La detención en Acapulco de cinco presuntos miembros del Cártel Nuevo Milenio confirma la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Caborca, que desde hace meses mantiene la violencia desde Cuajinicuilapa a Coyuca de Benítez y ha dejado una estela de muertes que no son registradas por las autoridades estatales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal informó el domingo de la detención de Aldair Arzate Vázquez, El 19, jefe del grupo que asesinó en Coacalco en julio del 2024 al coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, hombre cercano del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Además, junto con él detuvieron a Alejandro Bryan Vázquez Bocanegra, El Tosco; Zacarías Silva, El Cabezas; Javier Ricaño Molina, El Fuji y José Ignacio Sánchez.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, en conferencia de prensa en la Ciudad de México informó que al momento de la detención los integrantes del grupo delictivo consumían drogas en un club de playa en Acapulco.
Reportes de Seguridad Pública indicaron que El Malportado estaba celebrando su cumpleaños en Acapulco. Una de las versiones fue que la detención fue en el club de playa Kalei, en Condesa.
El Cártel Nuevo Milenio es un grupo que nació en el sur de la Ciudad de México al mando de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, detenido en mayo de 2017 en la colonia Anzures de la Ciudad de México.
Dámaso López era el director del penal de Puente Grande cuando el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, escapó el 19 de enero del 2000 en el gobierno del panista Vicente Fox. Después Dámaso López se hizo compadre del capo y controló varias zonas del Cártel de Sinaloa hasta que fue detenido y extraditado a Estados Unidos.
Actualmente el Cártel Nuevo Milenio está al mando de José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino, sobrino de Rafael Caro Quintero y líder del Cártel de Caborca, que desde hace unas semanas pelea la plaza en Acapulco contra el Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) reslpaldado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Como lo reportó El Sur en mayo, en Acapulco el grupo de Los Rodríguez, fundadores del Guerreros Nueva Generación (GNG), el CIDA y el CJNG mantiene una guerra contra Los Rusos, grupo encabezado por Juan Carlos Rodríguez, alias El Ruso, que opera del puerto hasta Cuajinicuilapa.
En noviembre GNG intentó entrar a Tecpan para pelear la plaza contra Los Granados, hubo un enfrentamiento entre sicarios y militares que dejó más de 34 muertos, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca.
La pelea de Acapulco y sus costas se da por un conflicto en Sinaloa entre la fracción de El Chapo y El Mayo, que en la región se convierte entre el CJNG contra Gil Caro Quintero aliado de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco.
La reunión para financiar proyectos de recuperación tras el huracán Otis en la Universidad Loyola del Pacífico Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Ayer se llevó a cabo un encuentro en la Universidad Loyola del Pacífico de organizaciones beneficiarias de la convocatoria Resurge Guerrero, lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fomento Social Banamex y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), entre otras asociaciones, con el fin de financiar proyectos de “recuperación integral y sostenible” tras los huracanes Otis y John.
El colaborador de Fomento Social Banamex, Sergio Moreno, comentó a El Sur que después del huracán Otis, esta asociación lanzó el programa 1×1 para apoyar a las comunidades afectadas, en el que también participaron, entre otras empresas, Fundación Coppel, Fundación Coca Cola, Fundación Compartamos, Fundación Estafeta, Cemex, así como la organización Cooperación Comunitaria.
Estos recursos fueron destinados a distintos proyectos de Acapulco y Coyuca de Benítez, pero después del huracán John en septiembre pasado, fueron incluidos municipios de la región Costa Chica y del estado de Oaxaca.
“Derivado de estos fenómenos y ante la dificultad de las organizaciones, de los grupos de trabajo, de las comunidades de acceder a recursos para su recuperación, para recuperar loperdido por las afectaciones”, Fomento Social Banamex, Cemefi, PNUD, Fundación Merced, entre otras organizaciones, juntaron una bolsa adicional de recursos.
De esta forma, explicó Sergio Moreno, se lanzó en agosto pasado la convocatoria Resurge Guerrero para “la recuperación integral y sostenible de las afectaciones” en la que fueron invitadas más de 200 instituciones.
Las instituciones invitadas participaron en diversos foros “para ver la atención a las comunidades convocados por distintas autoridades”, lo que se concretó en 31 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas de manera colegiada 18 proyectos de hasta 500 mil pesos cada uno, lo que resulta en un apoyo total de 9 a 10 millones de pesos.
Las organizaciones de estas 18 iniciativas se reunieron ayer en un auditorio de la Universidad Loyola del Pacífico “para ver las gestiones de los recursos para la operación de los proyectos” en Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos, entre los participantes estuvieron Guerrero es Primero y la Universidad Campesina del Sur (Unicam-Sur).
Fomento Social Banamex apoya directamente 11 proyectos, de los cuales ocho son para la “recuperación económico productiva, y tres proyectos de agua y saneamiento”, dijo Sergio Moreno.
En la reconstrucción de los municipios afectados por los huracanes, indicó, “la participación de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante porque por muy buenas intenciones que tenga el Estado, luego no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población”.
