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Ejecutan en Chilpancingo al delegado de la FGR; la investigación apunta a Los Ardillos

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias de ley donde quedó el cuerpo del delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La mañana de ayer el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero, Fernando García Fernández, fue ejecutado con rifles de asalto AK-47 al sur de Chilpancingo, a unos 100 metros de su casa en la colonia Cipatli, cuando se trasladaba a su trabajo.
La FGR informó que la investigación apunta al grupo criminal Los Ardillos, por la detención el 5 de julio de un líder de sicarios y su acompañante, y el viernes pasado de dos ex comisarios de la comunidad de Petaquillas, de la zona controlada por la misma organización delincuencial, presos por el secuestro de militares y policías en esa comunidad en junio del año pasado.
Según fuentes de Seguridad Pública, el delegado de la FGR manejaba solo su camioneta cuando fue atacado a balazos por sicarios que lo esperaban, perdió el control del vehículo, chocó contra un portón y entonces fue acribillado.
García Fernández conducía una camioneta Mitsubishi gris con placas de la Ciudad de México J10-BKL, a la que se le contaron 20 impactos de bala.
Una versión dice que la víctima alcanzó a bajarse de la unidad, corrió, le dispararon y murió; otra dice que tras el choque los agresores lo bajaron y le dispararon a quemarropa. El cuerpo quedó en la esquina de las calles Xóchitl y Moctezuma, a pocos metros del vehículo.
Se informó que su vivienda está a unos 100 metros del lugar del ataque, en una calle cerrada y en una zona de clase media-alta; su pareja sentimental salió y lo reconoció.
El lugar está cerca de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del bulevar que conecta con la Autopista del Sol en una zona con mucho tránsito vehicular.
El crimen fue reportado a las 8:30 de la mañana y primero llegaron policías del estado, después paramédicos de la Cruz Roja que intentaron auxiliar a la víctima, pero ya había muerto. A las 12 del mediodía las diligencias seguían en el lugar.
Fernando García Fernández tenía 48 años, lo presentó públicamente el 19 de marzo de 2018 el gobernador Héctor Astudillo Flores, como delegado de la FGR.
El 15 de junio del año pasado estuvo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la firma del “Convenio de Seguridad y Procuración de Justicia para impulsar acciones conjuntas y estrategias en la ruta de construcción de paz, atender las causas que originan la violencia, además de trabajar para lograr el progreso, desarrollo y bienestar en ambos estados”.

El delegado de la FGR Fernando García Fernández y el secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, durante la inauguración de la Feria de Paz y Desarme Voluntario 2022 en Acapulco en agosto del año pasado Foto: SSP

Se le veía en las fotos que se distribuían del gobierno del estado de las reuniones virtuales de la Mesa de Seguridad, en la de ayer programada para las 8:30 de la mañana ya no estuvo; al parecer iba a ese encuentro cuando fue atacado.
Fue encargado de despacho de la Fiscalía de Colima en 2015 tras la renuncia del procurador, según medios de comunicación de esa entidad.
El crimen es parte de una ola de ataques a mandos de corporaciones de los tres niveles de gobierno.
El 6 de septiembre fue asesinado el director de Seguridad Pública del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), en un ataque de sicarios en el que también murieron tres agentes, y este sábado fue ejecutado en Coyuca de Catalán el fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras.
En la entidad hay dos grupos fuertes de la delincuencia organizada que tienen el control de comunidades y municipios enteros, uno es la Federación Guerrerense encabezada por el grupo criminal Los Tlacos, y el otra es una alianza entre La Familia Michoacana y Los Ardillos.
Colaboradores del funcionario dijeron que era “muy profesional y concentrado en su trabajo. Desde el 2019 participó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, trabajando de forma articulada con las diferentes corporaciones de seguridad y apegado siempre a sus competencias”.

Las acciones del delegado abren lí-neas para aclarar el homicidio:?FGR

En un comunicado, la FGR dijo que “en coordinación” con el gobierno de Guerrero, de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, ha efectuado diversas acciones que llevan a “líneas de investigación para aclarar el homicidio del delegado” García Fernández.
“Entre dichas acciones están la obtención de 138 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado, en contra de 189 personas”.
“Asimismo, se ha realizado el aseguramiento de instrumentos del delito como 484 armas de fuego, 22 granadas, 821 cargadores, 25 mil 692 municiones, más de nueve toneladas de narcótico y 23 mil 347 litros de hidrocarburo”.
Además “se logró la detención de dos integrantes de un grupo criminal con presencia en Guerrero, como Jesús “E” y Bernardo “C”, dice en referencia a Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo, y a su acompañante Bernardo Chávez Cruz, lo que detonó el cierre de Chilpancingo el 10 de julio, debido a la incursión de unos 3 mil campesinos encabezados por el grupo criminal Los Ardillos.
Agrega, “además de Lenin “L” y Paula “C”, miembros de una banda dedicada al secuestro agravado y casos sometidos a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros”, en referencia a los detenidos el viernes pasado por el delito de privación de la libertad y secuestro agravado, derivado de la retención de militares y policías estatales el 7 de junio de 2022 en esta población (Petaquillas) bajo influencia de Los Ardillos.
“Por lo anterior, en el estado ya se encuentran equipos especiales de la FGR, como Ministerios Públicos Federales, elementos de inteligencia, de investigación y servicios periciales para esclarecer este lamentable hecho”, termina.

