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No hay voluntad para incluir la violencia contra mujeres en la 3 de 3 local: PRD y MC

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El poder Ejecutivo demostró que no tiene voluntad para garanizar la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, al devolver el addendum rectificatorio para el decreto 471 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, donde se incluye la violencia política en razón de género que se omitió, denunciaron las integrantes del PRD y MC, Sol Cuevas Serrano y Yunuen Castellanos Lucero.
La titular de la Unidad contra la Violenica Política en Razón de Género del PRI estatal, Greta Ventura Lemus, añadió que todavía se revisa en el Congreso local un acercamiento con el poder Ejecutivo, para que acepte el addendum rectificatorio y pueda ser ley para el siguiente proceso electoral.
La presidente de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, opinó que la Consejería Jurídica se extralimitó en su funciones, al negar esta posibilidad de corregir una omisión, en un procedimiento que ya ha sido usado por el poder Legislativo y aceptado por el Ejecutivo estatal.
En denuncia telefónica, Salinas Díaz explicó que el proyecto de reforma que se aprobó en la Comisión Justicia del Congreso local, es distinto al que se votó en el pleno, que omite la violencia política en razón de género, como se plantea en la llamada 3 de 3.
Insistió en que el pleno, tenía que haber aprobado exactamente el proyecyo aprobado por la Comisión de Justicia, pero fue otro el que llegó a la votación general, y el 9 de junio se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Aunque el 13 del mismo mes, la Mesa Directiva dio curso al trámite del addendum, firmado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia, para aclarar lo que “erroneamente fue omitido”, el docuemnto fue devuelto por el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, argumentando el análisis de la Consejería Jurídica.
Por ello es que el addendum perdió vigencia, porque ya se superó el plazo de 90 días de antelación para que le agregado se aplique en el próximo proceso electoral.
La activista por los derechos politicos de las mujeres opinó que el Ejecutivo no quiso resolver de manera más objetiva esta situación, “no es una nueva reforma, es un addendum rectificatorio. Habiendo una voluntad política y garantista de los derechos de las mujeres, pudieron darle curso a la reforma con esta consideración”.
Sin embargo, señaló que independiente de si se resuelve en lo local la legislación, la 3 de 3 ya es un mandato en la Constitución de México. Por lo que adelantó que los lineamientos que apruebe el Instituto Electoral y de Participación Ciudadada (IEPC) se tendrán que apegar al marco constitucional en materia electoral, que suspende los derechos para acceder a cargos de elección popular a quienes hayan sido sancionados.
Adelantó que la red va a estar acompañando y vigilando la aplicación de la 3 de 3 en Guerrero, exigiendo a los partidos políticos y a los órganos electorales que cumplan con las disposiciones constitucionales.
Añadió que devolver el addendum al Congreso envía un mensaje de impunidad a los agresores, “pero no exime al Ejecutivo de cumplir con la 3 de 3, para suspeder a quienes ocupen cargos en toma de decisiones, y que se ecuentren en el supuesto de haber sido sancionados por violencia familia, sexual o sean deudores alimentarios”.
La consejera estatal y congresista nacional del PRD, Sol Cuevas, estimó que sin la 3 de 3 completa para el proceso electoral, debe haber un llamado a los partidos políticos para que asuman la responsabilidad de elegir actores políticos que cumplan un perfil ético, que la estructura vigile que no participen violentadores de mujeres en las próximas elecciones.
Recordó que junto con otras activistas políticas estuvo en el Congreso local, durante la aprobación de la reforma electoral sobre violencia de género.
“Aplaudimos la participacion de todos, nos fuimos muy contentas, después nos informan ‘que se nos pasó’. Aun así, si no se aprobó la violencia política como sanción a los infractores, por consciencia, los agresores deben quedar fuera”.
La integrante de la Comisión Operativa de MC, Yunuen Castellano, lamentó que el Ejecutivo estatal haya rechazado el addendum para atender un procedimiento legal, “porque efectivamente, ya habían votado y mandando (para su publicación), pero cuando revisan los legisladores, que no está incluida la violencia política, que era uno de los motivos de la reforma, pudieron hacer el ajuste para que entrara en vigor”.
Sobre todo, indicó que debían considerar que Guerrero tiene varios agresores en la lista de personas sancionadas por violencia política en razón de género y que las mujeres los quieren fuera del proceso electoral.
Dado que las saciones para quienes comenten violencia política son muy cortas y baratas, indicó que dejarlos fuera de las elecciones es la única medida efectiva para evitar estas conductas.
“Que no se haya metido esta cláusula nos preocupa, nos alarma. Creo que va a suceder que el Ejecutivo se va a mantener en esta posición. Sabemos qué partido gobierna el estado, tienen agresores de mujeres en su partido, que no quieren dejar de participar en las siguientes elecciones”, recriminó.
Por separado, la titular de la Unidad contra la Violenica Política en Razón de Género del PRI estatal, Greta Ventura, indicó que en el Congreso local todavía se analiza un acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado Pinera, para que acepte el addendum retificatorio.
Insistió en que el gobierno estatal debe valorar a quién beneficia dejar fuera el addendum de la ley, sobre todo cuando la actual administración se dice defensora y constructora de garantías para las mujeres.
Aclaró que aún existe una posibilidad y si no pasa, todavía están los grupos de mujeres “que estoy segura que vamos a poder hacer algo”.
Reconoció que el hecho de que la reforma no esté en la ley electoral local, obliga a las mujeres aspirantes a distraerse de los procesos internos de sus partidos, para evitar que agresores sean postulados a cargos de representación. “Nos distrae, nos quita tiempo y recursos, cuando debería estar en la ley”.

