Etiqueta: violencia política en razón de género

Llama Movimiento de mujeres a los partidos a evitar la violencia política en razón de género

El Movimiento Nacional de Mujeres. Por Ella, Por Todas, encabezadas por Teresa Ramos Arreola, Lorena Villavicencio Ayala, Teresa Mojica Morga, Mariana Benítez Tiburcio y Elodia Vargas Lima, al frente, ayer en la conferencia de prensa Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

Representantes del Movimiento Nacional de Mujeres. Por ella, Por todas, señalaron que los partidos políticos tienen la responsabilidad de evitar que se ejerza la violencia política en razón de género.
Exigieron que no deben permitir que la paridad se convierta en un instrumento de “patriarcado” y señalaron que estaban en el Movimiento para hacer valer lo que ya se ganó y lo que falta.
La confundadora del movimiento, la ex diputada federal por Morena, Lorena Villavicencio Ayala, dijo que desde Guerrero mandaban el mensaje a los partidos políticos para decirles que “estamos atentas para que tomen las medidas que sean necesarias y evitar cualquier acción que implique menoscabar el derecho político de cualquier mujer candidata”.
Pidió que la paridad de género no se utilice para elegir a las mujeres que consideren “más adecuadas”, porque “necesitamos que la paridad recaiga en aquellas mujeres que están haciendo un gran esfuerzo y que han aportado en la vida política la vida social. Que sean mujeres que realmente garanticen que la agenda de mujeres sea amplia, se respete y que los derechos se ejerzan plenamente”.
Dijo que esa era la postura del Movimiento y que ahí estaba para apoyar a las mujeres que sean violentadas.
En conferencia de prensa en el hotel Emporio, integrantes del Movimiento manifestaron que están conscientes de que falta un largo trecho, “pero tenemos que ir en la construcción de eso que falta, incluye nuestros derechos políticos en condiciones de seguridad, de respeto absoluto y tener exactamente las mismas condiciones”.
Mientras que Mariana Benítez Tiburcio señaló que uno de los temas más importantes de la agenda es el feminicidio, porque “sabemos que este flagelo sigue arrebatándole la vida a las mujeres y que es diez en promedio al día”.
Señaló que son altísimos las cifras de mujeres que han sido violentadas, “para nosotros es importante la erradicación de la violencia en todas sus formas, violencia sexual, sicológica, física, patrimonial y política”.
Indicó que un punto importante para erradicar esto tiene que ver con “fiscalías autónomas en todo el país para investigar estos delitos, porque la tasa de impunidad de los delitos es altísima”.
Indicó que no quieren estar hablando de delitos y de penas sino que ya no sucedan, por eso “estamos planteado el Sistema Nacional de Prevención de las Violencia de Género donde se den recursos, política, visión de medidas a largo y mediano plaza para ir erradicando las violencias desde los hogares, donde se tiene una altísimo incidencia, desde las escuelas y espacios laborales y por supuesto en la política”.
Señaló que la violencia política afecta de manera desproporcionada a las mujeres y han venido trabajando por mucho en fortalecer el marco legislativo. Recordó que en el 2020 hubo una reforma muy importante y “hoy estamos en riesgo de que sigan habiendo expresiones de violencia contra nuestras candidatas en todo el país”.
Agregó que en el INE se hizo el esfuerzo de que haya una defensoría de las mujeres, “es un proyecto piloto, porque no quisieron aprobar la defensoría, y ahí es donde nosotros como activistas feministas vamos a estar pendientes de que cualquier mujer que requiera apoyo y acompañamiento; cuando uno es candidata se siente sola y perdida, porque no nos sentimos arropadas”.
Por eso se debe dar acompañamiento a las mujeres candidatas y dar seguimiento ante el INE y los órganos locales para que el acceso a la justicia electoral, en caso de violencia política sea atendida.
En la conferencia también estuvo Teresa Mojica Morga, hermana de quien será candidata a senadora por Morena, Beatriz Mojica.

