Reivindican la lucha social en entrega de preseas post mortem a Lucio y a Ranferi Hernández

Micaela Cabañas Ayala y Diana Hernández, hijas del comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y del luchador social asesinado en 2017, Ranferi Hernández Acevedo, tras recibir la Presea Popular Sentimientos del Pueblo, en el vestíbulo de la dirección general del Colegio de Bachilleres, en el centro de la capital Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), entregó ayer post mortem la Presea Popular Sentimientos del Pueblo al comandante de la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP), Lucio Cabañas Barrientos, y al luchador social asesinado en 2017, Ranferi Hernández Acevedo.
En representación de los recipiendarios recibieron la medalla Micaela Cabañas Ayala y Diana Hernández, hijas de Lucio y Ranferi, respectivamente.
Antes de la ceremonia de entrega, cerca de 300 personas marcharon del parque Margarita Maza de Juárez, ubicado al norte de la ciudad, al vestíbulo de la dirección general del Colegio de Bachilleres, en el centro de la capital, donde se entregaron las medallas decoradas por los mineros de Taxco.
La décimo sexta Presea Popular Sentimientos del Pueblo fue entregada a Micaela Cabañas, hija del guerrillero, por la hermana de Lucio, Guillermina Cabañas.

El acto, un reencuentro del movimiento social: Micaela Cabañas

Micaela agradeció el reconocimiento del movimiento social a su padre a través de la medalla, y que ceremonias como esas sean motivo para el reencuentro de líderes de colonias, de poblaciones, de líderes de organizaciones sociales, y de víctimas de la violencia como desaparecidos, desplazados, “y a otros que les ha tocado dirigir luchas a lo largo de muchos años y que han levantado la voz para defender al pueblo, igual que lo hizo mi padre y mi madre”.
Dijo que el reconocimiento que recibe a nombre de su padre es en honor a todos ellos; a los caídos, a los desaparecidos “y a los que hoy sobreviven a la ardua lucha y nos consideramos pertenecer a la lucha social”.
Añadió que a todos ellos, a quienes considera sus hermanos de lucha, como a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, “y a los que estamos en espera de justicia, les comparto un pedazo de esto”, dijo mostrando la medalla.
Explicó que este es el símbolo de la unidad de la lucha social, “de la unidad que nos hace ser hermanos, que nos hermana día a día, y es para todos nosotros, porque es un reconocimiento a la lucha social del maestro Lucio Cabañas, un reconocimiento al PDLP, a la Brigada de Ajusticiamiento, a los que no regresaron y que aún estamos en espera de ellos”.
La hija del guerrillero, expresó que está segura que pronto, todos, “estaremos multiplicando nuestros esfuerzos para seguir adelante y seguir defendiendo al pueblo. Vamos a hacer pueblo y a estar con el pueblo, como decía mi señor padre”.
Enseguida, Pablo Cabañas, hermano de Lucio, hizo una reseña del dirigente del PDLP y agradeció a los presentes por conservar el recuerdo de su hermano.
Lo recordó como un hombre noble toda su vida; “yo que lo conocí desde niño, sé lo que fue Lucio Cabañas y no llenaríamos ningún lugar con todas las preseas del mundo para terminar de hablar de Lucio, los discursos se quedan cortos para hablar de la nobleza de Lucio. No alcanzarían los libros para hablar de la humildad de Lucio”.
Dijo que lo sabe porque jugó con él al trompo, al balero, a las canicas, “corrimos juntos en el campo, por eso les doy muchas gracias a cada uno de ustedes por el reconocimiento”.
Recordó que estaba preso por el gobierno priista cuando mataron a Lucio, y desde entonces, “como todos los que se les va la mamá, el hijo el hermano, el padre, llevo una espinita clavada en el corazón”.

