El presidente Andrés Manuel López se dijo confiado de que el Congreso de Guerrero llegue promueva la ley en materia de desaparecidos; esto, tras peticiones de diferentes colectivos de la entidad que han solicitado la aprobación de dicha iniciativa.
“Si hace falta una iniciativa de ley yo creo que las autoridades de Guerrero podrían promover esta ley o la reforma a la ley, lo que se necesite para facilitar, ayudar en la búsqueda de desaparecidos”, dijo el presidente.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, a López Obrador se le comentó que colectivos de búsqueda de desaparecidos en Guerrero, pedían herramientas legales y respaldo para facilitar las acciones que realizan, pero que no se sienten apoyados por parte del Congreso estatal para una ley en materia de desaparición.
Ante esto, el presidente señaló que en el presente año, han participado entre 300 y 500 buscadores en Guerrero, principalmente por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“En Guerrero, yo creo que en este año nada más han participado como 300, 500 buscadores en Guerrero, de todas las dependencias de seguridad. Tenemos el compromiso de buscar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y de muchos otros desaparecidos. Pero estamos constantemente en Guerrero buscando y se cuenta con el apoyo de las autoridades locales” comentó.
López Obrador reiteró la necesidad de que a nivel estatal se desarrolle una ley con el propósito de apoyar a la búsqueda de las personas desaparecidas, tarea que dijo, le corresponde al gobierno del estado.
“Si hace falta una ley estatal con ese propósito y que también el gobierno del estado tenga esa tarea, pues yo no veo que pueda haber problema. Si es importante que se sepa que estamos constantemente en la búsqueda de desaparecidos, más que nunca”, externó.
Añadió que a nivel federal se hace un trabajo para la búsqueda de personas desaparecidas, afirmando que el tema presupuestal no ha resultado una problemática en dichas tareas.
“Hay también mucha manipulación sobre este tema. Hemos destinado más presupuesto, pero muchísimo más a la búsqueda de desaparecidos que en otros tiempos; bueno, en otros tiempos, en otros sexenios, no había ni siquiera un plan”.
El pasado 4 de marzo se dio a conocer que representantes de víctimas de desaparición en el estado se agruparon en un frente para gestionar una ley en materia de desaparición y el incremento de presupuesto para búsqueda de personas desaparecidas.
En dicha oportunidad, integrantes de los colectivos Mujeres en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo, el Colectivo Lupita Rodríguez, Centro Morelos, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Los Otros Desaparecidos de Acapulco y Siempre Vivos de Chilapa, criticaron la falta de sensibilidad y voluntad por parte del Congreso local para atender la problemática.
Posteriormente, el 8 de marzo, familiares de personas desaparecidas se manifestaron y bloquearon la Autopista del Sol y los accesos al Congreso, esto para solicitar a los diputados la aprobación de la ley en materia de personas desaparecidas.
El 14 de mayo, Josué Molina Rodríguez, integrante del colectivo de personas desaparecidas Guadalupe Rodríguez, afirmó que existe resistencia por parte de diputados locales y la Fiscalía General del Estado de Guerrero para la aprobación de dicha legislación.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en el estado de Guerrero se tiene registro de cuatro mil 098 personas desaparecidas y no localizadas, además de 260 fosas clandestinas que se hallaron.
Diputados del Congreso del estado votan a favor del dictamen por el que se autoriza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble denominado La Cinca, propiedad del gobierno del estado, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En un segundo periodo extraordinario de sesiones del pleno del Poder Legislativo, los diputados aprobaron por unanimidad la donación de terrenos en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, en Iguala y Pilcaya, y uno más en Chilpancingo para la construcción de oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Se trata de un dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad de una fracción del predio rústico en la comunidad de Llano de la Concepción de Pilcaya, a favor de la Sedena, para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
Con el otro dictamen se autorizó la donación de un bien inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, en favor del gobierno federal, también con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del predio “para el desarrollo de actividades castrenses”.
Finalmente en un tercer dictamen, se autorizó a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble propiedad del estado denominado La Cinca, en Chilpancingo, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual ya ocupa.
Los dictámenes fueron fundamentados por los integrantes de la Comisión de Hacienda, el presidente Bernardo Ortega Jiménez, Alicia Zamora Villalva y Beatriz Mojica Morga.
Ayer al concluir el segundo periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo -para el cual se convoca a todos los integrantes de la legislatura-, se realizó una segunda sesión de la Comisión Permanente integrada solo por 12 de los 46 diputados para clausurar el Periodo de Receso.
También se convocó a sesión pública y solemne el miércoles en la plaza pública de Ayutla de los Libres, para conmemorar el 169 Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla, y a partir de la próxima semana se instalará el periodo ordinario de sesiones.