Inició una investigación la FGE

En otro boletín, la Fiscalía General del Estado informó que “inició Carpeta de Investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de Homicidio Calificado”.
Agrega que agentes de la Policía Ministerial y de los Servicios Periciales “acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios, a fin de esclarecer el ilícito”.
Y adelanta que por el cargo de la víctima “en su momento se declinará competencia” paa que la FGR se encargue de la investigación”.
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz condenó “enérgicamente el artero y cobarde homicidio” del delegado de la FGR, Fernando García Fernández y el vocero Randy Suástegui Cebrero señaló que ya se investiga para dar con los responsables.
En una transmisión extraordinaria vía Facebook antes de mediodía y acompañado del subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, Suástegui Cebrero dijo que la FGE “dará puntual seguimiento en coadyuvancia también con la Fiscalía General de la República al ser un servidor público federal”.
Agregó que la Mesa de Coordinación “reitera su compromiso ineludible de trabajar firme y decididamente por la justicia para que estos hechos no queden en la impunidad”.
Por su parte el subsecretario Jiménez Sánchez relató que tras el ataque reportado alrededor de las 8:30 de la mañana el delegado fue atendido por paramédicos, “pero desafortunadamente falleció por la gravedad de sus heridas”.
Indicó que la FGE realiza las diligencias correspondientes y la SSP estatal mantiene presencia en Chilpancingo.
“Estaremos trabajando haciendo puntos de revisión y también seguimos con los puntos de atención ciudadana”, informó.
Expuso que la SSP “lamenta y condena estos hechos que buscan frenar las acciones que mantenemos todas las autoridades de manera conjunta en el combate a la delincuencia” y externó su pésame a la familia y amigos de la víctima.

Se retira la base del Ejército del crucero de El Jagüey en Chilapa, denuncia el Cipog-EZ

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la tarde del domingo se retiró la base del Ejército del crucero de El Jagüey, en el municipio de Chilapa, una zona importante porque separa a sus “comunidades de los territorios controlados por el grupo paramilitar Los Ardillos”.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo aseguró que también se retiraron los agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, dijo que ya informó a funcionarios del gobierno del estado y advirtió que si el Ejército no regresa a dar seguridad bajarán como sistema comunitario a tomar la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana de ayer en un comunicado el Cipog-EZ informó que el domingo militares se retiraron de una base que había instalado en el crucero de El Jagüey tras los enfrentamientos armados en contra de Los Ardillos, el crucero se ubica a unos cuatro minutos en vehículo pasando la localidad de Atzacoaloya, en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
“Es claro que durante todos estos años somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres del Cipog-EZ quienes hemos resistido los embates de los grupos delincuenciales”, manifestó.
Afirmó que a pesar de que el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal circulan por la carretera Chilapa-Hueycantenango, “cuando han asesinado a nuestros hermanos las fuerzas del Estado no están por ningún lado”, y mencionó los asesinatos de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Morales, quienes fueron hallados asesinados el 5 de noviembre en Xochimilco a las afueras de Chilapa, “donde hay un cuartel militar”.
El Cipog-EZ resaltó que es preocupante que el Ejército se retire, “porque es una zona importante que separa a sus comunidades de los territorios controlados por Los Ardillos, de tal forma que quedamos frente a frente nuevamente con los grupos delincuenciales”.
Llama a las autoridades y ciudadanos a “estar atentos de lo que pueda suceder en estos días, es evidente que el Estado sabe que habrá ataques y muerte, pero eso no le interesa”.
Contactado vía telefónica, Plácido Galindo detalló que fue a las 4 de la tarde del domingo cuando los militares se retiraron del crucero de El Jagüey ubicado adelante de la comunidad de Atzacoaloya, donde “se posicionaron Los Ardillos”.
–¿Les informaron los militares que se retirarían?
–No nos informaron, se retiraron sin avisarnos, sabemos que en esa trinchera del crucero de El Jagüey siempre han estado integrantes de Los Ardillos, y cuando los desplazamos quedamos de acuerdo con el gobierno del estado que ahí estaría el Ejército, pero al no tener una buena coordinación entre ellos (las autoridades) tomaron posesión Los Ardillos.
–¿Ya se comunicaron con algún funcionario del gobierno del estado, con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, o con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez?
–Se le informó a Francisco Cisneros que Los Ardillos se están posicionando y nos preocupa porque cada vez que ellos toman posición atacan a nuestras comunidades sin importar si hay mujeres o niñas, tampoco trabajan los transportistas de las comunidades para bajar al municipio de Chilapa, porque comienzan a levantarlos y a desaparecerlos.
Aseguró que también le avisaron a Reynoso Núñez pero se niega a aceptar que el Ejército se retiró de la base, “hoy hemos recorrido las zonas donde estaban y no están”.
Afirmó que otro cuartel cercano a la comunidad de Tula también está vacío, no hay nadie del Ejército, ni Guardia Nacional ni Policía Estatal.
–¿Suspendieron sus viajes para ir a abastecerse a la cabecera municipal de Chilapa?
–De hecho la gente evitó bajar a Chilapa por lo mismo de que los quieran levantar y desaparecer, ahorita toda la región del Cipog-EZ está alerta. Estamos en todas las trincheras de nuestros cerros por cualquier incursión de Los Ardillos, ya está lista la población para defenderse.
Plácido Galindo cuestionó que a pesar de que el Ejército llegó a Chilapa no se ha detenido a ningún integrante del “grupo narco paramilitar Los Ardillos”.
Destacó que el 5 de noviembre pasado fueron asesinados tres de sus compañeros promotores del Cipog-EZ, y “hasta ahorita no ha se ha detenido a ningún responsable por el crimen”.
Expuso que sabe cómo se mueve el grupo del crimen organizado que se dedica a “la extorsión en Chilapa, al secuestro, el cobro de cuota a los taxis y a comerciantes, han amenazado a médicos y maestros”.
“Aquí es responsable tanto el presidente municipal de Chilapa (Aldy Esteban Román del PRI), como el diputado (local priista), Jesús Parra, quien gobernó Chilapa y que con él aumentó el homicidio, el secuestro y la extorsión”, expresó.
Aseveró que su organización suma 50 integrantes asesinados y 20 desaparecidos, y por esos casos no hay ningún responsable detenido.
Responsabilizó al gobierno del estado de cualquier cosa que le ocurra a la población del Cipog-EZ, y mencionó que también ya le informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a representantes de la ONU para que estén atentos de lo que pueda ocurrir si el grupo paramilitar incursiona en su territorio, y el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).
Plácido Galindo también exhortó al gobierno federal a no ser cómplice de lo que está sucediendo, porque dijo desde el 21 de octubre pasado cuando en su gira por Guerrero abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigieron seguridad, trabajar su tierra y vivir en paz, y durante “todo este tiempo se nos sigue matando a nuestra gente y desplazando y las cosas sigan tensas”.
Aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional no garantizan la seguridad de los ciudadanos de la Montaña baja de Guerrero, “la guerra se va acabar cuando detengan a los grupos paramilitares”.
Advirtió que si ya no regresa el Ejército a ocupar el crucero de El Jagüey, como sistemas comunitarios bajarán a tomar la cabecera municipal de Chilapa, “ante el vacío de seguridad que deja el gobierno del estado”.

