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De “montaje ridículo”, califica el presidente la entrevista de Latinus a líder de Los Ardillos

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó de “montaje ridículo” la entrevista de Latinus al líder de de la organización criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, que opera en el centro de Guerrero.
En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente López Obrador pidió al periodista Carlos Loret de Mola que presente las pruebas de que Los Zetas le entregaron dinero para la campaña presidecial del 2006 como lo dice Celso Ortega en la entrevista.
“Loret ahora fue a entrevistar al jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 y todo un gran despliegue informativo. ¡Pruebas!, ¿dónde están las pruebas? ¿Para qué ese montaje de manera ridícula”?, preguntó.
Insistió en que su gobierno no permite la corrupción y que “no se puede hacer un juicio sumario, no se puede promover un linchamiento público, no se puede hacer montajes como los que hace Loret de Mola o el periodista este premiado de Estados Unidos, Tim Golden”.
El presidente consideró que la entrevista posiblemente no se realizó en Guerrero, sino en una propiedad de Loret de Mola en Valle de Bravo.
“Además, qué tiene que atravesar sierras para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y el jefe del grupo. Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo debe de tener ahí como los, ¿cómo se llaman?, los sets de televisión de ahí de Televisa, cuando decía lo de García Luna y todo”.
Luego dijo que todo es parte de una “guerra sucia” de la oposición, que ni así va a regresar al poder.
“Está bien que hagan su lucha y hasta está bien la guerra sucia, no pasa nada, nos hacen lo que el viento a Juárez, es su derecho y estamos en una democracia, imagínense si viviésemos en una dictadura, ¿estaría Loret de Mola haciendo reportajes calumniosos? Y todos los medios”, concluyó.
Este jueves se presentó en el canal de YouTube de Latinus una entrevista con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, en la que afirmó que Los Zetas apoyaron económicamente la campaña presidencial de 2006 de López Obrador como candidato del PRD.
La entrevista fue realizada en un descampado probablemente de algún lugar de Quechultenango, donde nació ese grupo delictivo, que actúa en ese municipio y otros del centro de Guerrero, incluido Chilpancingo y Chilapa, Celso Ortega aparece con el rostro cubierto por un pasamontañas negro, con gorra negra y playera negra de manga corta y armado con pistola.
En la mañanera de ayer López Obrador hizo alusión a esa entrevista. cuando habló de las recientes notas publicadas de los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández, sobre una investigación en Estados Unidos sobre dinero obtenido por el actual presidente en 2006, del Cártel de Sinaloa, pero que se cerró al poco tiempo por falta de pruebas.
En la entrevista publicada el jueves en la noche por Latinus, Celso Ortega dijo que “apenas salió una nota que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la mafia y a mí me consta. Hace tiempo cuando yo anduve en Michoacán, a la llegada del Z-42, llega el Z-42, me manda a traer a Nueva Italia. Ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo, y me manda a traer allá en Nueva Italia y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el PRD”, sostuvo.
Agregó que el acuerdo era que si ganaba el entonces perredista le iba “entregar” a Los Zetas “todo el país”.
El líder criminal también se refirió a la política local y dijo que en el proceso electoral de 2021 se reunió varias veces con un enviado del senador Félix Salgado Macedonio a quien identificó como Galdino Nava.
“Con el negociador que mandó en su momento Félix Salgado Macedonio, supuestamente eso fue lo que me dijo, que venía mandado de él. Con ese fulano (Nava) tuve bastantes reuniones”, agregó.
Galdino Nava fue muy cercano a Félix Salgado Macedonio desde el PRD y rompió con él cuando éste no lo apoyó para la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 2022 cuando denunció que hubo compra de consejeros por el gobierno estatal y el senador para imponer a los presidentes de los órganos de dirección del partido.
La más reciente aparición pública de Nava es en su condición de consejero estatal de Morena y como el primer firmante de un desplegado de apoyo para que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez sea la candidata para repetir en el cargo.
En la entrevista, Celso Ortega dijo que en el proceso electoral de apenas hace tres años desde Morena le ofrecieron que pusiera a candidatos a alcaldes y diputados. “Más que nada cuando se hizo la campaña a la gubernatura pues vinieron a ofrecer candidaturas a presidencias municipales, a diputaciones, que iban a trabajar en coordinación con uno, los de Morena, y pues lo único que querían era, pues ahora sí el voto de la gente, querían que se les entregara, que les armara uno los mentados comités y ya de ahí después ellos regresarían a dejar, a decir o entregar las candidaturas a presidencias municipales, a diputación y pues esa es la verdad”, comentó.
No le preguntaron a Ortega sobre la versión del obispo emérito Salvador Rangel, quien declaró a los medios que en las elecciones de 2021 por la gubernatura Los Ardillos apoyaron la candidatura del PRI y que incluso organizaron un mitin muy grande para Mario Moreno Arcos en Quechultenango.
Sobre la reunión que sostuvo en julio con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, Ortega dijo: “Igual dice la presidenta municipal Norma Otilia que fue fortuito el encuentro que tuvimos. Sabemos que no es cierto porque la reunión tardó de dos horas y media a tres horas y media, donde uno de los tratos principales para ella era venderme el rastro municipal, y como el rastro municipal era, o es el punto donde sale la carne, por ende pues también el mercado iba a pasar a ser parte de los negocios”, afirmó.
Latinus no precisa cuándo se hizo la entrevista. Si fue antes de la tregua con Los Tlacos en la disputa por Chilpancingo; si su objetivo al acceder a la misma, algo inusual en los líderes de los grupos delictivos, era presionar para defender sus intereses locales. Y ya en el camino de la entrevista salió el tema de López Obrador, que es de carácter nacional. O si de plano fue buscado por el medio a sabiendas de que haría declaraciones contra el presidente o con la intención de que las hiciera. (Redacción con información de Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

