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Incluirá el equipo de Xóchitl la violencia en Taxco en el diagnóstico que guiará su campaña

Agencia Reforma

Ciudad de México

El diagnóstico que prepara el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez sobre la violencia del crimen organizado, incluirá un capítulo relacionado con la situación que prevalece en Taxco, Guerrero, asediado por la extorsión en casi todas las actividades comerciales.
En ese Pueblo Mágico, advierte el coordinador de las mesas de trabajo sobre seguridad, el diputado Rubén Moreira, se vive una “situación de sálvese quien pueda” y donde la autoridad -municipal, estatal y federal-, está ausente.
Taxco cumple seis días sin transporte público, sin clases presenciales, y muchos comercios han cerrado sus cortinas. El jueves, cientos de taxqueños prendieron veladoras para pedir paz y seguridad.
La campaña de Xóchitl dará a conocer, en los próximos días, un diagnóstico relacionado con el clima de violencia que se respira en la República y la crisis que se resiente en Taxco “servirá de mucho” para ilustrar la cruda realidad que se vive en ese municipio y en Guerrero.
“El tema de Taxco es increíble: todas las actividades pagan cuota. El que produce plata ya tiene un intermediario, la señora que vende tamales, todo mundo…, ya hay una lumpenización en ese renglón. Tú te imaginas que van a pedirle cuota a un casino, pues no: ya le piden a la que hace tamales. Le quitas 50 pesos por semana a una señora. Es increíble lo que está pasando”.
En opinión del ex gobernador de Coahuila, “el caso de Taxco es un caso increíble, pero el caso de Taxco tiene la gravedad de que el alcalde no está, pero tampoco el gobierno del estado está, ni tampoco el gobierno federal.
“Lo que está ocurriendo en Taxco es la muestra de lo que está pasando en muchos lugares del país, y los pueblos mágicos no son excepción. Ahí encontramos la falta de autoridad municipal, la ausencia de una autoridad estatal que la supla, que sea subsidiaria, y un gobierno federal que no se hace presente. Y Taxco es un caso muy singular, porque está a 150 kilómetros de la capital, no estamos hablando de un lugar remoto.
“En Taxco todas las actividades están pagando cuota: los mercados, los taxis, los comerciantes, los hoteleros. Pero, además, tiene la característica de que es claro que el alcalde está enterado de lo que pasa, e incluso amenaza a los periodistas que están difundiendo los casos diciendo que se pueden morir”.
Moreira dijo que tenía “serías dudas sobre la honorabilidad del alcalde, a partir de lo que ha declarado públicamente dijo en su video; pero, en el caso del Gobierno de estado, no hay ninguna reacción, la verdad. Taxco puede ser una muestra para analizar, desde una perspectiva de laboratorio, lo que está pasando en todo el país. Una debilidad institucional, una falta de compromiso de las autoridades, una falta de coordinación”.

Batea el IEPC pregunta del PRD sobre planilla de Ayuntamiento sólo de mujeres

 

