Pide la Red Solidaria que la CIDH emita el informe de fondo sobre la masacre de El Charco

 

La Red Solidaria Década contra la Impunidad pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita el informe de fondo sobre el caso de la masacre de El Charco, que luego le dé tramite ante la Corte Interamericana (Coidh).
Mediante un comunicado, el organismo que da acompañamiento a los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, denunció que, a 25 años de esa masacre ocurrida en El Charco, municipio de Ayutla, la familia de Ricardo Zavala Tapia, el estudiante asesinado, no ha tenido acceso a la verdad de los hechos, mientras que Ericka y Efrén “siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”.
“Este 7 de junio se cumplen 25 años de que integrantes del Ejército mexicano tiñeron de sangre la tierra de la comunidad El Charco, ejecutando extrajudicialmente a 10 indígenas na’savis y a Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, recordó el organismo.
Agregó que entre los 22 detenidos que fueron trasladados al cuartel de la 9 Región Militar, en Acapulco, iban la estudiante Ericka Zamora y el activista Efrén Cortés, quienes fueron torturados una noche y un día y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar; después fueron procesados por rebelión y conspiración, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Ambos salieron de prisión, con libertad absolutoria, el 30 de mayo de 2002, “hasta el día de hoy mantienen secuelas de la tortura a la que fueron sometidos”.
Ericka y Efrén son miembros fundadores de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, desde donde impulsan que el caso sea resuelto en la CIDH y en la Coidh.
El organismo informó que la Petición de Admisibilidad fue entregada por el presidente, el obispo emérito Raúl Vera López, el 16 de julio de 2012, y la CIDH le asigno el número de caso 13.709 y el informe de admisibilidad número 166/18, “estamos en espera del informe de fondo”.
La red informó este martes que la CIDH admitió el caso por violaciones a los acuerdos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño e igualdad ante la ley.
“Por lo anterior, manifestamos que la familia de Ricardo Zavala Tapia no ha tenido acceso a saber la verdad de los hechos en los que este estudiante universitario, comprometido con la educación y con los más desprotegidos, fue ejecutado extrajudicialmente, por integrantes del Ejército mexicano”.
Se agrega que en los casos de Ericka Zamora y Efrén Cortés, “activos defensores de derechos humanos, siguen esperando que la tan anhelada justicia se siente a la mesa”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Exigen la libertad de presos políticos de la OCSS; apoya AMLO su excarcelación, dicen

Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.

 

Este año sale la generación de Ayotzinapa a la que pertenecían los 43, y todavía no se sabe la verdad