Emite Morena recomendaciones del caso Norma Otilia, pero quedan “en reserva”

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena emitió sus recomendaciones sobre el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, a partir del informe que envió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, las cuales se mantendrán “en reserva”.
El presidente del partido había informado que la CNHJ le solicitó un informe, sobre los hechos ocurridos en torno a la presidenta de Chilpancingo, después de que se conocieran fragmentos del video de la reunión de la edil con el presunto jefe del grupo criminal Los Ardillos, y que después de revisarlo y analizarlo, esta comisión realizaría “recomendaciones”.
La solicitud del informe no se dio en el contexto de algún procedimiento iniciado ante este órgano de justicia partidario contra Norma Otilia, por lo que los resultados o estas “recomendaciones” no se hicieron públicas, como por norma lo realiza la CNHJ.
El miércoles, Jacinto González informó que en 48 horas esta comisión iba a “resolver” sobre la información que Morena Guerrero envió, la cual consiste en una cronología de los hechos en los que ha estado involucrada la presidenta municipal morenista.
Este informe también fue solicitado a la dirigencia estatal de Morena por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que también analizarían los hechos “y con base en eso ellos, iban a emitir una posición”, dijo en su momento González Varona.
Este viernes, tras cumplirse las 48 horas dadas por la CNHJ, se le preguntó a Jacinto González si ya tenían respuesta del órgano partidario, a lo que únicamente respondió que sí pero que se mantendrían en reserva. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Detuvo al líder de la UPOEG, José Deivy, por el asesinato de un periodista: Marina

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó la detención de José Deivy, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y lo identificó como presunto integrante del grupo criminal Los Ardillos.
Durante el informe de seguridad en la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Marina dio a conocer que se le detuvo por el homicidio del periodista Fredid Román Román.
Añadió que la detención se llevó a cabo el 13 de febrero, en la carretera federal Puebla Tehuacán, .
José Deivy es identificado como líder comunitario de El Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). De acuerdo con la información publicada en El Sur, participó el pasado 23 de enero en la marcha del noveno aniversario de la organización.
Ojeda detalló que la detención la realizó personal naval, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Estatal.
El 13 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, dio a conocer la detención de Deivy en una operación coordinada entre las autoridades del estado de Guerrero, la Secretaría de Marina e integrantes de la Policía Estatal poblana.
“A través de labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina, agentes de la Policía Estatal detuvieron a José, identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal”, publicó la Secretaría poblana.
De igual forma señalaron que el detenido iba a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, en el que encontraron 62 bolsas de “aparente cristal”, un arma de fuego calibre .380 milímetros y seis cartuchos, mismos que no tenían permiso, y 5 mil 500 pesos en efectivo.
En el comunicado especifican que el detenido iba acompañado de una mujer, que también quedó disposición de las autoridades. Agregaron que el imputado cuenta con vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
“De acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”, explica la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
El 14 de febrero se informó que vecinos de El Ocotito bloquearon la carretera federal México-Acapulco, para solicitar un diálogo con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, buscando la liberación del dirigente de la policía ciudadana de la UPOEG en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.

Se retira la base del Ejército del crucero de El Jagüey en Chilapa, denuncia el Cipog-EZ

