizado que se dedica a “la extorsión en Chilapa, al secuestro, el cobro de cuota a los taxis y a comerciantes, han amenazado a médicos y maestros”.
“Aquí es responsable tanto el presidente municipal de Chilapa (Aldy Esteban Román del PRI), como el diputado (local priista), Jesús Parra, quien gobernó Chilapa y que con él aumentó el homicidio, el secuestro y la extorsión”, expresó.
Aseveró que su organización suma 50 integrantes asesinados y 20 desaparecidos, y por esos casos no hay ningún responsable detenido.
Responsabilizó al gobierno del estado de cualquier cosa que le ocurra a la población del Cipog-EZ, y mencionó que también ya le informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a representantes de la ONU para que estén atentos de lo que pueda ocurrir si el grupo paramilitar incursiona en su territorio, y el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).
Plácido Galindo también exhortó al gobierno federal a no ser cómplice de lo que está sucediendo, porque dijo desde el 21 de octubre pasado cuando en su gira por Guerrero abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigieron seguridad, trabajar su tierra y vivir en paz, y durante “todo este tiempo se nos sigue matando a nuestra gente y desplazando y las cosas sigan tensas”.
Aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional no garantizan la seguridad de los ciudadanos de la Montaña baja de Guerrero, “la guerra se va acabar cuando detengan a los grupos paramilitares”.
Advirtió que si ya no regresa el Ejército a ocupar el crucero de El Jagüey, como sistemas comunitarios bajarán a tomar la cabecera municipal de Chilapa, “ante el vacío de seguridad que deja el gobierno del estado”.

Los Ardillos atacaron al empresario en Ayutla, no la UPOEG, señala Bruno Plácido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, aseguró que quienes participaron en la balacera y persecución en contra de un empresario en Ayutla el jueves, fueron miembros del grupo delictivo Los Ardillos.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la agrupación denunció que ese grupo delictivo ya está operando en Ayutla y Tecoanapa, porque “hay un acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo para replegar a la UPOEG, de la que, aseguró, ya hay muchos asesinados y desplazados de esa región.
El jueves vecinos de Ayutla y Tecoanapa denunciaron que al menos dos muertos, un niño y un adulto, fue el resultado de una persecución a balazos en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, tramo Tecoanapa-Ayutla por presuntos integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG a un empresario materialista.
Las autoridades estatales solamente confirmaron la balacera y un muerto y en un boletín informaron que quienes participaron fueron civiles armados con vestimenta de la “policía comunitaria”, en referencia a la policía de la UPOEG.
Plácido Valerio dijo que el empresario propietario del establecimiento que fue agredido hace años secuestró a una persona y estuvo preso, “y la información que tenemos es que su negocio es de lavado de dinero, pero eso lo tendrían que investigar las autoridades”.
Sin embargo deslindó a la UPOEG del ataque, “quienes lo agredieron fue la otra parte que controla Tecoanapa y Ayutla que son Los Ardillos contra la otra gente”.
Aseguró que “el gobierno ya sabe quiénes fueron porque les mandé fotos, lo que pasa es que es muy fácil culparnos todo el tiempo a nosotros de todo”, se quejó.
Dijo que el problema es que el grupo delictivo ya amenazó a comisarios, a comandantes y a mucha gente de la UPOEG.
Informó que él ha presentado las denuncias pero que no han prosperado porque “el acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo de Los Ardillos es erradicar a la UPOEG de la región Costa Chica.
El dirigente de la agrupación dijo que por eso se quiere culpar a la UPOEG de la violencia en esa región, cuando quienes la provocan son Los Ardillos y Los Rusos.
Aseguró que la UPOEG se ha replegado porque además de la persecución de parte de los gobiernos estatal y federal, los grupos delictivos les han matado a mucha gente y a otros los han amenazado, “mientras que las autoridades no ponen orden, como traen armas de alto poder”.
Denunció que mucha gente de la UPOEG ha salido desplazada no sólo por la violencia de esos grupos delictivos (Ardillos y Rusos), “sino porque también el gobierno nos empezó a hostigar y yo le pedí a los compañeros que se desplazaran, por eso es que los grupos delictivos aprovecharon”.
Según el dirigente de la UPOEG, “la opinión de la gente de esa región es que hay un acuerdo entre el gobierno y los grupos delictivos para desplazarnos a nosotros”.
Agregó que los dos grupos “ya tienen rato matando gente en esa región y todo mundo sabe quiénes son pero todo mundo tiene temor de denunciarlos”.
El dirigente lamentó que las autoridades estén persiguiendo más a la organización social que a la delincuencia.
Explicó que Tecoanapa y Ayutla ya están bajo el control de Los Ardillos y el resto de los municipios “de Acapulco para abajo”, por Los Rusos.