 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, junio de 2018.- Ponme Coyuco. Nomás. Así es como me conocen. La mayor parte de mi vida la he vivido en Coyuca de Benítez. Tengo 25 años. Soy de la academia de cuarto grado, grupo B. Este es mi “cubi”, mi dormitorio.
Mi primo, Daniel Solís Gallardo, El Chino, estaba en la Sección D. Lo vi caer aquella noche mientras corríamos para escaparnos. Él estaba varios metros más lejos de la camioneta de donde nos dispararon. Una de las balas dio en la defensa y me dio en la rodilla. No me explico cómo yo sobreviví y él no.
Cuando regresé de Iguala, el 27 de septiembre de 2014, después de los ataques en los que murió mi primo El Chino y dos más, y donde desaparecieron a nuestros compañeros, nos subieron a la sala de juntas. Solamente quedábamos unos 15. Otros más eran del comité de Ayotzinapa y una compañera de la normal de Atequiza. Estaban dándonos ánimos, apoyo, para que los sobrevivientes no nos fuéramos. La única consigna que yo tenía en la mente era decirles que estábamos presentes, que eran nuestros camaradas a los que habían desaparecido y que no pensábamos abandonarlos. Aunque con algunos hayamos salido mal, hemos vivido muchas cosas juntos. Si nosotros estuviéramos en su lugar, si nosotros estuviéramos desaparecidos, ellos estarían haciendo lo mismo. Buscándonos. Si en algún lugar estaban encarcelados, nuestra misión era encontrarlos y traerlos de vuelta.
Después de esa noche, la mayoría de los que quedamos nos fuimos a ver a nuestras familias para decirles que estábamos bien. Mi mamá es intendente en una secundaria. No sabía cómo había estado todo. No le quise dar detalles. No hablé con nadie. Solamente pensaba en todo lo que nos había sucedido, reviviendo cada momento de esa noche. Pensaba en nuestros compañeros desaparecidos.
En mi casa no estuvieron de acuerdo con que regresara a Ayotzinapa. Decían que estaba muy peligroso. Que si ya me había escapado de una, no querían que fuera a pasar una segunda. Yo había ingresado sin apoyo de mi familia a la normal. Lo que les respondí fue que entré solo y que solamente yo decidía lo que iba a hacer.
Trabajaba en una huerta de mi abuelo y de ahí me iba manteniendo. Pero se vino la inundación de los huracanes Manuel e Ingrid y ya no tuve cómo subsistir. Como la mayoría de los que estamos aquí, Ayotzinapa fue la única oportunidad de seguir estudiando.
Lo que muchos de las nuevas academias no llegaron a entender, a diferencia de nosotros, es lo que significa la unidad. Por eso nos atrevemos a decir: los que quedamos somos la última generación que en verdad tuvo la semana de prueba.
La hermandad. Es la primera de las diferencias que nos distinguen de las otras escuelas. No sufrieron como nosotros tuvimos que sufrir.
Lo político. El eje político es la segunda diferencia que tenemos como generación. Otros compañeros de otras academias en la normal ya no tienen la formación como debe de ser. Pero eso fue lo que nos sirvió. Inclusive a nosotros nos faltó formación. Apenas teníamos escasos dos meses en la normal cuando ocurrió lo del 26.
Estuve cuatro días en mi casa. No me sentía cómodo. A duras penas salía a la tienda por tortillas. No escuchaba música. No hablaba con nadie. Estaba encerrado en mi mundo, esperando a que me llamara mi otro primo de la normal para que me diera la señal para volver. En algunas ocasiones prendía la televisión. En esa época estaba fuerte el tema. En todos los noticieros estaba apareciendo. Tenía que volver por mis compañeros.
El miedo, el trauma que sentí en ese entonces, estaba canijo… Estaba pesado. Aun así seguía pensando en los compañeros desaparecidos. Chicharrón, Diablo, Espinoza, Abel García y Christian Tomás, al que le decíamos Reloj porque no nos dejaban usar reloj durante la semana de prueba, pero él era el único que tenía un Casio de plástico con lucecita. “Eh, Reloj, ¿qué hora es?”. Los conocíamos por apodos solamente. Ocho desaparecidos de mi sección.
Aquí ya nadie da la hora. Mi cubi se quedó vacío.

La insignia de los 43

Los pocos que quedamos desde ese entonces, como 35 de la matrícula inicial de 140, somos fieles a la ideología de Ayotzinapa. La mejor respuesta está en las escuelas donde hicimos nuestras prácticas profesionales. Me tocó en la primaria número uno de todo Tixtla. Siempre ha tenido los mejores resultados, los mejores promedios.
Un par de madres de familia estaban a la defensiva porque sabían que yo venía de aquí. Se negaban a dejar ir a sus hijos de excursión porque decían que íbamos a llevarlos en autobuses robados, secuestrados. Se negaron a que usáramos el número 43 –como siempre hacemos por respeto a nuestros compañeros– para que no los fueran a confundir con nosotros y que los golpearan o les quisieran hacer algo. “No queremos que tenga que ver nada con Ayotzinapa”, dijeron y me pidieron que quitara el 43 del autobús.
Eso fue lo que más me ha dolido. Borré la insignia y me tuve que tragar todo mi coraje. Me sentí de la chingada.
Después de los casi nueve meses de prácticas por fin se quitaron esa idea sobre Ayotzinapa. Con decirte que el último día no podía cargar con tantos regalos que me dieron los niños y los padres de familia.
Algunos han llegado a creer que tenemos las plazas seguras después de todo lo que pasamos. No nos están regalando nada. Como cualquier aspirante de cualquier lugar del país, tenemos que pasar el examen. Estamos entre la espada y la pared. Todos queremos trabajar, por eso vinimos a esta escuela. Pero, por otra parte, estamos intimidados porque nos tachen de vendidos.

