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Dará vista a la FGE y al Tribunal de Justicia Administrativa del desacato de Abelina: auditor

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, aseguró que sí tienen facultades para auditar presupuesto federal; esto, ante la negativa de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, a comprobar ante esa instancia el ejercicio de 898 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAIS).
Ante la negativa de López Rodríguez, Peralta Hidalgo informó en conferencia de prensa en las oficinas de la ASE, que dará vista a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa porque la alcaldesa estaría incurriendo en la obstaculización de fiscalización, lo que constituye un delito.
“Tenemos que dar parte a las autoridades jurisdiccionales, para que se siga el proceso y que ahí decidan la competencia de este tema”, y aclaró que “no hay dolo, persecución ni consigna” contra la alcaldesa de Acapulco, quien desde hace un año se niega a comprobar 898 millones de pesos destinado a obra pública en el del 2023, al considerar que sólo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la facultada para la comprobación.
“No tenemos información absolutamente de nada, ni de una banqueta, el día de ayer (martes) hizo un documento firmado por el síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, en el que da una respuesta en la que niega las facultades en todo momento de la Auditoría Superior del Estado. Tenemos convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sí hay facultades, además del convenio de colaboración”.
El auditor aclaró que la Constitución Política del Estado y el convenio de colaboración que tiene la ASE con la ASF lo faculta para fiscalizar los recursos federales que ejercen los 85 ayuntamientos de la entidad, el Poder Ejecutivo del estado y todos los demás entes públicos.
“Constitucionalmente hay competencia concurrente entre la federación y entidades federativas para la fiscalización de los recursos federales, puesto que una vez entregados a las autoridades locales, su ejercicio, supervisión, fiscalización y en su caso fincamiento de responsabilidades es de competencia exclusiva de las autoridades locales”.
Peralta Hidalgo explicó que con excepción de Acapulco, los otros 84 ayuntamientos de la entidad y el propio gobierno del estado son auditados por el uso y manejo de los Fondos de Infraestructura Social Municipal que aporta el gobierno federal.
Indicó que Acapulco “es un caso de excepción”, al no permitir la alcaldesa que dichos fondos sean auditados con el argumento de que la ASE no tiene facultades para hacerlo.
Peralta Hidalgo aclaró que nadie está señalando que ese dinero fue robado, “lo único que se pretende es que la autoridad municipal de Acapulco presente los documentos para comprobar que efectivamente el dinero fue aplicado, pero a la fecha no ha entregado un solo documento.
Sostuvo que “la Auditoría no fiscaliza por consigna, no hacemos trabajo sucio, pueden revisar los procesos que tenemos que se llevan a cabo conforme a las normas establecidas, a normas internacionales de auditoría, además la ASE está certificada en muchos procesos”.
Informó también que en la cuenta pública de 2023, el ayuntamiento de Acapulco sólo refiere un gasto de 898 millones de pesos para obra pública sin documentos que lo comprueben, y para hacer una auditoría se requiere de documentación específica que incluya expedientes técnicos de las obras, la ubicación de las obras, pero no hay información “ni de una banqueta”.
El auditor señaló que los 159 entes fiscalizables del estado, con excepción de Acapulco, entregan la información requerida para ser auditados, y que “con ninguno hay problemas, a excepción de López Rodríguez.
“Esto se va a dirimir en los tribunales, no hay de otra, según el proceso de fiscalización vamos por el dictamen técnico para poder turnar a la siguiente instancia, ese es el paso a seguir”.

Encuentra la ASF irregularidades en manejo de fondo federal por diez municipios de Guerrero

