El fallo de la Corte confirma que el Ayuntamiento actuó dentro de sus facultades, dice Abelina López

Karina Contreras

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez afirmó que la resolución a su favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el “municipio de Acapulco actuó dentro del marco de la ley y de sus facultades constitucionales.
López Rodríguez dijo que cuando se “actúa bien la justicia llega, a veces tarda, a veces se da paso, pero siempre termina saliendo a la luz. Hoy se ha dado un paso importante y lo asumimos con mesura y con mucha humildad”.
Este jueves El Sur informó que la SCJN confirmó una suspensión que impide sancionar a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el supuesto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.
Lo anterior, mientras la Corte resuelve el fondo de la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento en junio de 2025, para cuestionar las facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para fiscalizar el manejo de recursos del presupuesto federal.
En un mensaje en Facebook después de las 9 de la noche de este jueves, la alcaldesa dijo: “Esto es importante explicarlo con sencillez. Se trata de un proceso legal entre instituciones, donde lo que está en juego es algo muy valioso para nuestro país. El respeto a las competencias, a la ley y a la Constitución”.
Aseguró que como presidenta municipal siempre he estado dispuesta “a que se revise cada peso, cada obra y cada decisión. Gobernar implica rendir cuentas, pero también implica que exista reglas claras y respeto entre instituciones”.
Agregó que siempre ha creído en la justicia como abogado y luchadora social y señaló que desde el primer día de su gobierno “he sostenido una convicción clara. La transparencia no se dice se ejerce, gobernar con honestidad no es un discurso, es una forma de vida a un en los momentos más complejos”.
Por ello su gobierno seguirá enfocado en lo verdaderamente importante que es Acapulco y su gente. “Aquí seguiremos trabajando todos los días para reconstruir, para transformar y dignificar nuestra ciudad. Reitero mi respeto a la SCJN, la verdad siempre encuentra su camino cuando se transita por la transparencia y por la vía legal”.
A los acapulqueños les dijo que pueden estar tranquilos porque su gobierno actúa con responsabilidad, “con legalidad, transparencia y con profundo amor por esta ciudad. Mis 40 años de trabajo me han permitido servir a la gente y lo seguiré haciendo con honestidad y justicia”.
En un mensaje en Facebook, argumentó: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.
Dijo que daba ese mensaje a los ciudadanos con “mucha humildad y respeto, con plena responsabilidad institucional y lo hago de frente”. Añadió: “Con la conciencia tranquila y con el profundo amor que le tengo a esta tierra que me ha formado y a la que le he dedicado mi vida”.
Subrayó que México vive una nueva etapa con el fortalecimiento de la democracia y de la justicia, “por lo que desde Acapulco acompañamos ese proyecto de nación con hechos, con trabajo y con resultados. Porque gobernar es servir y servir es hacerlo con transparencia, con humanismo y siempre del lado del pueblo”.
Sostuvo que su compromiso era claro y es contribuir “desde Acapulco para que Guerrero salga adelante, a reducir la pobreza, cerrar la brecha de desigualdad y que cada familia viva con mayor esperanza. Para lograrlo se requiere la unidad de todos los actores porque Guerrero así lo necesita. Seguimos transformado Acapulco con honestidad y justicia”.

 

Dará vista a la FGE y al Tribunal de Justicia Administrativa del desacato de Abelina: auditor

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, aseguró que sí tienen facultades para auditar presupuesto federal; esto, ante la negativa de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, a comprobar ante esa instancia el ejercicio de 898 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAIS).
Ante la negativa de López Rodríguez, Peralta Hidalgo informó en conferencia de prensa en las oficinas de la ASE, que dará vista a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa porque la alcaldesa estaría incurriendo en la obstaculización de fiscalización, lo que constituye un delito.
“Tenemos que dar parte a las autoridades jurisdiccionales, para que se siga el proceso y que ahí decidan la competencia de este tema”, y aclaró que “no hay dolo, persecución ni consigna” contra la alcaldesa de Acapulco, quien desde hace un año se niega a comprobar 898 millones de pesos destinado a obra pública en el del 2023, al considerar que sólo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la facultada para la comprobación.
“No tenemos información absolutamente de nada, ni de una banqueta, el día de ayer (martes) hizo un documento firmado por el síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, en el que da una respuesta en la que niega las facultades en todo momento de la Auditoría Superior del Estado. Tenemos convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sí hay facultades, además del convenio de colaboración”.
El auditor aclaró que la Constitución Política del Estado y el convenio de colaboración que tiene la ASE con la ASF lo faculta para fiscalizar los recursos federales que ejercen los 85 ayuntamientos de la entidad, el Poder Ejecutivo del estado y todos los demás entes públicos.
“Constitucionalmente hay competencia concurrente entre la federación y entidades federativas para la fiscalización de los recursos federales, puesto que una vez entregados a las autoridades locales, su ejercicio, supervisión, fiscalización y en su caso fincamiento de responsabilidades es de competencia exclusiva de las autoridades locales”.
Peralta Hidalgo explicó que con excepción de Acapulco, los otros 84 ayuntamientos de la entidad y el propio gobierno del estado son auditados por el uso y manejo de los Fondos de Infraestructura Social Municipal que aporta el gobierno federal.
Indicó que Acapulco “es un caso de excepción”, al no permitir la alcaldesa que dichos fondos sean auditados con el argumento de que la ASE no tiene facultades para hacerlo.
Peralta Hidalgo aclaró que nadie está señalando que ese dinero fue robado, “lo único que se pretende es que la autoridad municipal de Acapulco presente los documentos para comprobar que efectivamente el dinero fue aplicado, pero a la fecha no ha entregado un solo documento.
Sostuvo que “la Auditoría no fiscaliza por consigna, no hacemos trabajo sucio, pueden revisar los procesos que tenemos que se llevan a cabo conforme a las normas establecidas, a normas internacionales de auditoría, además la ASE está certificada en muchos procesos”.
Informó también que en la cuenta pública de 2023, el ayuntamiento de Acapulco sólo refiere un gasto de 898 millones de pesos para obra pública sin documentos que lo comprueben, y para hacer una auditoría se requiere de documentación específica que incluya expedientes técnicos de las obras, la ubicación de las obras, pero no hay información “ni de una banqueta”.
El auditor señaló que los 159 entes fiscalizables del estado, con excepción de Acapulco, entregan la información requerida para ser auditados, y que “con ninguno hay problemas, a excepción de López Rodríguez.
“Esto se va a dirimir en los tribunales, no hay de otra, según el proceso de fiscalización vamos por el dictamen técnico para poder turnar a la siguiente instancia, ese es el paso a seguir”.