Nuevas generaciones retoman la lucha: Diana Hernández

Nicomedes Fuentes, ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad), entregó la presea del finado Ranferi Hernández a su hija Diana.
En su mensaje dijo que la lucha que enarbolan las organizaciones sociales ha sido muy difícil y fuerte, “y ha generado dolor pero también esperanza; la esperanza de que un día, lo menos lejano posible, tengamos un país como el que soñaban muchos compañeros dirigentes sociales que ya no están, como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Carmelo Cortés y Ranferi Hernández.
En el caso de Hernández Acevedo recriminó que “mentes perversas y manos criminales les cortaron la vida a él, a su esposa y a dos de sus familiares”.
Pero añadió que la lucha sigue con las nuevas generaciones.
Diana Hernández, añadió que “le incomode a quien le incomode la lucha no se acaba hasta que se acaba”, y en seguida leyó una reseña de su padre que fue fundador de varias organizaciones sociales, como la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), el Movimiento Social de Izquierda (MSI), el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero (OICVG).
La hija de quien fuera también diputado local y dirigente estatal del PRD, denunció que el asesinato de su padre es parte del “terrorismo de Estado” que se ha sedimentado como forma dominante de hacer política en México.
Ranferi Hernández Acevedo fue asesinado el 14 de octubre de 1917, junto su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juanita Dircio Barrios, de 94 años, y el ahijado de Ranferi y Lucía, Antonio Pineda Patricio.
El múltiple asesinato ocurrió cerca de la comunidad de Nejapa, a unos 15 minutos de Chilapa, en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo. Sus cuerpos fueron hallados incinerados dentro de la camioneta en que viajaban.
Diana explicó: “con una racionalidad política calculadora”, han asesinado selectivamente a dirigentes sociales y campesinos. Habló de los dirigentes Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez Flores, Rocío Mesino, Luis Olivares Enríquez, todos, dijo, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y de los gobernadores Ángel Aguirre Rivero en su segundo periodo, y de Héctor Astudillo Flores.
Reprochó que en todos los casos la impunidad y la “cínica complacencia” de las diferentes autoridades fue el sello de estos asesinatos.
Resaltó la persistente postura de su padre por el esclarecimiento de la masacre de los 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas ocurrido el 28 de junio de 1995, “y responsabilizó directamente y sin tapujos al cacique y entonces gobernador Rubén Figueroa”, lo que, denuncio, le originó persecución y su autoexilio a Francia “porque se convirtió en la piedra en el zapato, al igual que otros dirigentes que fueron perseguidos y criminalizados”.
Los familiares de Lucio Cabañas y Ranferi Hernández, fueron acompañados en el presídium por dirigentes sociales como Camilo Valenzuela, de la Red de Izquierda Revolucionaria (Redir); la ex candidata de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, Silvia Alemán Mundo; los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame y Raúl Nájera; la viuda del diputado perredista y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavaría Barrera, Martha Obezo Cázares; en representación del director general del Colegio de Bachilleres Jesús Villanueva Vega estuvo Fernando Hernández, así como la representante del Comité de Solidaridad con el Movimiento de 1960, Roberta Campos Adame.
Amenizaron la ceremonia el cantautor, Lenin Fernández y el cantante Balan Grandeño. Al final, los asistentes departieron pozole y brindaron con mezcal que trajeron comunidades de la sierra del municipio de Chilpancingo.

 

Propone la APPG que la hija de Ranferi Hernández reciba la Presea Popular

Diana Hernández (hija del luchador social Ranferi Hernández, asesinado en 2017), en el acto de este sábado en Chilapa donde fue notificada que recibirá la Presea Popular Sentimientos del Pueblo que entrega la APPG Foto: Luis Daniel Nava