Daniel Velázquez

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en diez municipios del estado que recibieron recursos durante el 2023.
En la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2023, publicada en febrero de este año, la ASF fiscalizó los recursos recibidos en los municipios de Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa y Tlapa.
Entre los hallazgos que realizó la Auditoría durante la verificación del gasto público en esta decena de municipios es que en San Miguel Totolapan no hay registro de cómo se gastó el dinero, hubo subejercios en San Luis Acatlán, encontró obras fantasmas en los municipios de Chilpancingo y Coyuca de Benítez, y que los gobiernos contratan empresas que no pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) está diseñado para emplearse en “obras y acciones que beneficien a la población que habita en los municipios o demarcación territorial con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan alto y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza extrema”.
Como resultado de la comprobación encontró que siete municipios deben devolver dinero a la Tesorería de la federación y tres cometieron “irregularidades administrativas”.
El caso de San Miguel Totolapan es el más cuantioso y escandaloso pues no se pudo revisar ni un solo peso del ejercicio 2023, “ya que el municipio no proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente a la Cuenta Pública 2023”. La ASF determinó que están pendientes por aclarar 148 millones 966 mil 396 pesos, lo que corresponde al cien por ciento de los recursos transferidos.
El alcalde de San Miguel Totolapan en el periodo de revisión fue Fredy Vázquez Palacios, del PRD. El gobierno del estado acreditó ante la ASF que transfirió todo el recurso del Fondo a ese municipio.
En el municipio de San Luis Acatlán, la ASF encontró que más del 50 por ciento de recursos no se ejerció y del dinero ejecutado están pendientes por aclarar 45 millones 811 mil 135 pesos.
Durante 2023, San Luis Acatlán recibió 200 millones 506 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 121 millones 536 mil pesos que no se ejercieron. El gobierno de San Luis Acatlán, proporcionó la documentación certificada por Gilberto Solano Arreaga que acredita la operatividad de cuatro obras por 11 millones 201 mil 800 pesos.
Este municipio es gobernado por Adair Hernández Martínez, militante del PT, partido aliado de Morena.
En la fiscalización de la cuenta pública de Chilpancingo, la ASF encontró varias irregularidades en cinco contratos y 11 arrendamientos de vehículos para la verificación y supervisión de las obras, fueron fraccionados para quedar comprendidos en los supuestos de excepción. Otra de las observaciones fue que presentaron de manera extemporánea las opiniones de cumplimiento de pago de impuestos de 17 contratos, y ejecutaron tres proyectos de obra pública por un monto pagado de 6 millones 206 mil 900 pesos “que en la verificación física no se encontraron en operación”.
En total, sobre la cuenta pública de 2023, el municipio de Chilpancingo tiene pendientes por aclarar 30 millones 807 mil 75 pesos. Este municipio fue gobernado por la ex morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
En la comprobación de la cuenta pública de 2023 en el municipio de Coyuca de Benítez, la ASF no encontró físicamente cinco obras, “por lo que no se comprobó que cumplieran con los objetivos del fondo”, lo que generó que este pendientes por aclarar 8 millones 512 mil 223 pesos. Este municipio fue gobernado por el morenista Ossiel Pacheco Salas.
En el municipio de Taxco, están pendientes de aclarar 1 millón 56 mil pesos que el gobierno municipal utilizó para la compra de un software. En el dictamen la ASF sostiene “no se demostró que por medio de la adquisición de un software se diera atención a las demandas ciudadanas como se describe en el registro de los beneficios esperados del proyecto, ya que en realidad corresponde al pago de la licencia del sistema contable del municipio; asimismo, dicho contrato tiene fecha de formalización en el ejercicio fiscal 2022 por lo que no correspondería al ejercicio fiscal en revisión”. Ese municipio fue gobernado por Mario Figueroa Mundo, de Fuerza por México.
En Tecoanapa, la ASF encontró que 20 contratistas a los que el gobierno municipal les asignó 24 contratos de obra pública no cumplen con sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que derivó en una observación de 44 millones 480 mil pesos, durante la revisión el gobierno municipal acredito que cinco contratistas sí estaban al corriente con sus obligaciones tributarias, por lo que la cuenta pendiente por aclarar es de 36 millones 198 mil 636 pesos. Este municipio fue gobernado por Carmen Ileana Castillo, del PVEM, aliado de Morena.
En Tlapa, la revisión establece que 18 millones 753 mil 420 pesos están pendientes de aclarar porque el dinero se destinó a “tres obras por un monto de 18 millones 686 mil 200 pesos que conforme a lo manifestado por su Órgano de Control Interno se advierte que no se encontraron en operación debido a que se tratan de obras por etapas y que por lo tanto no proporcionan los beneficios programados a la población objetivo del fondo” y 67 mil 200 pesos que se transfirieron sin presentar la documentación que acredite que se usaron para los objetivos del Fondo. Este municipio fue gobernado por, de la coalición PRI-PRD y reelecto para un nuevo periodo.