Bloquean la autopista familiares de los tres desaparecidos en Quechultenango

Familiares y amigos de Adolfo Aparicio Bello, Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas quienes desaparecieron el pasado viernes en Quechultenango, durante el bloqueo a los carriles norte-sur de la Autopista del Sol en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Familiares y amigos del encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Adolfo Aparicio Bello, así como de Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas, quienes desaparecieron el viernes en Quechultenango, bloquearon cuatro horas la Autopista del Sol en Chilpancingo, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
En la noche, por teléfono el hermano de Adolfo informó que ayer se localizó la camioneta en que viajaban y a que a ello ayudó el helicóptero que la familia había solicitado para hacer un recorrido por la zona.
“Ya teníamos localizados los puntos”, dijo, pero recriminó que como el domingo la FGE inició tarde los trabajos la neblina impidió que continuaran.
Por el bloqueo que realizaron dijo que la búsqueda este lunes fue diferente, incluso participaron el Ejército y la Guardia Nacional.
La camioneta en la que viajaban fue localizada y hay personas dentro, pero no saben su identidad, dijo, y precisó, “del vehículo sí, aún tenemos ese rayito de luz de encontrar con vida a nuestros familiares”.
Detalló que este martes continuarán las labores de rescate para sacar la camioneta e identificar los cuerpos que están dentro.
Mientras que en la protesta unos 100 manifestantes llevaban pancartas en el encauzamiento del bulevar del río Huacapa, a unos metros de la autopista, en las que se leía, “Gobernadora exigimos el regreso con vida de nuestros familiares”, “Necesitamos la aparición con vida de Adolfo, Efrén y Pedro”, “Tu familia te espera”.
Al lugar llegaron el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el subdirector de Negociaciones de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Julián Arcos para solicitarl a las familias que no bloquearan “porque un problema no se soluciona con otro problema”.
Los funcionarios aseguraron a los manifestantes que se retomaría la búsqueda pero que permitieran los trabajos a la Fiscalía y a las demás corporaciones para la localización de los tres hombres.
Sin embargo, los manifestantes cerraron unos minutos la vialidad a unos metros del Huacapa, posteriormente avanzaron a la Autopista del Sol, la cual bloquearon en el sentido norte-sur y también el entronque con la carretera federal a las 11:20 de la mañana.