Luis Daniel Nava

Chilapa

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) propuso por unanimidad que Diana Itzel Hernández, hija del asesinado dirigente social Ranferi Hernández Acevedo, reciba la presea popular Sentimientos del Pueblo, en su décimo sexta edición.
“Es un acto de rebeldía y exigencia de justicia. El sistema jamás va a luchar por el bien del pueblo. No se ve el cambio. Todo el sistema de justicia está podrido, encarcelan a los compañeros y los delincuentes andan en las calles con la complacencia de todas las autoridades”, dijo al recibir la propuesta, este sábado en Chilapa.
La iniciativa fue presentada a Diana Hernández e integrantes de la Organización Campesina Vicente Guerrero, que fundó su padre, la mañana de este sábado, en el punto de la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo donde se colocaron cuatro cruces conmemorativas para recordar que allí fue encontrado sin vida el 14 de octubre de 2017, junto con su esposa Lucía Hernández; la mamá de ésta, Juana Dircio, y el joven Antonio Pineda.
Ahí, Raúl Nájera Nájera, el coordinador y presidente del Consejo Político de la APPG, Nicolás Chávez Adame, expusieron que Diana Hernández es hermana del movimiento social en el estado.
“Reconocemos su trayectoria de lucha. Por tal motivo, creemos que su digna familia tiene que ser reconocida por el legado de su lucha incansable, que dejó en favor de los campesinos, ejidatarios y sectores vulnerables de nuestro pueblo”.
Por unanimidad, las organizaciones sociales que integran la APPG propusieron a la hija de Ranferi Hernández que reciba la Presea Popular Sentimientos del Pueblo, el próximo 13 de septiembre.
“Por la lucha social de Guerrero, será un gran honor que usted acepte esta modesta distinción, que es del conocimiento público, que esta presea es elaborada por los mineros que el 30 de julio cumplieron 16 años de huelga, al lado de sus dignas familias y valientes esposas, Las Guerreras de Plata”, leyó el líder de la APPG y actual funcionario estatal, Nicolás Chávez.
Los representantes de la APPG recordaron que este reconocimiento surgió en 2007, cuando el gobernador postulado por el PRD, Zeferino Torreblanca, propuso que la presea Sentimientos de la Nación, que entrega el Congreso del Estado en honor de José María Morelos, se le diera a la escritora Elena Poniatowska.
Pero ésta la rechazó, cuando una hija de Pablo Sandoval Cruz (1926-2020) le expuso que su padre la merecía por la lucha y amor a su estado.
Ese año, el mandatario declaró desierta la entrega y la APPG decidió que la presea, ahora “popular”, la entregaría el pueblo. La primera en recibirla fue Rosario Ibarra de Piedra.
Frente a las cruces de Ranferi Hernández y sus tres cercanos, Diana Hernández dijo que la entrega de la medalla representa un acto de rebeldía y exigencia de justicia.
“Me siento muy conmovida. El reconocimiento es hacia mi papá y los compañeros que han resistido la represión, discriminación y que han sido golpeados y perseguidos por el Estado, que son presos políticos por levantar la voz, por luchar”, dijo.
“Perdimos a nuestros familiares y estamos de pie. Sabemos que las injusticias siguen, los pueblos ya no tienen libertad, no existe la libertad de expresión, las mujeres siguen siendo violentadas, los campesinos olvidados, desprotegidos y mal pagados”, agregó. “Sabemos que el sistema jamás va a luchar por el bien del pueblo, los vemos hacer como que trabajan, pero en realidad no se ve ese cambio, menos en el tema de justicia. No lo hay”.
Finalizó: “Todo el sistema de justicia está podrido, encarcelan a los compañeros y los delincuentes andan en las calles, libres como si nada, con la complacencia de todas las autoridades”.
La activista Diana Itzel es licenciada en Comunicación y tiene un posgrado en Educación. Fue candidata por Morena a diputada local por Chilapa y José Joaquín de Herrera, y es funcionaria del gobierno de Evelyn Salgado.
Respecto a la investigación por el múltiple crimen, el integrante de la organización Vicente Guerrero, Abel López Rosas, dijo que por parte de la Fiscalía no ha habido avances y que siguen en espera de que el equipo argentino de antropología forense entregue los resultados de una necropsia independiente, que lleve a la verdad de los hechos.
Al final, los asistentes cantaron el Himno Nacional y el himno Venceremos, luego lanzaron consignas y exigieron al unísono justicia. Una de las familiares de las víctimas realizó una oración.

Mediará Félix Salgado para la recontratación de ex trabajadores de Becas de Bienestar; termina el plantón