Por la tarde a través de un vídeo cuatro diputadas realizaron un posicionamiento por la desaparición de la joven de 15 años Almareli López Tapía, hecho que ocurrió en Azoyú en la Costa Chica este domingo 26. Demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado y a la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos Salmerón acciones para que la encuentren con vida.
Se pronunciaron las diputadas Marben de la Cruz Santiago, Beatriz Mojica Morga y Claudia Sierra Pérez, las tres de Morena; también la panista Ana Lenis Reséndiz Javier.
Por la noche se informó, por parte del gobierno estatal, que la menor fue localizada.
La coordinadora parlamentaria de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna platica con sus compañeros de bancada durante la sesión extraordinaria de este jueves Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
A un año y cinco meses de la actual legislatura, finalmente este jueves el pleno del Congreso local dejó sin efectos los procesos de selección y designación de titulares de los órganos internos de control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro); de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum); de la Fiscalía General del Estado (FGE); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y emitieron nuevas convocatorias.
Los procedimientos los había iniciado la pasada legislatura hace dos años, pero el proceso no se concluyó a pesar de que en los últimos minutos del 31 de agosto del 2021 intentaron aprobar los dictámenes de los nombramientos, pero no se logró porque los grupos parlamentarios del PRI y PRD demandaban a cambio, aprobar la propuesta del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores para que el Legislativo le aprobara al gobierno estatal constituirse como deudor solidario de las secretarías, dependencias y entidades paraestatales del gobierno que tenía un adeudo de más de 13 mil millones de pesos con el ISSSTE.
Pero desde el primero de septiembre de 2021 la actual legislatura no había retomado el procedimiento. Finalmente ayer, un año y cinco meses después, durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso local se dejó sin efectos el proceso de selección y designación de titulares de los órganos internos de control.
Por separado, el pleno aprobó los acuerdos parlamentarios para dejar sin efecto los procesos de selección y designación, y en las nuevas convocatorias se establece que los aspirantes a estos cargos deberán registrarse en la presidencia de la Mesa Directiva del 27 de febrero al 3 de marzo, es decir, sólo tendrán cinco días de lunes a viernes de la próxima semana.
Otros requisitos son ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, preferentemente guerrerenses, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación, gozar de buena reputación, haber residido en la entidad durante los cinco años anteriores al día de la designación, contar con conocimientos especializados y con experiencia debidamente comprobada en la materia, así como poseer título y cédula profesional de licenciatura en áreas afines a la materia, con un mínimo de cinco años.
Además, no haber sido titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública estatal o municipal, ni representante popular federal o estatal; no ser ministro de ningún culto religioso ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante los tres años previos al día de su nombramiento, no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos, y contar con probada honradez, honorabilidad y probidad.
Dejan pendientes dictamen de donación de predios
A la sesión no llegaron los suficientes diputados para aprobar tres dictámenes de la Comisión de Hacienda con los que se autoriza la donación de predios y la cesión de derechos de una fracción de un predio, para la Guardia Nacional y uno para Tribunal de Justicia Administrativa.
En el orden del día para el periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo se habían enlistado estos tres dictámenes, los cuales, para ser aprobados necesitaban 35 votos a favor, en estos casos, cuando se requiere un número específico de votos, los coordinadores de los grupos parlamentarios aseguran la asistencia de sus diputados para garantizar la aprobación, pero eso no ocurrió ayer.
A la sesión sólo llegaron 28 diputados. Quienes solicitaron permiso para faltar fueron Angélica Espinoza García, Nora Velázquez Martínez, Flor Añorve Ocampo, Julieta Fernández Márquez, y Ana Lenis Reséndiz Javier. Al percatarse que no alcanzarían los votos para aprobar estos dictámenes, el presidente de la Comisión de Hacienda, Bernardo Ortega Jiménez, pidió que se reprogramaron para otra sesión, por lo que finalmente se convocó a un segundo periodo extraordinario de sesiones para el próximo lunes.
Se trata de un dictamen por el que se autoriza la donación de un bien inmueble propiedad del Ayuntamiento de Iguala en favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el respectivo cambio de uso de suelo de dicho predio para el desarrollo de actividades castrenses. El otro es la cesión de derechos de propiedad de una fracción del predio rústico ubicado en El Llano de La Concepción, en el paraje La Carretera, propiedad del Ayuntamiento de Pilcaya, en favor de la Sedena y para la construcción de un cuartel para la Guardia Nacional.
Y el tercero es uno por el que se autoriza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble propiedad del estado denominado La Cinca, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa.
Trabajadores del Congreso del estado agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación muestran pancartas denunciando su situacion laboral afuera de las instalaciones del Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, convocó a los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación que mantienen tomada la sede del Poder Legislativo, a establecer una mesa de diálogo, siempre y cuando levanten su plantón 24 horas antes. A través de funcionarios financieros y jurídicos les notificó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinó que el paro es ilegal.