Irregularidades administrativas

Sobre los municipios con irregularidades administrativas, en sus dictámenes la ASF específica porque los clasifica de esa forma. En el caso de Quechultenango, señala que ese municipio “infringió la normativa, debido a que se realizó un pago por 129 mil 600 pesos sin proporcionar la documentación de su aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación, y hubo documentación que no se canceló con la leyenda de operado ni se identificó con el nombre del fondo, las observaciones determinadas fueron solventadas por el ente fiscalizado antes de la emisión de este informe”.
Del municipio de Ometepec, la ASF señala que incurrió en “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó 17 contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida y no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2023. Tampoco difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En Ayutla, en su informe la ASF señala que no hubo observaciones monetarias pero sí “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó seis contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida, adjudicó dos contratos de servicios por medio de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, cuando debió ser mediante la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos de “Ejercicio del Gasto” y los “Indicadores”, no difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable y no concilió el número de proyectos registrados en el formato de “Destino del Gasto” del Sistema de Recursos Federales Transferidos con los registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”.

Se requieren 10 mil millones de pesos para rehabilitar infraestructura, asegura Marcial

El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, durante la entrega mobiliario escolar a la secundaria general Otilio Montaño Sánchez, ubicada en la colonia Plan de Ayala en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, informó que se requieren 10 mil millones de pesos para solucionar el problema de infraestructura educativa en todo el estado.
Indicó que la dependencia a su cargo hizo un cálculo, para ver cuánto requerían para solucionar el problema de infraestructura educativa, y dijo que se requieren alrededor de 10 mil millones de pesos.
Dijo que recibió la SEG con “crisis estructurales”, por lo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está haciendo una gran gestión para adquirir recursos federales.
Marcial Rodríguez indicó que uno de los programas federales que está apoyando al estado es La Escuela es Nuestra, “que la gobernadora ha gestionado con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que se han ampliado sustancialmente esos recursos económicos”.
Detalló que el año pasado dentro de este programa se invirtieron casi 700 millones de pesos y en 2023 son casi 2 mil millones de pesos.
El secretario de Educación fue consultado al finalizar la entrega de mobiliario escolar en la secundaria Otilio Montaño Sánchez, en Chilpancingo, y destacó que en lo que va en los dos años de la administración, se han invertido unos 800 millones de pesos en infraestructura.
Además, dijo que continuarán con los trabajos que se realizan con fundaciones, para iniciar con la construcción de escuelas, “todo se está haciendo por etapas”.

Entrega SEG mobiliario a una secundaria

En la entrega de mobiliario escolar a la secundaria Otilio Montaño, una alumna pidió al titular de la SEG, Marcial Rodríguez, mejorar la infraestructura de la escuela.
A nombre de sus compañeros, Samaly Betsabé López Nava agradeció la entrega del mobiliario y que las autoridades hayan volteado a ver la escuela, la cual tiene “muchas necesidades de infraestructura”.
Dijo que en el plantel aún falta mucho por hacer, pero agradeció al titular de la SEG por “poner su granito de arena”, para que la educación se imparta en espacios dignos.
La alumna, de tercer año, destacó que la educación en la capital “no sólo son las escuelas del centro, también existimos quienes con muchas carencias y esfuerzos de nuestros padres luchamos para salir adelante”.
Externó que los alumnos y maestros esperan que no sólo sea “una visita de un momento y que verdaderamente nos apoyen”, que la escuela sea una institución con espacios dignos en su proceso de aprendizaje.
López Nava pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que los apoye con la rehabilitación de las aulas, las cuales están en obra negra, así como con la construcción de una cancha techada, ya que se ven afectados ante las inclemencias del tiempo.
En su participación, Rodríguez Saldaña dijo: “Estoy muy atento de escuchar las demandas y peticiones de maestros y estudiantes, porque recibimos una secretaría en crisis”.
Manifestó que cuando se enteró de la demanda que tenía la secundaria Otilio Montaño, “de inmediato enviamos una comisión para escucharlos y atenderlos”.
El titular de la SEG dijo que la política de la gobernadora es escuchar y dialogar, porque ya se terminaron “los tiempos en los que los funcionarios, porque nosotros somos servidores, estaban en las oficinas sentados o en restaurantes. Ahora nosotros estamos en territorio con ustedes”.

