Un juez vinculó a proceso penal a Andrés “N”, El Tigre, y le dictó prisión preventiva en el penal de Iguala por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Fue por los asesinatos de un funcionario y un trabajador del Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, cometidos el 3 de marzo en el municipio de Juan R. Escudero.
La Fiscalía General del Estado (FGE), efectuó la detención la noche del miércoles en el municipio de Juan R. Escudero, en cumplimiento de una orden de aprehensión.
En un comunicado de prensa la institución informó que en la audiencia inicial el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba valorados por la autoridad judicial para determinar la vinculación a proceso del imputado.
El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el Andrés “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Iguala.
La aprehensión se realizó tras un operativo en el que participaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones de la FGE, el imputado estaría implicado con los hechos ocurridos el 3 de marzo en la carretera federal Tierra Colorada–Ayutla de los Libres, cerca del puente Omitlán, donde el comisionado de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador público de esa dependencia, Francisco Bonilla Muñoz, fueron asesinados por disparos de arma de fuego.
Por el doble crimen, Adolfo “N”, Ataúlfo, capturado el 9 de marzo, enfrenta también un proceso penal y permanece interno en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo.
Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.
Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros
En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.
Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas
Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur
Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales
Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.
Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros
En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.
Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas
Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en diez municipios del estado que recibieron recursos durante el 2023.
En la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2023, publicada en febrero de este año, la ASF fiscalizó los recursos recibidos en los municipios de Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa y Tlapa.
Entre los hallazgos que realizó la Auditoría durante la verificación del gasto público en esta decena de municipios es que en San Miguel Totolapan no hay registro de cómo se gastó el dinero, hubo subejercios en San Luis Acatlán, encontró obras fantasmas en los municipios de Chilpancingo y Coyuca de Benítez, y que los gobiernos contratan empresas que no pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) está diseñado para emplearse en “obras y acciones que beneficien a la población que habita en los municipios o demarcación territorial con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan alto y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza extrema”.
Como resultado de la comprobación encontró que siete municipios deben devolver dinero a la Tesorería de la federación y tres cometieron “irregularidades administrativas”.
El caso de San Miguel Totolapan es el más cuantioso y escandaloso pues no se pudo revisar ni un solo peso del ejercicio 2023, “ya que el municipio no proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente a la Cuenta Pública 2023”. La ASF determinó que están pendientes por aclarar 148 millones 966 mil 396 pesos, lo que corresponde al cien por ciento de los recursos transferidos.
El alcalde de San Miguel Totolapan en el periodo de revisión fue Fredy Vázquez Palacios, del PRD. El gobierno del estado acreditó ante la ASF que transfirió todo el recurso del Fondo a ese municipio.
En el municipio de San Luis Acatlán, la ASF encontró que más del 50 por ciento de recursos no se ejerció y del dinero ejecutado están pendientes por aclarar 45 millones 811 mil 135 pesos.
Durante 2023, San Luis Acatlán recibió 200 millones 506 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 121 millones 536 mil pesos que no se ejercieron. El gobierno de San Luis Acatlán, proporcionó la documentación certificada por Gilberto Solano Arreaga que acredita la operatividad de cuatro obras por 11 millones 201 mil 800 pesos.
Este municipio es gobernado por Adair Hernández Martínez, militante del PT, partido aliado de Morena.
En la fiscalización de la cuenta pública de Chilpancingo, la ASF encontró varias irregularidades en cinco contratos y 11 arrendamientos de vehículos para la verificación y supervisión de las obras, fueron fraccionados para quedar comprendidos en los supuestos de excepción. Otra de las observaciones fue que presentaron de manera extemporánea las opiniones de cumplimiento de pago de impuestos de 17 contratos, y ejecutaron tres proyectos de obra pública por un monto pagado de 6 millones 206 mil 900 pesos “que en la verificación física no se encontraron en operación”.
