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Prevalecen las condiciones de inundación en la Colosio y Rinconada del Mar como hace 10 años

El vecino de la Unidad Habitacional Rinconada del Mar, Yosimar Jimenez, señala las zonas que se inundaron durante la tormenta Ingrid y Manuel Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

En septiembre de 2013, la tormenta Ingrid y el huracán Manuel inundaron gran parte de las viviendas de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio y el fraccionamiento Rinconada del Mar, y 10 años después vecinos como Yosimar Jiménez lo recuerdan como un momento “muy triste” porque perdieron todo y sólo les quedó la ropa que traían ese día.
Los vecinos de esta parte de la zona Diamante de Acapulco viven en las mismas condiciones de riesgo y las inundaciones suceden en los mismos puntos que colapsaron hace una década.
“Yo vivo mero en el ojo donde fue la inundación”, dijo Yosimar Jiménez, vecino del fraccionamiento Rinconada del Mar. Él apenas iba a llegar con su esposa a su casa ubicada en la calle Morelos aquel 14 de septiembre, pero no encontraron transporte por la fuerte lluvia y decidieron caminar hasta su hogar. El agua provenía del colapso del canal meándrico Colacho, a un kilómetro y medio de su casa.
Rinconada forma parte de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, que fue inaugurada en 1997 con 800 casas Geo, de acuerdo con una nota destacada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El panorama está claramente transformado después de 26 años, muchas casas fueron modificadas y abundan las misceláneas y los pequeños comercios.
La inauguración de la unidad habitacional ocurrió 10 años después del decreto presidencial del 28 de agosto de 1987 por el que se declara de utilidad pública el desarrollo de la zona Diamante, “así como la adquisición de los terrenos que forman parte” de ésta, dice el documento. El presidente era Miguel de la Madrid Hurtado y el gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
Yosimar llegó en el 2000 después de que su papá compró su casa de un piso con un crédito Infonavit. “Cuando tú llegas a algo nuevo, sus patios limpios, césped, o sea muy bonito todo, la cancha bien arreglada con pasto y muy tranquila la zona, nada de caos, nada de problemas de tráfico, ruidos, entonces era algo que tomamos en opción y nos gustó”, indicó.
Yosimar y su esposa vieron que el monumento de Luis Donaldo Colosio estaba inundado. Esperaron hasta el otro día para tratar una vez más llegar a su casa y cuando la vieron, el agua tapaba prácticamente toda la puerta de la entrada, en el punto exacto donde está el sello del censo que hicieron, mostró Yosimar.
“Fue algo muy fuerte y muy triste para nosotros porque se perdió todo: tele, sala, camas, ropa de niño, personal, aparatos”, compartió. Vivían de un negocio de productos naturales y “lo único que con lo que me quedé es con la ropa que llevaba en ese momento, ropa, zapatos y playera, mi esposa igual, la ropa que llevaba ese día”. Desde entonces Yosimar maneja un taxi amarillo para llevar dinero a su casa.
Algunos de sus vecinos quedaron atrapados en sus casas y salvaron su vida subiendo a la azotea y los salvaron otros vecinos, sobre todo los más jóvenes, como Alan Herrera, quien vive en el condominio Marte de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, a un par de kilómetros de la casa de Yosimar.
Ese día, Alan venía de su trabajo, pero por el nivel del agua el taxi lo dejó en la calle Simón Bolívar, a un costado de la Plaza Colosio Diamante, entonces caminó entre callejones y llegó a su casa. Cuando despertó y salió de su hogar, donde platicó con El Sur, vio el río en el que se había transformado la calle Simón Bolívar, por la que se entra a la unidad Colosio desde el bulevar de Las Naciones.
Otros vecinos como él empezaron a ayudar, junto con los militares, a sacar las personas, algunas de ellas con el temor de salir de sus hogares, por miedo de la rapiña que iba a empezar”.
Corrió el “rumor” de que Costco abrió sus puertas para que las personas se llevaran la comida, contó Alan, “pero los guardias no pudieron controlar y se llevaron todo”: televisores, una de las imágenes más icónicas de Ingrid y Manuel. La tienda ya no volvió abrir y su terreno a orilla del bulevar de Las Naciones sigue abandonado, frente al campo de golf del hotel Princess.
Alán consideró que el problema de las inundaciones es la basura que tapa las alcantarillas, “pero el gobierno casi nunca viene a desazolvar las alcantarillas, ya sea CAPAMA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco) o el encargado de eso, nunca viene para acá”.
Señaló que los mismos puntos que se inundaron, como el monumento a Colosio y las avenidas principales, ambas zonas muy concurridas por muchos comercios, siguen padeciendo el mismo problema y desde que pasó la gran inundación no se ha visto un cambio general de infraestructura para evitar futuros desastres.
“Según te iban a trasladar a otros lados, pero pues la gente no quiere pues y no quiso porque aquí está su patrimonio, aquí ya tienen todo y a lo que ellos han invertido y han gastado, no les alcanzó con lo que les querían dar, las estaban rematando”, expuso.
Así lo decidió la familia de Yosimar porque “a pesar de la situación que se vive de la inundación y todo, es un lugar muy cómodo, muy tranquilo”, aseguró. Otras partes de la Colosio están saturadas: “los carros ya no entran,está muy estrecho, las calles están muy invadidas y en Rinconada no, es un circuito que subes, das vuelta y está todo despejado”, descripción que se constató en el recorrido de este lunes.
Las autoridades les advirtieron que era una zona inundable, “nos dijeron que nos iban a reubicar, pero la gente no lo quiso porque, hermano, nos querían mandar a (casas) Palenque, (casas) San Luis (colonia Mangos), toda esa zona de allá y pues no, aquí nos quedamos”. Las autoridades les dieron un apoyo de 10 mil pesos, “para las pertenencias supuestamente”, rio ligeramente el vecino.
El gobierno de Ángel Aguirre Rivero construyó en 2014 un cárcamo de bombeo en la calle Morelos, a 100 metros de la casa de Yosimar y a 200 metros del camino que cruza el viaducto Diamante, construido entre 1991 y 1993 por el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, obra vial señalada de ser una de las causas de las inundaciones.
Los vecinos consideran que la obra hidráulica de 2014 corrigió el problema de las inundaciones, pero resurgió en 2017, cuando algunas de las bombas que conforman el cárcamo de bombeo dejaron de funcionar.
El gobierno de Abelina López Rodríguez anunció el 30 de agosto pasado la rehabilitación del cárcamo de bombeo y Yosimar opinó que estas obras van a solucionar el problema de las inundaciones.