Por disminución de recursos federales, el retraso en entregas al IEPC: Finanzas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, informó que de enero a junio de 2023, la federación ha disminuido la entrega de participaciones proyectadas para Guerrero, por mil 160 millones de pesos, derivado de la disminución en la recaudación de impuestos federales participables.
En breve consulta telefónica, señaló que esa es la razón del retraso en la entrega del presupuesto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que reclamaron representantes de partidos políticos el jueves.
Sin embargo, añadió que esperan poder entregar la próxima semana los recursos al organismo, para evitar dificultades en el proceso electoral.
En sesión pública, representantes del PRD, PVEM, PRI, PAN y Morena ante el Consejo general del IEPC denunciaron que estaban a una semana del comienzo formal del proceso electoral 2023-2024, de ayuntamientos y diputados, y el gobierno estatal no había enviado los recursos correspondientes a junio, julio y agosto, del presupuesto aprobado para este año fiscal.
El representante del PRD, Mariano Hansel Patricio Abarca, pidió al IEPC implementar “una cadena de responsabilidades”, para determinar qué persona o funcionario, por omisión o acción, ha colocado al instituto ante una posible “parálisis financiera”.
La presidenta del organismo, Luz Fabiola Matildes Gama, accedió a plantear por escrito sus requerimientos al gobierno del estado.
En breve declaración, el funcionario estatal confirmó el retraso de las entregas al IEPC debido a la reducción de las participaciones federales, que esperan resolver la próxima semana.
A principios de año, se mencionaba en prensa nacional la reducción de los recursos federales provenientes del Ramo 28, los que se transfieren a estados y municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.
De acuerdo con el decreto del presupuesto de Egresos para el Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2023, el estado esperaba recibir por este concepto, 27 mil 69.4 millones de pesos.
Pero el documento también precisa que estas asignaciones “están en función de la recaudación federal, además de que son susceptibles de sufrir modificaciones durante el Ejercicio Fiscal concurrente”.
La disminución de las participaciones que informó el titular de la Sefina, representa 4.2 por ciento de la estimación anual, y de 8.5 por ciento de medio año.
No son recursos etiquetados para obra, programas o servicios. Son fondos para gasto no programable, que incluye operación, nómina e Inversión Estatal Directa. Ahora se sabe que también afecta el presupuesto del IEPC.

Las observaciones de la ASF son para el gobierno anterior pero las atenderá, dice Norma Otilia

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal capitalina, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que las observaciones que realizó al municipio la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por irregularidades en la cuenta pública, corresponden a la anterior administración, aunque su gobierno atenderá el requerimiento.
La semana pasada la ASF informó que hubo observaciones a 15 municipios por el mal manejo de recursos públicos, entre ellos está Chilpancingo, que deberá aclarar 7 millones de pesos 936 mil 790 pesos ejecutados como “servicios generales e inversión pública”.
En conferencia de prensa matutina en el Palacio municipal, Hernández Martínez precisó que estas observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2021, del periodo enero y septiembre de la anterior administración, y que la ASF auditará en marzo su primera cuenta pública del 2022.
Recordó que hace un año la ASF notificó al municipio una observación de unos 8 millones de pesos, del ejercicio fiscal 2021 que corresponde a la anterior administración, “por lo que seremos responsables para dar seguimiento a lo que corresponde”.
Dijo que a nivel nacional Acapulco y Chilpancingo son los municipios más auditados, y lo más observado es la infraestructura, “a nosotros no van hacer la primera auditoría de la cuenta pública del 2022, por eso estamos apurados para comprobar los requerimientos que nos solicitan”.