 

Revoca el Trife la sentencia del TEE contra Alfredo Sánchez por violencia de género

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Sala Regional de Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero que declaraba existente la violencia política en razón de género por parte del diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, en contra su compañera de bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
La sentencia, votada por unanimidad en la sesión que se difunde en redes sociales, concluye que no se actualiza la denuncia de violencia política hacia las mujeres en razón de género.
En la síntesis del proyecto se detalla que se acumularon los juicios 259 y 260, a fin de analizar, por un lado, los agravios señalados por el imputado y la denuncia de Domínguez Serna sobre “la inexacta calificación de la conducta”, para que la sala regional se pronunciara sobre la sanción, así como las medidas de reparación integral y no repetitivas impuestaa a Sánchez Esquivel.
De entrada, la sala estableció que los tribunales electorales sí tienen competencia en la resolución de controversias de naturaleza parlamentaria, en aquellos actos que no se enmarquen en el ejercicio de la función legislativa, que argumentó como agravio el imputado.
Por otro lado, señaló que no se podía imputar de manera directa y exclusiva al acusado la autoría de un comunicado firmado por la fracción parlamentaria de Morena, el 14 de marzo de este año, como una de las acciones de violencia política en razón de género, “pues claramente se trata de un posicionamiento general de la bancada de ese instituto, como se advierte de su lectura integral”. Se trata de un posicionamiento sobre el nuevo sindicato en el Congreso local, que protestó en esas fechas.
Por tanto, aclaró: “No puede concatenar (el comunicado) con los demás, para ser considerado como parte de las conductas que en su caso pudieran ser generadores de violencia política contra la denunciante”.
Pero declaró infundado el agravio que planteó el diputado, sobre la incongruencia de la resolución que se pronunció por violencia simbólica, cuando la denuncia fue por violencia psicológica. Explicó que, con independencia del tipo de violencia que se argumente, los tribunales deben hacer un análisis de todos los posibles tipos de violencia.
Confirmó que Sánchez Esquivel tiene razón al afirmar que los escritos de respuesta en la denuncia “no se pueden considerar como una confesión expresa, pues es evidente que se trata de argumentos generales, donde sostiene que los planteamientos de la denunciante son dentro del debate parlamentario y están fuera de la competencia electoral, maxime que contestó en lo individual cada uno de los casos denunciados”.
El tribunal determinó que fueron incorrectas las consideraciones del tribunal local sobre la existencia de la mayoría de los actos denunciados, dado que los hechos sucedieron fuera del debate parlamentario, en reuniones de trabajo del grupo parlamentario de Morena, sin una agenda legislativa, en pasillos del órgano legislativo, entre las curules del salón de plenos y en la presidencia de la Jucopo, excepto la reunión del 17 de mayo, y no está acreditada la totalidad de las frases que fueron imputadas al acto.
Enfatizó que en la violencia política de la que se le acusó sólo se deben considerar expresiones efectivamente probadas.
Por lo anterior, dijo que no se advierte algún tipo de violencia contra la denunciante, en menoscabo o para anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos político-electorales o en razón de su género.
Sobre el juicio que promovió Domínguez Serna, indicó que los agravios son “inatendibles, porque su pretensión es que esta sala regional revise si la sanción y las medidas de reparación integral y no repetitivas, ordenadas por el TEE, resultan apegadas a derecho o no”.

 

El Trife, omiso al desacreditar sentencia del TEE contra líder de Morena: Muriel

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Red para el avance político de las mujeres, Muriel Salinas Díaz, criticó que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial (Trife), redujera la sentencia del Tribunal Electoral del Estado(TEE) hacia el dirigente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona. Donde el TEE acreditó violencia política en razón de género hacia la diputada local priista Gabriela Bernal, el análisis del Trife lo minimizó a una alusión a su belleza, “como si fuera un piropo”, reprochó.
En entrevista telefónica, señaló que la Sala consideró excesivas las sanciones que impuso el tribunal local, porque según los magistrados las expresiones del dirigente “se hicieron en el marco del debate parlamentario y en el ejercicio de su libertad de expresión”, y sin explicaciones afirman que no están basados en estereotipos de género.
Informó que el 18 de octubre, organizaciones de mujeres en el estado y nacionales, presentaron a los magistrados de Sala Regional un Amicus Curiae (opinión jurídica) para este caso, y llamaron a analizarlo en el contexto de la violencia hacia las mujeres en Guerrero, y de la violencia generalizada, porque la resolución tendría repercusiones en otros asuntos de violencia política en razón de género.
De cara al proceso electoral, indicó que generaría confianza en los tribunales de garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, señaló que emitieron un mensaje de impunidad al exonerar a un agresor.
Señaló que la Sala fue omisa al no considerar jurisprudencias, donde se establece que discursos discriminatorios, como el del dirigente de Morena, no deben ser considerados como limitantes válidas en la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de líderes de partidos, obligados a atender y sancionar todas las modalidades de violencia.
“Carente de perspectiva de género (la sentencia dictada el jueves), se pasa por el arco del triunfo todas las jurisprudencias sobre los límites de la libertad de expresión, revictimiza a la diputada, y a las demás mujeres que han interpuesto recursos, por las repercusiones que habrá, a partir del sentido de esta resolución”.
Para desacreditar la denuncia de violencia política, señaló que “la Sala manipula los hechos, afirmando que el presidente de Morena hizo alusión a la belleza de la diputada, dejando fuera las expresiones que menoscaban o poner en entredicho las capacidades de una mujer diputada”. Lo más grave, dijo, es que la alusión a su belleza física no fue considerada como un estereotipo de género.

