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Sufren la violencia muchos pueblos y ciudades del estado, señala el arzobispo

 

Aurora Harrison

El arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, rechazó el uso de la energía nuclear y la guerra, luego de que este 6 de agosto se cumplieron 78 años que se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima.
Dijo: “Junto a esas guerras entre naciones, no podemos dejar de mirar la violencia del día a día, que sufren muchos pueblos y ciudades, también entre nosotros: asesinatos, ejecuciones, desapariciones, secuestros, cobro de piso, pago de cuota y venta de protección”.
En su comunicado de prensa, que leyó en un video difundido a través de su cuenta oficial, dijo que “la situación es un urgente llamado a construir la paz y la seguridad. El Estado de Derecho y el restablecimiento del orden de justicia han de ser garantizados por quienes tienen desde la autoridad, la responsabilidad del cuidado de la sociedad”.
Sostuvo que todos los ciudadanos son artesanos de la paz y llamó a “no hacer a otro lo que no queramos que hagan con nosotros. Tratar a los demás como quisiéramos ser tratados”.
González González dijo que la destrucción que causó la bomba atómica “sigue siendo un dolor muy profundo y un fuerte remordimiento para la humanidad. 70 mil personas murieron de manera inmediata y decenas de miles murieron poco tiempo después, por la radiación”.
Explicó que esas personas vieron destruidos sus sueños en un instante. “Si intentamos hacer conciencia de cada una de estas víctimas, nos oprime el peso de la maldad, del uso de la energía nuclear con fines bélicos y vemos con entera claridad la maldad de toda guerra”.
Por eso, “es buena ocasión para repetir un no muy firme al uso de la energía nuclear con fines bélicos, ni siquiera para amenazar o amedrentar a los pueblos con quienes se está en conflicto. El uso de la energía atómica con fines de guerra, es hoy más que nunca un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad, sino también contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común”.
Además, dijo que era una buena ocasión para reiterar un no a la guerra, “la locura de la guerra, nos ha dicho el Papa, queda grabada en la vida de quienes la sufren en primera persona. Pensemos en los rostros de cada madre e hijo obligados a huir desesperadamente, en cada familia violada, en cada persona catalogada como daño colateral de los ataques, sin respeto por su vida”.
“La guerra es un lugar de muerte, donde los padres y las madres entierran a sus hijos, donde los hombres matan a sus hermanos, sin siquiera verlos, donde los poderosos deciden y los pobres mueren”, detalló durante la lectura de su comunicado, como cada15 días.
Precisó que le preocupa que en muchos lugares se invierte continuamente en armamento, en lugar de hacerlo en el futuro de los hijos.

 

Es un comando de 200 sicarios el que irrumpió en Corralitos y opera en la sierra, relatan

 

La guerra por el control del corredor de Xochipala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) a Tlacotepec, la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, ha llenado de temor de los habitantes y el desplazamiento de cientos de familias de las comunidades de esta parte de la sierra, que se encuentra en medio de una batalla entre dos grupos rivales de la delincuencia.
Corralitos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), es una de las poblaciones donde al menos 40 familias salieron como pudieron luego de que un grupo de sicarios vestidos de militar irrumpió ahí la mañana del sábado.
Los hombres armados atacaron a tiros dos viviendas donde quedaron muertos tres hombres. Una casa recibió más de mil disparos, es de concreto y de dos plantas, tenía una puerta blindada que no aguantó los disparos del grupo que presuntamente comandaba Juan Castillo, El Teniente. En esa casa se encontraron los cuerpos de dos hombres.
Algunos pobladores que omitieron su nombre por temor dijeron que “unos 200 hombres vestidos de militar y con armas largas llegaron (a Corralitos), atacaron las casas y hubo un enfrentamiento, quemaron dos camionetas (blindadas)” y decapitaron a uno de los muertos.
Testigos revelaron a El Sur que a los sicarios “los distinguía un pañuelo rojo amarrado en sus brazos derechos, eran en su mayoría jóvenes y algunos no parecían de la región”.
El lunes en la tarde un convoy de militares y policías estatales regresaron al poblado a levantar en grúas al menos tres carros que quedaron abandonados y baleados.
El pueblo estaba prácticamente solo, las casas con las puertas cerradas con candados y los animales dispersos en la comunidad.
Sólo unas cinco familias se quedaron, pero se estaban preparando para abandonar la localidad por el temor de nuevos enfrentamientos y la falta de seguridad porque “los policías se van, y sólo vienen después de que se arma el desmadre”, dijo un joven que observaba ayer desde lejos cómo los operadores de las grúas enganchaban los carros.
Policías estatales y militares recorrieron la comunidad y en la zona donde se dio el enfrentamiento encontraron una granada de fragmentación, y en la azotea de una de las casas hallaron otra.
En la calle principal del pueblo había por lo menos cinco casas que fueron allanadas, ropa tirada y puertas forzadas. Había tres viviendas destruidas y quemadas de las que aún salía humo.
También a mitad de calle dos camionetas blindadas estaban calcinadas, una de ellas modelo Tahoe y otra Cherokee, además de tres carros baleados.
Corralitos es la entrada al municipio de Heliodoro Castillo, el último poblado de Leonardo Bravo que cruza la carretera a Tlacotepec.
Es una comunidad pequeña, en su mayoría con casas de madera y techos de lámina rodeada de verdes pinos y famosa por la venta de duraznos que ofrecen a los automovilistas que pasan por la carretera.
En esta zona constantemente se han enfrentado el grupo de Isaac Navarrete, El Señor de la I, contra el de Juan Castillo Gómez, El Teniente, y Onésimo Marquina, El Necho.
Desde hace meses en esta zona alta de la sierra del estado los vecinos han denunciado la situación de violencia en la que viven, la falta de maestros y de doctores.
Además han manifestado su preocupación ante la caída en el precio de la goma de opio, que en menos de ocho meses bajó el valor del kilogramo de 18 mil a 8 mil pesos, lo que ha provocado una crisis económica en esta región donde más de 50 mil personas viven de la siembra de la amapola. La crisis del opio se deriva de la entrada al mercado estadunidense de un opiáceo sintético llamado fentanilo, con un costo más barato y con un efecto más potente que la heroína que se produce en la sierra de Guerrero. Ante esta crisis los pobladores temen que la violencia se incremente aún más en los próximos meses.