No le ha informado la FGE del caso de los incendios provocados

Por otra parte, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado sobre los incendios provocados en el restaurante El Marino, donde murieron calcinados el velador y su hijo, ni de los 12 locales del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla el 20 de febrero pasado, e insistió que le informe de los avances de las investigaciones.
Hernández Martínez comentó que atender el problema de inseguridad depende de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos, que el municipio está haciendo lo propio en la prevención del delito, y agregó que la Fiscalía y la Mesa de Coordinación para la Paz deben de informar sobre las investigaciones de algún hecho y proceso penal de un presunto delincuente.
“La Fiscalía no ha dado ningún pronunciamiento de los hechos que ocurrieron el 20 de febrero, me encantaría que nos pudieran informar de los avances, por ejemplo los policías que agarran a los delincuentes no sabemos qué trato les están dando, si los ponen en libertad o en proceso”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Se-guridad Pública y Protección Ciu-dadana, Martha Isela Velázquez Adame informó que continúan los recorridos de militares, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales en el corredor del Valle del Ocotito, en donde se instaló una base de operación tras la petición de los comisarios que solicitaron seguridad en esta zona.
El 18 de febrero ocho integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, que antes pertenecían a la UPOEG, fueron detenidos y su base desmantelada en la comunidad Buenavista de la Salud, tras una irrupción por policías estatales, militares y efectivos de la GN.
Velázquez Adame informó que a traves de los operativos de los tres órdenes de gobierno, de enero la fecha han detenido 17 personas por los delitos de violencia familiar, robo dentro de un vehículo, casa habitación, violación, por portación de arma de fuego y cartuchos, robo de motocicleta, negocio y acoso sexual.
Además, han detenido 98 personas por faltas administrativas, por alteración de orden público, inhalar sustancias tóxicas, realizar necesidades fisiológicas en vía pública, agresión, graffiti y faltas a la moral.

Ya necesitan que el Congreso instaure sus cabildos, dicen los cuatro nuevos municipios

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Representantes de los cuatro nuevos municipios: San Nicolás, Santa Cruz del Rincón, Ñuu Savi y Las Vigas, pidieron al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que el Congreso del Estado en enero agilice la instauración de los nuevos cabildos.
Además, el gobierno estatal informó sobre la gestión de las claves de las nuevas demarcaciones ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con las que podrán recibir recursos federales.
El 1 de diciembre, en sesión, el Congreso local le otorgó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, un segundo plazo de 120 días para emitir un dictamen, en el que designe a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios, porque su primer plazo concluía el 3 de diciembre.
Contactado por teléfono, Felipe de la Cruz, representante del comité gestor del nuevo municipio de San Nicolás, informó que el jueves 15 de diciembre se reunieron 14 representantes de los cuatro nuevos municipios, con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, en sus oficinas del poder Ejecutivo, en Chilpancingo.
Contó que le expresaron al secretario que “los pueblos están desesperados porque todavía no se instituyen los ayuntamientos y el Congreso pidió la prórroga de 120 días. Le dijimos que para nosotros es demasiado tiempo, y le pedimos que agilice los movimientos, para que no sean los 120 días que pidieron los diputados”.
“Pensamos que posiblemente en enero ya se estén instituyendo los ayuntamientos, porque hay muchas gestiones que tienen que hacer los que queden como representantes de los pueblos. También nos informó (el secretario) que el gobierno estatal ya tiene las cuatro claves de Inegi para los municipios, lo que nos darán la facilidad de ahorrarnos tiempo de gestión y con ello el gobierno federal nos tome en cuenta”.