 

Amplían denuncia contra el dirigente de MC; retuvo pago a ex dirigente de Mujeres

Daniel Velázquez

La ex delegada de Mujeres de Movimiento Ciudadano (MC), Nereyda de Jesús Silvar Bravo, amplió su denuncia contra el coordinador estatal de ese partido, Julián López Galeana, está vez por violencia económica, al suspenderle éste la prerrogativa que le entrega el partido mensualmente por el trabajo partidista que realiza.
La ampliación de la denuncia se hizo en la unidad de Género de la Fiscalía Regional Acapulco.
En declaraciones, Silvar Bravo dijo que lo que denunció fue que este mes le fue suspendida su prerrogativa, lo que se configura como violencia económica. En la Fiscalía le informaron que López Galeana será notificado hoy para que justifique por escrito los motivos del porqué impidió el acceso y rescindió sus actividades como delegada de Mujeres en MC.
En la ampliación de la denuncia, Silvar Bravo también señala que desde el 2 de octubre ya no se le permitió el acceso a las instalaciones de MC, lo que también se configura como violencia política, pues dio instrucciones de que no se le permitirá el paso, por lo que no pudo sacar sus pertenencias, incluida su computadora y medicinas “de alto costo,” que son obtenidas mediante una asociación que ella encabeza.
La ex delegada de Mujeres presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por amenazas. De ahí fue enviada a la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, luego el caso fue tomado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política en razón de género y enviado a la Comisión de Justicia Intrapartidaria de MC.
Esta es la segunda queja que se conoce por violencia política en razón de género contra López Galeana. La primera fue presentada por la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez por las opiniones que el líder partidista dio sobres la reunión de la alcaldesa con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Ayer por la tarde, se buscó vía telefónica a Julián López, pero no fue posible hablar con él.

 