En el bloqueo

La madre de Adolfo, Higinia Bello contó que su hijo desapareció el viernes y que el último contacto fue a las 7:25 de la noche en el tramo Quechultenango-Chilpancingo, “mi hijo es trabajador de los Derechos Humanos, sin embargo tenemos un negocio familiar. Hace cinco meses murió mi esposo y Adolfo es el que me está apoyando en algunos trabajos”.
Adolfo junto con Romero Sotelo y Barrios Cárdenas llegaría a Chilpancingo pero anocheció, por lo que Higinia salió a buscarlos con otro familiar porque dijo que pensó que tal vez se les había ponchado una llanta, pero no los localizaron.
Contó que buscaron en todo el camino, considerando también que tal vez habían tenido algún accidente y caído en alguna barranca, y al no tener resultados interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El domingo acudió la Fiscalía al lugar de donde salió Adolfo con los otros dos hombres, pero como acudieron en la tarde los trabajos se suspendieron porque la neblina estaba densa y la lluvia tampoco permitió que vieran más abajo del barranco.
“Ahora las autoridades me dicen que no cierre la autopista, que un problema no se resuelve con otro, pero les dije que en las acciones que realizaron el domingo no hubo nada”, Higinia comenzó a llorar y a gritar de la desesperación.
“El tiempo corre, la vida de mi hijo está en peligro, por favor que me ayude la señora gobernadora, que me escuche y apoye, porque la Fiscalía está saliendo otra vez tarde para la búsqueda”, reclamó.
Continuó llorando, su cuerpo se desvaneció y dos mujeres la tuvieron que sostener, “son dos personas más que están en peligro, mi hijo y dos de mis trabajadores, por favor, por favor, hay que unirnos para peinar la zona, desde Petaquillas, Mochitlán y Tepechicotlán, porque hablan de que hay cuevas”.
La madre reprochó que la FGE le aseguró que acudirían perros buscadores y helicópteros para localizarlos pero no asistieron, “yo pido drones para poder mirar porque la superficie es muy accidentada”.
Higinia tiene un aserradero, Maderas de la Sierra, las instalaciones se ubican en la capital. La madre contó que su hijo le ayuda cuando tiene tiempo libre porque su esposo murió hace cinco meses. De acuerdo con las familias los dos trabajadores y Adolfo realizarían un trabajo y ese mismo día regresarían, pero no fue así.
El tiempo que estuvo el bloqueo sobrevoló un dron de la Policía Estatal, además los agentes de la Guardia Nacional constantemente tomaron fotografías a las familias.
Uno de los manifestantes informó que con el GPS rastrearon el celular de Aparicio Bello y la localización les indicaba que estaban en una cueva en dicho tramo carretero.
Al lugar llegó la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán para dialogar con las familias.
También acudieron unos 50 policías estatales con equipo antimotines pero permanecieron en la calle lateral de la autopista en la espera de la orden del desalojo, algunos familiares y amigos se arrodillaron y recriminaron que se utilizaría la fuerza pública para replegarlos y que esos policías podían servir para la búsqueda.
Al saber que las autoridades iniciaron los trabajos de búsqueda los manifestantes a las 12:30 del día comenzaron a abrir y cerrar cada 15 minutos la vialidad, donde cientos de automovilistas quedaron varados.
Minutos antes de las 3 de la tarde los manifestantes se replegaron a la banqueta de dicha vialidad, en tanto una comisión de familiares de los desaparecidos fue a una reunión a la Fiscalía.
Las personas que permanecieron en la vía lateral de la Autopista lloraron por los hombres desaparecidos y una mujer se desmayó, pero no informaron si ya se habían localizado a sus familiares.
La Fiscalía también difundió un boletín para localizar a Efrén Barrios Cárdenas de 55 años, pero no de Pedro Romero Sotelo, este último es uno de los desplazado de Campo de Aviación del municipio Leonardo Bravo.
El encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Codehum, también fue precandidato morenista para la alcaldía del municipio de Copala en el 2021.
En un comunicado se informó que el gobierno de Guerrero amplió el operativo de búsqueda por aire y tierra con agentes de las secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como de la Fiscalía estatal, para agilizar la localización de tres personas reportadas desaparecidas.
Se detalló que el grupo estaba integrado por agentes de la secretaría de Seguridad Pública, quienes dan acompañamiento a integrantes de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Derechos Humanos.
“El resguardo y acompañamiento está al mando de María de Jesús Varona y junto a ellos se trasladó un grupo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, con el titular Víctor Parra Téllez, además de personal de Protección Civil y de un grupo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado”, se informó.
Se indicó que la instrucción al personal fue brindar apoyo, seguridad y facilidades hasta encontrar a los tres ciudadanos reportados desaparecidos, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín en el municipio de Quechultenango.
El municipio de Quechultenango es señalado por las autoridades como el bastión de la organización criminal Los Ardillos.

Recuento: 47 muertos, 21 desaparecidos y un detenido de la CRAC-PF desde 2015

Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa y Jose? Joaquín de Herrera se manifestaron el viernes al paso del convoy del presidente Andre?s Manuel Lo?pez Obrador por el crucero de Colotepec, donde lo pararon 15 minutos para exponerle la situacio?n de violencia en sus comunidades Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 24 de noviembre del 2015 la Urvan número 45, placas 4668-FMC, salió poco después de las 6 de la mañana de San Jerónimo Palantla con siete pasajeros a bordo rumbo a Chilapa. A las 6:40 en el punto conocido como La Ciénega, antes de llegar a Atzacoaloya, fue atacada a balazos y cuatro de los ocupantes, el chofer y tres mujeres, fallecieron por la lluvia de disparos.
Elizabeth, una niña de cuatro años y Flora, una adolescente de 14 resultaron heridas. El séptimo pasajero logró huir ileso.
Las cuatro víctimas mortales fueron: Ángela Casarrubias Cortés de 52 años, su hija Ana Orgín Casarrubias de 22 y madre de Elizabeth. Además Victoria Díaz Bernabé de 34 años y el chofer de la Urvan, Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era promotor y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de San Jerónimo Palantla, de donde eran originarias las demás víctimas.
Ese día, de acuerdo a la CRAC-PF y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), marcó la violencia que viven los pueblos nahuas de esa región de Chilapa que ha dejado 47 asesinatos, 21 desaparecidos y un detenido.
Esas cifras fueron las que le entregaron en un documento el viernes pasado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el crucero de Colotepec donde el mandatario fue interceptado.
Le reprocharon que los tres órdenes de gobierno han minimizado y no han querido resolver ni atender el problema de la violencia provocada por los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos, aunque el primero ya fue desarticulado con la detención de su líder Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, el 21 de agosto del 2019.

