El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, afirmó que se han combatido de manera “frontal” los delitos en Acapulco y eso ha tenido su efecto “cucaracha”.
En declaraciones a reporteros después del arranque del programa Movilidad Segura, el jefe policiaco explicó que cuando se intervienen en una colonia de mayor índice delictivo, “se van moviendo a otras zonas los delitos”.
Afirmó que el “fenómeno delincuencial” es cambiante, y por lo mismo las autoridades van día a día ajustado la estrategia”.
Declaró que los delitos de robo de vehículos están a la par con los delitos de homicidio.
Recalcó que los robos de vehículos no son violentos, sino cuando están estacionados.
Sostuvo que la Guardia Nacional colabora de manera importante en la seguridad, trabaja con la Marina, gobierno del estado, con la Fiscalía y el municipio”.
Indicó que la Policía Municipal detuvo una banda que se dedicaba al robo de postes y cables de Telmex, originarios de la ciudad y del Estado de México.
Por otro lado, el jefe policiaco aseguró que durante la pasada temporada de vacaciones no hubo mayores incidentes en la zona turística.
“Hubo coordinación estrecha con los tres órdenes de gobierno, que ha tenido resultados favorables en cuanto a la incidencia delictiva”, aseveró.
Añadió que “hay una reducción notoria en todos los delitos del fueron común, una reducción, pues, que refleja incendencia menor respecto a los homicidios dolosos en la ciudad”.
Dijo que hay cuatro módulos de seguridad funcionado de los 82 que hay en la ciudad, “hay módulos inservibles por su condición de infraestructura”.
Justificó que hay prioridades para la reparación como la corporación policiaca que sufrió daños severos por el impacto del huracán Otis. (Argenis Salmerón)
El titular de la Fiscalia Especializada en Delitos Electorales en el Estado de Guerrero, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, durante la conferencia magistral “Funciones y Atribuciones de la FEPADE”, en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, aseguró que no existe una sola denuncia por la intervención del crimen organizado en las elecciones, y que los delitos electorales que más se denuncian son la cooptación del voto por servidores públicos y recientemente la violencia política en razón de género.
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Guerrero, Guizado Jaimes, disertó este martes la conferencia magistral: Funciones y Atribuciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, organizada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) como parte del Diplomado Derecho Procesal Electoral, derivado del inicio del proceso electoral.
El funcionario electoral habló de las funciones, cómo y ante quién se presentan las denuncias por delitos electorales.
Y ya en la etapa de preguntas, Guizado Jaimes dijo que cuando llegó a la Fiscalía (en marzo del 2022), encontró un aproximado de 170 carpetas de investigación integradas, pero que a la fecha sólo hay 23 y cuatro carpetas judicializadas; dos de ellas con vinculación a proceso.
Explicó que una de las dos órdenes de aprehensión no se ha podido cumplir porque no se encuentra al imputado o no se ha podido localizar, en tanto que la otra está detenida porque hay un amparo al que recurrió el imputado.
La conferencia magistral se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE e inicialmente estuvieron en el presídium, la magistrada presidenta del organismo electoral, Evelyn Rodríguez Xinol, así como las magistradas Alma Delia Eugenio Alcaraz e Ilda Rosa Delgado Brito, así como el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán y en representación de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Leticia Mosso Hernández, el diputado Osbaldo Ríos Manrique.
Además, entre el público estuvo presente en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Oscar Chávez Rendón.
De entrada, el ponente dijo que hay mucha confusión o falta de información con respecto a las funciones de las autoridades electorales, entre ellas la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
“Todos, o la gran mayoría sabe el actuar de los organismos electorales administrativos, pero no de la Fiscalía; se tiene la falsa creencia que solo trabaja dentro del proceso electoral o en la jornada electoral y que el único delito que investiga es la compra de votos”.
En seguida, para disipar las “falsas creencias”, habló cerca de media hora de las funciones de la dependencia electoral que representa y de los delitos electorales que se denuncian.
Al final, uno de los asistentes, Jesús López, le pidió su opinión respecto “a un tema complicado que todos conocemos pero que hacemos como que no vemos”, en referencia a la intervención de la delincuencia organizada en las elecciones.
Explicó que desde hace tiempo, “nos enteramos que en tal o cual municipio o en tal o cual comunidad se acabó la secrecía del voto porque llegaron hombres armados y les ordenaron por quién votar, y eso pareciera que ya es la normalidad en muchos lugares de este país”.