Pide el Congreso al Ejecutivo aceptar enmienda que sanciona la violencia política de género

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Congreso local solicitó al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reconsiderar la decisión de rechazar el “adendum rectificatorio” para agregar a la ley electoral la figura de violencia política de género como causal para negar el registro como candidato a quien la haya cometido, la cual diputados locales dejaron fuera en la reforma aprobada el 8 de junio y publicada el 9 del mismo mes.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, consideró que la negativa se dio por la opinión del consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra, quien se excede en sus facultades y busca confrontar este poder con el Legislativo. El diputado morenista Jacinto González Varona reconoció que fue “una pifia” del Congreso y deberían asumir la responsabilidad.
En un oficio fechado ayer, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, a solicitud del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García, envió un documento al secretario de Gobierno “para solicitarle a usted muy atentamente, tenga a bien reconsiderar la decisión emitida”.
Vía telefónica, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, afirmó que la decisión del Ejecutivo en ese tema se da a partir de la opinión del consejero jurídico Jorge Salgado Parra, quien cometió un exceso fuera de sus atribuciones: “yo lo que observo en el fondo es un afán de él de confrontar el Poder Ejecutivo con el Legislativo”.
Jorge Salgado tiene sus orígenes en el PRI. En el proceso electoral de 2021 se sumó a Morena después de no conseguir la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo por la coalición PRI-PRD.
Apreza Patrón adelantó que enviarán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un informe de los diferentes momentos en los que el consejero se ha excedido en sus funciones.
Apreza Patrón dijo que en el cuerpo del dictamen se establecen que en esta reforma se contempla la violencia política en razón de género como causal para que la persona perpetradora no pueda ser postulada a un cargo de elección popular, por lo que, para compensar el error de no incluirlo en los resolutivos, únicamente se planteó un “adendum rectificatorio”.
Apreza Patrón señaló que en el grupo parlamentario del PRI están “verdaderamente sorprendidos de la actitud del consejero jurídico que pareciera que tiene el interés de confrontar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo”.
Explicó que el viernes 9 de junio la Comisión de Justicia aprobó el “adendum rectificatorio” y se envió ese mismo día al Poder Ejecutivo antes de que venciera el plazo para aprobar y publicar las reformas en materia electoral que serán vigentes en este proceso electoral.
De Jorge Salgado dijo que “debe de tener claridad que lo que se envió el mismo día y que en sesión posterior ratificó el pleno del Congreso fue un adendum rectificatorio, es un instrumento utilizado como práctica parlamentaria común y corriente en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales”, por lo que
están sorprendidos por la intención del consejero jurídico de afectar la relación entre los poderes.
Apreza señaló que la respuesta que da el Poder Ejecutivo al Legislativo se basa en la opinión de Jorge Salgado de que se debió realizar con una nueva iniciativa para reformar lo ya aprobado por el pleno “el consejero jurídico está actuando fuera de su competencia, él no es juez, no es integrante del Poder Judicial de la Federación para determinar que norma tiene validez o que norma es inválida, es un exceso, está actuando fuera de su competencia”.
Dijo que el grupo parlamentario está realizando un informe en el que detallen los excesos que ha cometido el consejero jurídico para informar a gobernadora, porque “esto no fue un hecho aislado, ya hay varios documentos que ha enviado el Ejecutivo, y lo grave es que firmados por el secretario general de Gobierno y a veces incluso por la gobernadora y ponen de base la opinión del consejero”.