Se dice Sánchez Esquivel “sorprendido” por resolución de Morena de expulsarlo

Daniel Velázquez

El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel se dijo “sorprendido” por la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena e informó que el caso ya está en la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Sánchez Esquivel fue denunciado por la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso local, Arlen Siu Sarabia Peña, por violencia política en razón de género, porque el diputado dijo: “las mujeres no sabemos hacer nada, que sólo servimos para secretarias”. En su resolución del 13 de julio, la CNHJ de Morena validó el alegato de la quejosa y por esa razón sancionó al diputado con la expulsión del partido.
Luego de inconformarse con esa resolución, el pasado 20 de septiembre el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en votación dividida, ordenó a la Comision revisar el caso. En la nueva determinación de la CNHJ del pasado 4 de octubre los comisionados recularon, y resolvieron que no hubo violencia política en razón de género contra Sarabia Peña, pero que sí hubo violación al Estatuto de Morena y por eso mantienen la sanción impuesta al diputado.
Consultado por teléfono, el diputado dijo: “si ellos dicen que no hay violencia política en razón de género en contra de la compañera Siu, ¿cómo pueden mantener la expulsión? Es la pregunta del millón.
“Tengo una sanción, por una falta que la propia Comisión dice que no cometí, que no la pueden acreditar”.
Informó que ya recurrió al Trife pues el día de los hechos que señala Sarabia Peña, 15 de agosto de 2021, fue domingo a las 7 de la noche, fecha en la que él no estuvo en el Congreso, “y lo demuestro con fotografías certificadas y documentales y no hubo descuentos a su salario”. Recordó que en ese entonces tenía acompañamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes hacían reportes de con quién se reunía y dónde estaba y esos reportes entregó a la Comisión.
“Es un tema triste y penoso porque se construye a partir de señalamientos, de díceres, así es como han construido los argumentos, poniendo fechas que no corresponden, horas en las que no estuvimos”.
Consideró que la resolución de la CNHJ de Morena “es un gran paso” pues se acreditó que ni los comisionados pudieron sostener sus argumentos y también en el TEE uno de los magistrados advirtió que el caso es de índole laboral y no de violencia política porque lo que se alegaba era disminución de salarios.
Sostuvo que la acusación en su contra “es una persecución política de una confabulación de un conjunto de personas que armaron una historia y a medida que pasa el tiempo no se puede sostener”.
“Aquí el agraviado soy yo, porque no es otra cosa mas que una denuncia falsa para poderme perjudicar y así ha sido demostrado en tribunales”.
“A alguien le interesa, está muy motivado de que yo esté fuera de Morena, ese es el centro del tema”.
Dijo que es “contradictorio” que la Comisión haya refutado su propia resolución, y por eso ha acudido al Trife, para que los magistrados hagan un análisis profundo y exhaustivo del caso, “para que mis derechos políticos queden salvaguardados”.
A las mujeres que protestaron en su contra les preguntó si ahora que la CNHJ de Morena determinó que no hubo violencia política contra Sarabia Peña se van a reunir para ofrecerle disculpas, “o ya fui señalado, ¿y hasta ahí nomas?”.
Marco Antonio García Morales fue detenido el 18 de diciembre de 2019, cuando ocupaba el cargo de jefe de Gabinete en la administración del alcalde Dionicio Merced Pichardo García.
El imputado estuvo preso en la cárcel de Atlamajac hasta el 30 de septiembre de 2022, cuando se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva a la de libertad bajo el argumento de enfermedad, además de una multa de 100 mil pesos y la orden de firmar cada semana.

Fundada, sanción contra el líder de Morena por violencia política de género, dice el TEE

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Evelyn Rodríguez Xinol, sostuvo que la sanción contra al presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, por violencia política de género, está fundada.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena Jacinto González Varona, consideró que las sanciones que recibió como su inscripción en el registro local de personas sancionadas por cometer esta infracción, una multa de 15 mil pesos, tomar cursos en materia de respeto de los derechos de las mujeres, y una disculpa pública, fueron desproporcionadas.
De es impugnación entregado el 4 de agosto en el TEE, con el que González Varona busca que el tribunal federal revoque la sentencia en la que se declara que cometió violencia política en razón de género contra Gabriela Bernal Reséndiz, la magistrada recordó que las sanciones fueron aprobadas por unanimidad después de un estudio adecuado.
Al respecto, Evelyn Rodríguez dijo que “no es una sentencia de la presidencia, es una sentencia colegiada, discutida, analizada, fundada, motivada y justificada, apegada a la norma electoral y al marco jurídico que regula estas conductas de violencia política en razón de género”.
La magistrada destacó que realizaron un “análisis exhaustivo de la infracción, y bueno esta sanción se incrementó porque tiene el agravante de ser un presidente de un partido el que generó esta violencia, esta es la única explicación del porqué”. Sostuvo que en el TEE están seguros de que “actuamos conforme a derecho y que es la sanción correspondiente”.
Dijo que enviarán este medio de impugnación a la Sala Regional de la Ciudad de México y esperarán la resolución para que sea confirmada o revocada.

Pide a actores políticos ser mesurados en sus declaraciones

Rodríguez Xinol alertó que se recrudece la violencia política de género en el estado, a días del arranque del proceso electoral 2023-2024; llamó a los actores políticos a ser mesurados y prudentes en las declaraciones para no incurrir en este delito.
En declaraciones en el TEE, la magistrada presidenta reconoció que “está recrudeciéndose la violencia política en contra de las mujeres”. Dijo que han llegado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) las denuncias, y es precisamente ese órgano el que hace una primera investigación y recaba pruebas para posteriormente remitir el expediente al órgano jurisdiccional.
El llamado del TEE ante el inicio del proceso electoral y este incremento de denuncias por violencia política de género es a “a ser mesurados, a ser prudentes con las declaraciones, y garantizar la libre participación de las mujeres y de los hombres, en igualdad de circunstancias para que sea un proceso transparente y armonioso”.