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Después de una reunión con el senador Félix Salgado Macedonio, los ex trabajadores del programa Becas del Bienestar Benito Juárez e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), levantaron a las 4 de la tarde de ayer su plantón que mantenían desde el lunes en la puerta uno de Casa Guerrero.
El plantón se instaló la tarde del lunes después de una marcha que partió del parque Margarita Maza de Juárez para exigir la reinstalación de los despedidos de la Coordinación de Beca del Bienestar Benito Juárez, aunque también participaron representaciones de otros grupos sociales que exigieron solución a sus respectivas demandas.
La tarde del miércoles el contingente fue replegado por la policía antimotines cuando bloqueaban la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo, y el mediodía de ayer se reunieron con el senador Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda,
A las 3 de la tarde, en una asamblea, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, informó de los acuerdos. Dijo que el senador se comprometió a gestionar para que algunos de los ex trabajadores sean recontratados por el delegado federal de los Programas Sociales, Iván Hernández Díaz, y otros por el gobierno del estado, pero no dio mayores detalles pues van a continuar reuniéndose.
Informó que por la noche de ayer los ex trabajadores federales determinarían si con ese acuerdo levantan también su plantón, que ayer cumplió 35 días afuera de las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas en el encauzamiento del Huacapa, frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar.
En la reunión con el senador se incluyó, también, la petición de apoyo para el grupo de desplazados de Tecpan de Galena que ha venido participando en las movilizaciones de la APPG.
Al respecto el dirigente de la APPG informó que desde las reuniones pasados el gobierno del estado les pidió que buscaran un terreno pero que sean reubicados y que ya el gobierno aceptó apoyarlos con la escrituración del predio para que sea donado a los desplazados sin que paguen nada.
Otra de los casos que se plantearon fueron los nombramientos de los egresados de las normales. Al respecto informó que convinieron una reunión con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, para revisarlos y se empiece a agilizar la emisión de sus nombramientos.
Explicó que otro de los avances fue la solicitud de los pobladores de El Fresno, municipio de Chilpancingo para la construcción de un centro de salud, y de ello dijo que el gobierno del estado “dará continuidad” al planteamiento.
Asimismo, consideró como un avance el apoyo que lograron para el ex comisariado ejidal de la localidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo, José Nava Lorenzo, asesinado en el 2018, anunció que a través del gobierno estatal se revisará la posibilidad de entregarles una pensión y apoyos para sus hijos.

Conmemora la APPG en Chilpancingo tercer aniversario luctuoso de Pablo Sandoval Cruz

Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) organizaron un homenaje en el tercer aniversario luctuoso del luchador social, Pablo Sandoval Cruz, y en el panteón central dejaron una ofrenda floral.
En el monumento a los caídos de 1960, ubicado en la alameda Granados Maldonado, en Chilpancingo, los integrantes de la APPG, encabezados por Nicolás Chávez Adame, colocaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio.
“Pablo amigo, el pueblo está contigo”, “avanzar, avanzar en la lucha popular” y “el pueblo unido jamás será vencido”, corearon y avanzaron en marcha hasta llegar al panteón central de Chilpancingo.
Entre los asistieron están trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), damnificados de la tormenta Manuel, Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos de 1960, entre otras organizaciones sociales.
En la marcha, el dirigente de la APPG dijo que se cumplían tres años del aniversario luctuoso de Pablo Sandoval, quien dejó un legado de lucha, y coreó: “Pablo te fuiste, pero nunca te rendiste”.
En el panteón, Chávez Adame informó que Sandoval Cruz fue el fundador de la APPG, quien desde muy joven fue luchador social, “él se convirtió en nuestro guía, en nuestro mayor referente y líder”.
Nicolás Chávez lloró al recordar que la playera que llevaba puesta se la había regalado en su cumpleaños Sandoval Cruz.
Al finalizar el mitin, los integrantes de las distintas organizaciones sociales entonaron el himno Venceremos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Retiran organizaciones plantón en Casa Guerrero tras acuerdos donde media Félix

