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Reduce aún más el Legislativo recursos al IEPC; dará 244 millones de 695 solicitados

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), 244 millones 665.4 mil pesos en el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024, 38 por ciento menos de los previsto en la iniciativa que envió en septiembre la titular del Ejecutivo estatal, Evelyn Salgado Pineda, al Legislativo del estado.
Pese a las declaraciones de diputados, de que estaba avanzando la petición del IEPC de ampliar su presupuesto durante la discusión del proyecto ajustado por afectaciones del huracán Otis, el monto fue más reducido respecto a la propuesta original de la iniciativa, de 393 millones de pesos, y más lejos del anteproyecto de presupuesto que aprobó solicitar el Consejo General del organismo, por 695 millones de pesos.
El presupuesto para el Onstituto electoral para un año de comicios, incluye 5.49 millones de pesos para actividades específicas; 183 millones 132.8 mil para actividades ordinarias permanentes; 54 millones 939.8 mil pesos para campañas de partidos políticos y un millón 98.8 para gastos de campañas para candidaturas.
La cifra confirmada con diferentes fuentes, aparece en la tabla de transferencias compensadas con recursos propios, con 244 millones de pesos asignados al IEPC en el rubro de Inversión Estatal Directa (IED), fondo en el que se hicieron reducciones por 309 millones de pesos, derivado del impacto de huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. Sin embargo, en esta tabla no se hace ninguna marca sobre la reducción al instituto. El monto se muestra como la propuesta de la iniciativa.
Aunque en el Anexo 4 se observa al IEPC con 393 millones 120 mil pesos, como marcaba la iniciativa inicial, en el Anexo 23 de “resumen de dependencia ejecutora y fuente de financiamiento”, con el desglose de distribución de recursos por fondos federales la bolsa de recursos separados por fondos estatales, federales y total general, se confirma para el instituto una bolsa de dinero de 244 millones 665.4 mil pesos IED. No hay recursos federales etiquetados para el IEPC.
El Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero se aprobó en dos sesiones de trámite, sin fundamentación ni debate, durante poco más de dos horas la madrugada del sábado 23 de diciembre. La plenaria se instaló a la 1:20 de la mañana y terminó a las 3:11.

 

Se revisa modificar el proyecto de Ejecutivo para aumentar ingresos al IEPC: diputados

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario y el vocal de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, Ociel Hugar García Trujillo, del PRD, y Osbaldo Ríos Manrique de Morena, confirmaron que se revisa el proyecto de presupuesto de Egresos el Ejecutivo para aumentar el financiamiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para la organización y desarrollo de elecciones confiables y legales.
Ambos desconocen en qué porcentaje porque continuaban esperando los ajustes que realizó la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, por las afectaciones del huracán Otis.
El IEPC había demandado un presupuesto de 695 millones de pesos para 2024, pero el Ejecutivo, en su presupuesto de egresos, le asignó 393 millones.
Ambos fueron consultados por separado sobre la reunión con el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, el día anterior, para resolver sus dudas sobre las adecuaciones a la iniciativa del Presupuesto de Egresos, tras las afectaciones del huracán Otis en Acapulco.
Sin embargo, García Trujillo aclaró que el funcionario se comprometió a enviar “de manera inmediata” los anexos para conocer los rubros exactos donde habrá recortes por la reducción de la gestión de recursos. Antes, el secretario mencionó una afectación por unos 800 millones de pesos.
El diputado aclaró que en la reunión sólo se habló de forma general de recortes en secretarías y en el Congreso, en este caso 90 o 100 millones de pesos, sin mencionar las acciones o programas que trastoca.
Por ejemplo, indicó que por cierre de administración, el Congreso debe considerar recursos para el finiquito de trabajadores, y todavía se desconoce en qué rubros se aplicarán las reducciones.
Esperaba que el documento llegara ayer mismo, en el transcurso del día. Por la tarde se supo que habría otra reunión con el secretario Segura Estrada para continuar con la mesa de trabajo sobre los ajustes al presupuesto.
García Trujillo estimó que una vez que tengan los documentos, podrán analizarlo en uno o dos días.
Sobre el presupuesto del IEPC, que reclama más recursos para los comicios, indicó que el funcionario le dijo que los gastos están contemplados en la propia ley, sin embargo, los diputados señalaron que la democracia no puede pasar una situación compleja que ponga en duda las elecciones, “le estamos diciendo que no se debe trastocar, sino robustecer, y ya se está trabajando para que no sea como se estaba previendo”.
Asimismo, Ríos Manrique confirmó que estaban a la espera de los ajustes, y confió en que el proyecto pueda ser votado el viernes.
Ratificó que hay un “incremento sustancial” para el IEPC a fin de que se garantice las elecciones, aún si el recurso es enviado a la partida de Inversión Estatal Directa (IED), de recursos propios.
Asimismo, indicó que la reducción que se estima en el IED es de 109 millones de pesos por la recaudación que se esperaba de Acapulco, “si no me falla la memoria”, precisó.