Los trabajadores que desde el miércoles pasado iniciaron un paro y se instalaron en la entrada del estacionamiento del Congreso local, adelantaron que no se retirarán y que esperarán en el plantón a la presidenta de la Junta.
Ayer también por parte de la administración del Congreso se envió una circular donde se convoca a los trabajadores a reanudar las labores este martes a partir del acuerdo emitido por el Tribunal, “donde notifica que no hay procedimiento de huelga”.
Este lunes por la mañana, en conferencia de prensa en el plantón, el líder sindical Fernando Martínez Román comentó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudió a desayunar con su familia el sábado a un restaurante que está frente al Congreso por lo que se acercaron a pedir audiencia “ella se comprometió a iniciar los canales de comunicación a través de la Secretaría General de Gobierno para que la Jucopo nos atienda e iniciar una mesa de trabajo, agradecemos ese gesto de la gobernadora” y afirmó que confían en su compromiso.
En la conferencia confirmaron que el cese al hostigamiento laboral y la cancelación de los procedimientos iniciados en contra del dirigente del sindicato serían los principales puntos a negociar, y permitirían avanzar en las pláticas para levantar el paro.
En la conferencia de prensa en el plantón, trabajadores portaron pancartas con datos como sus puestos y los años que llevan trabajando en el Congreso, destacaron casos del área de seguridad que llevan desde 16, 18 y hasta 21 años y no han logrado una basificación; también otros de hasta 18 años de auxiliares administrativos, y de áreas como mantenimiento, limpieza, secretarias, edecanes y asesores.
Ahí pidieron la solidaridad del senador Félix Salgado Macedonio “de él aprendimos a luchar”, y denunciaron que trabajadores del área jurídica del Congreso tomando fotos para amedrentar a los paristas.
Además, reiteraron que “no es una huelga, no es un paro, es un movimiento sindical por los derechos humanos y laborales de los trabajadores, estamos esperando el diálogo”.
La secretaria de Derechos Humanos y Medio Ambiente del sindicato, Nancy Bravo Gómez, leyó un comunicado en el que, como primer punto, se deslindan del diputado Alfredo Sánchez Esquivel y calificaron de “infundados” los vínculos que se señalan al respecto.
“Quienes integramos este sindicato, por lo menos, desde la 58 Legislatura hemos intentado conformar un sindicato dentro de este Poder Legislativo, sin embargo, los intentos fueron reprimidos con despidos, por lo que durante el periodo del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, como presidente de la Jucopo, solo se sujetó a respetar la libertad sindical, por lo que nos deslindamos de los señalamientos que nos quieren etiquetar como un sindicato del diputado Esquivel”.
En el comunicado señalaron que precisamente por presuntamente pertenecer a un grupo político “hemos sufrido hostigamiento laboral por parte de la diputada presidenta, de manera sistemática desde su inicio como presidenta en la Jucopo y de manera continuada, con más énfasis, en contra nuestro secretario general y nuestra secretaria de Organización”, como los cambios de adscripción y de área.
Negaron que el movimiento es sólo por la demanda de 63 bases y que este será un proceso que atiendan los órganos correspondientes; mostraron también circulares en las que el sindicato Sentimientos de la Nación fue excluido de beneficios como becas y útiles escolares para hijos, estímulos por puntualidad; negaron también que el dirigente sindical se haya reunido de manera privada con Yoloczin Domínguez.
Señalaron también que a pesar de que la presidenta de la Junta ha señalado su disposición al diálogo “en ningún momento se ha comunicado para acordar la hora ni lugar donde nos convoca”, mientras que Fernando Martínez ha buscado a través de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Leticia Mosso, y de la gobernadora ha solicitado su intervención para establecer una mesa de trabajo con la Jucopo.
Yoloczin ha cometido violencia de género, señalan
Incluso se denunció un caso de “violencia y discriminación en razón de género” cometida por parte de Yoloczin Domínguez en contra de una integrante de este sindicato. Explicaron que el 18 de agosto pasado presentó su licencia médica por embarazo, expedida por el ISSSTE que abarcaba del 17 de agosto al 14 de noviembre, pero el 30 de septiembre, el sueldo de la trabajadora “no estaba íntegro, al reducirle el sueldo sin justificación alguna y durante el periodo en que ella tenía licencia por maternidad”.
En el comunicado señalaron que con esto se constituyó “violencia y discriminación en razón de género, toda vez que de acuerdo a los criterios de la Corte las trabajadoras embarazadas y en situación de maternidad gozan de una tutela especial, al contar con estabilidad reforzada en el empleo. (Tesis registro digital: 2006384)”.