En breves declaraciones, el diputado Jacinto González Varona reconoció que el no incluir a la violencia política en razón de género fue “una pifia” del Congreso y debe asumir las consecuencias del error.
Comentó que antes de que se votara el dictamen de reformas en materia electoral en las que se incluían las referentes a la Ley 3 de 3, pidió que se realizara una revisión la cual no se hizo y el dictamen se presentó al pleno en los términos aprobados.
“Yo creo que el Poder Legislativo tiene que aceptar esa pifia que cometimos, quedamos fuera de ley ya, cuando aprobamos el adendum creímos que se le iba a dar la celeridad, pero sin embargo el Poder Ejecutivo ya había publicado la reforma”.

Ratifica el IEPC sanción al dirigente de Morena por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), consideró que existe un “riesgo de violencia alto” para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Resendiz, quien denunció a su homólogo de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, por violencia política en razón de género
Confirmó las medidas cautelares para que el también dirigente estatal diputado de Morena se abstenga de cualquier acercamiento o comunicación con ella o su familia, fuera de la labor legislativa, y que propicie “un ambiente de respeto”.
Asimismo, le pide “que se abstenga de realizar señalamientos sexistas, denigrantes, machistas, misóginos y otros que pudieran derivar violencia política de género, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, en relación con la diputada Gabriela Bernal o su familia, así como evitar cualquier manifestación que implique violencia política física, simbólica, psicológica y sexual”.
Requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que en un plazo de diez días hábiles, remita un plan de seguridad personal elaborado junto con Bernal, y remita de manera quincenal un informe.
Ese es el resultado de un recurso de apelación resuelto la semana pasada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que promovió el morenista contra las medidas de protección otorgadas de manera oficiosa en la demanda por violencia política en razón de género que presentó Bernal Resendiz, a propósito de las declaraciones de González Varona en un acto partidista privado que trascendió a redes sociales.
Gonzalez Varona fue denunciado por decir que se utilizó la imagen de la entonces candidata a la senaduría por el PRI, para que ganara el primero de la fórmula, hombre (Manuel Añorve), después de que Bernal denunció en tribuna violencia política hacia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 20 de junio, el TEE ordenó a la Comisión determinar en un nuevo proyecto, la medida de protección donde se identificara el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, la persona agresora, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo, en plazo de 24 horas.
El viernes 23 de junio, la comisión de Quejas y Demandas calificó  “un nivel de riesgo de violencia alto” para la denunciante, a partir del análisis de expediente,  los medios recabados por la autoridad, así como del cuestionario de riesgo para casos de VPG, en términos del apartado 5 del Protocolo para la Atención de Víctimas, aplicado a Bernal.
Indicó que los bienes tutelados a la denunciante son “a una vida libre de violencia, la dignidad, la discriminación, la libertad de las mujeres, y que existe la probabilidad de una amenaza, en virtud, como lo menciona la quejosa, que el denunciado es acompañado por una camioneta con escoltas y estos se encuentran armados”.
Además, que los actos que pudieran configurar VPG, han escalado del apelante y la quejosa, a que diversos actores políticos continuaran con la denostación a Bernal, quien la hizo sentir insegura. Precisa que las medidas no prejuzgan la existencia o no de las infracciones denunciadas.