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de organizaciones sociales que marcharon el lunes y se habían instalado en plantón afuera de la Puerta Uno de Casa Guerrero, levantaron su protesta a las 5: 45 de la tarde de ayer después de una reunión con el senador morenista Félix Salgado Macedonio, con quien asumieron acuerdos.
Una comisión de dirigentes de las organizaciones se reunió con el senador en el restaurante el Mesón de Carolina, a partir de las 3 de la tarde, y se enlazó vía whatsapp la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó por teléfono el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Dijo que de entrada acordaron con el senador, padre de la gobernadora, una mesa de trabajo para este miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, para tratar el caso de los presos políticos que reclama la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
También se incluirá el caso del discapacitado y vecino del fraccionamiento Nuevo Mirador, Ciriaco García Nava, quien se encuentra en mal estado de salud y requiere atención médica.
Según Chávez Adame “existe la posibilidad de que con la intervención de la gobernadora Salgado Pineda se liberen a los presos, por la instrucción que ya existe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
Chávez Adame informó que también plantearon la intervención de Salgado Macedonio en el asunto de los mineros de Taxco que ya llevan 15 años en huelga, aunque en este caso como se trata de un asunto federal no hubo compromisos.
Otro de los acuerdos fue la construcción de “espacios históricos”, como en la alameda Francisco Granados Maldonado, donde inició el movimiento de 1960 que dio origen a la autonomía universitaria; En El Otatal, municipio de Atoyac, para recordar la lucha del Lucio Cabañas Barrientos; así como en el lugar donde fue asesinado el luchador social Ranferi Hernández Acevedo en Chilapa, y en el vado de Aguas Blancas, donde ocurrió la masacre el 28 de junio de 1995.
Dijo que acordaron instalar una mesa de diálogo para “revisar los territorios de memoria histórica y no sean violentados por ningún gobernante de los tres niveles” y, por el contrario, que se diseñen museos en memoria de los caídos.
Con respecto a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJAG) que piden cumplimiento al laudo laboral 662/2013 emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que el acuerdo fue instalar una mesa el jueves con la participación de la Secretaria de Gobierno.
Con respecto a la demanda del grupo de desplazados por grupos delictivos de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán que se sumó al movimiento, acordaron buscar la donación de un predio a través de Invisur o del comisariado ejidal de Tecpan para su reubicación “y tengan seguridad social y económica”.
Otro de los acuerdos fue la instalación de una mesa de diálogo con los egresados de las distintas escuelas normales con la secretaria de Finanzas de la Secretaría de Educación para revisar el otorgamiento de sus nombramientos y tengan derecho al acceso de sus bases.
Además, por separado, se revisará la petición de las autoridades comunitarias de la sierra del municipio de Chilpancingo y de la Costa Grande que piden proyectos productivos, la construcción de tramos carreteros y revisar la falta de maestros y de centros de salud, así como medicamentos.
Chávez Adame, informó que acordaron, además que la señora Gloria Orioso, quien tenía la administración de la cafetería del hospital Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, y que fue desalojada el año pasado, regresara a su local en abril por un tiempo de dos años, “para recuperar” sus pérdidas.

Exigen la libertad de presos políticos de la OCSS; apoya AMLO su excarcelación, dicen

Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.

 

Entregan la presea popular y exigen a la 4T justicia por asesinatos de luchadores sociales

Arriba, el dirigente y fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino recibe la presea Sentimientos del Pueblo de manos del integrante de la CNTE Gonzalo Martínez; le aplauden su hija Norma Mesino y su esposa Alicia Mesino.Abajo, recibe el mismo galardón el activista de la izquierda histórica de Guerrero y ex dirigente estatal del PRD, Guillermo Sánchez Nava, quien fue salvajemente agredido en el 2011 por brigadistas del PRI Fotos: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, entregaron la presea Sentimientos del Pueblo a cuatro dirigentes sociales, dos de ellos post mortem y dos en vida.
La de ayer fue la décima quinta entrega de este reconocimiento que se hace de manera paralela a la presea Sentimientos de la Nación que otorga el Congreso del Estado a figuras políticas y de la sociedad civil el 13 de septiembre de cada año.
La medalla de plata elaborada por los mineros de Taxco en huelga desde hace 15 años que se entrega a luchadores sociales, defensores de derechos humanos y a personalidades de la sociedad civil, se entregó ayer en un evento en el que hubo reproches al gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En el mismo encuentro, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, anunció su renuncia a la asesoría a la Secretaría General de Gobierno que le entregó recientemente el actual gobierno estatal.
Asimismo, hubo exigencias de libertad a los presos políticos, presentación de los desaparecidos, justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y alto a la violencia y a los feminicidios.
Recibieron la presea popular post mortem el dirigente social, ex diputado local y ex dirigente estatal del PRD, Octaviano Santiago Dionisio. También la recibió post mortem el ex dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava Rodríguez.
Además, recibieron el reconocimiento la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a través de su dirigente fundador Hilario Mesino Acosta, y el integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y ex diputado federal y local perredista, Guillermo Sánchez Nava, quien en el 2011 fue atacado por una brigada de priistas, y a raíz de ello sigue postrado en una silla de ruedas.
Antes de la ceremonia, los dirigentes de las organizaciones sociales entregaron en el teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado el nombramiento de “guardián cultural” al promotor de la cultura en Guerrero, Josafat Nava Mosso.
Después, los integrantes de las organizaciones sociales acompañados por danzas tradicionales, marcharon de la Alameda Granados Maldonado a las instalaciones de la dirección del Colegio de Bachilleres, donde se llevó a cabo la entrega de los reconocimientos.