Desalojar 24 horas antes de establecer mesa de diálogo
Ayer aproximadamente a las 4:30 de la tarde, funcionarios de la administración del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, el director de Jurídico Ignacio Rojas Mercado, y el asesor jurídico Marco Antonio Alcocer Hernández, acudieron al plantón acompañados por el notario Emilio Ortiz Uribe, donde leyeron un documento en el que se les convoca a una mesa de diálogo pero con la condicionante de que 24 horas antes levanten el campamento instalado en las inmediaciones del Poder Legislativo.
En este documento se señala que los trabajadores mantienen un paro de manera ilegal debido a
que no hubo un emplazamiento a huelga, y que eso lo confirmó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
“En consecuencia las acciones llevadas a cabo contra este Congreso del estado no tiene ningún soporte legal”. Se apunta que será hasta que liberen la sede del Poder Legislativo cuando iniciará el diálogo.
Por lo que los trabajadores agradecieron la disposición al diálogo aunque este sea “condicionado” pero adelantaron que no se retirarán y que esperan a la diputada en el plantón
El dirigente sindical insistió en que el Congreso no está tomado y que los candados los pusieron por dentro, por lo que trabajadores y diputados pueden entrar y salir, “nosotros aquí la vamos a esperar a la diputada, estamos esperándola día y noche… Hoy vemos con agrado, con respeto, el tema de la postura de la presidenta, a lo cual le decimos que aquí vamos a estar esperando a nuestra presidenta”.
Por su parte Andrés Orozco señaló que los sindicalizados deberían ser congruentes y liberar las instalaciones: “la presidenta está poniendo esos puntos. Yo creo que sí mostramos congruencia de lo que hacemos con lo que decimos, y si lo que decimos y solicitamos es que queremos ser escuchados, siendo congruentes se tendrían que liberar esas instalaciones y entablar la mesa de diálogo”.
El secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso local Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román en el acceso principal al recinto legislativo acompañado por compañeros que gritan “justicia laboral” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El nuevo sindicato de trabajadores del Congreso local tomó la sede del Poder Legislativo por presuntos actos de hostigamiento por parte de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna. Posteriormente funcionarios de la actual administración informaron que se trata de procedimientos e investigaciones en contra del secretario general Fernando Martínez Román por la presunta sustracción de recibos de nómina que se exhibieron en redes sociales.
Yoloczin Domínguez negó las acusaciones en su contra y manifestó su respeto a los agremiados a este sindicato, mientras que a su dirigente Fernando Martínez le pidió que “responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” sobre la demanda que se presentó por la vía jurídica por la sustracción indebida de documentos oficiales.
La toma
Ayer desde las 8 de la mañana unos 50 trabajadores tomaron la sede del Poder Legislativo donde colocaron lonas en las que demandan a Yoloczin Domínguez respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento.
En un mensaje en la entrada del estacionamiento del Congreso local, trabajadores denunciaron hostigamiento responsabilizaron de lo que suceda a cualquier integrante de esta agrupación a la presidenta de la Jucopo. Martínez Román denunció que en su contra se inició un procedimiento en la Contraloría del Congreso, y lo acusan de filtrar información sobre presuntos actos de nepotismo de la diputada morenista.
Fernando Martínez Román dijo que la Contraloría del Congreso le informó que dos trabajadores presentaron denuncias en su contra, además de que se le notificó que “se está procesando una denuncia en materia penal contra su servidor”.
Señalaron que desde la llegada de Yoloczin Domínguez “el hostigamiento laboral no ha parado, llegan los funcionarios con la venia y la autorización de la presidenta de la Jucopo, amedrentando, hostigando a las compañeras, tratando de dividir de manera permanente desde que inició esta administración”.
Llamaron a los diputados y principalmente a los integrantes de la Jucopo a establecer una mesa de diálogo con el sindicato, incluso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que hable” con Yoloczin Domínguez “para que se respeten los derechos humanos y laborales”.
Martínez Román dijo que uno de los primeros actos de hostigamiento fueron los cambios de adscripción laboral de él y de la secretaria de Organización del sindicato Leopoldina Rodríguez.
Dijo también que no se les autorizó la licencia sindical para que los integrantes del comité se dedicaran “de tiempo completo a la promoción y mejoramiento de las condiciones de trabajo” de los agremiados.
En este acto estuvieron algunos trabajadores cercanos a Alfredo Sánchez Esquivel quien en su periodo fue muy cercano al nuevo sindicato. Incluso la única diputada que se acercó a los trabajadores, fue la morenista Leticia Castro Ortiz, cercana y defensora del ex presidente de la Jucopo.
Dos trabajadores denunciaron al líder, dice Recursos Humanos
Después en conferencia de prensa en el restaurante El Señorial que está a unos pasos del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez y del director de Comunicación Social Roberto Ramírez Bravo, negaron todos los señalamientos realizados por el líder sindical.