 

Hoy comienza la demolición de 32 casas que no están habitadas en El Mirador

Hoy inician los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento Nuevo Mirador, que pagará el gobierno estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene presupuesto; las familias se reubicarán ahí mismo para evitar que delincuentes roben sus pertenencias.
Este lunes, en el fraccionamiento El Mirador, en una reunión de damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid, con autoridades federales y estatales acordaron que hoy iniciarán la demolición de 32 casas inservibles que no estaban habitadas de la manzana 2B, que tenían que haber sido demolidas en marzo de 2017.
En la reunión estuvieron la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, y colonos que serán reubicados en un refugio temporal.
Ahí, los funcionarios les informaron a los colonos que serían reubicados mientras se inicia la demolición, pero los damnificados pidieron carpas en el fraccionamiento para estar mientras terminan con los trabajos.
Los colonos dijeron que no pueden irse a algún albergue debido a que en el fraccionamiento no hay seguridad, y temen que los delincuentes roben sus muebles y electrodomésticos.
Los funcionarios manifestaron que no podían comprometerse a proporcionarles láminas y madera, porque no contaban con presupuesto, pero que verían la manera de que alguna dependencia les prestara toldos de plástico.
El secretario de Protección Civil estatal explicó que continuará el procedimiento para la demolición de las viviendas y las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas por medio de los mecanismos de la demolición.
“Es algo preventivo que se hará en la zona, garantizar la seguridad y evitar que las personas se acerquen al lugar de la demolición para que no se provoque algún accidente”, indicó el funcionario, y detalló que cuando se terminen los trabajos se tomará alguna decisión para ver si se construye en el lugar o no, “con la demolición podemos determinar con los estudios necesarios qué acciones de mitigación se realizarán para ocupar el espacio”.
Por su parte, Mario Moreno dijo que, “la idea es que sientan el apoyo del gobierno estatal, los toldos que pueda conseguir se los haré llegar a Mayares Salvador para que los habiliten”.
La encargada de Sedatu manifestó que las familias serán trasladadas de manera momentánea a alguna zona del fraccionamiento por unas horas, en lo que se trabaja en la demolición de las 32 viviendas.
Informó que en el fraccionamiento serán demolidas las casas, y ya no se construirán más, sólo se dejará la protección para que el resto de las viviendas queden bien.
Alma Aurora Jiménez dijo que en las 32 viviendas no habitaban damnificados porque sabían que estaban mal construidas, y las personas que estarán en protección son las que están cerca de la zona, para que no ocurra algún percance.
Informó que la delegación no cuenta con dinero para hacer la demolición, por lo que el gobierno estatal los apoyará; la Sedatu realiza una gestión a nivel central para ver si les otorgan más de 2 millones 800 mil pesos que cuesta el trabajo.
En cuanto al puente que está en el fraccionamiento, dijo que está concluido por parte de la Sedatu, pero el problema por el que no ha avanzado es que el municipio no ha llegado a un acuerdo con el propietario del terreno, por lo que los damnificados aún no pueden salir.