Las asociaciones civiles “son instituciones que participan como aliados del Estado en apoyar a población vulnerable que queda fuera de las posibilidades de atención del Estado, es decir, creo que estamos atendiendo un sector que en principio queda al margen de diferentes apoyos, de diferentes programas por su misma situación”.
Estos sectores, agregó, es importante “visibilizarlos y poder apoyar al Estado, pero también a que se generen políticas adecuadas para este tipo de casos, para este tipo de sector que, por ejemplo, en Cacahuatepec tiene más de 20 años de afectación”, en referencia al conflicto del proyecto hidroeléctrico La Parota.
El colaborador de Fomento Social Banamex especificó que la convocatoria Resurge Guerrero fue lanzada a la par de otros proyectos que ya tenían avance como la entrega de maíz para consumo en comunidades de Coyuca de Benítez y Acapulco, específicamente en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, apoyo registrado en estas páginas en distintas ocasiones.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en diez municipios del estado que recibieron recursos durante el 2023.
En la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2023, publicada en febrero de este año, la ASF fiscalizó los recursos recibidos en los municipios de Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa y Tlapa.
Entre los hallazgos que realizó la Auditoría durante la verificación del gasto público en esta decena de municipios es que en San Miguel Totolapan no hay registro de cómo se gastó el dinero, hubo subejercios en San Luis Acatlán, encontró obras fantasmas en los municipios de Chilpancingo y Coyuca de Benítez, y que los gobiernos contratan empresas que no pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) está diseñado para emplearse en “obras y acciones que beneficien a la población que habita en los municipios o demarcación territorial con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan alto y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza extrema”.
Como resultado de la comprobación encontró que siete municipios deben devolver dinero a la Tesorería de la federación y tres cometieron “irregularidades administrativas”.
El caso de San Miguel Totolapan es el más cuantioso y escandaloso pues no se pudo revisar ni un solo peso del ejercicio 2023, “ya que el municipio no proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente a la Cuenta Pública 2023”. La ASF determinó que están pendientes por aclarar 148 millones 966 mil 396 pesos, lo que corresponde al cien por ciento de los recursos transferidos.
El alcalde de San Miguel Totolapan en el periodo de revisión fue Fredy Vázquez Palacios, del PRD. El gobierno del estado acreditó ante la ASF que transfirió todo el recurso del Fondo a ese municipio.
En el municipio de San Luis Acatlán, la ASF encontró que más del 50 por ciento de recursos no se ejerció y del dinero ejecutado están pendientes por aclarar 45 millones 811 mil 135 pesos.
Durante 2023, San Luis Acatlán recibió 200 millones 506 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 121 millones 536 mil pesos que no se ejercieron. El gobierno de San Luis Acatlán, proporcionó la documentación certificada por Gilberto Solano Arreaga que acredita la operatividad de cuatro obras por 11 millones 201 mil 800 pesos.
Este municipio es gobernado por Adair Hernández Martínez, militante del PT, partido aliado de Morena.
En la fiscalización de la cuenta pública de Chilpancingo, la ASF encontró varias irregularidades en cinco contratos y 11 arrendamientos de vehículos para la verificación y supervisión de las obras, fueron fraccionados para quedar comprendidos en los supuestos de excepción. Otra de las observaciones fue que presentaron de manera extemporánea las opiniones de cumplimiento de pago de impuestos de 17 contratos, y ejecutaron tres proyectos de obra pública por un monto pagado de 6 millones 206 mil 900 pesos “que en la verificación física no se encontraron en operación”.
En total, sobre la cuenta pública de 2023, el municipio de Chilpancingo tiene pendientes por aclarar 30 millones 807 mil 75 pesos. Este municipio fue gobernado por la ex morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
En la comprobación de la cuenta pública de 2023 en el municipio de Coyuca de Benítez, la ASF no encontró físicamente cinco obras, “por lo que no se comprobó que cumplieran con los objetivos del fondo”, lo que generó que este pendientes por aclarar 8 millones 512 mil 223 pesos. Este municipio fue gobernado por el morenista Ossiel Pacheco Salas.
En el municipio de Taxco, están pendientes de aclarar 1 millón 56 mil pesos que el gobierno municipal utilizó para la compra de un software. En el dictamen la ASF sostiene “no se demostró que por medio de la adquisición de un software se diera atención a las demandas ciudadanas como se describe en el registro de los beneficios esperados del proyecto, ya que en realidad corresponde al pago de la licencia del sistema contable del municipio; asimismo, dicho contrato tiene fecha de formalización en el ejercicio fiscal 2022 por lo que no correspondería al ejercicio fiscal en revisión”. Ese municipio fue gobernado por Mario Figueroa Mundo, de Fuerza por México.
En Tecoanapa, la ASF encontró que 20 contratistas a los que el gobierno municipal les asignó 24 contratos de obra pública no cumplen con sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que derivó en una observación de 44 millones 480 mil pesos, durante la revisión el gobierno municipal acredito que cinco contratistas sí estaban al corriente con sus obligaciones tributarias, por lo que la cuenta pendiente por aclarar es de 36 millones 198 mil 636 pesos. Este municipio fue gobernado por Carmen Ileana Castillo, del PVEM, aliado de Morena.
