Incumple el Congreso y no comparecen 11 secretarios por la glosa del informe

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local incumplió su propio acuerdo parlamentario al no llamar a comparecer a once secretarios de despacho, quienes quedaron pendientes de asistir como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El pasado lunes fue la última sesión del año de los diputados locales, y concluyó con la aprobación de leyes de ingresos, tablas de valores de los municipios y la Ley de Ingresos el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.
Aún con dichas aprobaciones, el Legislativo arrastra el pendiente de once comparecencias, que por falta de tiempo y decisiones por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fueron pospuestas. Hasta hoy se desconoce si podrán retomarlo para el 2026, aunque ya estén fuera de los tiempos legales.
Los titulares de dependencias pendientes a comparecer son los de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren); Secretaría de la Mujer; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Secretaría de Cultura; Secretaría Para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Secretaría de la Juventud y Niñez; Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; Y la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.
El acuerdo aprobado por el pleno del Congreso local el pasado 19 de noviembre estableció que los once secretarios restantes podrán acudir a comparecer “previo acuerdo de sus integrantes las Comisiones Ordinarias de este Poder Legislativo, a través de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política”, órgano responsable de solicitar al funcionario su presencia en el Legislativo.
Se sabe por medio de fuentes legislativas que los secretarios que fueron llamados a comparecer son los de Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorea; Semaren, Ángel Almazán Juárez y la de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, pero que dichas solicitudes fueron detenidas en la Jucopo.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, en el segundo párrafo del artículo 73 indica que “los secretarios de despacho del gabinete estarán obligados a presentarse ante el Poder Legislativo durante el mes de noviembre, para la glosa del informe, y para responder a los planteamientos que sobre este último hagan los diputados”.
Además de poner las comparecencias a consideración de las comisiones, algo nunca hecho por el Legislativo, realizarlas el próximo año sería hacerlo fuera de la ley.
Aunque la Constitución es clara en los tiempos, que dice que las comparecencias deben ser en noviembre, existe el vacío legal sobre qué secretarios deben acudir, sobre si es obligatorio que acudan todos ante el pleno o si hay sanciones para quienes no se presenten.
Las únicos titulares de dependencias que acudieron a comparecer ante el pleno fueron la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; de la Secretaría de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada; de Educación, Ricardo Castillo Peña; de Salud, Alondra García Carbajal; de Planeación y Desarrollo, René Vargas Pineda; de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; de Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel y a puerta cerrada, el de Seguridad Pública, Antonio Ledesma Osuna.

 

Desconoce el Colegio de Arquitectos a la directora de Desarrollo Urbano; no es DRO

Yee Trujillo

El presidente del Colegio de Arquitectos de Guerrero, Jesús Alberto López Elías, señaló que la asociación desconoce el nombramiento de la arquitecta Leticia Medina Pineda como directora de Desarrollo Urbano municipal porque incumple la normativa vigente, al no ser Directora Responsable de Obra (DRO) en el municipio de Acapulco.
Consultado vía telefónica sobre un oficio enviado a la alcaldesa Abelina López Rodríguez el 17 de julio en el que se “desconoce categóricamente el nombramiento”, expresó que durante 60 años el colegio ha sido partícipe del desarrollo y observación de reglamentos, planes y ordenamiento territorial, que lo único que se pide es que se respete el Reglamento de Construcciones vigente de acuerdo con el Artículo 41 título tercero, que indica que los funcionarios, desde directores hasta jefes de departamento y de oficina encargados de la aplicación y vigilancia y que autoricen la expedición de licencias, deben tener esta calidad de DRO o Corresponsables.
Manifestó que el Ayuntamiento ya dio una respuesta al colegio en la que argumenta que se basa en la Ley 190 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que la funcionaria cumple con la categoría en el estado e incluye al municipio, pero López Elías explicó que es distinto porque la categoría de DRO estatal se creó para obras en municipios donde no hay un padrón, pero Taxco, Iguala, Chilpancingo y Acapulco lo tienen, aplica por separado, y reconoció que la ley es un poco ambigua.
Subrayó que los miembros de la asociación no cuestionan la capacidad de la arquitecta ni la facultad de la alcaldesa de nombrar a quien crea que puede desempeñar un buen papel, que consideran que Medina Pineda tiene muy buena disposición, pero simplemente piden cumplir el reglamento porque son vigilantes de este.
“Nuestro apoyo es total al gobierno municipal siempre y cuando se respete el marco normativo vigente”, indicó, y aclaró que la asociación no está en contra de la administración.

