El senador perredista Armando Ríos Piter informó que presentará en el Senado un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Guerrero a declarar “zona de desastre humanitario” el municipio de Chilapa y desarrollar un programa piloto urgente para atender a las víctimas de la violencia y “la recuperación de la paz”.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, dijo que el punto de acuerdo podría presentarlo en la sesión de hoy, pero que desde el viernes está en la gaceta del portal en internet del Senado.
El legislador dijo que solicitará que el Senado de la República exhorte al gobierno federal y al gobierno estatal a instrumentar todas las acciones de una emergencia humanitaria, aplicando un programa especial urgente, basado en objetivos y líneas de acción que se han estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
En el documento se argumenta que a partir de las condiciones de violencia generada por grupos criminales en Chilapa y municipios cercanos (Zitlala y Tixtla), en las que se han generado homicidios dolosos y desapariciones entre el 2013 y el 2016, se deben tomar decisiones urgentes que protejan a los ciudadanos, “que no son partícipes de ningún conflicto armado” pero son afectados en la paz y la vida.
El punto de acuerdo propone al gobernador Héctor Astudillo Flores considere declarar al municipio de Chilapa como una zona de desastre humanitario, de acuerdo con los estándares internacionales.
Plantea que a partir de la declaración se aplique un programa especial de acciones urgentes “que devuelvan la humanidad a la convivencia en dicho municipio, basado en los objetivos, estrategias y líneas de acción que se han formulado en el Plan Estatal de Desarrollo y en plena coordinación con las autoridades municipales y las organizaciones de sociedad civil organizada, particularmente de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas que se agrupan en Siempre Vivos”.
Entre las líneas de acción de la propuesta se encuentra establecer un diálogo con los actores políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos para que se favorezca un ambiente de conciliación y la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades más apremiantes.
Otro objetivo es “garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente” como garante de la gobernabilidad de Guerrero, asegurar el Estado de derecho y la cultura de la legalidad como elementos de prevención del delito, garantizar seguridad pública a los guerrerenses, observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación.
En la propuesta el senador hace referencia al derecho internacional humanitario, al derecho para conflictos armados y las leyes para regular las guerras, y se apunta que la situación de violencia en Chilapa y los municipios vecinos encaja, ya que existe un conflicto armado, en el que hay “enfrentamiento violento, usando armas de diversa índole, entre dos o más grupos de personas, cuya consecuencia es la muerte individual o colectiva, la desaparición de personas, ya sea por agentes del Estado o por particulares y cuantiosos daños humanos y materiales”.
En el documento se apunta que en México se confrontan actualmente fuerzas federales y estatales contra los grupos delincuenciales organizados de “alto impacto” y los no organizados; grupos delincuenciales de alto impacto entre ellos y grupúsculos delincuenciales escindidos de las bandas criminales grandes.
Por lo anterior considera que en México y Guerrero se cumplen los supuestos de un conflicto armado bajo los parámetros  del derecho internacional humanitario, y debería ser atendido bajo ese principio, sobre todo porque existen elementos que configuran una crisis humanitaria, “entendida ésta como una situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región”.
La crisis humanitaria es considerada así si se genera a partir de actos de guerra que “vienen habitualmente de la mano de violencia, agresiones, asesinatos y hostilidad que se traduce en todo tipo de presión por fuerzas armadas” y suelen implicar un gran número de muertos entre población civil y militar y millones de desplazados huyendo del conflicto para intentar sobrevivir en otro lugar”.
En su propuesta, Ríos Piter apunta que Guerrero es uno de los estados que más ha sufrido las consecuencias de la violencia criminal, institucional y política, “que se cruzan con la ingobernabilidad que se vive en amplios territorios del país y del estado”.
Y retomó la información publicada el 3 de noviembre en El Sur, del recuento de los primeros 10 meses del año, en el que ocurrieron mil 818 asesinatos en Guerrero en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015, lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.