 

Aprobaría el Congreso un mayor presupuesto al IEPC que el fijado por el Ejecutivo: Yoloczin

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, aseguró que se avanza en la solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de un mayor presupuesto y no la cifra que propuso el Ejecutivo estatal en la iniciativa del Presupuesto para 2024.
El IEPC solicitó al Congreso local un prespuesto de 695 millones, pero el Ejecutivo, en su presupuesto de egresos le asignó 393 millones, es decir, 302 millones menos.
En consulta telefónica sobre la petición del organismo de aprobar el presupuesto que aprobó el Consejo General para el año electoral, y no la propuesta reducida en un 40 por ciento, respondió, sin dar detalles: “se está avanzando en el requerimiento”.
Informó que que hubo pláticas con los integrantes del Instituto “para que sean tomados en cuenta y puedan salir los temas de las futuras elecciones de manera adecuada, para que no estén con limitaciones, ese tema lo llevamos avanzado, en cuanto ya tengamos dato (del presupuesto), lo vamos a informar”.
Confirmó que esta misma semana el dictamen de la iniciativa de proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal será presentado y votado en el pleno con los ajustes necesarios para el IEPC”.
En consulta por separado, la presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, informó que muchos diputados están preocupados por el recorte a la propuesta de financiamiento para 2024 que envió el organismo al gobierno del estado.
Vía telefónica, indicó que hace un mes se reunió primero con el grupo parlamentario del PRD, después con el del PRI, también habló con la diputada del PAN, Ana Lenis Reséndiz Javier, y con los diputados sin partido, Masedonio Mendoza Basurto y Manuel Quiñones Cortés, para explicarle las dificultades que enfrentarían sin suficientes recursos en un año electoral.
Asimismo dijo que luego se reunió con la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, y le solicitó una reunión con la fracción de Morena, que no se ha dado. Además, se reunió con dirigentes de partidos.
Dijo que sólo restaba esperar el resultado de la discusión del proyecto del presupuesto y la aprobación del Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero, para saber con cuántos recursos contará el IEPC en 2024.
De la posición de la nueva representante de Morena ante el IEPC, Rosio Calleja Niño, que en la sesión del Consejo general de la semana pasada llamó “a hacer otro hoyo al cinturon”, Matildes Gama confirmó que planteó hacer más ajustes al presupuesto de egresos.
“Dijo que viéramos de dónde, pero en 2024 ya no hay de dónde, ya no hay forma”.

Acuerdos de fin de año

Sobre el cierre del ejercicio fiscal,  donde había denunciado que no había recursos para el pago de aguinaldo y prestaciones de fin de año para los trabajadores, por el recorte de 34 por ciento al presupuesto de 2023, indicó que ya se firmó un acuerdo con el gobierno del estado para recibir  una ampliación de 12 millones de pesos, y poder atender esta obligación.
Sin embargo, aún no se los han depositado. Estimó que entre mañana y pasado se haga la transferencia para cumplir con el pago a los trabajadores.
Aclaró que los 14 millones de pesos del remanente del financiamiento público de partido político que no fue comprobado, y que fue reetiquetado al IEPC por la Secretaría de Finanzas como una ampliación, para la instalación de los 28 Consejos Distritales, ya fue recibido.
También sigue pendiente la entrega de 26 millones de pesos de financiamiento a partidos políticos, que quizá reciban el viernes o el proximo lunes, estimó.

Cumpliremos con lo que nos toca, dice el titular de la Sefina

En breve declaración en el Congreso local, el secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada dijo sobre este problema seguían trabajando precisamente en la entrega de recursos al IEPC,
“Precisamente la caída de los ingresos nos lo ha complicado pero seguramente vamos a cumplir cabalmente lo que nos corresponde”.