Los Ardillos atacaron al empresario en Ayutla, no la UPOEG, señala Bruno Plácido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, aseguró que quienes participaron en la balacera y persecución en contra de un empresario en Ayutla el jueves, fueron miembros del grupo delictivo Los Ardillos.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la agrupación denunció que ese grupo delictivo ya está operando en Ayutla y Tecoanapa, porque “hay un acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo para replegar a la UPOEG, de la que, aseguró, ya hay muchos asesinados y desplazados de esa región.
El jueves vecinos de Ayutla y Tecoanapa denunciaron que al menos dos muertos, un niño y un adulto, fue el resultado de una persecución a balazos en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, tramo Tecoanapa-Ayutla por presuntos integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG a un empresario materialista.
Las autoridades estatales solamente confirmaron la balacera y un muerto y en un boletín informaron que quienes participaron fueron civiles armados con vestimenta de la “policía comunitaria”, en referencia a la policía de la UPOEG.
Plácido Valerio dijo que el empresario propietario del establecimiento que fue agredido hace años secuestró a una persona y estuvo preso, “y la información que tenemos es que su negocio es de lavado de dinero, pero eso lo tendrían que investigar las autoridades”.
Sin embargo deslindó a la UPOEG del ataque, “quienes lo agredieron fue la otra parte que controla Tecoanapa y Ayutla que son Los Ardillos contra la otra gente”.
Aseguró que “el gobierno ya sabe quiénes fueron porque les mandé fotos, lo que pasa es que es muy fácil culparnos todo el tiempo a nosotros de todo”, se quejó.
Dijo que el problema es que el grupo delictivo ya amenazó a comisarios, a comandantes y a mucha gente de la UPOEG.
Informó que él ha presentado las denuncias pero que no han prosperado porque “el acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo de Los Ardillos es erradicar a la UPOEG de la región Costa Chica.
El dirigente de la agrupación dijo que por eso se quiere culpar a la UPOEG de la violencia en esa región, cuando quienes la provocan son Los Ardillos y Los Rusos.
Aseguró que la UPOEG se ha replegado porque además de la persecución de parte de los gobiernos estatal y federal, los grupos delictivos les han matado a mucha gente y a otros los han amenazado, “mientras que las autoridades no ponen orden, como traen armas de alto poder”.
Denunció que mucha gente de la UPOEG ha salido desplazada no sólo por la violencia de esos grupos delictivos (Ardillos y Rusos), “sino porque también el gobierno nos empezó a hostigar y yo le pedí a los compañeros que se desplazaran, por eso es que los grupos delictivos aprovecharon”.
Según el dirigente de la UPOEG, “la opinión de la gente de esa región es que hay un acuerdo entre el gobierno y los grupos delictivos para desplazarnos a nosotros”.
Agregó que los dos grupos “ya tienen rato matando gente en esa región y todo mundo sabe quiénes son pero todo mundo tiene temor de denunciarlos”.
El dirigente lamentó que las autoridades estén persiguiendo más a la organización social que a la delincuencia.
Explicó que Tecoanapa y Ayutla ya están bajo el control de Los Ardillos y el resto de los municipios “de Acapulco para abajo”, por Los Rusos.

Ejecutan en Chilapa a tres hombres del Cipog-EZ; uno denunció a criminales ante AMLO

El dirigente indígena ejecutado en Chilapa junto a dos de sus compañeros del Cipog-EZ, Adán Linares Silverio saluda a funcionarios que acompañaron en su gira al presidente López Obrador el pasado 21 de octubre en el crucero de Colotepec, Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres

Luis Blancas

Chilpancingo

Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.
En conferencia de prensa afuera del Servicio Médico Forense en Chilpancingo, el promotor de esa organización, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, del homicidio de sus tres compañeros.
Mientras que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) lamentó y condenó el crimen en contra de los tres activistas indígenas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 4 de la tarde del sábado recibieron el reporte de tres personas asesinadas en la carretera Chilapa-Tixtla.
Policías estatales y ministeriales encontraron un vehículo Tsuru blanco en el crucero de la localidad Xochimilco. Adentro estaban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y otro más afuera. Las tres víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo.
En el lugar había casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley y los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital.
La FGE difundió un comunicado la tarde del sábado en el que dice que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, por los hechos ocurridos en un crucero en la población de Xochimilco en Chilapa de Álvarez.

