El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la Guardia Nacional está interviniendo en Coyuca de Benítez después del asesinato de 11 policías municipales, el secretario de Seguridad municipal y del director de la Policía Preventiva.
“Ya lo estamos atendiendo, hoy en la mañana lo vimos, está la Guardia Nacional trabajando en eso, muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, prácticamente una emboscada a policías en Coyuca”.
De igual forma, el presidente confirmó la presencia de 300 elementos de la Guardia Nacional en la zona de Coyuca de Benítez, además de mandar sus condolencias a los familiares de las víctimas.
“Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías, duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona. Pero sí lo estamos atendiendo, hay un despliegue ahora allá de la Guardia Nacional de alrededor de 300 elementos”.
Este lunes se informó que Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, Honorio Salinas Garay, director de la Policía Municipal y 11 policías fueron ejecutados a balazos en la localidad de El Papayo, en el municipio de Coyuca de Benítez.
Según el informe de la Policía Municipal, el ataque armado se reportó a las 12 horas con 23 minutos, cerca de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, aproximadamente a 20 minutos de la cabecera municipal. Agregaron que el jefe policiaco, el director de la corporación y los escoltas, fueron acribillados por hombres armados.
Este mismo lunes se dio a conocer que a las dos de la tarde, el catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rigoberto Acosta González, fue asesinado a balazos a la salida de la Facultad de la Comunicación y Mercadotecnia de la universidad, en Chilpancingo.
Además, se reportaron tres cuerpos desmembrados en el municipio de Juan R. Escudero, mientras que en Iguala un ataque a balazos dejó muerto a un chofer de taxi y a una vendedora de atole, así como dos personas heridas. En otro hecho, un taxista fue asesinado al interior de su unidad.
En la colonia Alta Progreso en el municipio de Acapulco, se abandonaron dos cuerpos de jóvenes que fueron asesinados y con máscaras de payasos, además de mensajes en cartulinas.
El sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, levantó el plantón en la sede del Poder Legislativo, y el bloqueo a la calle de acceso, a partir del compromiso del senador Félix Salgado Macedonio respecto a que los tres trabajadores despedidos, entre ellos el líder sindical Fernando Martínez Román, serían reinstalados en otras áreas.
Ayer por la tarde, los trabajadores se reunieron con el senador en un restaurante de la capital, donde plantearon su temor ante las acciones de la administración del Congreso, que encabeza la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna, como el despido de los tres trabajadores integrantes de este sindicato.
En declaraciones, Fernando Martínez señaló que en fue “una mesa de diálogo cargada de mucha voluntad y solidaridad con la clase trabajadora, nos dijo que la 4T no reprime, al contrario son los impulsores de la reforma en materia laboral y de libertad sindical, y que él es uno de los impulsores en ese tema”.
Comentó que lo que el senador les informó es que los despedidos serían reinstalados en otras áreas. En el caso de Alondra Reza Arzola que estaba en Relaciones Públicas como edecán ahora estaría adscrita con el diputado Jacinto González Varona, mientras que Ramón Núñez Campos, quien chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, junto con él, serían adscritos con el diputado Joaquín Badillo Escamilla.
Salgado Macedonio promoverá que desde “el área del jurídico se desista de las denuncias” o procedimientos en contra de los trabajadores.
También acordaron que el lunes se instalará la mesa de diálogo para revisar el pliego petitorio del sindicato.
En esta reunión no estuvo ningún representante de la administración local, que los esperaban en el Congreso para recibir por parte del sindicato el edificio que estuvo tomado desde el viernes de la semana pasada.
Ayer en la mañana en el plantón explicaron que lograron hablar con el senador y que este se comprometió a recibirlos por la tarde, y ser el vínculo con la administración del Congreso local para solucionar el conflicto que había provocado el despido de tres trabajadores.
Los trabajadores tomaron la decisión de levantar el plantón y liberar la sede del Poder Legislativo antes de la reunión.
Ahí, denunciaron aproximadamente a las 12 de la noche del jueves o los primeros minutos del viernes, un hombre armado a bordo de un vehículo se acercó al plantón a “amedrentarnos y amenazarnos”.
Trabajadoras informaron que el hombre sacó una pistola y dijo “ya quiten esa chingadera”, y de inmediato quienes estaban en el plantón se tiraron al piso, por lo que no distinguieron o reconocieron al hombre que los amenazó.
Y reiteraron que el plantón lo levantaron para generar las condiciones para la mesa de diálogo y no por miedo a las amenazas recibidas durante la noche.
El secretario general señaló que responsabilizaban a la administración del Congreso de lo que les pudiera pasar a los integrantes del sindicato, aunque posteriormente dijeron que confían en que la amenaza fue un hecho aislado y que no de la presidenta Yoloczin Domínguez.
Por la noche, en un boletín el Congreso local aseguró que el sindicato levantó el bloqueo “tras dictar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la ilegalidad del paro”, esto a pesar de que desde la mañana de ayer viernes el sindicato anunció que lo hacían como muestra de voluntad para dialogar con el senador.
Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.