Sin embargo, cuestionó que “todos hacemos como que no pasa nada y mientras no haya una denuncia, la justicia no se activa, y como no hubo una denuncia, se dice que el proceso fue limpio, pero resultó que el presidente municipal o el diputado es aquel que nunca imaginó la ciudadanía que iba a ser”.
Enseguida criticó que ante ello “hoy tenemos una ley para una realidad que ya no existe”, y pidió que se reforme y se adecúe para que en vez de esperar las denuncias, se busquen estrategias que le devuelvan la confianza a la ciudadanía y garantizarle el derecho que tiene a elegir libremente a sus representantes.
Sin embargo, Alejandro Guizado Jaimes, aseguró que “eso que menciona” (la intervención del crimen organizado en las elecciones), “no se ve materializado, porque, efectivamente, no hay denuncias, cuando llegué a la Fiscalía no encontramos una sola denuncia, por este tipo de conductas, en consecuencia, si no hay denuncias, ¿cómo iniciamos una investigación?”.
Explicó que lo mismo ocurre cuando se dice que hay compra de votos, “pero si yo me voy a mi experiencia a mí nunca me han ofrecido dinero por un voto, pero siempre lo dicen, pero realmente nunca se ha comprobado, hemos hecho investigaciones de las denuncias que han llegado y no encontramos elementos ni datos”.
Para el funcionario todo es “rumor”, porque está lo que dicen pero no se ve reflejado en una denuncia, ya ni si quiera con nosotros, sino denuncia pública, en algún medio de comunicación”.
Ante la crítica, el Fiscal de Delitos Electorales, se justificó que ellos actúan bajo lo que tienen en ley, “estamos supeditados a las atribuciones y funciones que tenemos por ley, entonces eso tendría que plantearse ante el órgano legislativo para que pudieran tomar la decisión (de reformar la ley) y evidentemente todo ello tendría que ser con argumentos y fundamentos”.
También a pregunta expresa del público, el Fiscal Electoral informó que los delitos que más se denuncian son “el apoyo que dan los servidores públicos a la ciudadanía para obtener votos (la cooptación del voto) y, recientemente, la violencia política en razón de género.
El arzobispo Leopoldo González González pidió que la celebración por la Independencia de Mexico sea motivo de reflexión, “que viva México depende de todos”.
En su mensaje de este doningo, monseñor insistió en la impunidad como detonante de la violencia. “La gravísima impunidad en la que permanece la inmensa mayoría de los delitos cometidos, para nada ayuda a fortalecer en las personas la decisión de no hacer mal”.
“Proteger a la sociedad de quien la daña con crímenes y delitos, es deber irrenunciable de quien, por su cargo de autoridad, tiene la obligación de cuidar de ella. Quien ha cometido crimen o delito, conforme a derecho, ha de recibir la oportunidad de recapacitar, cambiar de conducta, resarcir en la medida de lo posible el mal causado y luego volver a la sociedad”.
A las instituciones les recordó que su tarea “es garantizar la seguridad y la paz: el estado de derecho es indispensable. Es necesario mejorar la estrategia en el cuidado de la sociedad. Nos lo hacen ver los hechos violentos que conocemos en las noticias. No basta la presencia de más soldados y más guardias: No pueden estar en todas partes y quien tiene la intención de dañar busca el momento en que no están”.
A propósito de la fiesta del 16 de septiembre, con motivo del grito de independencia, el arzobispo convocó a reflexionar para que “estas celebraciones nos hacen ver que una nación, cualquiera que ella sea, nunca es un proyecto completamente terminado, mucho menos una realización perfecta. Los ideales de libertad, justicia e igualdad, por los que lucharon nuestros antepasados, nos siguen interpelando. Una condición indispensable para aspirar a la madurez y al progreso, es saber valorar los logros, asumir los errores, discernirlos y transformarlos en sabiduría y oportunidades. Sólo así podemos avanzar en el desarrollo de nuestra patria. A esto nos ayude la celebración de nuestro mes patrio”.
Añadió que el proceso de construir una patria mejor es responsabilidad de cada persona y de su comportamiento diario, “liberemos nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que lleve al odio, a la venganza, a la ambición, a la violencia y al daño de nuestra propia dignidad humana. Liberarnos personalmente de esos males fortalecerá los valores de nuestras familias: el respeto, la comprensión, la unidad y la colaboración solidaria”, porque de esa forma se podrán transformar las estructuras sociales.
Monseñor también convocó a reconocer a los adultos mayores como “padres, abuelos y bisabuelos que con el cuidado de la familia, su trabajo honrado y su servicio en la sociedad han construido el bien común del que ahora participamos”.