En total, sobre la cuenta pública de 2023, el municipio de Chilpancingo tiene pendientes por aclarar 30 millones 807 mil 75 pesos. Este municipio fue gobernado por la ex morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
En la comprobación de la cuenta pública de 2023 en el municipio de Coyuca de Benítez, la ASF no encontró físicamente cinco obras, “por lo que no se comprobó que cumplieran con los objetivos del fondo”, lo que generó que este pendientes por aclarar 8 millones 512 mil 223 pesos. Este municipio fue gobernado por el morenista Ossiel Pacheco Salas.
En el municipio de Taxco, están pendientes de aclarar 1 millón 56 mil pesos que el gobierno municipal utilizó para la compra de un software. En el dictamen la ASF sostiene “no se demostró que por medio de la adquisición de un software se diera atención a las demandas ciudadanas como se describe en el registro de los beneficios esperados del proyecto, ya que en realidad corresponde al pago de la licencia del sistema contable del municipio; asimismo, dicho contrato tiene fecha de formalización en el ejercicio fiscal 2022 por lo que no correspondería al ejercicio fiscal en revisión”. Ese municipio fue gobernado por Mario Figueroa Mundo, de Fuerza por México.
En Tecoanapa, la ASF encontró que 20 contratistas a los que el gobierno municipal les asignó 24 contratos de obra pública no cumplen con sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que derivó en una observación de 44 millones 480 mil pesos, durante la revisión el gobierno municipal acredito que cinco contratistas sí estaban al corriente con sus obligaciones tributarias, por lo que la cuenta pendiente por aclarar es de 36 millones 198 mil 636 pesos. Este municipio fue gobernado por Carmen Ileana Castillo, del PVEM, aliado de Morena.
En Tlapa, la revisión establece que 18 millones 753 mil 420 pesos están pendientes de aclarar porque el dinero se destinó a “tres obras por un monto de 18 millones 686 mil 200 pesos que conforme a lo manifestado por su Órgano de Control Interno se advierte que no se encontraron en operación debido a que se tratan de obras por etapas y que por lo tanto no proporcionan los beneficios programados a la población objetivo del fondo” y 67 mil 200 pesos que se transfirieron sin presentar la documentación que acredite que se usaron para los objetivos del Fondo. Este municipio fue gobernado por, de la coalición PRI-PRD y reelecto para un nuevo periodo.
Irregularidades administrativas
Sobre los municipios con irregularidades administrativas, en sus dictámenes la ASF específica porque los clasifica de esa forma. En el caso de Quechultenango, señala que ese municipio “infringió la normativa, debido a que se realizó un pago por 129 mil 600 pesos sin proporcionar la documentación de su aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación, y hubo documentación que no se canceló con la leyenda de operado ni se identificó con el nombre del fondo, las observaciones determinadas fueron solventadas por el ente fiscalizado antes de la emisión de este informe”.
Del municipio de Ometepec, la ASF señala que incurrió en “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó 17 contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida y no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2023. Tampoco difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En Ayutla, en su informe la ASF señala que no hubo observaciones monetarias pero sí “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó seis contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida, adjudicó dos contratos de servicios por medio de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, cuando debió ser mediante la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos de “Ejercicio del Gasto” y los “Indicadores”, no difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable y no concilió el número de proyectos registrados en el formato de “Destino del Gasto” del Sistema de Recursos Federales Transferidos con los registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”.
Comisarios de 25 comunidades de la zona me’ phaa del municipio de Ayutla protestan dentro de la Casa de los Pueblos para exigir obras Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Comisarios de 25 comunidades de la zona me’ phaa del municipio de Ayutla, exigieron a los coordinadores del Concejo Municipal Comunitario que terminen las obras que quedaron pendientes en la administración anterior y denunciaron que éstos pretenden imponerles a las constructoras que las harán.
Acompañados por comisiones de pobladores de sus respectico pueblos, las autoridades municipales llegaron este miércoles a las 10 de la mañana a la Casa de los Pueblos, con la intención de reunirse con la coordinadora mestiza que cumple la función de presidenta municipal, Elizabeth Calixto Leyva, pero no la encontraron.
