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Algunos policías de la UPOEG tienen nexos con la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio reconoció que dentro de la Policía Ciudadana están ocurriendo cosas “muy delicadas”, como la vinculación de algunos policías con “la maña (la delincuencia organizada)” y otros que se “periquean (drogan)”.
Dijo que en otros casos, hay quienes “se hacen de la vista gorda” y permiten que entren a territorio de la UPOEG carros que son robados en Chilpancingo. Asimismo, admitió que en lugares controlados por la Policía Ciudadana siguen ocurriendo asesinatos, secuestros y extorsiones.
“Todo eso lo sabemos, estoy chaparrito pero lo alcanzo a ver”, dijo en una reunión en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
La reunión en esta localidad fue para elegir al comandante municipal de la Policía Ciudadana. Los resultados de la elección favorecieron a Moisés Reynoso y Mario Zamora, como primero y segundo comandante de la Policía Ciudadana para el municipio de Chilpancingo.
Antes de la elección, el dirigente hizo unos reclamos que sonaron a regaño ante más de 200 ciudadanos y policías armados que se reunieron en la cancha techada de la Comisaría Municipal y que venían de las comunidades del municipio de Chilpancingo incorporadas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quienes Plácido Valerio pidió “poner orden” en la Policía Ciudadana.
Al encuentro asistieron comisarios y policías de las comunidades de Mohoneras, Dos Caminos, Acahuizotla, Cajeles, Valle del Ocotito, El Fresno, Mazatlán, Palo Blanco y de Buena Vista de la Salud.
Durante la reunión, el consejo municipal de la UPOEG hizo un balance de sus gestiones a tres años de su ingreso a las comunidades del Valle del Ocotito.
Antes, Plácido Valerio insistió que se deje de ver a la UPOEG como un asunto solamente policiaco, porque agregó que la organización surgió con miras que van más allá de ser una agrupación policiaca.
Explicó que sus objetivos además son el reordenamiento de los pueblos y las comunidades, la lucha contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gestionar obras y promover el desarrollo de los pueblos.
Se quejó que a la UPOEG se le ha visto solamente como un asunto policiaco y dijo que esa ha sido también la confusión de los políticos, “esos que nos han hecho víctimas”.
Explicó que por eso la organización está promoviendo la integración de los consejos de autoridades comunitarias para que les ayuden a los comisarios a organizar y a gestionar el desarrollo de los pueblos, y reclamó la participación de la gente porque “todos nos quejamos del gobierno sin asumir la responsabilidad que nos corresponde”.
También pidió a los asistentes estar cerca de los policías ciudadanos, “porque luego no sabemos cómo vive (el policía ciudadano), no sabemos si come o no y sólo lo vemos cuando roba o abusa, cuando es la oveja negra, cuando nosotros tampoco asumimos nuestro papel como ciudadanos”, reprochó y pidió a los asistentes que se involucren más en la solución de sus propios problemas.
Antes de la elección de los comandantes, el consejo municipal presentó un balance de las actividades. En este espacio hubo quejas en contra del presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, a quien denunciaron que no ha querido colaborar con la Policía Ciudadana, pues en poco más de un año que lleva sólo los ha apoyado con 600 litros de gasolina en dos ocasiones y con mil 200 en otra ocasión.
Los representantes del organismo se quejaron que en lo que va de enero el presidente Leyva Mena no ha querido recibirlos y les ha mandado decir que por el incremento al precio de la gasolina ya no les autorizará más.
El consejo ciudadano denunció que del total de las obras gestionadas para las comunidades donde tiene presencia la UPOEG, Leyva Mena ha dado respuesta, si acaso, a un 30 por ciento.
Las críticas al alcalde ocurrieron a cuatro días de que éste se quejó que la violencia en la capital “no es un asunto fácil de resolver” porque la ciudad está sitiada por organizaciones criminales y por comunitarios, en referencia a la Policía Ciudadana de la UPOEG que está en las comunidades del Valle del Ocotito.
En una segunda intervención, Plácido Valerio expresó la necesidad de cambiar y poner orden al interior de la Policía Ciudadana y dijo que la inseguridad es un problema serio en la entidad y es consecuencia de la pobreza y la corrupción.
Aceptó que tiene datos de que algunos policías ciudadanos están vinculados con la “maña”, de que hay carros robados en Chilpancingo que los meten en la zona (de influencia de la Policía Ciudadana).
“No nos engañemos, para qué nos hacemos tontos, toleramos algunas cosas, eso es cierto” expresó.
Dijo que también es cierto que hay algunos que se periquean, “a mí no me hacen tonto, estoy chaparrito, pero alcanzo a ver todo, me doy cuenta. Hay cosas muy delicadas que están pasando en el Valle del Ocotito”, admitió.
Expresó que es necesario poner orden porque el asunto de la seguridad es cosa seria, es consecuencia de la pobreza y la corrupción, y necesitamos ponerle orden a la policía y los invitó a combatir en su zona de influencia el robo de carros, las extorsiones y el secuestro.
Enseguida fueron electos los comandantes mediante voto libre de todos los asistentes, ciudadanos y policías. Los aspirantes solamente fueron Moisés Reynoso y Mario Zamora y fueron escogidos de entre más de 20 comandantes de las comunidades del municipio de Chilpancingo donde opera la Policía Ciudadana, la elección fue sólo para definir quién quedaría como primer comandante.
Después de la asamblea, el dirigente de la se reunió a puerta cerrada con los comandantes. Trascendió que allí se ventilaron las irregularidades que expuso Placido Valerio en el encuentro público.