 

Defiende Morena en el IEPC los recortes y pide “hacer un hoyo más al cinturón”

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La ex consejera electoral Rosio Calleja Niño, quien ayer se integró al Consejo General como representante de Morena, llamó, durante la sesión ordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), a “hacer un hoyo más al cinturón” en el ejercicio del gasto público del organismo ante las nuevas condiciones de Guerrero por el huracán Otis, y a mantener abierto el diálogo con los poderes del estado, sin confrontación.
La presidenta del organismo, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el Consejo General apuesta por el diálogo, y dejó ver que se puede recurrir a recursos legales para garantizar a la ciudadanía la certeza en las elecciones; esto, ante el recorte al presupuesto solicitado para 2024 en el proyecto del Ejecutivo estatal.
Antes, los representantes de partidos de oposición denunciaron que el gobierno estatal aún no entrega los 14 millones adicionales para la instalación física de los 28 Consejos Distritales al IEPC, ni las ministraciones pendientes de financiamiento a partidos políticos, que se esperaban desde el lunes.
Urgieron acciones legales para que el Congreso local apruebe un mayor presupuesto del proyectado en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024, enviado por el Ejecutivo estatal.
Asimismo, para que el financiamiento del instituto se mueva de la partida de la Inversión Estatal Directa (IED), a fin de que no ocurra lo de este 2023, que no hubo suficiente recaudación para cubrir las necesidades del organismo.
En la sesión, la última del año, las comisiones presentaron diversos informes, entre estos el de la instalación virtual de los 28 Consejos Distritales.

Representantes de comunidades afromexicanas, con limitaciones

La representante del pueblo afromexicano, Mijane Jiménez Salinas, afirmó que los representantes de la comunidad en los distritos electorales serán vigilantes del proceso, pero no tienen las condiciones “idóneas” para desempeñar el encargo honorífico.
Explicó que las comunidades afromexicanas no siempre tienen las herramientas virtuales para estar en las actividades en línea por la falta de presupuesto.
Pidió que se reconozca el contexto del pueblo afromexicano e indígena que hace un esfuerzo muy amplio para llegar a cabo las actividades de los consejos, “no dejar de lado la territorialidad, de cómo va a funcionar la democracia virtual en nuestros espacios”.
Después de la presentación del informe de instalación de los 28 Consejos distritales el 30 de noviembre, de manera virtual, Calleja Niño expresó preocupación por la operación de los siete distritos electorales con sede en Acapulco, tras el huracán Otis.
El representante del PRI, Manuel Saavedra Chávez, añadió que no se puede celebrar la instalación virtual de los consejos distritales “por falta de recursos para hacerlo como debe ser”. Reconoció el compromiso de aquellos que sin acceso a internet se mueven a donde haya cobertura para continuar los trabajos.
Aclaró que el reclamo de la falta de recursos viene de junio, antes del huracán Otis, el 25 de octubre, “y es la fecha en que no han llegado los recursos (acordados)”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, presidenta de la Comisión Electoral, indicó que apenas comenzarán la búsqueda de inmuebles para las sedes de los distritos.
Pero confirmó su preocupación para que haya presupuesto y los funcionarios electorales en los distritos tengan las condiciones para los trabajos correspondientes.

Se combina la incertidumbre financiera con la violencia en el estado, advierte el PAN

En Asuntos Generales de la última sesión ordinaria del año, el representante del PAN, Silvio Rodríguez García, señaló que por primera vez en la historia hay incertidumbre financiera en el proceso electoral local, que también se caracteriza por la violencia que ha enlutado a muchas familias.
Llamó a la corresponsabilidad de los partidos con presencia en el Congreso local, para exigir que el gobierno del estado la entrega de los recursos faltantes al Instituto, y para que el financiamiento del IEPC se retire de la partida del IED, para evitar los problemas de falta de solvencia financiera.
Dijo que “un secretario general” los convenció de llevar el presupuesto del IEPC a la bolsa de recaudación del IED, pero en 2024 también se espera una caída en el ingreso por impuestos.
“Es necesario pedir al honorable Congreso del estado no aprobarlo (el presupuesto) en estas condiciones, so pena de que el próximo año sería tachado de corresponsable de la insuficiencia presupuestal para financiar el proceso electoral”.
El representante del PRD, Mariano Hansel Patricio Abarca, llamó a aprender de la experiencia, y no esperar a que el gobierno estatal haga ampliaciones presupuestales en un año de elecciones.
“Nos pasó en 2023, y se fueron generando condiciones adversas y al día de hoy tenemos déficit en el presupuesto ordinario”. Propuso ir de manera “frontal, sin titubeos”, con los instrumentos necesarios, para que el IEPC “sea respetado, por el bien de todos”.
Saavedra Chávez del PRI añadió que en otro momento que hay jurisprudencias, para que se respeten los presupuestos solicitados por los organismos electorales locales, sobre todo en este caso, donde no hay dispendio.