Uno de los comisarios informó por teléfono que esperarían que llegara, para buscar un acuerdo con ella, y en caso contrario volverían a sus comunidades por más gente, para cerrar la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, en la entrada y en la salida de la cabecera municipal de Ayutla.
Contó que los 25 comisarios bajaron el domingo y se reunieron con los consejeros comunitarios, pero no llegaron a acuerdos, y el lunes regresaron para reunirse con los encargados del área de Obras Públicas, pero les dijeron que ahí desconocen la situación, “porque no hubo entrega-recepción” de la anterior administración.
El vocero de los comisarios dijo que la acción que les provocó más inconformidad fue que ahí mismo, en Obras Públicas, les dijeron que las 10 obras, que quedaron pendientes en la administración pasada, serán realizadas por constructoras que contratará la Casa de los Pueblos.
Lo que indica, agregó, que les van a imponer las constructoras, pero “esa fue nuestra inconformidad, porque año con año es la localidad la que pone y elige a la empresa de su confianza”.
El argumento que les dieron es que hay empresas que cuentan con “malos antecedentes”, pero según el comisario no hay un solo ejemplo o prueba, “que nos muestren que en verdad estas empresas, que ponen las comunidades, tienen malos antecedentes”.
Indicó que los comisarios están pidiendo que la zona decida qué empresa va a trabajar en las obras, “porque en el sistema de usos y costumbres así se ha trabajado”.
También piden respuesta a su petición de que les autoricen dos empresas, que las comunidades propusieron, para el rastreo de los caminos de su zona, pero igual les dijeron los coordinadores que ellos van a decidir qué empresa va a trabajar.
Además, les adelantaron que en 2025 se va a continuar con el mismo sistema y van a depurar a las 150 empresas que han trabajado con las comunidades.
Informó que quienes no están de acuerdo con ellos son los consejeros mestizos, así como los encargados del área de Obras Públicas.
Dijo que las obras que están pendientes son aulas en las escuelas y pavimentación de calles.
Advirtió que si no les resuelven, van a regresar con más pobladores para bloquear la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande.
Este miércoles bajaron a la cabecera municipal unas 100 personas, acompañando a los comisarios municipales, pero el vocero advirtió que van a bajar más indígenas en caso de que no reciban respuesta.
La votación para elegir a la titular de la primera coordinación del gobierno de Ayutla. El Concejo Municipal Comunitario quedó integrado por los me’phaa Inés Gatica Dircio, Arcadio Librado Neri, Homero Margarito Castro, Maribel Espinoza Facundo, Dulce Adilene Ortiz Garibay y Melesio Tiburcio Albino; por los mestizos quedaron Elizabeth Calixto Leyva, Damián Nava Mauricio, Ángeles Garibay Delgado, Cirelia Onofre Saturnino, Jesús Parra Hernández y César Guadarrama Pantoja; y por los ñuu savi Minerva Ramírez Vargas, Ricardo García Flora, Isaac Ortiz Morales, Guadalupe Ramos León, Hipólito Reyes Catarina y Berenice Morales Barrera Foto:?El Sur
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Después de 12 horas de discusión, la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades (AMCRA), nombró al Concejo Municipal Comunitario y a las tres coordinaciones generales, para encabezar los trabajos de la administración en Ayutla.
La AMCRA, que se desarrolló durante todo el domingo, fue en calidad de extraordinaria, después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó que se realizará esta asamblea, al revocar el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que nombró, en un primer momento, a las tres coordinaciones generales.
Los 19 concejales que conforman el Concejo Municipal Comunitario fueron validados por el IEPC después de la AMCRA celebrada el 28 de julio pasado, en la que el pueblo me’phaa y una parte del ñuu savi decidieron abandonar el recinto principal, por no sentirse representados.
La división entre los pueblos me’phaa, ñuu savi y mestizo, generó que se realizaran dos actas de asambleas con nombramientos distintos, por lo que el IEPC determinó validar ambos y de ahí realizar los nombramientos en el concejo y las tres coordinaciones.