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la tarde del domingo se retiró la base del Ejército del crucero de El Jagüey, en el municipio de Chilapa, una zona importante porque separa a sus “comunidades de los territorios controlados por el grupo paramilitar Los Ardillos”.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo aseguró que también se retiraron los agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, dijo que ya informó a funcionarios del gobierno del estado y advirtió que si el Ejército no regresa a dar seguridad bajarán como sistema comunitario a tomar la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana de ayer en un comunicado el Cipog-EZ informó que el domingo militares se retiraron de una base que había instalado en el crucero de El Jagüey tras los enfrentamientos armados en contra de Los Ardillos, el crucero se ubica a unos cuatro minutos en vehículo pasando la localidad de Atzacoaloya, en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
“Es claro que durante todos estos años somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres del Cipog-EZ quienes hemos resistido los embates de los grupos delincuenciales”, manifestó.
Afirmó que a pesar de que el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal circulan por la carretera Chilapa-Hueycantenango, “cuando han asesinado a nuestros hermanos las fuerzas del Estado no están por ningún lado”, y mencionó los asesinatos de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Morales, quienes fueron hallados asesinados el 5 de noviembre en Xochimilco a las afueras de Chilapa, “donde hay un cuartel militar”.
El Cipog-EZ resaltó que es preocupante que el Ejército se retire, “porque es una zona importante que separa a sus comunidades de los territorios controlados por Los Ardillos, de tal forma que quedamos frente a frente nuevamente con los grupos delincuenciales”.
Llama a las autoridades y ciudadanos a “estar atentos de lo que pueda suceder en estos días, es evidente que el Estado sabe que habrá ataques y muerte, pero eso no le interesa”.
Contactado vía telefónica, Plácido Galindo detalló que fue a las 4 de la tarde del domingo cuando los militares se retiraron del crucero de El Jagüey ubicado adelante de la comunidad de Atzacoaloya, donde “se posicionaron Los Ardillos”.
–¿Les informaron los militares que se retirarían?
–No nos informaron, se retiraron sin avisarnos, sabemos que en esa trinchera del crucero de El Jagüey siempre han estado integrantes de Los Ardillos, y cuando los desplazamos quedamos de acuerdo con el gobierno del estado que ahí estaría el Ejército, pero al no tener una buena coordinación entre ellos (las autoridades) tomaron posesión Los Ardillos.
–¿Ya se comunicaron con algún funcionario del gobierno del estado, con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, o con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez?
–Se le informó a Francisco Cisneros que Los Ardillos se están posicionando y nos preocupa porque cada vez que ellos toman posición atacan a nuestras comunidades sin importar si hay mujeres o niñas, tampoco trabajan los transportistas de las comunidades para bajar al municipio de Chilapa, porque comienzan a levantarlos y a desaparecerlos.
Aseguró que también le avisaron a Reynoso Núñez pero se niega a aceptar que el Ejército se retiró de la base, “hoy hemos recorrido las zonas donde estaban y no están”.
Afirmó que otro cuartel cercano a la comunidad de Tula también está vacío, no hay nadie del Ejército, ni Guardia Nacional ni Policía Estatal.
–¿Suspendieron sus viajes para ir a abastecerse a la cabecera municipal de Chilapa?
–De hecho la gente evitó bajar a Chilapa por lo mismo de que los quieran levantar y desaparecer, ahorita toda la región del Cipog-EZ está alerta. Estamos en todas las trincheras de nuestros cerros por cualquier incursión de Los Ardillos, ya está lista la población para defenderse.
Plácido Galindo cuestionó que a pesar de que el Ejército llegó a Chilapa no se ha detenido a ningún integrante del “grupo narco paramilitar Los Ardillos”.
Destacó que el 5 de noviembre pasado fueron asesinados tres de sus compañeros promotores del Cipog-EZ, y “hasta ahorita no ha se ha detenido a ningún responsable por el crimen”.
Expuso que sabe cómo se mueve el grupo del crimen organizado que se dedica a “la extorsión en Chilapa, al secuestro, el cobro de cuota a los taxis y a comerciantes, han amenazado a médicos y maestros”.
“Aquí es responsable tanto el presidente municipal de Chilapa (Aldy Esteban Román del PRI), como el diputado (local priista), Jesús Parra, quien gobernó Chilapa y que con él aumentó el homicidio, el secuestro y la extorsión”, expresó.
Aseveró que su organización suma 50 integrantes asesinados y 20 desaparecidos, y por esos casos no hay ningún responsable detenido.
Responsabilizó al gobierno del estado de cualquier cosa que le ocurra a la población del Cipog-EZ, y mencionó que también ya le informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a representantes de la ONU para que estén atentos de lo que pueda ocurrir si el grupo paramilitar incursiona en su territorio, y el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).
Plácido Galindo también exhortó al gobierno federal a no ser cómplice de lo que está sucediendo, porque dijo desde el 21 de octubre pasado cuando en su gira por Guerrero abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigieron seguridad, trabajar su tierra y vivir en paz, y durante “todo este tiempo se nos sigue matando a nuestra gente y desplazando y las cosas sigan tensas”.
Aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional no garantizan la seguridad de los ciudadanos de la Montaña baja de Guerrero, “la guerra se va acabar cuando detengan a los grupos paramilitares”.
Advirtió que si ya no regresa el Ejército a ocupar el crucero de El Jagüey, como sistemas comunitarios bajarán a tomar la cabecera municipal de Chilapa, “ante el vacío de seguridad que deja el gobierno del estado”.

 

Los Ardillos atacaron al empresario en Ayutla, no la UPOEG, señala Bruno Plácido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, aseguró que quienes participaron en la balacera y persecución en contra de un empresario en Ayutla el jueves, fueron miembros del grupo delictivo Los Ardillos.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la agrupación denunció que ese grupo delictivo ya está operando en Ayutla y Tecoanapa, porque “hay un acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo para replegar a la UPOEG, de la que, aseguró, ya hay muchos asesinados y desplazados de esa región.
El jueves vecinos de Ayutla y Tecoanapa denunciaron que al menos dos muertos, un niño y un adulto, fue el resultado de una persecución a balazos en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, tramo Tecoanapa-Ayutla por presuntos integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG a un empresario materialista.
Las autoridades estatales solamente confirmaron la balacera y un muerto y en un boletín informaron que quienes participaron fueron civiles armados con vestimenta de la “policía comunitaria”, en referencia a la policía de la UPOEG.
Plácido Valerio dijo que el empresario propietario del establecimiento que fue agredido hace años secuestró a una persona y estuvo preso, “y la información que tenemos es que su negocio es de lavado de dinero, pero eso lo tendrían que investigar las autoridades”.
Sin embargo deslindó a la UPOEG del ataque, “quienes lo agredieron fue la otra parte que controla Tecoanapa y Ayutla que son Los Ardillos contra la otra gente”.
Aseguró que “el gobierno ya sabe quiénes fueron porque les mandé fotos, lo que pasa es que es muy fácil culparnos todo el tiempo a nosotros de todo”, se quejó.
Dijo que el problema es que el grupo delictivo ya amenazó a comisarios, a comandantes y a mucha gente de la UPOEG.
Informó que él ha presentado las denuncias pero que no han prosperado porque “el acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo de Los Ardillos es erradicar a la UPOEG de la región Costa Chica.
El dirigente de la agrupación dijo que por eso se quiere culpar a la UPOEG de la violencia en esa región, cuando quienes la provocan son Los Ardillos y Los Rusos.
Aseguró que la UPOEG se ha replegado porque además de la persecución de parte de los gobiernos estatal y federal, los grupos delictivos les han matado a mucha gente y a otros los han amenazado, “mientras que las autoridades no ponen orden, como traen armas de alto poder”.
Denunció que mucha gente de la UPOEG ha salido desplazada no sólo por la violencia de esos grupos delictivos (Ardillos y Rusos), “sino porque también el gobierno nos empezó a hostigar y yo le pedí a los compañeros que se desplazaran, por eso es que los grupos delictivos aprovecharon”.
Según el dirigente de la UPOEG, “la opinión de la gente de esa región es que hay un acuerdo entre el gobierno y los grupos delictivos para desplazarnos a nosotros”.
Agregó que los dos grupos “ya tienen rato matando gente en esa región y todo mundo sabe quiénes son pero todo mundo tiene temor de denunciarlos”.
El dirigente lamentó que las autoridades estén persiguiendo más a la organización social que a la delincuencia.
Explicó que Tecoanapa y Ayutla ya están bajo el control de Los Ardillos y el resto de los municipios “de Acapulco para abajo”, por Los Rusos.