La violencia y las reformas son para justificar la militarización, advierte Cirino Plácido

 

El delegado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio dijo que la violencia generalizada y las reformas que atentan contra el pueblo son estrategias para destruir el tejido social y justificar la militarización del país, para que el actual régimen político se mantenga en el poder.
Sin embargo, el también asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF) expresó en entrevista que el levantamiento armado no es la solución, sino que debe de existir una transición política donde todos los sectores sociales participen, y se pronunció a favor de la creación del Concejo Indígena de Gobierno impulsado por el CNI.
El na’savi asistió al Cuarto Congreso de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Cruz Grande el 4 y 5 de enero. El dirigente a quien no se le había visto en actividades de su hermano Bruno Plácido, llamó a la unidad en su participación.
Abordado, el fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, dijo que ante el escenario del país los indígenas han propuesto un concejo para reconstruir la nación, “para empujar juntos y rescatar este país que está siendo destruido”, ponderando los principios del CNI: servir y no servirse, representar no suplantar, construir no destruir, donde el pueblo manda el gobierno obedece.
Opinó que es mejor apostar por la salida política que la militar, al considerar que “no tiene caso quitar una dictadura y poner otra dictadura. El que toma el poder por las armas no deja de ser una dictadura, pero entonces nosotros tenemos que transitar por la vía política, construir”.
“¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, porque 100 años después es la misma política que aplicó Porfirio Díaz, la misma explotación y pobreza, la misma persecución, la misma traición al país, el mismo uso del Ejército para hacer un papel que no le corresponde. Se repite la historia 100 años después, con la misma política represiva”, sostuvo.
Abundó que la violencia generalizada “es propiciada como una estrategia para destruir todo el tejido social, para justificar la militarización y justificar una guerra civil de pobres entre pobres, para que se mantenga este régimen que está destruyendo al país, y estar otros 100 años en el poder, que no está dispuesto a cometer el mismo error que en 1917 cuando la burguesía fue derrotada por los revolucionarios”.
“Hoy –el régimen político– se está preparando a no ceder el poder, mediante la guerra sucia, mediante la represión, mediante la explotación y mediante el uso del Ejército. Nosotros lo que planteamos es el diálogo, respeto y tolerancia y un análisis para reconstruir el país”.
Dijo que inicia un proceso de lucha, de recuperación de pensamiento y forma de gobierno del pueblo originario, “vemos muy bien esa iniciativa del Congreso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de incursionar en la vía política para reconstruir este país”, en un concejo de gobierno que estará constituido por una mujer y un hombre de cada región, para que haya equidad, porque es un sistema colectivo que se rige por usos y costumbres.
Recordó que los pueblos indígenas aglutinados al CNI han buscado el reconocimiento real constitucional de los pueblos originarios.
Mencionó que en la segunda sesión del Quinto Congreso celebrado del 29 diciembre al 2 de enero, se acordó que para el 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será constituido el Concejo Indígena de Gobierno, y de ahí se definirá la candidata para las elecciones de 2018, quien será vocera del Consejo Indígena que a la vez será subordinada del Congreso Nacional Indígena y éste será subordinado al pueblo de México .
El delegado opinó que la propuesta del Partido Obrero Social de México, de postular como candidata a la esposa del preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, Agustina García, fue una “imprudencia”, una estrategia del gobierno para dividir a las organizaciones sociales, “nosotros esperamos que no se sigan cometiendo esos errores, porque tenemos que ser prudentes y no hacerle el juego al gobierno”

La UPOEG surgió con prácticas contrarias a la Policía Comunitaria indígena: CRAC

 