Responsabiliza al presidente López Obrador y a la gobernadora

El Cipog-EZ difundió un boletín de prensa en el que dice “responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos”.
“Actuaremos nosotros y nosotras, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestros pueblos”, agrega.
“Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que tres de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narcoparamilitares han impuesto en nuestro territorio”, expone el Cipog-EZ.
Añade que sus compañeros acudieron a Chilapa, fueron detenidos por agentes de Tránsito municipal a las 2:40 de la tarde del sábado, “posterior a eso una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que a las 9:30 de la noche de ese día se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco”.
“Si no nos defendemos quién nos va a defender”, fueron las palabras que los pueblos de la Montaña baja de Guerrero le dijeron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 21 de octubre.
Pese a que el Cipog-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la República, la tarde del 5 de noviembre “nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados”, se lee en el boletín.
“Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la República, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados”, concluye el comunicado.

Solicitaron la detención de Los Ardillos el 21 de octubre, reprocha

El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez del crimen, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román.
En conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital, Plácido Galindo se quejó de que a pesar que Adán Linares y miembros de la organización abordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la gira de trabajo el 21 de octubre pasado, donde le solicitaron la detención de los integrantes del grupo delictivo que opera en Chilapa y el cese a la agresión contra el Consejo no han tenido respuesta, y siguen las agresiones en contra de sus integrantes.
Dijo que en ese acercamiento acordaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda iban a acudir a la comunidad de Alcozacán para atender el problema, pero no les han dicho cuándo.
Informó que desde el 2015 a la fecha 43 miembros han sido asesinados y 20 más se encuentran desaparecidos por el grupo paramilitar, que pretende desaparecer a la organización e invadir el territorio.
“Hacemos responsables de estos hechos al líder de Los Ardillos Celso Ortega, a su familiar (hermano) Bernardo Ortega, al alcalde de Chilapa Aldy Esteban Román, porque sus trabajadores trabajan con los malos, y al diputado local Jesus Parra García, que cuando fue alcalde permitió la presencia de estos amigos en el munipio”, insistió.
Indicó que esta agresión en su contra pudiera ser una reacción a los señalamientos contra Los Ardillos y al diputado Bernardo Ortega, que hicieron frente al presidente de México cuando visitó La Montaña de Guerrero.
“No están muertos nuestros compañeros, la lucha sigue, la resistencia del crimen operando en la montaña no nos va a afectar, vamos a seguir denunciando, nos duele ver que cada día los compañeros que bajan a comprar a Chilapa ya no regresan, de este asunto es responsable el Estado”, declaró.
Mencionó que Adán Linares hace dos años contaba con medidas cautelares, cargaba un botón de pánico y un teléfono satelital, lo cual no fue suficiente para garantizar su seguridad, “ahora él dejó dos niñas y sus restos serán sepultados en Alcozacán al igual que Moisés que dejó dos niños, mientras que Guillermo será sepultado en Tula y dejó en la orfandad a tres hijos”.
Plácido Galindo dijo que sus tres compañeros asesinados salieron a las 2 de la tarde del sábado de la comunidad Alcozacán en Chilapa, se dirigían a Chilpancingo para comprar refacciones de un vehículo, cerca de los arcos fueron retenidos por agentes de Tránsito municipal, los siguió un motociclista y después al pasar por el crucero de Xochimilco fueron asesinados a balazos.
Dijo que en asambleas de las comunidades en las que tiene presencia el Cipog-EZ analizarán qué acciones realizarán ante las agresiones del grupo criminal Los Ardillos.
Exigió al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia para los miembros de la organización y que no quede impune.
Minutos después de la 1 de la tarde los familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, resguardados por policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al Semefo en la capital para recoger los cuerpos de los tres miembros de la Cipog-EZ y realizar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público.

La Codehum condena el triple asesinato

La Codehum lamentó y condenó el suceso en el que fueran privados de la vida el sábado Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La Codehum difundió un comunicado en el que señaló que dará seguimiento al caso, a fin de que se garantice a favor de los deudos el derecho al acceso a la justicia.
El organismo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realice de manera diligente y apegada a la legalidad, “y que las acciones que se tomen sean con estricto respeto a los derechos humanos”.

Bloquean la autopista familiares de los tres desaparecidos en Quechultenango

Familiares y amigos de Adolfo Aparicio Bello, Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas quienes desaparecieron el pasado viernes en Quechultenango, durante el bloqueo a los carriles norte-sur de la Autopista del Sol en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Familiares y amigos del encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Adolfo Aparicio Bello, así como de Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas, quienes desaparecieron el viernes en Quechultenango, bloquearon cuatro horas la Autopista del Sol en Chilpancingo, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
En la noche, por teléfono el hermano de Adolfo informó que ayer se localizó la camioneta en que viajaban y a que a ello ayudó el helicóptero que la familia había solicitado para hacer un recorrido por la zona.
“Ya teníamos localizados los puntos”, dijo, pero recriminó que como el domingo la FGE inició tarde los trabajos la neblina impidió que continuaran.
Por el bloqueo que realizaron dijo que la búsqueda este lunes fue diferente, incluso participaron el Ejército y la Guardia Nacional.
La camioneta en la que viajaban fue localizada y hay personas dentro, pero no saben su identidad, dijo, y precisó, “del vehículo sí, aún tenemos ese rayito de luz de encontrar con vida a nuestros familiares”.
Detalló que este martes continuarán las labores de rescate para sacar la camioneta e identificar los cuerpos que están dentro.
Mientras que en la protesta unos 100 manifestantes llevaban pancartas en el encauzamiento del bulevar del río Huacapa, a unos metros de la autopista, en las que se leía, “Gobernadora exigimos el regreso con vida de nuestros familiares”, “Necesitamos la aparición con vida de Adolfo, Efrén y Pedro”, “Tu familia te espera”.
Al lugar llegaron el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el subdirector de Negociaciones de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Julián Arcos para solicitarl a las familias que no bloquearan “porque un problema no se soluciona con otro problema”.
Los funcionarios aseguraron a los manifestantes que se retomaría la búsqueda pero que permitieran los trabajos a la Fiscalía y a las demás corporaciones para la localización de los tres hombres.
Sin embargo, los manifestantes cerraron unos minutos la vialidad a unos metros del Huacapa, posteriormente avanzaron a la Autopista del Sol, la cual bloquearon en el sentido norte-sur y también el entronque con la carretera federal a las 11:20 de la mañana.