Bloquean la autopista familiares de los tres desaparecidos en Quechultenango

Familiares y amigos de Adolfo Aparicio Bello, Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas quienes desaparecieron el pasado viernes en Quechultenango, durante el bloqueo a los carriles norte-sur de la Autopista del Sol en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Familiares y amigos del encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Adolfo Aparicio Bello, así como de Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas, quienes desaparecieron el viernes en Quechultenango, bloquearon cuatro horas la Autopista del Sol en Chilpancingo, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
En la noche, por teléfono el hermano de Adolfo informó que ayer se localizó la camioneta en que viajaban y a que a ello ayudó el helicóptero que la familia había solicitado para hacer un recorrido por la zona.
“Ya teníamos localizados los puntos”, dijo, pero recriminó que como el domingo la FGE inició tarde los trabajos la neblina impidió que continuaran.
Por el bloqueo que realizaron dijo que la búsqueda este lunes fue diferente, incluso participaron el Ejército y la Guardia Nacional.
La camioneta en la que viajaban fue localizada y hay personas dentro, pero no saben su identidad, dijo, y precisó, “del vehículo sí, aún tenemos ese rayito de luz de encontrar con vida a nuestros familiares”.
Detalló que este martes continuarán las labores de rescate para sacar la camioneta e identificar los cuerpos que están dentro.
Mientras que en la protesta unos 100 manifestantes llevaban pancartas en el encauzamiento del bulevar del río Huacapa, a unos metros de la autopista, en las que se leía, “Gobernadora exigimos el regreso con vida de nuestros familiares”, “Necesitamos la aparición con vida de Adolfo, Efrén y Pedro”, “Tu familia te espera”.
Al lugar llegaron el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el subdirector de Negociaciones de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Julián Arcos para solicitarl a las familias que no bloquearan “porque un problema no se soluciona con otro problema”.
Los funcionarios aseguraron a los manifestantes que se retomaría la búsqueda pero que permitieran los trabajos a la Fiscalía y a las demás corporaciones para la localización de los tres hombres.
Sin embargo, los manifestantes cerraron unos minutos la vialidad a unos metros del Huacapa, posteriormente avanzaron a la Autopista del Sol, la cual bloquearon en el sentido norte-sur y también el entronque con la carretera federal a las 11:20 de la mañana.

