El director de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Tumalán Narváez, hizo este martes un llamado al Congreso local para “que se respete en el ejercicio pleno de nuestra autonomía” el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Universitaria.
El director no aludió al debate sobre si el proyecto original se habría manipulado, quitando la posibilidad de que el rector Javier Saldaña hubiera ampliado su periodo dos años.
Casi al terminar su primer informe de labores, en la cancha de la Facultad, el directivo pidió al legislativo escuchar la voz de los universitarios y subrayó que las decisiones de cambio a la ley se tomaron para fortalecer el marco jurídico que dirige a la máxima casa de estudios.
“La iniciativa de reforma a nuestra Ley Orgánica es fruto de un consenso amplio, de una reflexión colectiva que busca consolidar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad de los proyectos académicos, científicos y sociales que hoy benefician a miles de estudiantes guerrerenses”.
El director subrayó que defender la autonomía universitaria no es un acto político, sino un acto de responsabilidad por la educación pública. Resaltó el trabajo del rector Javier Saldaña Almazán.
Indicó que en ese contexto “no puedo dejar de expresar una convicción que compartimos miles de universitarios. La autonomía universitaria es sagrada, es el principio que nos permite pensar con libertad, enseñar con dignidad y decidir nuestro propio destino institucional”.
En su informe resaltó el aumento en alrededor de mil alumnos para este ciclo escolar, pues alcanzaron 3 mil 548 jóvenes; la construcción del nuevo edificio, la creación de extensiones de derecho en seis de las ocho regiones y la actualización del programa de estudios que incluye los juicios orales.
La coordinadora general de la Zona Sur, América Bautista Salgado también defendió la iniciativa de ley y afirmó que fue consensada con los universitarios. Hizo una llamado a los diputados que todavía “no están convencidos de que se ha tomado en cuenta la voz de las y los universitarios para la reforma, para que ojalá puedan venir los diputados y diputadas, no solo a ver que sí nos tomaron en cuenta,
La funcionaria saldañista agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por “haber pasado esta iniciativa que presentó el Consejo Universitario tal y como se pensó y planteó en los foros de consulta en cada escuela y en el Consejo Universitario. Hoy algunas voces, mínimas, están haciendo querer ver que no nos tomaron en cuenta, pero claro que nos consultaron, tenemos voz en el Consejo y ellos son la representación de los estudiantes y docentes”.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG, Francisco Hernández Herrera, contó que en septiembre se tuvo un Consejo General de Representantes (CGR) y se aprobó el apoyo al proyecto de reforma que presentó el Consejo Universitario.
En en declaraciones llamó a los diputados a respetar lo que el consenso y la mayoría de los universitarios dijo, de sí a la reforma.
La representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Elexandra Volin-Bolok y la diputada priísta Gabriela Bernal Resendíz en coferencia de prensa en el hotel el Elcano en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
La diputada Gabriela Bernal Reséndiz informó que el Congreso local aprobó una reforma a leyes y códigos y así se podrá sancionar a quienes ejerzan violencia vicaria en Guerrero.
La violencia vicaria es cuando un progenitor daña a sus hijos con el fin de afectar a las mujeres y causar dolor en la pareja.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Elcano, la diputada local informó que la noche del miércoles el Congreso aprobó incluir una fracción al artículo tercero de la Ley 280 de la Prevención y Atención de la Violencia Familiar. También se adiciona una fracción al artículo 9 y se reforma el inciso A) del artículo 10 de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se agrega el artículo 202 bis y una fracción al artículo 203 del Código Penal 449, se reforma la fracción cuarta del artículo 622 del Código Civil 358, “quiere decir que quien cometa el delito de violencia vicaria, que mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho y que por si o por interpósita persona busque dañar a una mujer utilizando como medio a los hijos o hijas, personas adultas mayores o personas en situación de dependencia, se considera que se causa daño a la mujer cuando existen antecedentes de violencia de género contra la mujer o sin orden de autoridad competente se sustraiga de la guardia o custodia de la madre a sus hijos o hijas”.
Con estas reformas se impondrán penas de 4 a 8 años de prisión a quienes incurran en este delito y en caso de que las víctimas sufran daño físico se duplicarán las sanciones.
“La ley vicaria es una ley que garantiza a las mujeres que se castigue a los agresores de este delito”.
En la conferencia, la diputada estuvo acompañada por la cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Alexandra Volin-Bolok Lovett, quien se dijo agradecida con la diputada y su equipo por hacer posible las reformas en Guerrero pues así los agresores podrán ser llevados a juicio y los hijos podrán regresar con sus madres.
Reflexionó que en el país la institución mas vulnerada es la familia y cuando está no es solida da como resultado una sociedad débil, indicó que en el Frente hay 3 mil 500 mujeres en todo el país que son víctimas de violencia vicaria, pero aún faltan nueve entidades en el país que regulen sus leyes para que el delito pueda ser sancionado.