Extraña que un diputado no acate un fallo del TEE, señala Gómez Maganda

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta del Colectivo 50+1 capítulo Guerrero, la priista Guadalupe Gómez Maganda, denunció que junto con la actitud machista que tiene el presidente de Morena en el estado, Jacinto González Varona, al negarse a acatar una sentencia que lo sanciona por violencia política en razón de género, “es extraño” que como legislador se resista a acatar las leyes.
En conferencia de prensa en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), para celebrar la sentencia del juicio que promovió la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, contra el dirigente de partido y diputado local, por sus expresiones en una reunión con mujeres de Morena en Ometepec, que trascendieron a redes sociales, cuestionó que el agresor haya impugnado la determinación jurisdiccional.
“No sólo es una actitud machista, sino que es extraño en alguien cuya función es hacer leyes, y no quiere acatar la ley, se oponga a cumplir una sentencia debidamente dictada por la autoridad competente, y que bueno, él tiene derecho para impugnar. Pero tendrá que acatar, en el caso que se ratifique, lo que esperamos, por el hecho de que la votación fue unánime. Tiene que cumplir en lo que resolvió el Tribunal Electoral del Estado porque es una resolución vigente”.
Añadió que es muy difícil echar abajo una resolución que fue tomada por unanimidad de votos en el tribunal local, para que González Varona se disculpe con la agraviada, pague una multa, se abstenga de acciones que configuren violencia política en razón de género y su inscripción por un año y cuatro meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Gómez Maganda añadió que es un precedente para el próximo proceso electoral, donde se van a elegir más 20 mil cargos en todo el país, y el colectivo 50+1 estará observando la actuación de las autoridades electorales, para que atiendan y sancionen este tipo de violencia, que seguramente se va a recrudecer en este periodo.
Subrayó que todos los actores políticos deben actuar conforme a los documentos que regulan su función.
Momentos antes del acto de firma del Convenio Multilateral de Apoyo y Colaboración, con el que se establecen bases de coordinación y colaboración a víctimas y la elaboración de análisis de riesgo en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, organizado en el TEE por la delegación del INE en Guerrero, la líder del colectivo señaló que esperaba saludar a la consejera nacional, Carla Humphrey, que tiene la propuesta de crear una defensoría pública para brindar asesoría y acompañamiento a las mujeres.
Señaló que sería un mecanismo importante para la prevención, y no sólo esperar a que se ejerza la violencia para sancionarla. Sin embargo, Humphrey sólo tuvo una participación virtual en la actividad, ante el comienzo del proceso electoral este jueves.
En la conferencia, Gómez Maganda enfatizó en que van a insistir en que se respete la ley y que quienes ejercen funciones en los órganos electorales la cumplan, “afortunadamente se han fortalecido estas leyes electorales, por ello es importante defender al INE y al tribunal, y decir que estamos muy satisfechas con su trabajo, por eso lo venimos a reconocer”.

 

Recurrirá el fallo del TEE, adelanta Jacinto González

El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona es entrevistado por reporteros en la consulta sobre salud, alimentación y entornos saludables, en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, dijo que recurrirá a la siguiente instancia luego del fallo en su contra del Tribunal Electoral del Estado (TEE), pero se negó a abundar sobre el tema, pues dijo serán los abogados quienes lleven el caso.
El TEE resolvió que González Varona sí incurrió en actos de violencia politica en razón de género y ordenó que su nombre permanezca en la lista de personas sancionadas por esta falta por un año cuatro meses, también le impuso una multa de 15 mil pesos, deberá presentar un disculpa pública y tomar cursos sobre el respeto de los derechos de las mujeres.
El morenista fue sancionado por referirse a la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz como ejemplo de la estrategia política empleada por el PRI en el proceso electoral de 2018, que promovió su imagen en la candidatura al Senado y no la del titular de la fórmula, el todavía senador Manuel Añorve Baños.
Consultado por telefono, González Varona dijo que no ha sido notificado sobre el fallo en su contra. “Este tema lo van a atraer los abogados, preferiría no hablar de esto, para no seguir moviendo el tema. Pero decirte que no se va a quedar ahí, los abogados le van a dar seguimiento en las demás instancias, lo van a analizar bien los abogados”.
A pregunta sobre cuál será la funcion del Comité Estatal durante los días en que se aplicará la encuesta, el presidente del CEE de Morena dijo que durante los diez días que estará en proceso el levantamiento de la encuesta, del 27 de agosto al 6 de septiembre, para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, los integrantes estarán en veda y suspenderán todas sus actividades, para que no se malinterprete alguna acción que puedan realizar.
Indicó que el comité no va a participar en el proceso de levantamiento de la encuesta, que todo eso es supervisado y operado por el Comité Nacional.
Agregó que después del 6 de septiembre, el CEE empezará una consulta sobre lo que los guerrerenses quieren que haga el coordinador de los Comités de Defensa de la Transformacion para el desarrollo del estado, la cual concluirá en diciembre.