No se entregará al 100 por ciento las casas a los damnificados de Ingrid y Manuel

La encargada informó que el reto es concluir la construcción de las casas en noviembre, consideró que, “estaremos en el 95 por ciento, porque será imposible cerrarla al 100 por ciento por las empresas que dejaron trabajos a medias”, e indicó que actualmente se tiene el 85 por ciento de la construcción.
Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) es un asunto “desafortunado”, porque fue una empresa que trajeron de México y dejó los trabajos abandonados, “ha sido una problemática para que reactivaran”.
Informó que la empresa hace unos meses inició con los trabajos, se construyeron 26 de las 29 viviendas que hacían falta, pero no están concluidas ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procederá legalmente.
Destacó que en oficinas centrales de la Ciudad de México están haciendo trabajos extraordinarios para tener recursos económicos y concluir las viviendas que las empresas foráneas abandonaron.
Precisó que las empresas abandonaron la construcción de las casas en municipios de la Montaña, Chilpancingo y Acapulco.
La detención de las obras se debe a que son empresas que no cumplen, “son empresarios que no son de Guerrero y no tienen idea de lo que cuesta trabajar en el estado”. Además de que, a cuatro años el costo de la vivienda no es el mismo, y muchos “salen corriendo”, pero se llevan un problema legal.
Manifestó que hay comunidades, principalmente de Chilpancingo que se quedaron fuera de un censo, como fue el caso de San Vicente, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no resuelve. Indicó que han buscado la solución a través de otros programas, pero tiene que a ver una participación del municipio o del estado.
La encargada de Sedatu dijo que a los presidentes municipales les toca atender los servicios públicos de las casas de los damnificados, pero en algunas ocasiones no tienen el dinero para otorgárselos.
Ejemplificó con el caso de Leonardo Bravo, donde los alcaldes no tienen dinero para acercar los servicios, “se entregaran las casas pero tal vez no tendrán servicios”, concluyó.

 

Piden damnificados de Mexcaltepec, Chilapa, ayuda para reconstruir 50 casas afectadas en por la tormenta de 2013

Vecinos de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Chilapa, solicitaron al gobierno del estado su intervención para la construcción de 50 viviendas para damnificados que han vivido en casas improvisadas desde 2013.
La mañana de este martes, una comisión de tres damnificados acudió a dejar un oficio para solicitar apoyo para la construcción de las casas, dirigido al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría particular del gobernador.
Carlos Sánchez de 65 años explicó que desde 2013, 50 familias de su comunidad han vivido en casas improvisadas luego de que las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, destruyeron sus viviendas en Mexcaltepec.
Comentó que presentaron un oficio para pedir que sean reconstruidas sus casas, ya que pese a ser una de las comunidades indígenas que resultaron afectadas por las tormentas de hace casi cinco años, la ayuda no ha llegado.
La comunidad indígena se halla en la parte baja de la Montaña de Guerrero, resultó afectada por las tormentas, que provocaron la creciente del rio que se llevó las casas.
Comentó que, para llegar a la capital del estado a dejar el documento, viajaron cuatro horas, lo que además de ser cansado, les costó más de 100 pesos costear los pasajes de cada uno.
En el oficio dirigido al Ejecutivo solicitan la intervención del estado para reparar las viviendas afectadas, que aún permanecen en el cause del río que atraviesa la comunidad indígena.
Señaló que están solicitando una evaluación a la escuela primaria de la comunidad para darle mantenimiento a las aulas que resultaron afectadas por las mismas lluvias, ya que el suelo quedó reblandecido y temen que se hunda.