Se fueron 800 soldados

Un poblador de la comunidad de Filo de Caballos -que se encuentra a 5 minutos en vehículo de Corralitos-, platicó que desde hace dos semanas al menos 800 soldados que estaban en esa zona para erradicar plantíos abandonaron sus campamentos.
“Después de esa salida las cosas empezaron a cambiar, en los radios se escuchan amenazas de que van a entrar para reventar todo” mencionó.
El sábado en la mañana los poblados de Izotepec y Corralitos fueron atacados por el grupo que provenía de Tlacotepec.
En Izotepec se enfrentaron contra policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y en Corralitos con el grupo que controlaba el lugar, según el testimonio de un vecino.
En ese enfrentamiento murió el comisario Antonio Cruz de 50 años, hay versiones diferentes, unos señalan que murió por el fuego cruzado y otros porque estaba secuestrado. Un testigo señaló que el grupo armado se llevó el cuerpo y lo sepultaron en Corral de Piedra, municipio de Heliodoro Castillo.
Los otros dos cuerpos eran trasladados al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, pero en el poblado de Filo de Caballos vecinos y familiares los bajaron de la camioneta.
El lunes el mismo grupo que entró a Corralitos pretendía ingresar a Filo de Caballos, pero en el lugar conocido como El Chorrito ya los estaban esperando hombres armados.
Los vecinos dijeron que desde muy temprano se escucharon disparos y cuando “clareaba la mañana” vieron que había dos camionetas pintadas con los colores del Ejército.
En un principio pensaron que hubo un enfrentamiento con militares y como pasa siempre en estos enfrentamientos los pobladores se encerraron en sus casas.
En una de las camionetas clonadas que iba a entrar al pueblo la policía encontró una lista con nombres en los que destacaban el del candidato de la coalición PRI-PVEM a la alcaldía de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán y el de Arturo López Torres, padre de la candidata a diputada local por el distrito 19 de la coalición Por Guerrero al Frente, Yuritzia López Gómez.

“Que los cuiden sus comunitarias”, responde un policía

Durante el regreso del convoy de militares y policías en los poblados de Filo de Caballos, Campo de Aviación y Los Morros, los pobladores les pedían que se quedaran.
En Filo de Caballos tuvieron un dialogo con los agentes estatales, pedían su presencia y algunos policías respondían “ahora sí nos quieren, antes nos corrían, ahora que los cuiden sus comunitarias”.
El comisario de Filo de Caballos, pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente Enrique Peña Nieto, garantías de seguridad y la creación de un destacamento militar en la zona.
Entrevistado la tarde del lunes el comisario hizo responsable al gobernador, “de lo que llegue a suceder (en la sierra), si perdemos alguna vida o que haya un hecho lamentable, pedimos que nos apoyen”.
Adelantó que si continúa esta inseguridad “hay el riesgo de que la gente no salga a votar, que no emita su voto” en todo el corredor de la sierra.
El convoy dejó la zona de conflicto al caer la tarde, durante su salida los pobladores observaban afuera de su casa como si fuera un desfile.
“Ojalá y estos (grupos) se arreglen, ya no podemos vivir con miedo, los que tienen dinero o donde moverse se van, termina el relajo y regresan, pero los que no tenemos a dónde ir nos tenemos que aguantar, esperar como siempre, es un cuento de nunca acabar”, dijo una señora que observaba el paso de las camionetas de policías y militares.