Llaman magistrada y diputados a frenar la violencia política en razón de género

El coordinador parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón; la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Evelyn Rodríguez Xinol; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez; el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias; el senador perredista, Miguel Ángel Mancera y la secretaria de la Mujer del gobierno del estado, Violeta Pino Girón, durante la inauguración del diplomado Sobre la Violencia Política en Razón de Género Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En la inauguración del diplomado sobre violencia política en razón de género, magistradas y diputados llamaron a hacer frente a este tipo de agresiones desde las instituciones y los partidos políticos.
En el acto realizado en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), la presidenta de este órgano, Evelyn Rodríguez Xinol, el diputado Héctor Apreza Patrón y la diputada Gabriela Bernal Reséndiz llamaron a que desde las instituciones y de los partidos se realice un frente y una “cruzada” contra la violencia política en razón de género
Asistieron mayoritariamente militantes del PRI y en menor medida del PRD. Ahí estuvo también el senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, a quien el priista Héctor Apreza Patrón Patrón calificó como “una de las mentes lúcidas” de México.
El convenio de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado lo firmaron las diputadas presidentas de la Mesa Directiva y de la Comisión para la Igualdad de Género, Yanelly Hernández Martínez y Gabriela Bernal Reséndiz, y el senador por Guerrero Manuel Añorve Baños, quien preside ese instituto.
De acuerdo con lo dicho en el acto en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), la intención es “propiciar el análisis de las causas y efectos de la violencia política contra las mujeres, y ampliar y potencializar las habilidades para la prevención, identificación, investigación y atención de la violencia política contra el sector, que garantice el ejercicio libre y pleno de sus derechos político-electorales”.
En su mensaje la magistrada presidenta del TEE Evelyn Rodríguez Xinol dijo que con este diplomado se busca dotar de herramientas a las instituciones guerrerenses para erradicar todas las formas de violencia que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos político electorales de las mujeres.
La magistrada llamó a órganos de gobierno, electorales y de impartición de justicia, a los actores y partidos políticos, así como las organizaciones de la sociedad civil a trabajar de manera coordinada y eliminar este tipo de violencia. Señaló que el TEE tiene la responsabilidad de que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández, dijo que a partir de este diplomado y firma de convenio se establecerán “las bases generales de coordinación que contribuyan en la deliberación y la toma de decisiones legislativas”.
El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local Héctor Apreza Patrón, a nombre de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, confió en que la firma de este convenio contribuya para hacer conciencia sobre este mal que lacera a las mujeres, e impacte en la sociedad para el sano desarrollo humano.
En el acto realizado en el auditorio del TEE, la presidenta de este órgano, Evelyn Rodríguez Xinol, el diputado Héctor Apreza Patrón y la diputada Gabriela Bernal Reséndiz llamaron a que desde las instituciones y de los partidos se realice un frente y una “cruzada” contra la violencia política en razón de género.
En el acto estuvieron el diputado Osbaldo Ríos Manrique; las diputadas Julieta Fernández Márquez y Alicia Zamora Villalva, así como los diputados Raymundo García Gutiérrez, Andrés Guevara Cárdenas y Rafael Navarrete Quezada; la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Raymundo Casarrubias Vázquez, y la presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Revoca el TEE sanción del IEPC a Jacinto González por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado debatieron en sesión pública el proyecto la resolución de la apelación que promovió el dirigente de Morena, Jacinto González Varona, contra las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que le prohíbe acercarse o comunicarse con la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, a propósito de la denuncia por violencia política en razón de género en su contra.