En el bloqueo

La madre de Adolfo, Higinia Bello contó que su hijo desapareció el viernes y que el último contacto fue a las 7:25 de la noche en el tramo Quechultenango-Chilpancingo, “mi hijo es trabajador de los Derechos Humanos, sin embargo tenemos un negocio familiar. Hace cinco meses murió mi esposo y Adolfo es el que me está apoyando en algunos trabajos”.
Adolfo junto con Romero Sotelo y Barrios Cárdenas llegaría a Chilpancingo pero anocheció, por lo que Higinia salió a buscarlos con otro familiar porque dijo que pensó que tal vez se les había ponchado una llanta, pero no los localizaron.
Contó que buscaron en todo el camino, considerando también que tal vez habían tenido algún accidente y caído en alguna barranca, y al no tener resultados interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El domingo acudió la Fiscalía al lugar de donde salió Adolfo con los otros dos hombres, pero como acudieron en la tarde los trabajos se suspendieron porque la neblina estaba densa y la lluvia tampoco permitió que vieran más abajo del barranco.
“Ahora las autoridades me dicen que no cierre la autopista, que un problema no se resuelve con otro, pero les dije que en las acciones que realizaron el domingo no hubo nada”, Higinia comenzó a llorar y a gritar de la desesperación.
“El tiempo corre, la vida de mi hijo está en peligro, por favor que me ayude la señora gobernadora, que me escuche y apoye, porque la Fiscalía está saliendo otra vez tarde para la búsqueda”, reclamó.
Continuó llorando, su cuerpo se desvaneció y dos mujeres la tuvieron que sostener, “son dos personas más que están en peligro, mi hijo y dos de mis trabajadores, por favor, por favor, hay que unirnos para peinar la zona, desde Petaquillas, Mochitlán y Tepechicotlán, porque hablan de que hay cuevas”.
La madre reprochó que la FGE le aseguró que acudirían perros buscadores y helicópteros para localizarlos pero no asistieron, “yo pido drones para poder mirar porque la superficie es muy accidentada”.
Higinia tiene un aserradero, Maderas de la Sierra, las instalaciones se ubican en la capital. La madre contó que su hijo le ayuda cuando tiene tiempo libre porque su esposo murió hace cinco meses. De acuerdo con las familias los dos trabajadores y Adolfo realizarían un trabajo y ese mismo día regresarían, pero no fue así.
El tiempo que estuvo el bloqueo sobrevoló un dron de la Policía Estatal, además los agentes de la Guardia Nacional constantemente tomaron fotografías a las familias.
Uno de los manifestantes informó que con el GPS rastrearon el celular de Aparicio Bello y la localización les indicaba que estaban en una cueva en dicho tramo carretero.
Al lugar llegó la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán para dialogar con las familias.
También acudieron unos 50 policías estatales con equipo antimotines pero permanecieron en la calle lateral de la autopista en la espera de la orden del desalojo, algunos familiares y amigos se arrodillaron y recriminaron que se utilizaría la fuerza pública para replegarlos y que esos policías podían servir para la búsqueda.
Al saber que las autoridades iniciaron los trabajos de búsqueda los manifestantes a las 12:30 del día comenzaron a abrir y cerrar cada 15 minutos la vialidad, donde cientos de automovilistas quedaron varados.
Minutos antes de las 3 de la tarde los manifestantes se replegaron a la banqueta de dicha vialidad, en tanto una comisión de familiares de los desaparecidos fue a una reunión a la Fiscalía.
Las personas que permanecieron en la vía lateral de la Autopista lloraron por los hombres desaparecidos y una mujer se desmayó, pero no informaron si ya se habían localizado a sus familiares.
La Fiscalía también difundió un boletín para localizar a Efrén Barrios Cárdenas de 55 años, pero no de Pedro Romero Sotelo, este último es uno de los desplazado de Campo de Aviación del municipio Leonardo Bravo.
El encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Codehum, también fue precandidato morenista para la alcaldía del municipio de Copala en el 2021.
En un comunicado se informó que el gobierno de Guerrero amplió el operativo de búsqueda por aire y tierra con agentes de las secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como de la Fiscalía estatal, para agilizar la localización de tres personas reportadas desaparecidas.
Se detalló que el grupo estaba integrado por agentes de la secretaría de Seguridad Pública, quienes dan acompañamiento a integrantes de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Derechos Humanos.
“El resguardo y acompañamiento está al mando de María de Jesús Varona y junto a ellos se trasladó un grupo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, con el titular Víctor Parra Téllez, además de personal de Protección Civil y de un grupo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado”, se informó.
Se indicó que la instrucción al personal fue brindar apoyo, seguridad y facilidades hasta encontrar a los tres ciudadanos reportados desaparecidos, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín en el municipio de Quechultenango.
El municipio de Quechultenango es señalado por las autoridades como el bastión de la organización criminal Los Ardillos.

