La presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama, durante su participación en la sesión de este órgano electoral Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), denunció en sesión pública que el presupuesto que solicitó el organismo para el siguiente año de elecciones fue reducido en un 43.48 por ciento en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso del Estado.
También informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
En el informe sobre la situación que guarda el presupuesto de ingresos y egresos del IEPC, y el seguimiento a la gestión del presupuesto de 2024, se explicó que en la asignación presupuestal para este organismo sólo establecieron 393 millones 120 mil pesos.
Informaron que por escrito solicitaron al Congreso del Estado, a través de las presidencias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, que el análisis del anteproyecto de este instituto se haga con base en el importe aprobado por el Consejo General de este IEPC, por un monto de 695 millones 488 mil 735 pesos, tal como lo prevé el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
La consejera Vicenta Molina Revueltas advirtió que de aprobarse el decreto en los términos enviados por el Ejecutivo del Estado, “traerá severas implicaciones de riesgo para el correcto desarrollo del Proceso Electoral”.
Añadió que el instituto electoral “tiene por mandato constitucional y legal, la obligación y responsabilidad de organizar las elecciones locales, pero esta responsabilidad no es aislada, existe también corresponsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para prever y en su caso, aprobar la presupuestación responsable de recursos financieros para que el poder público del Estado continúe transitando por la vía de la legitimidad que sólo la democracia puede asegurar”.
En este punto, también informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
Recordó que la entrega tardía de las ministraciones de junio a septiembre, ocasionó la “insuficiente implementación” de proyectos estratégicos y retrasos en el pago de la nómina.
“La situación actual no es diferente por el retraso del presupuesto de agosto a noviembre que hace imposible el pago de parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos y parte del pago de obligaciones patronales”.
Añadió que no podrán pagar aguinaldos por la insuficiencia presupuestal, y arrastraran esta deuda como pasivo al 2024. Lamentó esta situación por los trabajadores que este año laboran fines de semana y días festivos para atender las acciones y programas del instituto, entre estas, dos procesos consultas a pueblos originarios, y la consulta para designar la representación de los pueblos afromexicanos.
Aclaró que la gestión de recursos extraordinarios, este año, por 14 millones 350 mil pesos, se destinará a la instalación de los 28 Consejos Distritales, por lo que persiste la necesidad de recursos para concluir el año fiscal.
Todos los integrantes del Consejo expresaron preocupación por la insuficiente presupuestal que pueden enfrentar el siguiente año electoral, que calificaron como el más grande de la historia del estado, con representaciones indígenas y afromexicanas.
Además, de la imposibilidad de cubrir parte de la nómina del personal de este instituto y ciertas prestaciones laborales de fin de año, como es el pago de aguinaldo. Coincidieron en que el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados está en riesgo, derivado de la insuficiencia presupuestal en caso de que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto 2024 con la reducción señalada.
El llamado al gobierno estatal para que, desde su responsabilidad y competencia, analice la situación presupuestal del órgano electoral y asegurar la cobertura financiera a las prestaciones de ley del personal y al desarrollo del Proceso Electoral, fue unánime por parte de las y los integrantes del Consejo General.
Asimismo, durante esta sesión se aprobaron los proyectos relativos al ajuste de actividades al Plan de Trabajo para el desarrollo, implementación y operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024; así como los dictámenes para el otorgamiento de incentivos por su desempeño al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
El rector de la UAG, Javier Saldaña, en entrevista con El Sur Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que confía en lograr recursos económicos para la institución a través de bolsas extraordinarias y cubrir las necesidades que tiene.
Dijo el rector que a la UAG le pegó mucho la pandemia, pues tuvo más de 150 fallecidos, lo que generó en promedio un millón 800 en pagos por cada defunción.
“Se acumuló un pasivo de 250 millones de pesos, más un pasivo por nómina que traemos, de cerca de 50 millones de pesos”, dijo Saldaña Almazán.
En declaraciones antes de un acto del Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrereo (Itaigro), que se llevó a cabo en el zócalo de Acapulco, al rector se le preguntó por el el ligero aumento en el presupuesto de egreso 2024 para los órganos autónomos, donde para la UAG se proponen 158 millones más, donde apenas se compensa la tasa de inflación estimada de este año, que es 4 por ciento cuando es un aumento del 5, y dijo que están participando con rectores de otras universidades, para buscar que los reciba la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que se haga una inversión en el rubro de educación, porque sólo así se puede avanzar.