El Registro Civil incumple con el taller prematrimonial: Consejo Interreligioso

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes del Consejo Interreligioso denunciaron que los oficiales del Registro Civil incurren en irresponsabilidad administrativa al incumplir con una reforma al Código Civil del 2013 que los obliga a incluir en los requisitos para los contrayentes de matrimonios un curso-taller prematrimonial.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo, Carlos Marx Barbosa Guzmán, y el consejero, el presbítero Baltasar Vega Ramos, argumentaron que si se cumpliera con este requisito disminuirían la violencia intrafamiliar, los divorcios y los suicidios que ocurren por la separación de parejas.
Barbosa Guzmán dijo que el taller prematrimonial “es un reclamo popular” y que el Consejo Interreligioso solamente es portavoz.
Explicó que el 27 de agosto del 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero que dentro de los requisitos para contraer matrimonio, los futuros contrayentes deben llevar una constancia que acredite su participación en un curso-taller de orientación prematrimonial.
Explicó que el ordenamiento legal está en el artículo 349, fracción octava, del Código Civil, pero que a casi 10 años que entró en vigor el Registro Civil no lo ha incluido en la lista de requisitos que deben llevar los contrayentes.
Barbosa Guzmán argumentó que la reforma al Código Civil se dio porque se estaban incrementando los casos de violencia intrafamiliar.
Informó que se realizaron varios estudios que dieron como resultado la necesidad de incluir como requisito es curso-taller prematrimonial.
De acuerdo al abogado Barbosa, el curso taller incluye la temática: Relación de pareja, el proyecto de vida en pareja, los efectos del matrimonio con relación a los cónyuges y sus descendientes, deberes y obligaciones, el régimen patrimonial, la patria potestad, la paternidad responsable y la responsabilidad financiera.
Además, la prevención de la violencia familiar y las causas y efectos del divorcio. Destacó que estos son aspectos que podrían ayudar a la relación de parejas.
“Ahorita nos llama poderosamente la atención que están celebrando que haya actas de matrimonio donde se están incluyendo cuestiones de género de reformas recientes pero esta reforma que ya va a cumplir 10 años no le hacen caso a pesar de los problemas que genera la falta de preparación para vivir en pareja, dijo.
Por ejemplo, argumentó que en el 2017, hubo 16 mil matrimonios y se registraron 3 mil 679 divorcios, en tanto que en el 2018 hubo 14 mil 465 matrimonios y los divorcios aumentaron a 4 mil 141, cifra que según él habría disminuido si las parejas hubieran participado en el curso-taller.
Por su parte el presbítero Vega Ramos, explicó que la familia sigue siendo la célula y la base de la sociedad y del matrimonio y que de la familia se derivan los aspectos culturales y educativos, el progreso, el bienestar, pero también de ahí se derivan las situaciones terribles como la violencia y las injusticias.
Por ello, explicó que el Consejo Interreligioso quiere incidir y coadyuvar para que los ciudadanos y las autoridades “y todos los que tenemos una responsabilidad social trabajemos para fortalecer y consolidar el matrimonio y la familia”.
Para eso, indicó que no hay otro medio ni otra forma que a través de la educación y la instrucción basada en los valores del matrimonio y la familia “que son valores comprobadamente efectivos, eficaces e imperecederos”.
El sacerdote exhortó a las autoridades a cumplir con el precepto legal “nos va a favorecer a todos si las instituciones cumplen con estos aspectos y todos viviremos mejor.
Barbosa Guzmán dijo que si los oficiales del Registro Civil están omitiendo lo que dice la ley están incurriendo en un acto de responsabilidad administrativa porque están desobedeciendo la ley.
Informó que el Consejo envió hace cinco años y el año pasado al Congreso local y a la Coordinación Estatal del Registro Civil para que se giren exhortos a los oficiales del Registro Civil de los municipios y les propusieron una guía con la temática para que de ahí se basen en la impartición del Curso-taller, “pero es la fecha que no hacen caso”.