 

Denuncia Norma Otilia al secretario de Gobierno y a dirigentes de partidos por violencia política

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, denunció por violencia política en razón de género al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso; a los dirigentes estatales del PRD, Alberto Catalán Bastida; del PAN Eloy Salmerón Díaz; de MC, Julián López Galeana, incluso de su propio partido Morena, Jacinto González Varona, por declaraciones emitidas a partir de que fueron exhibidos videos de una reunión que la edil tuvo con un presunto jefe criminal.
La alcaldesa también denunció a dos periódicos de la capital Diario de Guerrero y Vértice, en los cuales dice que se le han dado una decena de apodos y calificativos que considera peyorativos y que buscan ridiculizar, lesionar o dañar su dignidad e integridad.
Se trata de tres denuncias de las cuales tiene copia El Sur. Éstas se encuentran en instrucción en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), donde la Coordinación de lo Contencioso Electoral determinará la línea de investigación para posteriormente integrar el expediente, atender los señalamientos y requerimientos en las quejas.
En un documento fechado el 8 de agosto, la alcaldesa presentó una denuncia como Procedimiento Especial Sancionador (PES) ante el IEPC por presunta violencia política en razón de género en su contra.
Norma Otilia Hernández señala en su denuncia que después de que se dieran a conocer diversos videos en redes sociales “en los que pretenden involucrarme en conductas delictivas, mismas que no he cometido”, y que en su contra se ha “desatado una andanada”, la cual “ocasiona la violencia política en razón de género”.
La morenista señaló en que a partir de que se conocieron estos videos en diversas notas periodísticas publicadas del 6 al 19 de julio, las personas denunciadas realizaron “expresiones” que tenían “la intención de generar violencia de género de manda indirecta al hacer presión desde los cargos que ostentan con la finalidad de presionar u obligar a la suscrita a dejar el cargo que actualmente ostento”.
El principal señalamiento contra Ludwig Marcial Reynoso es por declaraciones a diversos medios en los que señala que es responsabilidad de la presidenta municipal el valorar, analizar o reflexionar la posibilidad de separarse del cargo en tanto se realizan las investigaciones después de conocerse fragmentos de video de la reunión con el presunto jefe criminal.
Incluso, en su denuncia, Norma Otilia Hernández incluyó capturas de las páginas de noticias en las que se observan las imágenes de la edil saludando al líder del grupo criminal.
Contra el dirigente estatal de su partido Morena, la alcaldesa señaló también declaraciones de Jacinto González en las que planteó que la edil debe valorar el solicitar licencia.
En contra de Alberto Catalán, incluyó notas periodísticas de declaraciones en las que el dirigente perredista exige la “renuncia” de la presidenta municipal, otras en las que señaló que es la edil es “quien genera violencia” en el municipio.
Contra el panista Eloy Salmerón también presentó como evidencia notas periodísticas en las que pide o exige a la alcaldesa que “renuncie”, en el mismo sentido acusó al dirigente de MC Julián López.

Hubo “presión mediática”