Aseguró que Reynoso Núñez les argumentó que el aplazamiento en el Congreso se debió a detalles técnicos en cuanto a la separación de recursos, porque para asignar presupuesto a los nuevos municipios no es tan fácil, “está detenido en esa parte, porque están haciendo los estudios para no generar conflictos después”.
Felipe de la Cruz mencionó que Ludwig Marcial se comprometió a darle seguimiento, para que a la brevedad posible se instituyan los nuevos municipios, “porque también para ellos es una responsabilidad darle respuesta”.
“Esperemos que cumplan el compromiso y que las cosas salgan, porque los pueblos son los que más lo necesitan”, comentó.
Fue hasta el 20 de diciembre que, en un boletín del gobierno estatal, se informó que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, recibió del director regional Centro-Sur del Inegi, Jorge Valdovinos Espinosa, las claves geoestadísticas de los cuatro municipios de nueva creación: Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, “con los que podrán acceder a recursos y programas estatales y federales, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Añadió que en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario destacó la importancia de estas claves geoestadísticas de los municipios de nueva creación, “que son producto de la lucha social de las y los guerrerenses, de la voluntad los diputados, y de la coordinación y compromiso de esta administración con la justicia, el bienestar y desarrollo”.
“Dichas claves también fueron integradas al Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y localidades, que se podrán consultar en: ”, agregó el boletín.
En entrevista con El Sur, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, afirmó que la creación de los municipios es el primer paso y el segundo paso fue gestionar las claves de los municipios ante el Inegi, para que sean reconocidos dentro de la geografía del país.
Sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado fue quien pidió que se hicieran los trámites con el Inegi, porque sin las claves “no se les puede transferir recursos (a los nuevos municipios), sin claves no son reconocidos por el gobierno federal para la distribución de participaciones federales del Ramo 33”.
Afirmó que con las claves se ofrece a la población certeza de que ya podrán recibir transferencias de recursos en cuanto sean instituidos los cuatro nuevos cabildos y mencionó que son necesarias para que tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
“Todos los municipios deben tener un RFC, porque les otorgan sellos fiscales; es decir, la capacidad de emitir un documento fiscal cuando el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas les envía los recursos y tienen que timbrar un comprobante fiscal, entonces con estas claves del Inegi ya tienen las condiciones para que puedan funcionar como tal”, expuso.
Sostuvo que en una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, les presentó un análisis de cómo podrían distribuir los recursos del Ramo 33 a los cuatro nuevos municipios, “tenemos una dificultad, que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que es el principal fondo de los municipios, porque su distribución está en función del nivel de pobreza extrema”, pero explicó que el índice de pobreza de los municipios los da Coneval cada cinco años, “pero no a nivel localidad”.
Manifestó que el análisis por localidades ya lo hicieron y se lo presentaron con la fórmula de distribución de los recursos a la Secretaría de Bienestar, que es el ente que los válida, y al Congreso local.
Aseguró que en la Secretaría de Planeación ya presentó una propuesta de redistribución del recurso de los municipios de donde se desprenden las nuevas demarcaciones, “el que decide es el Congreso, la aprobación no la hace el gobierno del estado, la decisión está de aquel lado y la conformación de las autoridades mismas, si el municipio no está conformado, no puedes transferirle ningún peso de recursos federales”.
A la comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que no emitió el dictamen para instituir los ayuntamientos, la presidente es la priista Alicia Zamora Villalba; la secretaria es la morenista, Leticia Castro Ortiz, y los vocales son los morenistas, Alfredo Sánchez Esquivel y Andrés Guevara Cárdenas, así como la perredista, Elzy Camacho Pineda.