Casos representativos

La masacre del 24 de noviembre del 2015 fue atribuida por la CRAC-PF y el Cipog-EZ a integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) al que pertenece un grupo de vecinos de San Jerónimo Palantla, y al que vinculaban con el grupo delictivo Los Rojos.
El 11 de junio del 2016, fue asesinado en Xochitempa el comandante suplente de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Florencio Morales Salgado, en un operativo de la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y vecinos de San Jerónimo Palantla representados por el FDP.
El 19 de diciembre del 2018, 12 vecinos de El Paraíso de Tepila desaparecieron. Entre ellos Anita, de tres años, Elena y Zacarías de seis, Juanita de siete, Emiliano de nueve, Sergio y Jorge de 12 años, Rosaria de 15, Ángel de 17. Así como Rosaria Ignacio Melchor de 60, Alberto Espiridión Ignacio de 40 y Antonia Andraca Celedonio de 36.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ, responsabilizaron de la desaparición masiva a la policía comunitaria del grupo Por la Paz y la Justicia que relacionan con Los Ardillos.
El 4 de mayo del 2019 fueron ejecutados en Chilapa los consejeros de la CRAC-PF y concejales del Cipog-EZ ante el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, el primero de Xicotlán y el segundo de Buena Vista.
El 16 de mayo de 2019 los indígenas Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla, de San Jerónimo Palantla, fueron levantados cerca de Xochitempa y siguen desaparecidos.
El 23 de mayo del 2019 el comandante regional de la CRAC-PF y concejal del Cipog-EZ ante el CIG-CNI, Bartolo Hilario Morales, de Tula, fue levantado en el crucero del Jagüey en la carretera Chilapa-Hueycantenango y su cuerpo fue encontrado desmembrado y embolsado al día siguiente junto al del indígena de Xicotlán, Isaías Xanteco Ahuejote, en el punto conocido como Las Antenas de la carretera Chilpancingo-Tlapa.
El 2 de junio de 2019 fue ejecutado frente a su esposa en Hueycantenango, Eugenio Máximo Hilario, ex comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). La dirigencia del Cipog-EZ denunció entonces que los responsables fueron policías municipales de ese lugar e integrantes del grupo Los Ardillos.
El 7 de julio de 2019, fue levantado el comandante de la Policía Comunitaria de Alcozacán, Felipe de Jesús Tolentino Bolaños. Su cuerpo fue encontrado el 11 de julio cerca de Chilapa.
El 8 de julio de 2019 fueron levantados en el crucero del Jaguey, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas Reyes, policías comunitarios de Ayahualtempa, sus cuerpos fueron encontrados en el crucero de Rincón de Chautla el 11 de julio. El día que los levantaron bajaron a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y en la “expropiación” de fertilizante.
El 10 de julio de 2019, fueron bajadas de una combi del transporte público en el crucero del Jagüey las delegadas del CNI, Juana Fernández Ambrosio y Alberta Martínez Rendón. Sus cuerpos fueron encontrados degollados y con huellas de tortura al día siguiente cerca de la colonia Corral de Piedra de Chilapa.
El 8 de agosto del 2019 fue levantado en el crucero del Jagüey, Hilario Tepetitlan, originario de Alcozacán y su cuerpo fue hallado horas después cerca de la colonia Corral de Piedra.
El 7 de septiembre de 2019 fue levantado en Hueycantenango el regidor de seguridad pública de José Joaquín Herrera y policía comunitario de Ayahualtempa, Leocadio Bolaños Hernández. Su cuerpo fue encontrado decapitado al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito, cerca de esa cabecera municipal.
El 14 de septiembre de 2019 fue levantado en Tlachimaltepec, José Joaquín de Herrera, el policía comunitario de Alcozacán, Silviano Morales Joaquín. Su cuerpo fue encontrado cerca de la comunidad de Tospanyo el 17 de septiembre.
El 8 de octubre de ese año fue acribillado cerca del módulo de la Policía Municipal en Hueycatenango el policía comunitario de Zacapexco, Santos Vázquez Andraca.
El 18 de octubre de 2019 fue levantado en el río La Hamaca, entre Acojtapaxtlán y El Epazote, Fidel Bolaños Rojas, originario de Ayahualtempa. Al día siguiente desapareció su hijo Félix Isidro Bolaños Hernández, cuando lo buscaba en Colotlipa, municipio de Quechultenango. Ambos continúan desaparecidos.
El 1 de noviembre de 2019 fue asesinado en Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango, Samuel Rojas Dorantes, originario de Ayahualtempa.
El 18 de noviembre de 2019 fue asesinado en la colonia Piedra Colorada de Hueycantenango, Isaac Martínez Rosendo, vecino de Ayahualtempa.

