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“Exagera” Vidulfo Rosales al comparar el informe reciente con la Verdad Histórica: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer en la conferencia matutina en Palacio de Gobierno Foto: Agencia Reforma

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el abogado de los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, exageró al decir que tras la reunión de este lunes en Palacio Nacional, les dieron una postura más cercana a la llamada Verdad Histórica.
“El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista pero no lo comparto, de lo que se dijo aquí fue algo muy similar a la llamada Verdad Histórica, creo que exageró, se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”.
Después de la reunión sostenida este lunes entre los padres con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez además del subsecretario Alejandro Encinas, Vidulfo Rosales mencionó que fue el funcionario quien dio lectura a una narrativa que les acercaba más a la Verdad Histórica que a los más recientes avances en las investigaciones.
“Alejandro Encinas lee una narrativa de donde estamos en este momento. Una narrativa que se acerca más a la Verdad Histórica que a los nuevos hechos. Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único al que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad”, reveló Vidulfo.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente aceptó que se tienen diferencias con los padres en la entrega de información clave por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agregando que la institución ya dio toda la información que tienen.
“Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información, tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que no quieren que se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos”.

La carta

López Obrador proyectó una carta que sería entregada a los padres, incluyendo grabaciones y una relatoría de los hechos. En la carta se tocan cuatro puntos fundamentales: la entrega del informe de la Sedena, la entrega de las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, la relatoría realizada por el gobierno y el compromiso del presidente de mantener los trabajos de investigación.
“Por último, les manifiesto que mantengo convicciones y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida y nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México”, así finalizó López Obrador la carta a los padres.
En la carta firmada por el mandatario, asegura que la relatoría que dio lectura Alejandro Encinas sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores “se aleja de la llamada Verdad Histórica”. En la conferencia mencionó que al comparar la información presentada por la anterior administración con la presente, hay cambios.
“Por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada versión histórica” leyó en la carta y agregó: “Que es lo que dijo el abogado, que lo que está aquí en la relatoría es muy cercana a la versión de la Verdad Histórica. Entonces ustedes van a leer la Verdad Histórica, seguramente está y van a conocer la relatoría que nosotros presentamos ayer y ustedes, todos, van a tener elementos para tener un criterio. Lo que no queremos es ocultar ninguna información porque si no, se cae la manipulación”, precisó.
López Obrador agrega que en el informe del Ejército “se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano”.
El segundo punto de la carta de López Obrador dice que este 25 de septiembre también se les va a entregar “las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
En el tercer punto el presidente de México les dice a los padres de los 43: “considero de especial interés el que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos laborado de manera conjunta en el gobierno que represento para ir formulando una idea que, complementada y sustentada con pruebas, nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores, por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica”.
En el cuarto punto, López Obrador les reitera su compromiso de seguir la investigación “hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos”, en coordinación con la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa y la FGR.

La información del Ejército

El presidente aseguró que le llamó la atención que los padres no recibieran el informe que estaba preparado por parte del secretario Luis Cresencio Sandoval, además de señalar que el informe se hará público.
“Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe. Porque me entregaron un escrito pidiéndome información de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pedí al secretario de Defensa un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer”.
Respecto a la transcripción de una intercepción telefónica realizada por el Ejército el 26 de septiembre de 2014, en el que se indica que se llevaban a 17 jóvenes a las 10 de la noche, el presidente aceptó que recibió el documento por parte del secretario Sandoval y se lo entregó tanto a padres como a los representantes legales.
Incluso aseguró que la entrega de la transcripción generó molestia entre abogados y asesores por el contenido de la misma y los padres buscan tener la grabación, misma que no se tiene pero se está buscando el archivo.
“Ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento. Lo que tenemos no lo podemos, ni debemos ocultar, sin embargo, es: ¿a ver, a dónde está la grabación? Pues se está buscando”.
Sobre una falta de jerarquización y de cumplimiento de indicaciones del presidente al Ejército para brindar la información, López Obrador señaló que “yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso”.
En lo correspondiente al proceso de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el presidente López Obrador señaló que ha enviado cartas a dos primeros ministros de Israel y le han respondido que si habrá cooperación.
“También se está buscando que lo envíen. Le he escrito dos cartas a dos primeros ministros de Israel y que sí, que van a ayudar, que van a cooperar, pero son intereses, porque están protegiéndolo. Y es muy lamentable que no se avance en este caso, cuando este señor participó en actos de tortura. Y no puede el gobierno de Israel protegerlo, ningún gobierno puede proteger a un torturador y mucho menos Israel”.
El presidente afirmó que en caso de que su movimiento hubiera ganado en 1988 o en 2006, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa nunca hubiera pasado.
“¿Qué fue lo que produjo lo de Ayotzinapa? El autoritarismo del Estado. Pero antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros. Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido, porque ahora que estamos nosotros no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie”.