Suplican por la búsqueda de tres desaparecidos

Familiares y amigos del funcionario de la Codehum, Adolfo Aparicio Bello, así como de sus acompañantes Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas, quienes desaparecieron el viernes en Quechultenango, bloquearon cuatro horas la Autopista del Sol en Chilpancingo para exigir su presentación. En la noche se informó que ayer se localizó la camioneta en que viajaban con personas que no han sido identificadas. En la imagen parientes de las víctimas se hincan ante la amenaza de un desalojo de policías estatales Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Bloquean la autopista familiares de los tres desaparecidos en Quechultenango

Encuentran la camioneta en la que se trasladaba el funcionario de la Codehum con sus acompañantes con personas dentro pero no se sabe su identidad, informan familiares

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En el bloqueo

Recuento: 47 muertos, 21 desaparecidos y un detenido de la CRAC-PF desde 2015

Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa y Jose? Joaquín de Herrera se manifestaron el viernes al paso del convoy del presidente Andre?s Manuel Lo?pez Obrador por el crucero de Colotepec, donde lo pararon 15 minutos para exponerle la situacio?n de violencia en sus comunidades Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 24 de noviembre del 2015 la Urvan número 45, placas 4668-FMC, salió poco después de las 6 de la mañana de San Jerónimo Palantla con siete pasajeros a bordo rumbo a Chilapa. A las 6:40 en el punto conocido como La Ciénega, antes de llegar a Atzacoaloya, fue atacada a balazos y cuatro de los ocupantes, el chofer y tres mujeres, fallecieron por la lluvia de disparos.
Elizabeth, una niña de cuatro años y Flora, una adolescente de 14 resultaron heridas. El séptimo pasajero logró huir ileso.
Las cuatro víctimas mortales fueron: Ángela Casarrubias Cortés de 52 años, su hija Ana Orgín Casarrubias de 22 y madre de Elizabeth. Además Victoria Díaz Bernabé de 34 años y el chofer de la Urvan, Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era promotor y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de San Jerónimo Palantla, de donde eran originarias las demás víctimas.
Ese día, de acuerdo a la CRAC-PF y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), marcó la violencia que viven los pueblos nahuas de esa región de Chilapa que ha dejado 47 asesinatos, 21 desaparecidos y un detenido.
Esas cifras fueron las que le entregaron en un documento el viernes pasado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el crucero de Colotepec donde el mandatario fue interceptado.
Le reprocharon que los tres órdenes de gobierno han minimizado y no han querido resolver ni atender el problema de la violencia provocada por los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos, aunque el primero ya fue desarticulado con la detención de su líder Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, el 21 de agosto del 2019.

Casos representativos

La masacre del 24 de noviembre del 2015 fue atribuida por la CRAC-PF y el Cipog-EZ a integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) al que pertenece un grupo de vecinos de San Jerónimo Palantla, y al que vinculaban con el grupo delictivo Los Rojos.
El 11 de junio del 2016, fue asesinado en Xochitempa el comandante suplente de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Florencio Morales Salgado, en un operativo de la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y vecinos de San Jerónimo Palantla representados por el FDP.
El 19 de diciembre del 2018, 12 vecinos de El Paraíso de Tepila desaparecieron. Entre ellos Anita, de tres años, Elena y Zacarías de seis, Juanita de siete, Emiliano de nueve, Sergio y Jorge de 12 años, Rosaria de 15, Ángel de 17. Así como Rosaria Ignacio Melchor de 60, Alberto Espiridión Ignacio de 40 y Antonia Andraca Celedonio de 36.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ, responsabilizaron de la desaparición masiva a la policía comunitaria del grupo Por la Paz y la Justicia que relacionan con Los Ardillos.
El 4 de mayo del 2019 fueron ejecutados en Chilapa los consejeros de la CRAC-PF y concejales del Cipog-EZ ante el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, el primero de Xicotlán y el segundo de Buena Vista.
El 16 de mayo de 2019 los indígenas Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla, de San Jerónimo Palantla, fueron levantados cerca de Xochitempa y siguen desaparecidos.
El 23 de mayo del 2019 el comandante regional de la CRAC-PF y concejal del Cipog-EZ ante el CIG-CNI, Bartolo Hilario Morales, de Tula, fue levantado en el crucero del Jagüey en la carretera Chilapa-Hueycantenango y su cuerpo fue encontrado desmembrado y embolsado al día siguiente junto al del indígena de Xicotlán, Isaías Xanteco Ahuejote, en el punto conocido como Las Antenas de la carretera Chilpancingo-Tlapa.
El 2 de junio de 2019 fue ejecutado frente a su esposa en Hueycantenango, Eugenio Máximo Hilario, ex comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). La dirigencia del Cipog-EZ denunció entonces que los responsables fueron policías municipales de ese lugar e integrantes del grupo Los Ardillos.
El 7 de julio de 2019, fue levantado el comandante de la Policía Comunitaria de Alcozacán, Felipe de Jesús Tolentino Bolaños. Su cuerpo fue encontrado el 11 de julio cerca de Chilapa.
El 8 de julio de 2019 fueron levantados en el crucero del Jaguey, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas Reyes, policías comunitarios de Ayahualtempa, sus cuerpos fueron encontrados en el crucero de Rincón de Chautla el 11 de julio. El día que los levantaron bajaron a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y en la “expropiación” de fertilizante.
El 10 de julio de 2019, fueron bajadas de una combi del transporte público en el crucero del Jagüey las delegadas del CNI, Juana Fernández Ambrosio y Alberta Martínez Rendón. Sus cuerpos fueron encontrados degollados y con huellas de tortura al día siguiente cerca de la colonia Corral de Piedra de Chilapa.
El 8 de agosto del 2019 fue levantado en el crucero del Jagüey, Hilario Tepetitlan, originario de Alcozacán y su cuerpo fue hallado horas después cerca de la colonia Corral de Piedra.
El 7 de septiembre de 2019 fue levantado en Hueycantenango el regidor de seguridad pública de José Joaquín Herrera y policía comunitario de Ayahualtempa, Leocadio Bolaños Hernández. Su cuerpo fue encontrado decapitado al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito, cerca de esa cabecera municipal.
El 14 de septiembre de 2019 fue levantado en Tlachimaltepec, José Joaquín de Herrera, el policía comunitario de Alcozacán, Silviano Morales Joaquín. Su cuerpo fue encontrado cerca de la comunidad de Tospanyo el 17 de septiembre.
El 8 de octubre de ese año fue acribillado cerca del módulo de la Policía Municipal en Hueycatenango el policía comunitario de Zacapexco, Santos Vázquez Andraca.
El 18 de octubre de 2019 fue levantado en el río La Hamaca, entre Acojtapaxtlán y El Epazote, Fidel Bolaños Rojas, originario de Ayahualtempa. Al día siguiente desapareció su hijo Félix Isidro Bolaños Hernández, cuando lo buscaba en Colotlipa, municipio de Quechultenango. Ambos continúan desaparecidos.
El 1 de noviembre de 2019 fue asesinado en Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango, Samuel Rojas Dorantes, originario de Ayahualtempa.
El 18 de noviembre de 2019 fue asesinado en la colonia Piedra Colorada de Hueycantenango, Isaac Martínez Rosendo, vecino de Ayahualtempa.