En Tlapa, la revisión establece que 18 millones 753 mil 420 pesos están pendientes de aclarar porque el dinero se destinó a “tres obras por un monto de 18 millones 686 mil 200 pesos que conforme a lo manifestado por su Órgano de Control Interno se advierte que no se encontraron en operación debido a que se tratan de obras por etapas y que por lo tanto no proporcionan los beneficios programados a la población objetivo del fondo” y 67 mil 200 pesos que se transfirieron sin presentar la documentación que acredite que se usaron para los objetivos del Fondo. Este municipio fue gobernado por, de la coalición PRI-PRD y reelecto para un nuevo periodo.
Irregularidades administrativas
Sobre los municipios con irregularidades administrativas, en sus dictámenes la ASF específica porque los clasifica de esa forma. En el caso de Quechultenango, señala que ese municipio “infringió la normativa, debido a que se realizó un pago por 129 mil 600 pesos sin proporcionar la documentación de su aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación, y hubo documentación que no se canceló con la leyenda de operado ni se identificó con el nombre del fondo, las observaciones determinadas fueron solventadas por el ente fiscalizado antes de la emisión de este informe”.
Del municipio de Ometepec, la ASF señala que incurrió en “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó 17 contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida y no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2023. Tampoco difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En Ayutla, en su informe la ASF señala que no hubo observaciones monetarias pero sí “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó seis contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida, adjudicó dos contratos de servicios por medio de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, cuando debió ser mediante la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos de “Ejercicio del Gasto” y los “Indicadores”, no difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable y no concilió el número de proyectos registrados en el formato de “Destino del Gasto” del Sistema de Recursos Federales Transferidos con los registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”.
Maestros de la zona escolar 68 de Telesecundarias de la sierra de Coyuca de Benítez, Fabricio Diego, Jazmín Cabrera, Gabriela Guadalupe Abarca, Luz Gabriela Serna, Claudio Flores y Max Alejandro Carrillo durante la conferencia de prensa para denunciar cambios irregulares Foto: Jessica Torres Barrera Maestros de la Zona Escolar 068 de Telesecundaria de la Sierra de Coyuca de Benítez, Fabricio Diego, Jazmín Cabrera, Gabriela Guadalupe Abarca, Luz Gabriela Serna, Claudio Flores y Max Alejandro Carrillo en conferencia de prensa. Foto: Jessica Torres Barrera
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Docentes de la Zona Escolar 68 de Telesecundaria, que abarca diez localidades de la sierra de Coyuca de Benítez, denunciaron que siete maestros obtuvieron su cambio de adscripción de manera irregular, sin haber participado en los procesos de promoción.
En conferencia de prensa, los docentes Fabricio Diego Gutiérrez y Claudio Flores Bernal, de la telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en Las Pulgas; Jazmín Cabrera Cruz y Luz Gabriela Serna Ibarez, de la telesecundaria Tata Gildo de Atoyaquillo; Max Alejandro Carrillo Carmen, de la telesecundaria Miguel Hidalgo, ubicada en Las Compuertas, y Gabriela Guadalupe Abarca González, de la telesecundaria Luis Donaldo Colosio, de Barrio Nuevo del Progreso, reclamaron que con las irregularidades se afecta los derechos laborales de profesores con hasta 20 años de antigüedad.
Detallaron que la Zona Escolar 68 de Telesecundarias tiene su sede en la localidad de El Conchero y abarca las comunidades Paso Real, Encinos Prietos, Atoyaquillo, Las Pulgas, Colonia del Río, Barrio Nuevo del Progreso, Yerbasanta, Compuertas, La Felicidad de los Rosales y El Carrizal.
Gabriela Abarca explicó que cuatro docentes de la telesecundaria Álvaro Obregón, ubicada en la comunidad de Yerbasanta, “fueron ubicados en lugares preferenciales de nuestra cabecera municipal”, a pesar de que cuentan con una antigüedad laboral entre 8 y 12 años.
“Nuestra inconformidad es que somos maestros de la Sierra, hablo por mis compañeros que tienen 20 años de servicio y que no se les ha dado oportunidad de acercarse a un lugar más céntrico”, expresó.
Afirmó que los cuatro docentes obtuvieron su cambio “por supuesta inseguridad”, sin participar en el proceso de promoción y fueron enviados a telesecundarias que no fueron ofrecidas en la convocatoria correspondiente.
Mientras que otros tres docentes obtuvieron su comisión, también en escuelas preferenciales, sin haber participado en el proceso de promoción.
Los inconformes exigieron al jefe del Departamento de Telesecundarias, Alexis Ocampo Cervantes; al director general de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, Julio Alejandro Lucas Secundino, y al secretario de Planeación Educativa, Carlos Klimek Salgado, que se investigue el caso, se aclare y los cambios de adscripción se entreguen respetando la antigüedad laboral de los afectados.