En el bloqueo

La madre de Adolfo, Higinia Bello contó que su hijo desapareció el viernes y que el último contacto fue a las 7:25 de la noche en el tramo Quechultenango-Chilpancingo, “mi hijo es trabajador de los Derechos Humanos, sin embargo tenemos un negocio familiar. Hace cinco meses murió mi esposo y Adolfo es el que me está apoyando en algunos trabajos”.
Adolfo junto con Romero Sotelo y Barrios Cárdenas llegaría a Chilpancingo pero anocheció, por lo que Higinia salió a buscarlos con otro familiar porque dijo que pensó que tal vez se les había ponchado una llanta, pero no los localizaron.
Contó que buscaron en todo el camino, considerando también que tal vez habían tenido algún accidente y caído en alguna barranca, y al no tener resultados interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El domingo acudió la Fiscalía al lugar de donde salió Adolfo con los otros dos hombres, pero como acudieron en la tarde los trabajos se suspendieron porque la neblina estaba densa y la lluvia tampoco permitió que vieran más abajo del barranco.
“Ahora las autoridades me dicen que no cierre la autopista, que un problema no se resuelve con otro, pero les dije que en las acciones que realizaron el domingo no hubo nada”, Higinia comenzó a llorar y a gritar de la desesperación.
“El tiempo corre, la vida de mi hijo está en peligro, por favor que me ayude la señora gobernadora, que me escuche y apoye, porque la Fiscalía está saliendo otra vez tarde para la búsqueda”, reclamó.
Continuó llorando, su cuerpo se desvaneció y dos mujeres la tuvieron que sostener, “son dos personas más que están en peligro, mi hijo y dos de mis trabajadores, por favor, por favor, hay que unirnos para peinar la zona, desde Petaquillas, Mochitlán y Tepechicotlán, porque hablan de que hay cuevas”.
La madre reprochó que la FGE le aseguró que acudirían perros buscadores y helicópteros para localizarlos pero no asistieron, “yo pido drones para poder mirar porque la superficie es muy accidentada”.
Higinia tiene un aserradero, Maderas de la Sierra, las instalaciones se ubican en la capital. La madre contó que su hijo le ayuda cuando tiene tiempo libre porque su esposo murió hace cinco meses. De acuerdo con las familias los dos trabajadores y Adolfo realizarían un trabajo y ese mismo día regresarían, pero no fue así.
El tiempo que estuvo el bloqueo sobrevoló un dron de la Policía Estatal, además los agentes de la Guardia Nacional constantemente tomaron fotografías a las familias.
Uno de los manifestantes informó que con el GPS rastrearon el celular de Aparicio Bello y la localización les indicaba que estaban en una cueva en dicho tramo carretero.
Al lugar llegó la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán para dialogar con las familias.
También acudieron unos 50 policías estatales con equipo antimotines pero permanecieron en la calle lateral de la autopista en la espera de la orden del desalojo, algunos familiares y amigos se arrodillaron y recriminaron que se utilizaría la fuerza pública para replegarlos y que esos policías podían servir para la búsqueda.
Al saber que las autoridades iniciaron los trabajos de búsqueda los manifestantes a las 12:30 del día comenzaron a abrir y cerrar cada 15 minutos la vialidad, donde cientos de automovilistas quedaron varados.
Minutos antes de las 3 de la tarde los manifestantes se replegaron a la banqueta de dicha vialidad, en tanto una comisión de familiares de los desaparecidos fue a una reunión a la Fiscalía.
Las personas que permanecieron en la vía lateral de la Autopista lloraron por los hombres desaparecidos y una mujer se desmayó, pero no informaron si ya se habían localizado a sus familiares.
La Fiscalía también difundió un boletín para localizar a Efrén Barrios Cárdenas de 55 años, pero no de Pedro Romero Sotelo, este último es uno de los desplazado de Campo de Aviación del municipio Leonardo Bravo.
El encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Codehum, también fue precandidato morenista para la alcaldía del municipio de Copala en el 2021.
En un comunicado se informó que el gobierno de Guerrero amplió el operativo de búsqueda por aire y tierra con agentes de las secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como de la Fiscalía estatal, para agilizar la localización de tres personas reportadas desaparecidas.
Se detalló que el grupo estaba integrado por agentes de la secretaría de Seguridad Pública, quienes dan acompañamiento a integrantes de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Derechos Humanos.
“El resguardo y acompañamiento está al mando de María de Jesús Varona y junto a ellos se trasladó un grupo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, con el titular Víctor Parra Téllez, además de personal de Protección Civil y de un grupo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado”, se informó.
Se indicó que la instrucción al personal fue brindar apoyo, seguridad y facilidades hasta encontrar a los tres ciudadanos reportados desaparecidos, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín en el municipio de Quechultenango.
El municipio de Quechultenango es señalado por las autoridades como el bastión de la organización criminal Los Ardillos.

Recuento: 47 muertos, 21 desaparecidos y un detenido de la CRAC-PF desde 2015

Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa y Jose? Joaquín de Herrera se manifestaron el viernes al paso del convoy del presidente Andre?s Manuel Lo?pez Obrador por el crucero de Colotepec, donde lo pararon 15 minutos para exponerle la situacio?n de violencia en sus comunidades Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 24 de noviembre del 2015 la Urvan número 45, placas 4668-FMC, salió poco después de las 6 de la mañana de San Jerónimo Palantla con siete pasajeros a bordo rumbo a Chilapa. A las 6:40 en el punto conocido como La Ciénega, antes de llegar a Atzacoaloya, fue atacada a balazos y cuatro de los ocupantes, el chofer y tres mujeres, fallecieron por la lluvia de disparos.
Elizabeth, una niña de cuatro años y Flora, una adolescente de 14 resultaron heridas. El séptimo pasajero logró huir ileso.
Las cuatro víctimas mortales fueron: Ángela Casarrubias Cortés de 52 años, su hija Ana Orgín Casarrubias de 22 y madre de Elizabeth. Además Victoria Díaz Bernabé de 34 años y el chofer de la Urvan, Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era promotor y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de San Jerónimo Palantla, de donde eran originarias las demás víctimas.
Ese día, de acuerdo a la CRAC-PF y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), marcó la violencia que viven los pueblos nahuas de esa región de Chilapa que ha dejado 47 asesinatos, 21 desaparecidos y un detenido.
Esas cifras fueron las que le entregaron en un documento el viernes pasado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el crucero de Colotepec donde el mandatario fue interceptado.
Le reprocharon que los tres órdenes de gobierno han minimizado y no han querido resolver ni atender el problema de la violencia provocada por los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos, aunque el primero ya fue desarticulado con la detención de su líder Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, el 21 de agosto del 2019.