Las víctimas del 2020

El 17 de enero de 2020, Alcozacán se vistió de luto. Ese día fueron masacrados 10 vecinos de ese pueblo, todos integrantes del grupo Sensación Musical, cuando regresaban de una tocada en Tlayelpan.
A cinco de las víctimas les prendieron fuego en el interior de la camioneta en que viajaban y los otros cinco fueron asesinados a balazos, algunos tenían el tiro de gracia.
Los muertos fueron los hermanos José Julio de 37 años y Cándido Fiscaleño Hilario, de 20, Crescenciano Migueleño Coapango de 37, chofer de una de las camionetas, Israel Tolentino Ahuelicán de 24, chofer de la otra camioneta y policía comunitario.
Los otros fueron Israel Mendoza Pasado de 15 años, Regino Fiscaleño Chautla, Antonio Mendoza Tolentino, Lorenzo Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Marcos Fiscaleño Baltazar.
El 15 de agosto fue levantado en Totopacholpe, territorio del grupo Por la Paz y la Justicia, Rutilio Bolaños Gatica, de Ayahualtempa, y encontrado asesinado al día siguiente en Kamoxtepec.
El 19 de diciembre fueron encontrados con huellas de tortura, maniatados y con el tiro de gracia en el punto conocido como La Herradura, los cuerpos de los miembros del Cipog-EZ originarios de Alcozacán, María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, quienes habían sido levantados en Chilapa un día antes.
El 7 de marzo, ya del 2021, fue atacada una camioneta de policías comunitarios cerca del crucero de Olinalá por hombres armados con AK-47 y AR-15, resultaron heridos cuatro policías comunitarios: Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Pérez y Jordán Terjiño Luna, éste último falleció al día siguiente.
El 7 de diciembre de 2021 desapareció en Hueycantenango cuando fue a visitar a sus familiares el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza de 30 años, originario de Alcozacán.
El 11 de diciembre desaparecieron los ex policías comunitarios Felipe Tlalxintle Tepexco de 62 años y José Juan Reyes Román de 24, el primero de Xochitempa desapareció entre las comunidades de Mexcaltepec y San Jerónimo Palantla, y el segundo de Ayahualtempa fue levantado en Hueycantenango.
El 16 de enero del 2022, Delfina Ramírez Morales de 26 años fue detenida por policías municipales de José Joaquín de Herrera, según la dirigencia del Cipog-EZ y su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego en la comunidad de Temixco.
El 25 de enero desaparecieron el comandante regional de la CRAC-PF de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario de Tula Samuel Hernández Sánchez. El Cipog-EZ responsabilizó a policías municipales de Atlixtac.
El 6 de mayo fueron levantados cerca de Atzacoaloya, Lorena Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote, horas después sus cuerpos fueron encontrados por agentes ministeriales dentro de su camioneta al fondo de una barranca.
El 21 de mayo fue levantado en Hueycantenango Justino Tapia Rosendo de Ayahualtempa de 19 años y estudiante de la UAG. Justino, quien era hijo del policía comunitario Margarito Tapia, fue encontrado asesinado cerca de San Marcos, municipio de José Joaquín de Herrera.
El 9 de julio fue asesinado en Chilapa el policía comunitario y fundador de la CRAC-PF, Alberto Morales Sebastián, de la comunidad de Tula.
El 24 de julio fue asesinado en Chilapa Nicolás Pérez Zoyateco de 49 años, originario de Alcozacán.
Los desaparecidos más recientes son Secundino Jiménez Plácido de Zacapexco, desaparecido el 28 de septiembre en Atzacoaloya, y Celso Cocotzin Tolentino de Alcozacán, según el Cipog-EZ secuestrado en Chilapa el 18 de octubre.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ cuentan también como parte de la violencia, la detención del policía comunitario de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, Godofredo Cortés Reyes.
Godofredo fue detenido en marzo de 2016 acusado de homicidio y privación ilegal de la libertad, derivado de una masacre el 8 de febrero de 2015 en la comisaría de San Jerónimo Palantla, donde cinco indígenas fueron asesinados, según los familiares de las víctimas, por policías comunitarios de la CRAC-PF.