 

Propone diputado reforma para que la ASE no se quede sin titular

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jacinto González Varona propuso reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado. Con éstas se precisará quién sustituirá al titular en caso de ausencia temporal o definitiva, para evitar una nueva crisis por falta de titular que tuvo el órgano fiscalizador durante más de un año en el que no hubo titular.
En tribuna, el diputado morenista argumentó que eso ayudará a una sucesión más transparente, además de que no se correrá riesgo de que la ASE y el Congreso local incurran en una ilegalidad, ni que la ausencia temporal o definitiva afecte los procesos de fiscalización.
De acuerdo a lo leído en tribuna, se plantea establecer medidas más estrictas en la entrega de las cuentas públicas por parte de los funcionarios salientes, para esto plantean imponer sanciones graves para quienes se nieguen a colaborar en la entrega de informes y comprobaciones requeridos para la adecuada rendición de cuentas, la iniciativa se turnó a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
El pleno del Congreso local aprobó un exhorto a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que, reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores para armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización y transparencia de los recursos públicos.
En la sesión también se aprobaron reformas a la Ley de Educación del Estado para otorgar el reconocimiento de validez oficial a las instituciones educativas que garanticen condiciones de inclusión, el dictamen fue de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
También el pleno aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley de Educación del Estado para incluir dentro de los planes de estudio de las instituciones de enseñanza básica los conocimientos en materia de nutrición, y para estimular habilidades motrices mediante la activación física y el deporte.

Incumple gobierno con remover a funcionarios acusados de hostigamiento laboral, denuncian

Trabajadores de la sección 21 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), adscritos a la Dirección General de Fiscalización, denunciaron que el gobierno estatal incumplió con remover a tres funcionarios de esa dependencia denunciados por hostigamiento.
En conferencia de prensa en el restaurante El Portón, de Galerías Acapulco, el secretario general de esa sección, José Luis Lemus García, y del Trabajo y Conflictos, Enrique García Reyes, advirtieron que suspenderán actividades el próximo viernes si no hay respuesta a los acuerdos del año pasado con representantes del gobierno estatal, luego de las denuncias.
“Nosotros no estamos contra el gobierno, pero hemos batallado porque nos resuelvan las peticiones que son justas, porque se firmaron varias minutas que no se han cumplido, pero si no hay respuesta nuestro siguiente paso es hacer un paro”, advirtió Lemus García.
Señalaron que han pedido, desde enero del año pasado, la salida del jefe de programación, Martín Flores Catarino; del jefe del Departamento de Auditoría, Rosario Mejía Toris; y del encargado de Procedimientos Legales, Silvano Catalán Mendoza.
Indicaron que el director general de Fiscalización, José Antonio Villalobos Romero incumple los acuerdos de dos minutas signadas, y pidieron la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Enrique García dijo que, debido a la relación tirante con los funcionarios de quienes piden la remoción, hay auditorías rezagadas a contribuyentes, o que no han culminado.
Calculó que hay unos 60 trabajadores en Acapulco y “otros tantos en Chilpancingo”, que padecen de acoso laboral.
Acusan a los sindicalizados de “incompetentes”, a pesar de que tienen de 20 a 30 años de antigüedad.
“Hay gente que está pidiendo su salida y el director general manifiesta que es una cuestión unilateral, pero no es verdad porque queremos que fluya el trabajo, porque somos una dependencia recaudatoria. Ha habido falta de capacitación y no es sólo responsabilidad del trabajador, sino que es también responsabilidad del patrón dar la capacitación y de equiparlos. La Subsecretaría dará equipo de cómputo, pero no hay capacitación técnica”, dijo.
El director general de fiscalización no ha cumplido y los problemas se siguen acumulando y los juicios, si lo hay, deben cubrirlos los trabajadores, pues son auditorías a contribuyentes que se establecen y que no han concluido.