Casos representativos

La masacre del 24 de noviembre del 2015 fue atribuida por la CRAC-PF y el Cipog-EZ a integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) al que pertenece un grupo de vecinos de San Jerónimo Palantla, y al que vinculaban con el grupo delictivo Los Rojos.
El 11 de junio del 2016, fue asesinado en Xochitempa el comandante suplente de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Florencio Morales Salgado, en un operativo de la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y vecinos de San Jerónimo Palantla representados por el FDP.
El 19 de diciembre del 2018, 12 vecinos de El Paraíso de Tepila desaparecieron. Entre ellos Anita, de tres años, Elena y Zacarías de seis, Juanita de siete, Emiliano de nueve, Sergio y Jorge de 12 años, Rosaria de 15, Ángel de 17. Así como Rosaria Ignacio Melchor de 60, Alberto Espiridión Ignacio de 40 y Antonia Andraca Celedonio de 36.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ, responsabilizaron de la desaparición masiva a la policía comunitaria del grupo Por la Paz y la Justicia que relacionan con Los Ardillos.
El 4 de mayo del 2019 fueron ejecutados en Chilapa los consejeros de la CRAC-PF y concejales del Cipog-EZ ante el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, el primero de Xicotlán y el segundo de Buena Vista.
El 16 de mayo de 2019 los indígenas Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla, de San Jerónimo Palantla, fueron levantados cerca de Xochitempa y siguen desaparecidos.
El 23 de mayo del 2019 el comandante regional de la CRAC-PF y concejal del Cipog-EZ ante el CIG-CNI, Bartolo Hilario Morales, de Tula, fue levantado en el crucero del Jagüey en la carretera Chilapa-Hueycantenango y su cuerpo fue encontrado desmembrado y embolsado al día siguiente junto al del indígena de Xicotlán, Isaías Xanteco Ahuejote, en el punto conocido como Las Antenas de la carretera Chilpancingo-Tlapa.
El 2 de junio de 2019 fue ejecutado frente a su esposa en Hueycantenango, Eugenio Máximo Hilario, ex comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). La dirigencia del Cipog-EZ denunció entonces que los responsables fueron policías municipales de ese lugar e integrantes del grupo Los Ardillos.
El 7 de julio de 2019, fue levantado el comandante de la Policía Comunitaria de Alcozacán, Felipe de Jesús Tolentino Bolaños. Su cuerpo fue encontrado el 11 de julio cerca de Chilapa.
El 8 de julio de 2019 fueron levantados en el crucero del Jaguey, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas Reyes, policías comunitarios de Ayahualtempa, sus cuerpos fueron encontrados en el crucero de Rincón de Chautla el 11 de julio. El día que los levantaron bajaron a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y en la “expropiación” de fertilizante.
El 10 de julio de 2019, fueron bajadas de una combi del transporte público en el crucero del Jagüey las delegadas del CNI, Juana Fernández Ambrosio y Alberta Martínez Rendón. Sus cuerpos fueron encontrados degollados y con huellas de tortura al día siguiente cerca de la colonia Corral de Piedra de Chilapa.
El 8 de agosto del 2019 fue levantado en el crucero del Jagüey, Hilario Tepetitlan, originario de Alcozacán y su cuerpo fue hallado horas después cerca de la colonia Corral de Piedra.
El 7 de septiembre de 2019 fue levantado en Hueycantenango el regidor de seguridad pública de José Joaquín Herrera y policía comunitario de Ayahualtempa, Leocadio Bolaños Hernández. Su cuerpo fue encontrado decapitado al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito, cerca de esa cabecera municipal.
El 14 de septiembre de 2019 fue levantado en Tlachimaltepec, José Joaquín de Herrera, el policía comunitario de Alcozacán, Silviano Morales Joaquín. Su cuerpo fue encontrado cerca de la comunidad de Tospanyo el 17 de septiembre.
El 8 de octubre de ese año fue acribillado cerca del módulo de la Policía Municipal en Hueycatenango el policía comunitario de Zacapexco, Santos Vázquez Andraca.
El 18 de octubre de 2019 fue levantado en el río La Hamaca, entre Acojtapaxtlán y El Epazote, Fidel Bolaños Rojas, originario de Ayahualtempa. Al día siguiente desapareció su hijo Félix Isidro Bolaños Hernández, cuando lo buscaba en Colotlipa, municipio de Quechultenango. Ambos continúan desaparecidos.
El 1 de noviembre de 2019 fue asesinado en Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango, Samuel Rojas Dorantes, originario de Ayahualtempa.
El 18 de noviembre de 2019 fue asesinado en la colonia Piedra Colorada de Hueycantenango, Isaac Martínez Rosendo, vecino de Ayahualtempa.