Pide Morena diálogo; es real,
responde IEPC

En esta ronda, Calleja coincidió en cuidar a la democracia, que dijo, también tienen un factor económico, y donde “el diálogo debe permanecer ante todo”, no frontal, dada las condiciones de Guerrero a partir del 25 de octubre.
Agregó que “todos debemos amarrarnos el cinturón. La austeridad y el ejercicio de gasto público nos concierne a todas y todos, creo importante que se han dado muchas explicaciones técnicas, ser conscientes de lo que vive en este momento Guerrero, que va a requerir de ese compromiso adicional.

Reconoció el trabajo del IEPC pese a los recortes, pero insistió “en amarrar el cinturón en todas las fases”, frente a la solicitud del organismo por más de 600 millones de pesos para 2024.
Pidió no dar por hecho escenarios, “ni hagamos incendio donde no lo hay”, porque en Guerrero ningún gobierno estatal ha dejado caer el trabajo democrático, “abonemos con el diálogo”.
En todo caso, propuso “presión pacífica con argumentos técnicos para buscar un equilibrio, que no nos lleve al límite. La esperanza es parte de la formación, no sólo de Guerrero, confío plenamente en que se va a resolver este asunto”.
Fabiola Matildes Gama precisó que el acercamiento es real con las autoridades estatales, pero opinó que la representante de Morera podría intervenir para conseguir la reunión que el pleno ha solicitado antes.
Puntualizó el recorte al IEPC, con los siguientes datos. En 2015, año electoral, el Congreso aprobó para el organismo, 521 millones 998 mil pesos; en 2018, 509 millones 732 mil pesos; en 2021, 645 millones 274 mil.
Para 2024, indicó que se tiene proyectado de 393 millones 120 mil pesos. Confirmó que habrá repercusiones sin suficiente financiamiento, ya que  244 millones del presupuesto del próximo año se destinará al financiamiento público a partidos y a las campañas.
Deja para gasto de operación y para el proceso electoral, 140 millones: “ustedes saben lo que con lleva”, indicó.
Además, señaló que el presupuesto aprobado por el IEPC, enviado al poder ejecutivo el 31 de julio, se realizó de acuerdo con la metodología de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.
Incluso, dijo que participaron en los cursos de la Sefina durante el año para tener un presupuesto acorde con los principios para la eficiencia en el ejercicio del gasto.
“Hacemos mucho y de manera eficiente, seguirá el IEPC por la vía del diálogo. Lo que tenga que hacer lo hará en su momento, con el firme compromiso de garantizar a la ciudadanía que vaya a votar con voluntad y toda certeza”.

Preocupa invitación a ajustar el cinturón: Villalobos

La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa expresó preocupación por el llamado de la representante de Morena a “ajustarnos el cinturón”, y de forma directa, solicitó a la nueva representante de Morena ser el enlace para una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En esta participación, Villalobos Tlatempa aclaró que el “cinturón” del IEPC se ajustó mucho antes del huracán Otis: en 2021, en 2022, y también en 2023, “porque el Consejo General ha sido responsable de las actividades ordinarias a pesar de los recortes, y seguirá siéndolo a pesar de la reducción de 40 por ciento del presupuesto solicitado en 2024”.
Sin embargo, enfatizó que se necesitan recursos para la instalación de las casillas, para los materiales capacitación y la producción de la documentación electoral con una serie de blindajes por la desconfianza que se generó hace varias décadas en los comicios.
Confirmó que hay mecanismos legales para demandar los recursos que para atender las responsabilidades constitucionales que tienen, pero aclaró que es una posición personal.
Recordó que hubo consideraciones para la continuidad de los trabajos electorales por el fenómeno Otis, en Acapulco, y ahora pide que  sea este fenómeno “no sea involucrado en la discusión del presupuesto”.

