Emiten una acción urgente para exigir al gobierno alto a las agresiones contra el Cipog-EZ

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Congreso Nacional Indígena (CNI) emitió una “acción urgente” para exigir “el fin de la agresión” que están sufriendo las comunidades indígenas nahuas del municipio de Chilapa que pertenecen al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La campaña que dio a conocer ayer el propio Cipog-EZ, para que las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y personalidades extranjeras y nacionales se sumen a la exigencia del cese a la agresión a estas comunidades es después del asesinato de los indígenas Alberta Santos Tomás y José Juan Hernández Fiscaleño, ocurrido el 26 de septiembre, la primera originaria de San Jerónimo Palantla y el segundo de Alcozacán.
El CNI al que pertenece el Cipog-EZ, pide a las agrupaciones enviar mensajes y exigir al gobierno mexicano “que ponga fin a la violencia en Guerrero” y esclarezca los crímenes contra miembros del Cipog-EZ. La propuesta de texto para que sea enviada, dice: “Me preocupan los recientes y brutales asesinatos perpetrados por el crimen organizado, especialmente contra la población indígena”.
Agrega: “Me he enterado por medios de comunicación que el 26 de septiembre de 2023 fueron asesinados Alberta Santos Tomás y José Juan Hernández Fiscaleño.
Indica que estos casos fueron precedidos por los de Bonifacio Xochitempa Tlalxintli, el 12 de septiembre; Esteban Xochitempa Tepexco y su hijo Juan Xochitempa Macario, de 16 años, el 13 de agosto. Además pide la garantía de la integridad física y mental de las y los habitantes del municipio de Chilapa, igual que de los miembros de la organización indígena Cipog-EZ “y de protegerles frente nuevos ataques de grupos armados”.

 

Denuncia Cirino Plácido amenazas de muerte; serían del gobierno y la delincuencia, advierte

El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio denunció que ha recibido amenazas de muerte por un presunto grupo delictivo que opera en el municipio de San Luis Acatlán, y advirtió que pudiera ser una estrategia del gobierno del estado para eliminar a los dirigentes sociales para que operen grupos delincuenciales en la zona.
En una llamada telefónica a la redacción, Plácido Valerio relató que la noche del domingo 19 de agosto entraron a la comunidad de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, tres jóvenes que portaba armas de alto poder y vestidos con playeras de la Policía Comunitaria, quienes retuvieron a un joven y lo obligaron a que le dijeran en dónde vive.
“El joven escapó y huyó de los hombres armados, por lo cual no llegaron a mi casa si no hubiera ocurrido una desgracia, no sé que me hubiera pasado a mí y a mi familia”, declaró.
Dijo que ese día no estaba en su casa sino en una cita médica en Chilpancingo, “después de eso han incrementado las amenazas de que me van a matar, van entrar por mí, van a levantar a mi familia, eso es a raíz del control y disputa de San Luis Acatlán que van directamente contra mí y mis hermanos Bruno y Manuel”.
Consideró que las amenazas de muerte en su contra pudieran ser por un problema familiar que tuvo su hijo Jesús Plácido con su pareja, “ellos se dejaron, fueron a parar a la comunitaria, mi hijo estuvo detenido ocho días, se resolvió la situación pero se incrementaron las amenazas directamente”.
Comentó que quienes lo amenazan son identificados como Los Güeros de Michoacán que se disputan la zona de San Luis Acatlán con otro grupo delictivo, y mencionó que hace un mes en un narcomensaje lo amenazaron de muerte y con que iban a levantar a su familia, “y en el pueblo han visto gente armada que ha entrado a la zona”.
“Son gente de fuera y tienen vínculos con la gente de la zona, nadie puede entrar nomás así, se disputan el control en San Luis Acatlán con otro grupo, los taxistas no pagan cuotas porque no permitimos, me refiero a que es parte de una estrategia de gobierno para eliminarnos, para que ellos y la delincuencia hagan su trabajo, lo que el gobierno no va hacer”, dijo.
“El gobierno sabe perfectamente lo que sucede en este lugar, cómo se mueve la delincuencia y no hace nada, nosotros hacemos responsable de lo que me pueda pasar a mí o a Jesús Plácido en esa comunidad”.
No van a poner denuncia “porque nosotros creemos que es una estrategia para eliminarnos, mucho dirigente en Guerrero ha sido asesinado por la delincuencia y todo ha quedado impune, quieren otra lista de líderes asesinado, si llegara a pasar eso la gente se va defender, hay un acuerdo porque se va levantar en armas para ir en contra de la delincuencia”.
Cirino Plácido Valerio es fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena en 1991, del Congreso Nacional Indígena en 1996, de la Policía Comunitaria en 1995 y del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1998.
También es acompañante de las iniciativas del EZLN desde 1994 y fundador del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en 2008. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