Las víctimas del 2020

El 17 de enero de 2020, Alcozacán se vistió de luto. Ese día fueron masacrados 10 vecinos de ese pueblo, todos integrantes del grupo Sensación Musical, cuando regresaban de una tocada en Tlayelpan.
A cinco de las víctimas les prendieron fuego en el interior de la camioneta en que viajaban y los otros cinco fueron asesinados a balazos, algunos tenían el tiro de gracia.
Los muertos fueron los hermanos José Julio de 37 años y Cándido Fiscaleño Hilario, de 20, Crescenciano Migueleño Coapango de 37, chofer de una de las camionetas, Israel Tolentino Ahuelicán de 24, chofer de la otra camioneta y policía comunitario.
Los otros fueron Israel Mendoza Pasado de 15 años, Regino Fiscaleño Chautla, Antonio Mendoza Tolentino, Lorenzo Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Marcos Fiscaleño Baltazar.
El 15 de agosto fue levantado en Totopacholpe, territorio del grupo Por la Paz y la Justicia, Rutilio Bolaños Gatica, de Ayahualtempa, y encontrado asesinado al día siguiente en Kamoxtepec.
El 19 de diciembre fueron encontrados con huellas de tortura, maniatados y con el tiro de gracia en el punto conocido como La Herradura, los cuerpos de los miembros del Cipog-EZ originarios de Alcozacán, María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, quienes habían sido levantados en Chilapa un día antes.
El 7 de marzo, ya del 2021, fue atacada una camioneta de policías comunitarios cerca del crucero de Olinalá por hombres armados con AK-47 y AR-15, resultaron heridos cuatro policías comunitarios: Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Pérez y Jordán Terjiño Luna, éste último falleció al día siguiente.
El 7 de diciembre de 2021 desapareció en Hueycantenango cuando fue a visitar a sus familiares el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza de 30 años, originario de Alcozacán.
El 11 de diciembre desaparecieron los ex policías comunitarios Felipe Tlalxintle Tepexco de 62 años y José Juan Reyes Román de 24, el primero de Xochitempa desapareció entre las comunidades de Mexcaltepec y San Jerónimo Palantla, y el segundo de Ayahualtempa fue levantado en Hueycantenango.
El 16 de enero del 2022, Delfina Ramírez Morales de 26 años fue detenida por policías municipales de José Joaquín de Herrera, según la dirigencia del Cipog-EZ y su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego en la comunidad de Temixco.
El 25 de enero desaparecieron el comandante regional de la CRAC-PF de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario de Tula Samuel Hernández Sánchez. El Cipog-EZ responsabilizó a policías municipales de Atlixtac.
El 6 de mayo fueron levantados cerca de Atzacoaloya, Lorena Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote, horas después sus cuerpos fueron encontrados por agentes ministeriales dentro de su camioneta al fondo de una barranca.
El 21 de mayo fue levantado en Hueycantenango Justino Tapia Rosendo de Ayahualtempa de 19 años y estudiante de la UAG. Justino, quien era hijo del policía comunitario Margarito Tapia, fue encontrado asesinado cerca de San Marcos, municipio de José Joaquín de Herrera.
El 9 de julio fue asesinado en Chilapa el policía comunitario y fundador de la CRAC-PF, Alberto Morales Sebastián, de la comunidad de Tula.
El 24 de julio fue asesinado en Chilapa Nicolás Pérez Zoyateco de 49 años, originario de Alcozacán.
Los desaparecidos más recientes son Secundino Jiménez Plácido de Zacapexco, desaparecido el 28 de septiembre en Atzacoaloya, y Celso Cocotzin Tolentino de Alcozacán, según el Cipog-EZ secuestrado en Chilapa el 18 de octubre.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ cuentan también como parte de la violencia, la detención del policía comunitario de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, Godofredo Cortés Reyes.
Godofredo fue detenido en marzo de 2016 acusado de homicidio y privación ilegal de la libertad, derivado de una masacre el 8 de febrero de 2015 en la comisaría de San Jerónimo Palantla, donde cinco indígenas fueron asesinados, según los familiares de las víctimas, por policías comunitarios de la CRAC-PF.