Proceso histórico para el pueblo afro, aún sin presupuesto

Mijane Jiménez destacó el proceso histórico para la comunidad afrodescendiente, que a golpe de sentencias consiguió que los partidos postulen una fórmula de candidaturas afromexicanas en Guerrero.
Además de que deberán registrar en la mitad de las planillas de los cabildos de Marquelia, Florencio Villareal (Cruz Grande), Juchitán, Copala, Cuajinicuilapa y San Nicolás, candidaturas de origen afromexicano,
Confirmó que la autoadscripción calificada será una realidad, “ya no serán las instituciones de gobierno quienes estarán diciendo quién es afro y quién no, sino las autoridades comunitarias”.
También reconoció a toda la estructura del IEPC para que la ciudadanía esté representada en los Consejos General Distritales, en cargos honorarios.
Aún sin condiciones idóneas, aseguró que serán vigilantes del proceso, pero llamó a las instituciones a considerar la territorialidad, “hasta ayer no podíamos encontrar suplente que es representante del Consejo Distrital 15, porque es una persona mayor y no tiene herramientas digitales para estar en las capacitaciones virtuales”.
Insistió en que se reconozca el contexto del pueblo afromexicano e indígena que hace un esfuerzo muy amplio para llevar a cabo las actividades de los consejos.
Recriminó que los pueblos siguen fuera del presupuesto, “a pesar de tener representatividad, no hay insumos para gozar de derechos políticos electorales, sin embargo, estamos aquí”.
Villalobos Tlatempa confirmó que las sentencias no tienen disposiciones para adicionar presupuestos para las acciones afirmativas en favor de los pueblos originarios.
“Una acción afirmativa sin presupuesto es simulación, quien pierde es la ciudadanía, es importante que se sepa que hace varios meses no tenemos recursos ni para gasolina, viáticos y muchas actividades como la instalación del proceso electoral y de los consejos distritales”.
Incluso, señaló que los consejeros asumieron gastos de manera personal.

No podrá IEPC pagar nómina y financiamiento a partidos por retraso en la ministración estatal

La presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama, durante su participación en la sesión de este órgano electoral Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), denunció en sesión pública que el presupuesto que solicitó el organismo para el siguiente año de elecciones fue reducido en un 43.48 por ciento en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso del Estado.
También informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
En el informe sobre la situación que guarda el presupuesto de ingresos y egresos del IEPC, y el seguimiento a la gestión del presupuesto de 2024, se explicó que en la asignación presupuestal para este organismo sólo establecieron 393 millones 120 mil pesos.
Informaron que por  escrito solicitaron al Congreso del Estado, a través de las presidencias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, que el análisis del anteproyecto de este instituto se haga con base en el importe aprobado por el Consejo General de este IEPC, por un monto de 695 millones 488 mil 735 pesos, tal como lo prevé el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
La consejera Vicenta Molina Revueltas advirtió que de aprobarse el decreto en los términos enviados por el Ejecutivo del Estado, “traerá severas implicaciones de riesgo para el correcto desarrollo del Proceso Electoral”.
Añadió que el instituto electoral “tiene por mandato constitucional y legal, la obligación y responsabilidad de organizar las elecciones locales, pero esta responsabilidad no es aislada, existe también corresponsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para prever y en su caso, aprobar la presupuestación responsable de recursos financieros para que el poder público del Estado continúe transitando por la vía de la legitimidad que sólo la democracia puede asegurar”.
En este punto, también informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
Recordó que la entrega tardía de las ministraciones de junio a septiembre, ocasionó la “insuficiente implementación” de proyectos estratégicos y retrasos en el pago de la nómina.
“La situación actual no es diferente por el retraso del presupuesto de  agosto a noviembre que hace imposible el pago de parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos y parte del pago de obligaciones patronales”.
Añadió que no podrán pagar aguinaldos por la insuficiencia presupuestal, y arrastraran esta deuda como pasivo al 2024. Lamentó esta situación por los trabajadores que este año laboran fines de semana y días festivos para atender las acciones y programas del instituto, entre estas, dos procesos consultas a pueblos originarios, y la consulta para designar la representación de los pueblos afromexicanos.
Aclaró que la gestión de recursos extraordinarios, este año, por 14 millones 350 mil pesos, se destinará a la instalación de los 28 Consejos Distritales, por lo que persiste la necesidad de recursos para concluir el año fiscal.
Todos los integrantes del Consejo expresaron  preocupación  por la insuficiente presupuestal que pueden enfrentar el siguiente año electoral, que calificaron como el más grande de la historia del estado, con representaciones indígenas y afromexicanas.
Además, de la imposibilidad de cubrir parte de la nómina del personal de este instituto y ciertas prestaciones laborales de fin de año, como es el pago de aguinaldo. Coincidieron en que el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados  está en riesgo,  derivado de la insuficiencia presupuestal en caso de que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto 2024 con la reducción señalada.
El llamado al gobierno estatal para que, desde su responsabilidad y competencia, analice la situación presupuestal del órgano electoral y asegurar la cobertura financiera a las prestaciones de ley del personal y al desarrollo del Proceso Electoral, fue unánime por parte de las y los integrantes del Consejo General.
Asimismo, durante esta sesión se aprobaron los proyectos relativos al ajuste de actividades al Plan de Trabajo para el desarrollo, implementación y operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024; así como los dictámenes para el otorgamiento de incentivos por su desempeño al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
 