Las víctimas del 2020

El 17 de enero de 2020, Alcozacán se vistió de luto. Ese día fueron masacrados 10 vecinos de ese pueblo, todos integrantes del grupo Sensación Musical, cuando regresaban de una tocada en Tlayelpan.
A cinco de las víctimas les prendieron fuego en el interior de la camioneta en que viajaban y los otros cinco fueron asesinados a balazos, algunos tenían el tiro de gracia.
Los muertos fueron los hermanos José Julio de 37 años y Cándido Fiscaleño Hilario, de 20, Crescenciano Migueleño Coapango de 37, chofer de una de las camionetas, Israel Tolentino Ahuelicán de 24, chofer de la otra camioneta y policía comunitario.
Los otros fueron Israel Mendoza Pasado de 15 años, Regino Fiscaleño Chautla, Antonio Mendoza Tolentino, Lorenzo Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Marcos Fiscaleño Baltazar.
El 15 de agosto fue levantado en Totopacholpe, territorio del grupo Por la Paz y la Justicia, Rutilio Bolaños Gatica, de Ayahualtempa, y encontrado asesinado al día siguiente en Kamoxtepec.
El 19 de diciembre fueron encontrados con huellas de tortura, maniatados y con el tiro de gracia en el punto conocido como La Herradura, los cuerpos de los miembros del Cipog-EZ originarios de Alcozacán, María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, quienes habían sido levantados en Chilapa un día antes.
El 7 de marzo, ya del 2021, fue atacada una camioneta de policías comunitarios cerca del crucero de Olinalá por hombres armados con AK-47 y AR-15, resultaron heridos cuatro policías comunitarios: Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Pérez y Jordán Terjiño Luna, éste último falleció al día siguiente.
El 7 de diciembre de 2021 desapareció en Hueycantenango cuando fue a visitar a sus familiares el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza de 30 años, originario de Alcozacán.
El 11 de diciembre desaparecieron los ex policías comunitarios Felipe Tlalxintle Tepexco de 62 años y José Juan Reyes Román de 24, el primero de Xochitempa desapareció entre las comunidades de Mexcaltepec y San Jerónimo Palantla, y el segundo de Ayahualtempa fue levantado en Hueycantenango.
El 16 de enero del 2022, Delfina Ramírez Morales de 26 años fue detenida por policías municipales de José Joaquín de Herrera, según la dirigencia del Cipog-EZ y su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego en la comunidad de Temixco.
El 25 de enero desaparecieron el comandante regional de la CRAC-PF de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario de Tula Samuel Hernández Sánchez. El Cipog-EZ responsabilizó a policías municipales de Atlixtac.
El 6 de mayo fueron levantados cerca de Atzacoaloya, Lorena Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote, horas después sus cuerpos fueron encontrados por agentes ministeriales dentro de su camioneta al fondo de una barranca.
El 21 de mayo fue levantado en Hueycantenango Justino Tapia Rosendo de Ayahualtempa de 19 años y estudiante de la UAG. Justino, quien era hijo del policía comunitario Margarito Tapia, fue encontrado asesinado cerca de San Marcos, municipio de José Joaquín de Herrera.
El 9 de julio fue asesinado en Chilapa el policía comunitario y fundador de la CRAC-PF, Alberto Morales Sebastián, de la comunidad de Tula.
El 24 de julio fue asesinado en Chilapa Nicolás Pérez Zoyateco de 49 años, originario de Alcozacán.
Los desaparecidos más recientes son Secundino Jiménez Plácido de Zacapexco, desaparecido el 28 de septiembre en Atzacoaloya, y Celso Cocotzin Tolentino de Alcozacán, según el Cipog-EZ secuestrado en Chilapa el 18 de octubre.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ cuentan también como parte de la violencia, la detención del policía comunitario de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, Godofredo Cortés Reyes.
Godofredo fue detenido en marzo de 2016 acusado de homicidio y privación ilegal de la libertad, derivado de una masacre el 8 de febrero de 2015 en la comisaría de San Jerónimo Palantla, donde cinco indígenas fueron asesinados, según los familiares de las víctimas, por policías comunitarios de la CRAC-PF.

 

“No queremos gobierno, aquí todos somos los Ardillos”, un grito en Quechultenango

 

A las 7:42 de la tarde Quechultenango estaba en el punto más álgido del conflicto, llegaban hombres y mujeres con palos a rodear a los militares retenidos en la plancha del Palacio Municipal, ahí una mujer gritaba, “no queremos gobierno… todos aquí somos los ardillos”, en referencia a un violento grupo criminal que tiene asoladas a comunidades indígenas de Chilapa y que avanza hacia Chilpancingo luego de ocupar Petaquillas, según reportes oficiales de los gobiernos estatal y federal.
Mientras la población, recién declarada como “ardillos” (como se puede confirmar en un video transmitido en vivo en la página de Facebook suracapulco) hacía caminar a unos 50 soldados por la calle, este reportero hizo un recorrido alrededor de la zona.
Sin el contexto de la senda de sangre, desapariciones y actos de corrupción del grupo criminal, documentados ampliamente por éste y otros medios, parecería que son “los salvadores del pueblo”, como dice la gente de ese lugar, que es aparentemente su base social, o una expresión de su dominio del territorio.
En la protesta participaron en el momento de mayor asistencia unos 500 pobladores, una mínima parte de la población.
Alrededor del intenso conflicto en las calles había niños jugando futbol, puestos de tacos, hamburguesas, tiendas abiertas, adolescentes dándose abrazos y besos, otros contando chistes y anécdotas pero no se vieron adultos. Para comparar, por ejemplo, cuando en Chilpancingo hay un asesinato se cierran todos los negocios casi en automático, cuando hay protestas sociales u operaciones policiaco-militares, algunos espacios cierran, otros se mantienen abiertos.
En los alrededores del Palacio Municipal de Quechultenango está el cuartel de la policía local, ahí se vio que estaban alrededor de 10 agentes en la oscura calle, ahí uno fumaba, se les pidieron referencias para salir del pueblo y uno respondió, “está pelado porque está lleno de guachos”.
Siguiendo el recorrido, en la calle a la salida de Quechultenango hacia a Mochitlán había más de 20 camionetas del Ejército y otro tanto de las policías Estatal y Ministerial. Al final de esa calle se le preguntó a un soldado del Ejército cómo se podría salir de ese pueblo hacia Chilpancingo, y respondió, “caminando, porque el pedo está cabrón”, y se carcajeó, en este lugar en el que es casi imposible hacer periodismo, una zona de silencio. (Rosendo Betancourt Radilla / Quechulte-nango).