 

Se quejan damnificados de 2013 de Papagayo que la Sedatu no termina sus ocho casas

El compromiso de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con damnificados de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) de comenzar a reconstruir ocho viviendas que faltan a inicios de enero, no se cumplió, los vecinos se han intentado comunicar con el ex delegado, José Manuel Armenta Tello y otros funcionarios, pero no contestan.
Los damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013 en Papagayo, hace un año emprendieron una serie de protestas, tanto en las afueras de la delegación de la Sedatu en la capital como en la caseta de cobro de Palo Blanco, incluso llegaron a unir esfuerzos con trabajadores del programa del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a quienes les no les pagaron salarios devengados, para exigir la construcción de ocho casas, que son las que faltan para completar las 34 que necesitan.
Aunque ya se construyeron 26 viviendas, ninguna cuenta con servicios, por lo que los vecinos no han querido recibirlas de la Sedatu.
En consulta telefónica, el comisariado ejidal, Pantaleón Mesino dijo que, el 16 de enero se acordó con el entonces delegado Armenta Tello que acudiría a la localidad para reunirse con los damnificados, a determinar la construcción del resto de las viviendas, los servicios públicos y la legalidad del terreno.
Sin embargo, el delegado no acudió, sino el subdelegado jurídico, Jorge Luis Marcial Padilla, con quien se acordó que el 20 de ese mes iniciarían labores en el terreno.
El comisariado reprochó que todo quedó en promesas, que nunca acudió nadie a trabajar.
Manifestó que pudo hablar con él hace mes y medio, pero les decía que se comunicara con la ahora encargada, Alma Aurora Jiménez, y que cuando habló con ella, ésta dijo que estaba mal la señal, que se cortaba la llamada, y ahora ya nadie le contesta el teléfono.
Dijo que está dialogando con los damnificados para volver a protestar, pues sólo así les hacen caso.

 

Acuerdan el gobierno capitalino y la Sedatu un plan para reubicar a damnificados en 2013

El alcalde suplente de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, en una mesa de trabajo acordó con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, elaborar un plan de trabajo para la reubicación definitiva de las comunidades de San Vicente y Chicahuales, afectadas por las tormentas Manuel e Ingrid, en 2013.
En la reunión privada en la sala de juntas del Palacio Municipal, donde estuvo el secretario general del Ayuntamiento capitalino, Joel Eugenio Flores, el alcalde destacó la importancia de sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones definitivas para la reubicación de las comunidades.
En un boletín, el Ayuntamiento de Chilpancingo informa que Armenta mostró el interés de retomar la gestión que lleva más de cuatro años, a raíz de los fenómenos meteorológicos que destruyeron viviendas que tienen que ser reubicadas, “y en su caso comunidades completas”.
Dijo que serán reubicadas las comunidades San Vicente, Chicahuales y parcialmente El Fresno y Azinyahualco, se presentará un programa de la Sedatu mediante el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para un proyecto de vivienda.

Incumplen la reubicación de la comunidad de Los Tepetates, Tecoanapa, dañada en 2013, se quejan