No sé cómo corrí

Nos habían disparado a matar. A ver a qué hora nos toca a nosotros, pensé. Para que nos maten también. Alrededor de la media noche quedamos entre 50 o 60 compañeros. Solamente vi cuanto la policía estaba bajando del autobús a los compañeros que luego serían desaparecidos. En ese momento me marcó mi mamá para decirme que ya había llegado a la casa. No le dije nada. Empezamos a poner botes, piedras para señalar los casquillos de las balas que la policía nos había disparado. Había visto que se andaba paseando un carro negro en el periférico. Un Chevy o un Ikon. Después de eso pasó una camioneta con una antena larga de radio. Iban dos adelante y uno atrás. Se estacionó en diagonal sobre el periférico. Yo estaba al frente de todos. Se bajaron los de la camioneta y, así como se bajó el de atrás, así empezó a disparar. Las chispas se veían como a un metro de mis pies. No sé cómo corrí. Corrí agachado. Unos compañeros se fueron hacia los autobuses, otros nos fuimos sobre el periférico a refugiarnos en los carros estacionados. La dirección de las balas hacia nosotros.
Lo que no entiendo es cómo no reaccionaron mis compas. A lo mejor ahí les dispararon directo. Yo estando hasta el frente. Julio César Ramírez, El Fierro, y Daniel Solís Gallardo, El Chino. Los crucé corriendo. ¿Cómo pude llegar yo hasta los carros y ellos no? El compa Chato se tropezó y cayó. Me devolví para levantarlo. Ahí vi que estaban mis compañeros tirados.
Nunca me imaginé que uno de ellos era mi primo.

Ya vamos a salir y ellos todavía no aparecen

Cuando iniciaron las actividades del movimiento hasta nosotros pensamos: “No manches, quizá sí nos estamos pasando”. Pero si no hacíamos esas actividades así de fuertes tal vez no íbamos a tener ninguna respuesta. Fue poco a poco que logramos ir borrando esa mentira histórica de Jesús Murillo Karam, todos esos falsos comentarios que decían de nosotros: que íbamos a hacer destrozos a Iguala, que íbamos a hacerle un desmadre a la mujer de Abarca… La mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba Iguala. Era la primera vez que íbamos.
Como generación, sabíamos que hacíamos lo correcto. Seguimos haciendo lo correcto. Aunque no toda la gente estuviera de acuerdo con las acciones que realizábamos ni con nuestra forma de pensar.
El sábado pasado vimos el documental de Enrique (García Meza, Ayotzinapa, el paso de la tortuga). Vimos las últimas imágenes de nosotros y nuestros compañeros desaparecidos labrando la tierra, cansados, desvelados, con hambre. Pero aun así estábamos contentos. Me vino a la mente que ya vamos a salir y los compañeros todavía no aparecen. Los compas con los que echábamos desmadre, compartíamos la comida… Nos ayudábamos. Nos prestábamos ropa. ¿Dónde están, pues? ¿Cómo, cuándo van a aparecer? También me puse a pensar cómo se vería la normal si no hubiera pasado lo del 26. Mucho más animada. Y cómo será todo después de salir. ¿Cómo será el movimiento? ¿Cómo será el sentir de los padres? Algunos se sienten desesperados, tristes por la próxima clausura del 13 de julio. Son muchos sentires. Ellos saben que no tuvimos culpa alguna: eso que les pasó a sus hijos bien nos pudo haber pasado a nosotros.
No le reprocho nada a los compañeros que entraron de relleno debido a los tiempos para completar la matrícula después de que muchos se fueron. Se lanzaron convocatorias abiertas en diciembre de 2014. Mucha gente piensa que están ocupando el lugar de los 43. No es cierto. Están ocupando el lugar de los que desertaron. El lugar de nuestros compañeros sigue ahí.
No hace falta que lo platiquemos, ni que lleguemos a un acuerdo como academia. Los compañeros que estuvimos presentes la noche del 26 de septiembre en Iguala tenemos ese compromiso. Tenemos esa obligación de que, aunque estemos lejos, empezaremos a armar una trinchera, empezaremos a abrirle los ojos a la gente. Es algo que, como generación, sentimos que debemos hacer. Dejamos todo en el movimiento, en la búsqueda de los compañeros desaparecidos.