Atacan con un dron explosivo la base de la UPOEG en Buenavista de la Salud, Chilpancingo

Soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional en la base de la policía de la UPOEG en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo que fue atacada ayer desde un dron Foto: El Sur

Luis Blancas

Chilpancingo

Integrantes del grupo criminal Los Ardillos atacaron con un dron explosivo la base de la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, informaron fuentes de la organización.
Señalaron que los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana de este jueves, los agresores lanzaron un dron con explosivos a la base y detonó afuera del lugar.
Dijeron que en el hecho no hubo personas lesionadas ni daños materiales.
Los policías de la UPOEG reforzaron la seguridad en la localidad, ubicada a unos 20 minutos de la capital, para evitar que integrantes del grupo criminal Los Ardillos los atacaran en la base de la organización.
Comentaron que por este hecho dos horas suspendieron el servicio de energía eléctrica, la red de la telefonía celular, teléfono e internet de la localidad, que dejó incomunicada la población.
Dijeron que después llegaron autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar las investigaciones del hecho, “sólo vinieron a tomar fotos y se fueron”.
También denunciaron la presencia de civiles armados en la Autopista del Sol y la comunidad de El Ocotito desde hace cuatro días, en la que no hay presencia de autoridades policiacas en la zona del Valle del Ocotito.
Por su parte, en un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) se informó que a las 10:30 de la mañana un artefacto explosivo, fue arrojado a la base principal de la comunitaria de la UPOEG, desde el peñasco frente a la base.
Policías ministeriales se trasladaron al lugar con militares y policías estatales para verificar los hechos, mismos que fueron confirmados por personal de la base comunitaria, quienes refieren haber escuchado la detonación y observar una nube de polvo, sin lesionados y únicamente con daños materiales. “Todo parece indicar que es un acto de Los Ardillos en contra de los comunitarios”, dijeron.
Estos hechos ocurren luego de que el martes llegaron 300 efectivos de la Guardia Nacional a Chilpancingo, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México, para reforzar la seguridad en la ciudad y en las comunidades por los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días.
La base de la UPOEG de Buenavista de la Salud ha sido atacada por civiles armados por lo menos en 10 ocasiones en los últimos cuatro años. El 26 de enero de este año fue atacada con armas de alto poder y granadas presuntamente por el grupo criminal Los Ardillos, que dejó cuatro policías de la UPOEG muertos, entre ellos su comandante, profesor Mario Zamora. El 7 de marzo presuntos integrantes de Los Ardillos atacaron con granadas y a balazos la comandancia, lo que dejó dos policías de la organización heridos.

Narcomantas en dos puentes de la autopista en Chilpancingo contra el titular de la SSP