 

Hay en Chilapa una situación similar a la de una guerra, sostiene Ríos Piter

El senador perredista Armando Ríos Piter informó que presentará en el Senado un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Guerrero a declarar “zona de desastre humanitario” el municipio de Chilapa y desarrollar un programa piloto urgente para atender a las víctimas de la violencia y “la recuperación de la paz”.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, dijo que el punto de acuerdo podría presentarlo en la sesión de hoy, pero que desde el viernes está en la gaceta del portal en internet del Senado.
El legislador dijo que solicitará que el Senado de la República exhorte al gobierno federal y al gobierno estatal a instrumentar todas las acciones de una emergencia humanitaria, aplicando un programa especial urgente, basado en objetivos y líneas de acción que se han estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
En el documento se argumenta que a partir de las condiciones de violencia generada por grupos criminales en Chilapa y municipios cercanos (Zitlala y Tixtla), en las que se han generado homicidios dolosos y desapariciones entre el 2013 y el 2016, se deben tomar decisiones urgentes que protejan a los ciudadanos, “que no son partícipes de ningún conflicto armado” pero son afectados en la paz y la vida.
El punto de acuerdo propone al gobernador Héctor Astudillo Flores considere declarar al municipio de Chilapa como una zona de desastre humanitario, de acuerdo con los estándares internacionales.
Plantea que a partir de la declaración se aplique un programa especial de acciones urgentes “que devuelvan la humanidad a la convivencia en dicho municipio, basado en los objetivos, estrategias y líneas de acción que se han formulado en el Plan Estatal de Desarrollo y en plena coordinación con las autoridades municipales y las organizaciones de sociedad civil organizada, particularmente de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas que se agrupan en Siempre Vivos”.
Entre las líneas de acción de la propuesta se encuentra establecer un diálogo con los actores políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos para que se favorezca un ambiente de conciliación y la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades más apremiantes.
Otro objetivo es “garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente” como garante de la gobernabilidad de Guerrero, asegurar el Estado de derecho y la cultura de la legalidad como elementos de prevención del delito, garantizar seguridad pública a los guerrerenses, observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación.
En la propuesta el senador hace referencia al derecho internacional humanitario, al derecho para conflictos armados y las leyes para regular las guerras, y se apunta que la situación de violencia en Chilapa y los municipios vecinos encaja, ya que existe un conflicto armado, en el que hay “enfrentamiento violento, usando armas de diversa índole, entre dos o más grupos de personas, cuya consecuencia es la muerte individual o colectiva, la desaparición de personas, ya sea por agentes del Estado o por particulares y cuantiosos daños humanos y materiales”.
En el documento se apunta que en México se confrontan actualmente fuerzas federales y estatales contra los grupos delincuenciales organizados de “alto impacto” y los no organizados; grupos delincuenciales de alto impacto entre ellos y grupúsculos delincuenciales escindidos de las bandas criminales grandes.
Por lo anterior considera que en México y Guerrero se cumplen los supuestos de un conflicto armado bajo los parámetros  del derecho internacional humanitario, y debería ser atendido bajo ese principio, sobre todo porque existen elementos que configuran una crisis humanitaria, “entendida ésta como una situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región”.
La crisis humanitaria es considerada así si se genera a partir de actos de guerra que “vienen habitualmente de la mano de violencia, agresiones, asesinatos y hostilidad que se traduce en todo tipo de presión por fuerzas armadas” y suelen implicar un gran número de muertos entre población civil y militar y millones de desplazados huyendo del conflicto para intentar sobrevivir en otro lugar”.
En su propuesta, Ríos Piter apunta que Guerrero es uno de los estados que más ha sufrido las consecuencias de la violencia criminal, institucional y política, “que se cruzan con la ingobernabilidad que se vive en amplios territorios del país y del estado”.
Y retomó la información publicada el 3 de noviembre en El Sur, del recuento de los primeros 10 meses del año, en el que ocurrieron mil 818 asesinatos en Guerrero en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015, lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.