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No podrá IEPC pagar nómina y financiamiento a partidos por retraso en la ministración estatal

La presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama, durante su participación en la sesión de este órgano electoral Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), denunció en sesión pública que el presupuesto que solicitó el organismo para el siguiente año de elecciones fue reducido en un 43.48 por ciento en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso del Estado.
También informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
En el informe sobre la situación que guarda el presupuesto de ingresos y egresos del IEPC, y el seguimiento a la gestión del presupuesto de 2024, se explicó que en la asignación presupuestal para este organismo sólo establecieron 393 millones 120 mil pesos.
Informaron que por  escrito solicitaron al Congreso del Estado, a través de las presidencias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, que el análisis del anteproyecto de este instituto se haga con base en el importe aprobado por el Consejo General de este IEPC, por un monto de 695 millones 488 mil 735 pesos, tal como lo prevé el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
La consejera Vicenta Molina Revueltas advirtió que de aprobarse el decreto en los términos enviados por el Ejecutivo del Estado, “traerá severas implicaciones de riesgo para el correcto desarrollo del Proceso Electoral”.
Añadió que el instituto electoral “tiene por mandato constitucional y legal, la obligación y responsabilidad de organizar las elecciones locales, pero esta responsabilidad no es aislada, existe también corresponsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para prever y en su caso, aprobar la presupuestación responsable de recursos financieros para que el poder público del Estado continúe transitando por la vía de la legitimidad que sólo la democracia puede asegurar”.
En este punto, también informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
Recordó que la entrega tardía de las ministraciones de junio a septiembre, ocasionó la “insuficiente implementación” de proyectos estratégicos y retrasos en el pago de la nómina.
“La situación actual no es diferente por el retraso del presupuesto de  agosto a noviembre que hace imposible el pago de parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos y parte del pago de obligaciones patronales”.
Añadió que no podrán pagar aguinaldos por la insuficiencia presupuestal, y arrastraran esta deuda como pasivo al 2024. Lamentó esta situación por los trabajadores que este año laboran fines de semana y días festivos para atender las acciones y programas del instituto, entre estas, dos procesos consultas a pueblos originarios, y la consulta para designar la representación de los pueblos afromexicanos.
Aclaró que la gestión de recursos extraordinarios, este año, por 14 millones 350 mil pesos, se destinará a la instalación de los 28 Consejos Distritales, por lo que persiste la necesidad de recursos para concluir el año fiscal.
Todos los integrantes del Consejo expresaron  preocupación  por la insuficiente presupuestal que pueden enfrentar el siguiente año electoral, que calificaron como el más grande de la historia del estado, con representaciones indígenas y afromexicanas.
Además, de la imposibilidad de cubrir parte de la nómina del personal de este instituto y ciertas prestaciones laborales de fin de año, como es el pago de aguinaldo. Coincidieron en que el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados  está en riesgo,  derivado de la insuficiencia presupuestal en caso de que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto 2024 con la reducción señalada.
El llamado al gobierno estatal para que, desde su responsabilidad y competencia, analice la situación presupuestal del órgano electoral y asegurar la cobertura financiera a las prestaciones de ley del personal y al desarrollo del Proceso Electoral, fue unánime por parte de las y los integrantes del Consejo General.
Asimismo, durante esta sesión se aprobaron los proyectos relativos al ajuste de actividades al Plan de Trabajo para el desarrollo, implementación y operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024; así como los dictámenes para el otorgamiento de incentivos por su desempeño al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
 