La noche del martes fueron encontradas narcomantas en distintos puntos de la capital, en las que se acusa al secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez de haber recibido 3 millones de pesos de un grupo criminal.
Fuentes policiacas informaron que minutos después de las 11 de la noche del martes recibieron el reporte de que había dos narcomantas en los puentes peatonales de las colonias Lázaro Cárdenas y Obrera, en la Autopista del Sol.
La manta decía, “Secretario de seguridad pública Evelio mendez gomez, ya se save que usted recibió 3 millones de pesos por parte de celso ortega líder de los ardillos para perseguir a los tlacos y facilitar la entrada a los Ardillos”.
“Si usted se presta esos acuerdos usted sera responsable de la guerra que se desate ya que no se les va permitir a nadie que entre la plaza tiene dueño y la mantenemos tranquila, pero si quieren guerra miedo hay y les avisamos que no se les va permitir a nadie venga a calentar la plaza como lo quieren provocar el Secretario de Seguridad del estado Evelio Mendez Gomes con sus acuerdos y con los tres millones que recibió piensa que va permitir la entrada de gente que solo quiere extorsionar, robar, secuestrar y matar a gente inocente como lo hacen Los Ardillos”.
Después le sigue, “Gente de Chilpancingo ya no se dejen engañar y denuncien a las autoridades que se prestan ayudar a los ardillos a desparecer a empresarios de Chilpancingo con ayuda de los ufes y sus acuerdos que tenían con menchaca y ahora lo hicieron con evelio”.
“Sra gobernadora, si usted no quiere que se desate una guerra ponga en orden a su gente, no confundan la tranquilidad con miedo o ausencia estamos presentes y tenemos tranquilos pero si eso no les gusta ustedes serán los que ocasionen la guerra”, concluye el mensaje.
Las dos narcomantas fueron retiradas por los uniformados y fueron trasladadas a la Agencia del Ministerio Público para realizar las investigaciones. (Redacción / Chilpancingo).

No tuvo la custodia de los tres tigres; fueron asegurados por la FGE, responde la Profepa

Redacción

Chilpancingo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la dependencia no tuvo la custodia de los tres tigres asegurados en febrero en un cateo en el municipio de Quechultenango.
En una publicación en Twitter, la dependencia indicó que los tres felinos fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En una nota publicada ayer en El Sur, el vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la FGE, Ramón Celaya Gamboa, dijo que la situación de los tres tigres incautados en Quechultenango es responsabilidad de la federación y que como Fiscalía, “ya se clarificó todos los puntos”.
La Profepa publicó en su cuenta de Twitter, “Los ejemplares fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado. La PROFEPA no tuvo la custodia de los animales”.
El 6 de marzo la Profepa informó que los tres tigres incautados en el municipio de Quechultenango el 16 de febrero están desaparecidos e investiga para dar con su paradero.
Por su parte pobladores de Quechultenango señalaron que los tres tigres murieron porque quedaron abandonados en el lugar donde fueron asegurados, sin la atención de las autoridades, informaron fuentes policiacas
El 17 de febrero la Fiscalía difundió en un comunicado que sus agentes cumplieron el 15 de febrero una orden de cateo en el municipio de Quechultenango, que concedió un juez de control.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de “hierba seca con características propias de la marihuana”, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
El viernes pasado fuentes policiacas dijeron que los tres tigres asegurados murieron en el lugar donde se encontraban.
Una nota publicada en la agencia Reforma precisa que se preveía que autoridades trasladarían a los tigres a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), ubicada en el municipio de Tecpan de Galeana.
Sin embargo, el operativo de rescate se retrasó debido a que la delegación de la Profepa no contaba con jaulas y un zoológico que aceptara a los ejemplares. Y una fuente del gobierno estatal declaró a ese diario que “lo que pudo haber pasado es de que los dueños de esos tigres regresaron y se los llevaron”.

Mueren los tres tigres que fueron incautados en un cateo en Quechultenango en febrero

Los tres tigres que fueron hallados en Quechultenango en febrero, muestran una flaqueza extrema en una imagen difundida ayer Foto: El Sur

Los tres tigres que fueron asegurados en el municipio de Quechultenango en febrero pasado, murieron en el lugar donde los encontraron informaron fuentes policiacas.
Señalaron que entre el martes y miércoles autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron a Quechultenango para continuar las investigaciones de las carpetas de lo que aseguraron, y hallaron a los tres felinos muertos.
Las fuentes policiacas indicaron que el martes los pobladores escuchaban los rugidos de los tigres, y desde miércoles ya no los oyeron.
Las autoridades policiacas no dieron detalles a dónde trasladarían los restos de los tres animales.
Por la noche se intentó comunicar con las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para solicitar información de la situación de los tres tigres, no contestaron el teléfono.
Por la tarde en grupos de WhatsApp se difundió una fotografía de los tres tigres muertos, pero las autoridades de gobierno no confirmaron si eran los tres ejemplares asegurados.
El 17 de febrero el Fiscalía difundió en un comunicado que sus agentes cumplieron el 15 de febrero una orden de cateo en el municipio de Quechultenango, que concedió un juez de control.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de yerba seca con características propias de la mariguana, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y fuerza aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
En respuesta a los operativos de seguridad de los tres niveles de gobierno en Quechultenango, el 16 de ese mes unos 30 militares y un grupo de agentes de la Policía Ministerial, que incursionaron en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, señalado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales como el santuario del grupo delictivo de Los Ardillos, fueron retenidos por pobladores de la cabecera municipal más de cinco horas y liberados hasta que el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, fueron a firmar una minuta de acuerdos.
El 22 de ese mes el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno estatal, Ángel Almazán Juárez, informó que los tres tigres que fueron asegurados en Quechultenango, continúan en este municipio y añadió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está buscando un lugar para llevarlos. (Luis Blancas / Chilpan-cingo).