El ex coordinador y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández rechazó que haya sido por “celos” de un “grupo radical” que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército que se dio la separación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la CRAC, como declaró Bruno Plácido Valerio en entrevista para El Sur el martes pasado.
Guzmán Hernández, quien en el 2013 era coordinador de la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, cuando la UPOEG formó una autodefensa que ahora es la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), aclaró que el grupo armado que formó Plácido Valerio en Ayutla, fue desconocido como Policía Comunitaria de la CRAC porque no se apegó a los requisitos, y porque tenían “prácticas inusuales” contrarias a la institución indígena.
El martes Plácido Valerio declaró a El Sur que la separación que se dio con la CRAC el 5 de enero del 2013, cuando surgió lo que ahora es la Policía Ciudadana, fue por “celos” de un grupo “radical” de la CRAC que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército.
“No es exactamente como él lo dice. La división se dio porque ellos no se apegaron a los procedimientos formales de la CRAC para incorporar comunidades y para el nombramiento de autoridades, cuando se conformó la Casa de Justicia (de Ayutla), respondió Guzmán Hernández.
Entrevistado por teléfono declaró, “no sé a qué grupo radical se refiera” pero recordó que fueron los policías de la UPOEG los que enfrentaron al Ejército en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa, en agosto de 2013. Mientras que el Ejército a quienes reprimió fue a los de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, en referencia a las detenciones de Nestora Salgado, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y más de 30 autoridades y policías comunitarios de esa casa.
Mencionó que uno de los primeros problemas por los que se dio la división fue que el actual comandante de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande se auto nombró comandante regional, y que sin recibir órdenes de las autoridades, que son los coordinadores, empezó a detener gente.
“Después colocó retenes con encapuchados, que son prácticas inusuales de la CRAC”, dijo el consejero, quien hace cuatro años fungía como vocero de la casa matriz.
Añadió que los de la UPOEG levantaron actas supuestamente de incorporación de las comunidades a la CRAC, pero eran actas que no se levantaban en asambleas públicas, “cuando el requisito es que si una comunidad se incorpora primero se le tiene que dar la suficiente información, las obligaciones y los derechos que tienen al incorporarse a la CRAC, y de manera pública levantar el acta de decisión”.
Informó que usaron formatos que llenaban sin que se cumplieran los requisitos, “ellos traían su propia dinámica”.
Recordó que cuando se pretendía constituir la Casa de Justicia de la CRAC en el municipio de Ayutla, la asamblea estaba programada para la comunidad de Ahuacachahue, pero la gente se dio cuenta que la UPOEG pretendía elegir una dirección “a modo”, con gente nombrada por ellos y no por las comunidades, se cambió la sede a La Concordia, a donde asistieron 23 de 26 comunidades.
Recordó que en esa reunión se nombró a los coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia que ahora está en El Paraíso, municipio de Ayutla, y que a partir de entonces, “ellos (los de la UPOEG) tomaron otro rumbo y ya no estuvieron presentes en esa asamblea”.
En la entrevista con Bruno Placido, éste declaró que las entonces autoridades de la CRAC los desconocieron como miembros de esa institución indígena, cuando se armaron el 5 de enero de 2013 en Ayutla.
Al respecto Pablo Guzmán dijo que se trató de un comunicado en el que la CRAC aclaró que la UPOEG no pidió la opinión ni la autorización para surgir y actuar como Policía Comunitaria, y que comenzaron a actuar encapuchados a pesar de que en declaraciones Plácido Valerio aseguró que se trataba de la CRAC.
Añadió que en el comunicado la CRAC aclaró que ante las acciones de la delincuencia los ciudadanos tenían que buscar una salida, y que “estaba bien esa acción, pero que no éramos nosotros”.
Dijo que esa fue otra situación que les molestó y que cree que esa es “la razón fundamental” por la que la gente de la UPOEG se separó definitivamente de la CRAC.
–¿Entonces no es real que existía en la CRAC un grupo radical que pretendía la confrontación con el gobierno y el Ejército?
–Yo no lo ubico, no sé a qué grupo radical se refiera. Salvo que se refiera a Arturo Campos (el promotor de la CRAC en Ayutla actualmente preso). Pero quienes se confrontaron con el Ejército fueron ellos en El Pericón y como represalia el Ejército en lugar de tomar medidas en contra de ellos, lo hizo en contra de la gente de El Paraíso, cuando eran otros los que generaron la confrontación con el Ejército.