Daniel Velázquez

El PRD solicitó información al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para saber si puede postular solo mujeres en una planilla de Ayuntamiento: presidenta, síndica y regidoras. La respuesta que le dieron es que se debe respetar la paridad pero que el supuesto se considerará en la normativa que se emita para el proceso electoral local 2023-2024.
Las preguntas que hizo el PRD al Instituto fueron: “En el próximo proceso electoral local 2023-2024: ¿esta autoridad electoral aprobaría la postulación de candidaturas de mujeres a los cargos de Presidencia y Sindicatura en una misma planilla en la elección de Ayuntamientos?”. Y la segunda fue: “En el próximo proceso electoral local 2023-2024, ¿esta autoridad electoral aprobaría la postulación de candidaturas de mujeres en todos los espacios de la lista de regidurías en una misma planilla para la elección de Ayuntamientos?”.
Las consultas fueron hechas el 16 de febrero, y fue el 31 de mayo cuando el Consejo General del IEPC respondió que por ser una cuestión que aún no acontece “este Consejo General considera oportuno precisar que, en la normativa que se emita para regular el proceso de registro de candidaturas, se contemplarán los supuestos que en términos normativos y con base a los criterios jurisdiccionales se emitan para regular el proceso de postulación de candidaturas, observando en todo las disposiciones que reglamente la paridad de género”.
“Por tal motivo, y de ser el caso que el partido político solicitante presente en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, solicitudes de registro de candidaturas integradas en su totalidad por mujeres, este Consejo General dentro de los plazos establecidos en la ley, se pronunciará al respecto atendiendo y observando la normativa emitida y vigente en el momento en que ocurra el caso en concreto”.
En su respuesta el IEPC sostiene que “la legislación local contiene elementos claros y suficientes para potenciar la presencia de las mujeres en cargos de elección popular en cada proceso electoral”.
En el caso de las planillas de presidente municipal y sindicaturas, el artículo 272 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPEEG), establece: “paridad de género vertical, para el caso de ayuntamientos que cuentan con dos sindicaturas, deberán postular dos fórmulas encabezadas por una mujer y una fórmula encabezada por un hombre; paridad de género horizontal, si el número de postulaciones es impar, el excedente corresponderá al género mujer. La norma también considera que “el partido político podrá inobservar esta regla, siempre y cuando la medida sea aplicable única y exclusivamente para beneficio del género mujer”.
También explica que en ese mismo artículo se regula la integración de las planillas y listas de regidurías de los ayuntamientos, el cual establece ocho supuestos para garantizar la mayor presencia de mujeres en los cabildos.

 

Hay en Chilapa una situación similar a la de una guerra, sostiene Ríos Piter

El senador perredista Armando Ríos Piter informó que presentará en el Senado un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Guerrero a declarar “zona de desastre humanitario” el municipio de Chilapa y desarrollar un programa piloto urgente para atender a las víctimas de la violencia y “la recuperación de la paz”.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, dijo que el punto de acuerdo podría presentarlo en la sesión de hoy, pero que desde el viernes está en la gaceta del portal en internet del Senado.
El legislador dijo que solicitará que el Senado de la República exhorte al gobierno federal y al gobierno estatal a instrumentar todas las acciones de una emergencia humanitaria, aplicando un programa especial urgente, basado en objetivos y líneas de acción que se han estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
En el documento se argumenta que a partir de las condiciones de violencia generada por grupos criminales en Chilapa y municipios cercanos (Zitlala y Tixtla), en las que se han generado homicidios dolosos y desapariciones entre el 2013 y el 2016, se deben tomar decisiones urgentes que protejan a los ciudadanos, “que no son partícipes de ningún conflicto armado” pero son afectados en la paz y la vida.
El punto de acuerdo propone al gobernador Héctor Astudillo Flores considere declarar al municipio de Chilapa como una zona de desastre humanitario, de acuerdo con los estándares internacionales.
Plantea que a partir de la declaración se aplique un programa especial de acciones urgentes “que devuelvan la humanidad a la convivencia en dicho municipio, basado en los objetivos, estrategias y líneas de acción que se han formulado en el Plan Estatal de Desarrollo y en plena coordinación con las autoridades municipales y las organizaciones de sociedad civil organizada, particularmente de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas que se agrupan en Siempre Vivos”.
Entre las líneas de acción de la propuesta se encuentra establecer un diálogo con los actores políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos para que se favorezca un ambiente de conciliación y la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades más apremiantes.
Otro objetivo es “garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente” como garante de la gobernabilidad de Guerrero, asegurar el Estado de derecho y la cultura de la legalidad como elementos de prevención del delito, garantizar seguridad pública a los guerrerenses, observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación.
En la propuesta el senador hace referencia al derecho internacional humanitario, al derecho para conflictos armados y las leyes para regular las guerras, y se apunta que la situación de violencia en Chilapa y los municipios vecinos encaja, ya que existe un conflicto armado, en el que hay “enfrentamiento violento, usando armas de diversa índole, entre dos o más grupos de personas, cuya consecuencia es la muerte individual o colectiva, la desaparición de personas, ya sea por agentes del Estado o por particulares y cuantiosos daños humanos y materiales”.
En el documento se apunta que en México se confrontan actualmente fuerzas federales y estatales contra los grupos delincuenciales organizados de “alto impacto” y los no organizados; grupos delincuenciales de alto impacto entre ellos y grupúsculos delincuenciales escindidos de las bandas criminales grandes.
Por lo anterior considera que en México y Guerrero se cumplen los supuestos de un conflicto armado bajo los parámetros  del derecho internacional humanitario, y debería ser atendido bajo ese principio, sobre todo porque existen elementos que configuran una crisis humanitaria, “entendida ésta como una situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región”.
La crisis humanitaria es considerada así si se genera a partir de actos de guerra que “vienen habitualmente de la mano de violencia, agresiones, asesinatos y hostilidad que se traduce en todo tipo de presión por fuerzas armadas” y suelen implicar un gran número de muertos entre población civil y militar y millones de desplazados huyendo del conflicto para intentar sobrevivir en otro lugar”.
En su propuesta, Ríos Piter apunta que Guerrero es uno de los estados que más ha sufrido las consecuencias de la violencia criminal, institucional y política, “que se cruzan con la ingobernabilidad que se vive en amplios territorios del país y del estado”.
Y retomó la información publicada el 3 de noviembre en El Sur, del recuento de los primeros 10 meses del año, en el que ocurrieron mil 818 asesinatos en Guerrero en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015, lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.