A más de cuatro años de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, los gobiernos federal y estatal incumplieron la reubicación de la comunidad de Los Tepetates, municipio de Tecoanapa, a la que también le prometieron la construcción de su sistema de agua potable y la reparación de su carretera con dinero del Plan Nuevo Guerrero; las obras sólo quedaron en proyectos, denunció el comisario municipal, Santos Salmerón Palacios.
Además, el comisario denunció que tampoco les han reconstruido la preparatoria popular, la telesecundaria y la escuela primaria dañadas en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, a pesar de que fueron diagnosticadas por Protección Civil, que pidió no utilizar las instalaciones.
“Hasta ahorita, desafortunadamente, de todas las cosas que nos prometieron no nos han hecho caso de nada. Tenemos, además, un centro de salud sin doctor, las escuelas están decaídas, la carretera y el agua potable sólo quedaron en proyectos, y sólo nos dicen que no hay recursos y que no hay recursos”, se quejó vía telefónica.
Los Tepetates fue una de las comunidades que resultaron dañadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre del 2013. Según el comisario, las lluvias provocaron daños totales sólo a unas 10 viviendas, pero Protección Civil dictaminó que quedaron en riesgo por derrumbes y deslaves unas 800 casas, por lo que el gobierno federal anunció su reubicación total, “según que para quitarnos del peligro dónde estábamos”, dijo el comisario.
Sin embargo, a más de cuatro años del fenómeno natural, sólo se construyeron cinco casas dentro del mismo pueblo, los demás damnificados se quedaron sin sus casas y la totalidad del pueblo sin ser reubicado.
Informó que las autoridades compraron un terreno cerca de la comunidad, en donde se iba a hacer la reubicación, pero que el predio quedó abandonado, “y ya no hicieron nada”.
Informó que por los daños de Manuel e Ingrid, también les prometieron la construcción de su sistema de red de agua que resultó dañado y la reparación de su carretera con recursos del Plan Nuevo Guerrero, pero que ambas obras sólo quedaron en proyectos.
El abandono en que se encuentra esa comunidad, ubicada a aproximadamente una hora de la cabecera municipal, también se reflejó con los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
El comisario Salmerón Palacios informó que entonces resultaron con daños graves la preparatoria popular, la telesecundaria y la escuela primaria Bernal Díaz del Castillo.
“Nosotros fuimos a Chilpancingo a reportar los daños y nos dijeron que iban a venir los de Protección Civil, pero nunca vinieron”.
Explicó que Protección Civil municipal recomendó a los maestros que no utilizaran las instalaciones ante los riesgos, pero dijo que se cansaron de esperar y que en diciembre pasado volvieron a ocupar las instalaciones.
Ejemplificó que en la preparatoria popular, además de las fisuras, toda la lámina se cayó, y que fueron los propios padres de familia los que la arreglaron.
El 5 de octubre, cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó la comunidad de Buena Vista, municipio de Tecoanapa, para entregar paquetes de apoyo a los damnificados del huracán Max y del sismo del 19 de septiembre, una comisión de ciudadanos encabezados por el comisario Santos Salmerón y el ciudadano Gumencio Santos, protestaron y exigieron el cumplimiento de los ofrecimientos e esa comunidad; sin embargo, entonces solamente les ofrecieron despensas, que la mayoría rechazó por considerarlo una burla.
Ese día, el comisario Santos Salmerón reclamó que Los Tepetates es una comunidad que siempre ha estado olvidada, no sólo por los gobernadores, sino por los presidentes municipales, y que se han acumulado las demandas, “estamos pidiendo la carretera, la casa del pueblo, la reparación de las escuelas, que algunas se cayeron y otras se partieron, y los maestros están dando clases afuera, en el sol”, dijo entonces.
Frente a las cartulinas con sus consignas escritas, el gobernador les prometió que enviaría a funcionarios para evaluar la situación y el apoyo que podría darles; sin embargo, hasta ayer no había acudido nadie, aseguró el comisario.

 

 

Promete la Sedatu a damnificados de Tierra Colorada pagar un terreno para 34 viviendas