Dijo que es lograr bolsas extraordinarias y aclaró que lo anunciado es el proyecto ordinario de presupuesto. Recordó que antes, esas bolsas extraordinaria servían para atender asuntos emergentes, como jubilaciones, pensiones, laudos y defunciones.
Indicó que en la UAG saben que también deben hacer un esfuerzo extraordinario y que hoy, en la sesión del Consejo Universitario, se anunciarán “unas grandes medidas de austeridad. Vamos a presentar un plan de austeridad y el nuevo organigrama, donde se van a reducir los puestos en casi un 20 por ciento”.
Saldaña Almazán subrayó que eso va generar un ahorro de 100 millones al año, “vamos a empezar por nuestra casa, para decirle al gobierno que nosotros entramos a este proceso. Son diez medidas puntuales que van a generar ahorros y el compromiso de la universidad de mejorar la calidad y entrar al proceso de la nueva escuela mexicana”. Dijo que seguirá gestionando recursos en todas las ventanillas de Hacienda, con ANUIES, en la Cámara de Diputados, con la SEP y también ver fuentes alternas de financiamiento, como las ONG.
El rector reiteró que la UAG sigue teniendo el presupuesto más bajo del país y ha habido una disposición de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de ayudar.
Señaló que espera que se asigne presupuesto para las preparatorias populares y se ha hablado de que se oficialicen algunas.
Dijo que tiene facilidad para la gestión y señaló que por el momento no hay contrataciones, hasta que no se pague el aguinaldo y sólo se harán en caso de emergencia.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, señaló que pedirá a la administración central la nómina para revisar los casos de supuesta asignación de nuevas categorías por parte del ex secretario general de la universidad, Armando Guzmán Zavala.
Martínez Llanes aseguró que desconoce si las acusaciones hechas por un grupo de trabajadores sean ciertas, pero en caso de haber una irregularidad, hará cumplir el contrato colectivo de trabajo.
En declaraciones telefónicas, el dirigente sindical dijo que todos los procesos tienen que ser de manera bilateral y depositado en la junta de conciliación. Indicó que son con base en los criterios del contrato colectivo, que se marcan en la discusión del emplazamiento a huelga y dijo que lo que se ha mencionado del ex funcionario, de que dio 23 categorías nuevas a gente cercana a su corriente política Unidad Democrática (UD), “no le consta”.
“Yo necesito ir a la fuente, en términos de nómina. Si realmente pasó eso, cuándo y la motivación, por lo que no puedo emitir una opinión en el sentido si es verídico o no. Son notas periodísticas, no las estoy descalificando, sino simplemente es de mucha responsabilidad emitir una opinión. Si yo tengo la posibilidad y reviso las nóminas, y veo que fue fuera de lo que nosotros tenemos en arqueo, de todos los emplazamientos a huelga, pues sería cuestión de dar un seguimiento y saber el motivo”, dijo el dirigente sindical.
Señaló que lo que sí podía decir, de manera contundente, es que en las diferentes negociaciones de cada emplazamiento se dan a partir de los criterios y una negociación bilateral, entre la comisión de la administración de la UAG con la del sindicato y eso es público, que quienes han estado en la comisión lo saben.
Martínez Llanes reiteró que no podía emitir una opinión de si es verdad o mentira la entrega de esas categorías, porque necesita revisar, “si no está en el emplazamiento, aunque no necesariamente tiene que estar en el emplazamiento”.
Al dirigente se le preguntó si, una vez que se revisen y si hay irregularidades, pueden darse de baja, el dirigente respondió que sí, “si hay irregularidades se plantea ante quien esté representado a la UAG. Se plantearía en el contexto, pero sería de una revisión y plantearla como una violación al contrato colectivo.
El delegado del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) en el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional (CCDR), Maximiliano Reyes Umaña, impugnó ante el sindicato a cuatro auxiliares de confianza categoría 1, porque argumenta que son irregulares.