Reestructura IEPC presupuesto; negocia ampliación presupuestal con el Ejecutivo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, informó que las diferentes áreas técnicas del órgano realizan ajustes presupuestales para que éstos sean presentados al gobierno estatal en el proceso de negociación que realizan en busca de ampliaciones presupuestales.
En declaraciones telefónicas, la consejera presidenta comentó que los ajustes que se realizan son parte de las pláticas o negociaciones con el gobierno del estado “para ver algunas ampliaciones que pudieran autorizarnos, pero nos han pedido que les presentemos un ajuste más”.
Comentó que en el órgano electoral aún no se realizan acciones que requieren el uso de recurso público en tanto no haya claridad de las ampliaciones que pudieran tener y el presupuesto que finalmente tendrían para ejercer este año.
El IEPC había aprobado un plan operativo anual, pero las áreas técnicas realizan un ajuste para determinar qué actividades se pueden limitar “para adecuarnos al presupuesto”.
Finalmente, las áreas presentarán estos ajustes ante el Consejo General para que ahí se discuta y se apruebe “en donde se puede recortar”.
En estos acercamientos con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, dijo que la intención es también dialogar con la Secretaría de Finanzas y Administración y con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Por lo pronto, comentó Luz Fabiola Matildes que cuando se tenga la propuesta de cómo reajustar el presupuesto en las diferentes áreas lo llevarán ante el gobierno estatal para continuar con las negociaciones.
La presidenta recordó también que la creación de nuevos partidos políticos locales no representa mayor presupuesto para el órgano electoral, y que, por el contrario, sí significa una reducción de las prerrogativas a los siete partidos con registro nacional.
Puntualizó que será hasta abril cuando exista certeza de que partidos políticos locales se crearán, y a partir del primero julio se redistribuirá el recurso destinado hasta ahora a los siete partidos con registro nacional y acreditados ante el IEPC, para ser distribuido también entre los de registro estatal.
“Tendremos que redistribuir estos 171 millones a partir del mes de julio, de ese mes a diciembre se tendrán que redistribuir entre los siete partidos y los nuevos” de registro local, comentó la consejera presidenta.

 

Acuerdan consejeros del IEPC pedir ampliar en 134 millones su presupuesto para 2023

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presupuesto aprobado para el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC) alcanza sólo para las actividades de los primeros seis meses de 2023, y para cubrir ocho de financiamiento de partidos políticos, explicó la consejera Azucena Cayetano Solano, en la sesión extraordinaria que se realizó ayer de manera virtual.
Antes de que el Consejo General aprobará los ajustes a su programa operativo anual, informó que el organismo hará nuevas gestiones para conseguir una ampliación de presupuesto de 134 millones de pesos, que corresponde al 34 por ciento en que se redujo del anteproyecto, respecto a lo asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero.
Sin estos recursos no tendrán suficiente solvencia para ejecutar actividades encaminadas al inicio del proceso electoral 2023-24 que comienza en septiembre.
Recordó que en el anteproyecto de presupuesto 2023, el IEPC solicitó 427 millones, y les asignaron 285. Sometieron a votación y aprobaron el ajuste del programa operativo anual para el ejercicio 2023, a fin de atender las actividades primigenias.
En el presupuesto ajustado se distribuyen 156 millones 712.6 mil pesos a la operación básica de este Instituto, que cubre al cien por ciento únicamente del capítulo 1000 de Servicios Personales. Para los programas correspondientes a los capítulos 2000, 3000 y 5000, sólo tendrán recursos para el periodo de enero a junio de 2023.
De 171 millones requeridos para el financiamiento público de partidos políticos en el ejercicio fiscal 2023, sólo disponen de 114 millones 484.8 mil pesos para cubrir los montos mensuales de enero a agosto de 2023.
De igual forma se aprobó un monto de 5 millones 273 mil pesos para la realización de las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que permitirá cumplir con las sentencias de tribunales, y 8.8 millones de pesos para el desarrollo de los proyectos estratégicos primordiales.
Ratificó: lo “imperante poder operar de manera satisfactoria las actividades, empezaremos la gestión a fin de que sea fortalecido el proceso electoral ordinario”.
En esta sesión se aprobó el financiamiento público a partidos políticos, de las 12 ministraciones mensuales, aunque solo haya solvencia para ocho meses. Esto es, 166 millones 725 mil pesos para actividades ordinarias permanentes, y 5 millones para actividades específicas, que hace un total de 171.7 millones.
En el informe de constitución de partidos políticos, Rodríguez Tlatempa informó que nueve asociaciones civiles celebraron sus asambleas municipales y estatales constitutivas en el plazo que terminó en diciembre, sólo una no concluyó su proceso.
El consejero Edmar León García informó que se encuentran en la quinta de seis fases de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para el diseño de acciones afirmativas que garanticen su derecho a la representación en los Consejos Distritales del IEPC.
En esta etapa, IEPC a través de las áreas técnicas recaba las información de las fases previas y de diálogos consultivos y deliberativos, para presentar la propuesta final de acción afirmativa a más tardar el próximo 31 de enero.
Recordó que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación ordenó esta consulta al instituto el 5 de julio de 2021, que se desahogó en 43 municipios; 37 con 40 por ciento o más de población indigan y afromexicana y dos más que fueron solicitantes o proventes del recurso legal.
Para garantizar una mayor participación hubo acercamientos con instituciones y organizaciones comunitarias vinculadas a pueblos indígenas y afromexicanos.
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Presenta la CRAC al IEPC propuestas para elegir a representantes electorales