 

Incumplen otra vez la indemnización a campesinos que recibieron fertilizante falso en Pilcaya

El representante de los campesinos en el municipio de Pilcaya, Antonio Mendoza Castañeda informó ayer que el alcalde priista, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo incumplió el miércoles el pago de la indemnización por la entrega de fertilizantes de mala calidad en el periódico agrícola de 2017.
El ex alcalde del PRI en Pilcaya en dos ocasiones, Antonio Mendoza recordó que el lunes el presidente municipal se había comprometido, después de una llamada telefónica a un funcionario de la Secretaría de Finanzas del estado, a que el miércoles les pagarían la indemnización con un préstamo de 400 mil pesos del estado al municipio.
La tarde de ayer, vía telefónica el representante de los 71 campesinos que demandan la indemnización, lamentó que una vez más el presidente municipal incumplió, y criticó que sólo les va dando largas y no resuelve.
Lamentó que, primero el alcalde ofreció pagar 18 mil 375 peso por cada hectárea afectada por la entrega de fertilizante falso en el ciclo agrícola 2017, pero con el paso del tiempo fue renegociando con los campesinos hasta acordar un pago de 9 mil 187 pesos por hectárea.
Sin embargo, después de que los campesinos afectados tomaron el Ayuntamiento seis horas el jueves renegoció el monto y sólo ofreció 7 mil pesos por hectárea dañada por el abono de mala calidad que entregó a los campesinos, además de que depuró el padrón y lo bajó de 92 a sólo 71 beneficiarios, a los que tampoco les ha cumplido.
Los campesinos defraudados fueron unos 600, pero sólo 92 denunciaron ante el temor a represalias. 19 son de El Platanar, 40 de Juchimilpa, 10 de Piedras Negras, cinco de La Concepción y 18 de la cabecera municipal de Pilcaya. (Alejandro Guerrero / Iguala).

X

Se compromete la Sedatu a construir tras la elección casas para damnificados de Papagayo, informan

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometió con damnificados de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorado), a comenzar la reconstrucción de ocho viviendas después de las elecciones, pero, a partir de enero, les ha dado dos fechas para reiniciar y no ha cumplido.
Los damnificados de Papagayo cumplirán cinco años sin poder mudarse al fraccionamiento donde sólo hay algunas viviendas construidas para reubicarlos, además de que no tiene servicios públicos; los damnificados han rechazado las viviendas, alegando que necesitan todas y con los servicios completos.
Los damnificados necesitan 34 viviendas, pero sólo se han construido 26, es decir que faltan ocho casas.
En una llamada a la redacción, el comisario Pantaleón Mesino manifestó que funcionarios de la Sedatu fueron a delimitar el terreno y hacer la documentación legal del sitio.
Agregó que les dijeron que esperaran a que pasen las elecciones, cuando iniciarán la edificación de las ocho viviendas que faltan.
Sin embargo, dado que no es la primera vez que les dan una fecha para iniciar la reconstrucción, advirtió que los damnificados acordaron que si vuelven a incumplir van a protestar, porque es la única forma que les hacen caso.
Indicó que estarán pendientes y continuarán viviendo en las casas dañados en septiembre el 2013, porque no les queda otra opción.