La presidenta municipal señala en su demanda que, las expresiones del secretario de Gobierno y de los dirigentes de los partidos políticos “realizan violencia indirecta” porque señala que se busca “ejercer presión mediática con la finalidad de obligar a la suscrita a renunciar al cargo por hechos delictivos que ni siquiera está acreditado fehacientemente que los haya cometido”.
Plantea que los dirigentes de los partidos ni el secretario han realizado señalamientos en el mismo sentido por los casos de alcaldes varones que también son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la edil considera que no piden su “renuncia” porque se trata de hombres y no de una mujer.
Hernández Martínez consideró en su demanda que estas declaraciones se dan para “generar una presión social” y que como los denunciados ostentan cargos públicos se genera una “percepción negativa de mi persona en la ciudadanía, lo que provocaría que se rumore a voces que debo pedir licencia, renunciar, y con ello, se provoca deslegitimizar el gobierno que presido”.
Lo cual señala, “son reprochables al menoscabar mi imagen y derechos político-electorales del cargo que actualmente ejerzo como presidenta municipal, dado que, a través de las distintas declaraciones denunciadas pretenden nulificar mi capacidad para gobernar el municipio de Chilpancingo de los Bravo, aseverar que soy responsable de cometer delitos que no realmente no ha sido así, además de generar presión mediática que influye directamente a la ciudadanía en general para renunciar o pedir licencia al cargo que ostento(sic)”.
En su demanda, también solicitó medidas que consisten en que los denunciados se abstengan de emitir declaraciones, comentarios, manifestaciones o expresiones a ningún a ningún medio de comunicación “consideradas como violencia política de género” así como abstenerse de “emitir cualquier expresión que sugiera, inviten, inciten, coaccione, o presione con la finalidad de hacerme renunciar o pedir licencia del cargo… que traten de nulificar la capacidad de la suscrita para gobernar y presidir” el ayuntamiento capitalino.
También plantea que el Tribunal Electoral del Estado determine la sentencia algunas medidas de reparación integral del daño como el suscribir a las personas denunciadas en el padrón nacional o local de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Medios denunciados

Norma Otilia Hernández denunció también al periódico Diario de Guerrero, porque ha publicado notas y columnas en las que dijo se busca “ridiculizarme, lesionar y dañar mi dignidad e integridad, toda vez que se refiere a mi como ‘lady Pachangas’; ‘Obedezco a mi esposo’; ‘Obedezco al Senador Félix Salgado Macedonio’; ‘Otilandia’; ‘Ignorante’, entre otras”.
Consideró que se busca generar la percepción de que como mujer “no soy capaz de desempeñar de manera correcta un cargo de elección popular”, y promueven “el rechazo de la ciudadanía y discriminación de la misma”, porque se busca con esos calificativos el ridiculizarla, “ser objeto de burla”.
Pidió como medida cautelar que el periódico se abstenga de publicar notas que contengan comentarios o expresiones que puedan considerarse como violencia política de género, que publique una disculpa pública la misma cantidad de días en los que se acreditó que fueron difundidos dichos calificativos y sobrenombres contra la alcaldesa.
En esa misma denuncia se plantea que idéntica medida cautelar sea aplicada para el periódico Vértice Diario de Chilpancingo y que dejen de publicar textos con contenido sexista, además de establecer una multa “por los actos sistemáticos generadores de violencia política en contra de la suscrita”.
Así como inscribir en el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres al director general de Vértice Diario de Chilpancingo, Dan Nobel Castorena Salgado.
Pero también se presentó una denuncia específica contra Vértice Diario de Chilpancingo y se acompaña con al menos 70 publicaciones principalmente de columnas publicadas desde el 25 de noviembre de 2021 hasta mayo pasado.
Norma Otilia pidió que se certifique el contenido de estas publicaciones, en las cuales “pretenden ridiculizar, lesionar y dañar mi dignidad e integridad”, y que se intenta recurrentemente generar la imagen de que es una mujer “obediente a un hombre”.

 

No hay voluntad para incluir la violencia contra mujeres en la 3 de 3 local: PRD y MC