Fue este acuerdo el que el Trife revocó, 17 días después de que el Concejo Municipal asumió el cargo, y de una serie de impugnaciones hechas ante los tribunales electorales, por parte del pueblo mestizo, que estuvo en contra del nombramiento del IEPC, que favoreció a Inés Gatica Dircio como coordinadora, con funciones de presidenta, y ordenó una asamblea extraordinaria, por considerar que no se respetó la convocatoria.
A las 10:30 inició la AMCRA en la unidad deportiva de Ayutla, con la presencia de un representantes de la gobernadora, Gustavo Miranda Gonzalez; la diputada local del distrito 14, Catalina Apolinar Santiago; el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga; el director general de Gobernación estatal, Juan Méndez Nogueda, y cinco personas observadoras.
La asamblea, que se desarrolló por más de 12 horas, en diversos momentos se tornó ríspida por la discusión entre los mestizos y el grupo dividido de los ñuu savi, quienes desde las primeras discusiones consideraron que no eran tomados en cuenta, ni se les respetada como pueblo.
Tal como lo marcó la convocatoria, antes de iniciar la AMCRA se nombró un comité de mediación, para ayudar a resolver los conflictos que surgieran durante el desarrollo de la asamblea, para nombrar a seis integrantes de esta mesa, dos por cada pueblo, lo que generó la primera discusión.
El pueblo dividido de los ñuu savi se calificaron, entre ellos, de no pertenecer realmente a este grupo, por lo que no podían sacar en conjunto sus nombramientos para la creación del comité de mediación.
Después de varios recesos, que alargaron la asamblea, se nombró el comité de mediación alrededor del mediodía, para proceder a nombrar la mesa de los debates, encargada de llevar la organización de la asamblea, cuya discusión se alargó hasta pasadas las 4 de la tarde.
El tema era el mismo, el pueblo ñuu savi, al estar dividido, no podía nombrar a sus dos representantes para la mesa de los debates. En la discusión se argumentaba que había personas que se autoadscribieron como integrantes de este pueblo sin serlo, sólo para “mayoritearlos” en las votaciones y en los cargos en disputa.
Una vez nombrada la mesa de debates, se inició formalmente la AMCRA cerca de las 4 de la tarde, la cual, al comenzar la discusión y los nombramientos, se volvió a detener y en más de una ocasión se amenazó con reventarla, ante la falta de acuerdos.
En este punto la discusión se centró en el método de nombrar a los 19 concejales, seis por cada pueblo: mestizo, ñuu savi y me’phaa, ya que algunos pidieron que fuera una votación general y otros, que cada pueblo eligiera a sus propios representantes.
Una vez que los mestizos y los me’phaa eligieron a sus seis concejeros, los ñuu savi seguían sin tener un acuerdo, pues por la división que había, ambos querían la mayoría de los espacios, es decir una repartición de cuatro y dos.
En más de una ocasión ,el comité de mediación entró para tratar de resolver y calmar la discusión, pero ante los ánimos álgidos de los asistentes, poco se podía hacer, por lo que alrededor de las 7:30 de la noche se declaró un receso, que culminó a las 8:30.
La discusión interna entre los ñuu savi detuvo el desarrollo de la asamblea por un par de horas. Primero, el comité de mediación resolvió un receso de cinco minutos, para que hubiera un acuerdo, lo que cual no ocurrió. Después de una hora discusión, se determinó otro receso de media hora, que se alargó y fue que se retomó cerca de las 8:30 de la noche.
A las 10 inició la votación para elegir a los 19 concejales, quienes fueron ratificados por sus respectivos pueblos. A las 10:30 inició la votación para elegir a las tres coordinaciones generales, las cuales quedaron de la siguiente manera: en la coordinación con funciones de presidenta quedó Elizabeth Calixto Leyva, del pueblo mestizo; en la segunda coordinación, con funciones de síndica, Inés Gatica Dircio, me’phaa, y en la tercera, con funciones de tesorería, Ricardo García Flora, del pueblo ñuu savi.