En abril pasado, en un acto en Ometepec, el líder de Morena, González Varona, acusó que la diputada priista prestó su imagen en el proceso electoral de 2018 para que el ahora senador Manuel Añorve accediera a su escaño.
En un video difundido a través de grupos de whatsapp, se escucha al líder de Morena decir que la diputada Gabriela Bernal -quien participó en la fórmula priista al Senado- fue utilizada para engañar a la gente. El 18 de abril la diputada presentó una denuncia ante el IEPC contra el también diputado federal por violencia política de género.
La propuesta de la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, aprobada con tres votos a favor y uno en contra de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, revocó el acuerdo de las medidas cautelares de la Comisión de Quejas, y ordenó al organismo que emita un nuevo dictamen en un plazo no mayor de 24 horas.
Sólo Eugenio Alcaraz apoyó el plazo de 24 horas que estableció en el proyecto Rodríguez Xinol, aprobado por el voto de la calidad de la presidenta, porque los magistrados, Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés Betancourt Salgado, pidieron ampliar a 48 horas el plazo para fundar y motivar el documento.
Betancourt señaló que técnicamente 24 horas era muy poco tiempo para elaborar una resolución fundada y motivada con la exhaustividad que se está solicitando en esta sentencia.
Delgado Brito argumentó en favor de la ampliación del plazo que no se denunció violencia física, para emitir medidas cautelares en 24 horas como señala el reglamento del IEPC, sino de “violencia sicológica y simbólica”. En ambos casos, precisaron que todavía nadie se ha pronunciado sobre la demanda de violencia política.
En el voto razonado en contra de la revocación de las medidas cautelares, Eugenio Alcaraz advirtió que no observa en ellas perjuicio a la libertad de expresión que argumentó el quejoso, como dirigente político y diputado local.
Consideró que, en la presunción de restituir su derecho electoral “a la libertad de circulación de sus expresiones, no cambiaría en nada que el recurrente (González Varona) deba cambiar cualquier manifestación contra la denunciante, que contenga señalamientos sexistas, machistas, estereotipados, o bien que se abstenga a un acercamiento o comunicación con la quejosa; de hacerlo podría, en su caso, no sólo haber una repetición del acto, sino generar nuevas probables conductas de violencia política en razón de género”.
El dictamen aprobado por el TEE ordena a la Comisión de Quejas del IEPC, que analice la calificación del riesgo otorgado al caso, a partir del análisis de la intención y consecuencias de las conductas violentas, que tome en cuenta el contexto específico del caso y si tiene un carácter meramente probabilístico; que haga una diferencia entre peligrosidad y riesgo, y que considere la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona agresora, así como su percepción de seguridad al regresar a su casa, centro de trabajo, continuar ejerciendo sus derechos políticos y electorales, entre otros lineamientos.

Desechan impugnación del caso contra Sánchez Esquivel

Por otro lado, el colegiado desechó por unanimidad el juicio de impugnación que presentó Teresa Nava Alfaro y otras ciudadanas contra una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que favoreció al diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, acusado de violencia política de género contra la diputada Yoloczin Domínguez.
Señalaron que, el 25 de enero la CNHJ de Morena otorgó a las actoras tres días hábiles para acreditar su afiliación partidista, “bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se desecharía de plano, acuerdo que fue notificado el mismo día a las actoras por los estrados electrónicos y vía electrónica a las hoy actoras”. Sin cumplimiento, se desechó el caso en el organo partidario el 23 de febrero.
La impugnación de las denunciantes que llegó a la sala regional, terminó ayer en desechada y en archivo “por el cambio de situación jurídica” de las quejosas, que dejó sin  materia el juicio de impugnación.