En un oficio dirigido al secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, entregado el 22 de septiembre, se informa de la impugnación contra los trabajadores Viviana Robles Leyva, Enrique Flores Munguía, Carlos Rodolfo Anzaldúa Soulé y Margarita Beatriz Rosas Acevedo, “quienes hasta la segunda quincena de agosto de 2023 detentaron las categorías laborales de Asistente 10, los tres primeros y la subdirectora de administración y gestión, respectivamente”.
Añade el oficio que estos trabajadores no han realizado su trámite contractual correspondiente ante la delegación sindical para obtener su categoría de base ni su basificación correspondiente; sin embargo, es el caso que en la nómina correspondiente a la primera quincena de septiembre del año en curso, aparecieron con categorías de base, es decir, pasaron de asistente 10 confianza a auxiliar académico 1.
Reyes Umaña señala que con razón a lo anterior y en su carácter de delegado sindical y en cumplimiento del contrato colectivo de trabajo realizo “la impugnación correspondiente, a fin de que sean retiradas estas categorías laborales a los trabajadores mencionados, ya que les fueron otorgadas de forma irregular (unilateral) y al margen de los establecido en el contrato colectivo vigente”. (Karina Contreras).
Padres de familia de la secundaria técnica 75, Valerio Trujano, ubicada en la comunidad Petacalco, municipio de La Unión, dieron a conocer que tendrán que esperar hasta la próxima semana para que sean atendidos por el delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marco Luna Reséndiz.
Aseguraron que hasta entonces se resolvería el conflicto, originado desde hace ocho años porque no hay maestro del taller de electricidad en el plantel y descubrieron que en la nómina de la plantilla aparece que sí hay.
Desde el 7 de septiembre, los padres de familia cerraron la dirección y las oficinas administrativas de ese plantel, para protestar porque desde hace ocho años no hay maestro en el taller de electricidad; sin embargo, descubrieron que en la plantilla aparece que sí y que quien impartía esa materia es el director, quien se niega a dar la clase.
Este lunes, vía telefónica, una de las madres de familia comentó que el presidente del comité de padres, Martín Avendaño Ramírez, les informó que la semana pasada, el delegado de la SEG en Costa Grande, Marco Luna, se comunicó con él para decirle que será hasta la semana próxima cuando acuda a Petacalco para atender el problema.
“Según nos comentó el presidente del comité, el delegado dijo que no puede venir en esta semana, por los problemas de inseguridad que hay en Zihuatanejo. No sabemos qué tiene que ver ese problema con el que tenemos aquí en la escuela, pero quedó en que va a venir a dar solución porque ya tiene la información y nuestro pliego petitorio, donde lo que queremos es la salida del director José Juan Nogueda Escobar, y que haya un maestro para el taller de electricidad”.
Agregó que los padres de familia decidieron esperar al funcionario, pero advirtieron que si acude con una propuesta de solución distinta a la que ellos están exigiendo, tomarán otras medidas, “ya no queremos al director, porque son muchas las irregularidades que ha cometido aquí en la escuela. Sobre todo que se ha negado a dar la clase de electricidad a los alumnos y que en todo este tiempo nunca solicitó a un maestro, para que lo reemplazara en esa materia”.
No mandan un maestro, denuncian padres de una primaria
Padres de familia de la primaria Nicolás Bravo, ubicada en la comunidad Palos Blancos, municipio de Petatlán, denunciaron que las autoridades educativas no han cumplido con mandar a un maestro que les hace falta para atender al grupo de cuarto grado.
Este lunes, vía telefónica, un padre de familia de ese plantel recordó que hace dos semanas el delegado de la SEG en la región, Marco Luna Reséndiz, acompañado del delegado de Gobernación, Onécimo Llanes Moreno, presentaron a un maestro para atender el sexto grado, pero quedó pendiente el profesor para el cuarto grado, el cual estaba a cargo de una maestra que tiene un grave problema de salud, que la mantiene en cama y sin poder valerse por sí misma.
Dijo que el delegado de la SEG, junto con el supervisor escolar Everenciano Zamora Antonio, luego de hacer una visita de cortesía a la maestra en su domicilio, ahí en Palos Blancos, se comprometieron a que ellos harían los trámites para que a la maestra le den una incapacidad permanente y así se pueda enviar a un nuevo maestro para atender el grupo; sin embargo, aseguró que hasta este lunes no tenían información respecto a cómo va el avance de esa diligencia.