Pide el Congreso al Ejecutivo aceptar enmienda que sanciona la violencia política de género

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Congreso local solicitó al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reconsiderar la decisión de rechazar el “adendum rectificatorio” para agregar a la ley electoral la figura de violencia política de género como causal para negar el registro como candidato a quien la haya cometido, la cual diputados locales dejaron fuera en la reforma aprobada el 8 de junio y publicada el 9 del mismo mes.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, consideró que la negativa se dio por la opinión del consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra, quien se excede en sus facultades y busca confrontar este poder con el Legislativo. El diputado morenista Jacinto González Varona reconoció que fue “una pifia” del Congreso y deberían asumir la responsabilidad.
En un oficio fechado ayer, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, a solicitud del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García, envió un documento al secretario de Gobierno “para solicitarle a usted muy atentamente, tenga a bien reconsiderar la decisión emitida”.
Vía telefónica, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, afirmó que la decisión del Ejecutivo en ese tema se da a partir de la opinión del consejero jurídico Jorge Salgado Parra, quien cometió un exceso fuera de sus atribuciones: “yo lo que observo en el fondo es un afán de él de confrontar el Poder Ejecutivo con el Legislativo”.
Jorge Salgado tiene sus orígenes en el PRI. En el proceso electoral de 2021 se sumó a Morena después de no conseguir la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo por la coalición PRI-PRD.
Apreza Patrón adelantó que enviarán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un informe de los diferentes momentos en los que el consejero se ha excedido en sus funciones.
Apreza Patrón dijo que en el cuerpo del dictamen se establecen que en esta reforma se contempla la violencia política en razón de género como causal para que la persona perpetradora no pueda ser postulada a un cargo de elección popular, por lo que, para compensar el error de no incluirlo en los resolutivos, únicamente se planteó un “adendum rectificatorio”.
Apreza Patrón señaló que en el grupo parlamentario del PRI están “verdaderamente sorprendidos de la actitud del consejero jurídico que pareciera que tiene el interés de confrontar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo”.
Explicó que el viernes 9 de junio la Comisión de Justicia aprobó el “adendum rectificatorio” y se envió ese mismo día al Poder Ejecutivo antes de que venciera el plazo para aprobar y publicar las reformas en materia electoral que serán vigentes en este proceso electoral.
De Jorge Salgado dijo que “debe de tener claridad que lo que se envió el mismo día y que en sesión posterior ratificó el pleno del Congreso fue un adendum rectificatorio, es un instrumento utilizado como práctica parlamentaria común y corriente en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales”, por lo que
están sorprendidos por la intención del consejero jurídico de afectar la relación entre los poderes.
Apreza señaló que la respuesta que da el Poder Ejecutivo al Legislativo se basa en la opinión de Jorge Salgado de que se debió realizar con una nueva iniciativa para reformar lo ya aprobado por el pleno “el consejero jurídico está actuando fuera de su competencia, él no es juez, no es integrante del Poder Judicial de la Federación para determinar que norma tiene validez o que norma es inválida, es un exceso, está actuando fuera de su competencia”.
Dijo que el grupo parlamentario está realizando un informe en el que detallen los excesos que ha cometido el consejero jurídico para informar a gobernadora, porque “esto no fue un hecho aislado, ya hay varios documentos que ha enviado el Ejecutivo, y lo grave es que firmados por el secretario general de Gobierno y a veces incluso por la gobernadora y ponen de base la opinión del consejero”.
En breves declaraciones, el diputado Jacinto González Varona reconoció que el no incluir a la violencia política en razón de género fue “una pifia” del Congreso y debe asumir las consecuencias del error.
Comentó que antes de que se votara el dictamen de reformas en materia electoral en las que se incluían las referentes a la Ley 3 de 3, pidió que se realizara una revisión la cual no se hizo y el dictamen se presentó al pleno en los términos aprobados.
“Yo creo que el Poder Legislativo tiene que aceptar esa pifia que cometimos, quedamos fuera de ley ya, cuando aprobamos el adendum creímos que se le iba a dar la celeridad, pero sin embargo el Poder Ejecutivo ya había publicado la reforma”.