Claudio Flores también pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, que “pongan freno a estos malos vicios”.
Aseguró que estas irregularidades y “la corrupción sindical en Coyuca de Benítez se han venido dando con la participación de algunas autoridades de Chilpancingo”, aunque no señaló a ningún funcionario. Añadió que sólo con tener el apellido Salinas, López o Radilla, “es motivo para que los compañeros de nuevo ingreso no lleguen a la parte alta de la Sierra. Ocupan lugares preferenciales”.
Jazmín Cabrera añadió que “todos pasamos inseguridad en cualquier actividad y desempeño que realicemos. No nada más como maestros, no se me hace justo, no se me hace congruente que compañeros que tienen menos años de servicio estén en una zona privilegiada. Quiero justicia y si no, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que esto ya no se siga haciendo”.
Los inconformes advirtieron que, si las autoridades ignoran su demanda, cerrarán oficinas, carreteras y puentes, con el respaldo de los 50 docentes adscritos a la Zona Escolar 68 de Telesecundaria.
El plafón del techo del área de urgencias del hospital de Coyuca de Benítez se encuentra dañado desde el impacto del huracán Otis del 25 de octubre de 2023 y en las lluvias hay goteras en las instalaciones Foto: Aurora Harrison
Aurora Harrison
Médicos y enfermeras del hospital IMSS- Bienestar de Coyuca de Benítez protestaron el sábado y domingo, porque no tienen insumos para trabajar, no les han pagado su salario y hay áreas que se encuentran en mal estado desde el huracán Otis.
El hospital de primer nivel de atención, en el área dental, el pasillo de hospitalización y el de urgencias se encuentra en malas condiciones, el plafón está dañado, incluso comentaron que cuando llueve caen goteras y en una ocasión ingresó una culebra.
Los manifestantes colocaron una lona en la que se lee que exigen el abastecimiento continúo de material, equipo y medicamentos; parar con los descuentos indebidos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como el pago de prestaciones en tiempo y forma.
“La carencia del material, desde que estamos con el IMSS-Bienestar, ha sido de peor, fatal y damos servicio con lo poco que hay. A veces no hay agua, hemos estado semanas enteras sin ella, cuando en una institución como ésta es lo básico”, dijo el gineco-obstetra Gildardo Silva.
Abundó que los familiares de los pacientes tienen que comprar el material de curación, como el alcohol y gasas, “no contamos con lo necesario, como es el personal de limpieza, hay tres o cuatro trabajadores y este año fuimos lastimados en cuestión de pagos”.
“El IMSS-Bienestar ha lastimado a todos los trabajadores y es la fecha que no nos dan respuesta a los pagos que se nos adeuda. Nos deben el pago del trimestral, pagos de asistencia perfecta y el bono de antigüedad que ya esta ganado”, declaró el trabajador del hospital, quien mencionó que el “hospital está lastimado”.
De los insumos que carecen, dijo que al familiar del paciente se le pide que vaya a comprar cosas como el queterolaco, que es analgésico que debe ser de manejo usual, pero no hay; así como el metronidazol, entre otros, como el alcohol, las gasas, jeringas, guantes, batas y que son los más necesarios, pero que no los hay.
“A veces, el familiar del paciente se va molesto con nosotros y nos dan de mala gana las cosas, porque ellos dicen que en el IMSS-Bienestar debe haber todo y los familiares traen esa creencia. Cuando le decimos que lo tienen que comprar dan una respuesta hacia el personal”, dijo el trabajador, quien mencionó que se han hecho varios escritos.
Gildardo Silva Muñiz denunció que desde hace seis años que el sistema de salud ha decaído por la falta de insumos, lo que dificulta la atención a los pacientes.
Incluso, mencionó que hay un incremento de agresiones hacia médicos y enfermeras cuando solicitan los materiales faltantes, ya que los familiares de los pacientes se basan en la afirmación del gobierno federal de que el servicio es de primera calidad.
Acusaron una supuesta complicidad entre la directora del hospital, Alejandra Bucio Navarrete, y el sindicato de trabajadores, señalando que existe subcontratación de personal externo para operar.
Con láminas galvanizadas se cubren los tramos de barda que derribó el huracán Otis en la primaria matutina Ignacio M. Altamirano, de la colonia Jardín Mangos, en Acapulco Foto: Yee Trujillo
Yee Trujillo
A casi un año del impacto del huracán Otis hay planteles educativos de Acapulco que continúan con daños que ponen en riesgo a los alumnos y docentes; en otras escuelas, como la Universidad Americana cerraron, los estudiantes tienen un rezago educativo que se arrastra desde la pandemia y los edificios que se estaban rehabilitando sufrieron nuevos daños con el paso de John.
De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fechado el 16 de noviembre del año pasado, durante la comparecencia de la entonces titular, Leticia Ramírez Amaya, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, mil 224 planteles de los tres niveles educativos resultaron afectados en los municipios Acapulco y Coyuca de Benítez. Entre ellos, 445 tienen daños mayores.