Agregó que mientras tanto, el director de la escuela es quien está frente al grupo del cuarto año, por lo que los padres han decidido esperar un par de semanas más, para que llegue el nuevo profesor.
Trabajadores de la Delegación de Servicio Social y Prácticas Profesionales, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pararon labores para exigir al rector José Alfredo Romero Olea que quite al personal que de forma “unilateral” colocaron en la nómina.
Los trabajadores, agremiados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), indicaron que de manera unilateral incluyeron a “aviadores” en la nómina de servicio social, como es el caso de Eurídice Velázquez Gutiérrez, quien se presenta para que le den funciones, pero ella nunca ha trabajado en el área.
Los inconformes también solicitan la remodelación de sus oficinas y que haya luz eléctrica en las lámparas, pues a pesar de ser un área certificada desde 2016, éstos son deficientes. Dijeron que carecen de computadoras, mobiliario y de cubículos.
La delegada sindical de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Ruth Guevara Hernández, detalló que la presunta trabajadora se presentó el 28 de agosto, y desde entonces se inconformaron en la Rectoría, por lo que “los trabajadores pedimos su retiro inmediato, de ella y de becarios aviadores, porque nada más están cobrando y no vienen a trabajar”.
Externó que también han solicitado la regularización de siete “becarios aviadores”, quienes no cobran en nómina pero sí acuden a realizar funciones de personal académico, “nosotros no estamos dispuestos a dar nuestros espacios a becarios”.
Velázquez Gutiérrez llegó con categoría de auxiliar académico J, que corresponde a trabajadores que realizan funciones académicas, “no se vale ocupar espacios”, dijo, porque la delegación sindical tiene varios años pidiendo cambios de adscripción, pero la administración central les dice que no hay dinero para contratar personal.
Ruth Guevara Hernández externó que se han jubilado cuatro trabajadores y la administración les niega el uso de esos espacios vacantes.
Los trabajadores aseguraron que ya se agotó el diálogo con el jefe del área, Juliel Antonio Morales, y el dirigente sindical del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, que también enviaron un oficio a la Rectoría pero no obtuvieron respuesta.
Detallaron que los que pararon labores son 40 trabajadores, 20 del área y otro número igual de la delegación sindical. Dijeron que por el paro serán afectados unos mil 600 alumnos que realizan sus prácticas y servicio social.
El secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso local Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román en el acceso principal al recinto legislativo acompañado por compañeros que gritan “justicia laboral” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El nuevo sindicato de trabajadores del Congreso local tomó la sede del Poder Legislativo por presuntos actos de hostigamiento por parte de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna. Posteriormente funcionarios de la actual administración informaron que se trata de procedimientos e investigaciones en contra del secretario general Fernando Martínez Román por la presunta sustracción de recibos de nómina que se exhibieron en redes sociales.
Yoloczin Domínguez negó las acusaciones en su contra y manifestó su respeto a los agremiados a este sindicato, mientras que a su dirigente Fernando Martínez le pidió que “responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” sobre la demanda que se presentó por la vía jurídica por la sustracción indebida de documentos oficiales.
La toma
Ayer desde las 8 de la mañana unos 50 trabajadores tomaron la sede del Poder Legislativo donde colocaron lonas en las que demandan a Yoloczin Domínguez respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento.
En un mensaje en la entrada del estacionamiento del Congreso local, trabajadores denunciaron hostigamiento responsabilizaron de lo que suceda a cualquier integrante de esta agrupación a la presidenta de la Jucopo. Martínez Román denunció que en su contra se inició un procedimiento en la Contraloría del Congreso, y lo acusan de filtrar información sobre presuntos actos de nepotismo de la diputada morenista.
Fernando Martínez Román dijo que la Contraloría del Congreso le informó que dos trabajadores presentaron denuncias en su contra, además de que se le notificó que “se está procesando una denuncia en materia penal contra su servidor”.
Señalaron que desde la llegada de Yoloczin Domínguez “el hostigamiento laboral no ha parado, llegan los funcionarios con la venia y la autorización de la presidenta de la Jucopo, amedrentando, hostigando a las compañeras, tratando de dividir de manera permanente desde que inició esta administración”.
