Desaparecen tres jornaleros nahuas de Zocapexco, Chilapa, denuncia Cipog-EZ

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Tres jornaleros indígenas nahuas de la comunidad de Zocapexco, municipio de Chilapa, desaparecieron el jueves, cuando recién habían llegado de los campos agrícolas de Sinaloa a Chilapa, denunció el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Los indígenas son Ángel Villalba Salvador de 29 años, Nicolás Rodríguez Díaz de 22, y Marcelino Hernández Tecorral de 20.
Apenas el mismo jueves, familiares y vecinos de la comunidad vecina de Xichitempa, que también pertenece al Cipog-EZ y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) sepultaron a Esteban Xochitempa Tepexco y su hijo Juan Xochitempa Macario, dos indígenas que fueron asesinados el domingo pasado cuando cargaban gasolina en un establecimiento de Chilapa.
En un comunicado emitido este viernes la dirección de la organización denunció que con la desaparición de otros tres indígenas “siguen los ataques sistemáticos y generalizados a los pobladores de las comunidades de la montaña baja de Guerrero que conformamos el Cipog-EZ”.
Se informó que el último contacto que los familiares tuvieron con los jornaleros fue aproximadamente a las 7 de la mañana después de que llegaron a Chilpancingo y abordaron una Urvan en la base de la ruta a Chilapa. Aunque ya no tuvieron comunicación con ellos saben que sí llegaron a Chilapa y de ahí transbordarían otra Urvan de la ruta a Hueycantenango, municipio de José Joaquín de Herrera.
Esa ruta pasa por la desviación hacia Rincón de Chautla y Zacapexco, donde debieron bajarse para llegar a su pueblo.
“Los tres compañeros son indígenas jornaleros que regresaban de Sinaloa al haberse terminado la temporada de cosecha”.
La dirigencia de la organización responsabiliza a las autoridades municipales de Chilapa “por la permisibilidad de los asesinatos, desapariciones y crímenes de lesa humanidad que se perpetran en contra de los pobladores indígenas por parte de los grupos delictivos”.
El Cipog-EZ llamó a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, así como al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) “que gestionen la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. Nos están desapareciendo y asesinando y ningún Gobierno ya sea municipal, estatal o federal nos protege”, reprochó la agrupación.
El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que a raíz de los asesinatos de sus dos compañeros de Xochitempa y la desaparición de los tres de Zacapexco, esa agrupación y la CRAC-PF acordaron bloquear a partir de las 9 de la mañana de este sábado la carretera Chilapa-Hueycantenango en Alcozacán y la federal Chilpancingo-Tlapa, adelante de Chilapa en el crucero conocido como de Papaxtla.
Dijo que la protesta es para exigir un diálogo directo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y funcionarios federales para pedirles la investigación de todos los asesinatos y las desapariciones que han venido sufriendo en los últimos días en los pueblos donde tiene presencia el Cipog-EZ y la CRAC-PF.
Informó que han recibido la solidaridad de organismos nacionales e internacionales y que esta vez no van a levantar su protesta hasta que vayan a reunirse con ellos la gobernadora y los funcionarios federales.

Cierran en Alcozacán la carretera a Chilapa; se incumple en obras, denuncian

Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa bloquearon ayer la carretera Chilapa-Huycantenango, municipio de José Joaquín de Herrera, para protestar porque los gobiernos municipal y estatal incumplieron con obras que han venido solicitando desde el año pasado.
El bloqueo comenzó a las 12 del día en Alcozacán, municipio de Chilapa, informó por teléfono el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo.
A su vez, en un comunicado piden a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso; al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, que atiendan sus peticiones.
En su comunicado, denuncian que las autoridades del gobierno del estado han fallado en la solución de sus peticiones hechas con más de nueve meses de anterioridad.
“El Cipog-EZ, en coordinación con autoridades comunitarias y pobladores de las comunidades hemos esperado tener soluciones por parte del Gobierno del estado, pero nos siguen dando largas”.
Explican que no han cumplido con la construcción del hospital regional en Alcozacan; el Banco del Bienestar y las carreteras artesanales, y tampoco han cumplido con darles garantizarles de seguridad.
Placido Galindo informó por teléfono que por el incumplimiento del gobierno estatal los indígenas iniciaron un bloqueo a la carretera Chilapa-Hueycantanango, en la entrada de Alcozacán.
Informó que esta vez será por tiempo indefinido “hasta que se presente la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y todos los funcionarios encargados de resolver las demandas que se comprometió el Gobierno del estado”.
Placido Galindo dijo que decidieron volver a bloquear porque, las autoridades se han negado al diálogo; “nos promete obras, se firman minutas, pero nos estregan basura, como la carretera de José Joaquín de Herrera que va para los ajos, obra con desvió de recursos, y que no ha durado ni un año, solo cubrieron una capa de asfalto”, denunció.
Exigió el cumplimiento a las demandas de obras de las comunidades indígenas y que sean de calidad “y sin robo de recursos”.
Además, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) de un informe “detallado” de las acciones que está realizando de todas las personas desaparecidas y asesinadas integrantes de las comunidades de la montaña baja de Guerrero. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Se retira la base del Ejército del crucero de El Jagüey en Chilapa, denuncia el Cipog-EZ