Por extemporánea, rechaza el Ejecutivo petición para modificar ley electoral y sancionar la VPG

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gobierno del estado rechazó el “addendum rectificatorio” que el Congreso local aprobó, con el que pretendían subsanar el error de no contemplar en las reformas a la ley electoral que los perpetradores de violencia política de género (VPG) no pueden ser candidatos.
Es decir, que las reformas aprobadas por el Congreso local el pasado 8 de junio y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 del mismo mes, serán vigentes en esos términos, sin que se incluya el adendum aprobado por el pleno el día 13.
Precisamente el 9 de junio pasado, fue la fecha límite (90 días antes del inicio del proceso electoral 2023-2024) que tenía el Congreso local para aprobar las reformas en materia electoral, para que estas fueran aplicables en este proceso.
Y entre las principales modificaciones que se anunciaron fue precisamente la conocida Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores de mujeres, pero ésta fue aprobada incompleta porque no se incluyó entre los tipos de violencia a la que es política en razón de género, ninguno de los diputados se percató del error de dejar fuera esta figura. Así se aprobó por el pleno, se festejó en tribuna por las promotoras y se envió al gobierno del estado para su publicación y entrada en vigencia.
Pero en la siguiente sesión, el 13 de junio el pleno aprobó por mayoría de votos un adendum con el que pretendían subsanar el error y agregar esta importante figura.
Diez días después a través de un oficio fechado y firmado el 23 de junio, el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, informó a la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez: “respetuosamente devuelvo a usted en original y medio magnético el addendum rectificatorio”.
Se explica que en el análisis que se realizó en la consejería jurídica del Poder Ejecutivo se determinó regresar en adendum porque las reformas que el 8 de junio realizó el Congreso entraron en vigencia a partir de su publicación el 9 del mismo mes.
“Por lo que es una norma vigente a la fecha y para modificarse es a través de una reforma, adición, o derogación” que no puede ser modificado o agregado nada a partir de un adendum como lo pretendió el Poder Legislativo.

La sesión

Este miércoles la Comisión Permanente realizó una sesión de mero trámite en la que se informó del oficio que recibieron de Ludwig Marcial Reynoso y que este oficio fue turnado a la Comisión de Justicia, desde el jueves 29 de junio.
También intervino la diputada de Morena Jessica Alejo Rayo en relación a la conmemoración del 68 Aniversario del Voto de la Mujer en México, señaló que las diputadas tienen el deber de velar por que las reformas constitucionales y legales aprobadas sean a favor de este sector de la población.