El Concejo Municipal quedó integrado por los me’phaa Inés Gatica Dircio, Arcadio Librado Neri, Homero Margarito Castro, Maribel Espinoza Facundo, Dulce Adilene Ortiz Garibay y Melesio Tiburcio Albino; por los mestizos quedaron Elizabeth Calixto Leyva, Damián Nava Mauricio, Ángeles Garibay Delgado, Cirelia Onofre Saturnino, Jesús Parra Hernández y César Guadarrama Pantoja; y por los ñuu savi Minerva Ramírez Vargas, Ricardo García Flora, Issac Ortiz Morales, Guadalupe Ramos León, Hipolito Reyes Catarina y Berenice Morales Barrera.
Inés Dircio, a quien el IEPC nombró como primera coordinadora, en esta AMCRA extraordinaria obtuvo 137 votos; mientras que Elizabet Calixto ganó con 156, por lo que la primera será relevada en el cargo.
Al final, el pueblo me’phaa se inconformó y uno de sus representantes consideró: “Se pisotearon los derechos por ser una minoría. Hubo burlas, amenazas. Yo pido que abonemos a la cordura, que sólo quede en una alteración de los ánimos y que salgamos de aquí como un municipio unido, que los compañeros que conforman el órgano de gobierno, se olviden de zonas y etnias”.
De acuerdo con lo mencionado por la mesa de debates, la actual coordinación deja el cargo el próximo 4 de noviembre, y los recién nombrados rinden protesta el día 5, previo a que el Consejo General de IEPC valide la asamblea en la sesión del 30 de octubre.
Vecinos de Santiago Yolotepec, Ayutla, abren con pico y pala su carretera donde hubo derrumbes durante las lluvias del huracán John Foto:?El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Pobladores de Santiago Yolotepec, municipio de Ayutla, están incomunicados desde hace tres semanas, debido a que las lluvias de John provocaron derrumbes que bloquearon su carretera, lo que ha provocado que ya carezcan de alimentos.
Además, 65 campesinos perdieron totalmente sus siembras de maíz y 17 familias sufrieron daños en sus viviendas.
En representación del comisario municipal, Zósimo García Castro, pidió ayuda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues dijo que a tres semanas nadie ha ido a conocer la situación en que se encuentran.
El llamado lo hizo a un día de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitara la región Costa Chica y de acuerdo con un boletín de prensa, entregó apoyos a familias de los municipios de esa región que resultaron afectados.
De acuerdo con el comunicado de prensa, el miércoles la gobernadora estuvo en Cuajinicuilapa, para supervisar las las acciones de rehabilitación de las carreteras y caminos; el despliegue de brigadas médicas, así como de maquinaria y equipo para el apoyo de las diversas labores, “garantizando con ello que toda la fuerza operativa del estado se encuentra en territorio”.
Sin embargo, Zósimo García informó por teléfono que su pueblo se encuentra en el abandono total, a tres semanas de las lluvias de John.
Contó que en Santiago Yolotepec 17 casas sufrieron daños, algunas porque el viento voló sus techos y otras colapsaron por derrumbes.
Informó que 65 campesinos perdieron totalmente sus siembras de maíz, que cada uno de los agricultores siembra de tres a cuatro hectáreas, “pero todo se echó a perder”.
Además, dijo que quedaron incomunicados porque hubo varios derrumbes en la carretera Santiago Yolotepec-Ayutla.
Contó que los propios vecinos están abriendo el camino, con picos y palas, pero dijo que es mucha la tierra que tienen que retirar y que no creen terminar pronto.
Informó que la Casa de los Pueblos “apenas” les dijo que van a mandar máquinas, “pero no estamos seguros que sea cierto”.
Agregó que por lo pronto siguen incomunicados y que los productos de primera necesidad tienen que ir a comprarlos caminando una hora al pueblo más cercano, Vista Hermosa, “porque en el pueblo ya no hay nada y no hay pasajera para ir a traerlos”.