Llamaron a los diputados y principalmente a los integrantes de la Jucopo a establecer una mesa de diálogo con el sindicato, incluso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que hable” con Yoloczin Domínguez “para que se respeten los derechos humanos y laborales”.
Martínez Román dijo que uno de los primeros actos de hostigamiento fueron los cambios de adscripción laboral de él y de la secretaria de Organización del sindicato Leopoldina Rodríguez.
Dijo también que no se les autorizó la licencia sindical para que los integrantes del comité se dedicaran “de tiempo completo a la promoción y mejoramiento de las condiciones de trabajo” de los agremiados.
En este acto estuvieron algunos trabajadores cercanos a Alfredo Sánchez Esquivel quien en su periodo fue muy cercano al nuevo sindicato. Incluso la única diputada que se acercó a los trabajadores, fue la morenista Leticia Castro Ortiz, cercana y defensora del ex presidente de la Jucopo.
Dos trabajadores denunciaron al líder, dice Recursos Humanos
Después en conferencia de prensa en el restaurante El Señorial que está a unos pasos del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez y del director de Comunicación Social Roberto Ramírez Bravo, negaron todos los señalamientos realizados por el líder sindical.
Andrés Rosendo Orozco lamentó que Fernando Martínez “esté utilizando y engañando” a los agremiados para defenderse ante la investigación que se realiza en su contra por su presunta responsabilidad en la sustracción de información del área de Recursos Humanos.
Al respecto, Juanita Avilez explicó que dos trabajadores del Congreso local denunciaron ante el órgano interno de control, que unos recibos de nómina que contenían sus datos personales fueron exhibidos en redes sociales el 3 de diciembre.
Tras la denuncia presentada, el 25 de enero la Contraloría le informó a Recursos Humanos que había iniciado un procedimiento contra el líder sindical por la presunción de su responsabilidad en la filtración de esta información, “es una investigación, no es un despido, no es algo personal, no vamos a cesar al compañero si la investigación está en curso”, dijo Juanita Avilez.
La subdirectora precisó que los procedimientos son contra Martínez Román y no contra el sindicato, “le pedimos que sea claro con sus agremiados”.
A pesar de la reiterada pregunta de reporteros sobre quiénes fueron los trabajadores que denunciaron al dirigente sindical, los funcionarios del Congreso no quisieron mencionarlos, pero se sabe que se trata de familiares de la presidenta de la Jucopo que trabajan o trabajaban en el Legislativo.
Juanita Avilez explicó que Fernando Martínez trabajaba en el área de Recursos Humanos y a pesar de que tenía acceso a la nómina no tenía autorización para imprimir recibos, e insistió en que será el órgano de control interno el que determine si tuvo o no responsabilidad en la sustracción de esta información.
Andrés Rosendo Orozco comentó que los integrantes del otro sindicato de trabajadores plantearon a la administración del Congreso que no era correcto que un líder sindical estuviera en un área con acceso a la nómina, por lo que plantearon a Fernando Martínez que eligiera si continuaba al frente del sindicato o estaba en Recursos Humanos, y la decisión del dirigente fue mantenerse como secretario general, por lo que fue asignado a otra área.
Ambos funcionarios negaron que haya una diferencia política con el líder sindical investigado por la Contraloría. Dijeron que desconocen si hay vínculos entre este sindicato y el ex presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel.
Afirmaron que la instrucción de Yoloczin Domínguez fue dar el mismo trato a ambos sindicatos, y que han tratado de atender de la misma manera a todos los trabajadores a partir de las posibilidades presupuestales.
“Engañaron” a los trabajadores con 63 plazas
En la conferencia los funcionarios también revelaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje echó abajo las 63 plazas que otorgó la anterior administración porque no se realizó el procedimiento de manera correcta. A pesar de que no lo mencionaron, se trata del periodo en el que estuvo al frente de la Jucopo Sánchez Esquivel.
Además de que quien firmó por parte de la administración del Congreso estatal “no pudo acreditar personalidad jurídica” debido a que no tenía un nombramiento oficial.
Juanita Avilez recordó que en julio pasado los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación anunciaron que recibieron sus plazas de base, y en septiembre cuando llegó la actual administración de Yoloczin Domínguez se acercaron a entregar su minuta y pliego petitorio.