El 27 de agosto, El Sur informó que la secundaria Bicentenario de la Independencia de México y la primaria Mariana Rodríguez del Toro, del fraccionamiento Costa Dorada, no iniciaron clases en este ciclo escolar debido a que no contaban con las condiciones para atender a sus alumnos. En la secundaria al menos 12 aulas debían ser demolidas y en la primaria hacían falta al menos nueve.
En la colonia Alborada Cardenista, la primaria Alfonso García Robles quedó inhabilitada desde el huracán, porque con los fuertes vientos se volaron los techos de todos los salones que tienen paredes de multipanel. El 25 de agosto se informó que los 400 niños iniciarían el ciclo escolar, pero sin asistir todos los días, y tomarían sus clases bajo carpas de lona y mosquiteros, a la intemperie, con sillas y mesas a las que les dieron mantenimiento maestros y padres.
A consecuencia de la suspensión de clases después del desastre, en enero la Unicef urgió restablecer los servicios educativos, para que la convivencia escolar ayudara a los niños a su recuperación emocional, fomentar su resiliencia y recobrar la normalidad, porque la exposición al fenómeno meteorológico podía afectar significativamente su salud mental.
En la primaria Ignacio M. Altamirano, de la colonia Jardín Mangos, en Acapulco, luego de Otis hubo actos de rapiña que dañaron la cancelería de cuatro salones que sigue sin repararse Foto: Yee Trujillo
De acuerdo con un informe de la asociación México ¿Cómo vamos?, publicado el 30 de septiembre, Guerrero se sitúa en el cuarto lugar nacional de porcentaje de personas en rezago educativo, con 28.8 por ciento, debajo de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, con datos del Coneval de 2022.
El regreso a clases oficial se dio 76 días después del huracán, el 8 de enero, pero de forma desigual por las diversas afectaciones y carencias que presentaban los planteles. En la conferencia de prensa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 10 de enero en Acapulco, Ramírez Amaya reportó que regresaron a clases 827 planteles de Acapulco y Coyuca de Benítez, mismos que representaban 51.5 por ciento del total en la zona afectada.
Luego del huracán John, el 4 de octubre el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, declaró que 198 escuelas en todo el estado fueron afectadas, pero la cifra continuaba en aumento.
Hay 70 por ciento de avance en la repara-ción de planteles de la UAG: Saldaña
En el caso de la máxima casa de estudios, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que la reparación y reconstrucción de los 30 planteles dañados por Otis, en este municipio y Coyuca de Benítez, llevaba un avance “muy, muy importante” del 70 por ciento.
Sobre las clases, aseguró que estaban retomadas prácticamente al 100 por ciento de manera presencial, pero el huracán John volvió a causar daños y una disminución en el avance, porque en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), el auditorio fue prácticamente destruido, también hubo daños en la Escuela Superior de Psicología, así como en el Campus de Llano Largo, donde hasta este lunes aún no había labores en todas las licenciaturas por los trabajos de limpieza.
En general, las clases presenciales estaban al 95 por ciento.
Reconoció que no se puede negar que hay un rezago escolar, porque después de Otis, durante el primer mes no hubo clases porque no había luz, servicios, ni internet, que los jóvenes tuvieron clases tres meses de forma virtual, hasta enero que volvieron a clases para terminar el semestre.
Dijo que muchos jóvenes han estado valorando si siguen estudiando y que se les están dando todas las facilidades, entre ellas, su petición a los maestros de que ningún joven sea reprobado y pueda ser evaluado con algún trabajo si no puede acudir a clases, para evitar la deserción, porque “en el mejor de los casos” los jóvenes se van a trabajar o si no, pueden caer en la delincuencia.
Contó que, para recuperar las ausencias por ambos huracanes, en la UAG se está haciendo una planeación, que en diciembre habrá una semana de vacaciones, en enero se empezará inmediatamente y no se tendrá el lapso de 15 días para exámenes semestrales. En agosto serán 15 días en lugar de un mes de vacaciones.
Detalló que Otis dañó la red de fibra óptica y las torres que se habían construido en 10 años, aires acondicionados, cristalerías de los laboratorios, ventanales, la biblioteca y tinacos, mientras que John afectó “muchísimo” 13 planteles del estado, “ni modo, vamos a empezar de nuevo”.
Dijo que “hay mucho por hacer” en Ajuchitlán, Coyuca de Catalán, en Ciencias Naturales de Chilpancingo, una escuela que sigue inundada y en clases virtuales; en Costa Grande, en la preparatoria 23 de San Jerónimo, la preparatoria 16, el campus y la preparatoria 6 de Tecpan, en la preparatoria 21 de San Marcos, la 43 Las Vigas y la 40 de Cruz Grande, sobre la que dijo que es a la que le fue peor, porque se encuentra en una zona alta y todo el equipamiento se dañó, al romperse los vidrios.
Añadió que esta semana una brigada de la UAG, junto con la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudirá a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque hay comunidades que siguen inundadas, para llevar víveres, plantas de luz, antenas para internet, servicios médicos, limpieza y que a petición de Ramírez Amaya, ahora coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del gobierno federal, los jóvenes del servicio social irán a la comiunidad Aguacaliente y a otras localidades apartadas de Coyuca de Benítez, para que los niños no pierdan clases.