Consejeros del IEPC encabezados por su presidenta Luz Fabiola Matildes Gama durante la reunión con integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en las instalaciones de la Casa de Justicia en San Luis Acatlán Foto: IEPC

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entregaron ayer a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), sus propuestas de cómo quieren que sean electos los representantes para el Consejo General del IEPC, y los Consejos distritales, en una reunión en San Luis Acatlán.
La CRAC propone que los aspirantes a representantes deben salir de las asambleas comunitarias de los pueblos originarios y afromexicanos, deben ser o pertenecer a cualquiera de los pueblos originarios o afromexicano de nacimiento, y haber desempeñado con honorabilidad algún cargo en su pueblo o comunidad.
En declaraciones por teléfono, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que este miércoles se reunieron en el edificio de la organización, ubicada en la colonia Riviera Acatlán, con la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, y las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Azucena Cayetano Solano, el consejero Edmar León García, y el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz.
Detalló que en la reunión que duró cerca de dos horas y media, los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC y consejeros de San Luis Acatlán, entregaron sus propuestas de cómo quisieran ser representados de acuerdo al cuestionario que les envió el IEPC.
Del nombre de la figura de representación indígena y afromexicana, la CRAC propuso llamarles “representante de los pueblos originarios y afromexicanos ante el Consejo General del IEPC”, y “representante de los pueblos originarios y afromexicanos ante el Consejo Distrital”.
Dijo que el objetivo de estas representaciones es que en virtud de que los derechos que las leyes les otorga, consideran que “así como los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes tienen representantes ante la autoridad electoral que organiza y califica los procesos electorales, los pueblos originarios y afromexicanos debemos tener representantes ante está autoridad para vigilar y evitar mediante la discusión y el diálogo e incluso mediante la interposición de algún recurso o mediante impugnación legal para que no se violenten o vulneren nuestros derechos políticos electorales”.
Sostienen que estas representaciones deben vigilar y solicitar que los principios de imparcialidad, certeza, legalidad e independencia sean respetados por la autoridad electoral, durante y fuera de los procesos electorales e igualmente pugnar que la actividad de los partidos políticos, coaliciones, sus respectivos candidatos y los candidatos independientes, se apeguen a la constitucionalidad y a la legalidad respectiva en materia electoral.
Resaltó que como organización, proponen que los requisitos de quienes busquen ser representantes sean: ser o pertenecer a cualquiera de los pueblos originarios o afromexicano de nacimiento; carta de autoadscripción expedida por la autoridad del pueblo o comunidad donde vive; contar con una residencia mínima de cinco años en el distrito electoral respectivo; no haber cometido ningún delito doloso; tener 25 años cumplidos; saber leer y escribir; haber desempeñado con honorabilidad algún cargo en su pueblo o comunidad.
También, detalló los aspirantes deben ser propuestos por la asamblea general comunitaria, asamblea regional de autoridades comunitarias o asamblea general de autoridades comunitarias de los pueblos originarios o afromexicano, es decir, que sea avalado por su pueblo, después por una asamblea regional de autoridades comunitarias o en una asamblea municipal y distrital y que todos los consejos estén de acuerdo con quién vaya a ser el representante.
Argumentó que la edad mínima que proponen de 25 años es porque en las comunidades comienzan a participar a los 19 años, además que ya hayan ocupado cargos como comisario, secretario o inspector u otro tipo de cargos de autoridades agrarias.
De Jesús Cabrera mencionó que las facultades de estos representante de los pueblos originarios y afromexicanos que proponen es que tengan derecho a voz en cada sesión del Consejo General del IEPC y ante los Consejos Distritales, en tanto, su obligación será organizar reuniones mediante usos y costumbres para poder opinar y tomar alguna posición tomando en cuenta la opinión de sus representados acerca de los asuntos políticos electorales que repercutan directa o indirectamente en los derechos políticos electorales de sus representados.
Aseveró que la CRAC propone que los representantes ante el Consejo General del IEPC los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deberán mediante usos y costumbres proponer a ciudadanos que cumplan con los requisitos en una asamblea general comunitaria, asamblea regional de autoridades comunitarias o asamblea general de comunidades de autoridades comunitarias de los pueblos originarios o afromexicanos.
Posteriormente deberán ser electos propietario y suplente en una asamblea general de autoridades tradicionales, y será el representante propietario quién obtenga el mayor número de votos y la suplencia para quién haya tenido el segundo lugar, destacando “en todo momento la paridad de género”.
Manifestó que del caso de los representantes de los pueblos originarios afromexicanos ante los Consejos Distritales deben ser propuestos y aprobados por las autoridades tradicionales de esas demarcaciones territoriales electorales de acuerdo con sus usos y costumbres.
El vocero de la CRAC de San Luis Acatlán expuso que proponen que estos representantes en el Consejo General del IEPC y ante los Consejos Distritales electorales deben permanecer tres años en el cargo, sin derecho a reelección, y podrán ser removidos o sustituidos en caso de no asistir a dos reuniones consecutiva sin justificación o no tomar en cuenta las opiniones o sugerencias de su representados.
Raúl de Jesús expresó que Matildes Gama firmó de recibido sus propuestas que entregaron por escrito, y acordaron que en enero cuando tengan la conclusión final de todas las propuestas que recabaron en diferentes comunidades se volverán a reunir, “para ver si fueron tomadas en cuenta las propuestas de las comunidades”.
Agregó que la institución comunitaria propuso la creación de una Dirección Ejecutiva de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y también que en el Consejo General del IEPC sean representados los pueblos originarios y afromexicanos mediante la creación de la figura jurídica del consejero electoral indígena.
“Son dos nuevas propuestas y hay un compromiso de que para la siguiente consulta será tomada en cuenta CRAC para participar con sus autoridades y es donde realmente se abren las puertas y se toma en cuenta nuestra institución indígena”, expuso.
Reprochó que es diferente a lo que hizo el Congreso del estado, “que nunca nos tomó en cuenta por eso hubo mucho rechazo de los comisarios municipales en cuanto a participar en su consulta simulada que hizo” para reformar las leyes 777 del Sistema de Seguridad Pública, y 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que se realizó los primeros meses de 2022.