Ordena a la comisión de VPG del PAN, reabrir el caso de Felícita

El TEE declaró fundada la impugnación de la dirigente municipal del PAN de San Marcos, Felícita Navarrete Neri, contra una resolución del 12 de enero de 2023, de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes de su partido, por no sancionar conductas del presidente estatal del Comité Directivo Estatal, Eloy Salmeron Díaz.
Entre estas condutas, la quejosa señaló la obstaculización del pleno ejercicio de sus derechos político electorales de asociación y afiliación política, y el ocultamiento de información, al no notificarle el supuesto acuerdo de suspensión de prerrogativas, que configuran violencia política de género.
El colegiado, ordenó a la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del PAN, analizar todas pruebas en su conjunto y emitir nueva sentencia de manera exhaustiva, fundada y motivada, con el planteamiento de Violenica política de género hacia la actora, en un plazo de 20 días habíles,contados a partir de la notificación de la sentencia.

Millán Sánchez: sigue litigio de la elección de consejeros

Por otro lado, el TEE desechó la controversia del ex candidato a consejero estatal del PAN, Carlos Millán Sánchez, contra la resolución de la Comisión de Justicia sobre la elección interna, por “cambio un situación jurídica del caso”.
En el proyecto del caso, se detalla que la Sala Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación declaró fundados los agravios del militante,  tras un estudio de fondo, y la Comisión de Justicia deberá emitir una una nueva resolución, lo cual deja sin efectos el juicio en Guerrero.
En declaraciones al terminar la sesión del TEE, Millán Sánchez destacó que la sala regional corrigió la plana a la comisión de Justicia del PAN, y a magistrados electorales de Guerrero que inicialmente desecharon su demanda.
Ahora, señaló que la comision intrapartidara deberá analizar el cómputo, inaplicaicón con exhaustividad, donde afirma que tienen más porcentaje de votación que tres consejeros que entraron en funciones.
Aclaró que son posibles tres escenarios, que se ordene repetir la asamblea, o la elección de consejeros hombres, que se le admita como consejero estatal, o se deseche, y como afectado, vuelva a impugnar.

Se olvidan diputados de incluir la violencia política en razón de género en la Ley 3 de 3

La Diputada local por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez durante su participación en tribuna en la sesión del Congreso para presentar el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Guerrero, en materia de violencia ácida conocida como “Ley Malena” Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó un adendum (modificación) de la Comisión de Justicia para agregarse a la reforma de la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, porque en las reformas aprobadas el pasado 8 de junio ninguno de los diputados presentes se percató que no se incluyó la “violencia política en razón de género” como una causal para no tener registro como candidato.
Al inicio de la sesión, el pleno aprobó con 44 votos a favor, cero en contra y una abstención, un adendum de la Comisión de Justicia, el cual fue fechado el viernes 9 de junio pasado; sin embargo, éste se aprobó hasta ayer porque el pleno no había sesionado.
Se trata de un agregado que se realizó al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan de la ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el 8 de junio pasado.
En la sesión se leyó el documento enviado por la Comisión de Justicia que plantea que “sea agregado el adendum rectificatorio”.
Se detalla que es en materia de la denominada Ley 3 de 3 y que es “en particular la homologación a la reforma constitucional federal… en lo relativo de la violencia política en razón de género y la inconstitucionalidad declarada respecto en la causa de elegibilidad llamada modo honesto de vivir”.
En la lectura no se dan mayores detalles del adendum, por lo que al final de la sesión se consultó a la secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, quien confirmó que en el dictamen aprobado el pasado jueves no se incluyó como causal para no ser postulado a quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género, y que fue eso lo que se agregó ayer.
La legislación aprobada el jueves y publicada el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se plantea que se suspenden los derechos políticos y electorales a agresores que tengan sentencias firmes por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo sicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
También se establece que no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
Pero no se estableció que quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género no podrán ser candidatos.
El viernes de la semana pasada se venció el plazo -de 90 días previos al arranque del proceso electoral- que establece la ley para que se realicen y publiquen las reformas en la materia y que estas sean aplicables para el próximo proceso.
La diputada morenista consideró que el incluir hasta ayer como causal el tener sentencia firme por violencia política en razón de género, no tendría que tener repercusiones legales y que debería ser aplicable para el próximo proceso electoral.