García Castro llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a los organismos de beneficencia pública, para que los apoyen aunque sea con despensas, cobertores y colchonetas.
El bloqueo que se mantenía en la salida de Ayutla hacia Cruz Grande, encabezado por el pueblo mestizo y parte del tu’un savi, fue retirado la tarde del sábado, sin que los manifestantes hayan informado sobre el motivo.
Esta protesta se originó porque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) si bien dio validez al acta de la asamblea del 28 de julio para elegir a las autoridades comunitarias de Ayutla, al mismo tiempo le hizo cambios para incorporar a representantes de los pueblos me’phaa y tu’un savi que fueron excluidos.
El bloqueo inició la mañana del jueves, un día después de que el Consejo General del IEPC validó la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades (AMCRA), donde el pueblo de Ayutla eligió a sus autoridades bajo el sistema normativo propio, conocido también como usos y costumbres.
La protesta y la inconformidad fue porque el IEPC realizó cambios en los nombramientos de dos coordinaciones, los cuales, aseguran, no se realizaron en el AMCRA del 28 de julio, por lo que carecen de validez.
Desde la mañana del jueves, los pobladores inconformes con los cambios que realizó el IEPC bloquearon las salidas de Ayutla y después se mantuvieron, por tres días, en la carretera que conecta con el municipio vecino de Cruz Grande.
La tarde del sábado anunciaron que levantaron el bloqueo y retiraron los vehículos con los que taparon la carretera, con lo que dejaban el paso libre hacia Cruz Grande, pero ya no fueron informados los motivos. La exigencia principal era que las autoridades electorales, tanto el IEPC como los tribunales electorales, fijen una postura a favor de ellos.
Se trató de contactar a los que mantenían el bloqueo, pero no respondieron a la pregunta del por qué se retiraron o si llegaron a un acuerdo.
Piden respetar y aceptar la conformación del Concejo
Durante la mañana del viernes, en la comunidad La Ciénega del Sauce, los pueblos me´phaa y tu´un savi realizaron una asamblea con distintas comunidades, para respaldar la decisión del IEPC sobre la validez de la elección por usos y costumbres en esa localidad.
“Nuestra postura como tu´un savi y me´phaa es que se respete la elección de consejería por etnia y que la misma zona elija una coordinación de entre los seis concejales, debido que los mestizos, el día 28 de julio en la AMCRA, no nos respetaron la representación en la mesa de debates y impusieron ellos las seis concejales de los tu´un savi cuando el lineamientos dice que cada etnia elegirá su consejería. Ese fue el motivo de que nos hayamos retirado de la asamblea, y aclaramos que no fue por voluntad propia, como ellos señalan, fue porque ellos querían hacer y deshacer en la asamblea”, indicaron durante su asamblea las autoridades de los pueblos tu´un savi y me´phaa.
Las autoridades de ambos pueblos, en su asamblea del día viernes en La Ciénega del Sauce, llamaron a los mestizos a que respeten la decisión del IEPC y que respeten los nombramientos en los que fueron incluidos en las coordinaciones.
“Hacemos un llamado a los mestizos a que acepten y acaten la determinación que el IEPC tomó, porque nos asiste la razón, como tu’un savi y me’phaa. Los observadores (en el AMCRA) se dieron cuenta de cómo nos estaban coartando nuestro derecho a la libre determinación por etnia”, agregaron las autoridades.
Acusaron que los mestizos pretenden imponer una tu’un savi en la coordinación, con función de presidenta, por tercera ocasión, “cuando realmente debe ser una hermana me’phaa, así como ya determinaron los consejeros del IEPC. Donde nosotros reconocemos que hicieron lo correcto conforme derecho a la representatividad de nuestras etnias”.
Derivado de su asamblea también emitieron una postura, donde aseguran que los mestizos les violaron sus derechos a ser representados en el AMCRA.