Andrés Rosendo Orozco lamentó que Fernando Martínez “esté utilizando y engañando” a los agremiados para defenderse ante la investigación que se realiza en su contra por su presunta responsabilidad en la sustracción de información del área de Recursos Humanos.
Al respecto, Juanita Avilez explicó que dos trabajadores del Congreso local denunciaron ante el órgano interno de control, que unos recibos de nómina que contenían sus datos personales fueron exhibidos en redes sociales el 3 de diciembre.
Tras la denuncia presentada, el 25 de enero la Contraloría le informó a Recursos Humanos que había iniciado un procedimiento contra el líder sindical por la presunción de su responsabilidad en la filtración de esta información, “es una investigación, no es un despido, no es algo personal, no vamos a cesar al compañero si la investigación está en curso”, dijo Juanita Avilez.
La subdirectora precisó que los procedimientos son contra Martínez Román y no contra el sindicato, “le pedimos que sea claro con sus agremiados”.
A pesar de la reiterada pregunta de reporteros sobre quiénes fueron los trabajadores que denunciaron al dirigente sindical, los funcionarios del Congreso no quisieron mencionarlos, pero se sabe que se trata de familiares de la presidenta de la Jucopo que trabajan o trabajaban en el Legislativo.
Juanita Avilez explicó que Fernando Martínez trabajaba en el área de Recursos Humanos y a pesar de que tenía acceso a la nómina no tenía autorización para imprimir recibos, e insistió en que será el órgano de control interno el que determine si tuvo o no responsabilidad en la sustracción de esta información.
Andrés Rosendo Orozco comentó que los integrantes del otro sindicato de trabajadores plantearon a la administración del Congreso que no era correcto que un líder sindical estuviera en un área con acceso a la nómina, por lo que plantearon a Fernando Martínez que eligiera si continuaba al frente del sindicato o estaba en Recursos Humanos, y la decisión del dirigente fue mantenerse como secretario general, por lo que fue asignado a otra área.
Ambos funcionarios negaron que haya una diferencia política con el líder sindical investigado por la Contraloría. Dijeron que desconocen si hay vínculos entre este sindicato y el ex presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel.
Afirmaron que la instrucción de Yoloczin Domínguez fue dar el mismo trato a ambos sindicatos, y que han tratado de atender de la misma manera a todos los trabajadores a partir de las posibilidades presupuestales.
“Engañaron” a los trabajadores con 63 plazas
En la conferencia los funcionarios también revelaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje echó abajo las 63 plazas que otorgó la anterior administración porque no se realizó el procedimiento de manera correcta. A pesar de que no lo mencionaron, se trata del periodo en el que estuvo al frente de la Jucopo Sánchez Esquivel.
Además de que quien firmó por parte de la administración del Congreso estatal “no pudo acreditar personalidad jurídica” debido a que no tenía un nombramiento oficial.
Juanita Avilez recordó que en julio pasado los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación anunciaron que recibieron sus plazas de base, y en septiembre cuando llegó la actual administración de Yoloczin Domínguez se acercaron a entregar su minuta y pliego petitorio.
Por lo que la nueva administración consultó de manera interna y al Tribunal sobre el estatus y la legalidad del sindicato, y la presidenta del Tribunal Miriam Cortez Cisneros respondió que el nuevo sindicato solicitó toma de nota de la minuta de acuerdos el 15 de julio pasado entre la organización sindical y el Congreso local, “mismo que este tribunal laboral acordó no favorable su petición al no haberse acreditado la personalidad de quien representó al Congreso”.
También el sindicato pidió la toma de nota del expediente sindical por el que se le otorgaron las plazas, pero tampoco se realizó, “no se acordó favorable tomando en cuenta que no exhibieron los nombramientos, incumpliendo con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la ley de trabajo de los servidores públicos”.
La subdirectora de Recursos Humanos insistió en que la diputada Yoloczin Domínguez no es responsable de que el Tribunal no haya reconocido estas plazas y que el problema fue el mal procedimiento que se realizó.
Andrés Rosendo Orozco dijo también que no existen las condiciones financieras en el Congreso local para otorgar las 63 plazas y en referencia a Sánchez Esquivel dijo que “quien las intentó otorgar –no juzgo a nadie ni pongo nombres en la mesa– sabían que no era financieramente viable y no era legal lo que estaban haciendo, que los oficios no los estaban firmando, es una irresponsabilidad dar esa cantidad de bases”, por lo que “engañaron” a los trabajadores de este nuevo sindicato.
La diputada Yoloczin Domínguez por su parte en un posicionamiento se refirió a la toma del Congreso local por integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación y a los señalamientos de Fernando Martínez los cuales negó.
Comentó que se ha reunido con el líder sindical porque así lo ha solicitado Fernando Martínez, aunque ella ha planteado que sea con “la dirigencia integral del sindicato”.