La fiscal general de Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que hay una investigación por los videos de la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto líder de Los Ardillos.
Reveló que no ha habido ningún acercamiento con la alcaldesa, pero “nosotros de todos modos investigamos en el ámbito de la competencia del fuero común lo que se pueda configurar cualquier conducta delictiva”.
En declaraciones en la Novena Región Militar de Acapulco, la fiscal explicó que se abrió una carpeta en general, “se investiga el hecho que se anunció públicamente y de ahí ya se derivan líneas de investigación que pueden tipificar conductas, ya sea del orden común y si fuesen del orden federal se declinará la competencia a la Fiscalía General de la República”.
Indicó que quiere “imaginar” que por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se inició la carpeta de investigación correspondiente. Además, Valdovinos Salmerón dijo que por los hechos violentos de los últimos días en la capital también se abrieron carpetas de investigación.
“Por las comunicaciones de la presidenta hay una carpeta, por la retención de los servidores públicos del gobierno del estado, así como de policías estatales se abrió una carpeta y hay una tercera por lo que hace a motín y sabotaje”.
A la fiscal se le preguntó si hay investigación sobre las personas armadas que estuvieron en los bloqueos del lunes y martes y respondió que sí, que se está investigando cualquier conducta delictiva, pues es competencia de la Fiscalía del estado, “me imagino que por parte de la FGR también debió haberse abierto de manera oficiosa por la posible portación de armas y obstrucción a las vías de comunicación federal otra carpeta”.
De si hay una investigación a las dos personas que la secretaría de Seguridad Pública relacionó con el grupo de la delincuencia denominado Los Ardillos y que estuvieron en el diálogo con las autoridades del estado, la fiscal respondió: “Me imagino que sí, exclusivamente si se configurase en delitos como delincuencia organizada u otro de competencia del fuero federal”.
Indicó que están sumando esfuerzos con operativos para puestos de revisión y control, también en entradas y salidas y hasta el momento no se ha desarticulado ninguna banda delictiva. Lo que sí se está concretando son operativos por sectores.
Desde el sábado se dio una ola de violencia en Chilpancingo cuando fueros quemados vehículos del transporte público y asesinado choferes, lo que siguió el lunes.
Mientras el lunes alrededor de tres mil pobladores de diversos municipios entraron de manera violenta a la capital, donde se enfrentaron con antimotines de la Policía del Estado y la Guardia Nacional, reteniendo a diez que el martes fueron liberado, luego de una mesa de trabajo con las autoridades del estado donde acordaron obras para carreteras de diversas comunidades.
La Diputada local por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez durante su participación en tribuna en la sesión del Congreso para presentar el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Guerrero, en materia de violencia ácida conocida como “Ley Malena” Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó un adendum (modificación) de la Comisión de Justicia para agregarse a la reforma de la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, porque en las reformas aprobadas el pasado 8 de junio ninguno de los diputados presentes se percató que no se incluyó la “violencia política en razón de género” como una causal para no tener registro como candidato.
Al inicio de la sesión, el pleno aprobó con 44 votos a favor, cero en contra y una abstención, un adendum de la Comisión de Justicia, el cual fue fechado el viernes 9 de junio pasado; sin embargo, éste se aprobó hasta ayer porque el pleno no había sesionado.
Se trata de un agregado que se realizó al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan de la ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el 8 de junio pasado.
En la sesión se leyó el documento enviado por la Comisión de Justicia que plantea que “sea agregado el adendum rectificatorio”.
Se detalla que es en materia de la denominada Ley 3 de 3 y que es “en particular la homologación a la reforma constitucional federal… en lo relativo de la violencia política en razón de género y la inconstitucionalidad declarada respecto en la causa de elegibilidad llamada modo honesto de vivir”.
En la lectura no se dan mayores detalles del adendum, por lo que al final de la sesión se consultó a la secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, quien confirmó que en el dictamen aprobado el pasado jueves no se incluyó como causal para no ser postulado a quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género, y que fue eso lo que se agregó ayer.
La legislación aprobada el jueves y publicada el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se plantea que se suspenden los derechos políticos y electorales a agresores que tengan sentencias firmes por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo sicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
También se establece que no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
Pero no se estableció que quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género no podrán ser candidatos.
El viernes de la semana pasada se venció el plazo -de 90 días previos al arranque del proceso electoral- que establece la ley para que se realicen y publiquen las reformas en la materia y que estas sean aplicables para el próximo proceso.
La diputada morenista consideró que el incluir hasta ayer como causal el tener sentencia firme por violencia política en razón de género, no tendría que tener repercusiones legales y que debería ser aplicable para el próximo proceso electoral.