 

Con balazos y granadas intentaron Los Ardillos tomar la comandancia en Buenavista

La imagen de la Virgen de Guadalupe detrás de un disparo de arma larga. La figura se encuentra afuera de la comandancia de la UPOEG en Buenavista de la Salud Foto: Lenin Ocampo Torres

Lenin Ocampo Torres

Buena Vista de la Salud

Buenavista de la Salud se convirtió en zona de guerra. La tarde de fuego hombres armados en camionetas blindadas intentaron tomar la comandancia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG. En el ataque murieron dos jefes visibles de la organización que defendían la zona contra la delincuencia y dos jóvenes más que realizaban la guardia comunitaria.
A las 6 de la tarde del miércoles una camioneta negra con blindaje artesanal rompió una de las cadenas que impiden el acceso a la comunidad que pertenece al municipio de Chilpancingo, llegó y entró a la comandancia donde sus tripulantes accionaron sus armas y lanzaron granadas.
En la comandancia sólo había siete policías ciudadanos que realizaban la guardia para evitar que el grupo delictivo de Los Ardillos tomara el único pueblo libre de la delincuencia.
Fueron dos horas de enfrentamiento, en una comunidad que está a 30 minutos de Chilpancingo y es parte de un corredor donde transitan diariamente miles de personas que viajan al puerto de Acapulco y a las comunidades de la carretera vieja.
“Llegaron de todos lados, la camioneta negra intentó entrar a la comandancia, abrieron sus ventanas y comenzaron a disparar, traían armas de todos y hasta calibre 50, los comunitarios respondieron, se dio un enfrentamiento y ninguna autoridad llegó”, comentó este jueves uno de los testigos de la balacera.
El ataque fue “planeado, el sábado llegaron los soldados y desarmaron a la base, nosotros íbamos a bloquear ayer (miércoles) pero Mario (Zamora) recibió una llamada y le dijeron que aguantara, que el sábado lo iba a recibir el gobierno de Evelyn (Salgado Pineda)”.
Mario Zamora Maldonado era el jefe del grupo, maestro de profesión y activista en la defensa de los derechos magisteriales y estudiantiles. Ese día realizaba la guardia con Marciano García Dircio, el comandante Rena, jefe de los pueblos de la sierra de Chilpancingo que constantemente denunciaba al Ejército mexicano por las fumigaciones de la amapola que afectaban sus siembras de maíz.
“Ya sabían que ellos estaban, llegaron por todos lados, tomaron el pueblo y dispararon a las casas de los demás comunitarios para que no salieran a pelear. Pero el grupo que se quedó en la comandancia respondió, el profe Mario recibió tres dmparos y esquirlas en el cuerpo por las granadas que aventaron, pero reaccionó y se defendió”, platicó otro testigo durante un recorrido de El Sur por la zona.
Los pobladores se refugiaron en sus casas, marcaron al 911 y ocuparon las redes para presionar a las autoridades del estado para que mandaran la seguridad.
Las autoridades llegaron después de las 8 de la noche, cercaron el área y realizaron algunos rondines por la zona. Al llegar, vieron dos camionetas blindadas que quedaron en medio de la carretera, prendidas y con las puertas abiertas.
Las camionetas tenían equipos tácticos, colchonetas y cobijas. El grupo agresor bloqueo la carretera con camiones que cruzaban por el lugar, en El Ocotito atravesaron un camión y dos camionetas de empresas de abarrotes. En Acahuizotla un tráiler, a todos los vehículos les dispararon y poncharon las llantas para cortar la circulación.
“Nos cayeron disparos de todos lados, del Ocotito disparaban, del lado de Cajeles, de todos lados, fácil eran más de 50 sicarios, todos con pecheras y cascos de soldados, era una zona de guerra, la gente se resguardó y hasta el momento hay zozobra por si regresan de nuevo”, comentó un comunitario.
La comandancia de la UPOEG queda en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, en la entrada de Buenavista de la Salud. Su fachada quedó completamente perforada por las balas de diferentes calibres que el grupo atacante accionó.
En el piso aún hay grumos de sangre, casquillos y una granada de fragmentación que ninguna autoridad quiso levantar y prefirieron dejarla en medio de una cinta amarilla que dice: “precaución”.
“No dio tiempo de nada, agarraron a la guardia desprevenidos porque nunca supimos que venían. Constantemente hemos denunciado al nuevo gobierno cómo opera el grupo, toma la carretera y baja a la gente, en ocasiones los golpea e intimida y si saben que son cercanos a nosotros hasta los mata, es increíble que estando cerca de la capital el gobierno permita que ese grupo opera como si nada”, reveló uno de los sobrevivientes.
Buenavista es un poblado de Chilpancingo donde la gente se dedica al campo y al ganado. Durante 2 años han sido blanco de ataques de los grupos de la delincuencia que han intentado tomar el control del pequeño pueblo.
Un día después la gente sigue igual, como si no hubiera pasado nada y se hubiera acostumbrado a los constantes tiroteos y a la falta de presencia gubernamental.
“Nosotros vamos a seguir, la gente se enojó más porque mataron a dirigentes que siempre ayudaron a sus pueblos, siempre buscaron el bienestar, siempre buscaron educación y ahora pues sólo nos queda defendernos si la autoridad no responde, nos lastima porque nosotros votamos por La Torita (Evelyn Salgado), realmente esperamos que esto termine” pidió uno de los policías ciudadanos.