Los planteles recibieron más de 300 millones tras Otis: SEG
En tanto, el secretario de Educación destacó que mil 270 planteles dañados por Otis en Acapulco y Coyuca recibieron, en actos públicos, tarjetas con apoyos por más de 300 millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra del gobierno federal, a través de la gobernadora y la SEG, para que los comités de madres y padres de familia hicieran el proceso de rehabilitación.
Dijo que no hubo daños estructurales, sino que lo “más grave” fue la caída de los techos de las canchas, que a partir de marzo
se empezaron a aplicar los recursos y para septiembre la “mayoría” ya lo había hecho, sin precisar cuántas.
Rodríguez Saldaña opinó que todo lo que implica la suspensión de labores trae naturalmente un rezago educativo, pero se tiene que privilegiar la integridad física de los estudiantes y maestros. Destacó que el año pasado se cumplieron los planes y programas de estudio, que él espera que se vayan recuperando durante el ciclo escolar los días que no hubo clases por John.
Mencionó que con John hubo nuevas afectaciones, de otro tipo, como inundaciones de agua, lodo, caídas de algunas techumbres, daños en aulas de lámina, pérdida de mobiliario y caída de bardas por reblandecimiento.
Dijo que este lunes, el 99 por ciento de las escuelas de Acapulco y Coyuca de Benítez tenían clases, que sólo 16 no estaban laborando, porque se incluye parte de la sierra de Costa Grande, donde no hay acceso y principalmente son por las afectaciones de John.
Destacó la gran participación de padres de familia, docentes y directivos que apoyaron para limpiar las escuelas, así como brigadistas, y el apoyo del gobierno federal. Informó que este lunes, en una sesión del Consejo Nacional de Autoridades Locales, en Ciudad de México, agradeció el apoyo del gobierno federal, del titular de la SEP, Mario Delgado, y de los secretarios de otros estados que ha hecho posible que se tengan resultados “exitosos” de regreso a clases a pocas semanas de John.
Causó Otis el cierre de cinco escuelas
Uno de los casos del sector escolar más significativos en la ciudad fue el cierre de la Universidad Americana de Acapulco, cuyos ventanales hacia la avenida Costera quedaron destrozados en todo el edificio. Esto derivó en protestas de estudiantes que exigían continuar sus licenciaturas o procesos de titulación, y profesores que demandaban una liquidación justa.
De acuerdo con datos de la SEG, el huracán categoría 5 provocó el cierre de otros cuatro planteles privados: el Centro de Estudios de Enseñanza Integral Michigan, Universidad Mexicana del Pacífico, Centro de Estudios Isaac Newton y el Instituto Constructivista Mekaddesh.
Por su parte, el miembro de la Asociación de Escuelas Privadas de Guerrero, y empresario, Celso Sánchez Castillo, recordó que durante Otis varias escuelas se inundaron, porque en zonas como el bulevar de Las Naciones el nivel de agua alcanzó hasta dos metros de altura.
Añadió que hubo pérdidas de mobiliario, vidrios de ventanas, computadoras descompuestas o planteles en los que los trabajadores ni siquiera podían entrar. Relató que en uno de sus colegios tuvo que comprar dos pipas de agua para lavar el lodo y agua sucia, mientras que por el huracán John, las escuelas volvieron a resultar afectadas, aunque consideró que en un año se han rehabilitado al 80 por ciento.
En la colonia Jardín Mangos los niños de una primaria peligran
Un ejemplo de escuelas públicas que continúan afectadas, a un año del desastre, y donde los niños se encuentran en riesgo es la primaria matutina Ignacio M Altamirano, ubicada en la avenida Mangos, de la colonia Jardín Mangos.
Ahí aún hay tramos caídos en tres de los cuatro lados de la barda, los huecos fueron cerrados de forma provisional con láminas, y la directora y el equipo docente piden que las autoridades volteen a ver a esta zona de Acapulco. Dijeron que ya acudieron trabajadores del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), sin obtener una solución hasta la fecha, y que los tramos que quedaron de la barda están vencidos y podrían terminar de caer, porque en la calle Laurel se encuentran en un desnivel más alto que los salones y colinda con unas gradas.
Además, hubo rapiña en la bodega de la escuela, por lo que aún hay daños en la cancelería de cuatro salones, filtraciones de lluvia en los baños, la bodega y cinco aulas, donde los niños tienen que tomar clases porque no hay más espacios, y la empresa aseguradora no ha aplicado impermeabilizante.
Los docentes recordaron que los 221 alumnos del turno matutino regresaron a clases hasta marzo y no pudieron tener clases virtuales antes, por problemas con la luz e internet en la ciudad. Lamentaron que trabajan “a medias” ante las carencias, así como el rezago escolar que Otis y John han causado, y que ya había comenzado a afectar a los alumnos desde la pandemia.
