José Miguel Sánchez
Chilpancingo
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, aseguró que sí tienen facultades para auditar presupuesto federal; esto, ante la negativa de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, a comprobar ante esa instancia el ejercicio de 898 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAIS).
Ante la negativa de López Rodríguez, Peralta Hidalgo informó en conferencia de prensa en las oficinas de la ASE, que dará vista a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Justicia Administrativa porque la alcaldesa estaría incurriendo en la obstaculización de fiscalización, lo que constituye un delito.
“Tenemos que dar parte a las autoridades jurisdiccionales, para que se siga el proceso y que ahí decidan la competencia de este tema”, y aclaró que “no hay dolo, persecución ni consigna” contra la alcaldesa de Acapulco, quien desde hace un año se niega a comprobar 898 millones de pesos destinado a obra pública en el del 2023, al considerar que sólo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la facultada para la comprobación.
“No tenemos información absolutamente de nada, ni de una banqueta, el día de ayer (martes) hizo un documento firmado por el síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, en el que da una respuesta en la que niega las facultades en todo momento de la Auditoría Superior del Estado. Tenemos convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sí hay facultades, además del convenio de colaboración”.
El auditor aclaró que la Constitución Política del Estado y el convenio de colaboración que tiene la ASE con la ASF lo faculta para fiscalizar los recursos federales que ejercen los 85 ayuntamientos de la entidad, el Poder Ejecutivo del estado y todos los demás entes públicos.
“Constitucionalmente hay competencia concurrente entre la federación y entidades federativas para la fiscalización de los recursos federales, puesto que una vez entregados a las autoridades locales, su ejercicio, supervisión, fiscalización y en su caso fincamiento de responsabilidades es de competencia exclusiva de las autoridades locales”.
Peralta Hidalgo explicó que con excepción de Acapulco, los otros 84 ayuntamientos de la entidad y el propio gobierno del estado son auditados por el uso y manejo de los Fondos de Infraestructura Social Municipal que aporta el gobierno federal.
Indicó que Acapulco “es un caso de excepción”, al no permitir la alcaldesa que dichos fondos sean auditados con el argumento de que la ASE no tiene facultades para hacerlo.
Peralta Hidalgo aclaró que nadie está señalando que ese dinero fue robado, “lo único que se pretende es que la autoridad municipal de Acapulco presente los documentos para comprobar que efectivamente el dinero fue aplicado, pero a la fecha no ha entregado un solo documento.
Sostuvo que “la Auditoría no fiscaliza por consigna, no hacemos trabajo sucio, pueden revisar los procesos que tenemos que se llevan a cabo conforme a las normas establecidas, a normas internacionales de auditoría, además la ASE está certificada en muchos procesos”.
Informó también que en la cuenta pública de 2023, el ayuntamiento de Acapulco sólo refiere un gasto de 898 millones de pesos para obra pública sin documentos que lo comprueben, y para hacer una auditoría se requiere de documentación específica que incluya expedientes técnicos de las obras, la ubicación de las obras, pero no hay información “ni de una banqueta”.
El auditor señaló que los 159 entes fiscalizables del estado, con excepción de Acapulco, entregan la información requerida para ser auditados, y que “con ninguno hay problemas, a excepción de López Rodríguez.
“Esto se va a dirimir en los tribunales, no hay de otra, según el proceso de fiscalización vamos por el dictamen técnico para poder turnar a la siguiente instancia, ese es el paso a seguir”.