 

Propone el Congreso Nacional Indígena un frente contra la embestida del gobierno federal

Integrantes del Congreso Nacional Indígena llamaron en una asamblea en la comunidad de La Fátima, municipio de Ayutla, a organizarse para formar un frente contra el gobierno federal ante las embestidas violentas a los pueblos originarios, y denunciaron que el sistema discrimina y pretende dividir al pueblo.
Unos 500 habitantes de la localidad y de otras de la zona indígena de Ayutla acudieron a la asamblea, ayer al mediodía en la cancha techada, donde denunciaron que las autoridades discriminan y despojan de sus tierras a los indígenas bajo un sistema “podrido”.
La Fátima se localiza a una hora de recorrido de la cabecera municipal de Ayutla, en la región Costa Chica. Representantes de al menos 15 comunidades asistieron a la asamblea que se celebró en idiomas tuun savi y me’phaa.
Los participantes denunciaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen olvidados a los pueblos indígenas, pero aseguraron que no están solos, porque están organizados y son “muchos”.
Tres músicos de la comunidad de El Platanar tocaron melodías tradicionales, y mujeres bailaron y mostraron su cultura a los tres integrantes del Congreso Nacional Indígena, quienes manifestaron a los comuneros que la vocera de la organización, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy no pudo asistir, a causa del accidente en carretera que sufrió en febrero en Baja California.
En su participación, el integrante del Congreso Nacional Indígena, Jesús Plácido recordó que la organización se conformó el 27 de mayo del 2017 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la finalidad de defender los derechos y evitar la desaparición de los pueblos indígenas.
Explicó que el Congreso Nacional Indígena es la casa de todas las lenguas, y criticó que las autoridades siguen discriminando a los indígenas por no expresarse en español, además de que los despojan de sus tierras.
Añadió que el gobierno usa el crimen organizado para desplazar a los habitantes de las comunidades, y les niega el derecho a la educación y la salud, mientras que el dinero se “mal invierte” para crear grupos militares y policías que agreden a los comuneros.
Pidió estar unidos y defenderse del sistema que solamente trae “la muerte” de las personas. Aclaró que el Congreso no va por el poder en estas elecciones, porque “ya sabíamos que allá arriba está podrido”.
Dijo que la organización no viene a entregar dádivas como cemento, lámina, cubetas, tal como se conducen los partidos políticos, sino a dar el mensaje de organización para defenderse de los embates del gobierno.
Criticó que el gobierno federal no resuelve la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que, al contrario, no cesa la violencia; ejemplificó con la represión y asesinato de policías comunitarios en La Concepción.
En su intervención, otro integrante del Congreso Nacional Indígena, Amador Cortés expresó que el gobierno federal comenzó una “guerra y exterminio” de la cultura indígena.
Añadió que a los indígenas les “destruyen” su cultura y los despojan de sus tierras, ocasionando una manera de vivir “inhumana”.
Manifestó que los tres poderes hacen leyes a favor del gran capital internacional, y cada vez más recortando el presupuesto del pueblo, por ejemplo en el ámbito del campo, donde sobreviven los indígenas.
Exhortó a los comuneros a defender sus derechos y a conformar un frente, porque el gobierno federal pretende dividir al pueblo indígena.
Ejemplificó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los jueces se venden por medio de los sobornos de los delincuentes, y pidió a las casas de justicias de las policías comunitarias de Guerrero no corromperse y aplicar el reglamento interno.
Sugirió la instalación de una radio comunitaria para las comunidades indígenas de Ayutla y municipios aledaños.
Otro integrante del CNI, Francisco Ortiz Martínez relató cómo se llevó a cabo la elección de la vocera del Consejo, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
Añadió que tomaron los parámetros de la violencia contra las mujeres porque son discriminadas y violentadas afuera y adentro de sus casas.
Luego recordó que los integrantes del CNI encabezados por Marichuy recorrieron todas las comunidades del país de octubre de 2017 a febrero de 2018, cuando “pudo escuchar el dolor y sufrimiento”.
Afirmó que el gobierno trata igual a todos los indígenas en el país, “pretende desaparecer a los pueblos originarios, quieren volver a expulsarlos”. Recomendó alzar la voz y decir un “¡ya basta!”, ante los embates constante de las autoridades contra los indígenas.
Sugirió organizarse “para lo que viene”, en referencia a las próximas elecciones, las más “fuertes y grotescas del país en la era moderna”. Criticó que ningún partido político manifestó una postura ante el accidente de Marichuy en Baja California, y que los candidatos no retoman los ideales de la líder indígena, “es una prueba que hay discriminación”.
Posteriormente, hubo la elección de los representantes para el Congreso Nacional Indígena, los integrantes de la organización avalaron la propuesta e invitaron tener delegados regionales.
A la asamblea acudieron 19 autoridades, entre ellas comisarios de las comunidades de Ayutla, representantes del Frente Nacional por la Libración de los Pueblos (FNLP), y comandantes regionales, municipales y de grupo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