Iniciativa sobre la violencia ácida
La morenista Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado para incluir a la violencia ácida como un tipo de violencia que provoca lesiones y causa daño físico irreversible a la mujer.
La priista Flor Añorve Ocampo planteó una reforma a la Constitución del estado para incorporar como requisito la presentación del Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular o fungir como jueces, magistrados, auditor superior, integrante del Consejo de Políticas Públicas, consejo de la Judicatura o defensor general del Instituto de la Defensoría.
La sesión
En la sesión quedaron de primera lectura dictámenes de reforma y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en materia de violencia vicaria, y otro por el que se declara improcedente una iniciativa de reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También se aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Andrés Guevara Cárdenas por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, para que el Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente de mejoramiento integral de barrios implementado en Iguala para que se cumpla con los requerimientos de calidad de obra pública en la renovación integral del Centro Histórico.
También se aprobó un exhorto del morenista Antonio Helguera Jiménez a los municipios de la entidad para que de manera oportuna convoquen a elección de comisarios y comisarías de sus respectivas localidades.
Y antes de concluir la sesión se eligió y tomó protesta a las y los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del Segundo Año de la actual legislatura, la Mesa Directiva es la misma ya que su periodo concluye el último día de agosto, los vocales propietarios, son Claudia Sierra Pérez, Rafael Navarrete Quezada, Leticia Mosso Hernández, Gabriela Bernal Reséndiz, Jessica Ivette Alejo Rayo, Nora Velázquez Martínez y Bernardo Ortega Jiménez; vocales suplentes, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Esteban Albarrán Mendoza, Angélica Espinoza García, Estrella de la Paz Bernal y Carlos Reyes Torres.
La policía ministerial intercambió disparos con un hombre que huía, luego de que intentaron detenerlo con una orden de aprehensión por violación, la noche de este miércoles, cerca de la población Santa Bárbara, municipio de Pungarabato.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, cuando intentaban detener a Pedro Juan, originario de Tlapehuala, al que perseguían en un auto blanco, el cual impactaron contra una patrulla sobre la carretera federal 134, cerca del poblado Santa Bárbara, justo al pasar frente a las instalaciones de Grúas Peña.
El conductor se bajó del vehículo, comenzó a correr y a la vez empezó a disparar contra la patrulla, por lo cual los policías ministeriales empezaron a responder la agresión. El hombre alcanzó a correr unos 200 metros, en un callejón, e intentó esconderse entre la maleza de un terreno baldío, pero le dieron alcance con las patrullas y, a su vez, los oficiales continuaban disparando al aire.
Se reportó que el hombre tiene una orden de aprehensión, por el delito de violación equiparada, y que sería puesto en manos del juez.
El hombre fue detenido y el vehículo fue asegurado, mientras tanto, comenzó una búsqueda de la pistola que había aventado en el camino, pero debido a que la maleza estaba alta y a que ya era de noche, no la encontraban.
No se reportaron personas lesionadas. La zona fue asegurada por la policía ministerial, una vez que también llegó la Policía Municipal y el Ejército. Todo ocurrió a un costado de las instalaciones de Grúas Peña, donde comienza la barda de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Presidentes de cámaras empresariales de hoteles, restaurantes y comercios, respaldaron los recorridos de vigilancia que hará la Guardia Nacional en lanchas por el área de playa para inhibir los delitos; confían que con estas acciones disminuyan los incidentes violentos en esa zona porque afectan al turismo y al sector náutico.
Consultados por separado, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo, Alejandro Martínez Sidney, y el presidente de Hoteles y Restaurantes de la Zona Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez, opinaron que la coordinación de los tres órdenes de gobierno es fundamental para la prevención de delitos.
Este jueves la Guardia Nacional inició los recorridos de vigilancia por mar en tres lanchas, como parte del reforzamiento de seguridad del programa Santa Lucía.
Martínez Sidney declaró que la medida del Ejército de establecer “un cinturón de protección” en la zona marítima es una respuesta “a la necesidad que ha manifestado el sector náutico y turístico del puerto de establecer un sistema de vigilancia que elimine la ruta de huida de los delincuentes en motos acuáticas”.
Por ello la estrategia es para atender “este nuevo mal que aqueja a la ciudad y que por supuesto se ha visto reflejado en la reducción de visitas de turistas al puerto”.
“Con esta acción se demuestra que el Ejército y Guardia Nacional están de lado del ciudadano, listo en mar y tierra para responder a las demandas más sentidas”, puntualizó.