En la conferencia la diputada también estuvo acompañada por la presidenta de Acciones para Transformar, Sayda Tapia Díaz, y Vinaey Benavidez Bataz, líder de la zona poniente de Acapulco
La Diputada local por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez durante su participación en tribuna en la sesión del Congreso para presentar el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Guerrero, en materia de violencia ácida conocida como “Ley Malena” Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó un adendum (modificación) de la Comisión de Justicia para agregarse a la reforma de la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, porque en las reformas aprobadas el pasado 8 de junio ninguno de los diputados presentes se percató que no se incluyó la “violencia política en razón de género” como una causal para no tener registro como candidato.
Al inicio de la sesión, el pleno aprobó con 44 votos a favor, cero en contra y una abstención, un adendum de la Comisión de Justicia, el cual fue fechado el viernes 9 de junio pasado; sin embargo, éste se aprobó hasta ayer porque el pleno no había sesionado.
Se trata de un agregado que se realizó al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan de la ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el 8 de junio pasado.
En la sesión se leyó el documento enviado por la Comisión de Justicia que plantea que “sea agregado el adendum rectificatorio”.
Se detalla que es en materia de la denominada Ley 3 de 3 y que es “en particular la homologación a la reforma constitucional federal… en lo relativo de la violencia política en razón de género y la inconstitucionalidad declarada respecto en la causa de elegibilidad llamada modo honesto de vivir”.
En la lectura no se dan mayores detalles del adendum, por lo que al final de la sesión se consultó a la secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, quien confirmó que en el dictamen aprobado el pasado jueves no se incluyó como causal para no ser postulado a quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género, y que fue eso lo que se agregó ayer.
La legislación aprobada el jueves y publicada el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se plantea que se suspenden los derechos políticos y electorales a agresores que tengan sentencias firmes por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo sicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
También se establece que no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
Pero no se estableció que quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género no podrán ser candidatos.
El viernes de la semana pasada se venció el plazo -de 90 días previos al arranque del proceso electoral- que establece la ley para que se realicen y publiquen las reformas en la materia y que estas sean aplicables para el próximo proceso.
La diputada morenista consideró que el incluir hasta ayer como causal el tener sentencia firme por violencia política en razón de género, no tendría que tener repercusiones legales y que debería ser aplicable para el próximo proceso electoral.
Iniciativa sobre la violencia ácida
La morenista Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado para incluir a la violencia ácida como un tipo de violencia que provoca lesiones y causa daño físico irreversible a la mujer.
La priista Flor Añorve Ocampo planteó una reforma a la Constitución del estado para incorporar como requisito la presentación del Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular o fungir como jueces, magistrados, auditor superior, integrante del Consejo de Políticas Públicas, consejo de la Judicatura o defensor general del Instituto de la Defensoría.
La sesión
En la sesión quedaron de primera lectura dictámenes de reforma y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en materia de violencia vicaria, y otro por el que se declara improcedente una iniciativa de reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También se aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Andrés Guevara Cárdenas por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, para que el Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente de mejoramiento integral de barrios implementado en Iguala para que se cumpla con los requerimientos de calidad de obra pública en la renovación integral del Centro Histórico.
También se aprobó un exhorto del morenista Antonio Helguera Jiménez a los municipios de la entidad para que de manera oportuna convoquen a elección de comisarios y comisarías de sus respectivas localidades.
Y antes de concluir la sesión se eligió y tomó protesta a las y los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del Segundo Año de la actual legislatura, la Mesa Directiva es la misma ya que su periodo concluye el último día de agosto, los vocales propietarios, son Claudia Sierra Pérez, Rafael Navarrete Quezada, Leticia Mosso Hernández, Gabriela Bernal Reséndiz, Jessica Ivette Alejo Rayo, Nora Velázquez Martínez y Bernardo Ortega Jiménez; vocales suplentes, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Esteban Albarrán Mendoza, Angélica Espinoza García, Estrella de la Paz Bernal y Carlos Reyes Torres.
El dirigente de la Unión de Pueblos Comunales de Acapulco, Benigno Carmona Elacio, se quejó del servicio en el módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicado en la Garita, porque primero le dijeron que le aceptarían una carta de radicación para el trámite de su credencial y al momento de entregar los documentos no se la aceptaron.
Dijo que le exigieron llevar dos testigos que confirmen su lugar de residencia, y expuso que ese es un gasto que no pueden hacer quienes viven en comunidades rurales del municipio.
En una llamada a El Sur, Carmona reprochó que el INE invite a los ciudadanos a renovar la credencial de elector y cuando llegan a los módulos de atención les pongan trabas.
“Mucha gente está sufriendo para hacer el trámite, vienen des-de lejos y les dicen que sus documentos no están bien o no se los aceptan , eso cuesta”, se quejó.
Explicó que llegó al módulo de la Garita y en lugar de comprobante de domicilio presentó una carta de radicación emitida por el comisario de Apanhuac, donde vive, y quien lo atendió al llegar le dijo que era válida.
Sin embargo, ya cuando entregó los documentos le dijeron que debía llevar dos testigos que vivan en el mismo pueblo y eso “implica gastar en pasaje y comida para que vengan”, reprochó, y pidió que haya más información o facilidades en algunos casos.