Los fuertes vientos de Otis también tiraron el techo de la cancha de usos múltiples, que ya fue reconstruido, y dañaron las porterías de metal, que no han sido reparadas. Aunado a esto, el cableado eléctrico resultó dañado en toda la escuela y se quemaron los centros de carga, indicaron.
Afuera del plantel se instaló un cuartel de la Guardia Nacional durante un mes, en la banqueta. Ahí permanece tirado un poste de la CFE.
Después de John no hubo luz durante una semana, por daños en un transformador, hay equipos de aire acondicionado dañados por la constante variación de voltaje desde Otis, y la semana pasada las clases terminaban a las 11 u 11:30 de la mañana, para no exponer a los alumnos a las altas temperaturas, además de que se tuvieron que comprar pipas de agua, que cuestan hasta mil 200 pesos, porque en el poniente de la ciudad CAPAMA no ha restablecido el servicio. John también humedeció libros de la biblioteca y las tabletas que utilizan los menores.
A la izquierda, vecinos de Ejido Viejo del municipio de Coyuca de Benítez limpian calles y un puente tras el desbordamiento del arroyo que atraviesa la comunidad, y que se desbordo? con las fuertes lluvias del huraca?n John. A la derecha, calles cubiertas de arena arrastrada por el agua, en la misma comunidad Fotos: Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Ejido Viejo, Coyuca de Benítez
Numerosas viviendas de la comunidad Ejido Viejo, municipio de Coyuca de Benítez, quedaron totalmente enterradas por la tierra arrastrada del arroyo que atraviesa el pueblo, que se desbordó por el huracán John.
En Ejido Viejo, los pobladores pidieron ayuda de los gobiernos federal y estatal, para limpiar el pueblo y evitar nuevas inundaciones.
Este jueves, decenas de vecinos desazolvaban el arroyo, removiendo la tierra y las piedras con palas, ante el temor de que las nuevas lluvias que inunden esta localidad, en la que habitan alrededor de mil 800 personas.
Los habitantes se quejaron de que ninguna autoridad les ha ayudado, a una semana del impacto del huracán John. En particular, pidieron asistencia para remover la arena y las piedras que formaron un tapón debajo del puente.
Fue notable observar la organización de la población para rehabilitar la comunidad, pues entre ellos se cooperaron para rentar una máquina retroexcavadora, a mil pesos por hora, para avanzar más rápidamente, lo cual es un peso para su economía, mermada por la contingencia. También comparten la comida.
En otras partes de la localidad también se vio a varios grupos de vecinos removiendo la arena, para subirla a un camión de volteo. Celebraron la llegada de una camioneta del Ejército mexicano, la cual no se quedó más de cinco minutos en el pueblo y se fue.
Otro de los daños principales, ocasionados por el paso del huracán, es la destrucción parcial de un puente y de varios muros de contención construidos a lado del arroyo.
La semana pasada el agua empezó a subir de nivel, hasta que rebasó los límites naturales del pequeño arroyo, que atraviesa este poblado de Coyuca de Benítez, y empezó a inundar poco a poco las casas que se encuentran a la orilla.
Una de estas casas es la de Meregildo Soberanis, a la cual se tiene que ingresar hincado porque toneladas entraron a su vivienda y faltan un par de metros para alcanzar el techo de teja.
Meregildo Soberanis es campesino. Esta temporada sembró dos hectáreas de plátano, pero su parcela quedó inundada, como la de sus otros compañeros sembradores. Sus pertenencias siguen enterradas.
El señor, de 59 años, no tiene trabajo y ahora busca ser contratado por sus vecinos de Ejido Viejo, para resolverles el mismo problema que él sufre: el acumulamiento de arena de la totalidad de la casa.
Casi todo el pueblo está tapizado de la arena arrastrada por el arroyo, que baja de un cerro y discurre al menos medio metro por encima de las calles.
Se pudo observar que a todas las casas entró el agua y la arena, durante el recorrido que ofreció el vecino Jesús Gómez, que ayuda al comisario Abel Abarca, ambos consultados por El Sur durante su participación en el desazolve.
La tubería del pueblo también fue dañada, por lo que no hay agua potable en las viviendas y la acarrean de un manantial, que está rumbo al cerro y la beben de manera cruda.
Los vecinos también piden despensas, no sienten la presencia del gobierno. Días después de la emergencia sólo han llegado los camiones de la empresa refresquera Coca Cola.
La comunidad de Ejido Viejo se encuentra a 15 minutos en automóvil del poblado El Pedregoso, municipio de Acapulco, rumbo a Coyuca de Benítez, y son otros 10 minutos de recorrido desde la carretera federal al centro del poblado.
El rector de la UAG, Javier Saldaña, durante la inauguración del curso de inducción al ciclo escolar 2024-2025, que se llevó a cabo en la Preparatoria 1 en Chilpancingo Foto: Jesús Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que alrededor de unos 15 planteles de Acapulco siguen inhabilitados porque fueron dañados por el huracán Otis, motivo por el que 10 mil alumnos tomarán clases virtuales.
