Piden comuneros de Zelocotitlán, Chilapa, reconocimiento legal a la Procuraduría Agraria

 

Comuneros de Zacapexco, Rincón de Chautla y Paraíso de Tepila, comunidades de Chilapa pertenecientes al núcleo agrario de Zelocotitlán, pidieron a la Procuraduría Agraria (PA) parar los excesos de cobro de multas y que se les reconozca legalmente, pues no entran al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) porque las autoridades comunales sólo los reconocen como avecinados.
Al término de la reunión privada, los comuneros dijeron que los atendió el subdelegado, Jesús González, para destrabar el conflicto, y que también estuvieron presentes autoridades comunales con las que tienen el problema.
Contaron que les han cobrado multas excesivas, de 5 mil a 10 mil pesos, por cortar árboles y otras acciones, pese a que no hay ningún estatuto que especifique costos ni asambleas que lo determinen; además señalaron que han sido víctimas de despojos.
El primero de los cinco acuerdos a los que llegaron es que se les entregará copia de los estatutos para verificar cuáles son las multas adecuadas; sin embargo, el estatuto aún no está terminado, y además cada comunidad nombrará a sus representantes, dijeron.
Otro acuerdo fue que quienes integran los bienes comunales y consejo de vigilancia devolverán un solar que le quitaron a un comunero, una vez que se presente a la comisaria de bienes comunales para definir la fecha para de la asamblea y se le devuelva. Contaron que se le despojó porque fue convocado por las autoridades comunales y no acudió.
El tercer acuerdo, en cuanto a su reconocimiento como comuneros, es que se les invitará a las asambleas convocadas por el comisariado de bienes comunales, donde tendrán derecho de voz.
El cuarto es que enviarán las solicitudes para que se convoque a asamblea y se les dé el reconocimiento como sujetos de los bienes comunales.
El quinto acuerdo fue en referencia a la tierras de uso común, pues han tenido conflictos en los terrenos que tienen árboles gruesos o monte, pues dijeron que el comisariado con su gente han medido, han parcelado, pero la ley dice que esos terrenos tienen que ser de uso colectivo, por lo que se tienen que respetar y reforestar, además de que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat) o la Comisión Nacional Forestal (Conafor) deben otorgar proyectos.

 

Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión

Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.