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Plantea Bruno Plácido un nuevo modelo de gobierno en el cuarto aniversario de la Policía Ciudadana

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio afirmó que los ciudadanos se movilizan hasta que el golpe les llega, en referencia a las protestas contra el aumento al precio de las gasolinas y la energía eléctrica, tema que desde la fundación de esa organización se puso en debate pero que sólo tuvo resonancia en las comunidades que siguen pagando recibos muy caros.
También dijo que la gente debe de proponer un nuevo modelo de gobierno donde el pueblo sea el que decida, y no quien esté en el poder, “donde ganemos todos”.
Ayer la organización celebró su cuarto congreso. El 4 y 5 de enero de 2013 la UPOEG creó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) del que depende la Policía Ciudadana.
Unos 400 integrantes entre comisarios municipales, presidentes de comisariados, delegados, comandantes regionales, promotores y policías ciudadanos armados con sus escopetas participaron en la actividad en la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, la cabecera del municipio de Florencio Villareal.
En su participación el dirigente recordó que la UPOEG nació hace cinco años, cuando comenzaron a exigir la construcción de carreteras ante las muertes de mujeres embarazadas que no alcanzaban a llegar a hospitales, después se sumó la exigencia para bajar los altos precios que los campesinos indígenas tenían que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Plácido Valerio expresó “los ciudadanos se organizan hasta que el golpe les da”, en referencia a las protesta que se han extendido en todo el país en rechazo al aumento de los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica, tema que la UPOEG trae desde sus inicios.
Dijo que las comunidades no se oponen a pagar la electricidad pero como “resistencia” buscan pagar lo justo y no más. Pese a ello hay quienes piensan que lo correcto es levantar las armas contra el gobierno “nosotros decimos que no, porque la historia nos ha hecho saber que la guerra y la revolución siempre la ganan los ricos, porque venden armas y el pobre es el que paga con sangre para ser historia”.
Agregó  “y seguramente hoy se va a repetir la historia, porque sólo vamos a protestar los pobres por el  alza a las gasolinas, porque como quiera los ricos le suben y le suben y nosotros qué vamos a subir”.
Plácido Valerio llamó a un cambio de actitud entre la población y a la reflexión del porqué la gasolina y la luz es más cara y cada vez hay más impuestos, “porque en campaña nos compran los votos y después nos cobran caro, nos dividen y nos meten miedo para que no pensemos en lo que están haciendo, por eso debemos de cambiar un modelo de gobierno donde los pueblos y los ciudadanos decidan, eso es usos y costumbres”.
Recordó que en 2015 en la consulta en el municipio de Ayutla “a muchos nos satanizaron en regresar a los tiempos de atrás. Por eso queremos cambiar este sistema, hoy a cuatro años en el 2017 muchos se espantan y dicen nada con el gobierno, creo que sí, sí con el gobierno”.
Explicó a los presentes que “la asamblea es un gobierno, ¿quien va a llevar la voz de la asamblea?, el comisario o el comisariado municipal”.
Dijo que no se puede seguir caminando con armas “cuando no revisamos el origen del problema que tiene que ver con el gobierno. Muchos critican que nada con el gobierno, pero todas las manifestaciones que hemos visto a lo último concluyen dialogando con el gobierno, de la expresión que sea”.
Afirmó que no es lo mismo que subordinarse, “no confundamos el diálogo con agachados, porque hay gente que confunde, que cree que gritar más es que tiene la razón”.
“Nosotros queremos construir un gobierno diferente, donde no haya corrupción, compra de votos, no haya división, manipulación, donde ganemos todos, otros le llaman democracia participativa”, agregó.
En su discurso Plácido Valerio hizo también referencia que la creación del SSJC en comunidades de Ayutla y Tecoanapa, fue por la inseguridad que había pero que “en ningún momento quiso suplantar” a ninguna autoridad, sino que cada quien haga lo que le corresponda.
“Reconocemos que no hemos sido capaces de cumplir los objetivos de gestión y desarrollo, y se le ha dado prioridad a la seguridad para levantar la dignidad de cada uno de ustedes”, mencionó.
“A cuatro años no es fácil decirlo, porque hemos tenido enemigos internos y externos. Hemos tenido bajas porque es una organización de carácter fuerte”, expuso.
Dijo que la UPOEG también ha educado a los pueblos, donde ahora muy difícilmente los campesinos son humillados.
“Muchos de los que nos han querido imitar no han podido, a cuatro años hemos avanzado sí, tenemos errores sí, pero no es culpa de los promotores sino del actuar de cada uno de nosotros”, advirtió.
Cerró su discurso afirmando que a pesar de las órdenes de aprehensión vale la pena “seguir sacrificando cada uno de nosotros nuestros tiempo y nuestro esfuerzo, para dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos”.