 

 

Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión

Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.

La violencia y las reformas son para justificar la militarización, advierte Cirino Plácido

 

El delegado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio dijo que la violencia generalizada y las reformas que atentan contra el pueblo son estrategias para destruir el tejido social y justificar la militarización del país, para que el actual régimen político se mantenga en el poder.
Sin embargo, el también asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF) expresó en entrevista que el levantamiento armado no es la solución, sino que debe de existir una transición política donde todos los sectores sociales participen, y se pronunció a favor de la creación del Concejo Indígena de Gobierno impulsado por el CNI.
El na’savi asistió al Cuarto Congreso de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Cruz Grande el 4 y 5 de enero. El dirigente a quien no se le había visto en actividades de su hermano Bruno Plácido, llamó a la unidad en su participación.
Abordado, el fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, dijo que ante el escenario del país los indígenas han propuesto un concejo para reconstruir la nación, “para empujar juntos y rescatar este país que está siendo destruido”, ponderando los principios del CNI: servir y no servirse, representar no suplantar, construir no destruir, donde el pueblo manda el gobierno obedece.
Opinó que es mejor apostar por la salida política que la militar, al considerar que “no tiene caso quitar una dictadura y poner otra dictadura. El que toma el poder por las armas no deja de ser una dictadura, pero entonces nosotros tenemos que transitar por la vía política, construir”.
“¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, porque 100 años después es la misma política que aplicó Porfirio Díaz, la misma explotación y pobreza, la misma persecución, la misma traición al país, el mismo uso del Ejército para hacer un papel que no le corresponde. Se repite la historia 100 años después, con la misma política represiva”, sostuvo.
Abundó que la violencia generalizada “es propiciada como una estrategia para destruir todo el tejido social, para justificar la militarización y justificar una guerra civil de pobres entre pobres, para que se mantenga este régimen que está destruyendo al país, y estar otros 100 años en el poder, que no está dispuesto a cometer el mismo error que en 1917 cuando la burguesía fue derrotada por los revolucionarios”.
“Hoy –el régimen político– se está preparando a no ceder el poder, mediante la guerra sucia, mediante la represión, mediante la explotación y mediante el uso del Ejército. Nosotros lo que planteamos es el diálogo, respeto y tolerancia y un análisis para reconstruir el país”.
Dijo que inicia un proceso de lucha, de recuperación de pensamiento y forma de gobierno del pueblo originario, “vemos muy bien esa iniciativa del Congreso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de incursionar en la vía política para reconstruir este país”, en un concejo de gobierno que estará constituido por una mujer y un hombre de cada región, para que haya equidad, porque es un sistema colectivo que se rige por usos y costumbres.
Recordó que los pueblos indígenas aglutinados al CNI han buscado el reconocimiento real constitucional de los pueblos originarios.
Mencionó que en la segunda sesión del Quinto Congreso celebrado del 29 diciembre al 2 de enero, se acordó que para el 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será constituido el Concejo Indígena de Gobierno, y de ahí se definirá la candidata para las elecciones de 2018, quien será vocera del Consejo Indígena que a la vez será subordinada del Congreso Nacional Indígena y éste será subordinado al pueblo de México .
El delegado opinó que la propuesta del Partido Obrero Social de México, de postular como candidata a la esposa del preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, Agustina García, fue una “imprudencia”, una estrategia del gobierno para dividir a las organizaciones sociales, “nosotros esperamos que no se sigan cometiendo esos errores, porque tenemos que ser prudentes y no hacerle el juego al gobierno”