 

Una interpretación “ilegal” del IEPC la deja fuera del Congreso, se queja morenista

La candidata a diputada local morenista por la vía plurinominal, Yesenia Hernández Jerónimo, en conferencia acompañada por la representante de la Asociación Civil Kaniche Eslava, Beatriz Eslava Borja y el Presidente Estatal de Estudiantes Democráticos A.C., Valentín Bautista Flores Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La candidata a diputada local morenista por la vía plurinominal, Yesenia Hernández Jerónimo, acusó al instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de realizar una interpretación y aplicación de la ley “errática, parcial, incongruente e ilegal”, con lo que la dejó fuera del Congreso local.
Yesenia Hernández fue una de las morenistas insaculada por el partido y que obtuvo su registro en el lugar 6, de mujeres, de la lista de diputados plurinominales.
En conferencia en la capital, mostró una constancia que la acredita como hablante de una lengua indígena tu’un savi, de la variante de la comunidad Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec, ella es originaria de Tlapa.
Afirmó que el IEPC violó su derecho a representar a sectores vulnerables, pues es indígena, joven y mujer. Aseguró que uno de los espacios que le dieron a un hombre en la asignación de diputaciones le correspondía al género femenino, por lo que su impugnación ya está en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Explicó que el motivo de su impugnación es porque se infringieron los principios rectores constitucionales en materia electoral, como son igualdad, legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; y acusó que al IEPC de realizar “una interpretación y aplicación errática, parcial, incongruente e ilegal” de las leyes.
En ese sentido, dijo que si los consejeros del IEPC hubieran realizado una interpretación “lógica jurídica de la norma”, entonces a Morena le corresponden seis espacios para mujeres y un hombre, “pero sin exponer las causas, motivos o circunstancias especiales, asigna dos hombres y cinco mujeres, es decir, me dejan fuera, violentando con ello el principio de la paridad sustantiva”.
Yesenia Hernández consideró que las autoridades electorales están obligadas a adoptar una perspectiva de la paridad de género, “como mandato de optimización flexible, que admita una participación mayor de mujeres, que aquella estrictamente cuantitativa de cincuenta y cincuenta, aspecto que no analizó el IEPC al asignar las diputaciones plurinominales, y en lo particular coartar mi derecho de ocupar un cargo de elección popular, actualizándose con ello una violencia política en razón de género, dado que se me impide ocupar un espacio por el simple hecho de ser mujer, cuando existen condiciones, cualidades y argumentos legales para ser incluida”.
Hernández Jerónimo estuvo acompañada por la representante de la Asociación Civil Kaniche Eslava, Beatriz Eslava Borja, y el presidente estatal de Estudiantes Democráticos AC, Valentín Bautista Flores.