“Por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento a que hace referencia, y en lo particular a una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román, por la sustracción indebida de documentos oficiales, le hacemos un llamado para que responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” se lee en el texto que firmó Yoloczin Domínguez.
Finalmente manifestó su respeto al sindicato “y reitero mi disposición a establecer con todos los miembros de la dirigencia de esta organización, una mesa de revisión de sus demandas, tal y como se hace con otras expresiones sindicales en este Congreso”.
Posteriormente en un boletín del Congreso se señala que la presidenta de la Jucopo dijo que tras la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el que no se reconocieron las plazas de base, la Jucopo emitió un documento donde se desconocía que hubiera sustento para su otorgamiento, “y es que no se llevó a cabo ninguna convocatoria, además de que hay compañeros que forman parte de ese sindicato que tienen menos de un año laborando en el Poder Legislativo”.
La diputada por el PT, Leticia Mosso Hernández, espera que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) haga caso a la demanda que interpusieron ciudadanos del nuevo municipio Ñuu Savi, ante el retraso del nombramiento de los cabildos instituyentes a los cuatro nuevos municipios. Dijo que “tienen derecho de poder estar ejerciendo presión” y “es hora de que el Congreso (local) se ponga a trabajar”.
Sostuvo que desafortunadamente a pesar de que hay un mensaje en el Poder Legislativo incluyente, “los partidos mayoritarios son los que toman las decisiones al interior de la Junta de Coordinación Política como de las comisiones y aunque debe prevalecer la consulta a los pueblos originarios, siguen siendo líderes y partidos políticos quiénes tienen intereses y hay un gran retraso de la designación de las autoridades instituyentes.
Como informó ayer El Sur, el comité gestor del nuevo municipio Ñuu Savi interpuso una demanda de juicio electoral contra el Congreso del Estado ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) porque no se les notificó oficialmente el cambio de fecha de instalación de los cuatro nuevos municipios: Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi.
Uno de los integrantes, Melquiades Gregorio Porfirio contó que la demanda la hicieron porque no les notificaron oficialmente del cambio de fecha de instalación de los Cabildos instituyentes; violaron el acuerdo que les habían planteado, de que se instalaría el Cabildo el 1 de octubre y violaron los derechos de los pueblos indígenas, al no tomarlos en cuenta en la aprobación de una prórroga de 120 días para designar a las autoridades instituyentes.
Consultada vía telefónica, la diputada por el PT, Leticia Mosso Hernández, integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expuso que “en el Congreso del Estado a pesar de que se han dado mensajes de que hay un Congreso incluyente, desafortunadamente los partidos mayoritarios son los que toman las decisiones al interior tanto de la Jucopo, como al interior de las comisiones”.
Aseveró que a pesar de que son momentos en los que debe prevalecer la consulta a los pueblos originarios para decidir quiénes los van a representar “siguen siendo líderes y partidos políticos quiénes tienen intereses, entonces hay un gran retraso efectivamente, se ha justificado por las vacaciones, pero realmente tienen razón (los pobladores de los cuatros nuevos municipios) ha sido desfasado (el nombramiento de autoridades instituyentes)”.
Mencionó que como única diputada de la representación del PT “a veces no tenemos más que el derecho a opinar, entonces están en su derecho (los pobladores que demandaron ante el TEE), comparto, los apoyamos”.
Se quejó que como representante del PT no se le dio la oportunidad ni siquiera de ser vocal en el periodo permanente, “cuando la ley dice que debe de haber la representación de todas las fuerzas políticas, entonces nos cierran la oportunidad, en dos meses la representación del PT se queda sin voz”.
“Yo espero que el Tribunal haga caso a la queja, porque tienen derecho de ejercer presión y efectivamente primero (el retraso de nombramiento de cabildos instituyentes) era por la aprobación del presupuesto, creo que la comisión ha hecho lo propio tanto de Hacienda como de Presupuesto y Cuenta Pública, y las mesas de trabajo con la Secretaría de Finanzas, yo creo que es hora de que el Congreso se ponga a trabajar y ahora viene un receso y los diputados andan por ahí ya de vacaciones”.
Informó que este martes, los integrantes de la Jucopo se reunirán y que ella pondrá sobre la mesa el retraso de nombramientos de autoridades municipales en las cuatro nuevas demarcaciones, agregó que también tendrán una reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
Los integrantes de la Jucopo además de Mosso Hernández que es vocal son: vocales, la panista Ana Lenis Reséndiz Javier; vocal del PVEM, Manuel Quiñónez Cortés; vocal del PRD, Raymundo García Gutiérrez; el secretario, Héctor Apreza Patrón, por el PRI; y la presidenta, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna.
El Sur buscó contactar al secretario y la presidenta de la Jucopo, así como a la panista Reséndiz Javier vía telefónica, pero ninguno de ellos respondió.