Sánchez Nava, “un hombre congruente”: Nicolás Chávez

El dirigente de la APPG Nicolás Chávez Adame, entregó la medalla a Guillermo Sánchez Nava, quien fue llevado en una silla de ruedas por sus familiares.
De acuerdo a su semblanza leída en la ceremonia, Sánchez Nava es un referente de la lucha de la izquierda mexicana y ha sido parte fundamental en la construcción del movimiento democrático en el estado.
“Es un hombre congruente, de ideales fuertes, con gran espíritu de lealtad y perseverancia, cualidades que lo llevaron a ser diputado local en 1988, después dirigente estatal del PRD”.
En el 2011, en su última encomienda como representante del PRD ante el entonces Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG) para el proceso electoral a la gubernatura, sufrió una agresión por parte de un grupo de brigadistas del PRI, “contra el cual él lucho toda su vida, agresión que lo dejó en condición de postración en la que se encuentra ahora”, se mencionó en su semblanza.
Al entregar la presea a Sánchez Nava, Chávez Adame dijo que luchas como la que libró Sánchez Nava lo inspiran a seguir en la lucha social y que prefiere renunciar al cargo que le ofreció el gobierno de las 4T, en referencia a la asesoría en la Secretaría General de Gobierno.
Consultado al final de la ceremonia popular, el dirigente de la APPG confirmó que ya se retiró de la asesoría y que presentará su renuncia formal el día del informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuando rendirá un contrainforme.

Renunció como asesor del gobiern, informa Nicolás Chávez

En su intervención al entregar la medalla a Sánchez Nava, reveló que del gobierno le pidieron que esta vez se entregara una sola presea, en referencia que se sumara a la que entregó el Congreso local al actor Dagoberto Gama, “pero renunciamos a la hipocresía, a la vanidad, a los trajes”, dijo.
La entrega del reconocimiento a Sam, como le llaman sus correligionarios, fue al grito de “justicia, justicia, justicia…” y una explosión de serpentinas cayó sobre el presídium desde el segundo piso del histórico edificio que alberga las oficinas de la Dirección del Colegio de Bachilleres.
A nombre de la familia de Guillermo, su hijo Bernardo Javier Sánchez, reclamó justicia, presentación de los desaparecidos, libertad a los presos políticos, peticiones que, dijo, siempre enarboló su padre y a nombre de su familia expresó su solidaridad y a las demandas de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos.
Además exigió justicia por el asesinato del diputado local del PRD Armando Chavarría Barrera y del dirigente social Ranferi Hernández Acevedo y de todos los crímenes de luchadores sociales.

La justicia, “obligación irrefutable” de AMLO y Evelyn

Otro de los que recibieron el reconocimiento fue Hilario Mesino Acosta, a nombre de la OCSS de la que es fundador.
Mesino Acosta, fue fundador además de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande en 1989.
También es miembro activo de la Asociación de Familiares, Detenidos y Desaparecidos de México (Afadem).
En un documento que leyó, habló de la necesidad de justicia a las víctimas y familiares de crímenes de lesa humanidad en Guerrero.
Dijo que esta “es una obligación irrefutable del actual gobierno encabezado por Evelyn Salgado en Guerrero y de Andrés Manuel López Obrador en el país.
“El argumento de que los hechos no sucedieron en la actual administración no tiene ningún sustento cuando está en manos de los órganos gubernamentales revertir la impunidad que ha caracterizado al neoliberalismo en nuestro país”.
Agregó que son las instituciones actuales las que tienen esa obligación de investigar y sancionar a quienes, valiéndose de sus atribuciones como servidores públicos, agravian de manera artera a la sociedad.
Advirtió que de no garantizar el acceso a la justicia, “estaremos agregando nuevos cómplices a la impunidad que han generado los hechos de lesa humanidad”.
Reiteró la exigencia de verdad, juicio y castigo, a todos los involucrados en los hechos de lesa humanidad.
“Insistiremos en una Ley de Amnistía que nada tiene que ver con prerrogativas lastimeras, y sí con alternativas de solución tangibles y reales”.
En el caso de los “cobardes asesinatos” de nuestros compañeros Miguel Ángel Mesino, Rocío Mesino Mesino, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez Flores y Luis Olivares Enríquez, exigimos verdad y justicia, que se agilicen y agoten todas las líneas de investigación”; asimismo, pidió que se presenten y castiguen a los culpables materiales e intelectuales.
También demandó la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del estado, particularmente de los integrantes de la OCSS Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
El veterano luchador social fue acompañado por su esposa Alicia Mesino Castro y su hija Norma Mesino,y la presea la recibió del integrante de la Dirección Política de las CNTE, Gonzalo Martínez Villagrán.