Iniciativa sobre la violencia ácida

La morenista Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado para incluir a la violencia ácida como un tipo de violencia que provoca lesiones y causa daño físico irreversible a la mujer.
La priista Flor Añorve Ocampo planteó una reforma a la Constitución del estado para incorporar como requisito la presentación del Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular o fungir como jueces, magistrados, auditor superior, integrante del Consejo de Políticas Públicas, consejo de la Judicatura o defensor general del Instituto de la Defensoría.

La sesión

En la sesión quedaron de primera lectura dictámenes de reforma y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en materia de violencia vicaria, y otro por el que se declara improcedente una iniciativa de reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También se aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Andrés Guevara Cárdenas por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, para que el Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente de mejoramiento integral de barrios implementado en  Iguala para que se cumpla con los requerimientos de calidad de obra pública en la renovación integral del Centro Histórico.
También se aprobó un exhorto del morenista Antonio Helguera Jiménez a los municipios de la entidad para que de manera oportuna convoquen a elección de comisarios y comisarías de sus respectivas localidades.
Y antes de concluir la sesión se eligió y tomó protesta a las y los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del Segundo Año de la actual legislatura, la Mesa Directiva es la misma ya que su periodo concluye el último día de agosto, los vocales propietarios, son Claudia Sierra Pérez, Rafael Navarrete Quezada, Leticia Mosso Hernández, Gabriela Bernal Reséndiz, Jessica Ivette Alejo Rayo, Nora Velázquez Martínez y Bernardo Ortega Jiménez; vocales suplentes, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Esteban Albarrán Mendoza, Angélica Espinoza García, Estrella de la Paz Bernal y Carlos Reyes Torres.

Ordenan a Morena reabrir queja por violencia política de género contra Sánchez Esquivel