Crisóforo Nava es acusado por la Fiscalía de cuatro delitos; el jueves se define su situación

 

El ex presidente municipal de Apango, Crisoforo Nava Barrios, está acusado de cuatro delitos en agravio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan y se espera que el jueves se sepa su situación legal, informaron fuentes del Juzgado Cuarto de lo Penal.
Una fuente informó que los delitos de que se acusa al petista Nava Barrios, son rebelión, sabotaje, ataques a la paz pública y motín, que están integradas a la causa penal 45-2016.
Comentó que el sábado el también ex presidente municipal de Apango presentó su declaración preparatoria en el juzgado, en la que negó lo hechos que han ocurrido en ese municipio.
La fuente agregó que se corre el término constitucional hasta el jueves para saber su situación legal, si se le fijará el pago de una fianza para su liberación o si se le dictará auto de formal prisión, entre tanto permanece recluido en el penal de esta ciudad.
Por otra parte, fuentes del Segundo Juzgado de lo Penal, donde está acusado de despojo, informaron que la familia de Nava Barrios entregó una póliza de una empresa afianzadora para pagar la fianza, sin embargo hubo un error en el número del documento y se espera que hoy se resuelva su situación.
El viernes, familiares de Crisóforo Nava Barrios pagaron una fianza de 15 mil pesos, sin embargo, por el problema de la póliza aún no se ha realizado el pago.
El jueves, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que a las 6 de la tarde la dependencia presentó una denuncia contra Nava Barrios por los delitos de motín y sedición, por los hechos recientes ocurridos en Apango.
La madrugada del miércoles de la semana pasada agentes ministeriales irrumpieron en la casa del ex presidente municipal de Apango, a quien detuvieron por el presunto delito de despojo derivado de una denuncia que fue presentada hace más de ocho años.
La alcaldesa Felícitas Muñiz señala a Nava Barrios como el promotor del movimiento en su contra.
El domingo pasado, regidores y ciudadanos inconformes con la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, marcharon en la cabecera municipal, irrumpieron y saquearon otra de sus casas e incendiaron una camioneta de su propiedad que, según los manifestantes, adquirió cuando gobernó de 2009 a 2012.