Por lo que la nueva administración consultó de manera interna y al Tribunal sobre el estatus y la legalidad del sindicato, y la presidenta del Tribunal Miriam Cortez Cisneros respondió que el nuevo sindicato solicitó toma de nota de la minuta de acuerdos el 15 de julio pasado entre la organización sindical y el Congreso local, “mismo que este tribunal laboral acordó no favorable su petición al no haberse acreditado la personalidad de quien representó al Congreso”.
También el sindicato pidió la toma de nota del expediente sindical por el que se le otorgaron las plazas, pero tampoco se realizó, “no se acordó favorable tomando en cuenta que no exhibieron los nombramientos, incumpliendo con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la ley de trabajo de los servidores públicos”.
La subdirectora de Recursos Humanos insistió en que la diputada Yoloczin Domínguez no es responsable de que el Tribunal no haya reconocido estas plazas y que el problema fue el mal procedimiento que se realizó.
Andrés Rosendo Orozco dijo también que no existen las condiciones financieras en el Congreso local para otorgar las 63 plazas y en referencia a Sánchez Esquivel dijo que “quien las intentó otorgar –no juzgo a nadie ni pongo nombres en la mesa– sabían que no era financieramente viable y no era legal lo que estaban haciendo, que los oficios no los estaban firmando, es una irresponsabilidad dar esa cantidad de bases”, por lo que “engañaron” a los trabajadores de este nuevo sindicato.
La diputada Yoloczin Domínguez por su parte en un posicionamiento se refirió a la toma del Congreso local por integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación y a los señalamientos de Fernando Martínez los cuales negó.
Comentó que se ha reunido con el líder sindical porque así lo ha solicitado Fernando Martínez, aunque ella ha planteado que sea con “la dirigencia integral del sindicato”.
“Por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento a que hace referencia, y en lo particular a una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román, por la sustracción indebida de documentos oficiales, le hacemos un llamado para que responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” se lee en el texto que firmó Yoloczin Domínguez.
Finalmente manifestó su respeto al sindicato “y reitero mi disposición a establecer con todos los miembros de la dirigencia de esta organización, una mesa de revisión de sus demandas, tal y como se hace con otras expresiones sindicales en este Congreso”.
Posteriormente en un boletín del Congreso se señala que la presidenta de la Jucopo dijo que tras la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el que no se reconocieron las plazas de base, la Jucopo emitió un documento donde se desconocía que hubiera sustento para su otorgamiento, “y es que no se llevó a cabo ninguna convocatoria, además de que hay compañeros que forman parte de ese sindicato que tienen menos de un año laborando en el Poder Legislativo”.
Asesores académicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) denunciaron que a 199 trabajadores no se les ha pagado un estímulo por laborar horas extras, es decir 35 pesos diarios por un año que llevan de trabajo, que por ese motivo cerraron las oficinas de Huamuxtitlán, Tlapa, Coyuca de Catalán y en la capital.
Los trabajadores Ada Iris Lemus, Silvia Romero, Virginia Marcela Suárez, Francisco Javier Herrera, Jorge Vargas, Daniel Palacios, Aquiles Martínez, Ericka Anel Dircio, Yanet Miranda, Verónica Martínez, Edgardo Nava y Claudia Campos cerraron las oficinas del Departamento de Formación Continua en la capital, ubicadas en la colonia Centro.
Vía telefónica, una de las trabajadoras denunció que el departamento en el que laboran impulsa cursos y talleres de la reforma educativa, por lo que aunque son trabajadores del mismo gobierno les han afectado sus derechos.
“Se nos ha detenido un pago por horas extras, nosotros trabajamos sábado y domingo, entonces nos dan un pago de 35 pesos diarios, no es mucho, pero ya acumulados sí es una cantidad un poquito fuerte. Entonces estamos los centros de maestros, que somos en todo el estado de Guerrero, más el departamento de Chilpancingo que es la dependencia”, abundó.
Anunció que se unieron a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) para exigir su pago, pues reprochó que la reforma educativa les ha afectado sus derechos.
Dijo que marcharían este martes con la CETEG en Acapulco y Chilpancingo. (Beatriz García / Chilpancingo).