Presenta a los policías ciudadanos de los pueblos turísticos

En su participación Plácido Valerio presentó a 28 policías ciudadanos de los poblados turísticos de Barra Vieja con seis integrantes, de Lomas de Chapultepec con 10, y de San José Guatemala municipio de San Marcos con 12, quienes asistieron ayer al cuarto congreso.
En breves declaraciones dijo que las poblaciones tenían un año pidiendo el respaldo de la organización para formar sus guardias comunitarias, y que a partir del 15 de diciembre comenzaron las reuniones en las comunidades, donde la gente los apoyó con sus firmas.
Precisó que desde el 24 de diciembre los policías ciudadanos tienen actividades de vigilancia en las comunidades, y luego de una reunión con los restauranteros de Barra Vieja el 31 de diciembre comenzaron los recorridos en la zona de restaurantes.
Ayer en estas páginas se informó que desde el 31 de diciembre 19 policías ciudadanos comenzaron recorridos en la zona de restaurantes en la mañana, tarde y noche para la seguridad de turistas y pobladores. Los comandantes de la Policía Ciudadana indicaron que se conformaron luego del hartazgo de la población a las extorsiones, cobro de cuota, robos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Antes de que terminara la actividad, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) José Manuel del Val y la historiadora Margarita Warnholtz, presentaron un libro donde se explica desde una visión de los pueblos la creación de la UPOEG y su sistema de seguridad.
Después de las 2 de la tarde fueron instaladas las mesas de discusión: Cuarto orden de gobierno comunitario, Derecho a la consulta y la representación popular, Elección por sistema normativo y Candidaturas independientes, además de la mesa de defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Al cuarto congreso asistió el hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio quien es asesor de los Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Originarios. También estuvieron el comandante regional Ernesto Gallardo, los promotores Manuel Vázquez, Eneida Lozano, Crisóforo García y Esteban Ramos Gallardo.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

Condenan sin pruebas a 50 años a dos detenidos por la UPOEG en Cruz Grande, denuncian

 

Abogados y familiares de dos jóvenes detenidos en Cruz Grande por la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), denunciaron que sin pruebas del comandante regional Esteban Ramos Gallardo el 29 de septiembre, jueces de Ometepec dictaron sentencia en contra de los inculpados del secuestro de una persona.
Ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 29 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Acapulco, las madres de los dos jóvenes, Ángel Casiano Ramírez y Jorge Pavón Pérez, sostuvieron que sus hijos son inocentes.
Los abogados manifestaron que los jueces violaron los derechos de los inculpados y que la prueba presentada es la declaración del comandante, y de un testigo de identidad reservada.
La señora Severiana Pérez, mamá de Ángel, dijo que su hijo fue detenido en su casa acusado de secuestro. El comandante de la UPOEG, Ramos Gallardo señaló que la foto de su hijo aparecía en el perfil de un número de Whatsapp desde donde los captores se comunicaron con la familia del secuestrado, sin embargo durante la detención el 25 de octubre de 2015, el teléfono que recibía las llamadas sonó cuando su hijo estaba en su cuarto. La mamá del joven estudiante del CBTA dijo que ese número no correspondía al de su hijo.
La mamá de Jorge, Mariana Casiano dijo que su hijo caminaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en estado de ebriedad cuando fue detenido y después fue acusado por los policías ciudadanos de secuestro, en complicidad con el otro joven. Ambas madres indicaron que sus hijos fueron retenidos 10 días, y golpeados y torturados en la base de la comunidad Las Ánimas.
El abogado de los inculpados, Carlos Larumbe Radilla dijo que en el juicio oral del 29 de septiembre, los dos inculpados fueron sentenciado a 50 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con sede en Ometepec.
Sostuvo que a pesar de la decisión de los jueces Hércules Aureoles Guadarrama, Salvador Delgado Ochoa, y Edilberto Calderón Juárez, la sentencia fue impugnada porque fueron violados los derechos de los inculpados.
Además de que sin pruebas y sólo con declaraciones testimoniales del comandante regional Ramos Gallardo y Fernando Nava López, además de un testigo protegido, los jueces determinaron la culpabilidad de los jóvenes pese a que en la audiencia la víctima no reconoció que ellos fueran sus captores.
En la conferencia también estuvo el presidente del Colegio de Abogados de Acapulco, Félix Tapia Espinoza, quien denunció que pese a que Ramos Gallardo tiene dos denuncias, una de ellas por homicidio calificado y órdenes de aprehensión, los jueces hicieron caso omiso para que el comandante regional fuera detenido en las instalaciones del Tribunal en Ometepec.