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la tarde del domingo se retiró la base del Ejército del crucero de El Jagüey, en el municipio de Chilapa, una zona importante porque separa a sus “comunidades de los territorios controlados por el grupo paramilitar Los Ardillos”.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo aseguró que también se retiraron los agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, dijo que ya informó a funcionarios del gobierno del estado y advirtió que si el Ejército no regresa a dar seguridad bajarán como sistema comunitario a tomar la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana de ayer en un comunicado el Cipog-EZ informó que el domingo militares se retiraron de una base que había instalado en el crucero de El Jagüey tras los enfrentamientos armados en contra de Los Ardillos, el crucero se ubica a unos cuatro minutos en vehículo pasando la localidad de Atzacoaloya, en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
“Es claro que durante todos estos años somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres del Cipog-EZ quienes hemos resistido los embates de los grupos delincuenciales”, manifestó.
Afirmó que a pesar de que el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal circulan por la carretera Chilapa-Hueycantenango, “cuando han asesinado a nuestros hermanos las fuerzas del Estado no están por ningún lado”, y mencionó los asesinatos de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Morales, quienes fueron hallados asesinados el 5 de noviembre en Xochimilco a las afueras de Chilapa, “donde hay un cuartel militar”.
El Cipog-EZ resaltó que es preocupante que el Ejército se retire, “porque es una zona importante que separa a sus comunidades de los territorios controlados por Los Ardillos, de tal forma que quedamos frente a frente nuevamente con los grupos delincuenciales”.
Llama a las autoridades y ciudadanos a “estar atentos de lo que pueda suceder en estos días, es evidente que el Estado sabe que habrá ataques y muerte, pero eso no le interesa”.
Contactado vía telefónica, Plácido Galindo detalló que fue a las 4 de la tarde del domingo cuando los militares se retiraron del crucero de El Jagüey ubicado adelante de la comunidad de Atzacoaloya, donde “se posicionaron Los Ardillos”.
–¿Les informaron los militares que se retirarían?
–No nos informaron, se retiraron sin avisarnos, sabemos que en esa trinchera del crucero de El Jagüey siempre han estado integrantes de Los Ardillos, y cuando los desplazamos quedamos de acuerdo con el gobierno del estado que ahí estaría el Ejército, pero al no tener una buena coordinación entre ellos (las autoridades) tomaron posesión Los Ardillos.
–¿Ya se comunicaron con algún funcionario del gobierno del estado, con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, o con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez?
–Se le informó a Francisco Cisneros que Los Ardillos se están posicionando y nos preocupa porque cada vez que ellos toman posición atacan a nuestras comunidades sin importar si hay mujeres o niñas, tampoco trabajan los transportistas de las comunidades para bajar al municipio de Chilapa, porque comienzan a levantarlos y a desaparecerlos.
Aseguró que también le avisaron a Reynoso Núñez pero se niega a aceptar que el Ejército se retiró de la base, “hoy hemos recorrido las zonas donde estaban y no están”.
Afirmó que otro cuartel cercano a la comunidad de Tula también está vacío, no hay nadie del Ejército, ni Guardia Nacional ni Policía Estatal.
–¿Suspendieron sus viajes para ir a abastecerse a la cabecera municipal de Chilapa?
–De hecho la gente evitó bajar a Chilapa por lo mismo de que los quieran levantar y desaparecer, ahorita toda la región del Cipog-EZ está alerta. Estamos en todas las trincheras de nuestros cerros por cualquier incursión de Los Ardillos, ya está lista la población para defenderse.
Plácido Galindo cuestionó que a pesar de que el Ejército llegó a Chilapa no se ha detenido a ningún integrante del “grupo narco paramilitar Los Ardillos”.
Destacó que el 5 de noviembre pasado fueron asesinados tres de sus compañeros promotores del Cipog-EZ, y “hasta ahorita no ha se ha detenido a ningún responsable por el crimen”.
Expuso que sabe cómo se mueve el grupo del crimen organizado que se dedica a “la extorsión en Chilapa, al secuestro, el cobro de cuota a los taxis y a comerciantes, han amenazado a médicos y maestros”.
“Aquí es responsable tanto el presidente municipal de Chilapa (Aldy Esteban Román del PRI), como el diputado (local priista), Jesús Parra, quien gobernó Chilapa y que con él aumentó el homicidio, el secuestro y la extorsión”, expresó.
Aseveró que su organización suma 50 integrantes asesinados y 20 desaparecidos, y por esos casos no hay ningún responsable detenido.
Responsabilizó al gobierno del estado de cualquier cosa que le ocurra a la población del Cipog-EZ, y mencionó que también ya le informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a representantes de la ONU para que estén atentos de lo que pueda ocurrir si el grupo paramilitar incursiona en su territorio, y el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).
Plácido Galindo también exhortó al gobierno federal a no ser cómplice de lo que está sucediendo, porque dijo desde el 21 de octubre pasado cuando en su gira por Guerrero abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigieron seguridad, trabajar su tierra y vivir en paz, y durante “todo este tiempo se nos sigue matando a nuestra gente y desplazando y las cosas sigan tensas”.
Aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional no garantizan la seguridad de los ciudadanos de la Montaña baja de Guerrero, “la guerra se va acabar cuando detengan a los grupos paramilitares”.
Advirtió que si ya no regresa el Ejército a ocupar el crucero de El Jagüey, como sistemas comunitarios bajarán a tomar la cabecera municipal de Chilapa, “ante el vacío de seguridad que deja el gobierno del estado”.