Fraccionamiento “desafortunado”

Recientemente, la encargada de despacho de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad de Papagayo era un asunto desafortunado, porque fue una empresa que trajeron de la Ciudad de México y dejó los trabajos abandonados.
Además, la empresa hace unos meses inició los trabajos, pero no están concluidos, ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procedería legalmente.
En Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera, que luego fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir; luego, un incendio consumió 25 de las 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno.
En enero, los damnificados tomaron la delegación federal, donde les prometieron que irían a la localidad para acordar la fecha de inicio de los trabajos, el 20 de enero, pero no cumplieron.
Luego, funcionarios de la dependencia que fueron al terreno donde los reubicarían, les dijeron que el 21 de mayo iniciarían la construcción de las viviendas, pero volvieron a incumplir.
Posteriormente, a los damnificados les dijeron que no había dinero para reiniciar los trabajos y que esperarían a recibir recursos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Incumple el gobierno capitalino aumentos acordados con no sindicalizados, denuncian

Trabajadores no sindicalizados del Ayuntamiento capitalino, agrupados en el Movimiento Unido de Trabajadores no Sindicalizados, denunciaron que no se cumplió el aumento del 10 por ciento al salario base que les prometió el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas, para esta quincena, argumentando que no recordaba haber firmado una minuta de acuerdos en una reunión de hace dos meses.
Agregaron que quieren ser tratados con igualdad, con respecto a sus compañeros sindicalizados.
El representante de los trabajadores, Salvador Vargas dijo que llevan peleando años diversas demandas, principalmente la igualdad de beneficios de los trabajadores municipales.
Señaló que, por no pertenecer a ningún sindicato las autoridades los han ido olvidando en los beneficios que han obtenido los sindicatos con antigüedad, como la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
Aclaró que no quieren formar ningún sindicato, pues sus salarios son raquíticos y no tienen para pagar cuota sindical.
“Ya se había firmado desde hace dos meses una minuta con el presidente municipal, Jesús Tejeda Vargas, cosa que a la fecha no han cumplido, la minuta dice que nosotros, como empleados tendríamos que recibir la igualdad que se le dio a los sindicatos, el aumento de un 10 por ciento al salario base y 8 por ciento a nuestras demás prestaciones, así como el pago del retroactivo de enero a la fecha”, detalló el trabajador.
Reprochó que en una reunión, el presidente municipal dijo que no se acordaba de la minuta que tenían firmada, pero que se la presentaron y se acordó.
Abundó que les dijeron que esperaran a la próxima quincena para que se vean reflejados los aumentos, cuando en la minuta de acuerdos dice que les darían los aumentos en esta quincena.
Dijo que no sabe qué pasará, porque el Ayuntamiento está en “litigio”, entre el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, y el suplente Tejeda Vargas.
Comentó que no les interesa, ni les preocupa quién se quede, que ellos son empleados municipales y que les paga el municipio.
“Si se va Jesús Tejeda no nos van a cumplir, si regresa Marco Leyva sería otra vez retomar, y el tiempo que le falta a la administración, que es hasta el 29 de septiembre, creo que nos van a volver a dar atolito con el dedo”, lamentó.
Esperan que les cumpla Tejeda Vargas antes de que se retire, manifestó.

 

Incumple la SEG con los nombramientos de cuatro maestros de la Unión, denuncian

Padres de familia de la zona escolar 096 del municipio de La Unión, denunciaron que el delegado de la Secretaría de Educación Guerrero, Fernando Leyva Sotelo no cumplió los acuerdos pactados en una minuta de trabajo firmada el pasado 12 de marzo, de que en el lapso de una semana enviaría nombramientos de los cuatro maestros que llegaron a esa zona escolar en enero pasado.
Este martes, vía telefónica, la presidenta del comité de participación social de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de Petacalco, Rosa Carmina Coria Rivera dio a conocer que los presidentes de los comités de padres de familia de las 14 escuelas que conforman la zona escolar se reunieron este día para determinar qué acciones van a tomar ante el incumplimiento de la SEG.
Recordó que otro acuerdo con Fernando Leyva ese 12 de marzo fue que, a mediados de abril les van a pagar su salario a los cuatro maestros, con retroactivo a enero, “nosotros decidimos que tenemos que hacerle un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que se resuelva la situación de los maestros”.
Dijo que el delegado de la SEG, “se comprometió a que en una semana, a más tardar, enviaría los nombramientos y hasta la fecha no han llegado; y no se vale que quiera justificarse diciendo que se atravesaron las vacaciones, porque el acuerdo se tomó mucho antes de eso”.
En enero de este año, la SEG envió a cuatro maestros a la zona escolar 096, donde los padres de familia estaban pidiendo su presencia; dos maestros se quedaron en la comunidad de Petacalco, otro en Zacatula y uno más en la escuela primaria de El Huicumo; el día que fueron presentados ante los comités de padres de familia, el supervisor escolar les manifestó que no iban a cobrar su sueldo “ahorita pronto”, y les pidió a los papás que “cuando menos” apoyaran a los maestros dándoles de comer.