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), revocó el acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, que desechó la queja presentada por un grupo de 353 mujeres contra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, a quien acusaron de violencia política en razón de género.
El órgano jurisdiccional consideró que la CNHJ debió juzgar con perspectiva de género, lo cual apunta “no es una opción”, sino “una cuestión de ética y de deber”, ya que se busca en el país la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres.
El grupo de mujeres presentó el 16 de diciembre contra Sánchez Esquivel una queja, acusándolo de violencia política contra la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Posteriormente el 25 de enero la CNHJ solicitó por escrito a las mujeres promoventes que presentaran “los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de las CC. Graciela Ortiz Flores y otras como militantes de Morena”. También “detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los referidos actos, relacionar las pruebas con los hechos narrados y expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso”.
Sin embargo, lo aprobado ayer por los magistrados apunta que toda la información solicitada por la CNHJ estaba ya presente en el documento inicial de la demanda presentada por las 353 mujeres militantes de Morena.
Y finalmente dos meses después de haber presentado la queja, el 17 de febrero, la CNHJ emitió un acuerdo de desechamiento, “toda vez que el plazo de tres días hábiles otorgados a la actora para que subsanara las deficiencias y/u omisiones de su escrito inicial de queja ha fenecido y las mismas no fueron subsanadas ni cumplimentado lo solicitado mediante acuerdo de prevención emitido el 25 de enero de 2023”.
Y posteriormente, las quejosas denunciaron que no recibieron ningún requerimiento por parte de la CNHJ de Morena, por lo que impugnaron la decisión del órgano intrapartidario.
Ayer finalmente el pleno del TEE declaró fundados los agravios manifestados por las actoras, quienes plantearon que la CNHJ debió atender su queja con perspectiva de género, porque precisaron actos y hechos que constituyen violencia política en contra de las mujeres.
En ese sentido, el TEE consideró que “derivado de la naturaleza de estas conductas, la CNHJ de Morena debió valorar las pruebas indiciarias, puesto que juzgar con perspectiva de género no es una opción, tampoco es ponderable, sino que es una cuestión de ética y de deber”.
Por tanto, estiman que “no hay razón para que las y los impartidores de justicia electoral, como es el caso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, no incluyan la perspectiva de género en sus sentencias o resoluciones, sobre todo en la búsqueda por la erradicación de este tipo de violencia tan lacerante en la sociedad mexicana”.
En el documento aprobado por los magistrados se plantea que la CNHJ “no hizo un estudio concreto de los agravios, sino que emitió un desechamiento sin fundamentación ni motivación, ya que lo solicitado en la prevención resulta ocioso y sin razón, ya que todo lo solicitado se encuentra su escrito inicial y amparado en el Estatuto de Morena, aunado a que, suponiendo sin conceder que no fueran claras las manifestaciones, dicha Comisión debió de tomar en cuenta el principio de suplencia de la queja pues debe prevalecer un equilibrio en el proceso, específicamente, cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad históricamente invisibilizados y en situación de vulnerabilidad”.
Por lo que el TEE revocó el acuerdo de desechamiento del 17 de febrero, a la que se le ordenó “dé cabal cumplimiento” a los efectos precisados en la sentencia, que son referentes a juzgar con perspectiva de género.
En el segundo punto de la resolución se aprobó revocar el acuerdo de la CNHJ “en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución”.
En dicho considerando se ordena que se admita la queja, y, en su momento “procesal oportuno resuelva la queja en comento, considerando la transcrito en su escrito de demanda y en apego a las leyes que más beneficien a las personas en estado de vulnerabilidad, tal es el caso de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, que como ha quedado evidenciado, la Comisión actuó de manera arbitraria, al desechar el escrito de queja, desatendiendo su obligación moral y humanista de juzgar con perspectiva de género, puesto que, lo que se busca es la erradicación de una vida libre sin violencia para las mujeres”.

El proyecto fue presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz y aprobado por unanimidad de votos. En éste se señala que Morena cometió violación al principio de tutela judicial efectiva, al no considerar que la queja está relacionada con actos que podrían constituir violencia política en razón de género, por lo que, estaba constreñido a actuar conforme a lo establecido en el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar el daño y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres al interior del partido.
Por lo que, al no notificar personalmente en el domicilio procesal señalado por las actoras, les negó la oportunidad de desahogar el requerimiento o manifestar lo que estimara conducente, lo que trajo como consecuencia que se desechara su queja.

Debe el PAN pagar prerrogativas a Comité de Coyuca de Benítez

El pleno del TEE dio un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, para que emita una nueva resolución en el recurso de reclamación idel ciudadano Bruno Calixto Ríos, quien demandó la violación a sus derechos al no recibir las prerrogativas que le corresponden como presidente del Comité Directivo Municipal de ese partido en Coyuca de Benítez.
El proyecto presentado por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol y aprobado por el pleno declaró fundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC), interpuesto Ríos Díaz ante la omisión del Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN de resolver el recurso de reclamación número CJ/REC/035/2022, por la omisión del presidente y tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN, de pagar en tiempo y forma las prerrogativas del financiamiento público.
El demandante señaló que con esa acción se afectan sus derechos “de militancia partidista en su vertiente del desempeño del cargo por el que fue electo” el TEE en su resolución apercibe a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional que, en caso de que incumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se le impondrá alguno de los medios de apremios previstos por el artículo 37 y 38 de la Ley de medios de impugnación.