No pudimos evitar que todo esto se alargara

Han pasado casi cuatro años. Hasta hace poco mi primo El Chino no tenía lápida en el panteón de Zihuatanejo donde lo enterraron. La mayoría somos pobres. Entre toda la generación nos cooperamos para comprarles una lápida. A él y a los otros caídos. No son solamente los compañeros desaparecidos. Son también los caídos. Son también los compañeros heridos. Y aparte de eso… estamos nosotros. Somos una comunidad entera que salió afectada. Se tiene que ver por todos. Como generación estamos tratando de unir todo eso.
Sentimos frustración. Pudiéramos haber hecho más. No pudimos llegar a dar con el verdadero paradero de los compañeros. Si hubiéramos buscado más… No pudimos evitar que todo esto se alargara.
“Te invito a que vengas a la normal. Te invito a que estés conmigo, a mi lado, para que veas realmente por qué y cómo se hacen las cosas aquí.” Es lo que le diría a toda esa gente que nos acusa de ser vándalos. “Si tú quieres seguir agachado, explotado, oprimido, es muy tu problema. Yo estoy peleando porque mis compañeros aparezcan”.
Eso les diría.

 

Protestan siete horas viudas de la masacre de Aguas Blancas en Acapulco; piden recursos

Las viudas y sobrevivientes de la matanza en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, protestaron 7 horas frente a las oficinas de la Promotora Turística para exigir dinero al gobierno del estado para su aniversario el jueves 28.
De la 1 de la tarde a las 8 de la noche estuvieron con cartulinas afuera de las oficinas de Protur, dijeron que hoy martes van a manifestarse afuera del Aeropuerto Internacional Juan Álvarez.
Beatriz López Secundino, una de las viudas, dijo: “estamos protestando porque queremos que nos apoyen con recursos para llevar a cabo el aniversario del 28 de junio, no nos han proporcionado nada”.
“Queremos apelar a la sensibilidad del gobernador, que nos apoye, porque no nos ha resuelto, queremos que nos apoyen para el evento”, declaró.
Informó que es la tercera vez que se manifiestan porque “nos dijeron que sí, hoy nos iban a dar el apoyo y no nos han recibido”.
El cinco de junio El Sur informó que las viudas y sobrevivientes de la matanza de campesinos en Aguas Blancas bloquearon de manera intermitente para exigir audiencia con el gobernador.
En esa ocasión los inconformes exigieron una “indemnización justa”, recursos para proyectos productivos, atención sicológica y médica y castigo al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, ante la cercanía del 28 de junio cuando se cumplen 23 años de la masacre, y a quien señalan como responsable. (Aurora Harrison)

 

Protestan afuera de Protur viudas y sobrevivientes de Aguas Blancas; piden indemnización

Unas 30 viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas protestaron está tarde afuera de la Promotora Turística (Protur), ubicadas en el bulevar de Las Naciones, para exigir el pago total de su indemnización.
Antes de las 4 de la tarde, llegaron a las oficinas con cartulinas con mensajes de inconformidad, porque dijeron que este año les negaron el apoyo que les entregaban a las madres, y que a los sobrevivientes los “marginan” y no les dan apoyos.
En declaraciones, la abogada Wendy García Fajardo dijo que protestaban solicitar una mesa de trabajo con las autoridades para “que les paguen la totalidad de la indemnización a las viudas y sobrevivientes, porque el gobierno ha estado ignorándolos”.
“El apoyo que se les había venido dando a las viudas, esta vez se lo negaron, estuvimos en Chilpancingo antes de esta protesta para pedir una audiencia con el secretario general de Gobierno, pero estaba en reunión y no nos quiso atender”, declaró.
Acusó que el gobierno, este año “les negó el apoyo a las madres, porque a los sobrevivientes los han marginado, no les dan ningún apoyo”.
“Queremos que nos atiendan las autoridades para hablar de los apoyos que ya no se les han entregado a las viudas y los sobrevivientes, queremos que se repare el daño”, dijo la abogada y recordó que el próximo 28 de junio se cumplirá otro aniversario de la masacra
El grupo de inconformes fue atendido por la secretaría particular del asesor del gobernador Astudillo Flores, César Flores Maldonado, y se les informó que este jueves los atenderá el funcionario.