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El poder Ejecutivo demostró que no tiene voluntad para garanizar la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, al devolver el addendum rectificatorio para el decreto 471 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, donde se incluye la violencia política en razón de género que se omitió, denunciaron las integrantes del PRD y MC, Sol Cuevas Serrano y Yunuen Castellanos Lucero.
La titular de la Unidad contra la Violenica Política en Razón de Género del PRI estatal, Greta Ventura Lemus, añadió que todavía se revisa en el Congreso local un acercamiento con el poder Ejecutivo, para que acepte el addendum rectificatorio y pueda ser ley para el siguiente proceso electoral.
La presidente de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, opinó que la Consejería Jurídica se extralimitó en su funciones, al negar esta posibilidad de corregir una omisión, en un procedimiento que ya ha sido usado por el poder Legislativo y aceptado por el Ejecutivo estatal.
En denuncia telefónica, Salinas Díaz explicó que el proyecto de reforma que se aprobó en la Comisión Justicia del Congreso local, es distinto al que se votó en el pleno, que omite la violencia política en razón de género, como se plantea en la llamada 3 de 3.
Insistió en que el pleno, tenía que haber aprobado exactamente el proyecyo aprobado por la Comisión de Justicia, pero fue otro el que llegó a la votación general, y el 9 de junio se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Aunque el 13 del mismo mes, la Mesa Directiva dio curso al trámite del addendum, firmado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia, para aclarar lo que “erroneamente fue omitido”, el docuemnto fue devuelto por el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, argumentando el análisis de la Consejería Jurídica.
Por ello es que el addendum perdió vigencia, porque ya se superó el plazo de 90 días de antelación para que le agregado se aplique en el próximo proceso electoral.
La activista por los derechos politicos de las mujeres opinó que el Ejecutivo no quiso resolver de manera más objetiva esta situación, “no es una nueva reforma, es un addendum rectificatorio. Habiendo una voluntad política y garantista de los derechos de las mujeres, pudieron darle curso a la reforma con esta consideración”.
Sin embargo, señaló que independiente de si se resuelve en lo local la legislación, la 3 de 3 ya es un mandato en la Constitución de México. Por lo que adelantó que los lineamientos que apruebe el Instituto Electoral y de Participación Ciudadada (IEPC) se tendrán que apegar al marco constitucional en materia electoral, que suspende los derechos para acceder a cargos de elección popular a quienes hayan sido sancionados.
Adelantó que la red va a estar acompañando y vigilando la aplicación de la 3 de 3 en Guerrero, exigiendo a los partidos políticos y a los órganos electorales que cumplan con las disposiciones constitucionales.
Añadió que devolver el addendum al Congreso envía un mensaje de impunidad a los agresores, “pero no exime al Ejecutivo de cumplir con la 3 de 3, para suspeder a quienes ocupen cargos en toma de decisiones, y que se ecuentren en el supuesto de haber sido sancionados por violencia familia, sexual o sean deudores alimentarios”.
La consejera estatal y congresista nacional del PRD, Sol Cuevas, estimó que sin la 3 de 3 completa para el proceso electoral, debe haber un llamado a los partidos políticos para que asuman la responsabilidad de elegir actores políticos que cumplan un perfil ético, que la estructura vigile que no participen violentadores de mujeres en las próximas elecciones.
Recordó que junto con otras activistas políticas estuvo en el Congreso local, durante la aprobación de la reforma electoral sobre violencia de género.
“Aplaudimos la participacion de todos, nos fuimos muy contentas, después nos informan ‘que se nos pasó’. Aun así, si no se aprobó la violencia política como sanción a los infractores, por consciencia, los agresores deben quedar fuera”.
La integrante de la Comisión Operativa de MC, Yunuen Castellano, lamentó que el Ejecutivo estatal haya rechazado el addendum para atender un procedimiento legal, “porque efectivamente, ya habían votado y mandando (para su publicación), pero cuando revisan los legisladores, que no está incluida la violencia política, que era uno de los motivos de la reforma, pudieron hacer el ajuste para que entrara en vigor”.
Sobre todo, indicó que debían considerar que Guerrero tiene varios agresores en la lista de personas sancionadas por violencia política en razón de género y que las mujeres los quieren fuera del proceso electoral.
Dado que las saciones para quienes comenten violencia política son muy cortas y baratas, indicó que dejarlos fuera de las elecciones es la única medida efectiva para evitar estas conductas.
“Que no se haya metido esta cláusula nos preocupa, nos alarma. Creo que va a suceder que el Ejecutivo se va a mantener en esta posición. Sabemos qué partido gobierna el estado, tienen agresores de mujeres en su partido, que no quieren dejar de participar en las siguientes elecciones”, recriminó.
Por separado, la titular de la Unidad contra la Violenica Política en Razón de Género del PRI estatal, Greta Ventura, indicó que en el Congreso local todavía se analiza un acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado Pinera, para que acepte el addendum retificatorio.
Insistió en que el gobierno estatal debe valorar a quién beneficia dejar fuera el addendum de la ley, sobre todo cuando la actual administración se dice defensora y constructora de garantías para las mujeres.
Aclaró que aún existe una posibilidad y si no pasa, todavía están los grupos de mujeres “que estoy segura que vamos a poder hacer algo”.
Reconoció que el hecho de que la reforma no esté en la ley electoral local, obliga a las mujeres aspirantes a distraerse de los procesos internos de sus partidos, para evitar que agresores sean postulados a cargos de representación. “Nos distrae, nos quita tiempo y recursos, cuando debería estar en la ley”.