“La inconformidad de nuestros hermanos mestizos sobre la asamblea municipal del 28 de julio pasado, empieza por la frustración de su plan mal intencionado, desde el momento en que quisieron imponer una mesa de debates integrada por puros mestizos, trayendo la consigna de avalar un concejo municipal en el que ellos propondrían a los representantes que integrarían al concejo municipal, discriminándonos y violentando el principio de libre determinación y autonomía a que tenemos derecho los pueblos indígenas”, se lee en el posicionamiento que emitieron después de su asamblea en La Ciénega del Sauce, el pasado viernes.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que confía en que con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se consolide la gratuidad en la educación superior pública.
El rector estuvo este viernes en la ceremonia de clausura de la Preparatoria 44, ubicada en la cabecera municipal de Ayutla, en la región Costa Chica.
En su participación, Javier Saldaña dijo que con las nuevas reformas de la Cuarta Transformación, “sé que se va a consolidar” con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la gratuidad en la educación superior pública.
Destacó: “Acaba de poner a un gran amigo, Mario Delgado Carrillo, al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con quien he trabajado, además, ya fue secretario de Educación en Ciudad de México. Conoce lo que se tiene que hacer”.
El rector destacó el desempeño del hasta ahora dirigente de Morena, como un trabajador ejemplar, que ha sacado las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte, Saldaña Almazán solicitó a los jóvenes, que hayan dejado truncos sus estudios, a que regresen a la UAG para titularse, porque en el Consejo Universitario se aprobó que todos los que han egresado, de hace 55 años a la fecha, se puedan hacerlo, “ya que muchos dejaron sus estudios por la necesidad de trabajar o migrar”.
“Desde aquí, de la casa de la paz, de Ayutla de los Libres, estoy anunciando a todos los estudiantes que egresen de las 48 preparatorias, que pertenecen a los grupos populares y las extensiones de la universidad, todos tendrán derecho a ingresar de manera automática a una de sus licenciaturas”, destacó en su participación Saldaña Almazán. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Maestros de secundarias generales del municipio de Ayutla, durante el bloqueo que instalaron en la calle Pedro Ascencio, en el centro de Chilpancingo, frente a las oficinas de la Dirección de Escuelas Secundarias, de la SEG, para exigir la destitución del director de esta área educativa, Rafael Ramirez Avilés Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Maestros de secundarias generales de Ayutla protestaron en la Dirección de Secundarias Generales, en Chilpancingo, para exigir la destitución del director de esta área, Rafael Ramírez Avilés.
Los profesores están inconformes por una promoción docente, que se hizo a través de presuntos actos de corrupción.
Los maestros, adheridos a la sección 14 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), demandaron la destitución del director de Secundarias Generales de la SEG, a quien acusan de otorgar una comisión de subdirector “de manera amañada”.
Luis Alberto Mesino Núñez, maestro de la secundaria Plan de Ayutla, denunció que de manera arbitraria se le otorgó una comisión de supervisor a un docente, sin haber participado en los procesos de cambio a través de la promoción docente de la Unidad Estatal del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros (Uesicamm).
Manifestó que el profesor debió someterse al proceso de “promoción vertical, para llegar a un puesto directivo en la escuela, siempre y cuando haya espacios vacantes para que, en función de estos espacios, quienes aspiran al cargo puedan participar”.
Los maestros denunciaron que son dos maestros los afectados por este proceso, que debe estar regulado por la Uesicamm, cuyo cargo de coordinador dejó el lunes la ahora subsecretaria de Educación Media Superior, Lucila Rangel Santos.
“No es justo que algunos docentes están esperando su participación en los procesos de cambio, que se realizan una vez al año, cuando a otros se les otorga una comisión y cómodamente esperan a regularizar su nombramiento, sin moverse de su escuela y de la zona escolar”, reclamó el maestro.
De la zona escolar 18, a la que pertenece la secundaria, salieron tres nombramientos directivos regulados por la Uesicamm y los docentes fueron trasladados a Chilpancingo, Chilapa y Taxco; sin embargo, esa comisión autorizada por el director de Secundarias Generales, Rafael Ramírez, se dio de “manera amañada”, denunciaron.