 

Se compromete la Segob a que se tomen muestras de ADN a cuerpos acumulados en el Semefo

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez se comprometió con familiares de desaparecidos en Guerrero a resolver el problema del retraso en la toma de muestras de ADN a los cuerpos y restos humanos que se han acumulado en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Guerrero, y que según el director de la institución suman ya 750.
La coordinadora de Ciencia Médica Forense, Julia Alonso informó que el funcionario federal se comprometió a venir a Guerrero el 7 de marzo para atender el problema de la acumulación de cuerpos que están en espera de que se les tomen muestras del ADN en las instalaciones del Semefo de la entidad.
Dijo que ese fue el acuerdo al que llegaron en la reunión de la noche del miércoles en la Secretaría de Gobernación, donde plantearon el incumplimiento del gobierno estatal con este trabajo, y pidieron que se aplique contra la Fiscalía General del Estado (FGE), la Ley de Víctimas y la de Desaparecidos.
Dijo que la acumulación de cadáveres en las instalaciones del Semefo alcanza ya una situación de crisis humanitaria, y que se ha generado porque el gobierno estatal no ha cumplido el Estado de derecho y no ha habido voluntad política para hacer las cosas, a pesar de las leyes y los tratados internacionales.
Mientras tanto, la FGE ha evadido dar una explicación de las causas por las que no ha cumplido las pruebas del ADN a los restos humanos, lo que ha provocado la acumulación de hasta 750 en las instalaciones de los semefos de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
“El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores ha estado evadiendo el tema, no ha puesto atención en el fiscal (Javier Olea Peláez), que no está funcionando y que ya debió pensar en cambiarlo”, dijo la representante de familiares de desaparecidos, quien la noche del miércoles se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.
Añadió que no hay justificación para que no se hagan los estudios, porque en Guerrero existe un laboratorio de genética; sin embargo, la Fiscalía se queja de que no tiene recursos, “pero lo que no entienden es que no se trata de algo superfluo, lo que está sucediendo es una crisis humanitaria en la que no podrían decir que no hay recursos; en vez de hacer inauguraciones de cosas que no son tan importantes, ese dinero se debería estar destinando a la Fiscalía, si es que de verdad no tiene dinero para estos estudios”, dijo la defensora de derechos humanos.
Indicó que por eso acudieron a la federación, para que si el gobierno estatal está incumpliendo, el gobierno federal se haga responsable, “y eso es precisamente lo que fuimos a pedir (el miércoles), para que se haga este trabajo”.
Agregó que también pidieron a la federación que haya laboratorios itinerantes o ambulantes, como en otras partes del mundo, en donde ha habido la acumulación de cuerpos durante las guerras.
“De alguna manera tienen que hacer el trabajo, y la federación tiene que obligar al estado, eso lo contempla la Ley de Víctimas”, exigió.
Informó que se supone que la FGE tiene un presupuesto que le destina la federación para ese trabajo, pero que se quejan de que no tiene suficiente y que los laboratorios están abandonados.
Sin embargo, insistió en que lo que el fiscal no ha querido es hacer su trabajo, “entonces lo que tiene que hacer la federación, es aplicar la Ley de Víctimas y nueva Ley de Desaparecidos.
Cuestionó que de qué sirven tantas leyes, “si vamos a andar como burro siguiendo la zanahoria, cuando lo que se tendría que hacer es simplemente aplicar los protocolos internacionales y hacer responsable a cada estado”.
Informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Rafael Adrián Avante Juárez se comprometió a venir a Guerrero el 7 de marzo para atender el problema de la acumulación de cuerpos que están en espera de que se les apliquen las muestras del ADN en las instalaciones del Semefo de la entidad.