 

Denuncian indígenas el clima de violencia en la Montaña baja y demandan obras y servicios

 

Representantes nahuas, na savi, me’phaa y mestizos de comunidades de José Joaquín de Herrera, Tlacoapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán, integrados al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron el clima de violencia en la Montaña, demandaron obras y servicios que solicitaron el año pasado al ejecutivo estatal, y anunciaron una marcha el 12 de marzo en Chilpancingo para exigir seguridad y el cumplimiento de compromisos.
Juan Pozotenca, representante nahua del municipio de José Joaquín de Herrera, aseguró que los asesinatos y los hechos de violencia en la Montaña baja del estado, ha convertido a la región en una tierra sin ley.
Señaló que, “ahora hay hasta precandidatos muertos, y ¿dónde queda el gobierno?, ¿está avalando o permite esas acciones?”.
En un comunicado, los integrantes del Consejo también señalaron que la delincuencia asumió el control del territorio, “lo único que hay es una ley de sicarios y le llaman crimen organizado”.
Con sus compañeros, el vocero exigió que las autoridades estatales restablezcan el orden y la tranquilidad en las comunidades, en lugar de criminalizar a los movimientos sociales que les exigen que cumplan sus obligaciones. Se aclaró que entre sus comunidades no ha habido víctimas, pero sí les han dejado cuerpos sin vida.

Piden la destitución del delegado de la Cdi porque ha incumplido acuerdos, señalan

Entre sus demandas está la destitución del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Lenin Carbajal Cabrera, que ha incumplido los acuerdos de construcción de obra pública que ya se había acordado con las comunidades.
Recordó que el CIPOG marchó en noviembre pasado en Chilpancingo, y con la protesta logró la firma de acuerdos para la construcción de escuelas, comisarías, carreteras y hospitales, y cuando llevan estos planteamientos a las oficinas de gobierno, les dicen que no se encuadran en la normatividad, que no proceden porque no se entregaron a tiempo; y mientras tanto, se les niega el acceso a la salud, a la educación y al desarrollo.
Por lo anterior, comisarios de los cuatro municipios acordaron una marcha estatal de los pueblos originarios, para exigir “puentes, carreteras, centros de salud, abasto de medicamentos, construcción de comisarias, canchas techadas y salones múltiples, así como la autorización de financiamiento de proyectos productivos”.

 

Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión

Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.