PRI: el Ejecutivo debió informar de la renuncia de Urióstegui, no un diputado

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que si ya renunció el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Jesús Eugenio Urióstegui García, ya no hay delito, pero le causa sorpresa que la renuncia sea anunciada por un diputado local y no por el Ejecutivo: “son estilos”.
Jesús Uriostegui fue captado en un acto proselitista en apoyo a la candidata morenista a la gubernatura en el Estado de México Delfina Gómez el 11 de mayo, y el martes 16 de mayo en la sesión del Congreso el diputado local Joaquín Badillo Escamilla informaó que el funcionario había renunciado desde el 9 de mayo.
Consultado por teléfono, el dirigente estatal del PRI dijo que si el funcionario había renunciado días antes de su activismo político entonces ya no había porque hablar del tema.
“Nosotros señalamos que era ilegal, que como jefe de la Oficina era ilegal que en horario de trabajo estuviera en un evento proselitista porque así lo marca la ley de clarito”.
“Si había renunciado no hay como tal ilícito, lo que se me hace ahí medio… ¿por qué lo anuncia un diputado… por qué no se anuncia en los medios tradicionales? Pero bueno, esos son estilos diferentes, pero si no hay delito que perseguir está la renuncia desde el 9 de mayo, ahí expone los motivos y no hay mucho que hablar de este tema”.
Agregó que el PRI estará atento “que los priistas cumplan la ley y los que son funcionarios de gobiernos municipales cumplan con la ley, el ejemplo lo vamos a poner nosotros para que también tengamos la autoridad moral para exigir que todas y todos los funcionarios hagan cumplir la ley como tal”.
Del llamado del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de que los gobiernos estatales no usen el presupuesto para apoyar a los aspirantes presidenciales, Bravo Abarca dijo que eso es un asunto interno de los morenistas, “pero si es lamentable que en ocasiones, disfracen algunos eventos que son de proselitismo evidentemente los disfracen como eventos de gobierno, qué bueno que alguien hace ese llamado pero es simplemente que se cumpla la ley y prácticamente lo que en muchas elecciones se pide, piso parejo”.
Del anuncio hecho por el delegado de los programas federales en la entidad Iván Hernández Díaz de que antes del proceso electoral emitirá un protocolo de sobre el actuar de los funcionarios federales, señaló: “me parece bien, pero esperemos que se cumpla, quiero tener tener la esperanza de que sí se va a cumplir”.

 

Reiteran grupos rechazo a iniciativa que penaliza terapias de conversión de género

Daniel Velázquez

Asociaciones civiles rechazaron que en la entidad se tipifique como delito las terapias de conversión de género, y piden que no sea aprobada por el Congreso local.
La reforma federal ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados, y por norma se deberá homologar con la legislación local.
Las asociaciones considera que la reforma es violatoria a los derechos que tienen los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias.
El pasado 7 de marzo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió una iniciativa de decreto al Congreso local para adicionar los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado, con lo que se sancionaría con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
Este mismo grupo ya dio una postura en Chilpancingo el último día del mes pasado y esta vez lo hicieron en Acapulco. Plantearon los mismos argumentos para rechazar una reforma legal que por norma se debe homologar en el estado porque parte de una reforma federal que ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Malibú, el grupo de asociaciones se quejó que con esa iniciativa lo que se busca es imponer en el estado una ideología de género que pone en riesgo a los padres pues por “odio” alguno de sus hijos podría demandarlos y acusarlos de que se le indujo a una terapia de conversión contra su voluntad.
El presidente de la asociación A Favor de la Familia y la Niñez Victoriano Sánchez Carbajal, pidió que la iniciativa sea sometida a un test de derechos humanos y que precise los conceptos que se incluyen en la propuesta porque algunos de estos son ambiguos.
De la Unión Nacional de Padres de Familia, Óscar Hernández Cadena, dijo que la iniciativa atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. “La familia no puede ser tocada por una ideología que está de moda”.
En la conferencia también estuvieron el vicepresidente de Guerrero Unido con la Familia Benjamín Fuentes Hoyos, el presidente de la Red Guerrero por la Vida y coordinador del Frente Nacional por la Familia en Guerrero, Gerardo García Sánchez, y de la Red Familia Guerrero Ismael Alderete Garay.

Considera el CCE que la reforma a la ley minera es contraria al desarrollo del país

Agencia Reforma

Ciudad de México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó por dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo al ser contrarias a la Constitución y a tratados comerciales como el T-MEC.
Se trata del conjunto de reformas a diversas leyes en materia administrativa que se vinculan tanto a contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como el paquete de reformas en materia minera.
El organismo empresarial pidió que se abra una discusión en la Cámara de Diputados que los incluya.
“Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, y que incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, dijo en un comunicado.
Sobre la reforma a Ley Minera, comentó que va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de esta industria y de la infraestructura pública, en perjuicio del país.
“Nuestra posición se sustenta en análisis jurídicos y técnicos de especialistas de nuestros organismos, en experiencias que como actores, hemos tenido en ambos campos de la vida económica y en escenarios por venir tanto en materia de extracción minera, así como de la infraestructura que México necesita”, expuso.
Por su parte, S&P Global Market Intelligence afirmó que a aprobación de ambos proyectos implicarán un impacto negativo en la seguridad jurídica de las empresas.
“El uso discrecional por parte del gobierno de las nuevas herramientas legales propuestas con fines políticos implicaría un aumento significativo en la incertidumbre contractual y es probable que dicho riesgo se extienda más allá del mandato presidencial actual de seis años en México”, refirió.