Su relación con grupos criminales, uno de sus grandes logros, dice el obispo

Uno de sus grandes logros fue relacionarse con grupos criminales y ayudar a mucha gente, expresó el obispo Salvador Rangel Mendoza.
Dijo que, con excepción de los municipios de Chilpancingo, Iguala, Huitzuco y Tetipac, la diócesis Chilpancingo-Chilapa, a su cargo desde 2015, se encuentra en paz y puso como ejemplo Chilapa.
Rangel fue consultado este domingo en la catedral de esta ciudad, donde informó que permanecerá en el obispado otros dos meses, en espera de la ceremonia para recibir al nuevo prelado José de Jesús González. La fecha tentativa es el 20 de abril y esta se definirá cuando se determine la asistencia del secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin.
Dijo que siguiendo los protocolos de salud y del mismo Vaticano, desde el “miércoles de ceniza”, este 2 de marzo, se evitará el contacto físico con las personas y se evitarán aglomeraciones en las ceremonias de Semana Santa.
A pregunta expresa de un reportero, hizo un balance de su gestión al frente de la diócesis, de junio de 2015 a la fecha. Dijo que cuando llegó estaba fresco el caso de la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, y que en general, en el estado se vivía un ambiente “casi de guerra”, con actos de violencia extrema y secuestros.
“Sabía que venía a un territorio difícil y mis tareas fueron señalar en Guerrero ese ambiente, casi de guerra, que se vivía. Cada obispo tiene un escudo episcopal y yo le puse a un Jesús, un Cristo bajado de la cruz, pero ofreciendo la paz. El lema que escogí, del Evangelio de San Juan, capiítulo 14, dice, ‘les doy mi paz’. Entonces, mi tarea fue pacificadora. Soy un fraile franciscano y de vocación traemos eso, sembrar la paz. Es lo que yo me he dedicado, a tratar de reconstruir la paz”.
Agregó que ahora, el territorio que abarca la Diócesis a su cargo, se encuentra en paz. “Exceptuando algunos focos rojos como Chilpancingo, Iguala, Huitzuco, Tetipac, pero no es el ambiente de hace seis o siete años. Ya cambió”.
“Ese fue uno de los grandes logros, relacionarme con los grupos criminales, ayudar a mucha gente. Y el ejemplo lo tenemos aquí en Chilapa, cómo cambió, es otro ambiente distinto el de Chilapa”.
Destacó como otro logro, la relación de fraternidad entre los 158 sacerdotes de la demarcación, así como el beneficio de un seguro médico a los párrocos.
También enlistó su recorrido a comunidades, que antes o desde hace 50 años ni un obispo había visitado. Así como la catequesis escolarizada, para personas de 4 a 14 años de edad.
“No he hecho las cosas del todo bien, pero me voy tranquilo, satisfecho, con gran alegría y saber que viene otro gran obispo, mejor que yo, monseñor José de Jesús González. Es un fraile franciscano. Vamos a entregar la Diócesis en un buen hombre y les va a ir mucho mejor”.
Del conflicto en Tlacotepec, donde acusó al sacerdote Alberto Alarcón Mota de unirse a un grupo criminal para evitar su salida, y que los pobladores mayordomos respondieron que era para que no llegara el padre Efraín Maza, informó que fue un problema gratuito y que ya no quiso que creciera y cambió la propuesta.
“Para arreglar el asunto se mandó a otro sacerdote y le agradezco al padre Leobardo Sigala, que estaba en la parroquia de San José (en Chilapa), y que ya conoce aquellas tierras, estuvo de párroco allá, fue muy contento y fue aceptado”. (Luis Daniel Nava / Chilapa).