Damnificados de hace cuatro años por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, y les dijo que se liquidarán los 200 mil pesos que se adeudan del terreno donde se construyen 34 viviendas, y que hablará con la empresa constructora para que agilice las edificaciones.
Mientras que en un comunicado la dependencia señala cumplió los pagos para la empresa encargada de la obra, y que el atraso de la construcción no es responsabilidad de la Sedatu, y la empresa tendrá que dar una explicación.
Como parte del compromiso del delegado ante las protestas acudió este martes a Tierra Colorada a reunirse con los habitantes.
En consulta telefónica el comisario Pantaleón Mesino Flores contó que el delegado se comprometió a que este lunes finiquitaría los 200 mil pesos que se deben del terreno, y que hablará con la constructora ante el atraso de las construcciones.
A los damnificados no les dieron fecha de cuándo estarían terminadas las viviendas, pero estarán pendientes pues tiene que ser antes de que termine el año, dijo el comisario.
Las familias continúan viviendo en el Papagayo. Con lámina que les proporcionó Protección Civil estatal rehabilitaron sus casas para seguir habitándolas, mientras se terminan las viviendas donde serán reubicados.
En el comunicado de la Sedatu se indica que “el grupo de habitantes notablemente molestos emplazaron a la dependencia para cambiar la empresa constructora, y además concluir con el pago donde se construye el fraccionamiento, de lo contrario dijeron tomarán medidas drásticas entre éstas bloquear el lunes la Autopista del Sol”.
Manifiesta que Armenta Tello expresó que no era posible que después de cuatro años los damnificados siguieran sin un hogar, que entendía su molestia y preocupación y les propuso mantener el diálogo para solucionar y concluir la construcción de sus viviendas.
Resalta que el proceso de la reconstrucción se ha detenido por distintos motivos como demandas legales contra las empresas, clausuras ambientales por omisiones, pero que se ha atendido cada caso y que en ningún momento el delegado ha sido omiso ni indolente ante la preocupación de las familias.
Se informa que el delegado aseguró que el proceso de reconstrucción que enfrentan los damnificados del huracán Max y los dos sismos de septiembre, será distinto porque no se puede permitir que ocurra lo mismo.
“La localidad de Papagayo se encuentra ubicada a una hora aproximadamente del puerto de Acapulco, y fue mencionada en medios nacionales porque en un primer momento les construyeron viviendas en un sistema denominado palafitos, los damnificados no aceptaron y les llamaron periqueras, además denunciaron no tenían las medidas para ser habitadas. Actualmente esperan que a través de la Sedatu, se termine con la edificación de sus viviendas en un sistema adaptado a sus usos y costumbres”, expone el comunicado.

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Son 404 las casas dañadas en el sismo de 2014 en Zihuatanejo: Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello precisó que en Zihuatanejo no son 100 las viviendas que faltan por ejecutarse, sino 404, de las 721 que resultaron dañadas en un sismo en 2014.
Agregó que la empresa que está a cargo de las construcciones dejó de trabajar un mes porque no le pagaban y por problemas de inseguridad, según dijeron.
Ayer se informó que habitantes de las comunidades de El Zapotillo, Las Higueritas y El Calabazalito, en la Sierra de Zihuatanejo, manifestaron que hay 100 casas sin terminar, luego de que fueron dañadas por el sismo.
En consulta telefónica, el delegado precisó que el número de viviendas que resultaron dañadas fue en total de 721, de las cuales 261 sufrieron daño total y 460 daños parciales. Detalló que de las 261, hasta la fecha se han reconstruido 186, y de las 460 se han hecho 131, es decir 317.
Aclaró que el contrato con la empresa Constructora Delta fue en la administración pasada, con el delegado Alfredo Fernández Peri, y que el trato fue que las viviendas que tuvieran daños totales se construirían, mientras que a las dañadas parcialmente se les agregaría una recamara adicional, y que no se repararía la casa dañada.
De la ausencia de la empresa durante un año, indicó que, “cuando yo llego a tomar la delegación, que fue en noviembre del año pasado, la empresa tenía un año sin trabajar en la zona, un año o poco más de un año los trabajos estaban abandonados, el argumento de la empresa es que no les pagaba y que además había tenido problemas, digo sin que a mí me conste, yo no llegaba en aquel entonces, (dijeron) por cuestiones de seguridad”.
Contó que, al llegar a la delegación se reunió con el alcalde de Zihuatanejo, el perredista Gustavo García Bello, a quien pidió auxilio en el asunto de la seguridad, garantías para seguir construyendo las viviendas, y entonces se continuó, y hasta ahora hay una avance del 68 por ciento, dijo.
El tipo de viviendas que hace la constructora no es el tradicional de ladrillo, block y cemento, sino que, mediante moldes, se pone una pared interior y una exterior que se rellenan con concreto a presión y luego se retiran los moldes. Queda una vivienda de paredes delgadas que, aseguró Armenta Tello, son muy resistentes.
Una pareja afectada por el sismo se había quejado de que para construir su casa les pidieron 12 peones, porque no incluía la mano de obra; sin embargo, no tienen el dinero para contratarlos.
“En aquel entonces, se le autoriza a la empresa que use un sistema de autoconstrucción, o sea que emplee mano de obra no calificada… es ahí donde creo que declaran que les piden que pongan albañiles y peones para la ejecución de sus acciones, porque así lo plasmó la empresa y así se le dio el contrato a la empresa”, explicó el delegado.
Dijo que piden a los damnificados mano de obra no calificada, que puedan acarrear material, que hagan mezcla, no trabajadores de plomería, electricidad o carpintería.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).