A nueve meses de la alteración al artículo segundo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, el Poder Legislativo no ha logrado aclarar qué fue lo que sucedió y mucho menos se han señalado a los responsables. Mientras tanto sigue su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la aprobación de esta legislación que se generó a partir de un cuestionado proceso de consulta.
La ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
El texto del segundo artículo transitorio leído en la sesión del Congreso local, y que posteriormente fue aprobado por unanimidad de los 41 diputados presentes establecía que lo “dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
Mientras que lo publicado en el Periódico Oficial, señala que dichos artículos “no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.
La consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública debió iniciarse por la 62 legislatura ya que tenía un plazo de 12 meses para realizarla, pero se inició dos meses antes de que venciera el plazo, a mediados de febrero de 2022 y el dictamen se presentó ante el pleno el 12 de abril.
Organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron recurrentemente que la consulta que realizaba el Congreso era una simulación, además solo el 36 por ciento de las comunidades invitadas a participar aceptaron ser parte de este proceso.
Finalmente, el 12 de abril pasado se llevó ante el pleno un dictamen de una nueva ley, la 179 del para sustituir la 777 de Seguridad Pública. En el nuevo ordenamiento los diputados de la 63 legislatura suprimieron los artículos en los que se reglamentaba el qué es, cómo se rige, y como se conforma la policía comunitaria.
De esa forma el Congreso de Guerrero buscó sortear el vencimiento del plazo que estableció la Corte, debido a que la ley 777 quedaría sin validez a partir del 14 de abril, fecha límite para que el Poder Legislativo expidiera una nueva legislación a partir de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Además de que el Congreso de Guerrero realizó de manera exprés, en dos meses una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que le mandató la Corte, tras su aprobación por el pleno, el texto de uno de sus artículos transitorios fue alterado y esta legislación está nuevamente en un proceso de inconstitucionalidad.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso aprobó ampliar hasta el 3 de febrero el plazo de registro de observadores para los procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y organizaciones que las representan en las materias electoral, educación indígena, educación inclusiva y Ley de Consulta que originalmente estaba programada para agosto del año pasado.
De acuerdo con un comunicado, el acuerdo fue tomado por Yoloczin Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez, Manuel Quiñonez Cortés, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, presidenta, secretario y vocales “con miras a cumplir con las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a las acciones de inconstitucionalidad 136/2020 y 299/2020, así como con la Recomendación General 27/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
En el comunicado se informa que el plazo se aprobó “en virtud de que estos procesos se encuentran en vía de cumplimiento, además de que la transparencia es un principio fundamental para el ejercicio del derecho a la consulta, lo cual el Estado está obligado a garantizar bajo los más altos estándares internacionales”.
Y que es “un imperativo asegurar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la participación en los asuntos que conciernen a sus intereses, así como el derecho a la consulta de las personas con discapacidad sobre medidas legislativas y políticas públicas que aseguren la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de sus derechos, en igualdad de condiciones con los demás.
Los registros se podrán realizar de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
A 15 días de que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda diera el banderazo para el inicio de la construcción de la Biblioteca del Congreso Local, este martes iniciaron los trabajos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Este martes se observó que iniciaron los trabajos de construcción del un nuevo edificio en el Congreso local, que albergará a la biblioteca, un auditorio, salas de reuniones, un comedor, consultorio médico y oficinas, a días de cumplirse un año de que la obra fue detenida porque desde el gobierno estatal no se liberaban los recursos.
Después de que a principios de febrero del año pasado la obra se detuviera a falta de presupuesto para continuar, y que en el lugar solo quedaran los cimientos de lo que sería el nuevo edificio, finalmente el lunes reiniciaron los trabajos.
Tras el rompimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, la obra se detuvo, después hubo señalamientos en contra de éste último por la opacidad y la falta de información sobre la obra.
Finalmente, tras el cambio de presidente en la Jucopo, la también morenista Yoloczin Domínguez Serna anunció una investigación y auditoría a esta obra sin que se haya informado de los resultados.
Y el pasado 22 de diciembre la gobernadora, junto a integrantes de la Jucopo, dio el banderazo de inicio de los trabajos de la segunda etapa, pero hasta el lunes empezaron a trabajar.
Una decena de trabajadores realizan trabajos levantando muros y se colocó una estructura de acero, también limpian los espacios que durante casi un año acumularon tierra, agua, lodo y basura.
En el estacionamiento del Congreso local también se observó un camión con tierra así como material como cemento y tabiques.
No recibe aún el Congreso la solicitud de Acapulco sobre aumento al predial
Al Congreso local no llega aún la solicitud de adendum que la directora de Catastro del ayuntamiento de Acapulco María Magdalena García Morales. Informó que fue enviado al Poder Legislativo para que se le permita el cobro de cuatro veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como pago mínimo del impuesto predial, el cual se incrementaría en 65 pesos.