También dijo que se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para informarle que la UAG requiere de unos 300 millones de pesos para la rehabilitación básica de unos 30 planteles afectados por el huracán Otis, en Acapulco y Coyuca de Benítez; así como para el pago de jubilaciones y defunciones luego de pandemia.
En cuanto al regreso a clases, dijo que “nos fue muy bien”, que iniciaron con 25 mil estudiantes, 2 mil 500 más que el año pasado. “Un estudiante más es quitarle un aliado a la delincuencia”, señaló.
Además, el rector dio a conocer que aires acondicionados y computadoras fueron “rapiñadas” de algunas escuelas, sobre todo de Acapulco, después del huracán, por lo que están comprando todo de nuevo, “espero que el gobierno federal retome este asunto”.
Informó que los planteles que salieron afectados en Coyuca de Benítez ya quedaron bien, porque el alcalde Osiel Pacheco Salas apoyó a la UAG.
Detalló que para la reconstrucción de los planteles afectados por el huracán se requieren unos 120 millones de pesos, “unos 80 millones para cuestiones básicas, sin considerar la fibra óptica que se llevó, además de antenas, todo”.
Javier Saldaña precisó que fueron 30 los planteles afectados y, de estos, unos 10 están habilitados, pero hay muchos que están sin ventanas y sin aires acondicionados.
Explicó que sumado a los 120 millones de pesos que se requieren para infraestructura, se encuentra un “gasto urgente” de unos 180 millones de pesos, para jubilaciones y gastos funerarios.
“No tenemos ese recurso, le informé a la gobernadora, y vamos a sacar adelante esto de mano de ella”.
Javier Saldaña fue entrevistado por reporteros antes de iniciar la inauguración del curso de inducción del ciclo escolar 2024-2025, que se realizó en la preparatoria 1 Aarón Flores, en la capital.
El alcalde electo de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz, entrevistado durante el encuentro con el CEE, en una salón de la Expo de Mundo Imperial, Acapulco Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
El presidente municipal electo de Coyuca de Benítez, postulado por Morena, Víctor Hugo Catalán Díaz, dijo que para designar al secretario de Seguridad Pública de su municipio, esperará la propuesta que le haga la federación y reconoció que él no tiene una.
En breves declaraciones al concluir el encuentro de alcaldes electos con el Consejo Cordinador Empresarial (CCE), Catalán Díaz informó que ya está en pláticas con la administración saliente para preparar la entrega-recepción de su gobierno, que iniciará el 30 de septiembre.
Se le preguntó si ya habló con el alcalde saliente, Ossiel Pacheco Salas, sobre la inseguridad que prevalece en el municipio, y respondió: “En ese sentido no tengo ninguna información por parte del alcalde ni de ninguna otra instancia”.
Sobre quién será el secretario de Seguridad Pública dijo que está esperando las indicaciones, para ver qué hay con el proyecto de Seguridad Pública del gobierno federal y estatal, para “hacer lo pertinente. Estamos en espera que nos notifiquen, que nos den las indicaciones y los términos”.
Catalán Díaz señaló que no tiene mayor información sobre los asesinatos que se han dado en su municipio y desconoce si el actual alcalde tiene alguna amenaza.
Señaló el alcalde electo que no tienen seguridad personal institucional y que también estará en la espera de lo que ordenen las dependencias al respecto.
El alcalde electo aseguró que hay certidumbre y condiciones para que lleguen los inversionistas. Resaltó que el cuartel de Guardia Nacional en ese municipio da confianza y la ciudadanía se siente más segura.
Dijo a los empresarios que las inversiones del sector publico y privado están seguras, que serán detonantes del desarrollo en ese municipio.
Maestros estatales adheridos a la sección 41 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), de Coyuca de Benítez, exigen atención a sus demandas por parte de la Secretaría de Finanzas, entre ellas, el pago oportuno del bono y la recategorización al personal administrativo.
Este lunes, los maestros tenían pensado un bloqueo en el puente de Coyuca de Benítez, para pedir a la gobernadora Evelyn Salgado su intervención para dar solución a sus demandas, que ya han sido plasmadas en un pliego petitorio y entregado a las autoridades responsables de resolverles.
Una de las maestras comentó que la exigencia al gobierno estatal ya tiene mucho tiempo y lo que demandan es respeto y justicia laboral al magisterio estatal, por lo que “exigimos el cumplimiento de los derechos de la base trabajadora”.
Acusaron que se dio un proceso de cambio de adscripción y no se respetó la antigüedad; que estaban dando el apoyo total a los jubilados para que les paguen puntualmente; tambie´n están exigiendo bases a sus compañeros burócratas.
También la clave de director a sus compañeros que tienen más de 20 años de estar encargados de las escuelas, sin que se vea reflejado en su pago.
La recategorización a los trabajadores administrativos y pago oportuno a los bonos y retroactivos a los que tienen derecho, como trabajadores estatales y es que en este tema los maestros han reclamado en diversas protestas que han hecho, que mientras a los maestros federales se les paga a tiempo las prestaciones a ellos se las dilatan por lo que no se les hace justo.