 

Sanciona un juez a dirigente de la APPG a trabajo comunitario de alfabetización por la toma de Prospera

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el juez le fijó hacer trabajo comunitario en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como sanción por la toma de las oficinas de Prospera en Chilpancingo.
Indicó que el juez solicitó tres documentos para terminar el proceso, entre otros una constancia de trabajo, que no tiene porque fue suspendido por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y presentó una constancia del ISSSTE, dijo.
Le pidió una constancia de radicación, que certifica dónde vive, que ya entregó; y una constancia del servicio social, que será de alfabetización en la UPN de Chilpancingo. Informó que el juez determinó que el servicio de alfabetización durará seis meses y será de 12 horas por mes.
Explicó que fue acusado de obstrucción del trabajo público, delito que se castiga hasta con 4 años de cárcel, por la toma de de oficinas de Prospera que, aunque él argumentó que fue por una protesta, el abogado defensor le sugirió que aceptara que era culpable, en parte para evitar que se alargara más el proceso y tuviera más desgaste emocional; finalmente el juez determinó como sanción el trabajo comunitario.
El dirigente de la APPG informó que la semana pasada recibió un requerimiento de la PGR, para acudir hoy a la Unidad de Asuntos Internos para ratificar la denuncia por violación a los derechos humanos contra los policías federales que lo detuvieron el 14 de mayo cuando se dirigía de Chilpancingo a Acapulco, donde fue esposado y fotografiado, pero dijo que no acudirá, porque “lo que quería es dejar un precedente”.
En conferencia de prensa antes de la audiencia en el juzgado, Chávez denunció que el Estado mexicano sigue criminalizando la lucha social, y reclamó que en Morena ya hay “soberbia” antes de llegar al poder.
Criticó que los luchadores sociales han sido más perseguidos que los integrantes de la delincuencia organizada.
Informó que hay una propuesta para que la presea popular Sentimientos del Pueblo sea entregada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que intentarán dársela directamente al tabasqueño.
Chávez Adame aseguró que “en Morena también asumen posturas de soberbia, muy marcadas, que antes de tener el poder no se puede tener una postura, debe haber humildad, sobre todo un esquema diferente; la lucha social va a mantener la protesta”.
Contó que buscó los filtros mediante el delegado de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, pero éste los mandó a las oficinas del partido en Chilpancingo, mientras que de la presidente municipal electa de Acapulco, Adela Román, dijo que, “queríamos que fuera la bisagra, pero no se hizo efectiva”. Informó que otras dos propuestas para entregar la presea son el sacerdote Alejandro Solalinde y los hermanos Tavira, de Tierra Caliente.

 

Presenta Chávez Adame ante la CNDH queja contra la Policía Federal que lo detuvo el 14 de mayo

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Acapulco, contra la Policía Federal, que lo detuvo el 14 de mayo en Chilpancingo.
Chávez Adame fue atendido por el coordinador de las oficinas de la CNDH Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, y turnado con el abogado en turno para interponer la queja contra la Policía Federal ministerial por violación a los derechos humanos.
El dirigente de la APPG dijo que la queja quedará como precedente para cualquier otra detención y que no se violen los derechos humanos de los luchadores sociales.
Indicó que la queja formal ante la CNDH fue presentada ante la burla y maltrato de la Policía Federal ministerial que violó derechos humanos durante el trasladado de Chilpancingo a Acapulco, al juez de Control.
Chávez Adame dijo que ayer entregaría los documentos que solicitó el juez de Control, constancia de trabajo, social y de radicación.
Contó que, en su caso, el lunes pasado los agentes de la PGR lo detuvieron sin una orden de aprehensión ni presentación y sin vestir el uniforme.
El 14 de mayo, Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, porque participó en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, contra el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.