Ayer se buscó al presidente de la Comisión de Hacienda Bernardo Ortega Jiménez para tener una postura al respecto, pero evadió dar declaraciones, porque señaló que será el jueves cuando como colegiado emitan una postura a lo pedido por la funcionaria municipal de Acapulco.
Sin embargo, afirmó que al Congreso local no llega la solicitud que la funcionaria de Acapulco afirmó que se había enviado.
A partir de que el Congreso local no aprobó en la Ley de Ingresos para Acapulco el incremento al impuesto predial de 65 pesos para unos 100 mil ciudadanos que pagan 335 pesos al año y que para éste el gobierno municipal preveía aumentar a 400 pesos, la funcionaria informó que enviaron una solicitud de adendum al Poder Legislativo.
El diputado local dijo que el documento no ha llegado y recordó que ni siquiera el secretario de Finanzas del Ayuntamiento acudió al Congreso local cuando se llamó a los alcaldes precisamente para revisar temas relacionados a las leyes de ingresos de los municipios que la Comisión de Hacienda estaba por dictaminar.
El coordinador de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón, el diputado perredista, Bernardo Ortega Jímenez y la coordinadora parlamentaria de Morena, Yoloczin Domínguez Serna (espaldas) platican durante la sesión del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La primera sesión del año que realizó el Congreso local fue de trámite. Se leyeron notificaciones, una iniciativa y un par de intervenciones; en una de ellas se habló de los temas pendientes del Congreso local como el nombramiento de los titulares de órganos de control interno, los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios y las consultas que aún están en proceso.
En el último punto del orden del día, en intervenciones, el perredista Bernardo Ortega Jiménez llamó a desahogar los temas pendientes importantes y festejó los avances de los últimos meses.
Ortega Jiménez dijo que el Congreso estuvo en una parálisis legislativa; sin embargo, reconoció que no se ha avanzado en mucho de los temas importantes y urgentes que debe atender el Poder Legislativo.
“Recordemos todos los problemas que ocasionó” el retraso en el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo que generó una serie de “acciones y omisiones que nos polarizaron”.
Se refirió a la anterior integración de la Jucopo, pero a pesar de que al inicio habló de manera general, finalmente habló del entonces presidente de la Junta, Alfredo Sánchez Esquivel: “no tuvo la capacidad de coordinar en la vía de los consensos muchos de los grandes acuerdos y temas de la agenda legislativa de este Congreso”.
Y acusó “la opacidad y la concentración de la información y sobre todo del poder, fueron una estrategia fallida que nos llevó a esta parálisis, e incluso a desatender el principio de legalidad”.
Destacó los acuerdos tomados a partir del cambio de coordinador de los diputados de Morena que en automático pasa a ser quien preside a la Jucopo, a partir de la cual se “mejoró” la relación con los poderes Ejecutivo y Judicial, “y creo que no debe confundirse esta mejor relación con sumisión”.
Bernardo Ortega dijo que “se confundía el término ‘división de poderes’ con ‘confrontación de poderes’, y el pleito, visto así, se vuelve estéril, inútil y ya conocemos sus consecuencias, parálisis en todos lados, por eso celebro este nuevo accionar”, lo que ha permitido “regularizar el tema de la ASE y se ven mejores escenarios para el edificio que desafortunadamente se derribó, la biblioteca”.
Llamó también a los integrantes de la legislatura “a aprovechar este momento político y encauzar la agenda legislativa donde tengamos que hacerlo”, y se refirió a una serie de asuntos que siguen sin ser atendidos o desahogados.
Entre ellos la designación de los órganos de control interno de las instituciones con autonomía como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Tribunal de Justicia Administrativa (TSJA), y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIGro): “tenemos más de dos años que estamos en la ilegalidad”.
También recordó que no han nombrado a los integrantes de los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios de Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás, y Santa Cruz del Rincón: “hago un llamado a los integrantes de la Jucopo para que empiecen a hacerse los cabildeos correspondientes”, continuar con las consultas a pueblos indígenas y afromexicanos así como a las personas con discapacidad a través de la unidad creada para ese fin en el Congreso local.
Ortega Jiménez sin mencionar nombres, dijo a los presidentes de las comisiones que dejen de “estar pidiéndoles, rogándoles” a otros diputados a que asistan a las reuniones para desahogar los temas pendientes.
De su comisión, la de Hacienda, dijo que también tienen temas pendientes y llamó de manera “especial al compañero Esquivel a que se sume a las reuniones”.
En esta sesión, el diputado morenista Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que las casillas electorales cuenten con plantillas en sistema braille, que, al ser sobrepuestas en las boletas de sufragio, permitan a las personas con discapacidad visual saber el contenido de las mismas, y de esta manera emitan libremente su voto por el candidato o candidata de su preferencia.