 

Incumplen la reubicación de la comunidad de Los Tepetates, Tecoanapa, dañada en 2013, se quejan

A más de cuatro años de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, los gobiernos federal y estatal incumplieron la reubicación de la comunidad de Los Tepetates, municipio de Tecoanapa, a la que también le prometieron la construcción de su sistema de agua potable y la reparación de su carretera con dinero del Plan Nuevo Guerrero; las obras sólo quedaron en proyectos, denunció el comisario municipal, Santos Salmerón Palacios.
Además, el comisario denunció que tampoco les han reconstruido la preparatoria popular, la telesecundaria y la escuela primaria dañadas en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, a pesar de que fueron diagnosticadas por Protección Civil, que pidió no utilizar las instalaciones.
“Hasta ahorita, desafortunadamente, de todas las cosas que nos prometieron no nos han hecho caso de nada. Tenemos, además, un centro de salud sin doctor, las escuelas están decaídas, la carretera y el agua potable sólo quedaron en proyectos, y sólo nos dicen que no hay recursos y que no hay recursos”, se quejó vía telefónica.
Los Tepetates fue una de las comunidades que resultaron dañadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre del 2013. Según el comisario, las lluvias provocaron daños totales sólo a unas 10 viviendas, pero Protección Civil dictaminó que quedaron en riesgo por derrumbes y deslaves unas 800 casas, por lo que el gobierno federal anunció su reubicación total, “según que para quitarnos del peligro dónde estábamos”, dijo el comisario.
Sin embargo, a más de cuatro años del fenómeno natural, sólo se construyeron cinco casas dentro del mismo pueblo, los demás damnificados se quedaron sin sus casas y la totalidad del pueblo sin ser reubicado.
Informó que las autoridades compraron un terreno cerca de la comunidad, en donde se iba a hacer la reubicación, pero que el predio quedó abandonado, “y ya no hicieron nada”.
Informó que por los daños de Manuel e Ingrid, también les prometieron la construcción de su sistema de red de agua que resultó dañado y la reparación de su carretera con recursos del Plan Nuevo Guerrero, pero que ambas obras sólo quedaron en proyectos.
El abandono en que se encuentra esa comunidad, ubicada a aproximadamente una hora de la cabecera municipal, también se reflejó con los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
El comisario Salmerón Palacios informó que entonces resultaron con daños graves la preparatoria popular, la telesecundaria y la escuela primaria Bernal Díaz del Castillo.
“Nosotros fuimos a Chilpancingo a reportar los daños y nos dijeron que iban a venir los de Protección Civil, pero nunca vinieron”.
Explicó que Protección Civil municipal recomendó a los maestros que no utilizaran las instalaciones ante los riesgos, pero dijo que se cansaron de esperar y que en diciembre pasado volvieron a ocupar las instalaciones.
Ejemplificó que en la preparatoria popular, además de las fisuras, toda la lámina se cayó, y que fueron los propios padres de familia los que la arreglaron.
El 5 de octubre, cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó la comunidad de Buena Vista, municipio de Tecoanapa, para entregar paquetes de apoyo a los damnificados del huracán Max y del sismo del 19 de septiembre, una comisión de ciudadanos encabezados por el comisario Santos Salmerón y el ciudadano Gumencio Santos, protestaron y exigieron el cumplimiento de los ofrecimientos e esa comunidad; sin embargo, entonces solamente les ofrecieron despensas, que la mayoría rechazó por considerarlo una burla.
Ese día, el comisario Santos Salmerón reclamó que Los Tepetates es una comunidad que siempre ha estado olvidada, no sólo por los gobernadores, sino por los presidentes municipales, y que se han acumulado las demandas, “estamos pidiendo la carretera, la casa del pueblo, la reparación de las escuelas, que algunas se cayeron y otras se partieron, y los maestros están dando clases afuera, en el sol”, dijo entonces.
Frente a las cartulinas con sus consignas escritas, el gobernador les prometió que enviaría a funcionarios para evaluar la situación y el apoyo que podría darles; sin embargo, hasta ayer no había acudido nadie, aseguró el comisario.