Afectará la retención de recursos del Pronapred la creación del C-5, advierte Evodio Velázquez

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre adelantó que en caso de no entregarse recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), correspondiente al ejercicio de 2016, proyectos como el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) serán afectados.
Los recursos etiquetados del Pronapred para 2016 fueron 73 millones de pesos, pero fueron recortados por el mismo gobierno federal a 53 millones, el pasado 15 de septiembre, aunque nada de eso se ha entregado.
Para 2017 aún se desconoce si habrá recursos ante los recortes del gobierno federal en el presupuesto a estados y municipios.
Velázquez Aguirre insistió además que ante los hechos de violencia en el municipio no están “de brazos cruzados”, que hay resultados del Grupo Coordinación Acapulco como la detención de miembros de células delictivas, confiscación de drogas y recuperación de vehículos robados, entre otras acciones.
El alcalde, que fue entrevistado al salir del acto por el aniversario de la Marina Armada en la Octava Región Naval, reiteró que el incremento de los asesinatos es una reacción de la delincuencia: “estamos pegando duro, se debe pegar a nivel estatal, con todas las fuerzas inmersas”.
Afirmó que para la próxima temporada vacacional el turismo vendrá y no será afectado por los hechos violentos en el municipio, que, reiteró, “son focalizados territorialmente y han sido parte de lo que ha sucedido en Acapulco de algunos años a la fecha. En estas fechas siempre se recrudece en algunos lugares de la ciudad y estamos atendiéndolo”. Adelantó que para finales de año se garantiza la seguridad.
Evodio Velázquez destacó que es un alcalde que recorre las calles: “yo no sé si hay precedente de que el presidente municipal esté encabezando operativos en las calles y las supervisiones en las discotecas y bares. Estoy haciendo lo que me compete, lo que humanamente puede hacer un alcalde”, en coordinación con la federación.
Sostuvo que la seguridad nacional está “inmersa en Acapulco”, porque es una prioridad nacional y la muestra es que el Ejército es el que dicta las líneas de seguridad.
Dijo que la percepción de seguridad es independiente a los resultados de operativos que se reflejan en las estadísticas: “la percepción no es lo mismo, en los ciudadanos hay enojo, molestia y duelo”.
El alcalde manifestó que las ejecuciones no se deben de focalizar en el municipio: “no por lo que pase en el estado ya debe ser Acapulco el foco de todo mundo”.
De los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) de 2016 informó que no se han entregado al municipio: “este año no han llegado, es un tema que acabamos de hablar con el gobernador Héctor Astudillo y yo espero que lleguen esta semana, estamos preparados en todo momento para iniciar y fortalecer en las zonas violentas”.
Calificó además de preocupante un eventual cese de la entrega del Pronapred para el próximo año, “porque si no llega (en el resto de) este año será difícil dar continuidad a lo que ya ha sido exitoso en este año que acaba de pasar”.
Reconoció que aún no se resuelven los problemas de inseguridad, pero van “avanzando a resolverlos”.
Agregó que espera que no repercuta en los proyectos de seguridad: “se ha anunciado un C-5 y parece que no va a haber recursos para ese C-5 y eso es preocupante. Se han anunciado recursos para la seguridad del país y en este año hay recortes para el tema de la seguridad”.
Adelantó que junto al gobernador plantearán al gabinete de seguridad federal una redistribución de esta partida presupuestaria.

Firma Sagarpa con alcaldes de Costa Grande la entrega directa de recursos federales

Municipalizar la Alianza para el Campo dará fin al jineteo: Amador Campos

Brenda Escobar Zihuatanejo Como un día antes en Acapulco, la delegación estatal de la Sagarpa firmó un convenio con alcaldes de la Costa Grande para municipalizar los recursos del programa federal Alianza para el Campo para ejercerlo en este 2004.

Entrevistado al término del acto, el presidente municipal de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, señaló que con la aplicación directa del dinero de la federación a los municipios, “el gobierno del estado dejará de jinetearse los recursos”.

En un salón del hotel Riviera Beach, en Ixtapa, los alcaldes de Coyuca de Benítez, Rafael Ariza Bibiano; de Atoyac de Álvarez, Germán Adame Bautista; de San Jerónimo, Jaime Torreblanca García; de Tecpan de Galeana, Jesús Orbe Torres; de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez Aceves; de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto; y de La Unión, Carlos Reyes Torres, se reunieron con el delegado de la Secretaría de Agrigultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Velarde García y firmaron el convenio para la municipalización del programa bautizado por el gobierno de Vicente Fox como Alianza Contigo, que este año dará para el campo de Zihuatanejo 2 millones 75 mil 452 pesos.

El objetivo es “evitar dispersión de los apoyos para concentrarse en proyectos que detonen procesos de desarrollo sustentable, con efectos multiplicadores significativos”, es decir, que el desarrollo en el campo “sea económico y social”, dijo Velarde.

Al término de la firma, Campos Aburto, manifestó además que por la triangulación del dinero “los recursos que llegan siempre lo hacen fuera de tiempo y los campesinos necesitan los apoyos de manera puntual, si no es así, no tiene caso que lleguen; este convenio va a venir a resolver ese problema”.

Confió en que “ahora sí le den su lugar a los presidentes municipales; que ahora sí hagan valer el artículo 115 constitucional que es precisamente la autonomía de los municipios; es un gran avance este que se está dando ahorita y que las otras instancias de gobierno se olviden de que somos administradores, somos gobierno y fuimos electos por el pueblo, por lo tanto, se nos tiene que respetar”.

Más tarde, Campos Aburto hizo un recorrido con Velarde García por la construcción de la empresa integradora de productos marinos, allá por playa Larga, en donde el responsable, Florentino Zavala Clímaco, explicó los avances de la obra y el propósito de la misma.