Son “acusaciones sin sustento”, responde el diputado Bernardo Ortega al Cipog-EZ

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez afirmó que son “acusaciones sin sustento”, las que realizaron en su contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) ante el presidente de la República, de ser uno de los líderes del grupo criminal Los Ardillos.
Durante la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, éste fue interceptado por al menos 200 pobladores de Chilapa y José Joaquín Herrera. El líder del Cipog, Jesús Plácido, entregó un documento al mandatario, donde le expresó que “desde hace varios años, el grupo de Los Ardillos, que encabezan Celso Ortega y su hermano el diputado Bernardo Ortega, ha atacado a balazos sus pueblos en varias ocasiones, ha asesinado y desaparecido a mujeres y hombres, dejando huérfanos a los niños”.
Este domingo por la tarde, en un comunicado, el diputado Bernardo Ortega, hermano del líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega, de nuevo negó ser parte de la delincuencia organizada. En el escrito apunta su trayectoria en la política, desde 1996, cuando fue candidato por primera vez a presidente municipal de Quechultenango y hasta el actual cargo, como diputado local por el distrito 24, con cabecera en Tixtla.
Señala: “Soy humano. He tenido errores a lo largo de mi vida y me pueden señalar por ello, pero nunca de corrupto, criminal o que me dedique a actividades ilícitas. Yo soy responsable de mis actos y acciones”.
En ese sentido continuó su escrito, en el que se deslinda de las actividades de sus hermanos, “jamás seré responsable de lo que hagan con su vida terceras personas mayores de edad, así sean familiares o amigos”.
Lamentó que “por falta de información o por la razón que sea, se use mi nombre en acusaciones sin sustento”, en referencia a lo señalado por el líder Cipog ante el presidente de la República, Andrés Manuel López.
Bernardo Ortega insistió en que sólo es “responsable de mis actos y decisiones, no de las de otras personas. Y a las pruebas me remito”. En otros momentos, ante señalamientos similares, ha insistido en que se presenten las denuncias en su contra, para que sea investigado.
Para finalizar, señaló: “En México no es delito compartir un apellido. Cada quien construye el camino de su vida y la mía está dedicada a mi familia, a representar a la gente que más necesita. Así ha sido y así seguirá”.

Exigen la renuncia de funcionario de Profepa por la muerte de los tres tigres en Quechultenango

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Mediante un comunicado de prensa, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) pidió la “remoción inmediata” del director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Procuraduría Federal de Proección al Ambiente (Profepa), Rodolfo Vilchis, por la muerte de tres tigres de Bengala en el municipio de Quechultenango.
Señalaron que la “negligencia y falta de conocimiento” de Vilchis sobre fauna silvestre y recursos marinos, provoca la muerte de ejemplares que están considerados en riesgo de extinción, además de que están protegidos por tratados internacionales.
La Azcarm pide que el funcionario sea despedido lo más pronto posible para evitar que más animales pierdan la vida.
Afirma que la muerte de los tigres de bengala en Quechultenango no es la primera omisión y recordaron la muerte de dos delfines en el Delfinario de Guaymas en Sonora.
La asociación aseguró que especies de mamíferos marinos, felinos, monos y otros animales que se encuentran en el país son rescatadas en México de manera diaria, pero que la Profepa no responde con profesionalismo para los traslados.
El 7 de marzo, la Azcarm pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que no deje impune la muerte de los tigres de Bengala, pues aseguró que es “responsabilidad de esta dependencia”.

No tuvo la custodia de los tres tigres; fueron asegurados por la FGE, responde la Profepa

Redacción

Chilpancingo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la dependencia no tuvo la custodia de los tres tigres asegurados en febrero en un cateo en el municipio de Quechultenango.
En una publicación en Twitter, la dependencia indicó que los tres felinos fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En una nota publicada ayer en El Sur, el vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la FGE, Ramón Celaya Gamboa, dijo que la situación de los tres tigres incautados en Quechultenango es responsabilidad de la federación y que como Fiscalía, “ya se clarificó todos los puntos”.
La Profepa publicó en su cuenta de Twitter, “Los ejemplares fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado. La PROFEPA no tuvo la custodia de los animales”.
El 6 de marzo la Profepa informó que los tres tigres incautados en el municipio de Quechultenango el 16 de febrero están desaparecidos e investiga para dar con su paradero.
Por su parte pobladores de Quechultenango señalaron que los tres tigres murieron porque quedaron abandonados en el lugar donde fueron asegurados, sin la atención de las autoridades, informaron fuentes policiacas
El 17 de febrero la Fiscalía difundió en un comunicado que sus agentes cumplieron el 15 de febrero una orden de cateo en el municipio de Quechultenango, que concedió un juez de control.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de “hierba seca con características propias de la marihuana”, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
El viernes pasado fuentes policiacas dijeron que los tres tigres asegurados murieron en el lugar donde se encontraban.
Una nota publicada en la agencia Reforma precisa que se preveía que autoridades trasladarían a los tigres a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), ubicada en el municipio de Tecpan de Galeana.
Sin embargo, el operativo de rescate se retrasó debido a que la delegación de la Profepa no contaba con jaulas y un zoológico que aceptara a los ejemplares. Y una fuente del gobierno estatal declaró a ese diario que “lo que pudo haber pasado es de que los dueños de esos tigres regresaron y se los llevaron”.