Hay en Chilapa una situación similar a la de una guerra, sostiene Ríos Piter

El senador perredista Armando Ríos Piter informó que presentará en el Senado un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Guerrero a declarar “zona de desastre humanitario” el municipio de Chilapa y desarrollar un programa piloto urgente para atender a las víctimas de la violencia y “la recuperación de la paz”.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, dijo que el punto de acuerdo podría presentarlo en la sesión de hoy, pero que desde el viernes está en la gaceta del portal en internet del Senado.
El legislador dijo que solicitará que el Senado de la República exhorte al gobierno federal y al gobierno estatal a instrumentar todas las acciones de una emergencia humanitaria, aplicando un programa especial urgente, basado en objetivos y líneas de acción que se han estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
En el documento se argumenta que a partir de las condiciones de violencia generada por grupos criminales en Chilapa y municipios cercanos (Zitlala y Tixtla), en las que se han generado homicidios dolosos y desapariciones entre el 2013 y el 2016, se deben tomar decisiones urgentes que protejan a los ciudadanos, “que no son partícipes de ningún conflicto armado” pero son afectados en la paz y la vida.
El punto de acuerdo propone al gobernador Héctor Astudillo Flores considere declarar al municipio de Chilapa como una zona de desastre humanitario, de acuerdo con los estándares internacionales.
Plantea que a partir de la declaración se aplique un programa especial de acciones urgentes “que devuelvan la humanidad a la convivencia en dicho municipio, basado en los objetivos, estrategias y líneas de acción que se han formulado en el Plan Estatal de Desarrollo y en plena coordinación con las autoridades municipales y las organizaciones de sociedad civil organizada, particularmente de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas que se agrupan en Siempre Vivos”.
Entre las líneas de acción de la propuesta se encuentra establecer un diálogo con los actores políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos para que se favorezca un ambiente de conciliación y la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades más apremiantes.
Otro objetivo es “garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente” como garante de la gobernabilidad de Guerrero, asegurar el Estado de derecho y la cultura de la legalidad como elementos de prevención del delito, garantizar seguridad pública a los guerrerenses, observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación.
En la propuesta el senador hace referencia al derecho internacional humanitario, al derecho para conflictos armados y las leyes para regular las guerras, y se apunta que la situación de violencia en Chilapa y los municipios vecinos encaja, ya que existe un conflicto armado, en el que hay “enfrentamiento violento, usando armas de diversa índole, entre dos o más grupos de personas, cuya consecuencia es la muerte individual o colectiva, la desaparición de personas, ya sea por agentes del Estado o por particulares y cuantiosos daños humanos y materiales”.
En el documento se apunta que en México se confrontan actualmente fuerzas federales y estatales contra los grupos delincuenciales organizados de “alto impacto” y los no organizados; grupos delincuenciales de alto impacto entre ellos y grupúsculos delincuenciales escindidos de las bandas criminales grandes.
Por lo anterior considera que en México y Guerrero se cumplen los supuestos de un conflicto armado bajo los parámetros  del derecho internacional humanitario, y debería ser atendido bajo ese principio, sobre todo porque existen elementos que configuran una crisis humanitaria, “entendida ésta como una situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región”.
La crisis humanitaria es considerada así si se genera a partir de actos de guerra que “vienen habitualmente de la mano de violencia, agresiones, asesinatos y hostilidad que se traduce en todo tipo de presión por fuerzas armadas” y suelen implicar un gran número de muertos entre población civil y militar y millones de desplazados huyendo del conflicto para intentar sobrevivir en otro lugar”.
En su propuesta, Ríos Piter apunta que Guerrero es uno de los estados que más ha sufrido las consecuencias de la violencia criminal, institucional y política, “que se cruzan con la ingobernabilidad que se vive en amplios territorios del país y del estado”.
Y retomó la información publicada el 3 de noviembre en El Sur, del recuento de los primeros 10 meses del año, en el que ocurrieron mil 818 asesinatos en Guerrero en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015, lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.