Hay ocho órdenes de aprehensión contra miembros de la Dirección Colectiva que tomaron Prospera, informan

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, informó que son ocho las órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes que participaron en la toma de las instalaciones de Prospera el año pasado, y no están amparados, luego de la detención del dirigente Nicolás Chávez Adame el lunes, que fue puesto en libertad ese mismo día.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, damnificados de El Mirador, trabajadoras despedidas de Prospera, jubilados y pensionados, y miembros del Sindicato de Telefonistas, acompañaron al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para darle su respaldo.
Chávez Adame repudió, junto con sus compañeros, su detención en el barrio de Santa Cruz, cuando le llevó comida a su mamá, que está enferma.
Dijo que fue detenido por hombres vestidos de civil que dijeron que tenía una orden de aprehensión, pero nunca se la mostraron, por lo que pensó que se trataba de un levantón.
Contó que le indicaron que lo llevarían a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y que se subió al carro en el que venían porque los vio armados, luego lo trasladaron a Acapulco a un juzgado federal.
“Se hizo un juicio oral con las leyes que rige a estos procesos penitenciarios, ya los compañeros de Tlachinollan llegaron un poco más tarde; sin embargo, el abogado de oficio fue el que llevó la defensa y logró que yo quedara bajo caución. Yo voy a firmar a partir del 1 de junio en un juzgado aquí, en Chilpancingo, federal, también se me sanciona hacer un trabajo a servicio de la comunidad en una dependencia donde se me puedan requerir mis servicios”, relató.
Dijo que quería dejarle claro a los tres niveles de gobierno que no deben tratar a los luchadores sociales como si fueran delincuentes, porque no lo son, no han robado ni asesinado a nadie.
Contó que los agentes de la PGR le comentaron que ya tenían días siguiéndolo, que lo iban a detener el domingo, cuando fue a cenar con su familia al Festival del Pozole y el Mezcal, pero que, como iba con sus familiares, lo evitaron, aunque recordó que el 23 de marzo de 2017, cuando fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de motín, sí estaba con su familia.
En la rueda de prensa, el dirigente responsabilizó a los gobiernos de lo que le pudiera pasar a su familia y a sus compañeros de lucha, y reprochó que es más fácil que capturen a un dirigente social que a un integrante de la delincuencia organizada.
Abundó que Guerrero se sigue tiñendo de sangre, el país igual, y a quienes se les hace más fácil aprehender es a los que protestan, y a los periodistas.
Dijo que con estos hechos, “el Estado queda más evidenciado, porque hay una deuda de justicia en Guerrero, que es la aparición con vida de los 43 normalista”.
Recordó que desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo le arrebataron su plaza de docente.
Informó que el día de su detención pudo comunicarse con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, con quien acordó una mesa de trabajo para buscar dar una solución definitiva a su problema laboral.
Además, afirmo que las organizaciones respetan la vía electoral y a los que creen que es una vía de cambio, pero creen que la lucha social se mantiene firme y no puede ni debe tener un candidato en esa trinchera.
“Hacemos el llamado al gobernador del estado… a que nos ayude a resolver en una mesa de trabajo conflictos y se abstengan, los tres niveles de gobierno, en este caso la federación, a empecinarse a tomar presos a los compañeros de Prospera que fueron despedidos de manera injustificada”.
Indicó que el delito del que los acusan es de obstrucción de una obra y detener el servicio público. Sin embargo, reclamó que el programa Prospera se ha ocupado durante mucho tiempo para desviar recursos a las campañas.
Recordó que por la toma de las instalaciones de la dependencia federal solicitaron un amparo colectivo, pero no fue avalado porque en ese momento no había delito que perseguir.
La primera detenida de la PGR por este hecho fue a la trabajadora despedida, Roselia Francisco Tranquilino, el 15 de noviembre, que fue liberada esa misma noche, sin saber que Chávez Adame ya tenía la orden de aprehensión.
Advirtió que se tiene que agotar el proceso porque continúan en riesgo de ser detenidos sus compañeros, “somos ocho compañero, son puros trabajadores de Prospera, y obviamente su servidor”, manifestó.
En su intervención Francisco Tranquilino dijo que su condena también fue hacer trabajo a favor de la comunidad por seis meses y que está por terminar.
Reveló que en su última audiencia le condicionaron que se alejara de sus compañeros de la Dirección Colectiva, de lo contrario le quitarían esa condena porque además no está firmando en ningún juzgado, además de que su abogado fue amenazado de que si no deja el caso lo van a despedir de donde labora.
Reclamó que no es justo lo que están enfrentado, porque además fueron despedidos 27 compañeros sin ser indemnizados.
Finalmente, dijo que con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan definirán qué proceso jurídico van a seguir.