El empresario dijo: “respaldamos totalmente esta acción, era un clamor del sector empresarial y del náutico que se atendía la delincuencia que estaba operando en el mar”, y es que citó el enfrentamiento a balazos que hubo en playa Icacos, donde hombres se dispararon desde motos acuáticas.
El empresario hotelero Francisco Aguilar opinó “todo lo que sea vigilancia está bien, por primera vez se da este caso de que haya lanchas para dar vigilancia en el mar, me parece excelente, ojalá que en tierra estén coordinados a fin de que la delincuencia se calme”.
Consideró que con estas acciones se inhibirán los delitos, porque “ya habían agarrado de costumbre después de una agresión huir en lancha, y ahora será diferente porque ya habrá lanchas que hagan recorridos, ojalá que haya más coordinación para que las lanchas rápidas de la Marina y helicópteros también ayuden”.
Agregó que se requiere que haya más coordinación porque es “lamentable y triste que en tal lado hubo una balacera en la franja de arena y no agarraron a nadie, ya tenemos que dejar de lado la estrategia de “abrazos no balazos”, así cuándo vamos a terminar con la violencia, me parece bien que se hagan este tipo de medidas”.
El ex presidente municipal de Apango, Crisoforo Nava Barrios, está acusado de cuatro delitos en agravio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan y se espera que el jueves se sepa su situación legal, informaron fuentes del Juzgado Cuarto de lo Penal.
Una fuente informó que los delitos de que se acusa al petista Nava Barrios, son rebelión, sabotaje, ataques a la paz pública y motín, que están integradas a la causa penal 45-2016.
Comentó que el sábado el también ex presidente municipal de Apango presentó su declaración preparatoria en el juzgado, en la que negó lo hechos que han ocurrido en ese municipio.
La fuente agregó que se corre el término constitucional hasta el jueves para saber su situación legal, si se le fijará el pago de una fianza para su liberación o si se le dictará auto de formal prisión, entre tanto permanece recluido en el penal de esta ciudad.
Por otra parte, fuentes del Segundo Juzgado de lo Penal, donde está acusado de despojo, informaron que la familia de Nava Barrios entregó una póliza de una empresa afianzadora para pagar la fianza, sin embargo hubo un error en el número del documento y se espera que hoy se resuelva su situación.
El viernes, familiares de Crisóforo Nava Barrios pagaron una fianza de 15 mil pesos, sin embargo, por el problema de la póliza aún no se ha realizado el pago.
El jueves, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que a las 6 de la tarde la dependencia presentó una denuncia contra Nava Barrios por los delitos de motín y sedición, por los hechos recientes ocurridos en Apango.
La madrugada del miércoles de la semana pasada agentes ministeriales irrumpieron en la casa del ex presidente municipal de Apango, a quien detuvieron por el presunto delito de despojo derivado de una denuncia que fue presentada hace más de ocho años.
La alcaldesa Felícitas Muñiz señala a Nava Barrios como el promotor del movimiento en su contra.
El domingo pasado, regidores y ciudadanos inconformes con la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, marcharon en la cabecera municipal, irrumpieron y saquearon otra de sus casas e incendiaron una camioneta de su propiedad que, según los manifestantes, adquirió cuando gobernó de 2009 a 2012.
La Comisión de Gobierno presentará el próximo jueves su dictamen al pleno de la sesión, informa el diputado por el PRS y presidente de la Mesa Directiva, Heriberto Noriega Cantú
Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo Ayer por la tarde comparecieron ante los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno, en la sede del Congreso del Estado, los tres aspirantes a ocupar la fiscalía especial para delitos electorales “para que explicaran su propuesta y visión de trabajo”, informó el diputado por el PRS, Heriberto Noriega Cantú.
Ante diputados locales, expusieron uno a uno su trabajo Violeta Parra Reynada, Antonio Sebastián Ortuño y Manuel Saavedra, quienes integran la terna que envió el gobernador René Juárez Cisneros la semana pasada al pleno legislativo.
Vía telefónica Noriega Cantú, integrante de la instancia legislativa y presidente de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones, dijo que será hasta el miércoles cuando la comisión de gobierno elabore el dictamen y lo presente al pleno en la sesión del próximo jueves, fecha en que será nombrado el fiscal especial para delitos electorales.
Al preguntarle sobre el tema del Tribunal Electoral del Estado, el diputado por el PRS adelantó que convocarán al pleno a sesionar este viernes para definir si ratifican a los actuales magistrados o renuevan la estructura del órgano electoral.