Sobrevivientes y viudas de Aguas Blancas protestan en Acapulco; exigen indemnización

 

Viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas hicieron una parada en la glorieta de la Diana Cazadora en la costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado la indemnización para 63 familias.
La parada fue de 40 minutos, participaron 10 familiares de las víctimas del 28 de junio de 1995, portaron una lona donde se leía “21 años de impunidad, masacre de Aguas Blancas. Gobierno asesino que mata a campesinos”.
En declaraciones la abogada de las familias, Wendi García Guajardo dijo que hace un mes se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a interceder ante el gobierno del estado para que las familias de las víctimas fueran atendidas por la autoridades del estado.
La abogada dijo que en tres ocasiones el gobierno del estado ha dado largas a las reuniones y no se han hecho, algunos sobrevivientes están muriendo, otros integrantes de familias de las víctimas están enfermos y la reparación no ha llegado a 21 años de los acontecimientos donde la extinta Policía Motorizada mató a 17 campesinos e hirió a otros 23 cuando se dirigían a una protesta a Atoyac.
La abogada afirmó que el gobierno “no se está haciendo responsable, está dando evasivas para la indemnización”. Al lugar asistió el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Coyuca de Benítez, Jorge Alberto Rosales Díaz.
Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Promotora Turística en el bulevar de las Naciones donde serían atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.

Viudas, madres y sobrevivientes de Aguas Blancas, en el consulado de EU

* Piden que se cumpla la recomendación de la CIDH

* Denuncia persecución Mauro Hernández, el conductor del camión que fue baleado por policías del estado

Karina Contreras * A más de veinte días que se conmemore el octavo aniversario de la matanza de Aguas Blancas, familiares y sobrevivientes acudieron al consulado de Estados Unidos para entregar un documento en donde piden intervención para que los gobiernos federal y estatal acaten la recomendación             49/47 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige concluir las investigaciones para el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de campesinos el 28 de junio de 1995.

Los campesinos fueron acompañados por el abogado José Sánchez Sánchez, y en donde se pudo ver también al campesino Apolinar Ojedis, quien se encuentra en silla de ruedas, luego de que las balas de los policías motorizados le destrozaran la columna vertebral.

El sobreviviente Mauro Hernández Lozano, de Atoyaquillo, denunció que está siendo perseguido por presuntos paramilitares sin que debe nada. Señaló que durante ocho años no había tenido trabajo, pero ahora que lo tiene está siendo hostigado.

Precisó que desconocidos a bordo de un automóvil negro lo siguen y lo vigilan permanentemente, durante sus recorridos por la ruta de transporte en la que presta servicio público.

El sobreviviente, propietario y conductor de la camioneta en la que viajaban los campesinos el 28 de junio de 1995 y que fue baleada por los motorizados señaló que si le llegará a pasar algo el responsable sería el gobierno del estado.

Por su parte, el abogado José Sánchez Sánchez manifestó que desde noviembre el gobernador René Juárez Cisneros no los ha querido recibir. Señaló que esto les preocupa ya que temen que se vuelva a reprimir a los campesinos.

Señaló que hay una exagerada vigilancia hacia los campesinos por sicarios y paramilitares que los siguen en carros oscuros y sin placas y que les hace pensar que están tramando algo.

Sánchez dijo que si hay algún delito qué perseguir, pues que se actúe conforme a la ley, pero lo que no quieren es otro desaparecido como sucedió con Gilberto Romero Vázquez. Además no quieren que la situación en Coyuca se enrarezca más de lo que está.

Explicó que la protesta en el consulado estadounidense –ubicado en el hotel Emporio– es porque tiene influencias y puede presionar.

En el documento se le hace un recuento al cónsul estadounidense de los sucesos del 28 de junio de 1995. Le informan que desde hace ocho años han estado esperando que sean castigados el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; el senador Héctor Vicario Castrejón, el ex secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, entre otros.

Piden que intervenga también para gestionar una audiencia con el gobierno estatal.

Sánchez Sánchez agregó que aunque el gobierno mandó a asesinar a más de 20 dirigentes y ofreció dinero para dividir, esto, no ha sido así. Una clara muestra –señaló– es que en la protesta de ayer estaban representados el 80 por ciento de los familiares y sobrevivientes.

Adelantó que para este 28 de junio –un aniversario más de la masacre– están tratando de llegar completamente unificados.

Sobre la petición de recursos económicos señaló que ese es un derecho y viene en la recomendación de la 49/47 de la CIDH, que señala que se debe indemnizar a los deudos y a los sobrevivientes de acuerdo a los estándares internacionales.

En la protesta participaron los familiares de dos sobrevivientes de la masacre que están presos en Acapulco, y los manifestantes exigen su libertad, pues son acusados de delitos fabricados: Gerónimo Hernández Refugio y Joviel Rafael Ventura.También, los familiares de Felipe Ayala, sobreviviente de la msacre de Aguas Blancas que fue asesinado el año pasado.