El director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Jesús Manuel Urióstegui Alarcón informó que ha detectado que las nóminas en algunos Ayuntamientos han aumentado hasta 100 por ciento, pero argumentan que no tienen dinero para pagarle al instituto, lo que “es algo contradictorio”.
Dijo que el dinero que se les retiene a los trabajadores no llega al Instituto, “por lo que ya hay unas tres solicitudes de trabajadores que, por alguna circunstancia solicitan la devolución de su cuota, en casos de Ayuntamientos que no pagan, y vemos que sólo está el 10 por ciento que tiene el trabajador; lo que se hará es devolver el 10 por ciento y pedirle que solicite al Ayuntamiento que le devuelva la parte que no da al instituto”.
Se le preguntó qué pasa con las cuotas que retienen los Ayuntamientos a los trabajadores, y respondió que los Ayuntamientos más morosos –Chilpancingo, Taxco y Acapulco– retienen las cuotas, pero sus nóminas van aumentando hasta 100 por ciento, y argumentan que no tienen dinero, “mientras la nómina sigue creciendo y no tienen recursos se contradicen, y al ISSSPEG lo dejan a un lado”.
Expresó que se están dando alternativas a los Ayuntamientos para que generen un mandato al gobierno del estado, al área de Finanzas, para que se esté reteniendo la cuota de los trabajadores, y abonen al instituto.
Consultado en el Palacio de Gobierno, informó que el adeudo de los ayuntamientos es de 475 millones de pesos, y que de éstos, sólo Acapulco y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillados del Municipio de Acapulco deben 310 millones de pesos.
El director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, negó que a los trabajadores se les deban estímulos a la antigüedad, como lo aseguró la secretaria general de la sección 31, del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Yadira Orozco Zúñiga, pues éstos fueron pagados en la primera quincena de octubre y se tienen los recibos.
Sobre el pago de la quincena, prestaciones y bono de fin de año, dijo que tienen del 14 al 20 de diciembre para cubrirlas y que están garantizados. Informó que la primera quincena será depositada el 15 de diciembre y de lo “demás se sabe que se tiene hasta el 20 de diciembre y son pagos que ya están garantizados por el gobernador Héctor Astudillo”.
La secretaria general de la sección 31 del SUSPEG, Yadira Orozco Zúñiga, denunció que la dirección general del Colegio de Bachilleres adeuda el pago de estímulos y prestaciones a mil 200 administrativos, a lo que respondió que esas son “mentiras”.
En declaraciones telefónicas, Martínez Otero dijo que el estímulo a los años de servicio por 10, 15, 20, 25 y 30 años fueron cubiertos en la primera quincena de octubre, que a lo mejor la dirigente sindical se refiere a que no se les dio la misma cantidad, pero el año pasado fue porque el gobernador autorizó un incremento, pero este año ha sido complicado hasta para pagar la nómina.
Añadió que los recursos que están comprometidos y corresponden a los trabajadores, ya les furon entregados. Las demás prestaciones se les van pagar sin ningún problema “cuando nos den el recurso, nosotros somos una institución educativa, no soy quien genera los recursos y cuando no los dan hacemos la nómina. Del 14 al 20 de diciembre estarán cubiertas las prestaciones del aguinaldo y bono de fin de año, ya están garantizados por el gobernador”.
Sobre la acusación de que hay aviadores, el director del Colegio de Bachilleres dijo que apenas el lunes les hicieron llegar el oficio y que es algo que tiene que mandar a investigar, pues hay más de 2 mil 700 trabajadores.
Acerca de las clases, Martínez Otero Gallegos reconoció que ya algunos terminaron sus temarios y ya están de vacaciones, pero otros siguen trabajando. Del Colegio de Bachilleres 32, de Ruiz Cortines, quienes se fueron desde hace dos semanas, comentó que ahí “todavía hay problemas de amenazas, ya se les garantizó la seguridad”.
Dicha escuela tenía dos soldados en la entrada y según el funcionario los maestros no están yendo a la escuela, pero siguen trabajando vía internet; mientras buscan alternativas, porque se tienen que tomar precauciones. Indicó que los maestros se van a reunir y le van informar si van a regresar a clases o si regresan hasta el 8 de enero, pero tiene que haber el compromiso de que lo harán de manera normal.
